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Revista de derecho (Concepción)

versión impresa ISSN 0303-9986versión On-line ISSN 0718-591X

Rev. derecho (Concepc.) vol.90 no.251 Concepción jun. 2022

http://dx.doi.org/10.29393/rd251-3sfjg10003 

Artículos

SOBRE LA FACULTAD DE RENUNCIAR A LOS DERECHOS: UNA LECTURA EN CLAVE OBJETIVA

ABOUT THE POWER OF WAIVE RIGHTS: AN OBJECTIVE PERSPECTIVE

JUAN LUIS GOLDENBERG SERRANO*  **
http://orcid.org/0000-0003-4671-4730

* Profesor asociado, Departamento de Derecho Privado, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. Correo electrónico: jgoldenb@uc.cl.

RESUMEN:

El estudio de la renuncia se tiende a centrar en su configuración como un negocio jurídico unilateral. Pero, previo a este aspecto dinámico, deberá delimitarse aquél que se refiere a la facultad de renunciar, cuestión que nos lleva a analizar la figura en clave objetiva. De tal suerte, revisando la tipología general de los derechos prevista en el Código Civil, es posible apreciar los diferentes obstáculos técnicos que cada uno de tales los supuestos plantea y que deben ser resueltos antes de determinar los efectos que esta expresión de voluntad conlleva.

Palabras clave: renuncia de derechos; derecho subjetivo; derechos reales; derechos personales; acto jurídico

ABSTRACT:

The study of the waiver of rights tends to focus on its configuration as a unilateral legal act. But, prior to this dynamic aspect, the one referring to the power to waive must be delimited, an issue that leads us to objectively analyze the figure. Reviewing the general typology of the rights provided for in the Civil Code, it is possible to appreciate the different technical obstacles that each of these assumptions poses and that must be solved before determining the effects that this expression of will entails.

Keywords: waiver of rights; subjective right; rights in rem; credit; legal acts

I.- INTRODUCCIÓN

La renuncia se suele presentar como uno de los ejemplos más sencillos de un negocio jurídico unilateral, en que no parece haber mayores complejidades dogmáticas. En nuestro país, la figura ha pasado mayormente desapercibida en un tratamiento general y sólo encontramos alguna preocupación en lo que se refiere a supuestos puntuales, tales como la renuncia a la prescripción (artículos 2494 y 2495 CC),1 la renuncia a los gananciales (artículos 1781 y siguientes CC) 2 y, últimamente, como veremos, la derelicción y los pactos de sucesión.3 Sin embargo, notamos que ella envuelve una riqueza que nos lleva a las profundidades de la discusión sobre la noción y funcionamiento de los derechos subjetivos, de los deslindes la autonomía privada y a la forma por medio de la cual los particulares pueden desechar un poder o interés (según sea el concepto de derecho subjetivo que se adopte), como un medio de expresión meramente abdicativo.

En nuestro ordenamiento, el legislador ha omitido un tratamiento sistemático de la renuncia, además de eludir cualquier definición que pueda dar mayores luces sobre sus contornos jurídicos.4 A pesar de su trascendental relevancia teórica y utilidad práctica, la referencia general que se dispone en el Título Preliminar sólo se refiere a las limitaciones que impone el interés colectivo (o, al menos, de terceros) o las decisiones legales previas en la configuración de la fisonomía del derecho, pero difícilmente puede construirse una teoría completa a partir de la lacónica referencia del artículo 12 CC. De ahí que tanto la doctrina como la jurisprudencia hayan utilizado otras reglas codificadas para completar su régimen jurídico, en aspecto tales como su interpretación restringida (utilizando el artículo 2462 CC, en el ámbito de la transacción) o la excepcionalidad de su presunción (refiriendo la situación del asignatario constituido en mora de declarar si acepta o repudia, del artículo 1233 CC).5

Sin perjuicio de lo anterior, hemos de observar que la noción de la renuncia es utilizada por el ordenamiento jurídico a fin de dar cuenta de una pluralidad de situaciones. De ahí que cualquier forma de sistematización revista gran complejidad.6 Cualquier esfuerzo de reconstrucción de su régimen pasa por observar los pilares sobre los cuales se asienta y, a su turno, revisar las diferentes manifestaciones que ella presenta, al menos, en el contexto del Derecho privado. En efecto, con ciertas precisiones, la renuncia se disgrega en formas de abandono (derelicción), de repudiación (como impedimento del ingreso del derecho al patrimonio) o de terminación de una relación contractual (como en la sociedad, el mandato, la fianza o el contrato de trabajo),7 además de la idea general de la abdicación. Por el momento basta con señalar que es complejo identificar con claridad un sustrato común que vaya más allá de un cierto propósito abdicativo,8 esto es, como la manifestación de la voluntad de poner término a algún tipo de relación jurídica, sea real o personal. De ahí que Grammatikas sostenga que la renuncia es difícilmente una figura autónoma, sino que parece dependiente de su ámbito de aplicación;9 y que Doral afirme que coordinar un precepto general de admisibilidad (como el previsto en el artículo 6.2 del Código Civil español) con los textos dispersos en su articulado “no se presta a una sistematización segura”.10

Pero ello no quita que, revisado este elemento, pueda darse un punto de partida al estudio que resulte útil para la determinación de sus deslindes, que en nuestro entorno aún parece huérfano de un tratamiento más sistemático. Para estos efectos, nuestra propuesta es examinar la figura, no a partir del sujeto que manifiesta la facultad abdicativa (enfoque subjetivo), sino apreciarla con especial atención al objeto mismo de la renuncia (clave objetiva). En este sentido, tanto su posibilidad como sus consecuencias serán dependientes de la forma en la que se concibe el derecho o facultad cuya abdicación se pretende y serán estos contornos los que permitirán apreciar su fisonomía y operatividad. Así, aquello que se enuncia con carácter muy general en el Título Preliminar del Código Civil, pronto debe ser ajustado en consideración a las características de aquello que pretende ser renunciado y, sólo a partir de ello, revisar el sentido de la facultad de renunciar que allí se concibe.

II.- SOBRE LA FACULTAD DE RENUNCIAR

El punto de partida se encuentra en reconocer que la renuncia configura un acto de ejercicio de un derecho,11 incluso, el más extremo posible. Esto resulta contraintuitivo ya que el ejercicio parece referirse a una manifestación de voluntad dirigida a hacer efectivo su contenido, lo que implicaría la obtención de las ventajas que de aquél derivan y, en este caso, el acto se caracteriza por tratarse de una disposición del derecho de carácter abdicativo.12

Como en otros negocios unilaterales, la renuncia da pocos espacios a la autonomía del sujeto para graduar sus efectos sin desnaturalizar su esencia. Por tanto, en el ejercicio de la facultad abdicativa es la ley la que indicará sus consecuencias, especialmente en lo que se refiere a la extinción o a la reasignación del derecho. Lo anterior, a menos que se acepte la difusa categoría de las “renuncias traslativas” que, a nuestro juicio, no constituyen verdaderas renuncias, sino formas de enajenación realizadas con una pretensión atributiva que no se cohonesta con la finalidad primaria de la abdicación.13 Como señala Piras, la dimisión se presenta de manera pura y simple como un resultado que se abstrae de toda consideración relativa a la modificación subjetiva de la titularidad de la posición jurídica,14 de tal forma que, como agrega Macioce, siempre estaremos frente a una pérdida del derecho, pero no necesariamente ante su desaparición.15 De este modo, será el legislador quien completará los demás efectos jurídicos del acto de dimisión y dispondrá la suerte del derecho, sea mediante su completa extinción, sea mediante su asignación a un tercero, por ejemplo, por vía de acrecimiento.16 Se concluye que, aunque hablemos de renuncia de derechos, esta tendrá una incidencia en los vínculos en los que se estructura -sean reales o personales- y conllevará una eficacia modificativa en el plano subjetivo (acrecimiento) o una consecuencia lisa y llanamente extintiva.17

Sin embargo, nos parece que una correcta lectura de la idea del “ejercicio de un derecho” antes enunciada envuelve una construcción algo más abstracta que debe diferenciar el “derecho a renunciar” (o, al menos, la “facultad de renunciar”, como se alude en el artículo 1781 CC),18 de la “renuncia de un derecho” propiamente tal. Así, el primero hace alusión a un espacio de libertad que se reconoce o confiere al titular de un derecho para abdicarlo, mientras la segunda se refiere al negocio jurídico por medio del cual se manifiesta tal voluntad. Aceptado lo anterior, resulta que el artículo 12 CC no es alusivo del negocio jurídico, sino de los límites genéricos del “derecho a renunciar”, cuestión que debe resolverse en un plano anterior. Esto significa que este negocio unilateral supone previamente la posibilidad de manifestación de dicha voluntad, de modo tal que luego se pueda conceder valor al acto abdicativo, siendo tal posibilidad dependiente del derecho del que se quiere despojar y de ahí la lectura en clave objetiva que proponemos.

