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Estudios internacionales (Santiago)

versión On-line ISSN 0719-3769

Estud. int. (Santiago, en línea) vol.46 no.179 Santiago set. 2014

http://dx.doi.org/10.5354/0719-3769.2014.35469 

ARTICULOS

 

En el laberinto de una transición fallida: Rwanda c. 1994-2014

 

In the labyrinth of a failed transition: Rwanda c. 1994-2014

 

Hilda Varela Barraza*

* Profesora Investigadora, Centro de Estudios de Asia y África, Venezuela, El Colegio de México, Ciudad de México, D.F., México. E-Mail: hvarela@colmex.mx.


■ Resumen

La historia de Rwanda no puede quedar reducida al genocidio, de igual forma que las memorias del pasado no se pueden construir silenciando el dolor de victimas y victimarios, negando que existió. Ante el gran desconocimiento de ese país, resultan tan sorprendentes como incomprensibles tanto el genocidio (hace 20 años) como su nueva imagen de prosperidad económica y estabilidad política. El objetivo de este artículo es contribuir al análisis histórico-político de Rwanda desde julio de 1994 hasta c. abril de 2014, destacando la inexistencia de espacios para que la sociedad civil elabore la memoria del pasado reciente y las soluciones para superar el rompimiento ético que significó el genocidio.

Palabras clave: Rwanda 1994-2014, posgenocidio, transición fallida, "democracia de fachada".


■ Abstract

The history of Rwanda cannot be reduced to the genocide, but at the same time, memories of the past cannot be built by silencing the pain of victims and victimizers, denying its existence. Given the overall lack of knowledge about the country, this genocide (that took place 20 years ago) is as unexplainable as the new image of economic prosperity and political stability. The purpose of this article is to contribute to the historical-political analysis of Rwanda from July 1994 to c. April 2014, foregrounding the existence of spaces for civil society to elaborate the memory of the recent past and solutions to overcome the ethical rupture constituted by the genocide.

Key words: Rwanda 1994-2014, post-genocide, failed transition, "façade democracy".


En abril de 1994 las primeras noticias de las matanzas étnico-políticas en Rwanda -meses más tarde calificadas de genocidio2 por la Corte Internacional de Justicia- sorprendieron tanto a la opinión pública occidental como a la gran mayoría de los estudiosos y observadores de la realidad internacional, debido a que hasta ese momento era un país casi desconocido. Cuando el genocidio dejó de ser "noticia", Rwanda prácticamente volvió a desaparecer de los medios de comunicación y del análisis de política internacional. En forma ocasional se publica información de la situación económica posconflicto, lo que al margen de un análisis histórico político posibilita una imagen confusa de Rwanda como un "caso sui gèneris", que en medio de una amnesia de su pasado reciente habría sido capaz, en un lapso de tiempo relativamente corto, de superar problemas que afectan a diversos países africanos, además de la herencia del genocidio.

La historia de Rwanda no puede quedar reducida al genocidio, de igual forma que las memorias del pasado no pueden construirse silenciando el dolor de victimas y victimarios, negando que esa tragedia existió. Ante el desconocimiento del país, resultan tan sorprendentes como incomprensibles el genocidio y su nueva imagen de prosperidad económica y estabilidad política. El objetivo de este artículo es contribuir al análisis histórico-político de Rwanda desde julio de 1994 -fin oficial del genocidio y triunfo del Frente Patriótico Rwandés (FPR), actualmente en el poder- hasta abril de 2014, con una reflexión en torno a la transición que hizo posible que surgiera una democracia de fachada, entre cuyos rasgos destaca la inexistencia de espacios para que los distintos sectores de la sociedad civil elaboren las memorias del pasado y las soluciones para superar el rompimiento ético que significó el genocidio.

En los últimos 20 años, su historia política puede ser dividida en dos etapas: el proceso oficialmente denominado de transición política (julio de 1994-julio de 2003) y los primeros años del régimen hibrido electoral (agosto de 2003-abril de 2014). A nivel de hipótesis se cuestiona la capacidad explicativa para África del paradigma de la transición -debido a que en la gran mayoría de esos países no existen las condiciones objetivas para la formación de una economía de mercado- y se plantea que la transición en Rwanda fue un proceso fallido, con el surgimiento de un régimen hibrido, en cuyo contexto destaca el papel que juegan las elecciones en la legitimación del sistema. Implica cierta continuidad del autoritarismo vigente cuando estalló el genocidio, pero ni la transición ni los regímenes híbridos son estáticos sino procesos políticos contradictorios y por lo tanto son otras voces, protagonistas, contexto histórico y otra forma de abordar los objetivos económicos. Esto se expresa, por un lado, en el ejercicio del poder y en su naturaleza, que busca legitimarse con elecciones, y por otro en altos niveles de desigualdad socioeconómica, casi siempre a partir de la pertenencia étnica. La selección de este paradigma no responde a una identificación personal sino al hecho de que a nivel internacional suele atribuirse la prosperidad económica y la aparente estabilidad política a una transición exitosa y democrática del país, que probaría la validez del paradigma y la existencia en Rwanda de variables que prueban el éxito de la transición.

El articulo se compone de cinco secciones. Se inicia con un planteamiento en torno al paradigma de la transición, para identificar los regímenes híbridos en una "área gris" entre autoritarismo y democracia. En la segunda sección se presenta un panorama de Rwanda hasta julio de 1994, destacando las condiciones histórico-políticas que hicieron posible el brutal rompimiento ético del tejido social, que estalló en forma violenta en 1994. En la tercera y cuarta secciones se aportan aspectos que permiten analizar las dos fases de la historia posconflicto: en la tercera el periodo denominado de transición política3, y en la cuarta la fase del régimen electoral hasta abril de 2014. A manera de conclusión, se retoma la hipótesis a partir de los argumentos planteados en el texto. El trabajo se centra en el proceso interno. Sin ignorar la relevancia de su relación con los países vecinos y de algunas referencias inevitables a dicha situación, el análisis del conflicto regional no forma parte del artículo.

 

Planteamiento introductorio: Transición y regímenes híbridos

En el último tercio del siglo XX, en el contexto de la tercera ola de democratización (Tusalem 2007), tomó fuerza una perspectiva teórica conservadora de la difusión de la democracia occidental en diversas partes, incluidos algunos países africanos4. Convertido en el enfoque teórico dominante para abordar la multiplicación de regímenes autoritarios con cambios importantes, los trabajos pioneros del paradigma de la transición despertaron críticas que, por un lado, tomaban en cuenta la realidad en algunos de los primeros países en vías de desarrollo que habían iniciado un proceso de transición, pero en que al cabo de unos años los viejos regímenes autoritarios habían logrado aferrarse al poder, con un cambio reducido a nuevas expresiones de autoritarismo o, en casos extremos, había favorecido el estallido de la violencia política. En el paradigma se advertía que no todas las transiciones necesariamente tendían hacia la democracia: algunas podían conducir a una regresión del autoritarismo o bien propiciar regímenes híbridos ("gray area"), entre el autoritarismo y la democracia.

Por otro lado, en el terreno académico se cuestionaron los presupuestos del paradigma. Carothers (2002) afirma que este llegó a su fin debido, entre otras razones, a que la transición es entendida como un proceso lineal que sigue ciertas etapas, a que se le atribuye un carácter universal y a que intenta reducir la realidad a un modelo teórico. Uno de los aspectos fundamentales se relaciona con la importancia asignada a las elecciones. Para los críticos del paradigma estas no pueden ser sinónimo de democracia, mientras que sus defensores subrayan la relevancia de las elecciones para definir el éxito de una transición, tomando en cuenta que presuponen la existencia de libertades políticas que marcan una gran diferencia con la naturaleza arbitraria del autoritarismo.

Las críticas fueron retomadas por algunos autores para dar nuevo impulso al paradigma. En este contexto, H. Zinecker (2009), sin ignorar la "desilusión" generada por este paradigma5, pretende "reabrir" sus puertas y sostiene que sigue teniendo capacidad explicativa. Profundiza en un concepto clásico, pero débilmente elaborado e investigado y polémico: los regímenes híbridos, que se ubican en el "área gris" entre democracia y autoritarismo, que generalmente se encuentran en países en desarrollo que no han "completado" la transición. Este autor -que a grandes rasgos define la transición como el cambio de un régimen político a otro, "idealmente" de uno autoritario a uno democrático, que debe estar asociado con un cambio socioeconómico (2009: 303)- considera que la democratización no es un epifenómeno y aporta dos variables esenciales. Plantea a nivel de hipótesis la existencia de un nexo entre los regímenes híbridos -con una democracia parcial o "defectuosa" pero no necesariamente autoritarios- y la persistencia de economías rentistas, que en sentido estricto no son productivas y benefician solo a un reducido sector social. En esta línea de pensamiento considera que para que se logre "completar el ciclo" de la transición deben existir mecanismos que garanticen la participación política de los sectores socioeconómicos más bajos, mediante la redistribución de los factores económicos de producción, con el descenso de la marginación. Por lo tanto, para formar un régimen democrático se requiere la participación política de la sociedad civil, que debe ir unida a un cambio socioeconómico en favor de "las clases sociales más bajas" (2009: 303), a fin de superar su marginación. El cambio socioeconómico indispensable debe ser compatible con la democratización, que de acuerdo con este paradigma implica el abandono de una economía rentista en favor de una economía de mercado, producto de un empresariado interno, fuerte, dinámico y con capacidad para invertir en capital intensivo, que genere demanda de trabajo6. Presupone la existencia de la libre competencia y un "nivel aceptable de satisfacción" de los intereses de la sociedad (Zinecker 2009: 324). Sin la presencia de estas dos variables el resultado será una transición incompleta, frágil y contradictoria, con el surgimiento de un régimen hibrido, entre autoritarismo y democracia.

