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Acta bioethica

versión On-line ISSN 1726-569X

Acta bioeth. vol.19 no.2 Santiago nov. 2013

http://dx.doi.org/10.4067/S1726-569X2013000200003 

 

ORIGINALES

 

Ética del desarrollo, democracia deliberativa y ciudadanía ambiental. El desafío global de la sustentabilidad1

Development ethics, deliberative democracy and environmental citizenship. The global challenge of sustainability

Ética do desenvolvimento, democracia deliberativa e cidadania ambiental. O desafio global da sustentabilidade

 

Raúl Villarroel1

1 Centro de Estudios de Ética Aplicada, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, Chile.
Correspondencia: rvillarr@uchile.cl


Resumen: El artículo examina la noción de “ciudadanía” a partir del contexto teórico desplegado por la problemática ecológica, teniendo en cuenta las determinaciones y desafíos que impone a la figura de ciudadanía la supuesta existencia de un fenómeno de devastación antropogénica como el que, se sostiene, afecta al planeta en nuestros días. Se intenta esbozar algunas consideraciones que permitan el avance de una reflexión particular sobre “ciudadanía ambiental”, asumiendo que la literatura filosófico-política contemporánea presenta variados alcances teóricos que podrían ser atendidos en este sentido, sobre todo si se considera su pretensión de ampliar el concepto canónico de ciudadanía presentado inicialmente por Marshall.

Palabras clave: ciudadanía, ciudadanía ambiental, medioambiente, ética del desarrollo, democracia deliberativa.


Abstract: This article explores the notion of “citizenship” from the theoretical context deployed by ecological problems, taking into account the findings and challenges posed to the figure of citizenship by the alleged existence of a phenomenon of environmental anthropogenic devastation as it is hold affects the planet in our days. Some considerations about “environmental citizenship” are outlined in order to allow the progress of this particular reflection, assuming that the contemporary political philosophical literature presents various theoretical scopes that could be addressed in this regard, especially considering that they try to enlarge the canonical concept of citizenship initially presented by Marshall.

Key words: citizenship, environmental citizenship, environment, development ethics, deliberative democracy.


Resumo: O artigo examina a noção de “cidadania” a partir do contexto teórico destacado pela problemática ecológica, tendo em conta as determinações e desafios que impõe à figura de cidadania a suposta existência de um fenômeno de devastação antropogênica, o qual, se mantido, afeta o planeta em nossos dias. Tenta-se esboçar algumas considerações que permitam o avanço de uma reflexão particular sobre “cidadania ambiental”, assumindo-se que a literatura filosófico-política contemporânea apresenta variados alcances teóricos que poderiam ser atendidos neste sentido, sobretudo se se considera sua pretensão de ampliar o conceito canônico de cidadania apresentado inicialmente por Marshall.

Palavras-chave: cidadania, cidadania ambiental, meio ambiente, ética do desenvolvimento, democracia deliberativa.



Desarrollo ético y deliberación democrática

En un artículo anterior, publicado en Revista de Filosofía2, y con el propósito de establecer una vinculación teórica entre las nociones de desarrollo, democracia y ciudadanía, tuve en cuenta las ideas de varios pensadores actuales (Denis Goulet, David Crocker, Amartya Sen, Martha Nussbaum y otros) que se han planteado de manera crítica frente a los fines y medios que definen actualmente los cambios sociales, económicos y culturales producidos en los países y regiones más o menos pobres del mundo. Examiné en ese escrito el rasgo más distintivo de su reflexión, que consiste en proponer una ampliación crítica del perfil puramente economicista y tecnocientífico con que el fenómeno del desarrollo se entiende en la actualidad. Para ello, estos autores estiman necesario abordar las causas de la desigualdad global, el hambre, la pobreza y la serie de otros problemas vinculados, con una concepción explícitamente basada en principios éticos. Se plantean de modo crítico respecto de aquellos enfoques principalmente cuantitativos del desarrollo —que lo han entendido en términos de puro crecimiento económico—, incorporando elementos de orden más bien cualitativo para su definición. Estos últimos derivan de una reflexión vinculada con las capacidades y libertades de los individuos, a los procesos de modernización social y a otros asuntos concomitantes con ellos. De este modo —piensan—, las personas podrían generar las “capacidades” necesarias que les permitan alcanzar realizaciones satisfactorias y vivir el tipo de vida que ellas mismas consideran más valiosa(1). Sus diversos planteamientos coinciden en la necesidad de enfatizar éticamente tanto los estudios como la formulación de políticas y las prácticas concretas concernientes al desarrollo presente y futuro(2), para reducir y superar las situaciones de pobreza, desigualdad, violencia, degradación ambiental y exclusión que afectan a las personas en el mundo. Adoptada esta visión ampliada del desarrollo, éste ya no es asociado y medido únicamente por el crecimiento del Producto Interno Bruto, sino como una expresión de las capacidades humanas para llevar una vida más libre y más digna(1,3,4).

