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Revista chilena de derecho y tecnología

On-line version ISSN 0719-2584

Rev. chil. derecho tecnol. vol.10 no.1 Santiago June 2021

http://dx.doi.org/10.5354/0719-2584.2021.58830 

Doctrina

Los nuevos entornos tecnológicos y su impacto en la garantía del derecho humano al acceso a la justicia: Un enfoque en época de covid-19

New technological environments and their impact on the guarantee of the human right to access to justice: An approach in times of Covid-19

María Camila Moreno Torres1 
http://orcid.org/0000-0002-9851-6528

1Facultad de Derecho, Universidad Católica de Colombia, Colombia

Resumen:

La crisis producto del covid-19 en Colombia ha afectado una amplia gama de derechos humanos, incluida la posibilidad de las personas para acceder a la justicia de manera eficaz y ágil. El presente artículo pretende analizar el impacto que el covid-19 tiene sobre los derechos humanos, específicamente, sobre el derecho al acceso a la justicia, y las maneras en que los nuevos entornos tecnológicos han permitido garantizar y proteger dichos derechos. Se expondrá cómo el Estado colombiano ha adoptado medidas para evitar que los derechos humanos y libertades fundamentales sean limitadas y, de esta forma, ha continuado protegiendo y garantizando los estándares internacionales y las normas de derechos humanos.

Palabras clave: Acceso a la justicia; derechos humanos; nuevos entornos tecnológicos; internet

Abstract:

The crisis product of Covid-19 in Colombia has affected a broad range of human rights, including the ability of people to access justice in a timely and effective manner. This paper aims to analyze the impact that Covid-19 has had on human rights, specifically, the right to access to justice, and the influence of new technological environments that have contributed to guaranteeing and protecting these rights. It will describe how the Colombian State adopts measures to prevent human rights and fundamental freedoms from being limited, and, in this way, the State must continue to uphold and protect international human rights standards.

Keywords: Access to justice; human rights; new technological environments; internet

Introducción

Los Estados de todo el mundo han tenido que adaptarse a la reciente crisis que se está presentando a causa del virus de covid-19. En este sentido, ha sido necesario adecuar sus ordenamientos jurídicos internos en consonancia con los lineamientos internacionales de protección de derechos humanos, con la finalidad de brindar respuestas operantes y oportunas ante las necesidades de una población que haya visto afectada de manera directa o indirecta alguno de sus derechos. La pandemia ha producido una crisis sin precedentes que está afectando de forma desproporcionada a ciertos sectores vulnerables, lo que se ha reflejado en las limitaciones de derechos y libertades fundamentales. Los tribunales y juzgados han cerrado su atención o han reducido y ajustado sus operaciones, lo que ha impactado de manera negativa el acceso a la justicia.

En este contexto, la pandemia supone grandes desafíos para los Estados de las Américas, tanto en términos de políticas como en la adopción y puesta en marcha de medidas necesarias para proteger efectivamente a sus poblaciones, acordes con el derecho internacional de los derechos humanos. 1 El principal escenario afectado con la imposibilidad de tener acceso a la justicia durante la época de aislamiento es el de los servicios legales, información y asesoramiento jurídico para que las personas puedan hacer valer sus derechos y encontrar una pronta solución a los problemas que requieren atención judicial.

Las medidas implementadas por cada Estado deben contar con estrategias de respuesta inmediata, que brinden garantía y protección al acceso a la justicia de quien requiera presentarse ante un juzgado, tribunal o corte, para así lograr que tengan confianza y derecho a un juicio justo, que incluya garantías del debido proceso legal, para tener audiencias oportunas y eficaces, así como un adecuado funcionamiento de supervisión judicial.

Nadie es ajeno a la incidencia que ha tenido la tecnología en la esfera de los derechos humanos y libertades fundamentales, ya que ha permitido la creación de una nueva era de avances y la presencia de entornos tecnológicos; la aparición de esos nuevos entornos surge como respuesta a necesidades que requieren adaptación a contextos que se presentan diariamente: «La transformación de los habituales cauces por donde transcurren las relaciones sociales, comerciales, políticas, económicas y culturales provocada por esta revolución tecnológica, nos invita a una reflexión de esta nueva realidad» ( Sartor, 2016 ).

En este orden de ideas, se plantea como pregunta de investigación: ¿cuáles han sido las medidas y estrategias implementadas por el Estado colombiano en materia de tecnología para garantizar el derecho humano al acceso a la justicia en tiempos de covid-19? A fin de dar respuesta a esta interrogante, el artículo se desarrollará en tres apartados: en primer lugar, se hará un breve análisis de las nociones generales; en segundo lugar, se referirá al papel de los nuevos entornos tecnológicos en la promoción y defensa del derecho humano a la justicia, sección en que se identifican algunas estrategias implementadas; y en tercer lugar, se plasmarán las consideraciones finales, con un enfoque hacia la justicia digital.

Por último, con el objetivo de que este análisis logre la trascendencia práctica y académica deseada, se plasmarán recomendaciones, procurando subsumirlas al contexto de la actual crisis, sobre la incidencia y los avances que los nuevos entornos tecnológicos han tenido para las instituciones, defensores de los derechos humanos y las personas en general, con la finalidad de asistir a los actores involucrados en sus esfuerzos por lograr un enfoque digital en el que se garanticen estos derechos mediante la innovación y evolución ante los cambios y desafíos que trae consigo el covid-19.

