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Si Somos Americanos

versión On-line ISSN 0719-0948

Si Somos Americanos vol.16 no.1 Santiago jun. 2016

http://dx.doi.org/10.4067/S0719-09482016000100002 

Artículo original

La regionalización precaria en la frontera dominico/haitiana*

The precarious regionalization on the Dominican/Haitian border

 

Haroldo Dilla Alfonso**

**Instituto de Estudios Internacionales, Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile. Correo electrónico: hdillaalfonso@gmail.com


Resumen

La activación de los contactos en la franja fronteriza dominico/haitiana ha generado una nueva geografía insular, donde cobran importancia varios corredores transfronterizos por los que circulan cientos de millones de dólares de comercio de bienes y servicios (legal, ilegal, formal e informal), personas e informaciones. Estos corredores constituyen pasillos jerárquicamente ordenados que en algunos puntos de la franja se están transformando, sea de la mano de la economía o de la política, en regiones transfronterizas. Este artículo argumenta en torno a dos de estas experiencias ‒los binomios Dajabón/Ouanaminthe al norte y Elías Piña/Plateau Central en el centro‒, a partir de una discusión teórica preliminar sobre el significado de estas regiones transfronterizas en el capitalismo contemporáneo.

Palabras claves: Regiones transfronterizas, fronteras, ciudades.


Abstract

The activation of contacts in the Dominican/Haitian border region has created a new island geography, marked by cross-border corridors along which circulated hundreds of millions of dollars in goods and services (legal, illegal, formal and informal), people and information. They are hierarchically ordered and in some parts of the strip are being transformed, either by the hand of the economy or politics, in transborder regions. This article makes a discussion of two of these experiences -Dajabón/Ouanaminthe at north and Elías Piña/Plateau Central in the center- starting from a preliminary theoretical discussion about the meaning of these regions in contemporary capitalism.

Keywords: border regions, borders, cities.


 

Introducción: discutiendo las regiones transfronterizas

Uno de los senderos epistemológicos más atractivos de las ciencias sociales contemporáneas ha sido el intento de explicar la evolución capitalista ligada a una serie de arreglos espaciales que compatibilizan –al menos provisoriamente– la vocación del capital por la ingravidez con sus necesidades de territorialización. Harvey (1996) ha producido una excelente discusión acerca de cómo los procesos moleculares del capitalismo tienden a la estructuración de regiones con niveles distintivos de coherencia estructural. Y que resultan vitales para la revalidación del capital sobreacumulado en contacto con las realidades de los territorios reestructurados, en ocasiones sobrepasando (y fragmentando) las jurisdicciones nacionales.

Esto último habla del tema que vertebra este artículo: la formación de regiones transfronterizas, entendidas como aquellas zonas que involucran territorios y sociedades de matrices nacionales diferentes, y que resultan uno de los síntomas más interesantes de los procesos de rearticulación territorial del capitalismo posfordista.

Ésta fue la principal conclusión de un artículo escrito al comenzar el siglo por Bob Jessop (2003), y que tres lustros después sigue siendo una de las aproximaciones teóricas más sistemáticas producidas sobre el tema. El paso adelante que dio Jessop fue conectar los procesos de reterritorialización fronterizos con "los procesos generales del reescalamiento económico, político y social" que conducían a la relativización de las escalas nacionales que primaron en el capitalismo fordista. En otras palabras, se trataba de "una proliferación de escalas discursivamente constituidas, institucionalmene materializadas y espacialmente incorporadas que se relacionan en jerarquías crecientemente complejas y enredadas con diversas temporalidades y espacialidades" (Jessop, 2003, p. 28).

Aunque no fue su propósito estudiar regiones transfronterizas concretas –su motivación fue evidentemente europea, y del Viejo Continente extrajo sus principales ejemplos–, la investigación de Jessop nos aproxima a dos cuestiones claves para nuestra discusión.

La primera es la realidad que Schack (2000) –refiriéndose al borde danés/alemán– había denominado multicontextual, es decir, una suma de "patrones de comunicación e interacción divididos por un borde" (2000, p. 205) que determina las cadencias irregulares de los procesos y las configuraciones específicas de percepciones e identidades. Y en consecuencia, aun cuando la economía es un componente de sedimentación clave de estas regionalizaciones, no se limitan a sus procesos, sino que incluyen una infinidad de factores dados en la cultura, la política, las relaciones sociales y las historias particulares. Esta multicontextualidad es la base de esa suerte de heterotopía cotidiana, tal y como lo definía Foucault (2008), la yuxtaposición en un lugar real de varios espacios que normalmente serían, o deberían ser, incompatibles.

La segunda, y ligada a lo anterior, es la idea de que las regiones transfronterizas, aun cuando muestren una motivación económica en ocasiones determinante, no son productos ciegos del mercado, sino resultados de políticas. Si se quiere, siguiendo a Tilly (1990), la concatenación de los ámbitos de la acumulación y de la coacción en estas configuraciones territoriales particulares de la modernidad. Justamente lo que Sohn (2013, 2014) ha condensado en una evolución desde lo que llama "modelos geoeconómicos" basados en la explotación de ventajas diferenciales hasta otros más simbióticos que denomina "proyectos territoriales", con énfasis en producciones y servicios cooperados, y que implican cuotas altas de voluntad política de manejo del espacio.

En nuestro continente, éste ha sido un tema poco tratado por las ciencias sociales, pero ruidoso, pues en torno a él han tenido lugar debates y posicionamientos críticos que he reseñado en otro lugar (Dilla, 2015) y sobre los que no pretendo detenerme ahora. Baste apuntar que en ellos se ha enfatizado –sobre las supuestas inclinaciones fusionistas de la academia norteamericana– la existencia de lo que Grimson (2000) denominaba como sistemas relacionales sustentados en el conflicto. Dicho de otra manera, no se trata de enumerar y contraponer factores de contacto y factores de rechazo. Ambos tipos de factores son constitutivos de las regiones y los complejos urbanos transfronterizos, y están presentes en cada uno de los campos que canalizan la relación. De lo que se trata es de analizar cómo el rechazo y el contacto se funden en cuotas convenientes en aquellas relaciones de poder que señalizan la ecuación dominación/subordinación en las regiones en formación.