No obstante, la estrecha vinculación entre uno y otro elemento resulta innegable, conformando el primero un aspecto estático y el segundo uno dinámico del mismo fenómeno. Pero estimamos que vale la pena efectuar la distinción por la usual reconducción que se hace de la renuncia a este segundo aspecto, en especial cuando se le configura como uno de los ejemplos paradigmáticos de los negocios jurídicos unilaterales,19 junto con la oferta, la ratificación y el testamento. Así, del modo señalado por de la Villa, “la renuncia es un acto jurídico, del tipo de los negocios jurídicos de que se vale el titular del derecho para ejercitar un poder de renuncia”.20 Este poder se articula como una facultad, en la medida en que se considera que el derecho constituye un medio de satisfacción de sus intereses, siendo en general lícito que su titular tenga la libertad de actuar o no conforme al mismo.21 En consecuencia, de similar modo en que el titular puede disponer de sus derechos a efectos de transferirlos a terceros, también puede abdicarlos, como otra forma de disposición, sin el propósito (al menos directo) de que éste quede radicado en un patrimonio ajeno.22 Por ello, agrega Coppola, la renuncia se aprecia como un “derecho al derecho” en sentido negativo, alusivo al “derecho a perder un derecho”, que emanaría, cual facultad, del derecho mismo cuya abdicación se pretende.23

Entonces, la renuncia es la dimisión de un derecho que se verifica por efecto de la voluntad unilateral de su titular y toma diversas formas de acuerdo a cuál sea su objeto.24 De tal suerte, la renuncia es un concepto relativo, que, en concreto, es funcional a una determinada situación subjetiva (titularidad).25 Siendo así, el punto central se encuentra en la identificación del derecho subjetivo cuyo ejercicio negativo se pretende, de manera de observar si aquél concede la posibilidad de la renuncia y cómo es posible llevarla a la práctica. En este sentido, el punto focal se refiere a su renunciabilidad o irrenunciabilidad, según el caso, conclusión que se observaría en atención a su estructura.

III.- LA EXISTENCIA DEL DERECHO SUSCEPTIBLE DE SER RENUNCIADO

Este aspecto esboza la necesidad de identificar el objeto mismo de la renuncia, que, a pesar de estar delimitado en el artículo 12 CC como “un derecho conferido por las leyes”, no parecería limitarse en este sentido, sino ampliarse a toda ventaja jurídica,26 incluso en aquellos casos en los que no es la ley su fuente directa.27

La cuestión que en el plano abstracto parece no dar lugar a mayores debates, presenta, sin embargo, varios inconvenientes desde el punto de vista específico del derecho que se pretende renunciar, algunos de los cuales referiremos en los apartados siguientes. Pero, previo a entrar en tales precisiones, la cuestión se centra en revisar si el tipo de derecho confiere la facultad de renuncia antes aludida de la forma delimitada por el artículo 12 CC (el interés individual del renunciante y la prohibición legal), de alguna manera alusivos a la naturaleza y régimen jurídico del derecho.28 Así, en la “irrenunciabilidad del derecho” se observa que el ordenamiento presupone que su titular no puede desligarse del mismo, transformándose en uno de carácter indisponible por parte del sujeto por cuanto, por razones de diversa índole, aquel entiende que el derecho tiene sentido sólo en la medida en que se encuentre en cabeza de tal sujeto, o, al menos, de algún sujeto previamente definido. No obstante, esta cuestión no mira al sujeto específico, sino al contenido del derecho y, por ello, debe leerse en clave objetiva.29 Siendo de este modo, en los casos en los que se pretendiese renunciar un derecho que no mira al interés individual del renunciante o esté prohibida su renuncia, en realidad no se cuenta con la facultad de renunciar. Y, no detentando tal facultad, el ordenamiento jurídico debería reaccionar invalidando cualquier manifestación de voluntad dirigida a la abdicación.

A continuación nos referiremos a múltiples problemas que se presentan con relación a diversos casos de renuncia de derechos subjetivos, sean estos reales o personales, encontrando mayores reglas expresas respecto a los primeros. Advertimos, sin embargo, que no es nuestra pretensión agotar la discusión ni dar respuestas definitivas respeto a cada uno de tales supuestos, sino advertir que la aparente simpleza de la figura se enfrenta con una insospechada complejidad al interior de las reglas del Código Civil, campo en el que hemos centrado preferentemente nuestro estudio.

3.1.- RENUNCIA DE DERECHOS REALES

Un primer caso se refiere a la posibilidad de renuncia de los derechos reales (artículo 577 CC). Una alternativa que, como veremos, es bastante menos controversial que la que se refiere a los derechos personales, salvo en el caso del derecho de propiedad respecto a los inmuebles y el derecho real de herencia.30 En general, la cuestión parece resolverse desde la idea de que la conformación típica del derecho real suele incorporar su posibilidad de autodestrucción, del mismo modo en que su contenido más ostensible (posesorio) puede ser abdicado bajo una idea general de abandono, y de ahí que la mayor parte de las reglas se circunscriban a esta clase de titularidades. Pero aun así debemos efectuar ciertas precisiones en relación con el tipo de derecho real al que aludimos dado que, en ciertos casos, encontramos una regulación más acabada de tal posibilidad.

3.1.1.- Los supuestos de renuncia tipificados

(i) La renuncia de los derechos limitativos del dominio.

Respecto a los derechos limitativos del dominio, la renuncia se encuentra tipificada para el usufructo (artículo 806 CC), extensivo a los derechos de uso y habitación (artículo 812 CC), y para la servidumbre (artículo 885, núm. 4).31 Las reglas, ha señalado nuestra doctrina, no parecen sino reiterar la facultad de renuncia del artículo 12 CC, en la medida que entiende que esta clase de derechos reales revisten un interés particular para su titular, sin existir motivaciones legales para impedir, al menos en abstracto, su renuncia.32

Ahora bien, no puede desestimarse que el artículo 803, inc. 2° CC, contiene una norma llamativa, pues establece el derecho de los acreedores del usufructuario a oponerse a la renuncia efectuada en fraude a sus derechos. La regla es curiosa por varios motivos, siendo el primero de ellos el hecho de que se dispone únicamente para el usufructo. En realidad, al menos en lo que respecto al uso y habitación, la norma no puede ser aplicada analógicamente en la medida que tales derechos no pueden pasar a ser de titularidad de terceros, por su carácter personalísimo.33 Esto significa que ellos son inembargables y quedan excluidos de la garantía genérica de los acreedores (artículos 1618, núm. 9 CC, y 445, núm. 15 CPC). Pero no ocurre lo mismo con la servidumbre, en que la renuncia puede afectar el valor del predio dominante, o, incluso, con el derecho de propiedad o el derecho real de herencia (de ser admisibles), en que el abandono puede lesionar incluso con mayor gravedad los derechos de los acreedores. En tales casos, la pregunta estará dada si es posible sostener una oposición en términos paralelos o si el acto de renuncia queda sujeto a los requisitos y plazos previstos en los núms. 2 y 3 del artículo 2468 CC, para efectos de obtener la rescisión mediante el ejercicio de la acción pauliana.

Lo que sí nos parece claro a partir de la regla es que la ausencia de afectación de los intereses de terceros no constituye un prerrequisito validatorio de la renuncia, como ocurre en algunos modelos comparados (paradigmáticamente, el artículo 6.2 del Código Civil español), sino que sólo daría derecho a la revisión posterior del acto, sea mediante oposición (artículo 803 CC), sea por rescisión (artículo 2468 CC), según veremos. A partir de lo anterior, sostenemos que en nuestro ordenamiento la renuncia no posee como requisito estructural la no afectación de derechos de terceros,34 como tampoco ocurre con otros negocios jurídicos (v.gr., el contrato o el pago),35 lo que no significa que ellos puedan ser posteriormente revisados si se aprecia la realidad del perjuicio.36 Lo anterior, por cuanto la regla del artículo 12 CC alude al interés particular no con relación a los efectos de la renuncia, sino a la configuración misma del derecho que se pretende renunciar.37

Pero algo más nos debemos detener en la posibilidad de oposición prevista en el artículo 803 CC y que no se despliega con un régimen normativo que permita comprender su sentido y alcance. Algo diverso ocurre en el Código de Minería, en que la cuestión de la renuncia de los derechos reales mineros se encuentra bastante más desarrollada y se formula en la órbita de una gestión no contenciosa y en la fiscalización de la ausencia de perjuicio por parte del tribunal (artículo 162 CM).38 En todo caso, este modelo no es replicable por analogía al resto de los derechos reales porque sólo en las concesiones mineras existe un sustento jurisdiccional para la creación y extinción de esta clase de derechos. Por ello llama la atención que -mutatis mutandi- en el Código de Aguas, en que se dispone un procedimiento administrativo para la creación de los derechos de aprovechamiento, la renuncia no tenga otra formalidad que la de una escritura pública que deberá ser inscrita u anotada en el registro conservatorio, para que luego el Conservador proceda a su mera comunicación a la Dirección General de Aguas (artículo 6° CA).39 En suma, nos parece que la oposición a la que alude el artículo 803 CC no puede entenderse de un modo preventivo, puesto que no existirá una forma de publicidad ni un mecanismo para evitar que la renuncia pueda producir sus efectos por el hecho de perjudicar la posición de otros. Por tanto, creemos que la norma sólo puede ser comprendida como un mecanismo de revisión ex post. Siendo así, no vemos razones por las cuales la regla debería comportarse de manera diversa a la planteada en el artículo 2468 CC, puesto que conllevaría una protección que se conduciría por medio de dos reglas similares, pero no idénticas, siendo más coherente entender que la disposición contenida en el artículo 803 CC sólo es una especificación de la acción pauliana en el ámbito de la renuncia de un derecho real de usufructo.

