2.1. Accidente grave

El precepto en cuestión exige la suspensión de faenas no solo ante accidentes fatales o mortales¹³ sino también “graves”. Esta expresión ha sido precisada por las autoridades sectoriales y la jurisprudencia judicial. De los diversos pronunciamientos se desprende que el accidente grave es aquel que provoca una incapacidad severa que impide al trabajador valerse por sus propios medios.

Así, por ejemplo, la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) ha definido accidente del trabajo grave a “cualquier accidente del trabajo que: obligue a realizar maniobras de reanimación¹⁴, u obligue a realizar maniobras de rescate¹⁵, u ocurra por caída de altura, de más de 2 m, o provoque, en forma inmediata, la amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo, o involucre un número tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal de la faena afectada”¹⁶.

La misma autoridad ha precisado que su definición de gravedad “es de tipo operacional y no clínica ni médico legal, ya que tiene como finalidad que el empleador, que es quien debe cumplir con las obligaciones señaladas (suspender, evacuar e informar), reconozca con facilidad cuándo debe informar de lo ocurrido a las entidades fiscalizadoras, autosuspender la(s) faena(s) afectada(s) y mantenerla hasta que dichas entidades autoricen la reanudación”¹⁷.

A su vez, la Dirección del Trabajo ha calificado como graves aquellos accidentes “que provoquen incapacidad temporal y/o invalidez, y aquellos que requieran hospitalización, como por ejemplo: Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC), fracturas, politraumatismos, barotrauma, quemaduras, intoxicaciones severas y/o heridas complicadas, u otras, siempre que en cualquiera de estos casos tengan connotación pública o hayan sido difundidos por la prensa, con excepción que estos afectaran a trabajadores en el trayecto directo de ida o regreso, entre la habitación y el lugar de trabajo o viceversa”¹⁸.

Por su parte, la jurisprudencia judicial, que no resulta obligada por la interpretación legal de los órganos administrativos, también ha precisado el sentido y alcance de la expresión accidente “grave”.

Así, por ejemplo, un juez consideró grave la caída de un portón de supermercado sobre una trabajadora: “pudiendo apreciarse en dicho momento que estaba inconsciente, le sangraba la cabeza y tenía una pierna fracturada”¹⁹.

Adicionalmente, los tribunales han interpretado la expresión “grave” en relación a la invalidez o incapacidad de ganancia del trabajador en los términos de la ley 16.744 (art. 34 y ss.). En razón de este criterio, por ejemplo, ha rechazado calificar como grave el corte accidental del dedo pulgar que no compromete su estructura ósea, por no haberse registrado “secuelas ni pérdida de funcionalidad…”²⁰. Asimismo, no revistió el carácter de grave una “herida cortante índice derecho con pérdida de sustancia… pérdida parcial de la uña y de tejido celular subcutáneo y piel del dedo índice derecho”²¹; ni que un trabajador haya sido “golpeado por una viga en su pierna izquierda, que en el mismo momento el trabajador por sus propios medios, sacó su pierna debajo de la viga y se incorporó cojeando hacia un lugar seguro”²².

Tampoco sería grave el problema para respirar y las náuseas derivadas de la exposición a la inhalación de cloro, en aquellos casos en que “respecto de ninguna de ellas se les otorgó licencia médica alguna, fueron dadas de alta de manera inmediata y, más aún, concurren a su trabajo al día siguiente”²³. Se descarta, además, el accidente de quemaduras, “salvo aquellas que impliquen la pérdida de cualquier parte del cuerpo”²⁴; y la “contusión en su brazo derecho, producto del aprisionamiento de su brazo por Balde de máquina, que le ocasionó una incapacidad para el trabajo por un período de once días” ²⁵.

Por último, se ha sostenido que la suspensión procede con la sola ocurrencia del accidente, con prescindencia de lo que declare el trabajador respecto de su propia negligencia en el mismo²⁶.

2.2. Faena afectada

Ahora bien, ¿qué debemos entender por “faena”? El Diccionario de la Lengua Española la define en términos de labor, trabajo, servicio u operación²⁷. Luego, se refiere a una actividad. Sin embargo, cabe precisar que el órgano administrativo encargado de interpretar la ley concibe la faena en términos de lugar.

En efecto, la SUSESO, encargada legal de impartir las instrucciones sobre la forma en que el empleador deberá informar sobre la ocurrencia de accidentes (art. 76 inciso 4º de la ley 16.744), ha identificado la faena como “área o puesto de trabajo…”²⁸. Con todo, pensamos que esta definición de faena en términos de “zona” más que de “actividad” no es errada, si entendemos que se refiere más bien al ámbito espacial en que se desarrolla la actividad. Luego, debiéramos entender “faena” como la actividad desarrollada en un área determinada.

