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Izquierdas

versión On-line ISSN 0718-5049

Izquierdas (Santiago)  no.44 Santiago jun. 2018

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50492018000700091 

Artículos

Estado, contrarrevolución y autoritarismo en la trayectoria política de la clase media profesional chilena. De la oposición a la Unidad Popular al fin de los Colegios Profesionales (1970-1981)

State, Counterrevolution, and Authoritarianism in the Political Trajectory of Chile’s Professional Middle Class. From the Opposition to the Popular Unity to the End of the Colegios Profesionales (1970-1981)

Marcelo Casals Araya* 

*Chileno, Doctor en Historia de América Latina, University of Wisconsin-Madison. Investigador del Centro de Estudios de Historia Política, Escuela de Gobierno, Universidad Adolfo Ibáñez. Chile. Contacto: marcelo.casals@uai.cl.

Resumen:

Este artículo analiza la trayectoria política de un sector de la clase media chilena, los profesionales, entre la oposición al gobierno socialista de Salvador Allende (1970 1973) y el fin de sus organizaciones más representativas, los colegios profesionales, en 1981. Se argumenta que la radicalización contrarrevolucionaria, el apoyo a la dictadura militar y el posterior viraje hacia la oposición democrática se debieron a las posibilidades de estos grupos de negociar con y participar en el Estado. Mientras la polarización social bajo la Unidad Popular cerró esos circuitos, la dictadura pareció abrirlos, para luego volver a cerrarlos como consecuencia de las reformas neoliberales. En ese contexto, la indignación moral provocada por la masiva violación a los Derechos Humanos dio mayor peso político a los profesionales disidentes. El fin de los colegios profesionales marcaría el inicio de un viraje más pronunciado hacia la oposición a la dictadura.

Palabras claves: Clase media; contrarrevolución; dictadura; profesionales; neoliberalismo; Chile

Abstract:

This article analyzes the political trajectory of a Chilean middle class group, the professionals, between the opposition to the socialist government of Salvador Allende (1970-1973) and the end of its most representative organizations, the colegios profesionales, in 1981. It is argued that the counterrevolutionary radicalization, the support to the military dictatorship and the later turn towards the democratic opposition were due to the possibilities of these groups to negotiate with and to participate in the State. While the social polarization under the Popular Unity closed those circuits, the dictatorship seemed to opened them, and then to close them again as a consequence of the neoliberal reforms. In that context, the moral outrage provoked by the massive violations to Human Rights gave more political weight to the dissident professionals. The end of the colegios profesionales would mark the beginning of a more pronounced turn towards the opposition to the dictatorship

Keywords: Middle Class; Counterrevolution; Dictatorship; Professionals; Neoliberalism; Chile

Introducción

En los momentos en que las Fuerzas Armadas llevaban a cabo el golpe de Estado contra la Unidad Popular el 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende pronunció por teléfono su último discurso. En él justificó las demandas históricas de la izquierda y acusó a los militares conspiradores de oponerse a la marcha de la historia y la emancipación de los pueblos. También tuvo palabras contra quienes se habían levantando contra el gobierno de la Unidad Popular, desestabilizándolo y pavimentando el camino para la intervención militar. Entre ellos, señaló Allende, estaban los profesionales, un grupo que conocía bien. Por entonces, los profesionales se organizaban en colegios, poderosas agrupaciones de derecho público que asesoraban al Estado y vigilaban la ética en el ejercicio profesional. De hecho, el propio Allende había participado en la organización del Colegio Médico en los años 50s. Sin embargo, tras la politización y radicalización hacia la derecha de esas organizaciones gremiales, las relaciones habían quedado rotas. Poco antes de su muerte, Allende no tuvo sino palabras de desprecio hacia los profesionales y sus “colegios de clase para defender también las ventajas de una sociedad capitalista de unos pocos”1.

El ciclo revolucionario de los “largos años 60s” -y su símbolo epocal de las protestas globales de 1968- fracturó en Chile un orden social surgido del “Estado de compromiso” basado en la sanción legal de las jerarquías y la apertura diferenciada hacia grupos sociales medios y obreros organizados. Dentro de los primeros, los profesionales eran quizás quienes concentraban mayor reconocimiento gracias a sus credenciales universitarias. Hasta la llegada de la izquierda al poder en 1970, los profesionales habían gozado de prerrogativas legales y de acceso privilegiado al Estado, tanto para satisfacer demandas gremiales como para incidir en el diseño de políticas públicas. La existencia de los colegios profesionales aseguraba la existencia y reproducción de canales de participación y negociación, cerrados a partir del proceso de radicalización y movilización social bajo el gobierno de la Unidad Popular.

El desafío revolucionario fue percibido por parte importante de la clase media organizada -y de los profesionales entre ellos- como una amenaza vital a sus propias posibilidades de reproducción social. Ya sea por la inversión de jerarquías laborales entre empleados y obreros, la radical reconfiguración del régimen de propiedad (incluyendo en varios casos a la pequeña y mediana propiedad productiva), el deterioro de la economía expresado principalmente en desabastecimiento e inflación, la centralidad de lo popular y lo obrero en la retórica estatal o las incertidumbres que generaba la expansión explosiva del Estado en la economía, lo cierto es que la reacción generalizada de las organizaciones sociales mesocráticas fue de una inédita activación política contrarrevolucionaria, haciendo suyos la lógica antimarxista de Guerra Fría. Todo ello llevó a estas franjas organizadas de clase a apoyar a la dictadura militar de Augusto Pinochet, sobre todo durante sus primeros dos años. Por un tiempo, el Estado parecía ser sensible nuevamente a sus demandas y necesidades. El orden restablecido parecía asegurar un futuro promisorio, a pesar de (o, para no pocos, gracias a) la pérdida del régimen democrático y del enorme despliegue de violencia estatal. Sin embargo, el viraje neoliberal del régimen cambió las cosas. El Estado pareció clausurarse una vez más, al tiempo que los militares institucionalizaban el nuevo orden de cosas en la Constitución de 1980. El progresivo alejamiento de las organizaciones mesocráticas coincidió con un socavamiento moral de las bases sociales de la dictadura dada por la extensión de la violencia estatal codificada ahora en términos de Derechos Humanos. En 1981, la dictadura decidió poner fin a la existencia legal de los colegios profesionales en aras de la “libertad de trabajo”. Ello marcó un punto final a una larga historia de organización social de clase media, abriendo paso a un nuevo ciclo marcado por la oposición y la confrontación social contra la dictadura que caracterizó a los años 80s.