No obstante, de todo aquello se debe inferir que, para que un cambio de esta naturaleza se pueda materializar, es necesario pensar (así como lo han hecho de diverso modo autores como Crawford Macpherson, Jürgen Habermas, John Rawls, Carlos S. Nino, Jon Elster, Seyla Benhabib y otros) en el establecimiento de una estructura democrática mayormente participativa que, estimulando socialmente la preocupación por los problemas colectivos, aumente la eficacia política y contribuya a formar una ciudadanía capaz de interesarse de manera continuada por el proceso del gobierno. Vale decir, es necesario pensar más allá de la línea de pensamiento de cuño liberal, que ha defendido la necesidad de restringir la participación política de los ciudadanos y ha querido remitir la conducción de los asuntos públicos a la gestión de unas elites votadas en elecciones libres por los ciudadanos(5:166). Esta limitación de la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos es la causa de que se haya desencadenado el fenómeno tan conocido y masificado de apatía y distanciamiento respecto de la política. Ello también ha incidido poderosamente en el viraje egoísta del carácter de la política, por cuya actividad solo se busca la reducción de los intereses privados en conflicto(5).

En un artículo publicado en el volumen colectivo titulado “Democracia, ¿en qué estado?”, la politóloga estadounidense Wendy Brown comenta esta fusión entre poderes, haciendo énfasis en el hecho de que, no siendo un proceso reciente aquel por el cual la influencia de los grandes grupos de poder socava las esperanzas y las prácticas del poder ciudadano, ha alcanzado un nivel sin precedentes. Al respecto señala: “No se trata simplemente de grupos que compran a los políticos y modelan abiertamente la política nacional y extranjera, ni de que los medios de comunicación que les pertenecen ridiculicen la idea misma de información pública y de responsabilidad del poder. Más que una interferencia, las grandes democracias son testigos de una fusión del poder de los grupos y el poder del Estado. (…) El demos no es capaz de ver lo que hay detrás de la mayoría de estos desarrollos, y menos aún de cuestionarlos, de oponérseles y proponer otros objetivos”(6:55).

Podríamos suponer, entonces, que esta primacía del interés privado, que consagra la democracia liberal, está en abierta oposición a la concepción más clásica de la democracia y repercute en la deflación ostensible de la participación ciudadana en la actividad política, por lo que la toma de decisiones concernientes a los bienes públicos queda remitida a la actividad de una particular clase de expertos profesionales, la clase de los políticos, que subrogan —en nombre de la ciudadanía— la titularidad de sus derechos, a propósito de dichas decisiones(7:394-395). Se puede recordar en tal sentido el modelo de democracia elitista propuesto, por ejemplo, por Schumpeter y sus muchos sucesores, en que la democracia es vista como una competencia entre elites, en la cual la gente común tiene algo que decir solo en época de elecciones, para conferir a estas elites el derecho de gobernar y legislar. En tal caso, se podría hablar entonces de una “ciudadanía de baja intensidad”, debilitada en su fuero y en su protección jurídica, e impedida del recurso a espacios colectivos, independientes y basados en la solidaridad(8). Por cierto, la reclusión del individuo en la esfera de su privacidad constituye el resultado último de la operación democrático liberal, con lo cual termina por anularse el principio social de la cooperación intersubjetiva ciudadana, cuyo fomento y desarrollo finalmente parece ser una tarea completamente ajena al Estado y al gobierno.

Por ello, se requeriría una participación directa de los ciudadanos en las instituciones claves del sistema político, en los lugares de trabajo y en la comunidad local. Democracia, en otras palabras, no es solo la toma de decisiones a través de la simple suma de las preferencias electorales, sino aquello que ocurre como resultado de los procesos de reflexión, generación y transformación de las preferencias, mediante un diálogo informado y respetuoso de las diferencias(9). De este modo, parece necesario aumentar en nuestra época los recursos cívicos de los grupos de base ciudadana y disminuir el poder burocrático no responsable de sus propias decisiones, al que no parece inquietarle las implicancias sociales lesivas de sus determinaciones. Ello implicaría un robustecimiento y una expansión de esa potencia ciudadana. Se trataría de tornarla capaz de hacer frente de manera crítica —y en vistas de su efectivo cumplimiento— a la promesa igualitaria incumplida de las democracias modernas liberales y a la abdicación que el Estado —por causa de la racionalidad política neoliberal que lo ha subsumido— ha hecho de su papel regulador, desviando o dejando de lado con facilidad su responsabilidad y la atención a sus propios principios fundantes.