Nociones generales

La inclusión digital es un aspecto que ha emergido a lo largo del siglo XXI, el cual ha permitido grandes avances en el desarrollo humano. En la actualidad, estos avances «han implicado una mejora en la actividad laboral, en metas de producción y calidad en el trabajo, ya que supone la automatización de ciertas labores y la eficiencia en el desempeño laboral» ( Álvarez Casallas, 2010 : 45). En este escenario, los individuos tienen derecho a la inclusión digital y a todo lo que esto conlleva, es decir, los nuevos entornos tecnológicos, que ofrecen ventajas de acceso a ciertos espacios que la realidad presenta; por lo tanto, se consagra la premisa de la inclusión digital como derecho fundamental que abarca diversas dimensiones, con el fin de garantizar la protección de otros derechos que pueden derivarse de su incorporación.

Los avances en información y comunicación «deben ser disfrutados por todos los seres humanos y cabe considerar que en la actualidad la exclusión digital equivale a exclusión social» ( Bustamante Donas, 2007 : 16). En este contexto emerge el concepto de inclusión digital como «una forma de inserción social imprescindible para el crecimiento de cualquier comunidad» (Agustín Lacruz y Clavero Galofré, 2010: 146). En ocasiones, se ha definido esta figura de inclusión como una política que «nace del reconocimiento de la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, lo que a su vez reclama una acción estatal para garantizar un acceso efectivo a un bien vital en la actualidad» ( Ribeiro Rosa, 2013 : 41).

De igual forma, se trae a colación la noción de justicia digital, la cual es entendida como «el conjunto de dimensiones que permiten construir una plataforma tecnológica de operación y prestación de servicios jurisdiccionales» ( López López y Samek, 2009 : 117). Kiomi Mori (2011 ) identifica tres aristas en la comprensión de justicia digital: «Acceso, alfabetización digital y apropiación de las tecnologías». Para este artículo se analizará la tercera temática, sobre la apropiación de las tecnologías, la cual se fundamenta en «las habilidades básicas que permiten a los individuos hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación» ( Kiomi Mori, 2011 : 40).

Bajo esta línea argumentativa, se trae a colación el concepto de tecnología, el cual se refiere al conocimiento utilizable o utilizado a escala social con el objeto de transformar elementos materiales y simbólicos en bienes y servicios (Suárez, 1975: 212). El papel del derecho tecnológico consistirá, por tanto, en regular los procesos científicos tecnológicos y señalar los límites de la investigación científica.

En efecto, la aplicación de nuevas tecnologías en las situaciones actuales supone dos escenarios: por un lado, está la existencia de nuevos retos y desafíos para los Estados; por el otro, se encuentran las oportunidades para generar un avance en los métodos y procesos judiciales, teniendo la calidad y protección de los derechos como base para adaptarse a la variante realidad de las transformaciones sociales. Considerando lo anterior, los nuevos entornos tecnológicos han abierto una relación intrínseca con los derechos humanos de las personas. Por lo tanto, en el siguiente eje temático se analizarán los mecanismos que el Estado colombiano ha implementado durante la pandemia para garantizar el acceso a la justicia a través de herramientas tecnológicas.

Panorama actual de la relación entre derechos humanos y tecnología

En la actualidad, los Estados se están enfrentando a constantes cambios a causa de la pandemia del covid-19. Para enfrentar la crisis de salud pública generada, han debido adoptar medidas para mitigar y contener la propagación del virus; en el caso colombiano, el Gobierno declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, bajo el Decreto 417, del 17 de marzo de 2020, y el Decreto 1.076, del 28 de julio de 2020, que regularon el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 31 de agosto de 2020. 2

Tomando en consideración el contexto actual, los principales programas de asistencia y atención que el Estado colombiano tenía contemplado en su ordenamiento no estaban orientados ni preparados para atender una crisis de tal magnitud como la que se está presentando, ya que no lograban abordar todos los contextos y escenarios afectados para brindar de manera operante e idónea la asistencia y protección de aquellas personas que se encontraran más afectadas. En consecuencia, se presentaron afectaciones graves frente a la plena vigencia de los derechos humanos, así como secuelas e impactos de corto, mediano y largo plazo sobre cada sector de la sociedad; por ello, se torna esencial la adopción de políticas y estrategias para prevenir, mitigar y frenar las situaciones que deriven en vulneraciones de algún derecho, y proteger y garantizar el acceso a sistemas de salud pública y judicial.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recordado que, «en el contexto de la pandemia, los Estados tienen la obligación reforzada de respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con los estándares interamericanos en la materia» (Resolución 1/2020). De esta manera, no se puede desconocer el rol fundamental que tienen las entidades estatales y de control, específicamente de los poderes Judicial y Legislativo, y la necesidad de asegurar su adecuado funcionamiento, ya que, pese a atravesar una situación de pandemia, no pueden dejar a la deriva la garantía y desarrollo de los derechos de la población.

Bajo este escenario, el Estado, con la finalidad de contener el contagio y disminuir el número alarmante de casos que se presentaban y podían llegar a aumentar diariamente, decretó medidas de aislamiento, mediante la restricción y limitación de ciertos derechos, para lograr un aislamiento preventivo y una adecuada distancia social a través de la restricción del derecho a la reunión y la libertad de circulación fuera de estrictas circunstancias de necesidad.