Este artículo explora este triple proceso de radicalización contrarrevolucionaria, colaboracionismo dictatorial y desafección progresiva con el régimen efecto combinado del neoliberalismo y los Derechos Humanos, por parte de la clase media profesional organizada. Al respecto planteo que esta trayectoria debe ser entendida no como una fatalidad dada por la extracción de clase, ni como parte de un “contexto” global de cambio y reacción. Por el contrario, es necesario explorar las condiciones concretas experimentadas por aquellos grupos sociales involucrados en la lucha política. En ese sentido, argumento que los profesionales reaccionaron en virtud de las reconfiguraciones de la relación entre Estado y sociedad civil verificadas en el ciclo revolución- contrarrevolución de aquellos años. Acostumbrados a los circuitos de negociación y participación con el Estado, la reacción gremial de los profesionales estuvo dada por la clausura de aquellos vínculos en la Unidad Popular. Mientras en los primeros años de la dictadura éstos parecieron reabrirse, las exigencias del “shock” neoliberal y posterior institucionalización los volvieron a cerrar. Las transformaciones subjetivas en torno al autoritarismo -sobre todo de aquellos que se opusieron de algún modo a la Unidad Popular y colaboraron en la destrucción de la democracia chilena- se enmarcaron en estos cambios de las relaciones entre los profesionales y el Estado. Sólo cuando el neoliberalismo cerró definitavamente las puertas, la indignación moral por la masiva violación a los Derechos Humanos pudo tener cierta expresión gremial, gracias a la organización de profesionales disidentes y al ingreso, ya en los años 80s, de sus más reputados representantes a las directivas de los nuevos -y debilitados- colegios profesionales.

Las páginas que siguen están divididas en cinco secciones, además de una breve conclusión. Primero se exploran los significados de la clase media y de los profesionales en los años del “Estado de compromiso” -entre el Frente Popular y la Unidad Popular-, cuando se sentaron las bases legales, sociales y culturales del prestigio mesocrático. Luego, se analizan en detalle los primeros meses de la Unidad Popular y el proceso de desafección de los profesionales ante el intento de construir el socialismo en Chile. La sección siguiente trata la enorme movilización social contra la izquierda en el poder, con participación protagónica de la clase media en general y los profesionales en particular, hasta el golpe de Estado de 1973. En la cuarta sección, se analizan los términos de la colaboración de organizaciones profesionales con la dictadura, relativas sobre todo a la construcción de legitimidad tanto dentro como fuera de Chile. Por último, se describe el proceso de desafección de los colegios profesionales con la dictadura, gracias a las reformas profesionales y su profundización, como también al impacto de la “oposición moral” en clave de Derechos Humanos. El proceso se cierra con la decisión del régimen de disolver los colegios profesionales en 1981, transformándolas en asociaciones gremiales con facultades notoriamente disminuidas.

Clase media, colegios profesionales y "Estado de compromiso"

La clase media tiene una consistencia histórica problemática. A diferencias de otros sectores sociales definidos en base a una actividad o posición económica -clase “obrera”, “empresarial”, “terrateniente”, etc.-, la clase media tiene tal nivel de heterogeneidad y tal porosidad de sus fronteras que no ha faltado quien dude incluso de su existencia histórica. En ese sentido, la clase media es en realidad una metáfora del orden social. Según ha señalado Ezequiel Adamovsky, lo “medio” imp lica que existe un alto y un bajo y, por tanto, requiere imaginar una sociedad tripartita con diferenciaciones visibles entre cada grupo. Lo medio, además, en la tradición aristotélica clásica está asociado a la moderación y la virtud, algo recuperado por los liberales franceses del siglo XIX para articular un proyecto político basado en la idea de clase media. De allí se derivó un conjunto cambiante y no siempre explícito de normas éticas para reconocerse y ser reconocido como de clase media, transformando la adscripción a dicha clase en un esfuerzo moral constante por cumplir los estándares de cada época y lugar. Es por eso que la clase media debe buscarse al nivel de identidad e ideal social, antes que en la coherencia interna entre sus miembros o contornos precisos de sus límites2.

A diferencia de años anteriores, las investigaciones recientes sobre clase media en América Latina han puesto el énfasis en la dimensión identitaria e históricamente construida de la clase media3. La propia noción de clase media, en esa línea de análisis, emerge de las contradicciones propias de sociedades en procesos de modernización, contexto en el cual se articulan grupos de interés y portavoces que asumen una identidad mesocrática para avanzar posiciones y presionar al Estado para una reformulación de las relaciones de poder4. Ello por cierto no quiere decir que la clase media sólo exista al nivel del discurso. Rescatando la clásica formulación de E.P. Thompson, asumo la clase como una experiencia que codifica al nivel de conciencia las relaciones de producción de determinada sociedad5. Ese vínculo, con todo, no es unilineal. La propia identidad de clase media, como veremos en este texto, fue usada también en contextos sociales y políticos concretos con el fin de asegurar aquellas condiciones materiales de existencias que se asumían eran consustanciales a la condición mesocrática. La clase media, de ese modo, fue tanto una identidad como una herramienta de lucha política usada por organizaciones sociales y movimientos políticos con el objeto de definir arreglos institucionales y políticas estatales afines a dicho sector6.

En Chile, algunos de los segmentos sociales materialmente diferenciados del mundo popular y del exclusivo mundo oligárquico empezaron a identificarse como clase media de foma más o menos consistente hacia 1920. Para entonces, el Estado -ya sea a través de empleo o educación- había permitido a ciertos actores reclamar una identidad de clase media y desde allí formular demandas sectoriales específicas7. En 1919, por ejemplo, en el contexto de una fuerte crisis económica y social, se organizó una efímera "Federación de Clase Media" de talante reformista8. Al año siguiente, el candidato liberal Arturo Alessandri apeló insistentemente a las clase media -junto a los sectores populares- en clave populista y antioligárquica en medio de una encendida campaña presidencial. Más que el ascenso de una clase al poder, esa coyuntura significó la cristalización a nivel político de un proyecto reformista, nacionalista, laico y positivista formulado por intelectuales mesocráticos en las décadas previas, y que tomaría mayor consistencia en los años posteriores9. El movimiento de oficiales reformistas del Ejército que asumiría el poder en la dictadura de Ibáñez (1927-1931) tomó parte importante de estas banderas, despojando de los controles del Estado a los sectores oligárquicos y aplicando políticas redistributivas y de regulación económica en favor de sectores populares y medios afines al régimen. Al mismo tiempo, nacían o se consolidaban una serie de organizaciones gremiales y laborales que no reconocían filas en el movimiento obrero, y que se identificaban con el aún impreciso término de clase media. El periódico de la entonces poderosa Unión de Empleados de Chile, por ejemplo, llevaba el nombre de "La Opinión de los Empleados. Órgano oficial de los intereses de la clase media"10.