No solo el paradigma de la transición es polémico. Los conceptos centrales utilizados en este trabajo son académicamente inciertos7. Con fines explicativos, en este artículo se considera que la transición es una fase contradictoria y transitoria -las experiencias africanas muestran que puede prolongarse hasta diez años- que conlleva un cambio de régimen entendido a grandes rasgos como un cambio en las reglas del juego político interno originado en un sistema autoritario de gobierno, cuyos rasgos distintivos tienden a marcar tanto la naturaleza de la transición como la del nuevo régimen. Por régimen hibrido se entiende una forma de democracia parcial, que según el caso puede oscilar entre la democracia y el autoritarismo, pero no es un "remanente" (Zinecker, 2009:305) del antiguo autoritarismo, que tiene sus raíces históricas en ese y por lo tanto no admite una definición "universal". En este caso de estudio, destacan por su relevancia dos variables: desde la formación del gobierno del FPR la inexistencia de espacios para que la sociedad civil elabore las memorias del pasado y las soluciones para superar el rompimiento ético del tejido social del genocidio y desde 2003, la celebración de elecciones, como un intento de legitimación externa.

 

El Punto de partida: El Contexto Histórico hasta Julio de 1994

Diversos procesos históricos favorecieron el surgimiento de una sociedad fragmentada por antagonismos políticos, prejuicios étnicos y de clase que se traducían en prácticas de exclusión, con una concentración excesiva de poder en un grupo social -definido con base en la pertenencia étnica-, altos niveles de injusticia y de inseguridad y la continua violación de los derechos humanos. Las prácticas de exclusión favorecieron distintas formas de violencia cotidiana interminable —en el terreno laboral, económico, político y social— y las identidades étnicas asumieron relevancia política. La violencia, a veces disfrazada y silenciosa, se tradujo en un clima difuso de angustia colectiva, creando las condiciones propicias para llevar a cabo actos de venganza, individual o colectiva8.

En Rwanda hay tres grupos étnicos principales9: los hutu (de 83 a 85% de la población total), los tutsi (de 14 a 16%) y los twa (1%). Los tres grupos, de piel negra, comparten lengua, religión y cultura. Sin embargo, en una perspectiva mítica, avivada en la época colonial, se atribuye a cada uno de ellos ciertas características que los hacen "diferentes", lo que ha servido de fundamento de prejuicios racistas, en el supuesto de que en la pertenencia étnica se originan ciertos atributos físicos y sobre todo intelectuales que permanecen inalterables10.

Durante la colonización la elite tutsi tuvo acceso privilegiado a la educación y a puestos de trabajo en la administración y en el ejército coloniales, lo que acentuó las diferencias entre tutsi y hutu. Con la discriminación racial en las estructuras coloniales, la estructuración jerárquica de la sociedad local se volvió más rígida. A la sombra del colonialismo un segmento de la elite tutsi concentró poder político y una relativa prosperidad económica personal -sin que se generaran una acumulación interna de capital ni un empresariado incipiente- pero con la independencia asumió el poder un sector de la elite hutu, con la salida de tutsi al exilio.

Ninguno de los grupos étnicos era monolítico, pero tampoco había fracturas irremediables entre ellos, sobre todo en las zonas rurales, donde existían fuertes lazos familiares y de vecindad interétnicos. Internamente, en especial en los dos grupos étnicos más importantes, había desigualdades por motivos socioeconómicos entre la población urbana y la rural y por el acceso diferenciado al poder político. En la clase política hutu el principal antagonismo tenía raíz regional (entre norte y sur). Antes del genocidio, se habían producido tres olas de matanzas étnico-políticas (1959-1960, 1963-1964 y 1973), que provocaron la salida masiva al exilio. En 1994 la gran mayoría de la población local percibía la impunidad como cultura dominante del régimen.

En octubre de 1990, el FPR integrado en forma mayoritaria por las primeras olas de refugiados tutsi-rwandeses residentes en Uganda, casi siempre angloparlantes, lanzó sus primeras ofensivas militares contra el gobierno de Juvénal Habyarimana, militar hutu que llegó al poder mediante un golpe de Estado y que enfrentaba críticas internas en favor de la democracia. Entre los objetivos del FPR estaban el regreso de los refugiados tutsi, la creación de un nuevo gobierno y el surgimiento de una "nueva Rwanda". El gobierno de Habyarimana desencadenó una campaña masiva de arrestos de tutsi, lo que provocó un nuevo éxodo, sobre todo hacia países vecinos, para escapar de las acciones bélicas rebeldes y de la represión gubernamental.

Las acciones militares del FPR y la reacción de las fuerzas gubernamentales hundieron al país en una cruenta guerra civil (octubre 1990-abril 199411), con la violación sistemática de derechos humanos y repetidas matanzas étnico-políticas, cometidas antes de abril de 1994 tanto por el FPR como por el ejercito gubernamental. Lo anterior creó un callejón sin salida para la gran mayoría de la población, independientemente de la identidad étnica: rural en un 90% y con una agricultura poco tecnificada, la competencia por la escasa tierra cultivable constituía un problema económico complejo, históricamente gestado, en un país en que fuera de la agricultura prácticamente no había fuentes de ingreso económico, con el deterioro en sus condiciones de vida y el incremento de las tensiones y de la desigualdad.

Durante el gobierno de Habyarimana se crearon grupos privados armados, que proporcionaban una forma precaria de "protección" a algunos sectores de la población, reprimiendo a otros (a partir de la pertenencia étnica). La principal función de los paramilitares era atacar a las bases sociales del FPR. En el ámbito internacional, la denuncia del carácter represivo del sistema no tuvo impacto alguno.

El 6 de abril de 1994 fue derribado el avión que transportaba a los jefes de Estado de Burundi (Ciprien Ntaryamira) y de Rwanda (Juvénal Habyarimana), que regresaban de una negociación para aplicar un plan de cambios políticos, aprobado en 1993 en Arusha, Tanzania (Acuerdos de Arusha, AA)12. No se sabe con precisión por qué ni quiénes derribaron el avión. Al día siguiente hombres armados, pertenecientes a la guardia presidencial y a grupos paramilitares invadieron calles, levantaron retenes y asesinaron a prominentes opositores. Hubo decenas de muertos civiles en las calles y se impuso un nuevo gobierno -con miembros extremistas de la elite hutu- al que meses más tarde la Corte Internacional de Justicia haría responsable del genocidio.

Antes de abril de 1994, a nivel de discurso la elite dominante (hutu) se identificaba con el neoliberalismo y con el desarrollo de una economía de mercado. En las principales capitales occidentales el país era considerado relativamente estable, con buen gobierno y logros económicos, que a partir de 1991 había iniciado cambios políticos para convertirse en una democracia plena y poner fin a la guerra civil. En realidad el régimen intentaba renovarse sin ceder poder13, buscando por un lado legitimarse internamente con el reconocimiento externo y por otro haciendo más difusas las tensiones sociales internas, neutralizando la capacidad de acción de la sociedad civil y estimulando la polarización étnico-política. En ese contexto fue formado el bloque denominado "Hutu power", que se convertiría en el núcleo del genocidio (ICG, noviembre 2002).

En abril de 1994, la violencia política había adquirido su propia dinámica, ejercida a través de mecanismos institucionales y en formas difusas y cotidianas se había convertido en el principal recurso de la elite hutu para conservar el poder y por lo tanto había una dinámica negativa entre el ejercicio del poder estatal, la naturaleza del Estado y la transformación de la violencia en una norma de conducta política, tanto para el Estado como para el FPR.

El genocidio se inició en personas hutu asociadas con el gobierno y el rebelde FPR. El objetivo inicial del gobierno fue liquidar a sectores de la población civil, identificados tanto por su origen tutsi como por su posición política (moderada), como posibles simpatizantes del FPR. Sin embargo, cuando el genocidio se extendió a lo largo del país, las matanzas se volvieron más complejas: en medio de un terrible pánico generalizado, la pertenencia étnica perdió relevancia y para algunos la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida y obtener ganancias económicas -principalmente al apropiarse de las tierras de sus victimas (Ansoms 2006: 503)- se convirtió en motivo para involucrarse en el sangriento enfrentamiento y el FPR continuó con matanzas selectivas (iniciadas durante la guerra civil) de miles de posibles disidentes. En julio de 1994 el FPR, comandado por su líder militar, Paul Kagamé -acusado de haber cometido matanzas étnicas antes y durante el genocidio- logró controlar la capital, con la huida del " Hutu power" y el FPR asumió el poder.

 

La transición fallida (julio 1994-agosto 2003)

Uno de los rasgos distintivos de la transición de Rwanda, comparado con el caso de otros países africanos en que los enfrentamientos armados concluyeron en la década de 1990, fue que el fin del conflicto no fue el resultado de un acuerdo de paz entre los beligerantes14, sino producto del triunfo militar del FPR. Esto incrementó las dificultades para restaurar el orden político, construir la paz y superar tanto las raíces del genocidio como su impacto negativo en la población local, dando paso a una sociedad profundamente dividida por su identidad étnica, por la impunidad, por la desigualdad socioeconómica y por los traumas por su relación con el genocidio (como victimas, victimarios o por su actitud pasiva).