De acuerdo con la anterior premisa, el Estado debió prever que la restricción y limitación podía afectar el goce de otros derechos que se derivan del ejercicio de estos, generando que derechos que no tenían por qué verse limitados o vulnerados se encontrasen en una nueva posición de agravio. Por lo tanto, se hizo necesaria la adopción de medidas de protección adicionales para este grupo de derechos no contemplados durante la etapa de limitaciones y restricciones implementada.

La realidad actual «impele al pensamiento jurídico y a la reflexión sobre los derechos a diseñar nuevos instrumentos de análisis y marcos conceptuales para adaptarse a las exigencias de una sociedad en transformación» (Pérez Luño, 2014: 15). No se puede desconocer la relación intrínseca que existe entre los derechos humanos y las nuevas tecnologías: los derechos humanos representan la categoría de necesidades previstas en cada sociedad, por lo que se establecen para brindar protección a cada situación en la que pueden verse vulnerados, bien sea por acción u omisión por parte de un Estado; por tanto, el Estado debe brindar la protección y garantías de los derechos de las personas ante los desafíos y riesgos que se puedan ocasionar en cuanto al uso y participación de los nuevos entornos tecnológicos.

En ese sentido, el progreso de la garantía al acceso a la justicia se corresponde precisamente con los mecanismos de innovación que se incluyan dentro de los ordenamientos jurídicos, la expansión de la protección de los derechos y de su accionabilidad; de este modo, la garantía se nutre de la existencia de derechos que exigen la ampliación del Estado y la participación de la población en las esferas del poder ( Durango Álvarez, 2007 ). En consonancia con lo anterior, Bustamante Donas (2010 : 4) expone la teoría de una cuarta generación de derechos, «que nace de una nueva comprensión de los derechos humanos a raíz de la relación entre los desarrollos tecnológicos y el entorno de los derechos humanos».

Por consiguiente, la reformulación de los derechos humanos a partir del uso de las tecnologías surge por la redimensión que estas han generado en las relaciones humanas ( Aguirre Andrade y Manasia Fernández, 2014 ), para producir el beneficio comunitario del acceso universal de los individuos a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Derechos humanos y los nuevos entornos tecnológicos

Durante los últimos años, el mundo ha sido partícipe de la innovación tecnológica, la cual ha tenido un gran impacto en las sociedades. En la actualidad, Colombia y la mayoría de los países se encuentran en un período de transición como consecuencia de los constantes cambios que ha traído consigo la nueva y compleja realidad producto del covid-19. Un breve repaso de algunos de los sistemas tecnológicos de la información y la comunicación, asociados en muchos casos a la inteligencia artificial y el internet de la cosas, «nos permitirá entrever el poder de los numerosos dispositivos y programas y cómo estos afectan a derechos como la libertad, la seguridad, el acceso a la justicia y la privacidad junto a otros derechos» ( Lucena, 2019 : 132).

Para hacer una breve mención de algunos, se encuentra la capacidad de la tecnología informática para almacenar una ingente cantidad de información, y la posibilidad de «la interrelación o conexión de esta, logrando sacar el máximo partido de todos los datos acumulados en los soportes automatizados» (Ballesteros Moffa, 2005: 254). Sin ahondar más, dentro de este entorno tecnológico se pueden presentar vulneraciones de los derechos de la libertad y la privacidad en el tratamiento de datos: «Los sistemas de recopilación de datos se perfeccionan a través de sofisticados sistemas inteligentes que, una vez implantados, tienden a crecer y difícilmente pueden ser desmantelados» (Rule, 2007).

Por otra parte, se encuentra el entorno de la comunicación y el acceso al internet. En la actualidad, internet se configura como una «referencia ineludible de la sociedad de la información» (Ballesteros Moffa, 2005: 256). Una vez que se incorpora cualquier información en la red «es imposible detenerla, y aunque posteriormente intente ser retirada por su titular, impensable cantidad de copias pueden estar circulando de forma ingobernable o haber ingresado a un sinnúmero de bases de datos» (Pierini, Lorences y Tornabene, 1999). De este escenario, surge la necesidad de implementar normas de protección a los datos de información de la persona, y mecanismos a los cuales pueda recurrir cuando sienta que sus derechos están siendo vulnerados vía internet.

Sin embargo, no se pueden desconocer los múltiples beneficios que ha traído internet y las facilidades que ha concedido a miles de personas que tienen acceso a este; la relevancia de esta herramienta para el uso y goce de los derechos humanos se ha vuelto indispensable para contribuir a los niveles de acceso e inclusión. En términos de la Asamblea General de Naciones Unidas:

El progreso hacia la visión de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información debería considerarse no solo una función del desarrollo económico y la propagación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, sino también una función de los progresos realizados en lo que respecta a la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 3

Dentro de los beneficios que internet aporta a las sociedades, sirve de herramienta o mecanismo para la realización y el ejercicio de los derechos humanos, como el derecho a la participación, inclusión, educación, salud y acceso a la justicia, entre otros. Desde el ámbito jurídico en general, se puede indicar que el Estado colombiano ha abordado estos avances, empero, no debe solo centrar su atención en las herramientas dispuestas para tal fin, sino que además debe propiciar espacios seguros que brinden seguridad y confianza a las personas que accedan a estos, los cuales sean capaces de afrontar los desafíos presentes y futuros.

