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Estudios constitucionales

versión On-line ISSN 0718-5200

Estudios constitucionales vol.18 no.2 Santiago  2020

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-52002020000200265 

ARTÍCULOS

¿Qué efectos produce el control de convencionalidad decretado por la Corte Interamericana en un ordenamiento jurídico?

What effects does produces the control of conventionality decreed by the inter-american court in a legal system?

Max Silva Abbott1 

1 Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile (1993). Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra (2006). Profesor de Filosofía del Derecho, Fundamentos Filosóficos del Derecho e Introducción al Derecho, Universidad San Sebastián Director de Carrera de la sede Concepción de la misma universidad. Chile. E-mail: max.silva@uss.cl.

Resumen:

El objeto del presente trabajo es averiguar qué efectos produce la declaración de inconvencionalidad realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al interior de un ordenamiento jurídico, en aquellos casos en que la norma impugnada resulta absolutamente incompatible con sus criterios, no siendo posible una armonización entre ambas mediante la llamada “interpretación conforme”. Para ello se analiza la doctrina que ha tratado esta cuestión, así como la jurisprudencia atingente emanada de este tribunal internacional.

Palabras Clave: Corte Interamericana de Derechos Humanos; Control de convencionalidad externo; Control de convencionalidad interno; Autoridades nacionales; Ordenamiento jurídico

Abstract:

The purpose of this paper is to find out what effects the declaration of unconventionality made by the Inter-American Court of Human Rights within a legal system produces, in those cases in which the contested norm is absolutely incompatible with its criteria, not being possible harmonization between them through the so-called “according interpretation”. For it, the doctrine that has dealt with this issue is analyzed, as well as the relevant jurisprudence emanating from this international tribunal.

Keywords: Inter-American Court of Human Rights; External control of conventionality; Internal contol of conventionality; National authorities; Legal system

1. Introducción

El presente trabajo tiene por objeto indagar en los efectos que produce la declaración de inconvencionalidad realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al interior de un ordenamiento jurídico, en aquellos casos en que la norma impugnada resulta absolutamente incompatible con sus criterios, no siendo posible una armonización entre ambas mediante la llamada “interpretación conforme”. Esta última posibilidad no es analizada aquí.

Lo anterior se debe a que al indagar en la abundante doctrina que ha reflexionado sobre este tema, se puede apreciar una notable disparidad de criterios, así como una gran diferencia de nomenclaturas utilizadas a este respecto. Es precisamente la aludida heterogeneidad lo que nos ha llevado a intentar dilucidar esta cuestión, en razón de su crucial importancia para el funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Para aclarar lo anterior, primero se pasará revista a las diversas aseveraciones que sobre el particular ha hecho la doctrina, mostrando la heterogeneidad señalada. Posteriormente se analizará la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana relacionada a esta cuestión (hasta fines de 2018), tanto aquella procedente de sentencias definitivas como de supervisiones de cumplimiento (abreviadas estas últimas en las notas a pie de página y en la bibliografía con las siglas S.C.). El eje de este análisis será la permanente distinción y mutua relación entre el llamado control de convencionalidad “externo”, que es el realizado por la propia Corte Interamericana, y el control de convencionalidad “interno”, esto es, el que de acuerdo a este tribunal, debieran realizar las autoridades nacionales.

Finalmente y luego de hacer una reflexión general a partir de los datos obtenidos, se arribará a algunas conclusiones.

Debe dejarse constancia que en el presente trabajo no se analizan los votos disidentes ni concurrentes emanados de este tribunal. También, que por razones de espacio, el número de citas, tanto de doctrina como de jurisprudencia, se han reducido notablemente.

2. Análisis doctrinario

Como se sabe, la Corte ha señalado en varias oportunidades -y la doctrina lo ha comentado profusamente- que la norma inconvencional declarada incompatible con sus criterios, “carece de efectos jurídicos”1, incluso “desde un inicio”2. Además, se supone que la declaración de inconvencionalidad debiera tener efectos generales en el país condenado y no sólo en el caso concreto que ha dado origen a dicha condena3. Y por último, algunos autores hablan incluso de un control de convencionalidad en abstracto, esto es, que para tener efectos, no se requiere que la norma declarada incompatible haya sido aplicada todavía4.

La otra posibilidad, menos drástica, es la llamada “interpretación conforme”, esto es, que el sentido y alcance de la normativa nacional sea establecido a la luz del control de convencionalidad realizado por la Corte por medio de su jurisprudencia5. Esta interpretación conforme hace innecesario modificar la norma6 y permite el “reciclaje del derecho interno”7. Por eso se ha dicho que el control de convencionalidad puede ser tanto un control normativo como un ejercicio de interpretación8. Esta posibilidad no es analizada en el presente trabajo.

Ahora bien, si se analiza el tratamiento de la doctrina respecto de qué significa exactamente que la norma objetada carezca de efectos jurídicos (desde un inicio), se aprecia una gran disparidad de criterios, lo cual indica que se trata de un punto poco claro. Incluso, aquellos autores que al final de su análisis llegan a una conclusión cercana a la del presente trabajo, en diversos pasajes de sus escritos utilizan nomenclaturas muy diferentes para referirse a esta cuestión, todo lo cual induce a confusión. A fin de comprender lo anterior, se pasará revista brevemente a las diversas aseveraciones que se han hecho a este respecto.

Para ello, se agruparán las diversas consideraciones que existen sobre el particular en dos grupos: uno que postula una consecuencia “fuerte” de los efectos de la declaración de inconvencionalidad realizada por la Corte en el ordenamiento jurídico nacional y otra que le atribuye una consecuencia “débil”. Con todo, en algunos casos hay autores que al menos al tenor de ciertos pasajes en que abordan este tema, pueden ser encasillados en ambas posturas, lo que reafirma nuestra percepción de estar ante un tema poco claro.

a) En primer lugar, existen autores que al abordar el control de convencionalidad que realiza la Corte, lo hacen -al menos en algunos de sus pasajes- de una manera tal, que inducen a pensar que la sola declaración de este tribunal internacional produciría de manera directa, automática e inmediata algún efecto respecto de la norma nacional impugnada. Sin embargo, se aprecia una notable dispersión de nomenclaturas sobre el particular, pues hay autores que hablan de “invalidación”9, de “expulsión”10, de “derogación”11, de “nulidad”12 o de “inaplicación”13 de la norma local afectada. Ello, pese a que en muchas oportunidades maticen o desmientan más adelante estas afirmaciones, por ejemplo, respecto de la “invalidación”14 o la “anulación”15 de la norma declarada inconvencional. Ahora, más allá de la notable diferencia de nombres que se utilizan para referirse a este tema, lo común a estos pasajes según se ha dicho, es que inducen a pensar que este efecto, sea cual fuere, se produce de manera directa al interior del ordenamiento jurídico nacional por la sola declaración de inconvencionalidad realizada por la Corte Interamericana.

En otros casos, y al margen de quién genere estos efectos (razón por la cual en ciertas oportunidades son autores que corresponden a la letra b), que se verá en seguida), al explicar qué significa la expresión “carece de efectos jurídicos”, las nomenclaturas son nuevamente muy dispares. De esta manera, si bien varios estudiosos distinguen nítidamente entre “invalidez” e “inaplicación”16, debe advertirse que algunos, al menos en ciertos pasajes -que muchas veces son contrarrestados por otros del mismo autor-, dan la impresión de hacerlos sinónimos o no distinguen claramente entre ambos17. En otras ocasiones, sea alabando o criticando esta posibilidad, hablan directamente de “invalidez”18. También hay quienes estiman que esta carencia de efectos jurídicos equivale a la “nulidad” (generalmente desde un inicio) de las normas inconvencionales19. Igualmente, algunos autores hablan de “expulsión” de la norma objetada del ordenamiento jurídico, diferenciando de manera clara esta posibilidad de otras eventuales consecuencias20. Por último, también se ha dicho que “carecen desde un principio de valor y eficacia jurídica”21.

Ahora bien, al margen de su coincidencia -o no- con lo que realmente ocurre, todo lo anterior muestra que no existe consenso en la doctrina, o al menos que la nomenclatura utilizada resulta muy dispar al momento de explicar qué significa que la norma inconvencional “carezca de efectos jurídicos”, incluso “desde un inicio”.

b) Por otro lado, existen autores que no atribuyen un efecto directo a la declaración de inconvencionalidad que realiza la Corte, si bien tratan este tema desde diferentes perspectivas. Sin embargo, lo común a todas ellas es que se requiere de la colaboración de los organismos internos para que las aseveraciones de la Corte tengan efectos.

De esta manera y siguiendo lo establecido por este tribunal, según se verá en el epígrafe siguiente, hay autores que señalan que es el juez nacional quien debe actuar cuando el legislador “falla” en su tarea de protección de los derechos humanos, evitando así que el Estado caiga en responsabilidad internacional22. La idea es así que los “los jueces velen porque los efectos de las disposiciones de la Convención Americana no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin”23, para no comprometer al Estado. Se produce así un desplazamiento desde la labor que debiera realizar el poder legislativo al poder judicial24. Ello, porque los jueces nacionales tienen un papel preponderante en el cumplimiento de los fallos de la Corte25. Por eso,

“Los jueces nacionales pueden y deben tener una actitud activa de cooperación y de coordinación voluntaria con la CIDH, donde el juez nacional no solamente buscará comprender el espíritu de las soluciones jurisprudenciales emitidas por la CIDH, sino que asume un rol activo de interpretación y aplicación de la Convención en derecho interno.”26

En consecuencia, y siempre que tenga competencia para ello27, el juez debe “inaplicar” las normas nacionales en pos de los criterios internacionales28 (para algún autor sólo se exceptuaría la Constitución29), pero a diferencia de lo señalado por los partidarios de la letra a),sin que ello signifique anular, derogar o expulsar la norma jurídica interna del ordenamiento jurídico, ya que eventualmente podría tener efectos jurídicos en hipótesis de aplicación distintas que no entraran en conflicto con los derechos asegurados convencionalmente”30. Ello, a menos que este juez sí tenga “competencia anulatoria o derogatoria de normas contrarias a la Constitución”31, con lo cual podría eventualmente expulsar la disposición inonvencional. Por el contrario, si no posee esta facultad, debería elevar los antecedentes ante el tribunal nacional que sí la tenga32. Finalmente, en los casos en que el juez local sólo pueda inaplicar la norma cuestionada, esta situación debiera durar mientras esta disposición no sea modificada por las autoridades correspondientes33.