Desde inicios de los años treinta, y con mayor fuerza a partir de 1938 con la victoria del radicalismo y el Frente Popular, el Estado asumió un rol central en la promoción política y legal de la clase media. El Código del Trabajo de 1931 estableció la distinción legal entre obreros y empleados. Pocos años después se creó la noción de "sueldo vital" para los segundos, garantizando así la estabilidad de sus salarios. Al mismo tiempo se instauraba un complejo sistema de seguridad social fuertemente marcado por líneas de clase. Muchas de las "cajas de previsión" fueron exclusivamente diseñadas para funcionarios, empleados y profesionales, buscando a través de préstamos y otros servicios asegurar un nivel de vida acorde con las expectativas de distinción mesocrática de esos grupos11. Todas estas políticas encontraron acogida en el Estado en la medida en que el radicalismo se erigió como el representante de las clases medias, principalmente aquellas vinculadas vía empleo al Estado. Gracias a ello, hacia los años cincuenta la identidad de clase media estaba fuertemente asentada tanto en el discurso político y las representaciones culturales (incluyendo, por cierto, burlas y sátiras12), como también en gremios y asociaciones de productores y propietarios medianos de diverso tipo.

Dentro de los grupos organizados de clase media, quienes mejor pudieron insertarse en el orden político y social del "Estado de compromiso" construido a partir de los años 30s fueron los profesionales. A diferencia de otros sectores, los profesionales podían exhibir credenciales de saber especializado otorgados y reconocidos por el propio Estado y, por ende, podían reclamar un rol preponderante tanto en la estructura económica como en la administración de los asuntos públicos. La expansión de la matrícula de educación superior a lo largo del siglo XX benefició en gran medida a los sectores medios, quienes además se beneficiaban del sistema de educación público primario y secundario. Con todo, el reducido peso cuantitativo de los estudiantes universitarios les confirió también un cierto aire de distinción mesocrática. Si en 1900 habían 1.228 estudiantes, en 1922 ya eran 6.452, y en 1950 10.793. En relación a la población entre 19 y 25 años, estos números significaban una pequeña fracción, aunque en aumento (0,31, 1,26 y 1,46% respectivamente). En la década previa a la reforma universitaria, entre 1957 y 1967, se experimentó una expansión más pronunciada de la matrícula profesional, superando los 100.000 estudiantes hacia 1971, lo que significaba un 8,77% de la población en edad de estudiar13.

El prestigio de los profesionales corrió a la par con una relativa apertura hacia sectores medios. Si en el siglo XIX las carreras de mayor reconocimiento social como derecho estaban reservadas para los vástagos de la élite, hacia principios de siglo XX la expansión de otras áreas, como ingeniería, medicina y las pedagogías, diversificaron en parte la composición social de los profesionales14. Desde los años 20s, y con fuerza a partir de la experiencia autoritaria de Ibáñez, una cohorte de profesionales -en su mayoría ingenieros- se integraron a la dirección del Estado. La creación de la Corporación de Fomento (CORFO) en el gobierno del Frente Popular acentuó esta tendencia, creando una tecnocracia profesional desarrollista que, según Patricio Silva, reflejaba los valores antioligárquicos, meritocráticos y modernizadores de la clase media. La existencia de un grupo profesional cohesionado al mando de los controles técnicos del Estado, además, habría servido como factor moderador del conflicto político al mediar entre el Ejecutivo y los grupos empresariales y de oposición de derecha15. Al mismo tiempo comenzó un proceso de integración de mujeres profesionales en áreas que en ese entonces se asociaban casi con exclusividad al género femenino: matronas y asistentes sociales, expandiendo aún más el empleo estatal y desestabilizando las relaciones de género tradicionales en el mundo de la clase media profesional16.

La identidad profesional tomó forma también en la creación, consolidación y sanción legal de sus respectivas organizaciones gremiales. A finales del siglo XIX se habían creado los primeros grupos orientado a la defensa y promoción de intereses profesionales, como el Instituto de Ingenieros y el Club de Abogados, entre muchos otros. Los cambios políticos y sociales de los años 20s abrió la oportunidad para insertar a este tipo de organizaciones en el diseño de políticas públicas y otras instancias de control y decisión del Estado. En 1925 se creó por decreto ley el Colegio de Abogados, que serviría de matriz para el resto de las organizaciones profesionales. Los colegios, a diferencia de las organizaciones anteriores, fueron definidos jurídicamente como instituciones de derecho público, lo que en la práctica los convertía en organismos para-estatales de control, defensa gremial y fiscalización. El Colegio de Abogados, por ejemplo, debía integrar la visita de las cárceles, emitir opinión en la distribución de juzgados y notarías, nominar candidatos a la Corte Suprema y organizar el Servicio de Asistencia Judicial para dar ayuda legal a quienes no podían pagarla, entre muchas otras funciones17. Por sobre todo, la ley que dio vida al Colegio de Abogados estableció la obligatoriedad de la colegiatura para ejercer la profesión y la fiscalización de la ética profesional, con la facultad de revocar títulos universitarios ante faltas graves. En las décadas siguientes se organizaron el resto de los colegios, siguiendo el ejemplo de los abogados. En 1942 se crearon los colegios de farmacéuticos y de arquitectos. Tras varios años de trámites parlamentarios, en 1948 se creó el Colegio Médico y el Colegio de Dentistas. Entre 1953 y 1958 el sistema de expandió gracias a la creación de los colegios de enfermeras, médicos-veterinarios, asistentes sociales, constructores civiles, periodistas, ingenieros, practicantes del área de la salud, técnicos y contadores18. Matronas, sicólogos, ingenieros agrónomos, técnicos agrícolas, bibliotecarios, tecnólogos médicos, capitanes y pilotos de la marina mercante, químicos-farmacéuticos, laboratistas dentales, geólogos y asistentes sociales organizaron sus propios colegios en los años 60s y principios de los 70s. El último colegio profesional en organizarse fue el de profesores, creado por la dictadura militar en 197419.

Los colegios profesionales nacieron imbuidos en una fuerte retórica moral que descansaba en la distinción de los profesionales. Los parlamentarios que auspiciaron las leyes respectivas hicieron alusión a la necesidad de un control de la actividad profesional, por sobre consideraciones económicas, y a la necesidad de contar con órganos técnicos especializados. Todo ello aseguró recursos y ascendiente de los colegios en el Estado y la sociedad. El poder alcanzado por estas organizaciones no pasó desapercibido para sus contemporáneos. Incluso ministros de Estado, además de muchos de los altos funcionarios públicos, estaban sometidos a la jurisdicción de sus tribunales. Esa posición de privilegio se complementaba con el hecho de que se entendía que el Estado debía hacer uso de la capacidad técnica de los profesionales, por lo que los colegios fueron asumiendo distintas funciones públicas. De allí que los colegios profesionales hayan sido quizás la expresión más acabada de la centralidad de la clase media y sus organizaciones representativas en los años del "Estado de compromiso". Reconocidos por el Estado, con poder de incluir sus políticas, requerido por organismos técnicos y con capacidad de fiscalizar a todos los profesionales de cada área, los colegios fueron organismos respetados y bien financiados. En ese sentido, los colegios gozaban de un lugar central en los mecanismos de negociación y participación en el Estado. Mientras ese sistema se mantuvo, los colegios se abstuvieron de participar abiertamente en política (a pesar de que muchos de sus más destacados dirigentes eran también militantes de partidos), sobre el entendido de que sólo debían velar por el interés gremial. Esa situación cambiaría dramáticamente hacia 1970 con la llegada al poder de Salvador Allende y la Unidad Popular.