Por su parte, el destino de esta clase de derechos reales dependerá de ciertas circunstancias adicionales. Por regla general, se producirá la pérdida de la titularidad del derecho y el efecto indirecto propiciado por la ley será la terminación de la limitación del dominio que implica el derecho real de goce. Así, como expresa Cano, “la renuncia a un derecho real limitativo es seguida de la reintegración de la facultad desmembrada del dominio, objeto de ese derecho, que vuelve a formar parte del contenido de la propiedad a consecuencia de la extinción del derecho limitativo por renuncia”.40 Sin embargo, es posible que ello no ocurra cuando tenga existan varios titulares del derecho y pueda tener lugar un acrecimiento, tal como lo admiten los artículos 780 y 1154 CC, nuevamente en materia de usufructo. Las reglas son nuevamente llamativas porque, suponiendo un usufructo necesariamente simultáneo (artículo 769 CC), el acrecimiento no parece distinguir si acaso existe o no una distribución cuotativa entre los cousufructuarios (artículo 772 CC), como sí ocurre en materia sucesoria (artículo 1148 CC). En efecto, la única limitación para su procedencia se encuentra en el hecho de que el constituyente no hubiere dispuesto que terminado un usufructo parcial este se consolide con la nuda propiedad (artículo 780 II CC), lo que hace dudar sobre su posibilidad en los casos en que el título sea el que haya llamado a las cuotas.41

(ii) La renuncia de los derechos reales de garantía.

En lo que respecta a los derechos reales de garantía, encontramos una alusión a la renuncia bajo la nomenclatura de la “remisión de la prenda o de la hipoteca” para indicar que ella no basta para presumir la condonación de la deuda (artículo 1654, inc. 2° CC) y, a contrario sensu, para entender que hay donación cuando aquella remisión tiene lugar respecto a un deudor insolvente (artículo 1397 CC).42 Con ello, se infiere donación, y, por tanto, ánimo liberal, en los casos en los que el acreedor se empobrezca en razón de la incobrabilidad del crédito, enriqueciéndose el garante (especialmente si es un tercero), al no verse expuesto a la pérdida del bien garantizado.43 Siendo una donación en este último caso, se sujetará a su régimen bilateral, quedando entonces excluida la idea de la renuncia. Así, para estar propiamente frente a un supuesto abdicativo, el deudor ha de ser solvente y, en consecuencia, la renuncia no pretendería, al menos directamente, el beneficio del constituyente de la garantía.44

Alguna precisión debe efectuarse en el ámbito concursal, en que encontramos otras reglas que tratan de la renuncia a la preferencia de los acreedores prendarios e hipotecarios en el ámbito de los procedimientos concursales de reorganización, en los casos en que la propuesta de acuerdo establezca clases o categorías (artículo 61 de la Ley N° 20.720, en adelante “LC”). En efecto, la regulación dispuesta en el Libro IV del Código de Comercio establecía la figura del convenio judicial como un acuerdo en que sólo podían participar los acreedores valistas. En tal sentido, los acreedores preferentes no podían ser parte del convenio y, por tanto, no le eran oponibles sus términos. Ello, a menos que renunciaran a sus preferencias, ya sea expresa o tácitamente, mediante el ejercicio de derecho a voto en la junta de acreedores citada para deliberar y votar las proposiciones de convenio presentadas por el deudor (artículo 191 del Libro IV del Código de Comercio).

A fin de fortalecer la posibilidad de reorganización de la empresa viable, la LC dispone que el acuerdo de reorganización debe contemplar tanto a los acreedores valistas como a los acreedores hipotecarios y prendarios. Pero, a efecto de no lesionar sus derechos de preferencia, el artículo 61 LC dispone que “(l)a propuesta de Acuerdo podrá separarse en clases o categorías de acreedores y se podrá formular una propuesta para los acreedores valistas y otra para los acreedores hipotecarios y prendarios cuyos créditos se encuentren garantizados con bienes de propiedad del Deudor o de terceros. Los acreedores hipotecarios u prendarios que voten la propuesta del Acuerdo conservarán su preferencia”. Cabe advertir que, aun dispuesta un régimen diferenciado de clases, el acuerdo mantiene su carácter unitario. Así, en caso de que el deudor haya dispuesto una división por clases, cada una de ellas procederá al análisis, deliberación y acuerdo en forma separada en la junta de acreedores citada al efecto (artículo 79 I LC), de modo tal que el acuerdo parcial estará sujeto a la condición de la aprobación total por todas las clases o categorías en las que se divida (artículo 79 II LC). De tal suerte, éste sólo se entenderá acordado cuando cuente con el consentimiento del deudor y el voto conforme de los dos tercios o más de los acreedores presentes, que representen al menos dos tercios del total del pasivo con derecho a voto correspondiente a su respectiva clase o categoría (artículo 79 II LC).

En todo caso, la participación de los acreedores garantizados en la deliberación y voto del acuerdo respecto a la clase o categoría de los acreedores garantizados no supone la pérdida de su preferencia, como se dispone expresamente en el artículo 61 I LC. Con ello, se supone que los créditos garantizados mantienen las ventajas del gravamen real, y, en consecuencia, la preferencia de segunda clase (para los créditos prendarios) o de tercera clase (para los créditos hipotecarios) en un escenario eventual de liquidación. Po este motivo, si procediese la impugnación (artículos 85 y siguientes LC), la declaración de nulidad (artículo 97 LC) o de incumplimiento del acuerdo (artículo 98 LC), y se dictase la correspondiente resolución de liquidación (“refleja”), los acreedores podrán mantener sus mejores derechos en el contexto de las reglas de prelación (preferencia sustantiva) y sus derechos de ejecución separada (preferencia procesal). Sin embargo, la misma norma, aunque en su inciso tercero, permite que los acreedores hipotecarios y prendarios puedan votar la propuesta de acuerdo que se formule para los acreedores valistas si renuncian a la preferencia de sus créditos. Cuando esto sucede, ya no podrán votar la propuesta de acuerdo que se formule para la clase o categoría de los acreedores garantizados, salvo que la renuncia sea parcial y así se manifieste expresamente. Entonces, según agrega el inciso final del artículo 79 LC, los montos de los créditos de los acreedores garantizados se descontarán del pasivo de su clase y categoría y se incluirán en el pasivo de la clase de los acreedores valistas para efectos del cómputo de las mayorías, por las sumas a que hubiere alcanzado la renuncia.

La cuestión aquí se refiere a que el texto de la norma habla de la “renuncia de la preferencia”, mas no a la “renuncia de la garantía” o del “derecho real” correspondiente. Por ello, podría sostenerse que, de ejercer la facultad prevista en el artículo 61 LC, el acreedor garantizado conservaría el derecho real, pero desgajado de uno de sus atributos más relevantes, como es el derecho de pago preferente en caso de tutela conflictual. Ello supondría que el crédito se sujetaría a los términos y condiciones pactados para los créditos valistas, pero mantendría el carácter real en caso de proceder la dictación de una resolución de liquidación. De ser así, se supondría que el acreedor garantizado podría ejecutar separadamente la prenda o hipoteca, sin perjuicio de poder realizarlos en el procedimiento concursal de liquidación (artículo 135 LC), pero no sólo debería asegurar el pago de los acreedores de primera clase, sino de todos los demás acreedores, salvo los voluntaria o legalmente pospuestos, haciendo inaplicables los órdenes de prelación reconocidos en los artículos 2474 y siguientes CC y 242 y 243 LC. No obstante, la cuestión no es tan clara si se aprecia que las reglas del artículo 61 LC sólo parecen ajustar aquellas otrora previstas en los artículos 149 de la Ley N°4.558, de 1929, y 180 de la Ley N° 18.175, de 1982, que se referían a la renuncia de ”los privilegios y garantías”.45 De ser esta la interpretación correcta, se debería concluir que el crédito pasaría a valista para todos los efectos legales, incluso en el supuesto de una liquidación refleja, y su extensión dependería de si la renuncia es total o parcial.46

3.1.2.- Las dudas respecto a los supuestos no tipificados de renuncia de derechos reales

(i) Dominio.