Lo anterior es importante, porque para la Corte no basta sólo con que se “inapliquen” las normas impugnadas: ellas deben ser suprimidas, a fin que no vuelvan a representar un peligro para los derechos humanos involucrados, pues al seguir existiendo, por mucho que se las deje de invocar en este momento, ello podría cambiar en el futuro34.

Por eso, “mientras se mantenga una norma o práctica violatoria de la Convención o se omita crear o aplicar una conforme a la misma, el ‘control de convencionalidad’ [realizado por los jueces internos] debe representar una respuesta para evitar que un nuevo caso resulte sometido a conocimiento del sistema interamericano o que un Estado reincida en la comisión de un acto generador de responsabilidad internacional, una vez emitida una sentencia de la Corte Interamericana que lo involucre”35. De ahí que “la no derogación de una norma incompatible con ésta y la falta de adaptación de las normas y comportamientos internos por parte de los poderes Legislativo y Judicial para hacer efectivas dichas normas, determinan que el Estado viole dicho tratado”36.

Ello y según se ha dicho, a menos que de acuerdo con la doctrina del control de convencionalidad desarrollada por la Corte, el juez cuente “con competencia anulatoria o derogatoria de normas contrarias a la Constitución”37, con lo cual podría eventualmente expulsar la norma inconvencional. Sin embargo, incluso en este caso, lo que interesa recalcar es que a diferencia de lo que pareciera transmitir la doctrina de la letra a), se requiere de una actuación interna del Estado y por tanto, que la norma no es expulsada automáticamente por los dictámenes de la Corte Interamericana38.

Por iguales motivos, la promulgación de una ley contraria a los criterios de la Corte produce responsabilidad internacional39, e incluso para algunos, una reforma constitucional infractora de la Convención Americana de Derechos Humanos no es válida, y así debe ser reputada por los jueces domésticos, a más de la Corte Interamericana”40.

Lo importante a recalcar después de todo lo dicho hasta aquí, es que sea cual sea la actuación que la Corte ordene al Estado condenado, la norma inconvencional incompatible con sus criterios sigue existiendo mientras estos órganos no actúen.

Por tanto, se puede concluir que la Corte “no se ocupa de modificar en forma directa el derecho interno, ya que su misión consiste en ‘controlar’ si las normas locales acatan -o no- las convenciones internacionales; y por ende -repetimos-, no se convierte en una ’cuarta instancia’ que deja sin efecto las leyes de los países41. O también, “Esto quiere significar que desde esta vertiente la decisión interamericana no implica una abrogación automática del precepto local, pues es el país quien debe cumplir con el pronunciamiento regional”42.

Con todo, se ha criticado que la Corte pueda dar órdenes en este sentido43.

Lo importante, repetimos, es constatar que a pesar de la declaración de inconvencionalidad hecha por la Corte, la norma interna sigue existiendo, con lo cual, dicha inconvencionalidad también continúa vigente44. Por eso “el país debe inmediatamente ‘adaptar’ la legislación interna -incluyendo su propia Constitución […]- bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad estatal”45.

O si se prefiere, si el Estado da origen a (o no deroga) leyes contrarias a los dictámenes de la Corte, o no dicta leyes conformes a ella, cae en responsabilidad internacional46, pudiendo surgir ésta tanto por acción como por omisión47. Por eso, “Suponiendo que los Estados hagan caso omiso a esta recomendación, estas sanciones correspondería imponerlas a la Corte, declarando incompatible la legislación que favorece la impunidad y que el Estado no derogó”48. Mas lo importante es que la norma interna sigue existiendo.

La misma idea se refuerza si se recuerda que este tribunal no tiene el poder de imponer sus decisiones. Por eso “en definitiva, como sucede con diversas cuestiones inherentes a la operatividad del derecho internacional, las posibilidades de éxito del ‘control de convencionalidad’ están cifradas en el grado de receptividad de tal modalidad fiscalizatoria en los derechos internos, la labor de los respectivos operadores jurídicos involucrados y la voluntad política de los Estados”49.

En consecuencia, parece forzoso concluir que el control de convencionalidad externo es sólo un mecanismo que usa la Corte para determinar si existe o no compatibilidad entre la normativa interna y la Convención Americana y su jurisprudencia50. Constatada dicha incompatibilidad, ordena al Estado actuar para que esa apreciación tenga efectos, actuación que puede involucrar a varios organismos y mecanismos internos.

Por eso es necesario reconocer que para que produzca consecuencias en la práctica, el control de convencionalidad externo es completamente dependiente del control de convencionalidad interno, y sin su actuación se quedará solamente en las buenas intenciones. De ahí que se haya dicho que existen dos tipos de control de normas internas: “la determinación directa de la nulidad de una ley a través de la Corte y la exigencia de no aplicación por los jueces nacionales”51.

Así entonces, lo que en el fondo ocurre con una declaración de inconvencionalidad, es que la Corte eventualmente puede ordenar al estado “crear” 52 -esto es, dictar o emitir-, “derogar, suprimir o modificar las normas o prácticas inconvencionales”53. Sobre este punto se manifiestan en el mismo sentido varios autores54, tarea que igualmente abarca al poder ejecutivo55, lo que conlleva en el fondo, organizar todo el aparato gubernamental56. Pero mientas ello no ocurra y según se ha dicho, la referida declaración de inconvencionalidad se dirige primeramente a los jueces, obligándolos a inaplicar la norma discordante, pues esa norma no es anulada, expulsada ni derogada del ordenamiento jurídico57.

En síntesis, y como muy bien ha dicho a este respecto Castilla:

“Es un gran error pretender meter en un mismo molde o entendimiento a operaciones jurídicas con naturaleza tan diferente (control de constitucionalidad/control de convencionalidad), por el simple hecho de que un tribunal u órgano internacional nunca expulsa, ni inaplica como principal resultado del ejercicio de su competencia a las normas que se opongan al tratado, sino tan solo determinará el incumplimiento de una obligación internacional y, posterior a ello, indirectamente podría pedir que se inaplique o expulse una norma, pero dejando eso a cargo del Estado internacionalmente responsable, y sin que en todos los casos eso sea la regla a seguir. Como también porque un órgano nacional nunca va a poder determinar la responsabilidad internacional, si más bien, puede ser la fuente de ello”58.

Por iguales razones, se ha comentado que “En el pasado, la Corte no se arrogó el poder de invalidar normas domésticas”59: antes, solo decía que una norma contraria a la Convención generaba responsabilidad internacional60. Por tanto, no seguir los mandatos de la Corte a lo sumo generaría una nueva responsabilidad internacional, y así sucesivamente61, como puede apreciarse en varias supervisiones de cumplimiento, tema que en parte será abordado en el epígrafe siguiente.

Estas son, pues, las dos posturas que existen respecto de los efectos que produce la declaración de inconvencionalidad realizada por la Corte Interamericana: la “fuerte” y la “débil”, todo lo cual refuerza nuestra impresión que se trata de un punto poco claro. Lo anterior también se refleja en la nomenclatura extraordinariamente heterogénea que utiliza la doctrina a su respecto, sea que se encuentre en una u otra posición. Para intentar dar más luz sobre este asunto, se procederá a analizar la jurisprudencia que a este respecto ha dictado la propia Corte hasta finales del año 2018, tanto antes como después del surgimiento de la teoría del control de convencionalidad.

3. Análisis jurisprudencial

En realidad, los propios pasajes en que la Corte formula la obligación de llevar a cabo el control de convencionalidad interno muestran, sea antes o después de ordenarlo, que las normas incompatibles con su jurisprudencia siguen existiendo. Ello, pese a que señala expresamente que las normas inconvencionales que no dan posibilidad a una armonización con los criterios internacionales, “carecen de efectos jurídicos”62, incluso “desde un inicio”63.

Debe recordarse que la Corte ha establecido la obligación de realizar una interpretación conforme en prácticamente todos los fallos que llaman a hacer el control de convencionalidad64. Sin embargo, y tal como se ha señalado anteriormente, este tema no es analizado en este trabajo, sino sólo aquellos casos en que la norma objetada resulta incompatible con sus criterios.

De esta manera, en un principio dirá respecto de las autoridades internas, que la aplicación del control de convencionalidad “les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin”65, si bien en alguna oportunidad cambiará levemente la parte final de la frase, señalando que dicho efecto “no quede mermado o anulado por la aplicación de normas o prácticas internas contrarias al objeto y fin del instrumento internacional”66. Con todo, la frase más común expresada a lo largo del tiempo señala que “no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin”67, siendo también usual esta última frase en varias supervisiones de cumplimiento68, con variantes como que “se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin”69, o finalmente, “por la aplicación de normas o interpretaciones contrarias a su objeto y fin”70. Por último, a veces sólo menciona que estas obligaciones son “mermadas”, sin especificar cómo71. Ahora bien, lo importante para efectos del presente estudio es que todas estas aseveraciones serían innecesarias si la norma inconvencional no continuara vigente.