En este sentido, la CIDH enfatizó la labor del Estado frente al desarrollo de políticas públicas, herramientas y estrategias en el entorno digital, las cuales deben «adecuarse a unos principios orientadores que incluyen: el acceso en igualdad de condiciones, el pluralismo, la no discriminación y la privacidad» ( CIDH, 2017 : 13). Por lo tanto, debe garantizar el acceso y la conectividad universal, de acuerdo con el principio de acceso universal, el cual insta a «la necesidad de garantizar la conectividad y el acceso universal, ubicuo, equitativo, verdaderamente asequible y de calidad adecuada, a la infraestructura de internet y a los servicios de las TIC, en todo el territorio del Estado». 4 Por ende, queda en manos del Estado la adopción de mecanismos y métodos idóneos que se ajusten a las necesidades y desafíos que conlleva cumplir ese mandato.

Esta procura a cargo del Estado incluye, para Chacón Penagos, Ordóñez Córdoba y Anichiarico González (2017 ), el desarrollo de sistemas o el control de sistemas necesarios para el desarrollo de la actual vida humana, lo que incluye el progresivo acceso a la justicia bajo la era digital, con especial atención a la innovación y la posesión de los conocimientos tecnológicos.

En consonancia con lo anterior, los avances tecnológicos permiten transformar e influir en la vida de las personas, en el desarrollo de las instituciones estatales y en las organizaciones de defensa y protección de los derechos humanos; a pesar de todos los aspectos favorables que se han expuesto, como bien dice Iain Levine, existen muchas razones para ser cautos en relación con las ventajas que ofrecen las tecnologías para proteger o denunciar los derechos humanos. 5 Se ha evidenciado cómo el volumen de denuncias de violaciones de derechos humanos relacionadas con el uso de la tecnología aumenta de una manera exponencial (Murphy, 2009: 612).

Siguiendo la argumentación planteada por Levine, los Estados deben ser precavidos en la implementación de nuevos entornos tecnológicos para no brindar espacios donde puedan verse afectados y vulnerados derechos humanos como consecuencia de las disposiciones tecnológicas. Se trata de un nuevo paradigma, en que la tecnología ostenta un protagonismo en algunas esferas de la productividad humana: «Dada la velocidad a la que se produce ese desarrollo científico-tecnológico, en muchos casos ese “imperio tecnológico” supera la necesaria adaptación del “imperio de la ley”» (Murphy, 2009).

Es reseñable la producción de disposiciones en materia de avances, tecnología y derechos humanos, bajo la regulación de órdenes nacionales, así como mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos relacionados con las nuevas tecnologías, los cuales se sustentan en principios jurídicos vinculados con «las libertades fundamentales: libertad de expresión, derecho a la privacidad, derechos a la integridad, derecho al acceso y control de los datos, derecho a la vida, acceso a la información, a la participación pública y acceso a la justicia» ( Lucena, 2019 : 142).

En este orden de ideas, la inclusión digital es un nuevo derecho humano procedente del nuevo entorno tecnológico que ha creado la red ( Riofrío Martínez, 2014 ). Ahora bien, exponer en este escrito todos los impactos y repercusiones que la nueva tecnología ha tenido frente al marco del derecho, y los derechos humanos en particular, sería desgastante para el lector. Por tanto, para entrar en materia, en el siguiente acápite se hará relación especial al impacto positivo o negativo que ha tenido este escenario en el derecho al acceso a la justicia y al debido proceso legal.

Garantía y protección del derecho humano al acceso a la justicia

Es imprescindible, antes de abordar la protección que debe brindarse al derecho al acceso a la justicia, deconstruir y analizar este concepto, que funge como punto de partida de este acápite. Una conceptualización de amplio alcance de acceso a la justicia la brindan Islas y Díaz (2016 : 50), los cuales indican que

el acceso a la justicia es ofrecer a todas las personas por igual las posibilidades de acceder al conocimiento, ejercicio y defensa de sus derechos y obligaciones, esto a través de servicios de justicia pronta, expedita y ágil, de acuerdo con sus necesidades, incluyendo por supuesto a los grupos vulnerables.

Esta definición permite una construcción sólida para el análisis y conformación del derecho al acceso a la justicia, el que, en tanto derecho humano fundamental, representa para las personas la puerta de entrada a los distintos cauces institucionales provistos por los Estados «para la resolución de sus controversias, dicha puerta debe garantizar a todas las personas no solo el acceso, también la protección de sus derechos y una solución a su conflicto» ( Despouy, 2008 : 115-116).

De manera análoga, Díaz Cornejo (2006 ) señala que

el acceso a la justicia es un tema que se presenta dentro de una problemática más amplia, que atiende a la efectividad de los derechos, es decir, el acceso a la justicia atiende a la necesidad de que los derechos reconocidos y garantizados por los Estados tengan eficacia material, real y concreta. Así, es el derecho de los ciudadanos de utilizar los mecanismos y estructuras judiciales instituidas por el Estado para la defensa y el ejercicio de sus derechos.

En síntesis, el derecho al acceso a la justicia engloba la posibilidad —planteada como un requisito para la existencia de un sistema jurídico— de que la población en general pueda acudir al sistema judicial en busca de una solución con carácter procesal, en todo momento, sin que exista limitación o imposibilidad de acceder por cuestiones de religión, etnia, orientación o condición social, económica o sexual. Al respecto, García (2011: 45) describe la definición y establecimiento de un derecho constitucional de acceso a la justicia como «el fruto del reconocimiento de la relevancia de la fase procesal o jurisdiccional de la aplicación de las normas y de la preocupación por garantizar la igualdad de todos en dicho acceso».