Como es muy evidente, la noción de “ciudadanía” ha adquirido una relevancia significativa durante las últimas décadas en la filosofía política. Existirían dos razones fundamentales para ello. Por un lado, la necesidad de hacer compatible la condición legal de ciudadano con la pluralidad de identidades colectivas que caracteriza a las sociedades democráticas. Por otro, la constatación de que la concepción liberal dominante de ciudadanía adolece de un déficit democrático que impide afrontar diversos problemas relacionados con el interés común.

Cabe recordar, de paso, que esta última circunstancia es, en buena medida, también un efecto de la orientación doctrinaria provista por el conocido informe “The Crisis of Democracy. Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission”(10)3, referido al fenómeno de la disfuncionalidad e ingobernabilidad que comenzó a afectar a las democracias, como consecuencia del aumento de las demandas sociales, frente a una capacidad financiera e institucional que se mantenía constante, cuando no decreciente. Según los autores del informe, la crisis que afecta a los sistemas democráticos deja en evidencia la existencia de un “exceso de democracia” o un “exceso de participación ciudadana”, manifiesta en el incremento de las expectativas sociales de los ciudadanos. El informe señala al respecto: “En años recientes, las operaciones del sistema democrático parecen efectivamente haber generado un quiebre de los medios de control social, una deslegitimación de la política y otras formas de autoridad y una sobrecarga de las demandas sobre el gobierno, excediendo su capacidad para responder”(10:8), agregando: “Las demandas sobre el gobierno democrático crecen, mientras la capacidad del gobierno democrático se estanca”(10:9). Ello provoca una importante sensación de frustración e incomodidad ciudadana, lo que tarde o temprano termina revirtiéndose sobre el propio gobierno.

El conflicto, entonces, se debería a que el sistema político-administrativo de las democracias tradicionales estaría superado por el acelerado progreso de la tecnología y la complejización de la estructura social. En razón de ello, cabría esperar que una mayor participación ciudadana tornara finalmente ingobernable al Estado, por lo que parece indispensable tecnocratizar al gobierno, entregando la conducción de los asuntos públicos a otras instancias distintas de aquellas políticas tradicionales —asociaciones, instituciones, empresas y otros—, que en representación de los distintos grupos de interés puedan alcanzar con mayor facilidad los acuerdos y la resolución de las diferencias entre los actores sociales(10).

El problema es que las desigualdades sociales y económicas, consecuencia de semejante abandono, comprometen el estatuto esencial de la ciudadanía. Se traducen, efectivamente, no solo en la pérdida de los derechos —a la asistencia social o a la provisión estatal de los servicios—, sino en la eliminación efectiva de la participación en los asuntos públicos. De tal modo, directa o indirectamente, terminan por desembocar en exclusión política y en la pérdida de legítimos reconocimientos. En nuestros días, dicha circunstancia parece propiciar la emergencia de un conjunto de planteamientos políticos asociados al restablecimiento del protagonismo ciudadano. Reiterando, por las razones ya señaladas, la noción de ciudadanía ha adquirido una marcada relevancia en las discusiones de la filosofía política contemporánea. Ciertamente, parecen haberse hecho visibles nuevas expresiones y modalidades de ciudadanía activa, expresadas a través de la reivindicación de algunos derechos aún no reconocidos, que pugnan por ser integrados en las estructuras sociales, jurídicas, económicas y culturales de las sociedades contemporáneas.

Ciudadanía ambiental

Habida cuenta de lo afirmado, me propongo ahora profundizar el examen de la noción de “ciudadanía”, que ya presenté a partir de su expresión “biológica” en el artículo mencionado en líneas iniciales. Esta vez me ocuparé de su manifestación “ambiental”, es decir, intentaré un examen de la ciudadanía a partir del contexto teórico desplegado por la problemática ecológica, teniendo en cuenta las determinaciones y desafíos que impone a la figura de ciudadanía la supuesta existencia de un fenómeno de devastación antropogénica como el que, se sostiene, afecta al planeta en nuestros días. Intentaré, a continuación, esbozar algunas consideraciones que permitan el avance de esta reflexión particular, considerando que la literatura filosófico-política contemporánea presenta variados alcances teóricos que podrían ser atendidos en este sentido. Sobre todo en relación con la posibilidad de ampliar el concepto canónico de ciudadanía presentado inicialmente por Marshall, referido solo a aquellos derechos sociales que otorgan el estatuto ciudadano a los individuos.