Al llevar esta discusión al caso dominico/haitiano, tratamos de discutir la realidad de una regionalización transfronteriza fragmentada e incoherente marcada por dos factores. El primero de ellos se refiere al desfase que ocurre entre el curso de la economía y la estructuración de la política. En el primer sentido, Haití es crecientemente una pieza clave para la reproducción de la economía capitalista dominicana. Lo es de muchas maneras, pero en lo que aquí nos concierne, porque Haití ha devenido en el segundo mercado internacional para República Dominicana, muy poco exigente, capaz de digerir productos de muy baja calidad que en ocasiones no consumen ni los propios dominicanos pobres. Y casi la totalidad de ese comercio multimillonario transita por la frontera o se realiza en ella. De manera que Haití funciona para el capitalismo dominicano como un mecanismo de "acumulación por desposesión" que subvenciona sus déficits y revaloriza el capital ineficiente.1

Sin embargo, la relación transfronteriza padece de una ausencia crónica de institucionalidad y normatividad. No hay políticas estatales integracionistas, siquiera de acuerdos puntuales binacionales en torno a temas claves como comercio, inversiones, migración, seguridad y compartición de recursos ambientales. Del lado dominicano la institucionalidad es débil y no existe nada similar a un régimen jurídico fronterizo. Del lado haitiano la situación es aún más dramática, y la franja fronteriza aparece como un verdadero desierto institucional. En consecuencia, las regionalizaciones han ocurrido de la mano del mercado, o empujadas por instituciones locales cuyos alcances han sido limitados por los entornos adversos.

Y entre esos entornos adversos posiblemente el más importante sea –es el segundo factor al que quiero referirme– la peculiar configuración de cada una de estas naciones como referentes antitéticos en los imaginarios nacionales de los vecinos. De manera que los contactos han estado marcados por el resentimiento mutuo y por el peligro de las rupturas.

El cuerpo central de este artículo se organiza en tres partes. La primera describe la historia de la frontera, en particular desde el lado dominicano, énfasis este último dado por la grave escasez de estudios históricos o sociológicos del lado haitiano. La segunda realiza una discusión de la primera experiencia de regionalización, que ocurre en el segmento norte del borde y tiene como pivotes las ciudades de Ouanaminthe y Dajabón. La tercera se refiere a la experiencia de la zona central donde la argamasa de la regionalización ha sido la iniciativa política local. Finalmente, ofrecemos unas conclusiones muy breves acerca de las perspectivas de este proceso, tomando en cuenta resultados de otras experiencias fronterizas.

Una frontera con su historia

La frontera dominico/haitiana tiene unos 320 kilómetros de extensión. Del lado dominicano abarca cinco provincias y dos docenas de municipios, usualmente ubicados entre los más pobres del país. Del lado haitiano existe una cantidad similar de municipios que –aunque más pobres que sus congéneres dominicanos– ofrecen oportunidades de empleos y vida excepcionales en un país que se cuenta entre los más depauperados del planeta. Ello puede observarse en el Mapa 1 que acompaña a este artículo.

En este sentido, la frontera dominico/haitiana muestra una paradoja usual en las situaciones fronterizas a nivel global. Por lo general en las fronteras ‒debido a la manera como se insertan en las estrategias de acumulación‒ la parte más pobre es regularmente más prospera que la media nacional que la contiene, mientras que la parte más rica es usualmente menos rica que su promedio nacional. Por consiguiente, los municipios haitianos –y en esto reside la paradoja‒ poseen una activa dinámica demográfica, y sus poblaciones crecen y se aglomeran en ciudades sin trazados ni servicios urbanos mínimos. En cambio, los municipios dominicanos, aunque mejor habilitados, pierden población, de manera que la franja fronteriza de este país está en proceso de despoblamiento y tiene una densidad demográfica sensiblemente menor que el promedio nacional.

Formalmente, ambas partes se conectan a través de cuatro puestos fronterizos principales ‒de norte a sur: Dajabón/Ouanaminthe, Comendador/Belladere, Jimaní/Mal Passé y Pedernales/Anse a Pitre‒ habilitados institucionalmente para regular el paso de personas y mercancías. Pero en la vida real la frontera es muy porosa, por lo que los contactos a través de esta tienen lugar de maneras muy variadas, y vastas zonas pueden ser consideradas como netos espacios transfronterizos por donde personas y bienes circulan, a lo sumo, bajo la mirada atenta de algún soldado en busca de un incentivo económico.

Esta frontera es, en más de un sentido, una combinación de dos mundos diferentes. De un lado una sociedad mestiza, hispanoparlante y con un nivel medio de desarrollo; del otro, una sociedad de fuerte raíz étnica africana, que habla un idioma particular, el creole, y que padece niveles de deprivación material e institucional angustiantes. Se le ha llamado una frontera entre el tercer y cuarto mundo. Y desde tantas diferencias y desigualdades, se le ha calificado como frontera insólita, como una relación desequilibrada, donde la hostilidad y la separación, más que la concertación, han modelado su comportamiento.

No es cierto. Hay fronteras en el mundo que separan y ponen en contacto sociedades tan o más desiguales y diferentes que las que encontramos en esta isla. Su supuesto desorden es un orden estructurado en el que se mezclan todas las dimensiones: lo legal y lo ilegal, lo internacional y lo local, lo público y lo privado. Pero es un orden –y aquí reside quizás su principal peculiaridad histórica– moldeado a partir de la sucesión de fases de convivencia complementaria y de rupturas hostiles entre los poderes estatales establecidos (inicialmente Francia y España, y posteriormente Haití y República Dominicana), a lo que se agregan paulatinas inversiones de las balanzas de poderes entre ellos y sus sociedades. Las comunidades fronterizas, por consiguiente, han sido el resultado de una sucesión trágica de desarraigos y recomposiciones al calor de una producción ideológica nacionalista que las élites de ambos lados han sabido utilizar para la reproducción de sus proyectos de poder.

De manera muy sucinta, diríamos que a lo largo del siglo XVII, cuando comienza la penetración francesa en el occidente despoblado de la isla, existió un clima generalizado de hostilidad en que la parte española contó con alguna superioridad sobre los núcleos dispersos de bucaneros franceses. Pero desde el siglo XVIII comenzó una fase de complementariedad, dada la subordinación económica del decadente Santo Domingo español a la pujante colonia francesa de Saint-Domingue, sin lugar a dudas la más rentable de la época (Casimir, 2007).

Cuando, tras una briosa revolución antiesclavista, se constituyó la República de Haití, esta relación de poderes se mantuvo (Haití fue más fuerte económica y demográfi mente hasta el siglo XX) y se produjeron varios intentos haitianos por ocupar la porción oriental de la isla, lo que fi te consiguieron entre 1822 y 1844. En este último año, una revuelta nacionalista proclamó la República Dominicana y abrió un turbulento período marcado por confl tos internos y por sucesivas invasiones haitianas. Pero desde el último tercio del siglo la subordinación complementaria de República Dominicana respecto a Haití volvió a restablecerse, lo que tuvo un particular impacto en la reconfiguración de las sociedades fronterizas (Dilla y Carmona, 2010).