Aunado a lo anterior, del concepto de acceso a la justicia se desprende la figura de la administración de justicia, entendida como «el sistema en el que descansan todos los mecanismos jurisdiccionales de solución de controversias entre particulares o entre estos y el Estado» ( Islas y Díaz, 2016 : 50). Lo anterior permite evidenciar la posibilidad que tiene toda persona de acudir ante un órgano jurisdiccional para hacer valer sus derechos, y la obligación del Estado en garantizarlos a través de mecanismos ágiles y eficaces; es decir, como señala Marabotto (2003 : 293): «Lograr que la brecha entre la norma y la realidad sea lo más pequeña posible, implica alcanzar un mejor acceso a la justicia».

Cabe mencionar que la base sustancial del derecho al acceso a la justicia se encuentra en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, mediante los cuales se estipula su regulación y protección. Partiendo de la noción de que el Estado colombiano ratificó la Convención y la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), se trae a colación los razonamientos expuestos por esta respecto del derecho al acceso a la justicia. En el caso Maritza Urrutia con Guatemala, de 2003, la Corte IDH indicó que

toda persona debe tener acceso a un recurso sencillo y rápido ante jueces o tribunales competentes que amparen sus derechos fundamentales. Dicha garantía constituye uno de los pilares básicos, no solo de la Convención Americana, sino del propio Estado de derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención.

El texto citado permite evidenciar que los Estados tienen la obligación no solo de expedir e implementar normas que estipulen los recursos y medios de impugnación, sino, además, de asegurar que el sistema judicial que atiende dichos recursos brinde una real protección a los derechos de quienes interponen los mecanismos previstos.

En la sentencia del caso Cantos con Argentina, de 2002, la Corte IDH citó el artículo 8.1. de la Convención Americana, e indicó que dicha disposición consagra el derecho de acceso a la justicia. De ella se desprende que los Estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos.

De acuerdo con lo anterior, recae sobre el Estado la obligación de garantizar el libre y ágil acceso a la justicia en cualquier escenario cuando sea requerido por alguna persona, ya sea por recursos internos de carácter judicial o por mecanismos y estrategias de cualquier otra índole; por lo que una norma o situación que impida el pleno ejercicio de este derecho sería contraria a las disposiciones adoptadas y ratificadas, presentando así una «ampliación a la protección efectiva de un sistema de protección de derechos humanos, que precisa la necesidad de remover todo aquello que de manera “razonable” impida el objetivo de acceder a la justicia» ( Islas y Díaz, 2016 : 52).

El sistema de Naciones Unidas colabora y apoya a los Estados miembros en elaborar planes y programas estratégicos nacionales para la reforma de la justicia y la prestación de servicios, y así fortalecer el acceso a la justicia de manera integral. En tal sentido, «la obligación de los Estados no es solo negativa —de no impedir el acceso a esos recursos—, sino fundamentalmente positiva, de organizar el aparato institucional de modo que todos los individuos puedan acceder a esos recursos». 6

En el contexto colombiano, el derecho de acceso a la justicia se encuentra consagrado en el artículo 229 de la Constitución Política de 1991, el cual establece que «se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado». Además, la Constitución define la administración de justicia en los siguientes términos:

La administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo (artículo 228).

De esta premisa se deriva la responsabilidad y obligación del Estado colombiano de brindar las herramientas necesarias e idóneas para cumplir con dicho mandato constitucional. En la jurisprudencia también se ha definido este derecho, que ha de entenderse «como la posibilidad que tiene cualquier persona de acudir ante el órgano judicial para que, a través de un procedimiento prestablecido, obtenga protección jurídica de los derechos que considera desconocidos por la actividad de un particular o del mismo Estado». 7

Debe tenerse en cuenta que el reconocimiento del derecho al acceso a la justicia tiene un efecto de prevención general «respecto de las medidas del Gobierno lesivas a los derechos humanos, ya que se les conceden a los individuos vías para obtener reparaciones y sanciones por dichas medidas» ( Freedman y Rojas, 2013 : 445). Por ende, requiere que la autoridad judicial a la cual la persona acude para que sus derechos sean reconocidos cumpla con imparcialidad e independencia a la hora de tomar decisiones.

Una vez establecidos los elementos y la consistencia del derecho al acceso a la justicia, se procederá a analizar en el siguiente acápite de qué manera el Estado colombiano ha brindado a las personas la posibilidad de acceder a la justicia durante el tiempo de aislamiento preventivo producto del covid-19.

El papel de los nuevos entornos tecnológicos en la promoción y defensa del derecho humano al acceso a la justicia

El virus de covid-19 ha afectado en gran parte la fragilidad humana, ocasionando que la mayoría de los derechos humanos sean vulnerables y vulnerados. El Estado colombiano se enfrenta a una nueva realidad, la cual ha planteado arduos desafíos para la promoción y protección de estos derechos. De esta manera, no se puede desconocer que el estado de emergencia decretado por el presidente de la República y el aislamiento preventivo obligatorio han tenido repercusiones nocivas en las actividades judiciales, al paralizar el aparato judicial, lo que llevó a un cese de actividades y la suspensión de términos.

Cabe aclarar que las decisiones adoptadas fueron tomadas e implementadas bajo la necesidad de establecer una cuarentena en la que se evitara el contacto, aglomeraciones y, por ende, el número de contagios que se estaban presentando y se podían llegar a presentar si no se decretaba un aislamiento. No obstante, la falla empieza a presentarse cuando el aparato judicial queda bloqueado ante la ausencia de estrategias y mecanismos que se pudiesen implementar para garantizar de forma idónea el derecho al acceso a la justicia.