Los profesionales y la Unidad Popular (I). Una tensa luna de miel

A diferencia de la prensa de oposición, el empresariado y la derecha política, los grupos organizados de clase media no recibieron con especial alarma el ascenso de Salvador Allende y la izquierda marxista al poder. Al igual que comerciantes, transportistas, empleados y pequeños productores, los profesionales expresaron conformidad con la resolución electoral. Arquitectos y periodistas, por ejemplo, llamaron a crear un clima de confianza y tranquilidad, mientras el Colegio Médico saludaba la llegada a la primera magistratura de uno de los suyos20. En gran medida, la imagen de Allende como arquetipo del político de clase media ayudaba a calmar las aguas. No sólo era médico de profesión, sino que también ayudó a la fundación del colegio de su orden y la presidió entre 1951 y 1952. A ello se le sumaba su conocida condición de masón -otra institución fuertemente vinculada a la clase media- y nieto de Ramón Allende Padín, uno de los más importantes líderes de la masonería chilena de la segunda mitad del siglo XIX21.

Allende, por su parte, estaba consciente de la necesidad de contar con el apoyo de las organizaciones mesocráticas. Durante los años 60s, la izquierda debatió intensamente sobre el problema de las “vías revolucionarias” y las alianzas sociales necesarias. Mientras el Partido Socialista planteaba un “Frente de Trabajadores” de contenido clasista -es decir, sin alianzas con lo que llamaban “pequeña burguesía”- y la posibilidad real del uso de la violencia revolucionaria según habían acordado en el Congreso de Chillán de 1967, el Partido Comunista sostenía una visión gradualista e institucional en la transición al socialismo, con alianzas sociales amplias que incluían a la “burguesía nacional”. Allende sintetizó la línea estratégica de su conglomerado en la noción de “vía chilena al socialismo”, mezcl ando gradualismo, alianzas amplias y horizonte revolucionario. En ese esfuerzo, el nuevo presidente hizo llamados explícitos a la clase media a unirse al proceso revolucionario en la medida en que también respondía a sus intereses22. De allí que, por ejemplo, Allende decidiera reunirse con el Consejo General del Colegio de Abogados en enero de 1971, en la que destacó la importancia del Estado de Derecho y los colegios profesionales en el ordenamiento social23. Algunos colegios fueron receptivos a estos llamados hasta el punto de adecuar su retórica al nuevo orden de cosas. En el Congreso Nacional de Ingenieros de marzo de ese año se aplaudió la nacionalización del cobre, los llamados de Allende a colaborar con ese proceso y el fin de lo que llamaban el “imperialismo tecnológico”24. Pocos meses después, el Colegio de Ingenieros eligió como presidente al democratacristiano Eduardo Arriagada, quien agradeció la actitud del Ejecutivo para asegurar la participación de los ingenieros en diferentes instancias técnicas del Estado. En esa línea, definió al ingeniero como un “trabajador intelectual” y un “trabajador de la técnica”, alejándolo así de la imagen del empresario disociado de las necesidades colectivas del país25.

Durante 1971 comenzaron a surgir algunos roces entre los profesionales y el gobierno, sobre todo a raíz del acelerado proceso de politización de algunos grupos al interior de los colegios y de las medidas llevadas a cabo por el gobierno destinadas a reestructurar el régimen de propiedad en Chile. Por ejemplo, la dirección del Colegio Médico expresó críticas hacia los planes del Ejecutivo de crear un Sistema Único de Salud, temiendo la "funcionarización" de quienes ejercían libre y privadamente la profesión. Ese conflicto, por cierto, tenía varios años, desde la creación del Servicio Nacional de Salud en 1953 y la Ley de Medicina Curativa de 1964. Quienes abogaban por la expansión de la "medicina social" de carácter estatal se desmarcaron de las críticas de la directiva y, dado el contexto de entonces, se organizaron en una "Convención de Médicos de la Unidad Popular" para apoyar los planes gubernamentales. Las acusaciones cruzadas no tardaron en llegar. Mientras el grupo de izquierda interpelaba a la directiva por "sumarse a la acción sediciosa y antipatriótica de la ultraderecha", Emilio Villarroel, presidente de la orden y militante radical, calificaba el incidente como una inaceptable maniobra de "médicos politizados"26.

A pesar de estos y otros roces, Allende fue capaz durante la mayor parte de 1971 de mantener comunicaciones fluidas con los colegios profesionales y el resto de los gremios de clase media, como lo demuestra la reunión que sostuvo con la directiva del Colegio Médico en noviembre de 1971 dedicada explícitamente a restablecer confianzas27. En ese sentido, los circuitos de negociación y participación sectoriales seguían operando como lo habían hecho en las décadas anteriores. Esta situación, al mismo tiempo, evidenciaba un grado considerable de autonomía de estos grupos respecto de los partidos políticos de oposición y de los gremios empresariales, quienes ya esgrimían un discurso más duro contra el gobierno28.

Esta situación cambiaría en cuestión de meses, junto a la situación política general. Hacia finales de 1971 se empezaron a evidenciar los límites de la estrategia económica del gobierno que tantos réditos le había dado en un principio (como, entre otras cosas, el casi 50% de los votos en las municipales de abril de 1971). Empezaron entonces a manifestarse las primeras señales de desabastecimiento gracias en gran medida al incremento de capacidad de compra de los sectores populares. Al mismo tiempo, la capacidad ociosa de la industria fue utilizada, sin posibilidad de expandir en el corto plazo la producción. Todo ello empezó a ejercer presiones inflacionarias mientras aumentaba la tensión social y la polarización política29 La visita de Fidel Castro a finales de 1971 sirvió de fuente de inspiración para las primeras protestas públicas de oposición, como la “marcha de las cacerolas vacías”, organizada por mujeres ligadas al Partido Nacional (PN)30. Al mismo tiempo, comerciantes y pequeños empresarios -junto a las organizaciones del gran empresariado-, se unieron en el “Frente Nacional del Área Privada” (FRENAP) para hacer frente al ímpetu estatizador del gobierno.