Las crónicas de la época hablan de una frontera cuyas borrosas delimitaciones databan del siglo XVIII, que tendía a moverse en detrimento de República Dominicana, un país con bajísima densidad demográfica y con un Estado incapaz de llevar su jurisdicción hasta su propio borde. Y en torno a ella se describía a la sociedad fronteriza dominicana volcada hacia Haití, e incluso con una fuerte población de este último origen. La moneda común era el gourde haitiano y la lengua más usual el creole, y los fronterizos miraban hacia las luces de Puerto Príncipe como una meta de progreso. La visitaban con más frecuencia que a Santo Domingo, toda vez que un viaje a la capital dominicana tomaba cerca de diez días de camino, pero a la metrópoli haitiana se llegaba en menos de dos días.

Conocer a Puerto Príncipe –escribió un habitante de la franja fronteriza central– era el sueño de todos los fronterizos que desde siempre oíamos hablar de sus grandes tiendas, de sus mercados y de los alambiques y licorerías… era una ciudad muy activa, con más movimiento comercial que el Santo Domingo que conocería cinco años después. (Ramírez, 2000, p. 23).

Desde principios del siglo XX, el Estado dominicano comenzó a mirar hacia sus fronteras, lo que resultaba esencial para la consolidación del Estado nacional y para garantizar el nuevo lugar del país en la economía regional como agroexportador azucarero. Un primer resultado de esta mirada fue el intento de demarcar y delimitar la línea fronteriza, para lo que se consiguió un primer acuerdo bilateral en 1929, finalmente sancionado en 1936 (Páez, 2006). Ya por entonces República Dominicana estaba bajo la naciente dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, un militar aupado a la silla presidencial por los Estados Unidos como garante de sus intereses en la media isla, y que permanecería en ella por tres décadas (1930-1961).

Trujillo fue, en este sentido, el continuador de los esfuerzos de la clase política dominicana para consolidar el Estado central y llevar su control hasta sus límites legales, en lo que ya entonces se denominaba como la dominicanización de la frontera. Pero lo hizo de una manera peculiar, usando todos los recursos represivos y al mismo tiempo construyendo un discurso sobre Haití y la frontera que aún hoy prevalece en muchos aspectos. La dictadura de Trujillo y su programa de dominicanización convirtió la "cuestión haitiana" en un tema "bivalente", útil tanto para la legitimación política de su régimen como para los espacios emergentes de acumulación capitalista en la agroindustria.2

En este contexto, la frontera y su dominicanización estaban llamadas a adquirir un valor simbólico muy caro para el discurso político fundacional de la dictadura (Mateo, 2004). Desde la dominicanización se pensó por primera vez en el desarrollo de la frontera, sólo que de una manera excluyente y hermética que buscaba negar su propia condición fronteriza. La denominación dada a la zona –"el confín de la patria"– le otorgaba un sentido inexorable de retaguardia, final de algo, un gueto más allá del cual se encontraba el otro antitético, de alguna manera, la antipatria, un lugar de puertas cerradas.

En septiembre de 1937, Trujillo ordenó una limpieza étnica que costó la vida a miles de haitianos y dominicanos de origen haitiano que vivían en el lado este. Las cifras de personas asesinadas nunca han sido precisadas, pero algunos autores estiman una cantidad de víctimas entre diez y veinte mil. La mayor parte de los asesinatos ocurrió en la zona norte de la frontera y en el valle del Cibao (Mateo, 2004; Vega, 1988), pero otras crónicas hablan de una limpieza étnica sistemática en los años siguientes en las zonas central y sur. Al mismo tiempo, Trujillo dio órdenes precisas de no molestar a los contingentes de haitianos contratados por los centrales azucareros –que aterrorizados por las nada halagüeñas noticias, ansiaban regresar a su país–, según un documento oficial de la época "para evitar que los trabajos de la zafra de los ingenios azucareros sean interrumpidos por falta de braceros" (citado por Vega, 1988, p. 127).

Las comunidades fronterizas fueron diezmadas, centenares de familias fueron separadas y la vida cotidiana destrozada por esta nueva violentización de un orden que había estado madurando por cerca de un siglo. La dominicanización fue, en este sentido, un proceso de colonización, des/institucionalización y represión de valores y de prácticas sociales de autonomía. Las relaciones transfronterizas consuetudinarias guiadas por la costumbre y la oportunidad pasaron a ser, recordando una alegoría a la colonización de África de Massiah y Tribillion (1993, p. 28) "simples escorias de civilizaciones anteriores", definitivamente superadas por la implantación de nuevos valores civilizatorios que otorgaban a la región el discutible privilegio de salvaguarda de los valores dominicanos, supuestamente hispanos, blancos y católicos, frente al peligro haitiano: africano, pagano y negro.

La frontera permaneció cerrada por cerca de sesenta años. Los portones de metal que señalizaban sus pasos oficiales sólo se abrían para dar vía a los contingentes de braceros haitianos que cruzaban en dirección a los cañaverales dominicanos (un negocio de tráfico de personas que manejaban los mandos militares de ambos países) y algunos pocos millones de dólares de mercancías que componían el escuálido comercio binacional. La parte haitiana se empobreció a un ritmo aún más acelerado que el resto del país, mientras que la dominicana, aunque no pudo evitar el mismo destino, palió su empobrecimiento con algunas inversiones públicas habilitadoras o de fomento de actividades económicas de subsistencia.

Este cierre hermético comenzó a relajarse desde la década de 1980, cuando se produjeron procesos de democratización en ambos países, y el capitalismo dominicano comenzó a tomar nota del mercado haitiano como una oportunidad para su reproducción. En 1993 una crisis política haitiana fue seguida de un bloqueo comercial impuesto por los Estados Unidos, a lo que el gobierno de República Dominicana respondió autorizando, sobre supuestas bases humanitarias, exportaciones de alimentos. Ello se tradujo en una verdadera orgía mercurial en la frontera, cuyas hasta entonces intransitadas veredas se vieron invadidas por centenares de vehículos que cargaban todo género de mercancías.

Ese momento marcaría un punto de infl n en la historia de las relaciones transfronterizas. El comercio de gran escala continuó aumentando hasta llegar en la actualidad a más de mil millones de dólares de mercancías, principalmente exportaciones dominicanas a Haití. De igual manera se abrió un espacio de comercio local, que se benefi con autorizaciones puntuales que fijaban los días y horarios de funcionamiento de ferias transfronterizas, y cuyos volúmenes son difíciles de precisar dada la naturaleza informal en que se desarrolló. No menos relevante fue la diversifi n de los orígenes y destinos de la migración haitiana, en la misma medida en que el azúcar dejó de ser una actividad económica importante y la economía dominicana experimentó un proceso de diversificación.