Por lo mismo y de manera opuesta, la existencia de la norma inconvencional es reconocida cuando señala que “El cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de una ley violatoria de la Convención produce responsabilidad internacional del Estado”72. O si se prefiere, “dado que la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz carece de efectos […], el Estado debe asegurar que aquélla no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia del presente caso […]. Esta obligación vincula a todos los poderes y órganos estatales en su conjunto, los cuales se encuentran obligados a ejercer un control ‘de convencionalidad’…”73.

Todo lo antes dicho demuestra, por tanto, que la norma inconvencional incompatible sigue existiendo, pese a lo señalado por la Corte en cuanto a que “carezca de efectos jurídicos”, incluso “desde un inicio”, pues en estricto rigor, las autoridades internas pueden seguir aplicándola, sin perjuicio de la responsabilidad internacional que ello conlleve.

Lo cual está en perfecta armonía con lo que la Corte ha expresado de manera muy clara y permanente: “un Estado que ha celebrado un convenio internacional, debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar la ejecución de las obligaciones asumidas”74. Ello ha sido afirmado tanto antes del caso Almonacid75, como luego del mismo, de manera insistente y constante a lo largo de los años76. Para la Corte, “Este deber general del Estado Parte implica que las medidas de derecho interno han de ser efectivas (principio del effet utile), para lo cual el Estado debe adaptar su actuación a la normativa de protección de la Convención77, siendo consciente que lo anterior requiere de un “plazo razonable”78, aunque no demasiado79. En esta tarea debe ejercerse “un control de convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de normas, en cuanto a su validez y compatibilidad con la Convención80.

Y al contrario, la no modificación de las normas internas -tarea que sólo corresponde a las autoridades domésticas- “despoja el efecto útil de la Convención”81.

Ahora bien, en cuanto a las clases de reforma que el Estado debe introducir, la Corte también ha sido meridiana y profusamente clara: “A la luz del artículo 2 de la Convención, tal adecuación implica la adopción de medidas en dos vertientes, a saber: i) la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención, y ii) la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías”82.

Es decir, “los Estados no sólo tienen la obligación positiva de adoptar las medidas legislativas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos en ella consagrados, sino que también deben evitar promulgar aquellas leyes que impidan el libre ejercicio de estos derechos, y evitar que se supriman o modifiquen las leyes que los protegen83. O si se prefiere, “implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”84.

Con todo, la Corte ha señalado que aun cuando sea muy importante la labor normativa, “También se requiere el desarrollo de prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en la misma. En consecuencia, la existencia de una norma no garantiza por sí misma que su aplicación sea adecuada. Es necesario que la aplicación de las normas o su interpretación, en tanto prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden jurídico, se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención”85.

No obstante, “el artículo 2 de la Convención no define cuáles son las medidas pertinentes para la adecuación del derecho interno a la misma, obviamente por depender ello del carácter de la norma que la requiera y las circunstancias de la situación concreta”86.

Por su parte, la “supresión” debe comprender “las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención o que desconozcan los derechos allí reconocidos u obstaculicen su ejercicio”87. Debido a lo anterior, dicha obligación se incumple “mientras la norma o práctica violatoria de la Convención se mantenga en el ordenamiento jurídico88. E insiste: la obligación de adecuar el orden interno “sólo se satisface cuando efectivamente se realiza la reforma89.

Desde una perspectiva complementaria, la Corte vuelve a reconocer la existencia de las normas declaradas inconvencionales, en razón a que la obligación de expedir normas y prácticas, “obliga al Estado a prevenir la recurrencia de violaciones a los derechos humanos y, por eso, debe adoptar todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que sean necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro90. Ello, pues “las medidas de derecho interno han de ser efectivas (principio de effet utile)”91.

Finalmente -muy importante para este estudio-, en cuanto a la “supresión” de las normas consideradas inconvencionales, este tribunal ha señalado también de forma constante que “la norma o práctica violatoria de la Convención debe ser modificada, derogada, o anulada, o reformada, según corresponda”92.

Debido a análogas razones, en múltiples ocasiones la Corte ha ordenado tipificar ciertos delitos93. Y al contrario, si la normativa interna ya coincide con lo dispuesto por la Convención, no ha mandado realizar modificación alguna94. E incluso a veces, pese a que no se han realizado las reformas exigidas, no ha considerado necesario ordenarlas nuevamente95.

Por iguales razones, en varias oportunidades el Estado ha informado a la Corte que ha llevado a cabo las reformas ordenadas96. Y en más de una ocasión, tanto la Comisión Interamericana como los representantes de las víctimas, han reclamado por haberse incumplido esta obligación97. E incluso la misma Corte ha hecho otro tanto98.

Ahora bien, desde una perspectiva complementaria, otra valiosa pista para saber qué ocurre con las normas inconvencionales la otorgan las supervisiones de cumplimiento.

En efecto, al margen de si se ha ordenado o no realizar el control de convencionalidad en la sentencia definitiva (o a veces también en alguna supervisión de cumplimiento99), existen varias resoluciones de esta especie en las cuales la Corte critica que el Estado no haya introducido las reformas legales ordenadas por ella misma100, todo lo cual reafirma que la norma inconvencional sigue existiendo.

Y por el contrario, este tribunal ha reconocido en múltiples oportunidades que las modificaciones legales ordenadas se llevaron a cabo, al menos de manera parcial, cumpliendo así con el fallo101, con lo cual se vuelve a confirmar que es necesaria esa actuación del Estado para que la sentencia tenga efectos dentro del país condenado.

En otros casos, la Corte ha solicitado informes al Estado condenado a fin de poder determinar si las reformas ordenadas han sido realizadas102, todo lo cual indica que es altamente probable que las leyes cuestionadas -inconvencionales- sigan vigentes.

Finalmente, en diversas ocasiones, este tribunal ha reprochado al Estado haber realizado una interpretación inadecuada de sus leyes internas103; que la no modificación de las leyes es un obstáculo para el cumplimiento de la sentencia (o lo contrario: que su modificación ha removido dicho obstáculo)104; o finalmente, ha denunciado la existencia de problemas estructurales que impiden el cumplimiento de lo dispuesto por el fallo105.

Por tanto, a la luz de todas las resoluciones citadas hasta aquí, se puede concluir que en cuanto a su existencia, la norma interna incompatible no se ve afectada de manera directa por el control de convencionalidad ejercido por la Corte Interamericana, sino que requiere de la actuación de las autoridades nacionales, a través del control de convencionalidad interno.

Ahora bien, siendo lo anterior evidente, la Corte ha dirigido la orden de realizar el control de convencionalidad primeramente a los jueces internos. Es por eso que ha dicho que cuando el legislador “falla” en su deber de protección de los derechos humanos, son los jueces nacionales quienes deben cumplir con esta labor106. De ahí que considere que es un deber de estos jueces locales llevar a cabo el control de convencionalidad107.

En suma, lo que ocurre a fin de cuentas, es que al margen de las modificaciones legales necesarias vistas más arriba, la Corte ordena que la norma interna incompatible con sus propios criterios, y que sigue intacta, no sea aplicada -hasta que sea “modificada, derogada, o anulada, o reformada”108- y que en su lugar, los jueces utilicen dichos criterios: “En conclusión, independientemente de las reformas legales que el Estado deba adoptar […], es necesario que las interpretaciones judiciales referidas a las garantías judiciales y demás derechos de los jueces provisorios y temporales se realicen a la luz de la independencia judicial, adecuándose a los principios establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal109. O como dice en otro lugar, “El órgano judicial tiene la función de hacer prevalecer la Convención Americana y los fallos de esta Corte sobre la normatividad interna, interpretaciones y prácticas que obstruyan el cumplimiento de lo dispuesto en un determinado caso”110.

Por lo mismo, “la Corte recuerda que cuando existe cosa juzgada internacional el ‘control de convencionalidad’ posee un importante rol en el cumplimiento o implementación de la Sentencia de la Corte Interamericana, un control dinámico y complementario de convencionalidad también posee un rol importante en el cumplimiento o implementación de una determinada Sentencia de la Corte Interamericana, especialmente cuando dicho acatamiento queda a cargo de los jueces nacionales. Bajo este supuesto, el órgano judicial tiene la función de hacer prevalecer la Convención Americana y los fallos de esta Corte sobre la normatividad interna, interpretaciones y prácticas que obstruyan el cumplimiento de lo dispuesto en un determinado caso”111.

Es por eso que en más de una oportunidad la Corte ha alabado lo que considera un uso correcto del control de convencionalidad por parte de las autoridades locales112, algunas veces refiriéndose específicamente a los jueces internos113, puesto que “en el sistema interamericano, existe un control dinámico y complementario de las obligaciones convencionales de los Estados de respetar y garantizar los derechos humanos, conjuntamente entre las autoridades internas (primariamente obligadas) y las instancias internacionales (en forma complementaria), de modo que los criterios de decisión, y los mecanismos de protección, tanto los nacionales como los internacionales, puedan ser conformados y adecuados entre sí”114.

Por iguales razones, la Corte ha reprochado en más de una ocasión que los jueces locales no hayan ejercido el control de convencionalidad y hayan aplicado leyes contrarias a lo establecido por sus sentencias115 (que por tanto, siguen vigentes).

De esta manera y al margen de las palabras usadas, lo común a todos las resoluciones analizadas en este epígrafe es que la Corte reconoce que la norma contraria a su parecer sigue existiendo, o si se prefiere, que no queda “anulada” o “destruida” en virtud de su propia sentencia. Es por eso que llama a las autoridades nacionales a realizar el control de convencionalidad y primeramente a los jueces, ordenándoles inaplicarla116, pese a que técnicamente sigue vigente. La frase “no vuelva a representar un obstáculo”117, sobre todo para la investigación de los hechos violatorios de los derechos humanos en juego, es tal vez la prueba más elocuente de ello.