Por su parte, los profesionales expresaron quejas y demandas al gobierno en virtud de lo que entendían era una amenaza tanto al status de quienes poseían las credenciales técnicas más elevadas, como al sistema social que hacía posible la reproducción de esas jerarquías. Los episodios conflictivos suscitados entonces dan cuenta de tres problemas fundamentales para quienes se identificaban con los profesionales y la clase media. En primer lugar, muchos profesionales y técnicos resintieron la llegada de obreros a puestos directivos en las empresas socializadas, sobre el entendido que atentaban no sólo contra la capacidad técnica de cada unidad productiva, sino también contra la "dignidad profesional". A mediados de 1972, por ejemplo, el ingeniero Enrique Barriga denunció ante su Colegio al interventor de MADEMSA Raimundo Beca por su "comportamiento altamente censurable" al haberlo sacado de la gerencia de la empresa. Beca contó de inmediato con el apoyo de ingenieros de izquierda, quienes acusaban a Barriga de defender intereses de "minorías privilegiadas". Si bien Eduardo Arriagada, el presidente de la Orden, anunció una investigación según los procedimientos habituales, aprovechó la ocasión para reclamar públicamente por la situación laboral de los ingenieros y la multiplicación de lo que consideraba eran decisiones arbitrarias y de tinte político en el área de propiedad social31.

En segundo término, las organizaciones profesionales reclamaron contra el quiebre de las jerarquías sociales, aquellas que sostenían la distinción de los profesionales en particular y la clase media en general. En mayo de 1972 esta situación llevó a una airada protesta del Colegio Médico, a raíz del ataque que sufrió el doctor Alejandro Casals en Fresia, en el sur del país, a manos de un grupo de campesinos. El Consejo Regional Santiago del Colegio culpó al gobierno del incidente y organizó un acto público en solidaridad con Casals, en los que se pronunciaron duros epítetos contra Allende y el Ministro de Salud32.

Por su parte, el Colegio de Abogados comenzó a reclamar contra lo que era el tercer elemento de preocupación de los profesionales: la pérdida del imperio de la ley y el Estado de Derecho. Sus protestas se hicieron más fuertes a raíz del caso de la irrupción de un grupo de manifestantes a los tribunales de la ciudad de Melipilla, exigiendo la liberación de campesinos acusados de usurpación de terrenos del vecino fundo "Millahuín". Según las autoridades del colegio, el Intendente de Santiago, Alfrego Joignant, y el subsecretario de Justicia, José Antonio Viera-Gallo, no hicieron nada para resolver la situación, a pesar de que se presentaron en el lugar de los hechos. En una concurrida asamblea de abogados se aprobó un voto repudiando estos hechos y exigiendo sanciones contra Viera-Gallo en su calidad de abogado y miembro del colegio. De ahí en adelante, el discurso público del Consejo General del Colegio de Abogados se orientaría a denunciar la amenaza al Estado de Derecho y la arbitrariedad del gobierno en la aplicación de la ley33.

El descontento profesional comenzó a hacerse evidente en el primer semestre de 1972. Como consecuencia de ello, los colegios profesionales comenzaron a activarse políticamente, aunque esforzándose siempre en justificar sus decisiones como parte de su misión legal de defensa de intereses gremiales. Al mismo tiempo, surgían otras organizaciones menos preocupadas de mantener las formas. Por entonces se organizó un "Frente Nacional de Profesionales" asociado a la oposición de derecha, y también la "Confederación Única de Profesionales de Chile" (CUPROCh), que llamaba a defenderse de "un obrerismo exagerado, que nos mira todavía como instrumentos patronales"34. Además, se reactivó la Confederación de Colegios Profesionales, creada unos años antes a instancias del Colegio de Abogados. Bajo la presidencia de Miguel Jacob Helo, la Confederación asumió una postura confrontacional en defensa del status social del profesional, "símbolo de la clase media ilustrada"35. El momento para transformar la molestia en movilización llegaría rápidamente.

Los profesionales y la Unidad Popular (II).

De la protesta a la contrarrevolución

El grado de crispación social alcanzado durante la segunda parte de 1972 creó el escenario para que cualquier pequeña chispa encendiera la pradera. Y así fue. Los planes del gobierno de crear una empresa estatal de transportes en la remota región de Aysén fue interpretado por el poderoso gremio de los camioneros como un atentado al área privada y a la libertad de trabajo de la cual se sentían tan orgullosos. El paro convocado por la Confederación de Dueños de Camiones de Chile, liderado por León Vilarín, se extendió rápidamente, concitando el apoyo activo o al menos la solidaridad de comerciantes, pequeños, medianos y grandes empresarios, profesionales y los más destacados representantes de la oposición política, incluyendo a los ex presidentes Gabriel González Videla y Jorge Alessandri. La orden de detención por parte del gobierno contra Vilarín y Rafael Cumsille -el líder de los comerciantes detallistas- no sólo polarizó aún más el conflicto, sino que también elevó a ambas figuras al plano político nacional, siendo reconocidos por la prensa de oposición como los legítimos representantes de la clase media en rebeldía frente al gobierno socialista36.

Los colegios profesionales se fueron plegando al paro en gran medida por la presión de sus bases. El Consejo General del Colegio de Abogados se inundó de cartas y telegramas que exigían la celebración de una asamblea abierta para pronunciarse sobre un posible paro de actividades. A pesar de que muchos de los consejeros estaban conscientes de las dificultades éticas y legales de dicha decisión, las posturas más radicales predominaron. Mientras el Consejo General deliberaba -luego de una tumultuosa asamblea- empezaron a llegar noticias de que varios consejos provinciales se habían plegado al paro sin esperar la resolución de Santiago. En vista de esto y de la “quiebra del estado de derecho que sufre el país”, el Consejo General decidió sumarse al paro. Dado el rol paraestatal del colegio en la administración de justicia, la medida era impugnable. Allende pidió a la Corte Suprema pronunciarse sobre la legalidad del paro, aunque sin mucho éxito. La Corte, también crítica del gobierno, adujo falta de atribuciones37.

Médicos, ingenieros y la mayoría de los demás colegios se unieron al paro en los días siguientes. Los consejos regionales médicos de Valparaíso, Santiago y Talca pararon actividades junto a enfermeras y dentistas el 22 de octubre, exigiendo un “Estatuto General de los Gremios” para desistir de su posición38. Los ingenieros, por su parte, pararon con el 75% de apoyo de sus miembros. Arriagada justicó la decisión aludiendo al daño al acervo tecnológico del país, el desplazamiento del conocimiento técnico en favor de consideraciones políticas y la falta de diálogo con el gobierno, entre otras razones. Para acallar la oposición interna, la mesa directiva apoyó la organización de un acto de masas el 31 de octubre junto al CUPROCh. En su alocución, Arriagada llamó a endurecer posiciones, en la medida en que “están en juego toda la suerte y el porvenir de la clase media chilena, sostén democrático del país que no debe ser destruido”39

El conjunto de organizaciones sociales que participaron del paro de octubre de 1972 se organizó en el “Comando Nacional de Defensa Gremial”, instancia en la que se redactó el “Pliego de Chile”, conjunto de demandas al gobierno para terminar con la paralización. Allí se exigieron respeto a los derechos gremiales, el fin de las estatizaciones, la incorporación de los gremios a las instancias de planificación del Estado, el respeto a las jerarquías laborales y la seguridad de que no habrían represalias. El gobierno calificó las demandas de “políticas”, es decir, una dimensión impropia al ámbito de acción gremial, sobre todo aquellas relativas a los conflictos que sostenía con la “Papelera”, aquella enorme compañía productora de papel que se resistía a ser estatizada y que se transformaría en un símbolo de la derecha política y económica en su lucha contra el gobierno. Por su parte, la prensa de izquierda acusaba a los huelguistas de estar financiados por el “imperialismo norteamericano”40 y de buscar abiertamente el derrocamiento del gobierno. Luego de largas negociaciones, el gobierno transigió en algunos puntos y reorganizó su gabinete, ahora con presencia de los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Los huelguistas, acusando ya cierto desgaste, aceptaron las garantías ofrecidas y volvieron a sus labores.