La pandemia y la cuarentena ya afecta gravemente el funcionamiento de los sistemas judiciales y amenaza el derecho de las sociedades a contar con una justicia operativa e independiente. «En este contexto, el riesgo de conductas abusivas desde el poder político es real y abre condiciones favorables a la impunidad por la falta de acceso a una justicia independiente». 8 Estos retos impuestos pueden debilitar la confianza depositada por las personas en el sistema judicial, lo cual es crítico para la garantía de sus derechos, y disminuye el interés de las personas ante las medidas implementadas por el Gobierno frente a la mitigación de vulneraciones.

En este orden de ideas, ante la necesidad de justicia que trae consigo la crisis, se hace necesario que el Estado desarrolle e implemente estrategias inclusivas para garantizar el adecuado y operante funcionamiento del sistema judicial y la igualdad de acceso a la justicia de toda la población. El Estado debe obrar de manera ágil, brindando una respuesta oportuna para que las instituciones judiciales puedan continuar sus laborales a través de estrategias que no coloquen en riesgo ni a los empleados ni a los usuarios.

El mundo digital es un espacio de igualdad, donde todos los que intervienen lo pueden hacer con un poder igual; por ende, «más que el poder estatal, son las tendencias de los múltiples ciudadanos las que obligan al Estado a actuar» ( Riofrío Martínez, 2014 : 24), e incluso implementar mecanismos acordes a la actualidad que se presenta. En este caso, la crisis producto del covid-19 ocasionó que el Estado adecuara su aparato judicial a través de nuevos entornos tecnológicos para garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las personas.

Los ajustes que incluya el Estado deben estar dirigidos y orientados a las necesidades temporales que presenta la crisis de covid-19, teniendo como pilar la cooperación, armonización y comunión entre las distintas instituciones que conforman el sistema judicial colombiano, toda vez que «ningún tribunal, corte o juzgado puede actuar de forma aislada, sino que forman parte de una cadena de justicia interconectada que incluye una amplia gama de sectores de la justicia y actores del servicio social». 9 La participación e inclusión de todos los actores es fundamental para reconocer las necesidades que se están presentando, y así crear e implementar mecanismos y estrategias que permitan derrumbar los obstáculos que impiden tener un goce efectivo del derecho al acceso a la justicia durante la presencia del covid-19.

Cabe considerar que existen escenarios en que se presentan vulneraciones dentro de una misma minoría o sector vulnerado. Por tanto, es necesario que las adecuaciones que se van a brindar al sistema judicial tengan en cuenta las desigualdades sistemáticas y estructurales que se han presentado a lo largo del tiempo, mucho antes de que existiera la pandemia en el territorio.

Como se mencionó antes, el Estado colombiano decretó el estado de emergencia y ordenó el aislamiento preventivo obligatorio. Bajo estas medidas, se dictaminó la suspensión de términos entre el 16 de marzo hasta el 3 de abril de 2020, con la intención de proteger a los jueces, magistrados y empleados de la rama judicial, así como también a los usuarios de la administración de justicia, adoptando más medidas para mitigar el riesgo de contagio del covid-19, con ciertas excepciones, como las acciones de tutela y los habeas corpus.

Si bien es cierto que la reducción del funcionamiento de las instituciones judiciales obedece a una necesidad de control y mitigación de contagios de covid-19, no se puede dejar de lado la atención que deben recibir los derechos de la población; por tanto, es menester que se establezcan criterios para la priorización de casos sin llegar a ponderar un sector vulnerable con otro.

Los Estados siguen estando legalmente obligados a proporcionar recursos efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos incluso en el contexto de estados de emergencia, incluso a las víctimas de la aplicación innecesaria, desproporcionada o discriminatoria de limitaciones o medidas de emergencia. 10

El panorama de determinación de casos prioritarios no puede basarse en situaciones discriminatorias, porque se empezaría a vulnerar, además del derecho al acceso a la justicia, el derecho a un juicio justo.

Llegados a este punto, y con la finalidad de dar respuesta a la pregunta planteada al inicio de la investigación, en el siguiente acápite se abordarán las medidas adoptadas por el Estado colombiano para implementar las tecnologías de la información y la creación de nuevos entornos tecnológicos para el acceso a la justicia durante la época de covid-19.

Estándares para el cumplimiento y aplicación de nuevos entornos tecnológicos

De acuerdo a la necesidad de cambio y adaptación a la nueva realidad que se presenta en el país, y con el fin de brindar una mejor garantía en el derecho al acceso a la justicia durante esta época en que ciertos derechos humanos se han visto afectados y vulnerados, el Estado colombiano ha implementado escenarios de nuevos entornos tecnológicos, siguiendo los lineamientos internacionales de protocolo, manejo y prevención de contagios de covid-19, para garantizar el acceso a la justicia, flexibilizando la obligación de atención personalizada al usuario, y habilitando actuaciones judiciales y administrativas mediante la utilización de medios tecnológicos.