Para que opere la suspensión, la actividad debe estar, además, “afectada”, es decir, menoscabada, perjudicada o influida desfavorablemente por algo²⁹. Según la ley 16.744, la afectación se produce por la mera ocurrencia del accidente y por la presunción simplemente legal de que este se produjo por “deficiencias” (art. 76).

A mayor abundamiento, la SUSESO define faena afectada como “área o puesto de trabajo en que ocurrió el accidente, pudiendo incluso abarcar la faena en su conjunto, dependiendo de las características y origen del siniestro, y en la cual, de no adoptar la empresa medidas correctivas inmediatas se pone en peligro la vida o salud de otros trabajadores”³⁰.

La jurisprudencia judicial ha precisado que la expresión área o puesto de trabajo comprende también los accidentes de trayecto del trabajador fuera del lugar de la faena³¹. Además, las sentencias de los tribunales han interpretado tales términos conforme al principio de proporcionalidad.

Así, por ejemplo, ante un accidente de amputación de falange de dedo índice³², el juez sostuvo que “no requiere que se paralice toda una empresa” sino solamente el lugar “en que se desarrolla la misma función o labor del trabajador accidentado”. Pero si tratara de un accidente con maquinaria, continúa este último fallo, no bastaría con suspender la máquina del trabajador accidentado sino toda la actividad relacionada con la misma.

Sin embargo, en otro caso, el tribunal estimó que el atropello de un trabajador que recoge desecho domiciliario por el camión que lo transporta obliga a la suspensión y revisión de todos los camiones relacionados con la actividad³³. A nuestro entender, este pronunciamiento, expresado sin matices, es desproporcionado. Para efectos de suspender la actividad de todos los camiones habría que comprobar, al menos, que el siniestro se produjo por una falla mecánica o falta de revisión técnica del mismo.

La jurisprudencia también ha sostenido que, en el caso de accidentes de trabajadores de empresas contratistas, la “faena” continúa siendo la empresa principal. En consecuencia, por ejemplo, no correspondería suspender labores por intoxicación alimenticia de un alto porcentaje de trabajadores de la empresa contratista que constituyen, asimismo, un porcentaje menor de los trabajadores de la empresa principal en que se desempeñan³⁴. En otras palabras, semejante accidente no sería grave “porque no tuvo la entidad exigida por la norma para afectar a un número tal de trabajadores que impida el desarrollo normal de la faena”³⁵.

La Dirección del Trabajo, por su parte, precisa que solo ameritan suspensión aquellas “deficiencias y/o infracciones que ponen directamente en peligro la vida o seguridad de los trabajadores y no de infracciones en materia de higiene y seguridad, que si bien son sancionables no dan lugar a la suspensión de la obra o faena”³⁶. Se destaca entonces que el vínculo de causalidad entre la posible deficiencia y el peligro que causa a los trabajadores debe ser directo, descartando así hipótesis de causalidad indirecta. En otras palabras, las deficiencias, de existir, deben ser causa inmediata o próxima del accidente informado. Así lo confirma la misma Dirección, al permitir el levantamiento de la suspensión una vez que “la empresa hubiese subsanado las causas del accidente fatal o grave”³⁷.

De lo dicho se desprende que la “faena afectada” es una actividad desarrollada en un lugar específico, que ha servido de ocasión para un accidente fatal o grave, causado presumiblemente y de modo directo por deficiencias o infracciones administrativas que afectan la salud o vida del trabajador.

2.3. Suspensión de la faena afectada sin perjuicio de las actividades de subsanación

El Diccionario de la Lengua Española define suspender como “detener o diferir por algún tiempo una acción u obra”³⁸. En consecuencia, la suspensión de la faena afectada consiste en la detención por un tiempo de aquella actividad desarrollada en un lugar específico, que ha servido de ocasión para un accidente grave, causado presumiblemente y de modo directo por deficiencias o infracciones administrativas.

En virtud de esta definición, el deber legal de suspensión se entendería incumplido en las siguientes tres hipótesis: a) No suspender inmediatamente o continuar desarrollando la actividad; b) suspender y reanudar la actividad sin autorización del fiscalizador; y c) realizar cualquier conducta inherente a dicha actividad, aunque no constituya reanudación, sin validación de la autoridad competente. Esta última hipótesis se funda en que lo relevante de la suspensión es el riesgo específico y directo que genera la faena más que la descripción específica de cada conducta de la faena que lo afecta. Un antiguo adagio jurídico señala que conviene atender al sentido de la norma más que a las palabras³⁹.

Es por esta razón que, por ejemplo, un buque pesquero fue multado por realizar actividades estando anclado en el puerto. La empresa dueña de la nave impugnó la sanción porque, a su juicio, una faena pesquera solo se entendía reanudada con el zarpe de la nave. Sin embargo, la Corte sostuvo que la reanudación no solo comprende la actividad misma sino también las gestiones preparatorias de la misma⁴⁰.

Siendo esto así, ¿es posible desarrollar algún tipo de actividad en la faena afectada que no vulnere la suspensión?