Durante el último tiempo, una vasta literatura internacional e interdisciplinaria respecto del asunto de la “ciudadanía ambiental” ha venido a refrescar los debates sobre la relación entre ecología y democracia, así como a redefinir la preocupación por aquellas determinaciones sociopolíticas que resultan indispensables para el desarrollo sostenible(11). Estos debates han implicado una discusión respecto de la falta de continuidad entre las relaciones ecológicas y las fronteras políticas, y han enfatizado la necesidad de reinventar la perspectiva y el alcance de la ciudadanía, principalmente en lo que dice relación con la conciencia de los sujetos sociales y con las relaciones políticas y territoriales formales. Así ha sido tematizado, por ejemplo, por Andrew Dobson (2003), Eduardo Gudynas (2009) o Elizabeth Jelin (2000). Esta literatura ha analizado también las implicaciones de las diferentes tradiciones políticas (liberal, republicana, comunitaria) en cuanto a la forma en que la naturaleza se articula con la esfera política a través los derechos de participación ciudadana, las responsabilidades y la deliberación, como, por ejemplo, se encuentra en John Barry (2000), Derek Bell (2005), Andrew Dobson (2003), o Mark Smith (1998).

En este sentido, el intento de vincular la cuestión de la ciudadanía con el problema de la crisis del entorno natural ha admitido variadas formas de denominación, tales como “ciudadanía ambiental”, “ciudadanía verde”, “ciudadanía ecológica”, o “ciudadanía ambiental global”, las que han sido utilizadas de diversa manera por los teóricos preocupados del problema. Entre otras aproximaciones, destaca el planteamiento del inglés Andrew Dobson, quien, desde la perspectiva de la filosofía política, ha propuesto un enfoque en el que adquiere relevancia el asunto de los derechos y los deberes concernientes al ordenamiento democrático del estado liberal moderno(12). Buscando distinguir entre “ciudadanía ecológica” y “ciudadanía ambiental”, caracteriza a esta última como la que se expresa en términos de derechos ambientales y se ejerce, en consecuencia, en la esfera pública, siendo sus principales virtudes la razonabilidad y la voluntad dialógica para aceptar los argumentos más convincentes. En tal sentido, la ciudadanía ambiental estaría referida a las configuraciones políticas determinadas por el Estado-nación y correspondería a “los intentos de extender el discurso y la práctica de la exigencia de derechos al contexto ambiental”(12:48). La ciudadanía ecológica, por otra parte, se ocuparía de ciertos deberes cuya naturaleza no es contractual y operaría mediante el lenguaje de la virtud, siendo explícitamente no-territorial. Dobson señala que esta ciudadanía ecológica contendría las virtudes típicamente asociadas a la tradición del liberalismo, así como también a la del republicanismo cívico: “la primera la encontramos en su referencia a la virtud de ‘estar abiertos al debate y la deliberación’”, mientras que el republicanismo cívico “se expresa en la idea de que ‘alcanzar la sostenibilidad es una empresa colectiva’”(12:58). Ello constituye claramente una particular expresión de la idea de “bien común”. Antes que contradecirse, Dobson ve que ambas más bien se pueden complementar y favorecer, por medio de su conjunción, el logro de una sociedad sostenible.

Pero, ¿que ha de entenderse entonces por “ciudadanía ambiental”, más precisamente y en este mismo sentido? En primer lugar, implica el reconocimiento de que el interés particular no siempre protege o mantiene los bienes públicos, que es lo que ocurre, por ejemplo, cuando está en juego la protección del medioambiente. Se trata de refutar el argumento de los economistas que señalan que el problema con los recursos naturales de propiedad pública es que dan lugar a lo que llaman “externalidades de mercado”, puesto que la inexistencia de derechos privados de propiedad respecto de ellos desincentivaría su efectiva protección y, por lo mismo, conduciría inevitablemente a su ruina, razón por la cual lo que corresponde es privatizarlos, en vistas de su mejor conservación. No obstante, ante semejante argumentación, se puede pensar también que el motivo del beneficio implicado en la posesión privada de los bienes naturales mal podría no alentar su destrucción, sobre todo cuando los dueños de un “recurso” natural renovable y frágil vean en él la alta rentabilidad derivable de su sobreexplotación con fines comerciales y la reinversión posterior del provecho económico obtenido en otros emprendimientos tanto o más lucrativos, lo cual implicaría inevitablemente su aniquilamiento definitivo(13:36). Ello permite postular, luego, que la propiedad privada no es suficiente para la protección de los bienes ambientales, como a algunos les gusta afirmar, recurriendo a tales razones discutibles o engañosas. Por otra parte, asumir que la propiedad privada es la única solución para la protección de los bienes naturales es ignorar también el éxito histórico de aquellos sistemas creados por las sociedades tradicionales para protegerlos por muchas generaciones. Por lo tanto, se podría concluir que los derechos de propiedad no son ni suficientes ni necesarios para asegurar la protección de dichos bienes. El famoso episodio de la “Tragedia de los comunes” (Tragedy of the commons), de Garret Hardin, ya ha constituido una fuente de inspiración notable para todo tipo de inferencias respecto del problema del empleo racional —pero egoísta— de los bienes naturales(14).