Ya para entonces la prensa y partidos de oposición, más los grupos empresariales, ideólogos conservadores y líderes de organizaciones mesocráticas, habían logrado redefinir la noción de clase media en términos contrarrevolucionarios. A ello ayudó un poco disimulado desdén de la izquierda por la clase media y ciertas tensiones al interior de la Unidad Popular con respecto a este tema. En la reunión de El Arrayán de febrero de 1972 los representantes del Partido Comunista insistían que había que acercarse a lo que ellos llamaban las “capas medias”, mientras que las fracciones radicalizadas de la izquierda dentro y fuera de la coalición oficialista desconfiaban de esos llamados, relacionándolos con claudicaciones inaceptables del proceso revolucionario41. Al interior del Partido Radical -que en el esquema mecanicista de muchos de los análisis gubernamentales, era la expresión política de la clase media- fue llamado a asumir su misión, al tiempo que varios de sus miembros dejaban la colectividad, organizando el Partido de Izquierda Radical (PIR), que al poco tiempo se uniría a la oposición. Por su parte, democratacristianos y nacionales asumieron la defensa de la clase media como una de sus principales banderas. Mario Arnello, uno de los principales intelectuales del PN, fue explícito al respecto: la Unidad Popular tenía por objetivo estratégico la destrucción de la clase media, ya que sería la base de la libertad, el derecho, la democracia y la propiedad privada42. Al mismo tiempo, la prensa de oposición apuntaló estas definiciones antiizquierdistas de clase media a través de una serie de artículos y reportajes que asumían a dicho sector social como esencialmente incompatibles con toda tentativa revolucionaria de tintes igualitaristas. La clase media, en esa perspectiva, era entendida como el grupo depositario de la razón, el progreso, la moderación y el equilibrio y, por ende, como el principal enemigo de la Unidad Popular43. En ese esquema, los profesionales eran entendidos como “las fuentes intelectuales y morales de la nación”, que se encontrarían injustamente divorciados del poder político. “El leal y apto pensamiento de la sociedad chilena discurre por un camino -señalaba una editorial de El Mercurio-, y los designios y la acción de los gobernantes discurren por otro, no ya distinto sino contrapuesto e inconciliable con el primero”. El resultado no podía sino ser una “gigantesca crisis”44.

El fin del paro no aquietó las aguas. Las organizaciones de clase media reclamaron por lo que consideraban era una seguidilla de represalias en las reparticiones públicas y empresas estatizadas. La polarización y movilización social y el deterioro pronunciado de la situación económica empujó a los profesionales y sus organizaciones a una lucha frontal contra el gobierno. En sucesivas elecciones internas, los grupos de profesionales de izquierda fueron desplazados de todo cargo directivo. En el Colegio de Ingenieros, por ejemplo, la lista de la “Confederación Democrática” -el pacto político opositor liderado por la Democracia Cristiana y el Partido Nacional- obtuvo el 92,3% de los votos, mientras que en los colegios de abogados y médicos las listas de la Unidad Popular se abstuvieron de participar45. A finales de junio de 1973, además, las sedes de Santiago y Concepción del Colegio Médico fueron atacadas con bombas y pedradas. Al responsabilizar al gobierno, las relaciones entre Allende y sus colegas organizados quedaron totalmente rotas46.

En julio de 1973 se inició un nuevo paro camionero, al que los profesionales adhirieron con entusiasmo. Como en el año anterior, las bases superaron muchas veces a sus directivas en osadía y radicalidad. Ante la indecisión de la directiva nacional del Colegio Médico de plegarse al nuevo paro, las bases de Santiago y provincias se reunieron en asamblea y censuraron a sus dirigentes, eligiendo una “mesa de guerra”, como se dijo entonces, liderada por Ernesto Mundt47. Muchos de los otros colegios profesionales demandaron la renuncia de Allende, y en un Congreso Multigremial junto a otras organizaciones mesocráticas celebrado en Concepción el 3 de septiembre de 1973, pidieron abiertamente la intervención militar48. Todo ello pavimentaría el camino para que pocos días después, el 11 de septiembre, las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros derrocara violentamente el gobierno constitucional de Salvador Allende, estableciendo en su reemplazo una Junta Militar que prometía, entre otras cosas, el restablecimiento del orden y la “normalización” de las relaciones sociales, aspiraciones muy sentidas por los profesionales y la clase media organizada.

Los profesionales y la dictadura militar (I).

Colaboración, legitimación y participación

Las organizaciones de clase media recibieron con algarabía el golpe de Estado y la llegada de los militares al poder. Los profesionales, uno de los grupos civiles más activos en el esfuerzo por desestabilizar el gobierno de Allende, expresaron desde el primer día una actitud colaboracionista, sobre el entendido de que la naciente dictadura restauraría el orden social y su aproximación al Estado. El mismo día 11, dirigentes del Colegio de Ingenieros "montaron guardia" en la sede de la institución, donde estuvieron "atentos a prestar los servicios de la orden que el momento que vivió el país requiriera", según rezaba el acta que levantaron en la ocasión. A los pocos días, la dirigencia del colegio publicaba un inserto en diarios de circulación nacional en la cual anunciaba su intención de prestar "toda su colaboración a las nuevas autoridades en el puesto que cada uno sea llamado a desempeñar"49. La contrarrevolución exigía ahora deponer la beligerancia política e integrarse al nuevo esquema de poder autoritario.