Entre los problemas de este periodo cabe destacar los cuatro siguientes: la reconciliación, cuyos agentes dinámicos serían los grupos de la sociedad civil constituidos para ayudar, sanar y sostener a los supervivientes del genocidio (rescatados15); la estabilidad política y la unidad nacional, con la formación de un nuevo gobierno; la seguridad y el combate a la impunidad y en favor de la paz, con la rehabilitación del sistema jurídico y la reconstrucción de la economía (incluida la infraestructura), que comprendía los problemas derivados del regreso de miles de refugiados (retornados), casi siempre tutsi, de distintas diásporas y con distintas visiones del mundo.

A pesar de los problemas ocasionados por los daños materiales, las secuelas más graves del genocidio fueron las profundas heridas sociales que generó y que podrían desencadenar nuevas tendencias violentas. La reconciliación es un proceso complejo, que debe incluir la construcción de un sistema jurídico, la formación de nuevas identidades (basadas en conceptos de ciudadanía y derechos humanos) y la creación de condiciones políticas, económicas y sociales para corregir las graves injusticias sociales históricamente gestadas. Un punto medular debería haber sido la revisión de la versión oficial del genocidio, que posibilitara elaborar las memorias por los diferentes sectores de una sociedad dividida -para superar las condiciones que propiciaron el genocidio- como la forma de imaginarse como una sociedad nueva, tomando en cuenta la excepcionalidad de esa coyuntura.

En la transición surgió una nueva fractura, que afecta la relación de poder, a partir de dos formas opuestas y complejas de construir un sentido colectivo para el pasado, considerado como un mito y no como un hecho, para responder a intereses políticos, pero que en forma contradictoria coinciden en el intento de las elites de legitimar tanto su impunidad durante el conflicto como cierta forma de olvido del exterminio. Por un lado, la elite de los "vencedores" busca imponer la violencia del olvido del pasado para garantizar el anonimato y la impunidad del FPR, involucrado en crímenes de guerra y de lesa humanidad antes y durante el genocidio. Por otro, la elite de los "vencidos", percibiéndose como víctima, interesada en preservar la violencia de la memoria, para mantener vivo el recuerdo de la violencia antes del genocidio y estimular el odio y el sentimiento de venganza, y por último, como victimarios, la violencia de la negación, latente o explicita, del genocidio (los "negacionistas"16).

Entre estas dos formas de construir memorias colectivas -que serán legadas a las generaciones futuras- se desarrolla una dinámica negativa, que reproduce la violencia, dificulta el proceso de reconciliación y al mismo tiempo no combate la cultura de impunidad. Adquirió especial relevancia el proceso formal de transición, que debería aportar una solución ética para restaurar el tejido social, elaborada por la sociedad afectada, para enfrentar el dilema de cómo vivir con el recuerdo de las atrocidades sufridas o cometidas y sobre todo cómo lograr coexistir en la misma unidad política con el antiguo enemigo. La reconciliación como mecanismo para construir las memorias del pasado y la unidad nacional parecía vital en esta fase, sin embargo no se creó una comisión específica y quedó inserta en la lucha contra la impunidad que precedió al genocidio, a nivel interno mediante juicios a responsables genocidas y en la supresión de la pertenencia étnica en los documentos de identificación, pero se pasaron por alto tanto los crímenes de guerra atribuidos al FPR como el asesinato de miles de hutu17.

A la sombra del genocidio y del régimen posconflicto empezaron a surgir identidades cruelmente distorsionadas: el genocidio de los tutsi generó cierta cohesión hutu retorcida; la participación masiva de población rural rompió los lazos y estimuló la desconfianza entre hutu y tutsi; favoreció discursos excluyentes y extremistas y falsos referentes de identidad étnica18 y la autodefinición oficial de única "victima" de la comunidad tutsi, estimulando rencores y la percepción de exclusión de la comunidad hutu (que también fue "víctima"). A corto plazo quedó de manifiesto la inexistencia de una política oficial de reconciliación nacional.

El nuevo régimen articuló un discurso autoritario, basado en la reconciliación incluyente -como olvido del pasado- y en los derechos humanos, pero antepuso su concepción particular de estabilidad política, unidad nacional y de seguridad. Para superar estos problemas la nueva elite gobernante afirmó que era necesario el "enfoque participativo" para gobernar por "consenso" entre los líderes y la parte "iluminada" de la población -contraria al "obscurantismo" de las identidades étnicas-, debido a que las elecciones, el multipartidismo y la competencia agravarían el problema de la división de la sociedad e impedirían la unidad nacional. El "consenso" en la práctica implicó graves riesgos para la transición democrática, en contradicción con las libertades políticas y con el pluralismo, al fortalecerse el control político y reducirse el espacio público de critica y defensa de los derechos humanos, en detrimento de los intentos de reconstrucción de los grupos de la sociedad civil -algunos surgidos en la liberalización de 1991 a 1993-, de las organizaciones no gubernamentales nacionales, la prensa y la oposición política. La actividad de estos grupos era tolerada cuando sus demandas eran compatibles con la línea oficial del régimen, en caso contrario el recurso era la represión o la cooptación (ICG noviembre 2002, Reyntjens 2011).

La transición política comenzó en julio de 1994, con la creación del gobierno multiétnico, multipartidista -compuesto de una coalición de ocho partidos, incluido el FPR- y de unidad nacional, pero al argumentar que se debía evitar el "divisionismo" se limitó la actividad política. El Foro de Partidos tenía como finalidades controlar y coordinar las actividades partidistas, prohibir las reuniones políticas e invalidar la posibilidad de un espacio para la sociedad civil. Esto se tradujo en el monopolio del poder por el FPR, que para legitimarse presentó los AA como fundamento del gobierno, pero los Acuerdos habían sido previamente modificados unilateralmente al crearse una presidencia ejecutiva fuerte, rediseñarse la composición de la Asamblea Nacional de Transición (ANT) y más tarde (1999) al extenderse el periodo de la transición y postergarse las elecciones para 2003. Las enmiendas fueron una pieza sutil de "ingeniería constitucional" para enmascarar el dominio político del FPR (Reyntjens 2004: 178).

El gobierno agrupó lo que había quedado de las principales fuerzas políticas (Reyntjens 2006: 1105). El FPR se atribuyó ocho cargos, originalmente asignados al partido de Habyarimana, y el gobierno quedó integrado por 21 políticos civiles, nueve de pertenencia étnica tutsi y 12 hutu, incluidos el presidente y el primer ministro (los hutu moderados P. Bizimungu y F. Twagiramungu19). Los cargos de vicepresidente y ministro de defensa fueron asumidos por el verdadero hombre fuerte del régimen y líder militar del FPR, Paul Kagamé. La mayoría de los cargos de autoridad, tanto en el sector público como privado, fueron asignados a tutsi cercanos al FPR.

En el discurso oficial, la "nueva Rwanda" sería producto de reformas políticas y económicas basadas en el "enfoque participativo", de acuerdo con el cual la población y los dirigentes deberían participar conjuntamente en la transformación del país, para superar los efectos nocivos de regímenes anteriores y "emancipar" del "obscurantismo" al pueblo, para que pudiera ejercer libertades civiles y políticas. Este enfoque partía de la percepción de que los políticos, antes de la llegada al poder del FPR, eran inmaduros e irresponsables y por lo tanto el "otorgamiento" de libertades públicas debía estar condicionado al cambio de las mentalidades políticas, con el abandono de los fundamentalismos étnicos que habían desencadenado el genocidio.

El mito de la inclusión étnico-política se derrumbó y el cambio de mentalidades permitió subrayar que los dos grandes grupos étnicos no son monolíticos, con la génesis de nuevas fracturas al interior de esos grupos. El cambio fue convertido por el régimen en motivo para excluir a los hutu (con diplomas universitarios), a personas que no se ajustaban a sus lineamientos e incluso a tutsi rescatados, algunos debido a que al no ser angloparlantes eran "ciudadanos de segunda", mientras que otros rescatados (conocidos como revisionistas) acusaban al FPR de haber prolongado la guerra civil. A pesar de que en las filas del FPR había hutu y del descontento de algunos tutsi, el FPR "servía para mantener a una pequeña elite tutsi en el poder" y sus estrategias tenían por finalidad que una minoría de naturaleza étnica y política "resista a los potenciales desafíos". A nivel internacional se consideraba necesaria cierta "tolerancia" ante la tendencia autoritaria del régimen que intentaba el gran reto de reconstruir un país física y éticamente devastado (Reyntjens 2004: 179; Reyntjens 2006: 1110).

Un problema sensible en esa fase, que tuvo consecuencias negativas para la transición, fue el de la seguridad. El brazo armado del FPR asumió de facto las funciones del ejército nacional (Ejército Patriótico Rwandés, APR). Tanto los servicios de inteligencia como el APR se convirtieron en pieza clave para ejercer un control estricto sobre la población, en una situación casi permanente de guerra. Con el respaldo de un elevado gasto militar (25% del presupuesto nacional), el APR recurrió a la violencia para someter a la disidencia. En el plano interno las principales amenazas eran la población hutu que había permanecido en el país, casi siempre en calidad de desplazada internamente; las voces en favor de la democracia y la existencia de refugiados hutu, que aunque por lo general residían en la zona fronteriza de Zaire (hoy República Democrática del Congo, RDC) eran percibidos como una amenaza debido al número de nuevos refugiados (más de un millón), entre los cuales había ex integrantes del "Hutu power". En 1995 se inició el cierre por la fuerza de campos en que habitaba la población internamente desplazada y miles de personas fueron reubicadas en aldeas monitoreadas. Al desertar, el antiguo jefe de inteligencia del FPR denunció que el régimen había llevado a cabo matanzas deliberadas de población hutu: entre julio de 1994 y julio de 1995 fueron asesinados 312,726 miembros de esta etnia (Umutesi 2006: 157).