Es por eso que la Corte reconoce que los órganos internos son absolutamente necesarios para “dejar sin efecto” las normas inconvencionales118. Por lo mismo y según se ha dicho, el ejercicio del control de convencionalidad en general posee un importante papel en el cumplimiento o implementación de las sentencias de la Corte119.

Finalmente, el ejercicio del control de convencionalidad evita que el Estado caiga en responsabilidad internacional120, lo que explica que este tribunal alabe al país cuando lo ha llevado a cabo121.

4. Algunas reflexiones a partir del análisis realizado

A nuestro juicio, la principal consecuencia que puede extraerse luego del análisis realizado en los epígrafes anteriores, es que para tener reales efectos en la práctica, el control de convencionalidad externo resulta absolutamente dependiente del control de convencionalidad interno que hagan las diversas autoridades locales. Ello, porque la Corte Interamericana no posee la facultad inaplicar, invalidar o expulsar normas de un ordenamiento jurídico nacional. Esta labor recae, según se ha dicho, en los órganos nacionales, primeramente en el poder judicial, de acuerdo a lo señalado por este tribunal. Mas lo importante es que la norma objetada, por mucho que se señale que “carece de efectos”, incluso “desde un inicio”, en la práctica sigue existiendo, dependiendo su destino de lo que hagan las instancias domésticas.

De ahí que como ha declarado este mismo tribunal, la inconvencionalidad subsista mientras permanezca vigente la norma objetada, por mucho que el juez local la haya inaplicado en algunos casos mediante el control de convencionalidad interno. Esta y no otra es la razón por la cual, y coherentemente con ello, la Corte exija que esta norma sea “modificada, derogada, o anulada, o reformada122, según se ha visto, pues teme que ella pueda ser utilizada nuevamente en el futuro. Todo lo cual vuelve a demostrar que dicha norma sigue existiendo.

No obstante, esta exigencia que la Corte hace a las autoridades locales ha sido criticada en atención a lo impreciso de su nomenclatura:

“Mención especial merece la curiosa posición de la Corte acerca de los efectos del control de convencionalidad en su faceta ‘no interpretativa’. Anular, invalidar e inaplicar son efectos jurídicos que obedecen a circunstancias completamente disímiles que revelan clases diversas de anomalías normativas o distintos regímenes de invalidación. Problema crítico, pues un control normativo ha de generar certeza en la depuración que efectúe sobre sus prescripciones subordinadas, no ambivalencia conceptual ni fáctica.”123

Por iguales razones -es decir, seguir existiendo, pese al control de convencionalidad externo-, la Corte ha señalado que dicha norma “no puede seguir representando un obstáculo”124 para la aplicación del tratado y para la protección de los derechos humanos.

Así entonces, puede concluirse que al aplicar únicamente el control externo de convencionalidad, la norma objetada permanece incólume.

El mismo razonamiento explica que la Corte emita de forma permanente supervisiones de cumplimiento, pues uno de los reproches más comunes que hace a los Estados es no haber realizado las modificaciones legales ordenadas en la sentencia, lo que incluye la derogación de las normas impugnadas en razón de su inconvencionalidad.

Según se ha dicho, el control de convencionalidad externo decretado por la Corte pretende que primeramente el control interno sea llevado a cabo por los jueces locales, ordenándoles inaplicar la norma en entredicho y en subsidio y de forma posterior, se dirige a los poderes creadores de normas. Por iguales razones, en varias supervisiones de cumplimiento se ha reprochado también a los jueces no haberlo hecho.

En este sentido, pues, la actuación del juez llamado a inaplicar las normas inconvencionales viene a ser una especie de atajo, o si se prefiere, una medida de emergencia para intentar solucionar el problema detectado por este tribunal internacional, a la espera que las autoridades creadoras de normas hagan lo suyo.

Mal puede ser así el control de convencionalidad externo, un “rayo exterminador” de normas locales, como se ha señalado alguna vez cuando recién comenzaba a meditarse a su respecto125. A decir verdad, el único efecto real que produce la declaración de inconvencionalidad decretada por la Corte es la responsabilidad internacional del Estado, no la abrogación de sus normas impugnadas; y en caso de subsistir dichas normas, una nueva declaración en tal sentido y así sucesivamente.

En realidad, todo lo señalado en el presente epígrafe podría ser visto desde la óptica inversa, en cuanto a que nada de lo dicho hasta aquí tendría sentido si las normas declaradas inconvencionales por la Corte fueran expulsadas automáticamente del ordenamiento interno, pues serían medidas innecesarias: no se requeriría la actuación de los jueces para que las “inaplicaran”126; ni la intervención posterior de los poderes ejecutivo o legislativo para derogar las normas cuestionadas; ni finalmente, tampoco tendrían sentido las críticas que sobre ambas actuaciones continua realizando la Corte en sus supervisiones de cumplimiento.

En suma, si el control de convencionalidad externo fuera realmente un “rayo exterminador” de normas incompatibles con los criterios de la Corte Interamericana, el control de convencionalidad interno no existiría, pues no tendría razón de ser. Sería innecesario, en razón que la norma ya habría sido “destruida” o eventualmente modificada por el primero. Por eso concluíamos que el control externo depende absolutamente del interno para tener efectos, salvo para determinar la existencia de responsabilidad internacional del Estado, según se ha dicho y se comentará más adelante.

Es por eso que algún país ha sido condenado en más de una oportunidad por aplicar las mismas leyes declaradas inconvencionales en un control de convencionalidad externo anterior (por ejemplo, leyes de amnistía), precisamente por no aplicarse el control de convencionalidad interno, obligando a este tribunal a decretar nuevamente el primero127. Mas con esto se vuelve otra vez al principio, pues igual que la primera vez, se requiere de la actuación de las autoridades nacionales (y así sucesivamente).

Por análogas razones, ciertos autores han señalado que existe cierta incompatibilidad entre la teoría del control de convencionalidad y el art. 2 de la Convención. Ello, pues si el control externo tuviera los efectos directos que algunos pretenden, sería en parte innecesario tener que modificar la legislación interna, al menos respecto de la derogación de las normas declaradas incompatibles, pues ello ya se habría producido automáticamente en virtud de dicho control. Con lo cual, varias de las recriminaciones que la Corte hace en sus supervisiones de cumplimiento carecerían de sentido. Como se ha señalado a este respecto:

“Sin embargo, ninguno de estos controles tiene un firme fundamento jurídico en la CADH. La declaración directa de la Corte Interamericana que normas nacionales ‘carecen de efectos jurídicos’ -de carácter supranacional- contraviene el artículo 2o. de la CADH, que establece la obligación de los Estados de adecuar su legislación interna a los parámetros de la CADH. La referencia de la Corte Interamericana del artículo 27 de la CVDT -que ningún Estado puede justificar el incumplimiento de un tratado internacional con una norma de derecho interno no parece totalmente pertinente, en la medida en que el artículo 27 de la CVDT está dirigido a las relaciones interestatales. Una violación de la CADH en contravención con el artículo 27 de la CVDT implica responsabilidad estatal, pero una violación del artículo 27 de la CVDT no tiene, como tal, consecuencias para la validez de normas internas que contravienen una obligación internacional”128.

Por tanto, en el fondo lo que ocurre es que la Corte sólo dice lo que desde su perspectiva debe ocurrir, no lo que pasa necesariamente al interior del ordenamiento del país condenado. O si se prefiere, señala lo que punto de vista “debe ser”, dependiendo absolutamente de la labor de las autoridades internas que llegue a convertirse en “ser”. Ello porque la Corte no tiene modo de imponer sus fallos, lo que también explica el creciente aumento de supervisiones de cumplimiento que ha dictado en los últimos años. El control de convencionalidad externo vendría a ser así un deber, no un hecho, mostrando de esta manera la clara diferencia entre ordenar hacer algo y hacerlo por sí mismo.

Por iguales razones, aunque se diga que la Corte tiene la última palabra para calificar si el control de convencionalidad interno ha sido realizado correctamente, se requiere nuevamente de un control interno para ser llevado a la práctica, sin el cual quedará en las meras buenas intenciones.

En consecuencia, a nuestro juicio, el único efecto real del control de convencionalidad externo es que la norma no es considerada válida -o al menos aplicable- por la propia Corte, nada más. Para todo el resto requiere del control interno. Por tanto, el control externo es sólo un mecanismo que usa la Corte para determinar si existe o no compatibilidad entre la normativa interna y la Convención Americana y su jurisprudencia129. Constatada dicha incompatibilidad, ordena al Estado actuar para que su decisión tenga efectos.

Por eso es necesario recalcar, según se ha señalado más arriba, que la responsabilidad internacional solo implica que el estado ha infringido sus compromisos internacionales y que debe responder por ello. Pero per se, no anula ni expulsa la norma interna inconvencional, ni tampoco significa que de suyo cambie el modo de interpretarla (tema que no es analizado aquí); estos son actos propios del Estado, que podría continuar manteniéndola y asumir los costos de seguir siendo condenado como responsable internacionalmente. A lo sumo añadiría una nueva responsabilidad internacional, y así sucesivamente. Además, dicha responsabilidad sólo la puede declarar un tribunal internacional, no el juez local, como a veces pareciera insinuar cierta doctrina, sobre todo al señalar que al aplicar el control de convencionalidad interno, evita que el país caiga en este ilícito130.

5. Conclusiones

La pregunta sobre los efectos que produce al interior de un ordenamiento jurídico la declaración de inconvencionalidad total de alguna de sus normas decretada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos -y que no permite una “interpretación conforme”-, ha recibido una respuesta dispar por parte de la doctrina, lo que además se manifiesta en la notable heterogeneidad de la nomenclatura utilizada. Para intentar aclarar este punto, se ha procedido a agrupar sus aseveraciones en una teoría “fuerte” y otra “débil” respecto de dichos efectos.