Sin embargo, todo ello tuvo lugar en un contexto de absoluta ausencia de un orden legal e institucional que diera cuenta de los principales temas de la agenda transfronteriza: comercio e inversiones, migración, seguridad y medioambiente. Del lado haitiano no existía ninguna disposición legal y la única institución referida a la frontera era en realidad un dispositivo burocrático con mejores intenciones que recursos (Antoine, 2010), mientras que el lado dominicano se ha caracterizado por un solapamiento institucional y normativo que genera frecuentes conflictos entre las partes involucradas en estas actividades (Dilla, 2010). En consecuencia, la nueva imagen de la frontera y su constitución como lugar incluía una notable diversidad de interacciones sociales y culturales, pero pendientes de un contexto de inseguridad e inestabilidad que hacía de la disrupción conflictiva un componente frecuente e inevitable.

Esta situación contribuye a explicar los resultados que De Jesús (2007) obtuvo en una serie de encuestas desarrolladas a lo largo de la franja fronteriza, dirigidas a evaluar cómo los dominicanos de la franja percibían a sus vecinos haitianos. Encontró una percepción abigarrada que combinaba en una misma perspectiva la valoración de los haitianos como pervertidores del ser dominicano –el meollo de la propaganda xenófoba en la media isla– con la muy pragmática idea de que el contacto con ellos era vital para la sobrevivencia. En otras palabras, que un cuarto de siglo de interacción no había generado los tipos ideales propios de un "ambiente fronterizo", tal y como los describió Martínez (1994) para la franja México/Estados Unidos, sino un ambiente signado por la fragmentación del contacto y la aprehensión esquizofrénica desde las propias subjetividades individuales. De esa manera, los y las dominicanos(as), mayoritariamente, deseaban trabajar con un haitiano (los mercados transfronterizos eran la actividad más redituable en cualquier ciudad de la franja), pero rechazaban todo contacto con la vigorosa cultura haitiana, cuya música, pinturas y artesanías engalanan el paisaje latinoamericano. En los términos planteados por Axel Honneth (1997), los subvaloraban como seres merecedores de afectos básicos, los aceptaban como generadores de valores materiales y los excluían como productores de valores culturales y simbólicos.

La regionalización utilitaria

La apertura de la frontera dibujó una nueva geografía insular. Si hasta los años 90 del siglo pasado los magros intercambios tenían lugar por un solo paso –el que conecta las dos capitales por Jimaní/Malpasse–, desde entonces se fueron perfilando varios corredores y subcorredores que comenzaron a enlazar regiones y localidades de ambos países. Y en la medida en que estos corredores fueron intensificándose y moldeando espacios propios, fueron generando regiones transfronterizas y complejos urbanos del mismo signo en varios puntos de la franja, lo que puede apreciarse en el Mapa 2.3

Mapa 2: Mapa político de las provincias fronterizas.
En H. Dilla (ed.) (2010). La frontera dominico-haitiana.
Santo Domingo, República Dominicana: Banco Interamericano
de Desarrollo, Editora Manatí.

Aunque el corredor más activo comercialmente es el que enlaza las dos capitales nacionales a través de la ciudad de Jimaní,4 el lugar fronterizo más intenso sociológicamente es donde se ponen en contacto las ciudades de Dajabón y Ouanaminthe para constituir el más completo complejo urbano transfronterizo (Dilla, 2015), y en torno a él, la región más relevante de la geografía insular.

Históricamente –desde que se fundaron en el siglo XVIII–, estos poblados han constituido una mancha urbana única, y han condensado en sí todas las virtudes y tragedias de esta región. El río que separa ambos poblados, por ejemplo, lleva el nombre de Masacre, en recordación de un grupo de franceses que en el siglo XVII fueron emboscados y acribillados por un grupo de arcabuceros españoles. Y fue aquí donde se inició –y más intensa fue– la masacre de los haitianos, ejecutada por las hordas trujillistas en 1937. Pero es también aquí donde se ofrece el mejor ejemplo de dos ciudades/bisagras que viabilizan la intensa relación económica entre Santiago de los Caballeros y Cabo Haitiano, ambas segundas ciudades de sus respectivos países (con poblaciones superiores al medio millón de habitantes) y situadas a 142 y 70 kilómetros del borde, respectivamente.

Como antes decía, Dajabón y Ouanaminthe comparten una misma función intermediaria, dada en una misma relación espacial. Ambas se benefician de una serie de oportunidades derivada de los flujos económicos (empleos, provisión de servicios, ingresos fiscales) que han impactado en ellas aunque de manera diferente. De igual forma, a cambio, ambas están obligadas a digerir una serie de externalidades negativas, tales como la congestión de tráfico, la contaminación y la afectación de vías públicas, la degradación del clima público, el incremento poblacional excesivo, etc.

Dajabón resulta la pieza más fuerte del binomio. Ella alberga la feria comercial transfronteriza más grande de la isla, que funciona dos días por semana e involucra a unos tres mil vendedores, mayoritariamente haitianos, y a unos cinco mil compradores de ambas nacionalidades, aunque la abrumadora mayoría de los concurrentes son haitianos –entre un 70 y un 80% de todos los asistentes, la mayor parte de las ventas se mueven en beneficio de los dominicanos, y en especial de los vendedores de productos agropecuarios provenientes del fértil Valle del Cibao en torno a la ciudad de Santiago (Rosario, 2007).

Como resultado de esta relación, Dajabón ha experimentado una significativa modernización de su habilitación y un vertiginoso crecimiento comercial. Desde una ciudad que al comenzar el siglo contaba con 12 mil habitantes, un solo banco de segundo rango y un solo hotel con condiciones pésimas, en la actualidad posee un stock de 26 hoteles de diferentes calidades y tamaños, y cuatro establecimientos bancarios, incluyendo los dos bancos más importantes del país. La ciudad muestra una cantidad sorprendente de restaurantes, bares, líneas de transporte colectivo, talleres de reparación y tiendas diversas, todos los cuales funcionan con un cálculo de economía de escala que incluye miles de consumidores haitianos. De igual manera, posee un hospital público, un sistema de enseñanza hasta el nivel preuniversitario, un instituto politécnico y una sede universitaria privada, que también aprovechan los jóvenes de la escuálida clase media de Ouanaminthe. La mayoría de los hogares tenía agua por tubería y luz eléctrica y una parte considerable de sus calles estaban pavimentadas. Hacia el año 2010 alrededor del 30% de sus 20 mil habitantes vivía en la pobreza, lo que había significado una reducción de cerca del 30% desde 1993 en que se abrió la actividad comercial. Era una de las ciudades menos pobres de un país cuyas tasas de pobreza oscilan entre un 40 y un 50%.