Como hemos indicado, se trata este de un tema que ha despertado recientemente interés en la doctrina nacional, bajo la lógica de la derelicción, como una forma de abandono que se manifiesta por medio de un ánimo de dejación (animus derelinquendi) y una desafección física del objeto que exterioriza tal ánimo (corpus derelictionis).47 Lo curioso, como expresa Mendoza, es que el Código Civil no trata con especial celo esta figura, del mismo modo en que se aboca a los modos de adquisición del dominio, pero no a los de su extinción.48 La referencia general la encontramos, en consecuencia, en sede de ocupación, en un criticado artículo 624 III CC, que parece ejemplificar un supuesto de oferta de donación más que de derelicción.49

El dominio es un derecho real que ofrece varias particularidades en razón del objeto sobre el cual recae, y, por ello, la posibilidad de renuncia se verá ciertamente afectada conforme a tal criterio. Sólo a modo de ejemplo, la derelicción de los animales se encuentra en la actualidad limitada por la Ley N° 21.020, sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, específicamente en torno a la prohibición de abandono (artículos 2.2 de la ley y 2 de su reglamento).50 Tampoco resulta posible abandonar vehículos en la vía pública, en atención a las responsabilidades que este hecho generaría (artículo 156 de la Ley de Tránsito), aunque sea posible efectuarlo de otros modos en la medida en que tal abandono se comunique al Registro Nacional de Vehículos Motorizados (artículos 39 y 201, núm. 23, de la Ley de Tránsito). En similar sentido, el abandono de armas o elementos sujetos a la Ley de Control de Armas se encuentra sancionado administrativamente con multa, presumiendo que existe abandono cuando no se haya comunicado a las autoridades pertinentes la pérdida o extravío de la especie dentro de los cinco días desde que se tuvo o pudo tener conocimiento de dicha pérdida o extravío (artículo 14 A de la Ley N° 17.798, sobre control de armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra en el decreto N° 400/1978 del Ministerio de Defensa Nacional).

Pero, como hemos anticipado, quizá ejemplo más controvertido sea el referido al dominio sobre bienes raíces, donde las reglas del Código Civil no parecen poner mayores obstáculos,51 pero en que el supuesto se entrampa al integrarse con la reglamentación registral y las reglas administrativas relativas a las formas de adquisición de inmuebles por parte del Estado.52

(ii) Derecho real de herencia.

Al tratar del derecho real de herencia, la cuestión envuelve un mayor grado de dificultad, puesto que -de nuevo- de la sola lectura del artículo 12 CC no es posible obtener una conclusión evidente. Sobre el particular, descartando el caso de la repudiación,53 Guzmán señala que tal renuncia no sería posible puesto que sus efectos serían equivalentes a la revocación de la aceptación, la que se encontraría prohibida por el artículo 1234 CC.54 Dicha regla, siguiendo el precedente francés (artículo 783 del Code Civil), se refiere a la imposibilidad de rescindir la aceptación, sino por las causales de fuerza, dolo o lesión grave, pero no alude expresamente a la abdicación del derecho real de herencia una vez adquirido. Aunque parezca lógico que si el ordenamiento ha optado por limitar la posibilidad de dejar sin efectos la aceptación por ciertas causales tasadas, no podría el aceptante esquivar la restricción por medio de la posterior renuncia del derecho real.

Ahora bien, si tratamos de encontrar una justificación a tal limitación más allá del texto antes citado, la reflexión parece encontrarse en que, recayendo el derecho real de herencia sobre una universalidad jurídica, su contenido no se refiere sólo a una faz activa, sino también una pasiva. Y, dado que el ordenamiento no toleraría una figura tal de renuncia a la obligación, no sería posible que el asignatario se liberase de su responsabilidad por el recurso de una tardía abdicación del derecho real ya incorporado a su patrimonio. Por ello, lo anterior no quita que resulte admisible la derelicción de los bienes singulares que componen la herencia o de las cuotas que posee del bien en comunidad, considerando las limitaciones antes mencionadas en la órbita del derecho de dominio.

3.2.- LA RENUNCIA DE DERECHOS PERSONALES O CRÉDITOS

Respecto a los derechos personales, supuesto que tampoco se encuentra especialmente tipificado por nuestro ordenamiento, la principal duda se refiere a la posibilidad de que el titular del derecho de crédito (artículo 578 CC) pueda desprenderse de su titularidad sin contar con el consentimiento, expreso o tácito, del sujeto obligado (deudor).55 En efecto, la problemática aquí se advierte de la distancia del fenómeno de la renuncia (en su carácter unilateral), con el que supone la remisión o condonación de la deuda, que, de acuerdo al artículo 1653 CC, queda sujeta a las reglas de la donación entre vivos (negocio bilateral), lo que impediría hacer uso de la voluntad abdicativa como forma de extinción del vínculo obligacional. Así, cuando Abeliuk define la remisión como “la renuncia o perdón que efectúa el acreedor de su crédito con acuerdo del deudor”, luego se ve forzado a indicar que “como la obligación es un vínculo entre personas determinadas lógicamente necesita el consentimiento de ambas para extinguirse”.56

El problema aquí deriva de los efectos que la renuncia del crédito puede suponer para el deudor, entendiendo que el vínculo obligacional (a diferencia del real) implica una relación interpersonal que no podría ser desechada por quien ocupa uno solo de sus extremos, dando fuerza a la idea de que tal forma de desprendimiento siempre requiere del consentimiento de ambos sujetos.57 Lo anterior, a pesar de la fuerza que pueda suponer el hecho de que no se advierten demasiados motivos para que un deudor no esté de acuerdo con la voluntad abdicativa del acreedor ni que se pueda sostener que, por el hecho de la renuncia, el deudor estaría adquiriendo derechos en contra de su voluntad, sino sólo un beneficio indirecto derivado del acto abdicativo. Desde esta perspectiva, el cuestionamiento podría parecer una mera discusión teórica, que no reposa en la mera legalidad o moralidad del acto, sino en un plano estructural que supone necesariamente un cierto concierto de voluntades que, en los diversos ordenamientos, suele conducirse por medio de la figura de la condonación o acuerdo remisorio.58

Esta posición tradicional ha sido cuestionada por doctrina comparada más reciente en consideración a la superación de la idea del vínculo obligatorio como una suerte de relación intuitu personae, especialmente si se aprecia la posibilidad de cumplimiento por terceros (en nuestro sistema, artículo 1572 CC) o la posibilidad de cesión del crédito (artículos 1901 y siguientes CC).59 Conforme a ello, se ha planteado que, junto a la idea de la remisión, no existiría un problema estructural en permitir la renuncia unilateral del crédito, que, por lo demás, parece incluso aceptada en el ordenamiento chileno al referirse a obligaciones que no nacen del vínculo contractual, como ocurre en materia de alimentos (artículo 336 CC) o del crédito de participación en los gananciales (a contrario sensu, artículo 1792-20 CC). Desde esta perspectiva, la renuncia unilateral del crédito se admitiría en la medida en que se ajuste a los términos generales del artículo 12 CC, especialmente en los casos en que ella se prohíbe o restringe (como en los artículos 334, 1781 y 2494 CC), sin necesidad de seguir una estructura convencional.60

Sin embargo, no pueden preterirse algunas posiciones intermedias. Para algunos, el acto de renuncia unilateral del crédito no tendría por objeto ni necesaria consecuencia el término a la relación obligatoria, y, por tanto, el deudor podría seguir obligado a pesar de la abdicación del acreedor. Pero, dada la renuncia unilateral, el acreedor se habría despojado de la acción para obtener su cumplimiento, en una figura muy cercana al pactum de non petendo,61 aunque, a nuestro juicio, ello conllevaría la problemática de asumir la posibilidad de crear convencionalmente obligaciones naturales.62 Conforme a lo anterior, la función abdicativa de la renuncia se distinguiría de otra conceptualmente diversa, de carácter remisorio. La primera no tendría por objeto la extinción de la obligación, sino sólo de la titularidad del crédito por parte del renunciante, donde el destino del vínculo se presenta como un efecto reflejo y su desaparición como eventual.63 Esta precisión permitiría, por ejemplo, diferenciar un supuesto de condonación de la deuda por parte de un acreedor solidario, que conlleva la extinción de la obligación para todos los demás (artículo 1513 CC), de un escenario de renuncia del crédito, que sólo produciría la pérdida de titularidad del coacreedor renunciante, sin ampliarse a los demás acreedores.64 No obstante, al menos fuera de este caso, esta línea de argumentación genera dudas por el hecho de desgajar la titularidad del crédito de la prestación que constituye su objeto, cuando los modos de extinguir las obligaciones operan siempre teniendo a la vista este binomio.