Del análisis de la jurisprudencia emanada de este tribunal, tanto de sus sentencias definitivas como supervisiones de cumplimiento, se desprende claramente que la norma inconvencional incompatible con sus criterios continúa existiendo, permaneciendo incólume, sin que se produzcan sobre la misma los efectos directos que alguna doctrina pareciera insinuar. Por tanto, el destino de esta norma depende de lo que hagan las autoridades locales a su respecto. Es así como la Corte llama a actuar primeramente a los jueces domésticos, ordenándoles inaplicar la norma impugnada, la cual al seguir existiendo, debiera ser posteriormente modificada o derogada por las autoridades competentes, al punto que mientras esto no ocurra, subsiste la inconvencionalidad decretada.

Lo anterior significa que la declaración de inconvencionalidad externa de la Corte sólo da origen a la responsabilidad internacional del Estado, en virtud de no cumplir con sus compromisos internacionales, pero no a la expulsión o inaplicación automática de la norma cuestionada; y en caso de no ejercerse el control de convencionalidad interno, puesto que las normas impugnadas continúan existiendo, sólo se añade una nueva responsabilidad internacional para el país condenado, y así sucesivamente.

En consecuencia, para tener efectos, el control de convencionalidad externo depende absoluta y totalmente de la puesta en marcha del control de convencionalidad interno, al punto que si el primero tuviera los efectos directos y automáticos que pareciera insinuar cierta doctrina, este último no tendría razón de ser. Lo anterior se prueba entre otras cosas, debido a las abundantes supervisiones de cumplimiento que dicta la Corte Interamericana, pues si las normas impugnadas fueran eliminadas automáticamente, estas resoluciones en buena medida carecerían de sentido. Por lo mismo, en alguna oportunidad un país ha sido condenado más de una vez por aplicar la misma norma declarada antes inconvencional por este tribunal internacional.

Lo anterior ha hecho que ciertos autores estimen que existe cierta incompatibilidad entre el control de convencionalidad externo y el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Finalmente, puede concluirse que el real efecto del control de convencionalidad externo, además de producir la responsabilidad internacional del Estado, es sólo la declaración de incompatibilidad entre las normas nacionales y lo dictaminado por la Corte. De ahí que este control sólo señale lo que desde la perspectiva de este tribunal, debe ser, dependiendo absolutamente de las autoridades internas que pase a convertirse en realidad. Ello, porque es muy distinto ordenar hacer algo que realizarlo por sí mismo.

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Andrade Salmón vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. 1 diciembre 2016. Serie C Nº 330. [ Links ]

Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 30 noviembre 2016. Serie C Nº 328. [ Links ]

Chocrón Chocrón, Díaz Peña, y Uzcátegui y otros vs. Venezuela. S.C. 22 noviembre 2016. [ Links ]

Pollo Rivera y otros vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. 21 octubre 2016.Serie C Nº 319. [ Links ]

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Yatama vs. Nicaragua. S.C. 20 noviembre 2015. [ Links ]

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López Mendoza vs. Venezuela. S.C. 20 noviembre 2015. [ Links ]

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1 Entre otros muchos, abordan esto, Ferrer Mac-Gregor y Pelayo (2017), pp. 99 y 102; Torelly (2017), pp. 445-446; Ferrer Mac-Gregor (2013), p. 651; Aguilar (2016b), pp. 348-351; Olano (2016), p. 67.

2Ferrer Mac-Gregor (2010), p. 187; Hitters (2015), p. 145; Jiménez García (2010), p. 100; Sagüés (2012), p. 22; Carbonell (s/f), pp. 72-73.

3Ferrer Mac-Gregor (2013), pp. 650-651 y 684-685; Ferrer Mac-Gregor (2016a), pp. 14 y 32; Ferrer Mac-Gregor y Pelayo (2017), p. 100; Castilla (2016), p. 116; Hitters (2008), pp. 145-147.

4 Burgorgue-Larsen (2014), p. 429; Rey Cantor (2008), pp. 237 y 261-262; Londoño (2010), pp. 801-802 803; Hitters (2009), pp. 118-119 y 125.

5Rousset (2016), p. 46; Sagüés (2016), p. 112; Ferrer Mac-Gregor (2011b), pp. 939-940; Aguilar (2016a), pp. 133-134; Bazán (2010), pp. 172-173.

6Ibáñez Rivas (2017), pp. 118-119; Burgorgue-Larsen (2014), pp. 431-432.

7Sagüés (2015a), p. 144; Sagüés (2015b), p. 276.

8Henríquez y Núñez (2016), p. 132.

9Fuenzalida (2015), p. 177; Morales (2014), p. 295; Morales (2017), p. 450; Contreras Vásquez (2014), pp. 251-252.

10Olano (2016), p. 71.

11García Sayán (2009), p. 103; Contreras Vásquez (2014), pp. 251-252; Ibáñez Rivas (2017), pp. 109-110.

12Torelly (2017), pp. 344 y 347; Hitters (2012), pp. 543-544; Risso (2013), p. 648.

13Hitters (2009), p. 123; de manera más vaga (al considerar a la Corte Interamericana “una Corte de Casación supranacional en derechos humanos”, Fuenzalida (2015), pp. 176-177.

14Dulitzky (2014), pp. 545-546; Dulitzky (2015), pp. 66-67; Sagüés (s/f a), p. 461; Sagüés (2009a), p. 6; Binder (2010), pp. 169-170 y 172-173.

15Desde diferentes perspectivas, Burgorgue-Larsen (2014), pp. 430 y 431 y Mejía (2014), p. 138.

16Ferrer Mac-Gregor (2011a), pp. 388-389, 390 y 395; García Pino y Contreras Vásquez (2014), pp. 217-218; Burgorgue-Larsen (2014), p. 435; García Ramírez (2015), p. 147 (nota 146).

17Por ejemplo, Contreras Vásquez (2014), pp. 252-253; Sagüés (2010), pp. 127-128; Sagüés (2015a), p. 144; Ibáñez Rivas (2017), p. 119; Morales (2017), p. 450.

18Dulitzky (2014), pp. 545-546; García Jaramillo (2016), p. 148; Sagüés (2010), pp. 117, 130 y 133; Fuenzalida (2015), p. 177; Henríquez Viñas (2014), pp. 134 y 135-136.

19Ferrer Mac-Gregor (2015), pp. 95-96; Hitters (2012), pp. 543-544; Binder (2010), pp. 169-172; Burgorgue-Larsen (2014), pp. 426-427 y 431; Risso (2013), p. 648.

20García Pino (2014), p. 372; Castilla (2013), p. 74; Nash (2013), pp. 491-492 y 505; García Ramírez (2016), pp. 181-182; Nogueira (2013a), pp. 546-547. También habla de “expulsión”, Carbonell (s/f), p. 87.

21Nogueira (2012c), p. 68.

22Ferrer Mac-Gregor (2011a), p. 389; Ferrer Mac-Gregor (2016a), pp. 15-16. Por negación, en caso que el juez no actúe: Nogueira (2013b), p. 244; Nogueira (2013a), p. 528.

23Ferrer Mac-Gregor (2011a), pp. 371-372, énfasis añadido.

24Binder (2010), p. 172; Jiménez García (2010), p. 100; Mejía (2014), p. 119; Ferrer Mac-Gregor (2011a), p. 389.

25García Sayán (2009), pp. 101-102; Nogueira (2012a), p. 155; Ibáñez Rivas (2017), pp. 116-117.

26Nogueira (2012c), p. 87.

27Ferrer Mac-Gregor (2014), p. 239; Ferrer Mac-Gregor (2016b), p. 343; García Pino (2014), pp. 343 y 356; Nogueira (2012b), p. 1187; Ferrer Mac-Gregor (2011a), p. 395.

28Castro et al (2017), p. 45; Pérez Manrique (2016), p. 411; Sagüés (s/f b), pp. 384-385; Aguilar (2016a) pp. 136; Nogueira y Aguilar (2016), pp. 18-19.

29García Belaúnde (2015), p. 130.

30Nogueira (2012b), p. 1186, énfasis añadido. Ideas similares en García Pino (2014), p. 372; Sagüés (2009a), p. 3; Sagüés (2010), p. 128; Nogueira (2013b), p. 265.

31Nogueira (2012b), p. 1187; García Ramírez (2016), pp. 181-182; García Ramírez (2015), pp. 147-148. Lo plantea como pregunta, si bien habla de derogar la norma inconvencional, Sagüés (s/f a), 462, pp. 461-462.

32Ferrer Mac-Gregor (2011a), pp. 388-390.

33Hitters (2009), p. 114.

34Ferrer Mac-Gregor (2015), pp. 95-96; Ferrer Mac-Gregor (2010), p. 187; Ivanschitz (2013), p. 317. De manera más vaga o indirecta, Mejía (2014), pp. 124-125; Ferrer Mac-Gregor (2014), p. 239.

35Ibáñez Rivas (2017), p. 112, énfasis añadido. Ideas complementarias en p. 105.

36Ibáñez Rivas (2017), p. 45, énfasis añadido. Ideas similares en p. 105. En un sentido parecido, Mejía (2014), pp. 123-125; Ferrer Mac-Gregor (2013), p. 666.

37Nogueira (2012b), p. 1187. En parte, Castilla (2016), p. 110. Véase nota 31.

38Por eso resulta muy adecuada esta definición de control de convencionalidad: “Doctrina creada por la Corte IDH en virtud de la cual un juez o tribunal nacional, en el marco de sus competencias, tiene la obligación de interpretar las normas internas conforme a la CADH, la jurisprudencia de la Corte IDH y las normas de ius cogens del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como de inaplicar o invalidar una norma interna, cuando ésta sea incompatible con las obligaciones de dicho tratado, jurisprudencia y normas perentorias de derecho internacional antes reseñadas.” (García Pino y Contreras Vásquez (2014), pp. 217-218).