Entre 1994 y 1996 en la zona fronteriza proliferaron grupos opositores al régimen, integrados por antiguos miembros del ejército y de los grupos paramilitares del derrocado gobierno hutu. Desde 1995 se registraron dos intentos infructuosos por presionar el regreso de los refugiados rwandeses desde países vecinos, llevados a cabo por un lado por el gobierno rwandés y, por el otro por el régimen zaireño, que aplicó un programa de repatriación forzosa (expulsión). Antes de esos dos intentos se dio a conocer la investigación de un experto que sostenía que Rwanda no reunía las condiciones mínimas para repatriaciones masivas, sobre todo porque las matanzas de hutu no eran actos aislados.

En 1996 el gobierno rwandés proporcionó armamento y reavivó discursos de exclusión étnica entre los habitantes de la región oriental de Zaire, de origen tutsi-rwandés, con el fin de mantener viva la sensación de víctimas en matanzas anteriores al genocidio. Se destruyeron campos de refugiados hutu ubicados en la zona fronteriza y aunque muchos lograron huir, murieron unos 200 mil. De acuerdo con fuentes independientes y comités de investigación de las Naciones Unidas, se trató de actos genocidas (Umutesi 2006: 158; Reyntjens 2006: 1111-1112) pero aunque en forma esporádica, los ataques hutu se reanudaron. Entre 1997 y 1998 logró resurgir la guerrilla hutu en suelo rwandés. Poco después se creó en el exilio una gran coalición hutu, conocida como Igihango (Pacto de sangre), que reunía a antiguos miembros del "Hutu power" y a rescatados del genocidio.

La respuesta gubernamental fue la represión y el incremento del control de los políticos, de la sociedad civil -infiltrando en sus filas a agentes de los servicios de inteligencia- y del espacio público. En 1995 comenzó el hostigamiento de la elite hutu, internamente dividida por su relación frente al sistema. Algunos sus miembros habían decidido colaborar con el régimen, pero otros lo rechazaban y fueron acusados de "negacionismo", amenazados e incluso físicamente eliminados. La dirigencia del único partido que intentó debatir decisiones del FPR fue desarticulada y algunos de los escasos líderes hutu que formaban parte del APR o del gobierno -incluido el primer ministro Twagiramungu- desertaron y abandonaron el país. Salieron al exilio políticos, jueces, burócratas de alto rango, diplomáticos, militares, periodistas y líderes de la sociedad civil.

En una segunda ola de salida al exilio, a partir del 2000, uno de los hechos más significativos fue la renuncia del presidente Bizimungu, quien en 2001 fundó un nuevo partido, prohibido casi de inmediato; en abril de 2002 fue arrestado y acusado, entre otros delitos, de actividad política ilegal20. Esa coyuntura permitió observar señales de tensión al interior de la comunidad tutsi, entre las que cabe mencionar la deserción de altos funcionarios tutsi del FPR y del ejército; la imposibilidad de expresar críticas, las dificultades estructurales de una economía que carecía de capacidad para absorber a los retornados o lograr la prosperidad en un periodo razonable y el sentimiento de ser marginados por su propia gente. Además, se produjeron tensiones entre los retornados procedentes de diásporas distintas de la ugandesa, que concentraba el poder político y económico y entre tutsi rescatados, partidarios del revisionismo. Poco después de la renuncia de Bizimungu, el gabinete y los miembros de la ANT eligieron presidente de la República a Paul Kagamé, quien en esa época mantenía una estrecha relación con el jefe de Estado ugandés, rota tiempo más tarde, la que posteriormente se rompió.

La salida al exilio, tanto de tutsi como de hutu moderados, puso de manifiesto su pluralidad, complejidad e incremento, al mismo tiempo que la debilidad de la oposición externa y su fragmentación. Entre 1996 y 2001 surgieron por lo menos 15 grupos opositores en el exilio, pero algunos desaparecieron casi de inmediato, la gran mayoría quedaron desarticulados al final de la fase de transición y solo unos cuantos pudieron mantenerse21. Entre 1998 y 2000 surgieron diferentes grupos rebeldes hutu en la frontera con la RDC, que aunque no tenían estructura política contaban con el apoyo del gobierno congoleño, efímero aliado de Kagamé.

Poco después de formado el primer gobierno posconflicto, la reforma de las instituciones públicas marcó las principales tendencias de las relaciones entre el régimen y la sociedad civil durante la transición: al no existir consultas populares surgió un sistema político cerrado, intolerante de las críticas incluso al interior de sus filas, en que la mayoría hutu tenía una representación simbólica y carecía de poder político real, operaba con un alto nivel de secretismo y suspendió las actividades políticas. Esto se tradujo en una confianza mínima de la sociedad civil en el gobierno y en un alto nivel de tensión étnica, tanto entre los dos grupos principales como al interior de estos.

En el plano interno, las frágiles organizaciones no gubernamentales denunciaron en vano la situación de los hutu rescatados: pobreza, falta de representación significativa en el gobierno, manipulación por motivos políticos tanto de las listas de los sospechosos genocidas como de los expedientes de hutu involucrados en el genocidio. En el 2000, una ley de asociaciones garantizó el control oficial de las actividades de la sociedad civil y otorgó al ejecutivo el poder de suspender en cualquier momento y discrecionalmente una asociación. Estas debían documentar sus actividades ante las autoridades (a petición de estas) y si pretendían investigar actos cometidos por agentes del Estado que pudiesen constituir violaciones de derechos humanos, podían ser prohibidas (ICG noviembre 2002).

Al inicio de la transición hubo una aparente apertura de los medios de información, con la creación de dos periódicos y una agencia privada de prensa independiente, cuya actitud contrastaba con los medios controlados por el gobierno debido a que denunciaban problemas como la corrupción de la elite dominante. Pero por diversos motivos -presiones del gobierno sobre los periodistas, prohibiciones, dificultades económicas debido a la falta de anunciantes- estos medios independientes desaparecieron unos años después (ICG noviembre 2002).

La situación posconflicto atrajo la atención y el flujo de recursos internacionales, convirtiendo a Rwanda en un "donor darling" (Marysse, Ansoms y Cassimon, cit.pos. Reyntjens, 2011). En una reunión realizada en Ginebra (1995) se acordó otorgar 600 millones de dólares estadounidenses en ayuda bilateral y multilateral, pero sin voluntad política para detener el deterioro de los derechos humanos el régimen optó por la ayuda no condicionada de los "Amigos de la Nueva Rwanda" (Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda, entre otros), a los que sin conocer mucho la realidad del país no les preocupaba la situación de los derechos humanos, identificaban al régimen con la pacificación del país y en cierta medida se sentían culpables por no haber hecho nada para detener el genocidio.

El nivel de destrucción física en Rwanda era profundo, generado por 30 años de regímenes corruptos -en que se había deforestado gran parte de los bosques tropicales- y por la guerra. El costo de la destrucción se calculó en mil millones de dólares estadounidenses. La ayuda internacional fue destinada a la reconstrucción física y del tejido social, con la participación de diversas organizaciones no gubernamentales internacionales y de la Organización de las Naciones Unidas, con especial énfasis en la promoción del respeto de los derechos humanos y en el tratamiento médico-psicológico de las personas afectadas por la violencia.

El gobierno anunció programas para promover la construcción de la paz mediante la rehabilitación del sistema de justicia para enjuiciar a los responsables del genocidio y combatir la impunidad del viejo régimen. Se detuvo a unos 70 mil hutu acusados de haber participado en el genocidio (Longman 2004). Casi de inmediato la justicia asumió un carácter politizado, con el establecimiento de dos niveles de tribunales: el internacional y el nacional, cada cual con dos instancias distintas.

A finales de 1994 las Naciones Unidas establecieron el Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR) en Arusha, Tanzania, para juzgar a genocidas con un número extraordinario de casos -planificadores del genocidio y políticos y militares acusados de crímenes graves- y propiciar la reconstrucción política, investigar los mecanismos que desencadenaron el genocidio y favorecer el vínculo entre la sociedad civil y los procesos judiciales mediante la presencia en el TPIR de representantes de asociaciones de rescatados y de derechos humanos. Sus trabajos, iniciados en 1995, deberían haber concluido en 2008, pero fueron prolongados hasta 2010 debido, entre otros aspectos, al gran volumen de expedientes.

Al principio, el gobierno de Rwanda apoyó el TPIR, pero cuando se percató de que tendría su sede en terreno neutral, estaría integrado por jueces y abogados internacionales, no tendría jurados, se basaría en el derecho internacional y estaría facultado para decidir qué casos serían juzgados, se opuso a su formación, afirmando que no representaba los intereses de las víctimas del genocidio. A partir de esto las relaciones entre el TPIR y el gobierno fueron tensas: el régimen de Rwanda se negó a cooperar y obstruyó los juicios en Arusha, impidió la asistencia de testigos rwandeses y aseguró la impunidad en sus filas, rechazando la legitimidad de investigaciones especiales sobre crímenes graves cometidos por el APR y ninguno de sus miembros fue sometido a juicio.