Tampoco debe obviarse una idea que parece bastante sugerente, como es diferenciar la renuncia como mero acto abdicativo (un caso metafísico, como le denomina Pothier),65 y que se daría cuando se pretende evitar el pago de impuestos, en casos de insolvencia del deudor o para evitar los costos de recuperación de deudas menores, de aquella manifestación de voluntad efectuada con un ánimo liberal, esto es, con la intención de beneficiar al deudor, sólo reconduciendo esta última al ámbito de la condonación y, con ello, al de la donación y al cumplimiento de sus requisitos.66 En esta alternativa, la respuesta se enfocaría en el problema de la causa del negocio de renuncia como negocio dispositivo que no envuelve una atribución patrimonial a favor de terceros, descartando el caso de la denominada “renuncia traslativa”.67 De tal suerte, podrá soportarse cualquier justificación del acto de renuncia que no se encuentre destinado al beneficio directo del tercero, pues en ello encontraríamos una liberalidad que siempre requeriría una estructura bilateral, aunque se tolere la obtención indirecta de la ventaja que supone la pérdida de la titularidad por parte del renunciante.68

Nuestra jurisprudencia no ha hecho distinción sobre este particular, aunque ha admitido la posibilidad de renuncia del crédito, aludiendo al régimen del artículo 12 CC y no al de la remisión (artículos 1652 y siguientes CC). Al efecto, la Corte de Apelaciones de Santiago razonó del modo antedicho en el contexto del debate sobre la forma de cómputo del plazo de prescripción en el caso de una cláusula de vencimiento anticipado de una obligación dineraria. En tal caso, resultaba que, a efectos de evitar el efecto extintivo de la prescripción, el banco acreedor había condonado parcialmente la deuda, remitiendo las primeras cuotas incumplidas, de modo de alterar el dies a quo del plazo de prescripción previsto en el artículo 2515 CC. Sobre el particular, la Corte expresó:

“(…) si bien la renuncia de cobrar un crédito constituye un derecho que, en general, ha de reconocerse, no está prohibido, resulta pertinente reconocer que a la luz de lo que dispone que artículo 12 del Código Civil: «Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al interés individual del renunciante» y, en el caso que nos ocupa, claramente no es posible considerar satisfecho dicho requisito, pues tal supuesta liberalidad ciertamente es efectuada por el acreedor para eludir los graves efectos con que el legislador ha sancionado la negligencia en el cobro del crédito a través, precisamente, de la institución de la prescripción”.69

A nosotros nos parece que este razonamiento es expresivo de un error en la lectura del artículo 12 CC que, veremos más adelante, se repite en otras esferas. Si se atiende al tenor expreso de la norma, se observará que no se está disponiendo que la renuncia queda limitada, al menos en esta órbita, por los efectos negativos que ella puede producir respecto a terceros, sino que el derecho en sí mismo debe atender al interés individual del renunciante. En otras palabras, no es que la renuncia deba circunscribirse al mero interés de este último, sino que el derecho que le ha sido asignado por parte del ordenamiento.

Aunque se volverá sobre este punto más adelante, por ahora basta con indicar que el problema que observó la Corte hubiese quedado mejor resuelto si se hubiese apreciado la cuestión desde alguna de las siguientes perspectivas. La primera alternativa sería sostener que el banco acreedor no podía simplemente renunciar a su derecho de crédito, haciendo entonces inoperante el artículo 12 CC, y que, no estando acreditado el consentimiento del deudor, la condonación de las cuotas no había producido efecto jurídico alguno. Ello desmentiría la aseveración de que el problema es puramente teórico, al mismo tiempo que significaría que el deudor aún tiene un campo de acción en lo que se refiere a la extinción de la obligación. Precisamente por ello, Ramos critica la definición de remisión dada por Claro (“la renuncia que el acreedor hace de sus derechos en beneficio del deudor”),70 puesto que la remisión “no es un acto de renuncia, sino una convención destinada a extinguir obligaciones”.71 Cuestión que, con menor tono crítico, había sido expresada por Aubry y Rau bajo la idea que, en lo que se refiere al derecho de crédito, la renuncia toma el nombre de remisión de la deuda y adquiere un tenor convencional.72 Una segunda alternativa hubiese sido sostener que la renuncia del crédito no es una figura equivalente a la remisión y que, no habiendo aquí un ánimo liberal, aquella es admisible en la medida que se comprenda que no produce necesariamente la extinción de la obligación, y, por tanto, no cabe concluir que siempre hubiese alterado el dies a quo del plazo de prescripción.

3.3.- LA DISCUTIBLE CALIFICACIÓN DE “RENUNCIA” DE OTRAS POSIBILIDADES PREVISTAS EN EL ORDENAMIENTO CIVIL

Observado el origen del artículo 12 CC, se concluye que, siguiendo los antecedentes comparados, la regla se desplegaba en dos órbitas de actuación. La primera aludía a la idea que “los individuos no pueden estipular cosas contrarias a las buenas costumbres, ni a las leyes que reglas la organización política y judicial de Chile, ni a las prohibiciones de las leyes”, para, luego, efectuar una precisión que añadía que “pero podrán renunciar cualquier derecho que les confieran las leyes, siempre que mire solamente a su interés o conveniencia individual i que no esté prohibida su renuncia” (artículo 15 del Proyecto de 1853).

Nos detendremos ahora en la primera de aquellas reglas. Como nos informa Barrientos, ella no permanece en el artículo 12 CC puesto que fue trasladada desde el Título Preliminar al título “De los actos y declaraciones de voluntad” del Libro IV, y, ya en el Proyecto Inédito, se expresa en torno a la idea de la ilicitud del objeto en razón de la contravención del derecho público chileno.73 La cuestión no es baladí en la medida en que este primer inciso daba cuenta del resultado de una compleja discusión histórica,74 en que la idea de la “renuncia a las leyes” había sido fuertemente cuestionada por implicar un trastorno al ordenamiento jurídico y una imposición sobre la parte más débil de la relación.75 Las notas marginales de la regla del artículo 15 del Proyecto de 1853 dan cuenta de la referencia al artículo 6° del Code Civil francés, que aún dispone que “(o)n ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs”; y al artículo 11 del Código de Luisiana, que repetía el concepto bajo la idea de que “los individuos no pueden, por convenciones particulares, derogar las leyes hechas para el mantenimiento del orden público o de las costumbres”. Ambas reglas expresaban la idea de que no es posible la renuncia del “derecho público”, bajo la idea del quilibet potest juri suo renuntiare, modo tamen juri publico simul non renuntiet, quia privatorum pactis ius publicum infringi non potest.76

Estas ideas hacen referencia a situaciones jurídicas cercanas a la renuncia, pero no completamente coincidentes. Así, mientras la exclusión voluntaria de una ley tiene por objeto la modificación de la consecuencia señalada por una determinada norma jurídica, la renuncia se refiere exclusivamente a la abdicación de derechos subjetivos reconocidos por el ordenamiento jurídico por parte de su titular.77 Aun así en doctrina suelen asociarse ambas figuras mediante el expediente de incluir a la primera bajo la rúbrica de la renuncia en sentido lato, incluyendo la controversial idea de la ya citada “renuncia a las leyes”,78 que no sería más que la privación de “una compleja unidad de derechos, obligaciones, deberes, cargas expectativas, etc.”.79 Se ha sostenido que ésta es “la dejación de una ventaja jurídica mediante una declaración de voluntad dirigida a tal efecto. Esta ventaja puede ser un derecho o resultar, sin que medie un derecho, de una regla jurídica que surte efecto a favor de alguien (…)”.80 Sin embargo, se agrega que, en sentido estricto, “(n)o es la renuncia la mera no adquisición de un derecho si con ello no se extingue un derecho de expectativa. Lo mismo ha de decirse del caso en que de antemano, al constituirse una relación jurídica, se elimina el nacimiento de un derecho que, sin tal eliminación voluntaria, habría de surgir posteriormente en virtud de disposición legal”.81

No obstante, cabe considerar que la norma que las partes pretenden excluir no siempre contiene un derecho subjetivo, de manera que la asimilación lógica no es siempre correcta, como se desprende del artículo 6.2 del CC español (reformado por el Decreto 1836/1974).82 La exclusión legal tiene un alcance bastante más amplio que el que se concede a la renuncia, al menos en su aspecto objetivo. De tal suerte, puede abarcar tantos más aspectos que los derechos concedidos por la ley, alcanzando cualquier consecuencia típica a los supuestos de hecho por ella descritos. Se basa esta cuestión, entonces, en la clásica clasificación de las normas jurídicas en imperativas (ius cogens) y dispositivas (ius dispositivum). En el primer caso, la voluntad de las partes no puede modificar las consecuencias adscritas a un determinado supuesto de hecho, dado que se entiende que existe un interés público que ha inspirado tal particular regulación. Al contrario, es en el campo de las normas dispositivas en el que la exclusión voluntaria es reconocida, por cuanto se entiende que ellas sólo resultan supletorias a la voluntad de las partes.