Dentro de estas medidas, el principal factor de respuesta inmediata fue la creación de políticas y procedimientos para llevar a cabo las audiencias de manera remota a través del

uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar el trámite de los procesos judiciales ante la jurisdicción ordinaria en las especialidades civil, laboral, familia, jurisdicción de lo contencioso administrativo, jurisdicción constitucional y disciplinaria, así como las actuaciones de las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales y en los procesos arbitrales, durante el término de vigencia del presente decreto. Adicionalmente, este decreto pretende flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y contribuir a la pronta reactivación de las actividades económicas que dependen de este (Decreto Legislativo 806, de 2020).

Bajo la línea argumentativa del Decreto Legislativo 806 de 2020, decretado por la Presidencia de la República, se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y diligencias, y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o similares que no sean estrictamente necesarias. Por lo tanto, será necesario que se proporcionen los equipos materiales, software y capacitaciones a los funcionarios para que este nuevo entorno tecnológico funcione y permita generar soluciones ágiles y operantes a los usuarios del sistema judicial.

La incorporación de entornos tecnológicos al sector justicia se ha basado principalmente en el uso de internet como herramienta tecnológica, para así «brindar una relación más cercana con los ciudadanos, incentivar la participación ciudadana en el uso del sistema judicial de una manera más novedosa, garantizar el acceso a la justicia, y en general brindar un servicio judicial eficiente» ( Lillo, 2017 : 7).

Por otro lado, uno de los principales problemas que se presentaban al inicio del aislamiento era la falta de información y de acceso a orientación jurídica; al no contar con servicios presenciales para que las personas pudieran asistir y solicitar la ayuda necesaria, se encontraban con un vacío frente a la garantía de mecanismos y disposiciones en aras de proteger sus derechos. Por tanto, se habilitaron las plataformas con acceso remoto continuo de los consultorios jurídicos de universidades y clínicas jurídicas, con la finalidad de seguir prestando el servicio de asesorías legales siempre que sea posible. De igual forma, las autoridades judiciales dan a conocer en su sitio web los canales oficiales de comunicación e información mediante los cuales prestarán su servicio, así como los mecanismos tecnológicos que emplearán.

Un aspecto relevante que el Estado colombiano implementó y contribuyó a la creación de nuevos entornos tecnológicos fue el desarrollo de la aplicación LegalApp, mediante la cual facilitaron una herramienta electrónica para todos los ciudadanos que necesiten conocer cómo adelantar un trámite o hacer uso de algún servicio relacionado con la justicia. Al digitar palabras claves, esta herramienta orienta a las personas sobre qué hacer, la autoridad o institución a la cual pueden acudir y la ubicación exacta en su municipio.

Dentro de los principales beneficios que se han obtenido con los nuevos entornos tecnológicos adoptados, se puede evidenciar la simplificación y agilidad en los trámites, e incluso la supresión de pasos que retardaban los procesos; además de reducir los gastos administrativos en que incurren las entidades, como papelería y cafetería, junto con los costos fijos de mantenimiento.

Aunque numerosas entidades e instituciones tanto de carácter público como privado han implementado el uso de la tecnología en sus trámites, aún hay un largo camino por recorrer para que se puedan garantizar todos los derechos de una manera digital; no obstante, los mecanismos que han utilizado las distintas entidades estatales han facilitado las posibilidades de acudir ante el sistema judicial.

No se pueden desconocer los avances que el Estado ha obtenido en los últimos años. Sin embargo, la pandemia ha contribuido a acelerar la implementación de nuevos entornos tecnológicos para garantizar un efectivo acceso a la justicia. El cambio del servicio judicial que la pandemia estaría anticipando se centra en la necesidad de adaptación a una era de facilitación, mediante la cual se garantice a todas las personas el acceso a la justicia, a través de mecanismos que brinden tranquilidad y seguridad en la aplicación y uso de las TIC en los procesos y actuaciones judiciales; y que, a su vez, agilice la actividad judicial en tiempos de covid-19.

Uno de los principales factores del sistema judicial que se han visto afectados durante estos meses ha sido sin duda el flujo y circulación de procesos en las diferentes etapas. La congestión judicial es un desafío que el Estado no ha podido combatir de raíz, y a grandes rasgos los avances han sido mínimos pero significantes. En este orden de ideas, el Decreto 806 de 2020 es «la materialización de una preocupación global por garantizar el acceso a la justicia a pesar del contexto pandémico del coronavirus». 11

Este decreto tiene como objetivo implementar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en las actuaciones judiciales, para poder así garantizar la agilización de los trámites en los procesos judiciales, además de eliminar y suprimir requisitos de presentación de documentos presenciales y radicaciones de demandas mediante correo electrónico. Sin embargo, la novedad con este decreto es que desarrolla un sistema judicial mixto, que permite el uso de las TIC en los procesos judiciales, así como el trámite por escrito en segunda instancia en materia civil y laboral por el término de dos años.

Estas medidas se decretaron en aras de fortalecer las acciones dirigidas a conjurar los efectos de la crisis, y están orientadas a la protección y garantía al acceso a la justicia, así como la mitigación y prevención de impactos negativos en el sistema judicial y en los derechos de las personas que requieren acudir a este. En general, estas tecnologías preservan la integridad y amparo de los derechos humanos de las personas, y permiten reforzar la confianza en el Estado.

Lo anterior fue una muestra de cómo el Estado colombiano ha implementado y ha hecho uso de espacios y entornos tecnológicos que no se utilizaban antes de la crisis del covid-19 y la forma en que la tecnología ha impactado positivamente para la promoción, protección y garantía de los derechos humanos, en especial el derecho al acceso a la justicia, que puede ser vulnerado desde pequeñas acciones u omisiones por cualquier agente estatal.