Aunque el TPIR contaba con un presupuesto anual de las Naciones Unidas, careció del apoyo financiero complementario requerido por la magnitud de su tarea. Debido a la actitud del gobierno, la población del país no tuvo conocimiento de la labor del TPIR y este no tuvo un impacto positivo en la reconstrucción. Los casos importantes eran difundidos por la televisión internacional, pero en el país africano muy poca gente tenía televisión y la prensa local no tenía capacidad para informar de sucesos acontecidos fuera del país. El TPIR tuvo problemas para asumir la multiplicidad de casos y aunque intentó acelerar los procesos, la primera sentencia solo fue en diciembre de 2006. Las condenas iban desde prisión perpetua hasta la declaración de inocencia y cuando no había suficientes elementos rigurosamente probados para ser condenados, la puesta en libertad. En algunas oportunidades esto provocó protestas de organizaciones defensoras de las víctimas cuando se liberó a posibles victimarios.

A nivel nacional, se establecieron dos tipos de tribunales con jueces, abogados e investigadores policiacos locales: primero los tribunales del Estado y más tarde22 se dio a conocer el proyecto de "justicia transicional más ambicioso del mundo" para desarrollar "justicia masiva para atrocidades masivas" (Rettig 2008: 25, 26), al restablecerse el sistema tradicional de justicia restauradora conocido como gacaca ("justicia desde la base"), enraizado en la cultura local, que existió antes y durante la colonización y que en la era posconflicto sometería a juicio a la gran mayoría de los acusados de genocidio.

Los tribunales del Estado fueron superados por el exceso de inculpados, registrándose la densidad de población carcelaria más alta del mundo. Aunque la capacidad del sistema de justicia era limitado y solo podía procesar mil casos al año, llegaron a registrarse 140 mil presos, a veces con evidencias escasas o nulas: entre 1996 y 2004 solo habían sido sometidos a juicio 7 mil casos. Estos tribunales han sido objeto de críticas, tanto internas como internacionales de defensores de los derechos humanos debido a que han impuesto la pena de muerte y se afirma que en general las sentencias han asumido un carácter étnico, puesto que básicamente han enjuiciado y condenado a miembros de la etnia hutu, lo que derivó en una forma amarga de justicia de los vencedores.

En cuanto a la segunda instancia, en el plano histórico la institución gacaca se basaba en la participación de las comunidades locales en la solución de los conflictos, subrayaba la justicia reparadora y restauradora de la armonía en la comunidad y carecía del sentido occidental de justicia punitiva. Las gacaca nacían en la base social y estaban integradas por ancianos (hombres), seleccionados por sus comunidades, funcionaban sobre todo para resolver disputas familiares y el acusado debía reparar el daño provocado.

El sistema actual y la institución histórica son cualitativamente diferentes. En su nueva versión, las cortes gacaca empezaron a funcionar en más de más de 9 mil comunidades, oficialmente para contribuir a la verdad, la justicia y la reconciliación. Aunque conservan elementos restauradores, pueden castigar a genocidas y, comparadas con su forma histórica, son más formales y complejas, nacen en la cúspide (en el gobierno) y no son un proceso orgánico de base (Rettig 2008). Se componen de jóvenes, ancianos, mujeres y hombres. Los jueces ya no son los ancianos de la comunidad, sino personas elegidas con base en su integridad. Estas cortes debían satisfacer la necesidad de enjuiciar a miles de presos, ante la imposibilidad de que los tribunales de Estado pudieran hacerlo.

Casi de inmediato surgieron problemas importantes: falta de defensores y de otras formas de protección para los acusados. Los jueces recibieron una capacitación insuficiente para lidiar con problemas delicados y no se exigía que supieran leer y escribir. El temor a las represiones impedía los testimonios libres23; y quedaron fuera de su jurisdicción las matanzas de población civil hutu cometidas por miembros del FPR y tomando en cuenta que estos tribunales abordarían casi un millón de casos, se temió que se impusiera una culpa colectiva a la mayoría hutu. Rettig sostiene que lo más preocupante para un sistema de justicia participativa era que a veces la población no asistía a los juicios y las autoridades llegaron a obligar su presencia. Las cortes gacaca están sometidas a un severo control gubernamental.

Con el fin de la guerra fue surgiendo un nuevo tejido socioeconómico complejo. Por un lado, más de la mitad de la población abandonó el país o estaba internamente desplazada, y por lo menos del 10 al 13% de la población perdió la vida; por el otro, a corto plazo entre 800 mil y un millón de personas regresaron del exilio, reclamando casas, sus antiguas tierras agrícolas (a veces abandonadas 35 años antes) y empleos. Esta situación generó presiones sobre la tenencia de la tierra y el gobierno tenía que proporcionar vivienda e integrar en la sociedad y en la economía a sectores diversos, procedentes de diásporas distintas (Hoyweghen 1999). Algunos profesaban religiones cristianas prácticamente nuevas en la escena local y su formación laboral era diversa y a veces altamente profesional, lo que dificultaba su inserción en una economía eminentemente agrícola, sin industrias y sin un autentico sector privado.

En la fase de la transición el gobierno fue restructurado en varias ocasiones, a veces como producto de fracturas internas. Con la restructuración de 2000 el gobierno dejó de ser un símbolo de unidad nacional, con el predominio del FPR y de los tutsi en un país en el que casi el 90% de la población es hutu. De los 168 funcionarios importantes, el 75% pertenecían al FPR o al APR y el 70% era tutsi (Reyntjens 2006: 1110).

A principios de la década de 2000 el gobierno inició un proceso de democratización, con elecciones locales que fueron cuestionadas por distintas organizaciones no gubernamentales debido a las irregularidades del proceso24. Sin participación de partidos políticos, funcionó la "maquinaria electoral" del FPR.

Durante la transición la tensión se mantuvo latente, pero el régimen logró incrementar el control interno, se redujo la violencia ejercida por el APR sobre y se produjo una mejora relativa respecto de algunos derechos humanos, debido entre otras razones al cambio de la estrategia gubernamental, a raíz de lo cual las matanzas se hicieron menos frecuentes y se optó por la represión selectiva. Sin embargo, a partir de 2001 de nuevo se deterioró la libertad de prensa y poco tiempo después, con la entrada en vigor de una nueva ley, quedó totalmente bajo la tutela del Alto Consejo de Prensa. Este carece de independencia frente al régimen ya que su estructura, organización y funcionamiento son determinadas por la presidencia y en caso de cometerse una infracción de las leyes vigentes -que prohíben cualquier acto considerado genocida- serían penalmente responsables desde el director de la publicación hasta los vendedores de periódicos.

Al final de la transición -a pesar de que las libertades cívicas y democráticas estaban limitadas- entre el miedo y la autocensura seguían existiendo las organizaciones de la sociedad civil. El FPR concentraba gran parte del poder político, militar y económico, sin permitir críticas ni disidencias, incluso entre sus filas. La creciente desconfianza entre los retornados de las diferentes diásporas tutsi se tradujo en un clima de complot permanente y un gran temor de que la violencia a corto plazo era inevitable.

Según lo estipulado en los AA, a fines de 2001 se creó una comisión constitucional, presidida por uno de los ideólogos del FPR y compuesta por diez miembros nominados por la ANT. El proyecto de constitución, después de un año de consultas en que no se permitió el debate, fue sometido a referendo popular y en mayo de 2003 fue aprobado por más del 90% de la votación, que es obligatoria. Es difícil afirmar que la población rural, mayoritaria, tuviese la opción de diferir respecto de las decisiones adoptadas por el régimen. Se afirma que la Constitución de 2003 fue diseñada para prevenir otro genocidio, ya que se prohíbe la incitación del odio étnico y el espacio político está reglamentado por ley e incluye un órgano de control de las actividades políticas (Foro de Organizaciones políticas).

Ante la proximidad de las elecciones generales, en 2003, en el régimen había un gran temor de que el electorado, predominantemente hutu, no apoyara al FPR. Por esta razón, se intensificó el control sobre la población: las ONG defensoras de derechos, el último periódico independiente y el principal partido opositor fueron acusados de "divisionismo" y la ANT recomendó prohibirlos. La sociedad civil, inmovilizada, carecía de autonomía y el régimen había intimidado o cooptado a sus principales dirigentes.

 

La "democracia de fachada" y la amnesia del pasado (2003-2014)

Esta fase está marcada por la celebración de dos elecciones generales, la primera en 2003 y la segunda en 2010. Para el régimen el principal objetivo de las elecciones era legitimarse internacionalmente, proyectando la imagen de un país que había logrado una transición exitosa, con elecciones libres, prueba de que habían cambiado la naturaleza del sistema y el ejercicio de poder.

La Constitución de 2003 instituyó un sistema político presidencial fuerte y oficialmente multipartidista. El poder ejecutivo quedó integrado por el presidente -jefe de Estado electo por voto popular por un periodo de siete años, que puede ser reelegido para un segundo mandato- y por el primer ministro (jefe del gobierno que encabeza al Consejo de Ministros, nombrado por el presidente). El parlamento es bicameral, con un senado de 26 integrantes por un periodo de ocho años y una cámara de diputados de 80 asientos y cuyo mandato dura cinco años25.