Aunque la ciudad no es un lugar de acumulación, sino de transacciones, por lo que experimenta una fuga permanente de capital que se manifiesta en el acusado desbalance entre las sumas ahorradas y las sumas prestadas en sus unidades bancarias (Dilla, 2004). Por esta razón, respecto a su entorno inmediato –la provincia de Dajabón–, la ciudad ejerce más fascinación con sus ofertas de sobrevivencia que una verdadera atracción productiva. La actividad comercial que tiene lugar en la ciudad está divorciada de su entorno, y no son identificables cadenas productivas y de servicios consistentes. Los millones de dólares de productos agrícolas que se venden anualmente en la feria no provienen de la provincia – plagada de minifundios improductivos–, sino, como decía, de la zona agrícola del centro de la isla. Por consiguiente, aunque la provincia de Dajabón pierde población en términos absolutos, la ciudad cabecera crece a un ritmo considerable (3,3%), como consecuencia de la inmigración de campesinos arruinados que se amontonan en barrios marginales al sur de la ciudad. Estos barrios, junto con los barrios norteños emergentes de clase media, constituyen los dos resultados socioespaciales más visibles de la relación transfronteriza.

Ouanaminthe, en cambio, es una ciudad que, salvo su parte central –un área husiforme de unas seis hectáreas– está constituida por una trama urbana desestructurada, carente de una habilitación mínima. Más que una ciudad, Ouanaminthe semeja una inmensa aldea.

Según un estudio conducido por el Banco Interamericano de Desarrollo al comenzar el siglo (BID/Habitat, 2001), el 91% de los hogares urbanos estaba bajo la línea oficial de la pobreza, mientras que un 68% subsistía en condiciones de indigencia. Desde 1998, los generadores de luz eléctrica habían colapsado. No había servicio de acueducto –excepto un tanque en mal estado que daba agua un día a la semana a la parte más vieja de la ciudad– y una parte significativa de los hogares se abastecía de agua directamente del limítrofe río Masacre, justo donde los vecinos de Dajabón acostumbran a arrojar sus desechos. Tampoco existían alcantarillas cloacales, lo que determinaba que el 65% de los hogares arrojaba las aguas negras a la calle. Como el depauperado ayuntamiento no proporcionaba un servicio mínimo de recogida de desechos sólidos, la mayoría de los vecinos quemaba directamente la basura, mientras que un 10% arrojaba los desechos a la vía pública. Muy pocas calles estaban asfaltadas, y las que lo estaban presentaban estados lamentables. INESA (2002), por su parte, informaba de un analfabetismo superior al 70% de la población adulta, de la presencia de sólo tres médicos y 60 camas hospitalarias, y de un 25% de los niños en edad escolar que no asistía a la escuela.

Desde entonces no hay otros estudios sobre la ciudad, pero ninguna evidencia observable indica un cambio de su suerte, más allá de los efectos parciales de algunas pocas inversiones públicas y del intercambio comercial fronterizo. Actividad esta última a la que los haitianos se vinculan principalmente como compradores ávidos de productos agropecuarios dominicanos, vendedores menores de reexportaciones (ropas usadas, cosméticos, bebidas alcohólicas) y ofertantes de servicios de carga y acarreo. En consecuencia, aunque se involucran masivamente, lo hacen ejerciendo funciones menores en el intercambio.

Ouanaminthe funciona, en buena medida, como un inmenso barrio marginal sui géneris de la ciudad de Dajabón. Por un lado, la economía de esta última utiliza a sus vecinos haitianos en los procesos de producción e intercambio de la misma manera como toda ciudad lo hace respecto de sus barrios pobres en cualquier ciudad: como mano de obra devaluada y consumidores de baja calidad. Por otro, los habitantes de Ouanaminthe tienden a comportarse frente a la ciudad dominicana siguiendo un sistema cotidiano de desplazamiento urbano similar a como un habitante de una favela lo hace frente a los distritos centrales y de clase media de su propia ciudad: hurgan en ellos para encontrar medios de sobrevivencia (mendicidad, empleos no calificados), consumen sus servicios públicos disponibles (principalmente de salud pública) y eventualmente disfrutan de sus discretas elegancias en momentos de esparcimientos lúdicos.

Posiblemente el dato de mayor valor cualitativo que ofrece Ouanaminthe estriba en la instalación de una zona franca industrial (maquila) en sus inmediaciones, lo cual ha sido intensamente estudiado por Traub-Werner (2008). La zona franca CODEVI (Compagnie Development Industrie) fue establecida en 2003 por el Grupo M, un grupo relativamente nuevo en el selecto concierto del gran capital dominicano que posee varias maquilas en la zona de Santiago de los Caballeros. La función del establecimiento en Ouanaminthe es asumir parte del proceso de confección de ropas y de esa manera aprovechar algunos espacios que Haití posee, en su calidad de nación menos desarrollada, en el mercado norteamericano mediante la Hemispheric Opportunity Through Partnetship Encouragement (HOPE) de 2006. Y al mismo tiempo aprovechar la desregulación y bajos salarios haitianos, de la misma manera que, por su ubicación sobre la frontera,5 puede disfrutar de una serie de servicios personales, técnicos y comerciales del lado dominicano. Un ejemplo de cómo el capital privado logra aprovechar las ventajas comparativas de cada lado de un borde e incrementar las ganancias diferenciales.

En sus inicios, la planta atravesó serias dificultades debido a la oposición de muchos pobladores y grupos políticos de Ouanaminthe a su establecimiento, y posteriormente a los conflictos laborales que se suscitaban debido a los bajos salarios y a las condiciones onerosas de trabajo. Estos conflictos obligaron a la firma a negociar con los trabajadores, debido a la presión de sus financiadores del Banco Mundial, de la Confederación Gremial Internacional (ITGLWF) y de las propias marcas interesadas en evitar un boicot por incumplimiento del código de conducta (Duvillier, 2004). A fines de 2005 el Grupo M accedió a firmar un convenio colectivo de trabajo y a permitir el sindicato denominado Sendika Ouvriye Kodevi Sokowa (SOKOWA). Además, se dio un aumento salarial a los operarios, cuyo jornal diario pasó de US$ 1,5 a US$ 3, con la promesa de pagar extra cualquier dilación de la jornada por encima de las ocho horas. Actualmente posee unos siete mil empleados haitianos que garantizan unos cuatro mil empleos en factorías similares en Santiago. Según las cifras ofrecidas por sus propietarios, los salarios mensuales estarían ubicados en un rango de entre US$ 150 y 200 (Acosta, 2013).

No hay dudas de que el establecimiento de una planta industrial de esta naturaleza en un lugar donde no había ninguna otra oferta de empleo ha sido una oportunidad de sobrevivencia para miles de jóvenes haitianos de la región. Pero las condiciones de sobreexplotación de la fuerza de trabajo –salarios miserables y ritmos muy acelerados del trabajo– que predominan en CODEVI ha tenido un doble efecto que deseo comentar. El primero es el escenario conflictivo que ha caracterizado a la empresa, donde a la tirante relación existente entre el capital y el trabajo se suma el siempre latente conflicto étnico/ nacionalista (López y Van Eecke, 2007).