Conclusiones

Se evidenció la necesidad del derecho humano al acceso a la justicia durante una época de dificultad en un Estado social de derecho como lo es Colombia, y el impacto negativo que puede tener la ausencia de mecanismos y herramientas para que las personas puedan reclamar y acceder a sus derechos. No obstante, el Estado tiene la obligación de consagrar una serie de acciones y medidas que procuren el acceso y facilidades a todas las personas a recursos gratuitos, eficientes y eficaces que garanticen en mínima medida el acceso a la justicia.

Este contexto se puede considerar como una posibilidad para que el Estado examine las falencias que presenta el sistema judicial, incorpore medidas que se ajusten a las necesidades actuales y logre que se convierta en un sistema más ágil y eficaz, el cual pueda implementarse a largo plazo a través de herramientas de innovación que contribuyan a la descongestión judicial y le devuelvan la confianza a la población en un sistema justo y transparente.

Pese a que el ordenamiento jurídico colombiano ya contemplaba la posibilidad de la virtualidad en el sistema judicial y en el uso de mecanismos alternativos para la solución de conflictos, era una figura poco usada por el aparato judicial y, salvo casos excepcionales, se contemplaba y fijaba su aplicación. Así, este tiempo que se ha estado utilizando puede tomarse como un plan piloto para estudiar si la disposición de nuevos entornos tecnológicos contribuye e impacta de manera positiva en la garantía del derecho humano al acceso a la justicia.

Los avances que se han presentado por parte del Estado han sido limitados; en la mayoría de los casos solo es frecuente el uso de tecnologías tradicionales que no suelen aportar gran utilidad y dificultan la agilidad en los trámites. No obstante, la implementación de estos nuevos entornos tecnológicos es el primer paso para lograr un sistema judicial moderno, que permita desechar los modelos obsoletos y empezar una era digital mucho más efectiva, en la cual expresamente utilicen las TIC en los procesos judiciales e impongan la obligación de idear y desarrollar planes de innovación que puedan ser implementados en forma gradual.

Por tanto, se plantea que, de acuerdo con los resultados de las medidas y mecanismos implementados, se contemple la posibilidad de fijar esos lineamientos a largo plazo y operar la justicia bajo un enfoque digital y remoto siempre que sea posible. En una primera etapa pospandemia, los dos sistemas pueden ejecutarse alternadamente para contribuir tanto a la descongestión judicial como al acceso a la justicia de quien desee acudir de forma digital.

Dentro de las estrategias a proponer, se trae a colación la creación e implementación de un enfoque diferenciado y proactivo por parte de las instituciones judiciales, a favor de las minorías que normalmente tienen dificultades para acceder a la justicia, y lograr evidenciar las capacidades para priorizar, gestionar, rastrear casos y establecer sistemas en funcionamiento adecuados a las necesidades de los sectores vulnerables.

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1Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución 1/2020, «Pandemia y derechos humanos en las Américas», 10 de abril de 2020, disponible en bit.ly/3tms3w3.

2El aislamiento preventivo obligatorio se reguló y declaró sucesivamente mediante el Decreto 457, del 22 de marzo de 2020; el Decreto 531, del 8 de abril de 2020; el Decreto 593, del 24 de abril de 2020; el Decreto 636, del 6 de mayo de 2020; y el Decreto 749, del 22 de mayo de 2020.

3Asamblea General de Naciones Unidas, Resolución 70/125, «Documento final de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el examen general de la aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información», A/RES/70/125, 1 de febrero de 2016, párr. 9, disponible en bit.ly/3mL5U8h.

4Organización de los Estados Americanos, «Sexta Cumbre de las Américas», 2012, párr. 1-4, disponible en bit.ly/3paGB0A.

5Iain Levine, «Will technology transform the human rights movement?», Human Rights Watch, 26 de marzo de 2014, disponible en bit.ly/3e1vNMX.

6«El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales: Estudio de los estándares fijados por el sistema interamericano de derechos humanos», Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2007, disponible en bit.ly/3tm2M56.

7Corte Constitucional de Colombia, sentencia T-043, 1993.

8Diego García-Sayán, «Emergencia del coronavirus: Desafíos para la justicia», Declaración del relator especial de Naciones Unidas sobre independencia judicial, Naciones Unidas, 2020, disponible en bit.ly/3ttpCrB.

9«Ensuring access to justice in the context of Covid-19», Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, mayo de 2020, p. 12, disponible en bit.ly/3ttAfea.

10«Ensuring…», 14.

11Daniel Rojas Castañeda, «Conozca el ABC sobre el Decreto 806 por medio del cual se regula la justicia digital», Asuntos Legales, 9 de junio de 2020, disponible en bit.ly/3uK5hyf. La cita es de David Araque, socio del área de resolución de conflictos de la firma Gómez Pinzón.

Sobre la autora

María Camila Moreno Torres es abogada egresada de la Universidad Católica de Colombia. Investigadora vinculada al grupo de investigación «Persona, Instituciones y Exigencias de Justicia» del Centro de Investigaciones Sociojurídicas (CISJUC) de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Sus correos electrónicos son mcmoreno24@ucatolica.edu.co y kamila_moreno26@hotmail.com. https://orcid.org/0000-0002-9851-6528.

Recibido: 08 de Octubre de 2020; Aprobado: 30 de Junio de 2021

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