Las elecciones generales de 2003 -y más tarde las de 2010- fueron secundadas por importantes restructuraciones del gabinete. En términos oficiales, estas elecciones han sido decisivas para el proceso de normalización política del régimen. En la primera de ellas los resultados fueron favorables al FPR, cuyo líder P. Kagamé -que ganó con un 95% de los votos- continuó en el poder, pero convertido en Jefe de Estado electo y civil. Defensores de derechos humanos y observadores internacionales, en especial de la Unión Europea, denunciaron irregularidades, campañas de intimidación y actos que podrían constituir fraude electoral. Con excepción de un partido político -cuyo candidato no fue reconocido y rechazó los resultados- y de los candidatos independientes -que no pudieron presentarse en pie de igualdad frente al FPR y además fueron descalificados antes de la votación- no hubo una verdadera oposición, debido a que los demás partidos políticos apoyaron la candidatura de Kagamé (lo que explica el alto porcentaje de votos en su favor).

El nuevo gobierno quedó integrado por una alianza de seis partidos, dominada por el FPR, aunque como símbolo de la unidad nacional 13 de los 18 ministros del gabinete fueron ocupados por hutu. La gran mayoría de los miembros del parlamento electos indirectamente eran simpatizantes o miembros del FPR. La elección de 2003 marcó el inicio de un régimen hibrido electoral, con la tendencia hacia la consolidación de la "democracia de fachada".

La ley de cortes gagaca tuvo al menos cuatro reformas. A partir de 2008, cuando los acusados confiesen pueden pagar la mitad de su sentencia realizando servicios comunitarios; los que no confiesen corren el riesgo de ser condenados a prisión perpetua. Debido a que muchas veces se sospecha que las confesiones de los acusados son incompletas, a menudo las sentencias imponen largas condenas de prisión, lo que acentúa la percepción de que la justicia asume el carácter de venganza contra los vencidos.

Una de las consecuencias de las elecciones de 2003 fue, salvo contadas excepciones, el debilitamiento de la oposición en el exilio, sobre todo de una plataforma difusa que intentaba unir los esfuerzos interétnicos contra el régimen del FPR. Ante la imposibilidad de lograr una oposición interna que fuese una alternativa real al dominio del régimen, en el exilio resurgieron las diferencias étnicas y regionales y las luchas de poder entre líderes.

Estas fracturas de la oposición en el exilio fortalecieron la posición política y militar del gobierno, que subrayaba que el pasado reciente demostraba que la democracia exigía cierto grado de control para evitar que hubiese nuevas expresiones de violencia. Este argumento, se afirma, justifica la mano dura para imponer el principio de ley y orden, que puede garantizar el bienestar social.

En los primeros años después de las elecciones de 2003 mejoró la seguridad interna. Con el despliegue de patrullas nocturnas disminuyeron los delitos menores. En ese momento parecía avanzar un programa de reubicación de la población rural, lo que implicaba la ampliación del control en las aldeas. Denunciado como violatorio de los derechos humanos por diversas ONG, era apoyado por donantes internacionales. Sin embargo, pocos años después el programa fracasó, en parte debido a la rebeldía de jóvenes pobres por la severidad de las medidas de control. Kagamé siguió insistiendo en el cambio de mentalidad, afirmando que el problema era que la gente no aceptaba que el progreso exige disciplina, trabajo duro y aumentar sus expectativas.

En la década del 2000 el gobierno recibió ayuda internacional por unos 500 millones de dólares anuales, pero un controvertido informe de las Naciones Unidas reveló que 10% de ese monto había sido destinado a gastos de defensa y seguridad interna. En 2007, en un documento de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, Rwanda ocupaba el primer lugar, entre 173 países, por el porcentaje del presupuesto dedicado a gastos militares, que ascendía al 13.30%.

Ante la proximidad de las elecciones de agosto de 2010, diversas ONG expresaron su preocupación por el incremento del hostigamiento de líderes de partidos opositores e integrantes de la sociedad civil y pidieron a las autoridades que se les asegurara la libertad de acción y de expresión. El problema aumentó con la formación de nuevos partidos de oposición. Poco antes de las elecciones, con diversos argumentos se impidió el registro de los principales partidos opositores26, se cerraron periódicos independientes de reciente creación y algunos altos funcionarios salieron al exilio.

Algunas ONG internacionales afirmaron que las elecciones del 2010 serían una buena oportunidad para que el gobierno demostrara su compromiso con la libertad de expresión, asociación y reunión, pero ello no sucedió. Se registraron actos violentos antes y después del proceso electoral, con pérdida de vidas27.

En esas elecciones Kagamé fue reelegido para un segundo -y constitucionalmente ultimo- periodo en la presidencia, nuevamente por un alto porcentaje de votos en su favor (el 93% de de los sufragios emitidos). En medio del ambiente de triunfo se publicó una investigación de las Naciones Unidas, dirigida por el reconocido académico F. Reyntjens, en la que se afirma que había evidencias de que Kagamé y el FPR habían cometido crímenes de lesa humanidad (Sommers 2012). Las elecciones fueron monitoreadas por misiones africanas de observadores28, que informaron que el proceso había sido pacífico y democrático, pero que la oposición era demasiado débil para competir en condiciones de igualdad frente al FPR, recomendaron promover la actuación de un periodismo activo y responsable en los procesos electorales y favorecer la participación de la sociedad civil.

El gobierno se comprometió a excluir la pertenencia étnica como criterio de identificación. Se prohibieron los discursos vinculados con la cuestión étnica y las prácticas orientadas a estimular el odio entre grupos étnicos. Se promulgó una ley -apoyada por amplios sectores de la sociedad- que condena todo discurso, declaración escrita o acción que provoque un conflicto que pueda degenerar en revuelta. El FPR rechazó cualquier factor de identificación con la elite tutsi. Uno de los ideólogos del FPR afirmó que el ejercicio del poder se basaba en el mérito y la competencia internacional (Reyntjens 2004: 187). El jefe de Estado se autodefine simplemente como rwandés. Sin embargo diversos estudios sostienen que hay una gran diferencia entre el discurso oficial y la realidad, tomando en cuenta que la elite política y económica es casi exclusivamente tutsi y cercana al FPR.

El "monopolio de la verdad" -con fines políticos- elaborado por ideólogos del régimen, comprende una forma de memoria del genocidio y de la historia oficial para olvidar los crímenes de lesa humanidad: una narrativa de unidad anterior a la colonización, de una sociedad armoniosa y pacífica durante siglos, en cuyo contexto el colonialismo belga y la iglesia católica introdujeron la variable étnica para dividir y gobernar a la población local (2012, "From Massacres to Miracles. A conversation with Paul Kagame, President of Rwanda"). Con el actual régimen adquirieron fuerza ideas tales como la reconstrucción, la liberalización del mercado y el acceso a la educación y a la igualdad y perdieron impulso la construcción de memorias del genocidio, la participación de la sociedad civil y la reconciliación nacional. Desapareció lentamente el pasado, para dejar espacio únicamente a un futuro promisorio.

En años recientes han surgido diferentes grupos armados hutu, muestra de la desunión de la oposición, pero varios de ellos tienen capacidad para continuar con los ataques armados provocando muertes, aunque en baja escala29. En las informaciones publicadas en los primeros meses de 2014 (ARB) ya no figuraba gran parte de los grupos opositores en el exilio que operaban hasta 2004 y es probable que se hayan desarticulado. El gobierno culpa de ataques recientes a grupos identificados con el "Hutu power" que residen en la RDC y que según documentos capturados por la policía tienen como objetivo derrocar al gobierno, pero esta acusación -"divisionismo"- suele aplicarse contra la disidencia. En principio, para enfrentar posibles ataques internos, aunque no podría descartarse el temor ante posibles amenazas no rwandesas, la policía formó un contingente especial para manejar la seguridad interna y para actuar contra terroristas, por ejemplo en actos masivos.

El gobierno ha intentado disminuir la atención en el tema de la seguridad, pero es indudable que sigue siendo un tema relevante. Hace unos años corrieron rumores de un intento de golpe de Estado. Aunque sin confirmación, este hecho habría revelado que la existencia de un ejército demasiado grande para las dimensiones del país podría afectar la estabilidad. En el marco de un proceso de reforma del sector de seguridad y de desarme, desmovilización y reintegración fueron dados de baja por lo menos unos 60 mil soldados -posibles ex guerrilleros del FPR- para substituirlos por militares profesionales, que en principio no tienen ambiciones políticas. Para facilitar su reinserción en la vida civil, estos ex combatientes cuentan con un fondo, con financiamiento externo, principalmente del BM, en lo que oficialmente se explica como un "esfuerzo de paz", pero que en realidad es una fórmula hibrida de paz, negativa y conservadora (Wilén 2012).

En 2013 la cámara de diputados aprobó, sin oposición, una enmienda a la ley contra la "ideología genocida", criticada debido a que puede limitar la libertad de expresión y suprimir la oposición. La ley original, de 2008, ya había sido cuestionada debido a la vaguedad de sus términos. De acuerdo con la enmienda, la "intención criminal" debe ser probada, mientras que un acto para incitar al genocidio debe ser llevado a cabo frente a más de una persona. La ley prevé que solo será castigado un "acto intencional" llevado a cabo en público y caracterizado por "pensamientos basados en la etnicidad, religión, nacionalidad o raza para fomentar el genocidio y/o apoyar el genocidio".