De acuerdo con lo dicho, entonces, una ciudadanía ambiental debería establecer un compromiso decidido con el bien común antes que con los intereses particulares de los individuos. Al ciudadano ambiental le preocuparía ese enfoque constante en soluciones de tipo egoísta dadas a los problemas ambientales, porque estas implicarían el riesgo de inhibir la posibilidad de encontrar e implementar mejores soluciones de tipo colectivo, de soluciones tendientes al bien común.

La ciudadanía ambiental, al mismo tiempo, implicaría la idea de que los deberes hacia el medio ambiente se derivan de derechos ambientales, entendidos éstos como una cuestión de justicia natural, porque la ciudadanía siempre ha sido una cuestión de balance entre derechos y deberes(15). Históricamente, el concepto liberal de ciudadanía se ha centrado en los derechos de los ciudadanos —el derecho a voto, el derecho a la seguridad social y otros—, y si bien los deberes han tenido lugar en la ciudadanía liberal, ellos no han jugado un papel de gran importancia. El concepto republicano de ciudadanía, en cambio, ha centrado su atención en las responsabilidades de los ciudadanos respecto del colectivo social al que pertenecen. Es decir, aunque los ciudadanos republicanos reconocen y valoran sus derechos, estos son menos importantes para ellos que lo que lo son sus responsabilidades o deberes. En este contexto, evidentemente habría que considerar a la ciudadanía ambiental mucho más compatible con el esquema republicano de ciudadanía que con el esquema liberal. Por razones obvias, los ciudadanos del medioambiente tienen la responsabilidad de trabajar por una sociedad sostenible, y esto abarca todas las actividades que se pueden considerar como normales y consabidas en relación con una ajustada ciudadanía ambiental, entre las cuales están, obviamente, reciclar, reutilizar y conservar. Sin embargo, el asunto clave aquí es recordar que el ejercicio de la ciudadanía es una actividad que siempre conlleva públicas implicaciones y, por lo mismo, induce el reconocimiento de deberes para con los demás. Sobre todo desde un punto de vista ambiental, en el que hasta el más mínimo acto, por imperceptible o insignificante que nos parezca, tiene repercusiones e impacto público difíciles de dimensionar. “En la medida en que vivimos nuestra vida, requerimos de recursos ambientales, y dejamos residuos ambientales. Como animales humanos que somos, eso es inevitable”(15:281). La consideración de este solo hecho nos recuerda aquella ya antigua metáfora de la “línea de flotación” (Plimsoll line), propuesta por Herman Daly en 1991 para referirse a la carga a la que puede ser expuesto el planeta por causa de las actividades industriales y productivas. Por una vía analógica, Daly introdujo la posibilidad de pensar críticamente que, así como la línea pintada en los costados de una embarcación nos advierte de hasta dónde esta puede ser ocupada sin correr el riesgo de naufragar, asimismo debiéramos tener en cuenta que la racionalidad económica imperante sobrecarga esta embarcación en la que todos vamos navegando —que es el planeta Tierra—, de modo de aumentar la eficiencia y la rentabilidad del transporte, pero sin considerar las características físicas de la nave, terminando por superar los límites dentro de los cuales la carga puede ser manejada de forma segura(16). En este caso, y siguiendo la figuración retórica de Daly, se requeriría de un reglamento que protegiera a los marineros del colapso provocado por las fuerzas económicas ingobernables.

Por ello, parece necesario admitir que, como humanidad, enfrentamos serios problemas respecto de la materialización efectiva de una sociedad sostenible hoy en día (y seguiremos enfrentándolos en el futuro próximo o lejano, claro está). Considerando que, hasta la fecha, los argumentos éticos, estéticos, religiosos y económicos para la conservación y protección del medio natural —surgidos en el contexto de las sociedades liberales de nuestro tiempo— han avanzado relativamente poco, parece necesario atender a otro enfoque analítico respecto del problema y evaluar tanto su eventual influencia política como su capacidad para motivar la acción ciudadana. De este modo, una actitud comprometida de los individuos con la crisis ambiental, amparada en un marco amplio de derechos y deberes, constituiría un elemento clave a la hora de disponer un curso de acción más efectivo que el que hasta ahora se ha seguido en el enfrentamiento de la situación.