Siguiendo esta línea argumental, podemos sostener que, en todos los casos en los que no nos referimos directamente a derechos o facultades en su más propio sentido técnico, el propósito del “renunciante” se explica mejor desde la intención de hacer inaplicable al caso una determinada regulación, probablemente en bloque, más que cualquier intento de reconfigurar el aparente objeto de la abdicación a la categoría de un derecho subjetivo o a cualquier otra forma de titularidad, por más amplio que ello se pretenda. Así ocurre, por ejemplo, en la renuncia a la condición resolutoria por parte del acreedor en cuyo beneficio ha sido puesta, en que ella se enuncia como una forma de hacer inoperante todo el régimen de esta clase de condiciones como si se tratare de un negocio exento de modalidades (artículo 1487 CC); algo similar a lo que ocurre en torno a la posibilidad de renuncia del plazo (artículo 1497 CC), en que la obligación pasa a ser actualmente exigible como si fuere pura y simple. A su turno, la renuncia a la solidaridad significa la aplicación de las reglas residuales de las obligaciones simplemente conjuntas y no del régimen excepcional previsto en los artículos 1511 y siguientes del CC. Finalmente, en el caso de la renuncia de la prescripción, admitida con ciertas restricciones en los artículos 2494 y siguientes CC, se hace inoperante este modo de extinguir las obligaciones, haciéndolas nuevamente exigibles, y, por tanto, tratándolas como obligaciones civiles para las que corre íntegro un nuevo plazo de prescripción (artículo 1470 CC).83

IV.- CONCLUSIÓN

En nuestro entorno, el estudio de la renuncia se ha centrado en su calificación como negocio jurídico unilateral y en sus principales características, sin efectuar un análisis más sistemático de la figura más allá de una mera referencia al artículo 12 CC. Sin embargo, tal regla no alude a este aspecto dinámico, sino a uno previo, en el que se establecen los contornos generales de la facultad de renuncia de los derechos consagrados a favor de los particulares. Dado que dicha facultad se encuentra asociada a la configuración del derecho que pretende ser abdicado, este aspecto debe leerse en clave objetiva. Lo anterior provoca que la renuncia se transforme en un acto altamente dependiente de su objeto, y, al tiempo de descender a sus diversas posibilidades, es que se empiezan a observar algunas dificultades teóricas y prácticas sobre sus deslindes.

A partir de esta lectura, se observarán múltiples obstáculos técnicos para aceptar la posibilidad de renuncia del dominio de los bienes raíces (por restricciones provenientes del Derecho administrativo y de las reglas registrales pertinentes); del derecho real de herencia (por la existencia de un contenido pasivo que parece irremediablemente unido al aceptante), y de los créditos (sin seguir la lógica de la remisión de la deuda). Incluso más, en otros tantos supuestos en los que la ley alude a la figura, es posible observar que aquello que se “renuncia” no son derechos, sino que lo que el particular pretende es excluir la operatoria de ciertas normas jurídicas disponibles (ius dispositivum), caso en el cual consideramos que estamos frente a una figura cercana, pero que goza de contornos propios, en que su posibilidad debe ponderarse a la luz de los límites de la autonomía privada (en especial, las normas de ius cogens). Todas estas son conclusiones que hacen reflexionar sobre el hecho de que, a pesar de su aparente amplitud, la renuncia de derechos no parezca tener un campo de aplicación tan amplio como el que parece sugerirse de su referencia en el Título Preliminar del Código Civil, ameritando una lectura bastante más detenida de las reglas que integran su régimen jurídico.

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1Por todos, Domínguez, Ramón, La prescripción extintiva. Doctrina y jurisprudencia, segunda edición actualizada, Prolibros, Valparaíso, 2020, pp. 105-136.

2Por todos, Rodríguez, María Sara, Manual de Derecho de Familia, Editorial Jurídica de Chile Santiago, 2017, pp. 443-445.

3González, Joel, “Por la aceptación de los pactos sucesorios de institución y renuncia”, Revista de derecho (Valdivia), Vol. XXXIV, N° 1, pp. 71-88.

4Por todos, Macioce, Francesco, “Rinunzia”, Enciclopedia del Diritto, T. XL, Milán, Giuffré, 1989, p. 923.

5Alessandri, Arturo, Somarriva, Manuel; Vodanovic, Antonio, Derecho civil, Tomo I. Parte general y Personas, Nascimento, Santiago, 1940, p. 243.

6Igual observación, aunque en clave histórica, se encuentra en Meynial, Ed, “Des renonciations au Moyen-Age et dans notre Ancien Droit”, Nouvelle Revue Historique de Droit Français et Etranger, 1900, Vol. 24, p. 118.

7Sobre esta clase de renuncias a situaciones jurídicas complejas, Cano, José Ignacio, La renuncia a los derechos, Bosch, Barcelona, 1986, pp. 12-13.

8En este sentido, Dreifuss-Netter, Frédérique, Les manifestations de volonté abdicatives, LGDJ, París, 1985, p. 21, explica que “abdicar” implica declarar por todo lo alto que no se quiere o no se quiere más una prerrogativa conferida por el derecho objetivo.

9Grammatikas, Georges, Théorie générale de la renonciation en Droit civil, LGDJ, París, 1971, p. 7.

10Doral, José Antonio, “La renuncia abdicativa de derechos”, en: Libro - Homenaje al Profesor Manuel Amorós Guardiola, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2006, p. 411.

11Azteri-Vacca, Francesco, Delle rinunzie secondo el Codice Civile italiano, Unione Tipográfico-Editrice Torinence, Turín, 1915, p. 9; Sicchiero, Gianluca, “Rinuncia”, Digesto delle Discipline Privatistiche, UTET, Turín, 1989, T. VII, p. 653.

12Macione, cit. (n. 4), p. 927.

13Ya indicaba Escriche, Joaquín, Diccionario razonado de legislación, Imprenta de P. Dupont et G.-Laguionie, París, 1831, p. 593, que “(e)sta renuncia es realmente cesión, puesto que en nada se diferencia de ella”.

14Piras, Salvatore, La rinunzia nel Diritto privato, Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, Nápoles, 1940, p. 73.

15Macioce, cit. (n. 4), pp. 924-925.

16Cano, cit. (n. 7), p. 79.

17Macioce, cit. (n. 4), p. 926.

18Esta facultad parecería desplegarse de manera más evidente en el ámbito sucesorio, bajo la nomenclatura doctrinal del “derecho de opción” (artículo 956 CC) y, de modo más directo, en el llamado “derecho de transmisión”, como “derecho de aceptar o repudiar” la herencia o legado (artículo 957 CC). Lo anterior, a pesar de que sea discutible que la repudiación pueda entenderse incluida en la categoría general de la renuncia en la medida en que no supone el despojo de un derecho ya incorporado al patrimonio, sino como un mecanismo para impedir que este ingrese al mismo. Sobre este punto, vid. Guzmán, Alejandro, “Identidades de funciones o efectos provenientes de la negocialidad entre vivos y por causa de muerte”, Revista de Derecho (Valparaíso), 2009, Vol. 32, N°. 1, p. 63; y, en lo que se refiere a evitar su ingreso en vida del causante, González, cit. (n. 3), p. 75.

19Alessandri et alius, cit. (n. 5), p. 241.

20De la Villa, Luis Enrique, “El principio de la irrenunciabilidad de los derechos laborales”, Revista de Política Social, 1970, No. 70, p. 11.

21Azteri-Vacca, cit. (n. 11), p. 7.

22Por ello, en el ámbito dominical, se indica que el abandono forma parte de las facultades jurídicas del dominio, como forma de disposición. En este sentido, Mejías, Claudia, Derecho real de dominio y acción reivindicatoria. Posesión y acciones posesorias, Ediciones DER, Santiago, 2019, p. 18.

23Coppola, Cristina, La rinunzia ai diritti futuri, Giuffré Editore, Milán, 2005, p. 67.

24Azteri-Vacca, cit. (n. 11), pp. 1-2.

25Coppola, cit. (n. 23), p. 66.

26Piras, cit. (n. 14), p. 74. Para la mejor comprensión de la norma, cabe tener presente la cita efectuada por Bello al margen del artículo 15 del Proyecto de 1853, donde la cita romana (Unicuique licet contemnere haec quae pro se introducta sunt), expresa la licitud de menospreciar aquello que se le ha concedido a la persona como favor. Vid. Barrientos, Javier, Código Civil. Concordancias, historia de la ley, jurisprudencia, notas explicativas e índice temático, Legal Publishing, Thomson Reuters, Santiago, 2013, p. 70.