Los conflictos entre la administración dominicana y los trabajadores haitianos continúan irrumpiendo regularmente. El ministerio haitiano responsable de mediar en los conflictos laborales informó paros periódicos en las líneas de producción de 6 a 10 cada año. En la primavera del 2007, la Levis se vio afectada por un paro general cuando la compañía trató de cambiar las metas de producción. Incluyendo a los 45 trabajadores despedidos por esta acción, la compañía ha informado oficialmente al ministerio gubernamental de 170 despidos durante los primeros meses del 2007, aproximadamente el 12% de la fuerza de trabajo. (Traub-Werner, 2008, p. 227).

En segundo lugar, a pesar de que la maquila se anunció como una manera de reducir la pobreza a través del empleo en Ouanaminthe, su efecto ha sido justamente el opuesto: la pobreza ha crecido. Y lo ha hecho porque los salarios que se pagan resultan insuficientes para una vida familiar decorosa, pero también porque la oferta de empleos ha arrojado sobre la ciudad nuevos contingentes de migrantes del nordeste haitiano, una parte de los cuales ha conseguido empleos, pero otra se ha agregado a un miserable ejército laboral de reserva que probablemente nunca encuentre una oportunidad.

La ciudad de Ouanaminthe, con su precaria habilitación, soporta hoy una población mucho mayor que sigue mirando a la frontera como su único recurso, mientras que sus habitantes originarios recuerdan con nostalgia los tiempos pasados en que la ciudad era un pequeño conglomerado con 12 horas de electricidad, vínculos primarios sólidos y la fama de ser una de las ciudades más seguras del país.

En resumen, aun cuando en esta madeja de relaciones comunitarias es posible encontrar todo tipo de vínculos y prácticas sociales, los vínculos originados en el mercado resultan predominantes y condicionantes de la totalidad relacional. Y en todos los casos (aunque con intensidades diferentes) estos vínculos están marcados por la desventaja haitiana y las confi nes ideológico/culturales nacionalistas de ambos lados. En consecuencia, las percepciones mutuas de los habitantes de estas ciudades implican el reconocimiento de imprescindibilidad sobre bases utilitarias y al mismo tiempo una "distancia mental" que distingue dos culturas, dos composiciones raciales, dos historias y dos condiciones socioeconómicas diferentes y, con frecuencia, percibidas como antitéticas.

Por ello, hay detalles interesantes de las relaciones interurbanas que merecen ser mencionadas. Por ejemplo, que a pesar de la contigüidad, los contactos oficiales entre ambos ayuntamientos son muy eventuales y limitados a temas concretos, generalmente de urgencia para las actividades comerciales que todos ven como imprescindibles. Las organizaciones de la sociedad civil, a pesar de que con frecuencia han sido fundadas para atender temas fronterizos, no poseen coaliciones binacionales perdurables. Dajabón es la única ciudad de la frontera donde virtualmente no residen inmigrantes haitianos, a excepción de algunas mujeres que laboran en casas durante toda la semana y unos pocos pequeños propietarios que han decidido pagar el precio de la asimilación. Aunque a ello contribuye el hecho de que la ciudad haitiana está muy cerca y el cruce diario puede ser convenientemente acordado por los funcionarios de migración, es también un hecho que los militares dajaboneros ponen tantos cuidados en abrir las puertas puntualmente para la entrada de la avalancha de compradores haitianos, como de devolverlos a su país cuando recesan las actividades de la feria.

Construyendo la región desde la política local6

Colindante con la provincia de Dajabón se encuentra Elías Piña, el lugar más pobre de República Dominicana, y que a diferencia de Dajabón –cuya ciudad cabecera prácticamente monopoliza la actividad comercial transfronteriza– abarca cuatro municipios limítrofes que albergan ferias comerciales e intercambios diversos con municipios y poblados similares del lado haitiano. El más importante de estos municipios aloja a la ciudad de Comendador, un poblado de unos 15 mil habitantes que funciona como capital provincial.

Elías Piña es la continuación física degradada del fértil Valle de San Juan, cuya ciudad cabecera –San Juan de la Maguana, de algo más de cien mil habitantes– opera como ciudad dominicana dominante del corredor, que la conecta con la parte central de Haití, y en particular con el denominado Plateau Central, considerado el granero haitiano.

Su ubicación entre dos zonas agrícolas relevantes incrementa el rol de intermediación que hacen estos poblados, que funcionan como suertes de enclaves en medio de entornos rurales mayoritarios y plagados de cuotas altísimas de pobreza. Según el último censo, cerca del 80% de la población provincial –algo más del 50% de la ciudad de Comendador– era pobre, y sobre un 20% se ubicaba en la indigencia.

Comendador es una ciudad modesta, que alberga a la segunda feria comercial transfronteriza y al tercer puesto fronterizo en importancia comercial. La feria –que constituye la principal actividad económica de la ciudad– reúne a un millar de vendedores de ambas nacionalidades dos veces por semana y a unos tres mil compradores de diferentes lugares y de la propia ciudad. Al igual que Dajabón, la ciudad atrae a la población haitiana colindante, que usa sus servicios públicos y ofrece su fuerza de trabajo en el escuálido mercado laboral local. Pero a diferencia de ella, Comendador sirve de lugar de residencia de varios centenares de habitantes haitianos que comparten las condiciones miserables de vida de los dominicanos más pobres de la ciudad (Dilla, 2011).

En consecuencia, la provincia dominicana de Elías Piña y el Departamento Central haitiano –y en particular las ciudades de Comendador y Belladere, separadas por unos cuatro kilómetros– sostienen una compleja relación. Por un lado, son bisagras de una relación de intercambios comerciales vitales para la reproducción económica de ambas partes. Diría que ante la falta de otras opciones, se trata de una relación mucho más indispensable que en el norte. Pero al mismo tiempo configura una relación que no ha madurado –como en Dajabón/Ouanaminthe– en proyectos productivos comunes. Por lo tanto, las relaciones económicas transfronterizas se tornan más inestables y sus vaivenes impactan más fuertemente sobre las comunidades involucradas.

La inacción de ambas ciudades se observa claramente en el hecho de que, a pesar del incremento de los negocios transfronterizos, no se producen despegues de actividades complementarias, ni la emergencia de una clase media residente. Comendador sigue teniendo, como hace una década, un solo hotel de pocas habitaciones insalubres y un solo restaurante en el que se puede almorzar sin temor a una enfermedad estomacal. Belladere, con sus más de 50 mil habitantes, continúa mostrando como principal atractivo urbano las ruinas de algunos edificios que –en los lejanos años 40– un presidente haitiano levantó para mostrar algo que indicara a sus vecinos dominicanos que el país progresaba.