Algunos países donantes (Japón, Bélgica) han intentado presionar al régimen de Kigali para dialogar con la oposición en el exilio, pero el régimen reacciona con enojo, afirmando que nunca negociará con genocidas. En 2005 el Banco Mundial realizó un estudio sobre los factores determinantes de la pobreza -que incluía Rwanda- una de cuyas variables era la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones. Las fuerzas de seguridad de Rwanda incautaron la información recopilada, afirmando que el estudio estaba basado en "ideología genocida" y el Banco Mundial excluyó a Rwanda del estudio. En 2006 el Programa Mundial de Alimentos de las naciones Unidas publicó un informe que afirmaba que 300 mil rwandeses necesitaban ayuda alimentaria de urgencia, debido a la hambruna que azotaba la región. El gobierno afirmó que era una falsedad destinada a destruir a Rwanda. En 2008 un juez español, integrante del TPIR, emitió una orden de arresto por crímenes de lesa humanidad contra 40 funcionarios del FPR y el gobierno de Kigali nuevamente reaccionó con enojo (Reyntjens 2011).

A nivel internacional Kagamé es reconocido como un visionario modernizador, como ejemplo a seguir por otros países africanos, debido a que sabe manipular hábilmente el denominado "genocide credit": mantener el estatuto de "victima" y garantizar su impunidad, debido a que es la fuerza pacificadora del país, que ha sido capaz de restablecer el gobierno civil y evitar las secuelas del genocidio. Esto ha creado un clima de aparente tranquilidad en el plano interno, favorable para atraer a inversionistas externos. Como resultado de la abundante ayuda externa, en especial de Gran Bretaña y del Banco Mudial, la economía registra ritmos importantes de crecimiento, sobre todo en comparación con otros países africanos.

El régimen de Kagamé, cuestionado por organismos internacionales y por la gran mayoría de los académicos especializados en Rwanda debido a su naturaleza autoritaria y a la sombra del genocidio, se apoya en dos cartas fuertes. Por un lado, ha sabido manejar con éxito el denominado "genocide credit", sin importar los medios. Por el otro, ha demostrado gran habilidad para aplicar la estrategia de un nuevo modelo de desarrollo, comprometida con el impulso del minúsculo sector privado interno como motor del desarrollo. La estrategia implica construir una red global de poderosos amigos internacionales para estimular un sector privado moderno de la economía (promoción de la inversión extranjera y creación de un sector privado interno) e identificar a su país como el "Gorila africano del siglo XXI", tomando como ejemplo a Singapur, mediante la aplicación de un régimen de mano dura que, aunque impugnado por su falta de democracia, cuenta con el beneplácito de los principales países occidentales. Rwanda ocupa el octavo lugar en una lista del Banco Mundial de los lugares del mundo en que es más fácil iniciar un negocio.

Kagamé ha logrado establecer relaciones con magnates, asesorado "desde la sombra" por el antiguo primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair, quien organiza sus viajes internacionales, muchas veces presentados como "visitas privadas", en las cuales Kagamé se reúne con funcionarios de grandes consorcios internacionales (Chu 2009; Reyntjens 2011).

En 2007, Kagamé estableció el Consejo Consultivo Presidencial (PAC por sus siglas en inglés) para asesorarlo en diversos temas (ciencias, telecomunicaciones, economía), destacando su labor de atracción de capitales foráneos. El PAC es una instancia de alto nivel que tiene bajo perfil político. Lo Integran 16 personas (solo seis de ellos son rwandeses y uno solo tiene inversiones considerables en ese país): altos funcionarios de compañías privadas extranjeras, académicos e incluso un clérigo evangélico (Chu 2009; Reyntjens 2011).

A lo largo de 20 años en el poder, el régimen se ha mostrado incapaz de soportar las críticas, incluso al interior de sus filas. Este rasgo es especialmente notable en Paul Kagamé: calificado como "the Darling dictator" (Sommers 2012; Wilén 2012)), ha recibido títulos honoríficos, en especial en Estados Unidos, debido a que se considera que ha conducido de manera notable el proceso de recuperación, con el crecimiento económico sostenido del PNB, en cuyo contexto juegan un papel relevante las inversiones privadas y la ayuda externa. Dos grandes compañías trasnacionales -Cotsco y Starbucks- compran la cuarta parte del café rwandés de alta calidad.

El régimen ha logrado mantener la ayuda externa en niveles altos, con pocas condiciones y además selecciona sus fuentes de ayuda. Un renglón importante es la reforma del sector de seguridad, que aunque es financiado por donantes internacionales, es un proceso nacional de "paz hibrida", que comprende una reforma amplia de todos los sectores vinculados con la seguridad, incluidos los privados. En el sector militar, su principal socio son las Naciones Unidas, que de facto contribuyen con el 70% del presupuesto de defensa (Wilén 2012). En 2013 el gobierno obtuvo 28 millones de dólares del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para apoyar seis programas de la estrategia nacional para combatir la pobreza, como parte de un plan de asistencia al desarrollo de las Naciones Unidas por un monto total de 400 millones de dólares para el periodo 2013-2018.

En los últimos 20 años se han incrementado los servicios de salud y de educación, ha disminuido el porcentaje de pobres (de 57% entre 2005-2006 a 45% en 2010-2011), ha mejorado la posición de las mujeres en la sociedad y en la política y ha surgido un pequeño sector moderno de la economía. Pero el efecto modernizador solo ha beneficiado a algunos grupos, principalmente urbanos, en un país que registra el nivel más bajo de concentración urbana en África (el 6% de la población).

Rwanda sigue siendo un país pobre. El ingreso per cápita del 45% de la población es inferior a un dólar diario. Tiene uno de los índices de densidad de población más altos del mundo. Debido a la falta de datos es difícil determinar la relación entre desigualdad y pobreza, pero entre 1985 y 2000 pasó de ser un país con baja desigualdad a uno con alta desigualdad (Ansoms 2006: 502). Con excepción del 20% de la población -que tiene ingresos altos- han disminuido el consumo y los ingresos en promedio.

 

A Manera de Conclusión

El contexto histórico anterior al estallido del genocidio permite apreciar que no existía la posibilidad de una solución democrática para la guerra civil. La polarización de la sociedad era extrema, con un régimen autoritario caracterizado por la impunidad, las prácticas de exclusión, la politización de las identidades étnicas y la violencia generalizada. Esos antecedentes han sido básicos para comprender la naturaleza de la transición y del actual régimen, de "democracia de fachada".

Sin desconocer los avances logrados en el periodo 1994-2014, los argumentos expuestos en este artículo -que no pretende ser exhaustivo- permiten afirmar que la transición fue fallida y ha tenido por resultado un régimen hibrido, entre cuyos rasgos distintivos destacan la celebración de elecciones desde 2003 y la ausencia de mecanismos que permitan la participación política de la sociedad durante la transición y en la fase actual. Uno de los aspectos más polémicos es el surgimiento de una economía de mercado en el país: no ha habido un cambio socioeconómico en favor de las clases sociales más bajas, mayoritariamente rurales, pero en Kigali indudablemente ha surgido un sector empresarial poderoso aunque pequeño -asociado con capitales extranjeros, con estrecha dependencia- pero que no ha generado demanda de trabajo y sobre todo, no ha variado la naturaleza rentista de la economía. El crecimiento económico es en gran parte efecto de la ayuda internacional y aunque es impulsado por el sector privado interno, en las condiciones sociales, económicas y políticas de Rwanda, es imposible que haya libre competencia y una auténtica economía de mercado en circunstancias de que más del 40% de la población vive en la pobreza. Si realmente existe un nexo entre economía de renta y transición fallida, Rwanda sería el ejemplo de él. Este sería un argumento en favor de la hipótesis del presente trabajo: el paradigma de la transición no tiene capacidad explicativa para la gran mayoría de los países africanos, que carecen de una economía de mercado, de un sector empresarial dinámico y fuerte y sobre todo en los que en las condiciones actuales difícilmente puede producirse un cambio socioeconómico favorable a las clases sociales más desprotegidas. Rwanda no es el único caso y podrían analizarse las experiencias de Zambia y Malawi, entre otras, que llevarían a conclusiones análogas al respecto.

El vínculo entre pobreza, escasez de tierras agrícolas y sistemas políticamente cerrados e intolerantes resulta peligroso a menos que haya una política de reconciliación y un sector económico urbano en crecimiento pero muy reducido, que puede percibirse como un agravamiento de las prácticas de exclusión económica y política.

A 20 años del fin del genocidio, la tendencia política apunta a la consolidación de un régimen electoral hibrido, en gran medida autoritario e intolerante, en que no se respetan los derechos humanos, se invalidan los espacios para la sociedad civil y cuya legitimidad no radica en las elecciones sino en la amistad con aliados internacionales. Teniendo presente el potencial de inestabilidad regional, estos parecen preferir un régimen interno fuerte, pero no es fácil ignorar la sombra del genocidio en la elite política.

En la actual coyuntura es muy poco lo que se puede saber sobre la capacidad de la sociedad civil de elaborar soluciones éticas para construir las memorias del genocidio, entre otras razones porque sus principales instancias están neutralizadas y de acuerdo con la "memoria oficial" del régimen, se ha optado por olvidar el pasado y pretender que el presente es promisorio e incluyente.

Una de las grandes asignaturas pendientes sigue siendo la apertura política del sistema: el secretismo excesivo e innecesario es terreno fértil para todo tipo de rumores. La intolerancia del régimen se traduce en la negativa de iniciar negociaciones con la oposición en el exilio e imposibilita el surgimiento de una oposición políticamente creíble y competitiva.