Suspendida la actividad que sirvió de ocasión al accidente, la ley señala que el empleador solo podrá realizar aquellas actividades que tengan por objeto eliminar el riesgo que pudo haber causado el accidente. Específicamente, “deberá permitir a los trabajadores la evacuación del lugar de trabajo” y subsanar las deficiencias constatadas (art. 76 inciso 5° de la ley 16.744). La SUSESO precisa, además, que “El ingreso a estas áreas, para enfrentar y controlar el o los riesgo(s) presente(s), solo deberá efectuarse con personal debidamente entrenado y equipado”⁴¹.

Por lo tanto, la suspensión de la faena afectada no implica la prohibición absoluta de actividad en el área, pues se permiten aquellas destinadas a evacuar trabajadores, investigar las causas de lo sucedido y subsanar las deficiencias detectadas si las hubiere.

2.4. Necesidad de actividad inherente a la faena para subsanar deficiencias

En este punto, sin embargo, surge la interrogante siguiente: ¿qué ocurre si la revisión o corrección de las deficiencias exige realizar una de las conductas inherentes a la faena suspendida? Hablamos de una conducta cuyo objeto -no así su fin- estaría comprendido dentro del riesgo ilícito que justificó la paralización.

Pensamos que la realización de dicha conducta no constituiría una vulneración de la suspensión en la medida que cumpla los siguientes requisitos: a) que sea necesaria para constatar o corregir deficiencias; b) que haya contado con un plan de prevención del riesgo prohibido que justificó la suspensión, revisado por autoridad competente; y c) que se haya cumplido dicho plan en la práctica.

Luego, para saber si una conducta específica vulneró o no la medida de suspensión o el interés protegido corresponde someterla a un test de tres preguntas: Primero, ¿tenía la conducta una finalidad de investigación o subsanación de las deficiencias constatadas? Segundo, ¿tenía la empresa un plan de prevención de riesgos específicos para la operación? En tercer lugar, ¿se realizó la conducta conforme al plan de prevención de riesgos?

La mera ocurrencia del accidente fatal tampoco permite concluir el incumplimiento del plan, pues podría obedecer también a la infracción de un deber de seguridad asociado a un riesgo distinto -ilícito diferente-, a la imprudencia de la víctima, o a un caso fortuito.

Incluso más, podría darse la hipótesis de que el accidente se produjo por el cumplimiento fiel de un criterio erróneo del órgano fiscalizador. En este caso no podría sancionarse porque, de acuerdo al artículo 45 del Código Civil, los actos de autoridad corresponden a una causal de fuerza mayor o caso fortuito que exime de responsabilidad.

Cumplidos los requisitos anteriores, a nuestro juicio, la conducta estaría amparada por la norma que permite realizar actividades destinadas a revisar y subsanar las deficiencias constatadas.

Ahora bien, ¿qué pasaría si durante las labores de revisión o reparación se produce un riesgo prohibido diferente al que justificó la medida suspensiva o al plan de prevención de riesgos ad hoc? A nuestro juicio, dicha infracción no constituiría una vulneración de la medida suspensiva, sino que un ilícito diferente. Por tanto, debiera ser objeto de un tratamiento procedimental y sancionador ex novo.

Por último, ¿cuál es el órgano encargado de fiscalizar el plan de riesgos asociados a la revisión y subsanación de deficiencias al interior de la faena paralizada?

A nuestro entender, dicha fiscalización corresponde al órgano que refrendó o decreto la suspensión en los términos de la ley 16.744, a menos que el legislador haya atribuido dicho poder a un órgano especializado.

En el ámbito minero, por ejemplo, dicha función correspondería más bien al Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) en razón de su función de “velar porque se cumplan los reglamentos de policía y seguridad minera y aplicar las sanciones respectivas a sus infractores” (art. 2 N° 8 del D.L. 3.525). Al respecto, la Contraloría General de la República ha señalado que: “de la preceptiva reseñada es posible colegir que el Servicio Nacional de Geología y Minería constituye el organismo con competencia técnica en materia de fiscalización de la normativa sobre seguridad minera y está dotado de atribuciones vinculadas a la aprobación de proyectos de explotación, la inspección y fiscalización de estos, la imposición de medidas correctivas y la aplicación de sanciones”⁴². Con todo, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema, esta competencia “no se relaciona con la salud pública y las condiciones de salud en los lugares de trabajo”⁴³, razón por la cual habría que interpretarla en términos estrictos de seguridad.

Específicamente, la aprobación del plan de mitigación de riesgos se concretaría a través de la emisión de un “Informe Técnico” conforme al Reglamento de Seguridad Minera (art. 13 letra c)⁴⁴ y al Manual de Evaluación de Riesgos de Faenas Mineras Abandonadas o Paralizadas (FMA/P) ⁴⁵.

Así también, en materia marítima, dicha función correspondería a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR)⁴⁶.