Por otro lado, históricamente este fragmento de la frontera ha resultado el más poroso de toda la línea. Como antes anotaba, es usual que en la franja dominicana habiten familias haitianas –lo que no ocurre en Dajabón– y que los contactos tiendan a ser más relajados y primarios que en el resto de la línea. Aunque ello no implica una relación desprovista de tensiones y animosidades –que siempre ocurren en situaciones fronterizas–, es innegable que éste es el punto limítrofe insular donde la hibridación cultural es más fuerte y las solidaridades sociales son más frecuentes.

Por ello no es casual que el impulso más novedoso a la relación transfronteriza en la isla haya provenido del campo de la política, tratando de hacer lo que la economía no ha podido y lo que la relación social favorece: el desarrollo local compartido. Al respecto, desde 2008, y con el apoyo de varias agencias internacionales y de pequeñas organizaciones técnicas locales, ha tenido lugar un proceso de concertación que ha culminado en la formación del Comité Intermunicipal Transfronterizo (CIT), bajo el sintomático lema de "dos pueblos, una frontera, un solo destino".

En esta organización se agrupan ocho comunas haitianas y seis municipios dominicanos con el fin declarado de movilizar recursos para el desarrollo local, incrementar las capacidades de los ayuntamientos involucrados y generar espacios de diálogo y concertación de políticas en aquellas áreas que involucran a ambas partes, como son el comercio, el manejo de recursos naturales compartidos y la producción cultural. Entre otras acciones, el CIT ha conseguido apoyos sustanciales de la Unión Europea y otras organizaciones internacionales para el diseño de acciones como la creación de oficinas técnicas municipales, la implementación de programas de asistencia a agricultores y el diseño de itinerarios turísticos culturales en la región. De igual manera, y con el sustancial apoyo de los municipios dominicanos, se realizan periódicamente reparaciones de los caminos vecinales de la parte haitiana, una tarea vital para garantizar el acceso de los comerciantes a los mercados locales.

Este esfuerzo paradiplomático tiene en sí valores que trascienden sus éxitos puntuales. En una frontera diseñada como un inmenso muro lleno de agujeros, con un orden legal precario y sin espacios regulares de concertación, la aparición de un proyecto de esta naturaleza ha sido en muchos sentidos un paso invaluable de renovación. El éxito alcanzado en los proyectos acometidos con fi nciamiento internacional ha producido un efecto de demostración positivo para otros actores de la frontera. Sin embargo, se ha tratado de un proyecto que contiene en sí mismo severos límites, producto de la propia historia de estas sociedades. Ante todo, aunque siempre existió una vocación social loable en una zona tan tremendamente deprimida, y de hecho se invitaba a las organizaciones de la sociedad civil a participar en las reuniones, el CIT nunca contempló conseguir un involucramiento social mayor ni una participación efectiva de las comunidades. Las propias organizaciones de la sociedad civil –que en estos lugares es muy débil y fragmentada– sólo asistían a las reuniones como observadoras y no se involucraban en las tomas de decisiones. Las acciones adoptadas que tenían impactos sociales eran usadas con frecuencia con fi clientelistas por los alcaldes.

Otro punto débil ha sido el toque personalista de la acción. Aunque este proyecto fue el resultado de la existencia de un tejido social específico y de una dinámica previa de contactos y concertaciones menores, su realización ysostenimiento ha dependido en buena medida de una figura excepcional: el alcalde de la ciudad cabecera provincial dominicana. Aun cuando aparecía como un personaje político del partido más derechista y tradicional del espectro político nacional –justo del que menos se podía esperar una voluntad de concertación con la parte haitiana–, era un hombre con experiencia empresarial, tenía una gran sensibilidad social y se destacaba por su fuerte acometividad. Siendo, además, el alcalde de la ciudad mayor y más poblada, ello garantizaba cierta hegemonía natural en su provincia, así como lazos de comunicación con sus contrapartes haitianas. De igual manera que es imposible explicar la creación de este espacio paradiplomático sin su activismo, es difícil imaginar su sobrevivencia sin la presencia y el liderazgo de esta persona.

En tercer lugar, el CIT siempre funcionó con un marcado desnivel de las dos partes constitutivas. Aun cuando los municipios dominicanos son débiles desde muchos puntos de vista –presupuestos, recursos técnicos y humanos, transparencia–, sus capacidades sobrepasaban holgadamente a los municipios haitianos.

Los municipios haitianos son entidades cuyos presupuestos dependen absolutamente de las asignaciones centrales que son ejecutadas por el gobierno central de manera arbitraria e irregular, al mismo tiempo que se producen frecuentes intervenciones centrales, imponiendo alcaldes y funcionarios o desconociendo los resultados electorales. En consecuencia, se fue tejiendo una red de dependencia asistencialista en que los ayuntamientos haitianos funcionaban como hermanos menores respecto de los dominicanos. Por otra parte, a diferencia de sus homólogos dominicanos –que habían conseguido formar una mancomunidad propia y llegaban al CIT con posiciones consensuadas–, los alcaldes haitianos nunca conseguían ponerse de acuerdo, a lo cual contribuía la escuálida conectividad del territorio. La desigualdad de las partes terminó reduciendo al paternalismo lo que había sido concebido como un espacio de cooperación entre iguales.

Conclusiones: las fronteras en la frontera

Este artículo registra una experiencia fronteriza –la que divide a la isla que ocupan Haití y República Dominicana– marcada por una considerable desigualdad socioeconómica, por profundas brechas culturales, por una historia compleja de interacciones y, sobre todo, digno de destacar, por la inexistencia de un marco normativo institucional (binacional o supranacional) que viabilice las relaciones. Esta ausencia fundamental de una normatividad es, sin lugar a dudas, el rasgo distintivo de esta frontera en el continente.

La primera experiencia analizada habla de una realidad comercial muy intensa –tanto del comercio internacional como el propiamente local. Dajabón y Ouanaminthe son partes subordinadas de una relación espacial dominada por las dos segundas ciudades insulares –Santiago y Cabo Haitiano– y al mismo tiempo establecen una relación en que la parte haitiana transfiere valores netos a la dominicana, y gana de la relación con ella la oportunidad de sobrevivencia para sus miles de habitantes depauperados. Es, por lo demás, una relación sujeta a sobresaltos, en unos casos motivados por las tensiones entre los gobiernos centrales, en otros por conflictos locales. Y si bien pudiéramos decir que ello puede ocurrir en cualquier frontera, aquí no existen los mecanismos de concertación y la normatividad adecuados, por lo que los conflictos tienden a producir cursos cismogéneticos, con cierres prolongados y pérdidas materiales considerables para todas las partes.