La "sincronización" del discurso de los profesionales con la Junta asumió los marcos del anticomunismo que se había popularizado en la lucha social contra la Unidad Popular. Ello, por cierto, no era nuevo en Chile. El anticomunismo en Chile hunde sus raíces en las últimas décadas del siglo XIX, con la paulatina recepción del marxismo y de eventos revolucionarios internacionales. El impacto de la Revolución Rusa modificó radicalmente los términos de esta oposición, más aún cuando aparecieron grupos políticos locales que asumieron esa identidad revolucionaria, como el Partido Comunista de Chile, fundado en 1922. De allí en más, en un contexto de crisis institucional y económica, las élites políticas y sociales desarrollarían diferentes mecanismos para contener el desafío de las franjas politizadas del mundo popular. Quizás el de mayor impacto fue la "Ley de Defensa Permanente de la Democracia", dictada en 1948 a instancias del gobierno radical de Gabriel González Videla y que ilegalizó al PC por una década. En los años 60s, bajo el influjo de la Revolución Cubana y la radicalización de las luchas sociales en el Tercer Mundo, el anticomunismo operó como base de la identidad política de un amplio arco de partidos y movimientos. Mientras la derecha sufría una reconversión desde un republicanismo conservador y liberal a un movimiento nacionalista de tintes más confrontacionales, la Democracia Cristiana llegaba al poder en 1964 luego de una enorme campaña propagandística anticomunista financiada en gran parte por organismos de inteligencia norteamericana50. Al momento del triunfo de la Unidad Popular, entonces, el anticomunismo era parte integrante del modo de percibir la realidad política del centro y la derecha, y en el fragor del conflicto contra el gobierno permeó a los grupos sociales mesocráticos.

Desde el régimen, además, se crearon instancias para apoyar y difundir una interpretación anticomunista y contrarrevolucionaria de los acontecimientos. Funcionarios de gobierno crearon el "Plan Z", un supuesto complot de la Unidad Popular para asesinar a altos mandos militares y civiles e instaurar una dictadura comunista. Las iniciativas culturales de la Unidad Popular fueron también reconvertidas para estos fines. La editorial Quimantú, por ejemplo, se transformó en la Editora Nacional Gabriela Mistral, cuya nueva línea de publicaciones apuntaba a redefinir la nación en términos conservadores, nacionalistas y clericales51.

Los profesionales contrarrevolucionarios participaron entusiastas de ese esquema de interpretación y del nuevo orden de cosas. Apuntalar el discurso legitimador del régimen implicaba reclamar un puesto en el bando victorioso. El Colegio de Abogados, por ejemplo, publicó su "informe" que probaba el carácter ilegal del gobierno de Allende, dado el "relajamiento, la anarquía y la inmoralidad" en la que habría incurrido. Al ser un "tirano de régimen", entonces, se podía justificar el "derecho a rebelión" y su violento derrocamiento52. Lo propio hizo el Colegio de Ingenieros a través de la publicación de un Libro Blanco institucional. En el prólogo señalaban: "cuando el país se sumerge en un desastre económico, social y moral, donde los que gobiernan son incapaces, arbitrarios y sectarios, el deber de los ingenieros es realizar todas las acciones y vencer todos los obstáculos hasta conseguir superar ese caos"53. En todos estos casos se mezclaban recuerdos traumáticos por la experiencia vivida, pero también una memoria épica por la victoria alcanzada: "Fueron los ingenieros, médicos, arquitectos y otros profesionales y técnicos quienes se convirtieron en un dique para la pretensiones de quienes trataban de imponer a la ciudadanía un régimen que no aceptaba", señaló en entrevista al diario La Patria, el presidente de la ingenieros, Eduardo Arriagada, agregando: "Fueron ellos los que, junto a otros sectores de la producción y de la clase media, contando apenas con el respaldo moral de millones de chilenos, detuvieron la marcha de la nación e hicieron ver a quienes estaban equivocados la necesidad de enmendar rumbos"54.

En otras palabras, los profesionales fueron funcionales a la reproducción de lo que Steve Stern ha llamado "memoria como salvación", es decir, un marco de interpretaciones posibles que justificaban la presencia de la dictadura, y que otorgaban sentido a las experiencias individuales gracias a un relato socialmente compartido y aceptado del pasado reciente55. Ello se tradujo en una serie de esfuerzos destinados a dar legitimidad al régimen en dos áreas particularmente difíciles de justificar: la represión desplegada contra la izquierda y el mundo popular, por una parte, y el repudio internacional generalizado hacia la dictadura, por la otra.

El Colegio de Abogados tuvo una tarea especialmente activa con respecto al primer punto. Autoridades de la organización visitaron centros de detención para dar cuenta de la "normalidad" de los procesos56. Abogados disidentes, sin embargo, hicieron más difícil la situación. Eugenio Velasco Letelier envió una carta solicitando al Consejo General interceder ante la Junta para dar a conocer las listas de detenidos. Al mismo tiempo, el Consejo recibía peticiones de amparo para abogados detenidos, muchas de las cuales con patrocinio de abogados democratacristianos. Otro grupo de abogados identificados con la Unidad Popular -Fernando Ostornol, Graciela Álvarez y Sergio Teitelboim- acusaron también trabas al libre ejercicio de la profesión por parte de las autoridades militares, un aspecto que el propio Colegio había repudiado sistemáticamente en el gobierno anterior. La actitud de Alejandro Silva Bascuñán y el resto del Consejo General se limitó a conversar con autoridades, recibir promesas vagas de garantías, para luego dar por cerrado el asunto. Otros consejeros asumieron actitudes más duras, y recordaron que se vivían "tiempos de guerra" por lo que el orden jurídico se sometía a las disposiciones del Código de Justicia Militar. Además, se sostuvo que aquellos abogados relacionados con "partidos marxistas" no debían recibir la protección de la institución, sobre el entendido de que se encontraban involucrados en actividades delictuales. Esa pasividad institucional pudo evidenciarse en casos más trágicos: Carmen Hertz denunció ante el Consejo el fusilamiento de su marido, el abogado Carlos Berger, quien se transformaría en uno de los casos emblemáticos de violaciones a los Derechos Humanos. El Consejo sólo acordó oficiar al Ministro de Justicia para recabar más antecedentes57. El asunto llegó al extremo de colaborar con los organismos de seguridad en la detención de sospechosos. El consejero Pablo Rodríguez -líder del ya para entonces disuelto grupo ultraderechista Patria y Libertad- relató al Consejo cómo entregó a autoridades militares al abogado del Comité Pro-Paz Marcos Duffau, quien luego fue llevado al campo de Tres Álamos para su interrogatorio58. Las tensiones, al igual que la represión, fueron en aumento, provocando finalmente un quiebre en el Consejo. A raíz de la petición de información del gobierno al Consejo sobre las actividades de Eugenio Velasco, Alejandro Silva Bascuñán fue desplazado de la presidencia, quedando el poder concentrado en el grupo mayoritario de consejeros más firmemente pro-gobiernistas59.