Se trata de una variante teórica de esta gran reflexión sobre la ciudadanía ambiental, correspondiente a lo que algunos autores han llamado “enfoque de los derechos humanos”(17), y que constituye un intento de abordaje de las cuestiones ambientales a través del lenguaje y la teoría de los derechos legales y morales. Existiría al menos un par de razones para suponer que observar el asunto de la crisis ambiental desde la perspectiva de los derechos humanos pueda resultar plausible teóricamente. Es posible establecer una particular simetría entre los problemas ambientales, que afectan a toda la humanidad en el planeta (por ejemplo, el cambio climático), y los derechos humanos, que tienen una extensión universal, pues se aplican a problemas que afectan todos los seres humanos. Esta misma posible simetría se daría también cuando se observa que tanto los problemas del medio ambiente como los de los derechos humanos trascienden las fronteras políticas(17:394). El caso es que todos los intentos de hacer frente a los problemas ambientales en el nivel simplemente local, incluso nacional, pueden resultar ineficaces, ya que el asunto es a estas alturas de extensión decididamente global. Incluso, podríamos decir que es hasta transhistórico, si admitimos que la ciudadanía ambiental es un asunto tanto internacional como intergeneracional (tal vez hasta interespecífico, se podría agregar)(18). Entonces, enfrentar este tipo de dificultades, considerando que está en juego el futuro de las personas —las presentes y también las que no pueden comparecer ante nuestras decisiones hoy—, permite pensar que los así llamados “derechos de tercera generación”, entre los que cabe mencionar el derecho a un medio ambiente no destruido —derechos que, aunque exigibles a los Estados, no son materializables sino a través de la activa participación de los ciudadanos—, constituyen imperativos legales y morales estrictos que encarnan apreciadas normas y valoraciones sociales en el mundo contemporáneo(17:394). Por tanto, parece razonable suponer que entre los imperativos y normas reflejadas por los derechos humanos, aquellos que remiten a nuestra relaciones con el medio ambiente natural y a los efectos que ellas tienen sobre éste sean algo decisivo que concierne a nuestro mas puro interés ciudadano.

Es de vital importancia, entonces, entender que los deberes ciudadanos hacia el medio ambiente no constituyen un asunto de caridad o simple buena voluntad sino de pura justicia. Por lo mismo, como señala Dobson a modo de ilustración, nuestras responsabilidades respecto de la destrucción ambiental en curso difieren de aquellas que habríamos tenido hacia las víctimas del Tsunami de 2004 en el Océano Índico —o las del terremoto de 2010 en Chile— porque somos al menos en parte responsables de la primera y de ninguna manera de la segunda(15:281). En el caso del sufrimiento del que no somos responsables, la caridad y la compasión parecen ser las respuestas mas adecuadas. En el caso del sufrimiento del que sí lo somos, la única respuesta adecuada es la justicia; algo que suena muy coincidente con la kantiana distinción entre deberes perfectos e imperfectos. Esto mismo hace que reparar el daño ambiental producido, minimizarlo en su expresión, contenerlo en sus alcances o anticiparlo para impedir su ocurrencia, constituya una cuestión que va más allá de la simple modificación de nuestros actuales estilos de vida. Aunque nos parezca que ello es un elemento clave de cualquier posible intento de solución de este problema, porque en verdad se trata de un cambio profundo de aquellas estructuras institucionales que permiten y reproducen la injusticia contenida en la destrucción del entorno natural, entre las cuales se encuentra una muy restringida y fútil comprensión del problema de la ciudadanía y las prácticas ciudadanas, que ha jugado históricamente un rol determinante en el recrudecimiento de la situación.

A propósito de todo esto, y buscando traer esta reflexión a un terreno más cercano, vinculado con nuestra contingencia nacional y regional —definida por la diversidad cultural derivada de sus múltiples cosmovisiones indígenas y una historia compartida de conflictos políticos—, parece importante también considerar aquí la realidad del debate medioambiental y ciudadano en América Latina. Este se relaciona tanto con los problemas y quiebres sociales derivados del proceso de modernización, como con los efectos y transformaciones profundas producidos por el fenómeno de la globalización. Y pese a que esta discusión aún no consigue asentar un estatuto teórico específico en el discurso académico local —puesto que no ha logrado poner en visibilidad un factor diferencial que la perfile y distinga de la reflexión llevada a cabo al respecto en los países del primer mundo4—, igualmente se ha convertido en un asunto de constante preocupación para los investigadores. Incluso el interés por el tema ha trascendido hacia el ámbito público y ha dado lugar a manifestaciones de protesta política de diverso signo en los distintos países de la región(11:107). Ello ha propiciado que, durante el último tiempo, se haya vigorizado la atención prestada en esos debates al asunto general de la ciudadanía por parte de los expertos, en tanto el tema específico de la ciudadanía ambiental cobra cada vez más relevancia en los planteamientos y exigencias políticas de los diferentes grupos de interés.