27Alessandri et alius, cit. (n. 5), p. 240.

28En términos generales, la referencia al interés individual impide la renuncia de los derechos en los que se observa un interés ajeno o un interés colectivo (Alessandri et al, cit. (n. 5), p. 242), cuestión que parece excepcional en la lógica individualista de la codificación civil. Por su parte, en los casos en que la ley prohíbe la renuncia se observa que, pese a afectar únicamente la esfera particular del renunciante, el ordenamiento la impide, generalmente por un fin tutelar.

29Piras, cit. (n. 14), p. 77.

30Guzmán, cit. (n. 18), pp. 62 y 63.

31Rozas, Fernando, Derecho civil: los bienes, Distribuidora Forense Ltda., Santiago, 1984, p. 368 y Corral, Hernán, Curso de Derecho civil: Bienes, Thomson Reuters, Santiago, 2020, p. 529, admiten una renuncia tácita de la servidumbre. Alessandri, Arturo, Somarriva, Manuel y Vodanovic, Antonio, Los bienes y los derechos reales, Editorial Nascimento, Santiago, 1974, tercera edición, p. 773, incluso señalan como ejemplo el caso en que el dueño del predio dominante que tiene sobre el predio vecino la servidumbre de tránsito autoriza al dueño para cortar el camino con una construcción infranqueable.

32Guzmán, cit. (n. 18), p. 62.

33Corral, cit. (n. 31), p. 508.

34En contra, Bahamondes, Claudia, “La renuncia al derecho de propiedad sobre inmuebles en el ordenamiento chileno”, en: Estudios de Derecho Civil XV, Thomson Reuters, Santiago, pp. 240-241, quien señala que cuando la renuncia tenga por objeto soslayar la persecución de los acreedores o una ejecución civil ya iniciada ante tribunales, se transgrediría un requisito esencial de la renuncia de derechos, “cual es, que solo se vincule el interés individual y no el colectivo o, al menos, el de un tercero”. Lo anterior, aunque luego considere que, en la práctica relativa a una eventual derelicción de bienes raíces, ni el Notario ni el Conservador podrían constatar el cumplimiento del mentado requisito.

35En este sentido, Marín, Pascual, “La renuncia al beneficio de la ley en el derecho civil”, Anuario de Derecho Civil, 1962, Vol. 15, N° 4, p. 853 explicaba que la limitación a que la renuncia no podía redundar en perjuicio de terceros, como rezaba el antiguo artículo 4° del Código Civil español, no era muy afortunada, “ya que pueden hacerse muchas renuncias, a pesar de causar perjuicios a terceros… Lo que el Código quiere decir es que no podrá renunciarse el derecho concedido a una persona, no en su provecho, sino en provecho de otra u otras”. Esta idea que, en nuestro derecho, se refiere como un derecho concedido en el solo interés del renunciante.

36Goldenberg, Juan Luis, “El perjuicio como justificación de la revocación concursal”, Ius et Praxis, 2016, Vol. 22, No. 1, pp. 87-128.

37Sin embargo, excepcionalmente en la regulación de la renuncia a un derecho de aprovechamiento de aguas la redacción se plantea de modo diverso, pues en ella sí se dispone expresamente que “… no podrá ser en perjuicio de terceros, en especial si disminuye el activo del renunciante en relación con el derecho de prenda general de los acreedores” (artículo 6° CA); y, siendo un requisito de validez, nos parece que sólo en este caso la infracción está reconducida a la nulidad absoluta de la renuncia.

38Este procedimiento se encuentra regulado en el Título IX del Reglamento del Código de Minería, contenido en el Decreto N° 1, del Ministerio de Minería, de 27 de febrero de 1987.

39No era esta la redacción inicial de la norma propuesta. En efecto, en el contexto de la discusión de la Ley N° 20.017, se pretendía que la renuncia fuere efectuada ante la Dirección General de Aguas, la cual, de ser procedente, debía aceptarla, declarar extinguido el derecho y requerir al Conservador de Bienes Raíces las cancelaciones correspondientes. La forma fue reemplazada en virtud de la discusión sostenida en la Comisión de Constitución del Senado, en la que se consideró que “dada la naturaleza jurídica del derecho de aprovechamiento, no procede entregar el perfeccionamiento de la renuncia al mismo a la autoridad administrativa, de modo que prefirió suprimir la aceptación de ésta por parte de la Dirección General de Aguas. Asimismo, estimó que el procedimiento propuesto es innecesariamente engorroso si se considera que el objetivo central que se persigue, como se ha dicho, es mantener la historia de la propiedad” (Historia de la Ley N° 20.017, pp. 300 y 301).

40Cano, cit. (n. 7), p. 93.

41En contra, Corral, cit. (n. 31), p. 473, quien señala que “(p)ensamos, igualmente, que no se dará el acrecimiento si el constituyente lo ha prohibido o ha fijado cuotas para cada usufructuario (cfr. arts. 1148 y 1155), de manera que, si falta un cousufructuario, su parte se consolidará con el dominio del propietario en una especie de consolidación parcial”. A nuestro juicio, la hipótesis de la prohibición del acrecimiento del artículo 1155 CC es coincidente con el supuesto previsto en el artículo 780 II CC, pero es bastante más discutible aplicar la limitación dada para la distribución cuotativa. Expresando mayores dudas, Peñailillo, Daniel, Los bienes. La propiedad y otros derechos reales, Thomson Reuters, Santiago, 2020, segunda edición, p. 1208 (n. 1693).

42En el marco de la prenda sin desplazamiento, Guzmán, Alejandro, Tratado de la prenda sin desplazamiento según el Derecho chileno, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2011, pp. 353-354.

43Guzmán, Alejandro, De las donaciones entre vivos. Conceptos y tipos, Lexis Nexis, Santiago, 2005, p. 85.

44Esta interpretación respaldaría las ideas de Pothier, Robert Joseph, Œuvres de Pothier contenant les traités du droit français. Dissertation sur Pothier. Traité des obligations. Nouvelle édition mise en meilleur ordre et publiée par les soins de M. Dupin, augmentée d'une dissertation sur la vie et les ouvrages de ce célèbre jurisconsulte par le même, Bechet Ainé Libraire, París, 1824, T. I., pp. 362-363.

45Cabe tener presente que esta redacción fue modificada en la reforma de la ley de quiebras llevada a cabo por medio de la Ley N° 20.073, de 2005, en que simplemente se refiere a la renuncia de la preferencia (artículo 191).

46En este sentido se pronuncia Puga, Juan Esteban, El acuerdo de reorganización, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2014, pp. 291 y 292. Al efecto señala que “la del art. 61 es una disposición especialísima que se refiere a una forma de extinguir los derechos reales de hipoteca y prenda, sólo para los efectos de un tipo de negociación (…) La renuncia y extinción son resultado de que voten el plan dirigido a los valistas”.

47Mendoza, Pamela, “La derelicción de bienes corporales en el Derecho civil chileno”, en: Estudios de Derecho Civil XIII, Thomson Reuters, Santiago, 2018, pp. 146-149. Vid., también, Peñailillo, cit. (n. 41), pp. 483-487.

48Algo que, como señala Peñailillo, cit. (n. 41), p. 483, es propio de los códigos decimonónicos, pero ha variado con las nuevas codificaciones, con cita a los Códigos latinoamericanos que han tratado de los modos de pérdida de la propiedad.

49Mendoza, cit. (n. 47), pp. 149-150.

50Reglamento contenido en el Decreto N° 1.007/2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

51Sin efectuar distinciones, Vodanovic, Antonio, Manual de Derecho civil. Partes preliminar y general, Editorial Jurídica ConoSur Ltda., Santiago, 2001, p. 189, respecto al dominio, señala que: “si bien el Código no es tan explícito y terminante, la posibilidad de la renuncia se deduce con certeza de algunas de sus disposiciones”. Mendoza, cit. (n. 47), pp. 152-156, integrando el artículo 12 CC con las reglas constitucionales alusivas a la función social de la propiedad, concluye que la derelicción de bienes inmuebles es posible, pero en la práctica se encuentra limitada a supuestos muy residuales en los que no exista afectación al orden público o a los derechos de terceros.

52Bahamondes, cit. (n. 34), pp. 242-250. Sobre la cuestión registral, el debate se encuentra en la extensión que debe darse al artículo 52, núm. 3 del Reglamento Conservatorio que dispone que debe inscribirse “la renuncia de cualquiera de los derechos enumerados anteriormente”, dando lugar a dudas si tal referencia incluye o no al derecho de propiedad. A favor de tal conclusión, Mendoza, cit. (n. 47), p. 153, y Peñailillo, cit. (n. 41), p. 485.