39Ferrer Mac-Gregor (2016a), pp. 14 y 15; Ferrer Mac-Gregor y Pelayo (2017), p. 100.

40Sagüés (2009b), p. 157, énfasis añadido.

41Hitters (2008), pp. 135-136, énfasis añadido.

42Hitters (2009), p. 123, énfasis añadido.

43Malarino (2011), pp. 50-51 y 60-61.

44Ibáñez Rivas (2017), p. 105; Hitters (2009), pp. 118 y 125; Mejía (2014), p. 124; Londoño (2010), p. 804; Ferrer Mac-Gregor (2013), p. 666.

45Hitters (2009), p. 125. Ideas similares en Ibáñez Rivas (2017), pp. 104-105.

46Rey Cantor (2008), pp. 226-227.

47Nogueira (2013b), pp. 264-265.

48Rey Cantor (2008), p. 238, énfasis añadido.

49 Bazán (2017), p. 22, énfasis añadido. Ideas similares en p. 24. Reflexiones parecidas en Burgorgue-Larsen (2014), pp. 426-427, 431 y 435; Dulitzky (2015), p. 68; Mejía (2014), p. 120; Ivanschitz (2013), pp. 309-311.

50Nogueira (2012b), p. 1168; Rey Cantor y Rey Amaya (2014), p. 240.

51Binder (2010), p. 169.

52Sagüés (2015a), p. 146; Castilla (2016), p. 120; Escobar Fornos (2014), p. 1109; Ferrer Mac-Gregor (2016b), p. 343; Sagüés (2014), pp. 26-27.

53García Pino (2014), p. 357; Nogueira (2012b), p. 1186; Nogueira (2013b), pp. 265 y 267; Nogueira (2013a), pp. 546-548; Nogueira (2012c), p. 75.

54Bazán (2017), p. 16; Paúl (2013), pp. 337-338; Becerra Ramírez (2013), p. 89; Carvajal y Guzmán (2017), p. 199; Piovesan (2014), p. 65.

55Ibáñez Rivas (2017), pp. 93-94: Sagüés (2015a), pp. 146-147.

56García Ramírez (2011), p. 146.

57Vid nota 38.

58Castilla (2013), p. 74, énfasis añadido. Ideas en parte similares en Sagüés (2009a), p. 6.

59Dulitzky (2015), p. 67.

60Dulitzky (2015), p. 67.

61Vio (2015), pp. 99-103.

62Herzog y otros vs. Brasil (2018), párr. 292; Zegarra Marín vs. Perú. S.C. (2018), párr. 1; Rochac Hernández y otros vs. El Salvador (2014), párr. 213; Gelman vs. Uruguay (2011), párr. 253 y punto resolutivo 11; Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") vs. Brasil. S.C. (2014), párr. 18.

63Almonacid Arellano y otros vs. Chile (2006), párr. 124; La Cantuta vs. Perú (2006), párr. 173; Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") vs. Brasil. S.C. (2014), párr. 16; Radilla Pacheco vs. México (2009), párr. 339; Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia (2010), párr. 202.

64Andrade Salmón vs. Bolivia (2016), párr. 93; Pollo Rivera y otros vs. Perú (2016), párr. 224; López Lone y otros vs. Honduras (2015), párr. 307; Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus Miembros vs. Honduras (2015), párr. 211, 255 y 346; Cabrera García y Montiel Flores vs. México. S.C. (2015), párr. 21; Personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana (2014), párr. 453; Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela (2014), párr. 158; Supervisión Conjunta de 11 Casos vs. Guatemala. S.C. (2014), párr. 17; Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. S.C. (2011), párr. 20; Furlan y Familiares vs. Argentina (2012), párr. 304; Lori Berenson Mejía vs. Perú. S.C. (2012), párr. 18; Atala Riffo y Niñas vs. Chile (2012), párr. 284; Chocrón Chocrón vs. Venezuela (2011), párr. 172; Rosendo Cantú y otra vs. México (2010), párr. 220; Fernández Ortega y otros vs. México (2010), párr. 237.

65Almonacid Arellano y otros vs. Chile (2006), párr. 124, énfasis añadido. Con iguales palabras, en Raxcacó Reyes vs. Guatemala. S.C. (09.05.2008), párr. 63; Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay (2010), párr. 311; Radilla Pacheco vs. México (2009), párr. 339; Cinco Pensionistas” vs. Perú . S.C. (2009), párr. 35.

66Heliodoro Portugal vs. Panamá (2008), párr. 180, énfasis añadido.

67Chinchilla Sandoval vs. Guatemala (2016), párr. 242; García Ibarra y otros vs. Ecuador (2015), párr. 103, nota 125; López Lone y otros vs. Honduras (2015), párr. 307; Personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana (2014), párr. 311; García Cruz y Sánchez Silvestre vs. México (2013), párr. 59, nota 76; Furlan y Familiares vs. Argentina (2012), párr. 302; López Mendoza vs. Venezuela (2011), párr. 226; Cabrera García y Montiel Flores vs. México (2010), párr. 225; Fernández Ortega y otros vs. México (2010), párr. 236; Boyce y otros vs. Barbados (2007), párr. 113.

68López Mendoza vs. Venezuela. S.C. (2015), párr. 10; Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") vs. Brasil. S.C. (2014), párr. 16; Anzualdo Castro vs. Perú. S.C. (2013), párr. 24; Masacres de Ituango vs. Colombia. S.C. (2013), párr. 29; Apitz Barbera y Otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") vs. Venezuela. S.C. (2012), párr. 26.

69Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y Otros) vs. Perú. Solicitud de Interpretación (2007), párr. 128; Vélez Loor vs. Panamá (2010), párr. 287.

70Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal vs. Guatemala (2016), párr. 289; Masacre de Santo Domingo vs. Colombia (2012), párr. 142, nota 193; Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) vs. Guatemala (2012), párr. 330; Masacres de Río Negro vs. Guatemala (2012), párr. 262; Fontevecchia y D`Amico vs. Argentina (2011), párr. 93.

71Loayza Tamayo vs. Perú. S.C. (2011), párr. 40; Ivcher Bronstein vs. Perú. S.C. (2010), párr. 13; Ivcher Bronstein vs. Perú. S.C. (2009), párr. 17; Bulacio vs. Argentina. S.C. (2008), párr. 18.

72Almonacid Arellano y otros vs. Chile (2006), párr. 123, énfasis añadido. La misma idea en La Cantuta vs. Perú (2006), párr. 173; Cabrera García y Montiel Flores vs. México (2010), párr. 123; Raxcacó Reyes vs. Guatemala y Fermín Ramírez vs. Guatemala. S.C. (09.05.2008), párr. 63.

73Herzog y otros vs. Brasil (2018), párr. 138, 251, 281 y 292; Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil (2016), párr. 413; Tenorio Roca y otros vs. Perú (2016), párr. 217; García Lucero y otras vs. Chile. S.C. (2015), párr. 150, 154, 223 y punto resolutivo 4; Gelman vs. Uruguay (2011), párr. 253-254 y punto dispositivo 11; Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") vs. Brasil (2010), párr. 174 y punto declarativo 3; Almonacid Arellano y otros vs. Chile (2006), párr. 145 y 119, puntos dispositivos 5 y 6; La Cantuta vs. Perú (2006), párr. 175; Barrios Altos vs. Perú. Interpretación de la Sentencia (2001), párr. 15; Barrios Altos vs. Perú. Fondo (2001), párr. 44.

74Almonacid Arellano y otros vs. Chile (2006), párr. 117, énfasis añadido.

75Garrido y Baigorria vs. Argentina (1998), párr. 68; Durand y Ugarte vs. Perú (2000), párr. 136; “Cinco Pensionistas” vs. Perú (2003), párr. 164; Bulacio vs. Argentina (2003), párr. 140-142; “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay (2004), párr. 205-206.

76La Cantuta vs. Perú (2006), párr. 170-171; Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador (2007), párr. 55; Castañeda Gutman vs. México (2008), párr. 132; Radilla Pacheco vs. México (2009), párr. 288; Barreto Leiva vs. Venezuela (2009), párr. 106; Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia (2010), párr. 193; Torres Millacura y otros vs. Argentina (2011), párr. 148; Forneron e hija vs. Argentina (2012), párr. 130; Osorio Rivera y Familiares vs. Perú (2013), párr. 204; Osorio Rivera y familiares vs. Perú. Interpretación de la Sentencia (2014), párr. 19; Omar Humberto Maldonado Vargas y otros vs. Chile (2015), párr. 104 y 124; Maldonado Ordoñez vs. Guatemala (2016), párr. 111; Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil (2016), párr. 409 y 429; Ticona Estrada y otros vs. Bolivia. Interpretación de la Sentencia (2009), párr. 101; Gelman vs. Uruguay. S.C. (2013), párr. 37 y 60, nota 42.

77Gómez Palomino vs. Perú (2005), párr. 91, énfasis añadido. La misma idea en Lori Berenson Mejía vs. Perú (2004), párr. 220; Yatama vs. Nicaragua (2005), párr. 170.

78Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. vs. Ecuador (2007), párr. 268; López Mendoza vs. Venezuela (2011), párr. 225; Mendoza y otros vs. Argentina (2013), párr. 232.

79Barreto Leiva vs. Venezuela (2009), párr. 108; Heliodoro Portugal vs. Panamá (2008), párr. 187.

80Supervisión conjunta de 11 Casos vs. Guatemala. S.C. (2014), párr. 17. Ideas similares en Gelman vs. Uruguay. S.C. (2013), párr. 69; Masacres de Río Negro y Gudiel Álvarez y otros vs. Guatemala. S.C. (2014), párr. 17.

81Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. S.C. (2017), párr. 37; Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. S.C. (2015), párr. 21; Hilaire, Constantine y Benjamin y otros y Caesar vs. Trinidad y Tobago. S.C. (2015), párr. 11; Ríos y otros, Perozo y otros y Reverón Trujillo vs. Venezuela. S.C. (2015), párr. 11; Yatama vs. Nicaragua. S.C. (2015), párr. 2 y 11; Yatama vs. Nicaragua. S.C. (2013), párr. 15; El Amparo, Blanco Romero y otros, Montero Aranguren y otros, Barreto Leiva y Usón Ramírez vs. Venezuela. S.C. (2015), párr. 12.

82Almonacid Arellano y otros vs. Chile (2006), párr. 118, énfasis añadido. También lo señala en J. vs. Perú. Interpretación de la Sentencia (2014), párr. 407; Barreto Leiva vs. Venezuela (2009), párr. 107; Ramírez Escobar y otros vs. Guatemala (2018), párr. 243; Amrhein y otros vs. Costa Rica (2018), párr. 259.

83Mendoza y otros vs. Argentina (2013), párr. 323, énfasis añadido. La misma idea en Boyce y otros vs. Barbados (2007), párr. 69; Dacosta Cadogan vs. Barbados (2009), párr. 68; Atala Riffo y Niñas vs. Chile (2012), párr. 279; Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) vs. Ecuador (2013), párr. 275; Trabajadores Cesados de Petroperú y otros vs. Perú (2017), párr. 186; Barrios Altos vs. Perú. Interpretación de la Sentencia (2001), párr. 18.

84Velásquez Rodríguez vs. Honduras (1988), párr. 166, énfasis añadido. Ideas similares en párr. 158. La misma idea en Anzualdo Castro vs. Perú (2009), párr. 62; Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros vs. Brasil (2018), párr. 121; Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal vs. Guatemala (2016), párr. 288; Bueno Alves vs. Argentina. S.C. (2011), párr. 33; Heliodoro Portugal vs. Panamá. S.C. (2017), párr. 9; Bámaca Velásquez vs. Guatemala. S.C. (2009), párr. 24; Montero Aranguren y Otros (Retén de Catia) vs. Venezuela. (2011), párr. 16; Ivcher Bronstein vs. Perú. (2009), párr. 12; Bámaca Velásquez vs. Guatemala. (2010), párr. 27.

85J. vs. Perú. Interpretación de la Sentencia (2014), párr. 407, énfasis añadido. La misma idea en Ramírez Escobar y otros vs. Guatemala (2018), párr. 243; Lori Berenson Mejía vs. Perú. (2012), párr. 18; Loayza Tamayo vs. Perú. (2011), párr. 35; Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. (2011), párr. 20.

86La Cantuta vs. Perú (2006), párr. 172; Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador (2007), párr. 57.

87Maldonado Ordoñez vs. Guatemala (2016), párr. 111; Forneron e hija vs. Argentina (2012), párr. 131; Ramírez Escobar y otros vs. Guatemala (2018), párr. 243; Amrhein y otros vs. Costa Rica (2018), párr. 259; Gómez Palomino vs. Perú (2005), párr. 91.

88La Cantuta vs. Perú (2006), párr. 172, énfasis añadido. La misma idea en Vélez Loor vs. Panamá (2010), párr. 194.

89Almonacid Arellano y otros vs. Chile (2006), párr. 118, énfasis añadido. La misma idea en Raxcacó Reyes vs. Guatemala (2005), párr. 87; Palamara Iribarne vs. Chile (2005), párr. 89. En otros casos, la Corte habla de una obligación “de resultado”: Caesar vs. Trinidad y Tobago (2005), párr. 91 y 93; Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay (2005), párr. 100.

90Forneron e hija vs. Argentina (2012), párr. 131, énfasis añadido; Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela (2015), párr. 389; Familia Pacheco Tineo vs. Bolivia (2013), párr. 265 y 269; Montero Aranguren y Otros (Retén de Catia) vs. Venezuela (2006), párr. 143; Salvador Chiriboga vs. Ecuador (2008), párr. 122.

91Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil (2016), párr. 409; Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana (2012), párr. 216; Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador (2007), párr. 56; Fermín Ramírez vs. Guatemala (2005), párr. 55-56; Omar Humberto Maldonado Vargas y otros vs. Chile (2015), párr. 124.

92Maldonado Ordoñez vs. Guatemala (2016), párr. 111; Omar Humberto Maldonado Vargas y otros vs. Chile (2015), párr. 124; Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador (2007), párr. 57; La Cantuta vs. Perú (2006), párr. 172; Forneron e hija vs. Argentina (2012), párr. 131; Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil (2016), párr. 410; Vélez Loor vs. Panamá (2010), párr. 194.

93Osorio Rivera y Familiares vs. Perú (2013), párr. 204-212, 221, 271 y punto dispositivo 12; Vélez Loor vs. Panamá (2010), párr. 289-292; Heliodoro Portugal vs. Panamá (2008), párr. 181-200, 209, 214, 215, 216, 257-259 y puntos resolutivos 7, 8 y 16; Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador (2005), párr. 28 y 174; Baena Ricardo y otros vs. Panamá (2001), párr. 123.

94Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del pueblo indígena mapuche) vs. Chile (2014), párr. 461.

95Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador. S.C. (2017), párr. 7; Vélez Loor vs. Panamá (2010), párr. 291-292; Heliodoro Portugal vs. Panamá (2008), párr. 259; Rochac Hernández y otros vs. El Salvador (2014), párr. 213; Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador (2012), párr. 357.

96Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador. S.C. (2017), párr. 18 y punto resolutivo 1; Cabrera García y Montiel Flores vs. México. S.C. (2015), párr. 6 y 16; Radilla Pacheco, Fernández Ortega y otros, y Rosendo Cantú y otra vs. México. S.C. (2015), párr. 6.

97Órdenes Guerra y otros vs. Chile (2018), párr. 88 y 96; Zegarra Marín vs. Perú (2017), párr. 164; Flor Freire vs. Ecuador (2016), párr. 196; Tenorio Roca y otros vs. Perú (2016), párr. 220; Castañeda Gutman vs. México. S.C. (2013), párr. 14; Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana (2012), párr. 204; Raxcacó Reyes vs. Guatemala. S.C. (28.03.2008), párr. 67 y 68.

98Anzualdo Castro vs. Perú. S.C. (2013), párr. 23; Apitz Barbera y Otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") vs. Venezuela. S.C. (2012), párr. 26. De manera algo distinta (“el Estado debió haber adoptado”), Masacres de Ituango vs. Colombia. S.C. (2013), párr. 27.

99Silva (2018), pp. 725 y 738-744.

100Se trata de una situación muy común, como puede verse por ejemplo en: Pueblo Saramaka vs. Surinam. S.C. (2018), punto resolutivo 2c); Norín Catrimán y otros (Dirigentes, Miembros y Activista del Pueblo Indígena Mapuche) vs. Chile. S.C. (2018), punto resolutivo 3d); Comunidad Moiwana vs. Surinam. S.C. (2018), punto resolutivo 1c); Pacheco Teruel y otros vs. Honduras. S.C. (2017), punto resolutivo 2b) y 2d); Velásquez Paiz y otros vs. Guatemala. S.C. (2017), punto resolutivo 2h); Palamara Iribarne vs. Chile. S.C. (2016), punto resolutivo 1a) y 1b); Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. S.C. (2016), punto resolutivo 2; Yvon Neptune vs. Haití. S.C. (2015), punto resolutivo 2b) y 2d); Hilaire, Constantine y Benjamin y otros y Caesar vs. Trinidad y Tobago. S.C. (2015), punto resolutivo: 2 a) y 2b) [casos Hilaire y Constantine] y 2c), 2d) y 2e) [caso Caesar]; Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. S.C. (2015), punto resolutivo 2a); Radilla Pacheco vs. México. S.C. (2013), punto resolutivo 2c) y 2d); Barrios Altos vs. Perú. S.C. (2012), punto declarativo 2g); Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala. S.C. (2012), punto declarativo 2c); Pueblo Saramaka vs. Surinam. S.C. (2011), punto declarativo 3b), 3c), 3d) y 3f); Blanco Romero y otros vs. Venezuela. S.C. (2011), punto declarativo 3d) y 3e); Boyce y otros vs. Barbados. S.C. (2011), punto declarativo 1a), 1b), 1c), 6a) y 6b); Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana. S.C. (2011), punto declarativo 3b); Gómez Palomino vs. Perú. S.C. (2011), punto declarativo 3a); Palamara Iribarne vs. Chile. S.C. (2011), punto declarativo 1b); Radilla Pacheco vs. México. S.C. (2011), punto declarativo 2c) y 2d); Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. S.C. (2011), punto declarativo 3b); Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana. S.C. (2010), punto declarativo 2b); Yatama vs. Nicaragua. S.C. (28.05.2010), punto declarativo 2b), 2c) y 2d); Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. S.C. (2010), punto declarativo 3b); Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela. S.C. (2009), punto declarativo 1c) d); Molina Theissen vs. Guatemala. S.C. (2009), punto declarativo 2d); Blanco Romero y otros vs. Venezuela. S.C. (2009), punto declarativo 2d) y 2e); Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. S.C. (2009), punto declarativo 3c) y 3d).