Hay suficientes argumentos que apoyan la afirmación de Marc Sommers (2012): Kagamé no merece ser considerado como un visionario modernizador. Gobierna con puño de hierro y, a juicio de un conocido sociólogo (Andreas Wimmer), Sommers observa que Rwanda tiene el tercer nivel más alto de exclusión política en el mundo (precedido por Sudán y Siria). Es un régimen hibrido "exitoso" en el contexto de una transición fallida.

 

Notas

2 El genocidio es desencadenado por múltiples causas, de carácter histórico y estructural: nunca es espontáneo o accidental, expresa la existencia de una profunda crisis interna, en sociedades fuertemente injustas y con altos niveles de impunidad, en las cuales la venganza (individual o colectiva) suele ser considerada como la única forma de "hacer justicia". Es innegable la existencia de un nexo estrecho entre la violencia en la vida política y en la estructura de poder y la violencia en el tejido de la propia sociedad. La sofisticada planeación que supone el genocidio, además del uso de distintos medios para llevarlo a cabo, permite afirmar que no acontece en sociedades llamadas "primitivas".

3 A partir de 2001 se ha utilizado in extenso la revista Africa Research Bulletin. Political, Social and Cultural Series (ARB).

4 En la década de 1990, de acuerdo con este paradigma, se consideraron las experiencias de Malawi, Zambia, Nigeria y Tanzania, entre otras.

5 Este autor cuestiona si el paradigma llegó a una encrucijada debido a que a nivel mundial se establecieron regímenes democráticos, algunos de los cuales solo requerirían consolidarse, o debido a que todavía no se entiende por qué existen solo algunas democracias en países en desarrollo (Zinecker, 2007:302).

6 Este autor observa que la liberalización económica y las políticas de privatización recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por el Banco Mundial (BM) no han creado una economía capitalista de mercado en los países en vías de desarrollo.

7 Existe un debate entre distintos autores en relación con la naturaleza de los regímenes híbridos en el contexto de transiciones incompletas. Para algunos la existencia de "subtipos" de regímenes (democracia limitada, democracia de fachada y democracia iliberal, entre otros) no solo ponen en tela de juicio el optimismo excesivo de los años 1990, sino que también implican una reducción de la democracia.

8 Para elaborar esta sección fueron utilizados, in extenso, los siguientes trabajos: Catherine Newbury (1992), "Rwanda: Recent debates over governance and rural development" en G. Hyden y M. Bratton (eds.), Governance and Politics in Africa, Boulder, Lynne Rienner; Gérard Prunier (1995), The Rwandan Crisis. A History of a Genocide, Nueva York, Columbia University Press; Peter Uvin (1997), "Prejudice, crisis, and genocide in Rwanda", African Studies Review, vol. 40, no. 2; Peter Uvin (1998), Aiding violence. The development enterprise in Rwanda, West Hardora, Kumian Press.

9 En kinyarwanda (lengua nacional de Rwanda) por lo general se utiliza la misma palabra en singular y plural.

10 Antes de la invasión colonial las estructuras sociales y políticas tutsi se basaban en un sistema de autoridad organizado en términos jerárquicos y un sistema clientelar, del cual se desprendía una compleja red de relaciones de subordinación entre hutu y tutsi. No hay consenso en cuanto la definición de estos grupos, sus orígenes, la naturaleza del sistema político antes de la colonización y el proceso de integración. La cohabitación en un espacio geográfico reducido, los matrimonios y el comercio probablemente sean elementos clave para explicar la integración social de estos grupos. En 1994 era difícil especificar la distinción entre los tres grupos. Con el colonialismo belga surgieron nuevas fuentes de poder y de privilegio, vinculadas con el ejercicio del dominio colonial y en beneficio de los tutsi. La administración belga instituyó un rígido sistema de clasificación étnica e impuso un sistema obligatorio de identificación en el que se establecía la pertenencia étnica.

11 La guerra civil empezó en octubre de 1990 y concluyó en julio de 1994. En este artículo, por fines explicativos, se distinguen dos fases: la guerra civil que opuso al FPR con el gobierno de Habyarimana (octubre de 1990-abril 1994) y el genocidio que involucró no solo al gobierno sucesor de Habyarimana y al FPR, sino también a amplios sectores de la población civil (abril-julio de 1994).

12 Los Acuerdos de Arusha (AA) de agosto de 1993, firmados entre el gobierno de Habyarimana y el FPR, tenían por objeto poner fin a la guerra. Establecían la legalización de partidos políticos; una fórmula para compartir el poder con la formación de un gobierno de coalición multipartidista que debería estar en funciones hasta el año 2000 y la integración de un nuevo ejército de unidad nacional. Eran pasos previos para una nueva constitución (que sería redactada por una comisión especial) y la celebración de elecciones democráticas en el 2000. Aunque el gobierno había realizado esfuerzos por retrasar la entrada en vigor de los AA en una reunión con jefes de Estado de países vecinos, en abril de 1994 (horas antes del asesinato de Habyarimana), finalmente se había comprometido a ponerlos en marcha. El plan que contemplaban los Acuerdos -que nunca entró en vigor- fue considerado como un programa de cambios políticos, para evitar confusiones con los dos procesos de transición: el primero, solo aparente, en el contexto de la guerra civil (1991-1993) y el segundo en la fase posgenocidio (1994-2003), que en este trabajo se ha denominado transición fallida.

13 Presionado por sus aliados externos, a partir de 1991 el régimen de Habyarimana llevó a cabo una liberalización aparente, con la introducción de un sistema multipartidista. Ese programa fue repudiado por los sectores conservadores de la elite hutu.

14 La firma de un acuerdo tampoco garantiza la paz, pero puede ser relevante si en este se involucra la sociedad civil para aportar soluciones para la reconciliación y si comprende la desmovilización de los rebeldes.

15 En el discurso oficial suele usarse el termino de rescatados solo para los tutsi supervivientes del genocidio. En este artículo se utiliza este término para todos los supervivientes -sin distinción étnica- del genocidio.

16 Algunos intelectuales hutu desarrollaron la tesis del negacionismo: negar que las matanzas masivas hayan sido organizadas, planificadas, realizadas y dirigidas por líderes hutu en el marco de una estrategia para mantener el poder y rechazar el discurso del FPR de los tutsi como únicas víctimas.

17 El actual régimen solo reconoce el asesinato de unos 800 mil tutsi durante el genocidio. Fuentes independientes afirman que los muertos, incluidos los hutu, se habrían elevado a un total de un millón o un millón 200 mil personas.

18 La comunidad tutsi utiliza como referente el genocidio, mientras que la comunidad hutu recurre a la toma del poder del FPR por la fuerza (1994), que provocó el exilio de miles de hutu, la represión del gobierno y las matanzas de hutu refugiados en 1996 y 1997.

19 En agosto de 1995 Twagiramungu -junto con otros ministros hutu- renunció y fue substituido por P. C. Rwigema, quien a su vez abandonó el gobierno en el 2000.

20 En 2004 Bizimungu fue condenado a 15 años de prisión, pero fue liberado en 2007.

21 La ley de cortes gacaca para juzgar crímenes de genocidio data del 2000, pero su formación se inició en octubre de 2001. La ley de 2000 fue por primera vez enmendada en 2002.

22 La ley de las cortes gacaca para juzgar crímenes de genocidio data del 2000, pero su formación se inició en octubre de 2001. La ley de 2000 fue por primera vez enmendada en 2002.

23 En la etapa de formación de las cortes gacaca se registraron diversos crímenes, si resolver, de rescatados del genocidio, que podrían haber sido testigos.

24 Solo participó el 20% de los electores registrados, no se respetó el secreto electoral y la recién formada Comisión Nacional Electoral no era independiente.

25 De los 26 integrantes del senado, 12 son electos por consejos locales, 8 son nombrados por el presidente, 4 por el Foro de Organizaciones Políticas y 2 representan a instituciones de enseñanza superior. De los 80 puestos de la cámara de diputados 53 son elegidos por voto popular, 24 son mujeres electas por organismos locales y 3 son seleccionados por organizaciones de jóvenes y personas con capacidades diferentes.

26 Uno de los incidentes más publicitados fue el caso de Victoire Ingabire, de origen hutu y que desde 1993 vivía en Holanda. Regresó al país para presentarse como candidata presidencial por un movimiento político amplio (Fuerzas Democráticas Unidas, FDU), pero no se le permitió competir, acusada de tener contactos regulares con la oposición armada en el exilio, de financiarla y defender una ideología genocida. Recibió amenazas y ataques de la prensa y dos meses después de la elección fue arrestada por terrorismo, conspiración para socavar al gobierno y negación del genocidio. Después de un largo periodo de juicio y apelación, a finales de 2013 se ratificó su condena a 15 años de prisión.

27 Hubo tres asesinatos calificados de carácter político. Un ex alto funcionario público, que en el exilio lanzó severas críticas contra el gobierno de su país, fue asesinado en Sudáfrica; un conocido periodista, después de publicar un artículo en torno a la complicidad del gobierno, fue muerto y, finalmente, uno de los líderes de uno de los partidos -que no consiguió su registro- fue encontrado muerto.

28 De la Comunidad de África del Este (EAC) y del Mercado Común de África del Este y del Sur (COMESA).

29 Por ejemplo, en febrero de 2010 hubo tres ataques simultáneos con granadas en lugares públicos en Kigali; en 2011 se produjeron ataques similares, en especial en julio, con el estallido de una granada. A mediados de 2013 tuvo lugar por lo menos otro ataque.

 

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Recibido el 7 de enero de 2014; Aceptado el 20 de junio de 2014.

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