53Vid. nota 18.

54Guzmán, cit. (n. 18), p. 63. En similar sentido, Ramos, René, Sucesión por causa de muerte, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2016, p. 22, bajo la idea de la irrevocabilidad de la opción.

55Por este motivo, Marín, cit. (n. 35), p. 851, indicaba que (e)n los derechos de crédito no cabe la renuncia; el acreedor no puede romper él solo su obligación. El campo de la renuncia se encuentra restringido a los derechos reales”.

56Abeliuk, René, Las obligaciones, Legalpublishing Thomson Reuters, Santiago, 2014, p. 1371.

57En esta teoría clásica, encontramos, por ejemplo, a Aubry, Charles y Rau, Charles F., Cours de Droit civil français, Imprimerie et Librairie Générale de Jurisprudence Marchal et Billard, París, 1902, T. 4, pp. 331 y ss.; Josserand, Louis, Cours de Droit civil positif français, Librairie du Recueil Sirey, París, 1939, T. II, p. 571; Colin, Ambroise y Capitant, Henri, Cours élémentaire de Droit civil français, Dalloz, París, 1932, Tomo II, p. 332.

58Sobre esta distinción en el plano teórico y práctico, Grammatikas, cit. (n. 9), pp. 78 y 79.

59Cano, cit. (n. 7), pp. 88-89 ofrece un conjunto de razones adicionales, incluyendo: (i) que si el acreedor puede dejar pasar el plazo de exigibilidad de la deuda (una forma de renuncia tácita), más aún podría hacerlo de manera expresa; (ii) que si el deudor puede extinguir el crédito sin la voluntad del acreedor (mediante el pago por consignación), por equidad también debería poder hacerlo el deudor; (iii) que el beneficio al deudor es un efecto indirecto de la renuncia; (iv) que si el beneficiario de una estipulación a favor del tercero puede renunciar a su crédito, es porque ellos son generalmente renunciables.

60Muy incidentalmente parece que Alessandri et alius, cit. (n. 5), p. 242, abogan por lo anterior, en la medida en que concluyen que “la renuncia del crédito desliga al deudor del vínculo”.

61Doral, cit. (n. 10), p. 426. Sin embargo, esta idea no parece ajustarse a las pretensiones de las partes. Esta clase de pactos significan un compromiso del deudor de no exigir el cumplimiento de la obligación, sea por un tiempo (ad tempus) o definitivamente (in perpetuum), y sólo da lugar a una excepción dilatoria que acepta la existencia de la obligación, pero objeta la oportunidad del cobro. Sobre las dificultades dogmáticas de esta figura, Goldenberg, Juan Luis, La subordinación voluntaria de créditos, Civitas, Thomson Reuters, Cizur Menor, 2011, pp. 201-204.

62Calificada como tal, vid. Cano, cit. (n. 7), p. 18, admitiendo que, en virtud de la renuncia, la obligación correlativa se transforma en una obligación moral, de modo que el deudor puede cumplir todavía por pago en sentido estricto. Nuestros tribunales han llegado a una conclusión similar, resolviendo que “la renuncia de la acción es legalmente admisible y produce como efecto convertir la obligación civil en meramente natural” (sentencia del Juzgado de Temuco, 28 de marzo de 1932, G. 1932, segundo semestre, núm. 149, p. 564).

63Cano, cit. (n. 7), pp. 17-18, sostiene que “la renuncia no tiene por qué extinguir más que el crédito objeto directo y exclusivo de ella, pero que puede dejar y deja subsistente el lado pasivo o deuda de la relación crediticia”.

64Macioce, cit. (n. 4), p. 932.

65Pothier, cit. (n. 44), pp. 362-363.

66Lessona, Silvio, “Essai d’une théorie générale de la renonciation en Droit civil”, Revue Trimestrielle de Droit Civil, 1912, T. XI, p. 376.

67En este sentido, vid. Cabanillas, Antonio, “Artículo 6”, en: Albaladejo, M. y Díaz, S. (dirs.), Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1992, T. I, Vol. I, p. 739; Flume, Werner, El Negocio Jurídico (traducción de José María Miquel y Esther Gómez), Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 1998, pp. 175 y 176; y Doral, cit. (n. 10), pp. 411 y 424.

68Macioce, cit. (n. 4), pp. 928-930.

69Corte de Apelaciones de Santiago, 19 de mayo de 2016, westlaw CL/JUR/3416/2016.

70Claro, Luis Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado. Vol. VI, De las Obligaciones, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1979, p. 470.

71Ramos, René, De las obligaciones, Lexis Nexis, Santiago, 2004, p. 426.

72Aubry y Rau, cit. (n. 57), p. 331.

73Barrientos, cit. (n. 26), p. 70.

74Marín, cit. (n. 35), pp. 849-851; y Cano, cit. (n. 7), pp. 105-106.

75Pérez-Prendes, José Manuel, “General renunciación non vala: sobre doctrina y práctica en tiempo del ius commune”, Glossa-e, Revista de Historia del Derecho Europeo, 1993-1994, Nos. 5-6, p. 87.

76Escriche, cit. (n. 13), p. 594.

77Así, Castello, Alfredo C., “Cuestiones sobre la renuncia de derechos y la exclusión voluntaria de la ley: distinción entre ambas, relación con la autonomía de la voluntad y límites para su validez”, Revista General del Derecho, 1995, Año LI, No. 604, p. 50.

78Obsérvese, por ejemplo, que el artículo 8 del Código Civil uruguayo señala que “(l)a renuncia general de las leyes no surtirá efecto. Tampoco surtirá efecto la renuncia especial de leyes prohibitivas: lo hecho contra estas será nulo, si en las mismas no se dispone lo contrario”; y el artículo 13 del Código Civil y Comercial de la Nación (Argentina) dispone que “(e)stá prohibida la renuncia general de las leyes. Los efectos de la ley pueden ser renunciados en el caso particular, excepto que el ordenamiento jurídico lo prohíba”.

79Cano, cit. (n. 7), pp. 12-13.

80Enneccerus, Ludwig, Kipp, Theodor y Wolff, Martin, Tratado de Derecho Civil, T. II, Vol. 1, undécima edición, revisión por Heinrich Lehmann, traducción de la 35a. edición alemana, estudios de comparación y adaptación a la legislación y jurisprudencia españolas por Blas Pérez y José Alguer, Bosch, Barcelona, 1933, p. 36.

81Enneccerus et alius, cit. (n. 80), p. 37.

82Como asimismo no consideramos completamente ajustada la distinción entre la renuncia de derechos y la exclusión de la ley aplicable bajo el binomio de mecanismo directo o indirecto de pérdida del derecho, como parece esbozar Castello, cit. (n. 77), p. 51.

83En este sentido, Domínguez, cit. (n. 1), p. 132. Respecto a la renuncia de la prescripción adquisitiva, sin embargo, cabe hacer una precisión. En este caso, hemos de suponer que el prescribiente ha adquirido el dominio sobre la cosa y que, mediante la renuncia, la está (de algún modo) enajenado la cosa al anterior dueño. En contra, Alessandri et alius, cit. (n. 31), p. 530, para quienes la renuncia no puede calificarse de enajenación, ya que ésta importa hacer salir del patrimonio un derecho y este derecho no estaría radicado en el patrimonio del prescribiente sino una vez alegada la prescripción. Peñailillo, cit. (n. 41), pp. 1045-1046, aclara que esta conclusión sólo sería admisible si se estima que la adquisición del derecho no se produce en virtud del mero cumplimiento de los plazos, sino desde la alegación, posición que no comparte. Sin embargo, este autor (n. 1464) explica que “puede estimarse que el renunciante ha efectuado no una renuncia con ánimo de abandono, sino con ánimo traslativo, por la que el renunciante renuncia a favor del anterior dueño. Este carácter de renuncia debiera ser presumido y sólo queda excluido si el anterior dueño manifiesta por actos o hechos concluyentes su intención de no recuperar el dominio perdido, en cuya situación llegaría a las aludidas res nullius o adquisición por el Estado”. Habiendo negado la posibilidad de renuncias traslativas, nos parece que la solución es correcta en su espíritu, pero que no debe ser reconducida a la idea de la renuncia, sino a la oferta de donación, respaldado por el hecho de que nadie puede adquirir derechos en contra de su voluntad. Por ello tampoco nos parece, como indica Corral, cit. (n. 31), p. 328, que el régimen sea el de la derelicción, puesto que, en este caso, se conoce de antemano quien es el beneficiario de la “renuncia” y, en consecuencia, haría inoperante el modo de la ocupación.

Recibido: 23 de Mayo de 2022; Aprobado: 24 de Junio de 2022

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Profesor asociado del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. Doctor en Derecho, Universidad de Salamanca. Correo electrónico: jgoldenb@uc.cl. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4671-4730.

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