Se podría señalar, según lo demuestra la investigación, que una relación indisoluble entre políticas de la Tierra, sentido de la vida e identidad colectiva sustenta la lucha de los pueblos originarios latinoamericanos por el reconocimiento político y por la ampliación de su capacidad de agencia social(19,20); o que las nuevas tendencias políticas que impulsan el fortalecimiento de la democratización y las reformas institucionales en la región incluyen una atención primordial a la cuestiones de la gobernanza ambiental. Asimismo, los esfuerzos por salvaguardar la supervivencia de los bienes naturales específicos, como por ejemplo el agua, se han vinculado con el robustecimiento de la acción ciudadana. Ilustrativo resulta en este sentido el movimiento de resistencia organizado legalmente por la comunidad local frente a la operación minera de gran escala emprendida hace pocos años por el consorcio internacional Barrick Gold en el Valle del Huasco, en la Cuarta Región de Chile, para la explotación del yacimiento Pascua Lama. Las agrupaciones de ciudadanos organizados sostuvieron argumentos ambientalistas para oponerse a dicha intervención, señalando que el proyecto afectaría el suministro de agua de los casi 70.000 parceleros del lugar, puesto que contaminaría letalmente el curso fluvial del valle con cianuro, acido sulfúrico y mercurio, entre otros compuestos químicos letales.

Este ejemplo pone en evidencia que, en el contexto latinoamericano, las cuestiones ambientales están profundamente ligadas a los problemas de la vida social y a los fenómenos de marginación e injusticia, tanto cultural como económica; lo que permite constatar que en esta región del mundo, como en otras semejantes, la condición ciudadana no es una categoría obvia o inherente a la subjetividad social, y que la demanda de derechos ambientales es, al mismo tiempo, una de las expresiones más determinantes de las luchas por el reconocimiento y la inclusión social. Porque, cuando la legislación existente ampara operaciones extractivas mineras que ciertamente ponen en riesgo la salud de la población y arremeten en contra de los bienes naturales no renovables en vistas de un provecho privado, es claro que los afectados por la norma legal no han sido reconocidos en su capacidad de agenciamiento del espacio geográfico en que se han asentado y su condición ciudadana les ha sido restringida.

Conclusión

Si se sigue de manera general el espíritu de esta reflexión, se debiera convenir en que parece necesario avanzar sobre el diseño de un modelo de compromiso ciudadano que no surge de la pertenencia a una comunidad política determinada, sino más bien de la situación de desigualdad generalizada y de la explotación de una parte de la población mundial que caracteriza a la economía globalizada contemporánea, que seguirá operando como un juego de suma cero, de ganadores y perdedores, a menos que se desplieguen sistemáticos esfuerzos por redistribuir la riqueza. Es, en efecto, la minoría de los ciudadanos de los países industrializados la que actualmente depreda de manera más significativa el entorno natural. Con una lógica implacable, opera a través de diversas formas de explotación de los bienes naturales y del territorio. Por lo mismo, se podría pensar que le debe a la mayoría del mundo una forma de ciudadanía ambiental, que incluye una fuerte dosis de justicia redistributiva.

Es claro que una “política de la vida”(21:1396) —de la ecología, de los propios estilos de vida, de la identidad cultural personal y colectiva— debe emerger vigorosamente en nuestro tiempo para unir y transversalizar los valores de la emancipación y la justicia social. Puesto que los ciudadanos han perdido la fe en las prácticas de la gubernamentalidad neoliberal, una subpolítica debe comenzar a desafiar a las esferas convencionales de la política y del tradicional “gobierno de los hombres”, como diría Michel Foucault. El presente —y el futuro— se estructuran en torno de la centralidad de los problemas del riesgo y la concomitante necesidad de surgimiento de políticas medioambientales capaces de enfrentar la crítica situación presente. A la par, un nuevo tipo de subjetividad debe constituirse en función de la respuesta requerida para esta acuciante demanda y comenzar a dar a la política una fisonomía renovada, desde un nuevo sentido de la autonomía personal, en el cual la experiencia individual no acontezca a partir de la atomización y el aislamiento, sino de la plena integración ciudadana; entendiendo la ciudadanía no como la mera pertenencia a la sociedad o al colectivo nacional, sino como la vinculación organizada al tejido social y al medio ambiente natural. Pues, como sostiene Rose, es desde estas pertenencias que los individuos autónomos, conciben sus aspiraciones y producen recíproca y cooperativamente los lineamientos para la práctica de su libertad(21:1398).

El esfuerzo por vincular la ecología con la justicia social en el contexto del desarrollo y el fortalecimiento de una noción asentada de “ciudadanía ambiental” puede llegar a proporcionar nuevas herramientas para reflexionar sobre un futuro más equitativo y sostenible. La noción de “ciudadanía ambiental” puede muy bien estar referida también al tema de la “biolegitimidad”, que es la forma de reconocimiento social de la vida como “bien supremo”(22); en este caso, de todas las formas de la vida reivindicadas políticamente mediante el ejercicio de los derechos de ciudadanía. Extender las fronteras del diálogo ciudadano para debatir sobre el problema de una mejor gobernanza ambiental constituye un camino de acción colectiva en procura del establecimiento de una ciudadanía ambiental global. Pero es necesario poner atención al hecho de que el problema se hace particularmente problemático en América Latina, sobre todo debido a las limitaciones institucionales existentes, que hasta la fecha no han conseguido incorporar de manera satisfactoria la dimensión ecológica de las relaciones sociales en la vida política, conforme a una noción de ciudadanía ambiental como la que aquí hemos tratado de delinear en sus caracteres definitorios básicos, y que busca sobrepasar las limitaciones del concepto clásico de ciudadanía propuesto por Marshall.