101Heliodoro Portugal vs. Panamá. S.C. (2017), punto resolutivo 1; Maldonado Ordóñez vs. Guatemala. S.C. (2017), punto resolutivo 1e); Goiburú y otros vs. Paraguay. S.C. (2017), punto resolutivo 1; Heliodoro Portugal vs. Panamá. S.C. (2012), puntos resolutivos 1 y 2 (aunque en el punto 3 señala los cambios que no se han realizado); Loayza Tamayo vs. Perú. S.C. (2011), puntos declarativos 1b) y 1c); Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. S.C. (2011), punto declarativo 1b); Kimel vs. Argentina. S.C. (2010), punto declarativo 1d); Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador. S.C. (2009), punto declarativo 1c); Bámaca Velásquez vs. Guatemala. S.C. (2009), punto declarativo 1; Bulacio vs. Argentina. S.C. (2008), punto declarativo 1b).

102Bueno Alves vs. Argentina. S.C. (2018), Puntos resolutivos 2 y 3; Chocrón Chocrón, Díaz Peña, y Uzcátegui y otros vs. Venezuela. S.C. (2016), punto resolutivo 4; Comunidades Indígenas Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek vs. Paraguay. S.C. (2016), punto resolutivo 1 (en relación a párr. 13.5, 13.6 y 19); Chocrón Chocrón, Díaz Peña, y Uzcátegui y otros vs. Venezuela. S.C. (2015), punto resolutivo 5; Yatama vs. Nicaragua. S.C. (2011), punto resolutivo 2 (en relación con Vistos, párr. 2); Yatama vs. Nicaragua. S.C. (21.04.2010), punto resolutivo 1; Herrera Ulloa vs. Costa Rica. S.C. (2009), punto resolutivo 1; Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana. S.C. (2009), punto resolutivo 1; Bámaca Velásquez vs. Guatemala. S.C. (2008), punto resolutivo 1; Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. S.C. (2007), punto resolutivo 4b); Bámaca Velásquez vs. Guatemala. S.C. (2003), punto resolutivo 4.

103Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") vs. Brasil. S.C. (2014), Punto resolutivo 5.

104Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador. S.C. (2017), punto resolutivo 1; Comunidades Indígenas Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek vs. Paraguay. S.C. (2017), punto resolutivo 3c) 11; García Lucero y otras vs. Chile. S.C. (2015), Punto resolutivo 2.

10512 Casos Guatemaltecos vs. Guatemala. S.C. (2015), párr. 1, 36, 44, 89, 122-163, 173, 174, 175a, 175b) vii y 175b) xi; Kawas Fernández y Caso Luna López vs. Honduras. S.C. (2017), párr. 45 y 47; Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. S.C. (2016), párr. 19 a) ii); Contreras y otros vs. El Salvador. S.C. (2016), párr. 36 a) ii).

106Almonacid Arellano y otros vs. Chile (2006), párr. 123; La Cantuta vs. Perú (2006), párr. 173; Raxcacó Reyes vs. Guatemala. S.C. (09.05.2008), párr. 63. De manera menos fuerte, Chinchilla Sandoval vs. Guatemala (2016), párr. 243.

107Masacres de Ituango vs. Colombia. S.C. (2013), párr. 30; Barrios Altos y La Cantuta vs. Perú. S.C. (2018), párr. 65.

108Vid supra nota 92.

109Chocrón Chocrón vs. Venezuela (2011), párr. 172, remitiéndose al párr. 162, énfasis añadido. Similares ideas en Raxcacó Reyes vs. Guatemala y Fermín Ramírez vs. Guatemala. S.C. (09.05.2008), párr. 63; Fernández Ortega y otros vs. México (2010), párr. 237, remitiéndose a los párr. 239 y 240; Rosendo Cantú y otra vs. México (2010), párr. 220, remitiéndose al párr. 222; Cabrera García y Montiel Flores vs. México (2010), párr. 233, remitiéndose al párr. 234; López Mendoza vs. Venezuela (2011), párr. 228, remitiéndose al párr. 225; Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador (2012), párr. 318, 319 y punto resolutivo cuarto; Órdenes Guerra y otros vs. Chile (2018), párr. 128; Mendoza y otros vs. Argentina (2013), párr. 232; Rochac Hernández y otros vs. El Salvador (2014), párr. 213; Radilla Pacheco, Fernández Ortega y otros, y Rosendo Cantú y otra vs. México. S.C. (2015), párr. 21.

110Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") vs. Brasil. S.C. (2014), párr. 19, énfasis añadido. La misma idea en Apitz Barbera y otros vs. Venezuela. S.C. (2012), párr. 26; Gelman vs. Uruguay. S.C. (2013), párr. 73; Comunidad Moiwana vs. Surinam. S.C. (2018), párr. 12.

111Masacres de Río Negro y Gudiel Álvarez y otros vs. Guatemala. S.C. (2014), párr. 16, énfasis añadido. La misma idea también en Masacres de Ituango vs. Colombia. S.C. (2013), párr. 30; Gelman vs. Uruguay. S.C. (2013), párr. 73; Apitz Barbera y otros vs. Venezuela. S.C. (2012), párr. 26. Por negación, 12 Casos Guatemaltecos vs. Guatemala. S.C. (2015), párr. 86 y 14.

112Pollo Rivera y otros vs. Perú. Solicitud de Interpretación (2017), párr. 15; Andrade Salmón vs. Bolivia (2016), párr. 100 y 102; Tenorio Roca y otros vs. Perú (2016), párr. 231; Cabrera García y Montiel Flores vs. México. S.C. (2015), pár. 22; García Cruz y Sánchez Silvestre vs. México (2013), párr. 91; Castañeda Gutman vs. México. S.C. (2013), párr. 21-22; Uzcátegui y otros vs. Venezuela (2012), párr. 148; Asunto Pueblo indígena Kankuamo respecto de Colombia. Medida Provisional (2011), párr. 31; Asunto de las Penitenciarías de Mendoza respecto de Argentina. Medida Provisional (2011), párr. 40; Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador. S.C. (2009), párr. 42; Gelman vs. Uruguay (2011), párr. 239.

113Tenorio Roca y otros vs. Perú (2016), párr. 231; García Cruz y Sánchez Silvestre vs. México (2013), párr. 91; Castañeda Gutman vs. México. S.C. (2013), párr. 27; Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador. S.C. (2009), párr. 42; Órdenes Guerra y otros vs. Chile (2018), párr. 101, 131 y 133.

114Andrade Salmón vs. Bolivia (2016), párr. 94, énfasis añadido. Ideas similares en Masacre de Santo Domingo vs. Colombia (2012), párr. 143; Vereda La Esperanza vs. Colombia (2017), párr. 261; Gelman vs. Uruguay. S.C. (2013), párr. 71 y 87-88; Masacres de Ituango vs. Colombia. S.C. (2013), párr. 30.

115Barrios Altos y La Cantuta vs. Perú. S.C. (2018), párr. 65; Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala (2009), párr. 131; Herzog y otros vs. Brasil (2018), párr. 311; Fontevecchia y D`Amico vs. Argentina. S.C. (2017), párr. 25; Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") vs. Brasil. S.C. (2014), párr. 16, 18 y 19; Masacres de Río Negro y Gudiel Álvarez y otros vs. Guatemala. S.C. (2014), párr. 17; Masacres de Ituango vs. Colombia. S.C. (2013), párr. 30; Chitay Nech y otros vs. Guatemala. S.C. (2013), considerandos 12, 13 y 14; Gelman vs. Uruguay. S.C. (2013), párr. 90; Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") vs. Brasil (2010), párr. 177.

116Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") vs. Brasil. S.C. (2014), párr. 19, énfasis añadido. La misma idea en Radilla Pacheco, Fernández Ortega y otros, y Rosendo Cantú y otra vs. México. S.C. (2015), párr. 21; El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador. S.C. (2017), párr. 7; Rochac Hernández y otros vs. El Salvador (2014), párr. 213; Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador (2012), párr. 318; López Mendoza vs. Venezuela (2011), párr. 228, remitiéndose al párr. 225; Chocrón Chocrón vs. Venezuela (2011), párr. 172; Cabrera García y Montiel Flores vs. México (2010), párr. 233; Rosendo Cantú y otra vs. México (2010), párr. 220; Fernández Ortega y otros vs. México (2010), párr. 237.

117Véase nota 73.

118Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del pueblo indígena mapuche) vs. Chile (2014), párr. 436; Liakat Ali Alibux vs. Suriname (2014), párr. 151; Raxcacó Reyes vs. Guatemala. (09.05.2008), párr. 63. Por negación, Omar Humberto Maldonado Vargas y otros vs. Chile (2015), párr. 113; Fontevecchia y D`Amico vs. Argentina. S.C. (2017), párr. 25.

119Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") vs. Brasil. S.C. (2014), párr. 19; Anzualdo Castro vs. Perú. S.C. (2013), párr. 24; Gelman vs. Uruguay. S.C. (2013), párr. 68.

120Masacre de Santo Domingo vs. Colombia (2012), párr. 144; García Ibarra y otros vs. Ecuador (2015), párr. 103; Gelman vs. Uruguay. S.C. (2013), párr. 72; Apitz Barbera y otros vs. Venezuela. S.C. (2012), párr. 26.

121Andrade Salmón vs. Bolivia (2016), párr. 102; Masacres de Ituango vs. Colombia. S.C. (2013), párr. 30.

122Vid nota 92.

123Henríquez y Núñez (2016), 339, énfasis añadido.

124Vid nota 73.

125Sagüés (s/f a), p. 464.

126Respecto de la labor de los jueces, Mejía (2014), p. 138.

127Tenorio Roca y otros vs. Perú (2016), párr. 218-219. Vid nota 35.

128Binder (2010), p. 173, énfasis añadido. Argumentos en parte similares en Dulitzky (2015), p. 60.

129Nogueira (2012b), p. 1168; Rey Cantor y Rey Amaya (2014), p. 240.

130Vid nota 58.

Recibido: 26 de Marzo de 2019; Aprobado: 29 de Abril de 2020

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