A la erosión de esa cualidad inseparable del negocio que es el cálculo de previsibilidad, se agrega una segunda consecuencia negativa: el sentido marcadamente utilitario de la relación y la manera como ello es percibido por los actores y comunidades involucrados. Una relación de mutua necesidad en la que los espacios para los reconocimientos, en el sentido analizado de Honneth (1997), son severamente limitados.

La segunda experiencia analizada nos muestra una situación en que la regionalización también está avalada por una relación económica, pero en un contexto de relaciones transfronterizos más distendido. Su signo distintivo es un ejercicio de concertación local que pudiéramos denominar como paradiplomacia, bajo el cual ha existido un fuerte apoyo de la cooperación internacional. Y aunque este ejercicio debe ser considerado una renovación sin precedentes en la historia de la frontera, no puede obviarse el hecho de que funciona sin marcos sistémicos adecuados y, por consiguiente, sujeto a tensiones y reversiones. No menos relevante es el hecho de que al limitarse fundamentalmente a iniciativas de los propios políticos locales, éstos tienden a reproducir aquí las tendencias autoritarias, clientelistas y asistencialistas que jalonan sus gestiones.

Obviamente, no quiero decir con ello que el establecimiento de acuerdos binacionales contengan per se las correcciones para estas situaciones. Puede suceder justamente lo opuesto: que los acuerdos internacionales no tomen en cuenta los intereses de la miríada de personas cuyas vidas dependen de los intercambios transfronterizos, en relaciones en las que lo local y lo internacional, lo formal y lo informal, se mezclan y confunden. Como ha sido el caso de lo que Héctor Jaquet (2008) denominaba el aplastamiento de una integración "por abajo" como consecuencia de los acuerdos macro adoptados por el Mercosur en la triple frontera que comparten Ciudad del Este, Foz de Iguazú y Puerto Iguazú:

En relación con el MERCOSUR, contrariamente a lo esperado, su implementación desde 1991-94 no trajo la integración de los pueblos tan declamada en los tratados, sino más bien vino a interrumpir y a añadir más nivel de conflicto a un marco histórico de relaciones entre los habitantes de las dos orillas. Las políticas integracionistas pronto marcaron la existencia de un MERCOSUR "desde arriba" y "para los de arriba" y otro que padecen "los de abajo". En términos de algunos agentes fronterizos, "un MERCOSUR de primera" que habría beneficiado a los grandes empresarios y a los circuitos transnacionales, y "un MERCOSUR de segunda", que afectó notablemente a las poblaciones locales fronterizas periféricas. (Jaquet, 2008, p. 57).

Pero es indudable que la existencia de acuerdos y normas compartidas de regímenes fronterizos puede constituir un escenario propicio si logran desprenderse del gastado paradigma westfaliano de un-territorio-un-pueblo-un-estado. Y en su lugar acercarse a formas de gobernanza de soberanías compartidas en que los gobiernos locales, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades asumen roles públicos más definidos. Adicionalmente, en consecuencia, se generarían –sigo de cerca a Leresche y Sáez (2001)– sistemas político/administrativos adhocráticos de "gobernanza sináptica" en lugar de las gestiones tradicionales "topocráticas", al mismo tiempo en que también se renueva el discurso nacionalista a favor de otro de valores locales compartidos.

República Dominicana y Haití no sólo comparten una isla, sino también un espacio histórico y cultural. La frontera que les une y les separa, es el eje de numerosas formas de interacción que han ido generando formas peculiares de regionalización. Lo que quiero indicar con este artículo es que estas formas de reterritorialización pueden contener tantas morbosidades como formas superiores de vida y convivencia. Ello depende de muchos factores, y uno de ellos es la existencia de un marco de acuerdos binacionales efectivo y tolerante que conciba la diferencia como una virtud y la relación con ella como una oportunidad. Algo que los habitantes de la frontera –los haitianos de Ouanaminthe y los dominicanos de Dajabón– entienden y aprovechan, como pueden, todos los días.

Notas

* Este artículo forma parte del proyecto de investigación Fondecyt 1150812, Desea agradecer a la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Postgrado de la UNAP y a CONICYT por sus apoyos para la realización de este artículo.

1 Tomo el concepto acumulación por desposesión directamente de la discusión que realiza Harvey (2003), a partir de un trabajo seminal de Rosa Luxemburgo (1967). Su aplicación al caso dominico/haitiano, que creo innegable, merecería un estudio empírico más sostenido.

2 Se trataría de una condición "bivalente" que Nancy Fraser (2008) ha explicado para esos "otros" que son sometidos a una explotación clasista -y que los convierte en productores abstractos de valores de cambio- y al mismo tiempo lo son en virtud de sus características genotípicas, culturales y otras concretas. Esto da lugar a esa confluencia que la autora ha planteado entre las reivindicaciones redistributivas y las políticas del reconocimiento.

3 En este artículo el término "corredores transfronterizos" aludirá a los ejes transfronterizos (usualmente acomodados por la geografía física y la infraestructura vial) a través de los que circulan, de manera regular y en cantidades significativas, mercancías (bienes, dinero, fuerza de trabajo), información y eventualmente contactos sociales y políticos, entre varias zonas ubicadas a ambos lados del borde (Félix, Zepeda Castro, 1997). En cambio, el término "región transfronteriza" trata de describir un espacio más denso y regular que se despliega a ambos lados de la frontera y se constituye como una aglomeración identificable, sea por razones económicas, culturales o políticas.

4 Situada del lado dominicano y sin contraparte haitiana, Jimaní es una de las ciudades más pobres de su franja fronteriza, con cerca de un 70% de su población en esta condición. Es un lugar sin historia, pues fue fundada con fines geopolíticos. La ciudad es un pasillo por el que transitan largas caravanas de camiones que cruzan cada día en ambas direcciones sin detenerse más que para atender los trámites aduaneros o migratorios. No dejan a la ciudad otra cosa que ruidos, huecos en las calles y humo. Nadie va a Jimaní, sino que todos pasan por ella. Se trata de un típico "no-lugar", en el sentido descrito por Augé (1996).

5 La maquila ocupa 400 mil metros cuadrados haitianos y 150 mil dominicanos, por lo que una parte del borde queda dentro de una instalación privada. Ciertamente una irregularidad legal que sólo es explicable por el precario estado de la regulación fronteriza en la isla.

6 En este acápite sigo de cerca mi estudio (Dilla, 2012) sobre la provincia de Elías Piña, el único realizado hasta la fecha, así como mi propia experiencia como activista en la formación del Comité Intermunicipal Transfronterizo (CIT) desde 2008 hasta 2014.

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Recibido: 6 de agosto de 2015. Aprobado: 3 de junio de 2016.

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