Hay autores(8) que piensan que dicha noción tradicional, propiamente occidental, de algún modo colisionaría con el sustrato cultural propio de nuestra región, y deslegitimaría o subordinaría a los distintos corpus de conocimiento socioecológico de los pueblos originarios de la región, lo que obligaría a un esfuerzo mayor de pensamiento para producir una redefinición de la noción en vistas de su mejor ajustamiento conceptual a la realidad cultural y a las concepciones ambientales específicamente latinoamericanas. Parece razonable un planteamiento como el de Eduardo Gudynas, atendida la circunstancia de que la actual coyuntura social, política y cultural de América Latina exige que el vinculo entre medio ambiente y ciudadanía sea concebido de una manera más amplia, no solo constreñido por la cuestión de los derechos y deberes existentes al interior de las fronteras políticas formales.

No obstante, ello trae consigo una dificultad reflexiva no sencilla de esclarecer y que se vincula con la aspiración global de la ciudadanía ambiental, con la pretensión de no restringir tampoco a un espacio territorial o geográfico el compromiso activo de los ciudadanos, sino a responsabilidades que se entienden como de alcance planetario, algo que no se identifica tampoco con la mera ciudadanía del mundo o cosmopolita, como aquello de lo que alguna vez en un sentido semejante nos habló Kant, porque incluye a la comunidad biótica en la comunidad de pertenencia del ciudadano.

Se debe admitir, en todo caso, que una perspectiva como la de la ciudadanía ambiental plantea no solamente estas sino muchas otras interrogantes —que aquí no abordaré porque las considero tareas reflexivas futuras—, entre las cuales estarían, por ejemplo, aquellas que refieren a la fundamentación ética que permitiría justificar el reconocimiento de deberes efectivos hacia —o en relación con— las generaciones futuras y las entidades no humanas. Aún más si se tiene en cuenta que dichos deberes deberían ser reconocidos universalmente para ser plasmados en derechos correlativos o en medidas internacionales de respeto y protección coherentes con los mismos.

Notas

1 Este artículo deriva de la investigación asociada al Proyecto Fondecyt Nº 1120141 “La articulación entre éticas del desarrollo y teorías democráticas participativas (deliberativas). Una investigación-reflexión”, cuyo investigador responsable es Raúl Villarroel.
2 Villarroel R. Ética del desarrollo, democracia deliberativa y ciudadanía biológica. Una articulación en clave biopolítica afirmativa. Revista de Filosofía 2013; LXIX.
3 El Informe señala: “La Comisión Trilateral se formó en 1973 por ciudadanos particulares de Europa occidental, Japón y Norteamérica, para favorecer la cooperación cercana entre estas tres regiones respecto de problemas comunes. Busca incrementar la comprensión pública de estos problemas, apoyar propósitos de manejo conjunto e inculcar hábitos y prácticas de trabajo conjunto entre estas tres regiones”. La Comisión Trilateral estuvo dirigida inicialmente por el politólogo estadounidense de origen polaco Zbigniew Brzezinski, quien fuera asesor en materias de seguridad nacional del presidente Jimmy Carter.
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Latta y Wittman(11:109) afirman que América Latina es el hogar de culturas políticas informadas por una amplia gama de influencias, incluyendo las tradiciones europeas, como el republicanismo, el liberalismo y el marxismo, y las tradiciones sociales y políticas regionales, como la de la revolución bolivariana y la pedagogía de los oprimidos de Paulo Freire. Además, existiría una larga tradición de instituciones sociopolíticas indígenas, desde los usos y costumbres de los Mayas a la del Admapu del pueblo Mapuche. Cada una de estas diversas tradiciones políticas está incrustada en las visiones específicas de las relaciones socioecológicas latinoamericanas; desde las instituciones del liberalismo de la propiedad privada a las del cultivo vinculado al respeto por la Pachamama, propias de la organización social Quechua. Estas herencias político-ecológicas son constantemente reinventadas y vueltas a combinar, como en los municipios autónomos zapatistas de México, en el Movimiento de los Sin Tierra del Brasil, y la recuperación indígena del Estado en Bolivia. Creemos que todo ello puede explicar la singularidad de la realidad cultural latinoamericana, difícil de tamizar en vistas de su definición exacta y distintiva.

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Recibido: 15 de octubre de 2013, Aceptado: 5 de noviembre de 2013.

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