Por otro lado, la dictadura se vio enfrentada a un repudio generalizado en la arena internacional, algo que no dudó en catalogar de "campaña antichilena" promovida por el "marxismo". Para contrarrestar esa imagen, el régimen pidió ayuda a sus bases sociales organizadas, dentro de las cuales los profesionales destacaron por la magnitud de las medidas llevadas a cabo. Los colegios, por ejemplo, hicieron uso de sus redes internacionales para defender a la dictadura. El Colegio Médico tuvo que responder enérgicamente ante la Confederación Médica Panamericana y la Asociación Médica Mundial ante cuestionamietnos por la situación de los detenidos60. El Colegio de Ingenieros, por su parte, envió decenas de telegramas a organizaciones internacionales afines solicitando colaboración "para hacer público que Junta de Gobierno actuar representa sentir todo chileno respetuoso del orden y la justicia" (sic)61. También se redactaron documentos más elaborados. La Confederación de Colegios Profesionales envió a los "colegios hermanos de Latinoamérica" un extenso texto titulado "El testimonio de Chile", para combatir "una imagen que nos perjudica como país libre, civilizado y democrático", advirtiendo que la Junta "asume el rol de reparador de males, de constructores del nuevo amanecer que debe ser la unión de nuestro pueblo". El documento fue traducido al inglés, alemán, francés, italiano y portugués, e impreso en más de 15.000 copias. Por la prensa, la Confederación llamó a sus miembros a ir a retirar copias del texto y enviarlas a sus conocidos en el extranjero62.

Las iniciativas de mayor envergadura, y en la que los profesionales y otros grupos de clase media tuvieron más dificultades, fueron las giras internacionales. En noviembre de 1973 una delegación de dirigentes gremiales liderados por León Vilarín emprendió una larga gira por América y Europa para defender a la dictadura, encontrándose con la oposición de partidos, gobiernos y grupos de exiliados. Los profesionales hicieron otro tanto. Los abogados Armando Álvarez, Eduardo Escudero y Jorge Bendjerodt representaron a su colegio en distintos congresos y reuniones internacionales en su disciplina con el mismo objetivo. Eduardo Amagada hizo lo mismo en Perú, Venezuela y Estados Unidos para exponer la situación chilena y gestionar financiamiento para proyectos de desarrollo63. Por lo general, las respuestas fueron frías, sino directamente hostiles. Una delegación liderada por Silva Bascuñán en Europa terminó con incidentes en Madrid a raíz del rechazo a la dictadura por parte de estudiantes universitarios. En París, la comisión no fue recibida por el presidente del Colegio de Abogados francés, lo que motivó un reclamo formal ante la Unión Internacional de Abogados64.

La justificación de la dictadura y la represión a nivel doméstico e internacional fue clave para la reconstrucción de los canales de participación y negociación con el Estado rotos durante el gobierno de la Unidad Popular. Gracias a ello, los colegios profesionales pudieron posicionarse durante los primeros años del régimen como organismos asesores en políticas sectoriales. Como el propio Consejo General del Colegios de Abogados reconocía y celebraba, en muchos de los bandos militares aparecían reproducidos expresiones textuales de sus propias declaraciones públicas. Al mismo tiempo, al interior del Colegio se discutían materias de Estado, como el problema limítrofe con Bolivia o las difíciles relaciones Gobierno-Iglesia, generando informes para las autoridades65. Ingenieros, médicos y otros profesionales, al mismo tiempo, aplaudían la oportunidad de participar en reformas ordenadas por la Junta -como la reestructuración del Servicio Nacional de Salud o la reforma a la administración del Estado-, aumentando de ese modo su prestigio e importancia a ojos de las autoridades66. Todo ello se tradujo en la transferencia de cuadros técnicos desde los colegios al Estado, tema especialmente sensible dada la experiencia reciente de desplazamiento durante la Unidad Popular. Muchos de los dirigentes de los colegios asumieron labores de gobierno, enfatizando en la prensa su condición de "técnicos" y no "políticos", lo que aseguraría su eficiencia e imparcialidad. Por unos años, el rol que los profesionales habían reclamado y por el cual se habían levantado contra la izquierda en el poder, parecía estar restableciéndose gracias a los militares. El apoyo irrestricto y la celebración de su propia experiencia como fuerza contrarrevolucionaria parecía estar dando réditos67.

Los profesionales y la dictadura militar (II). Neoliberalismo,

Derechos Humanos y fin de los colegios

Hasta 1975 no existía un diseño político-económico a aplicar que concitara consenso en las autoridades militares. La "Declaración de Principios" de marzo de 1974 había sido redactada de manera tal que todas las fuerzas contrarrevolucionarias quedaran representadas: la derecha política, grupos hispanistas e integristas como los gremialistas de Jaime Guzmán, intelectuales nacionalistas, el empresariado, grupos de economistas neoclásicos y corrientes corporativistas de larga data en el pensamiento conservador chileno. Dentro de este último grupo destacaba un grupo de militares que hacían suyo una tradición "ibañista", de fuerte raigambre estatista y desarrollista, que además llamaba a la organización civil y a la participación despolitizada y tecnificada en el nuevo Estado68. Muchos grupos mesocráticos -colegios profesionales incluidos- se sintieron interpelados por estos llamados, celebrando las posibilidades de colaboración que abría el régimen.

La decisión de Pinochet y su círculo de inclinarse por las políticas de "shock" neoliberales hacia 1975 acabó por desplazar de los espacios de decisión estatal a los representantes del "ibañismo" militar, algo que se hizo patente con la exclusión de la Junta del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh, en 1978. Al mismo tiempo, ese viraje modificó sustancialmente los modos de vinculación entre las organizaciones civiles de clase media y el Estado. Por una parte, el "shock" neoliberal afectó sustancialmente la base material sobre la cual se había reproducido hasta entonces la clase media: el Estado se contrajo, expulsando a decenas de miles de funcionarios públicos69; el valor de la producción industrial se desplomó, afectando sobre todo a las pequeñas y medianas empresas; la economía se orientó hacia el sector terciario, obligando a una adaptación abrupta de muchos empleados que antes gozaban de un reconocimiento institucional de su posición. En los años siguientes la profundización del modelo a través de las llamadas "modernizaciones" -privatización de servicios estatales en salud, educación y previsión, más la reforma a las relaciones laborales-, desestabilizarían aún más la situación de aquellos asalariados de clase media que no podían integrarse al nuevo orden de cosas70.

Por otro lado, la concentración de las decisiones de política económica en los economistas neoliberales -decisiones cargadas de lenguaje cientificista y, por lo tanto, no sujetas a discusión-, y el alineamiento de la Junta con ese proyecto, clausuraron los canales de participación y negociación que habían sido temporalmente restablecidos luego del golpe. En algunos casos, la relación pasó de la colaboración a la indiferencia, e incluso a la hostilidad. En la Convención Médica Nacional celebrada en junio de 1977, el entonces Ministro de Salud Fernando Matthei desestimó las quejas de los médicos en relación a remuneraciones y reforma del sistema de salud, en la medida en que eran parte de la "política social de mercado que rige el campo económico" y que, por ende, "no eran negociables"71. Lo mismo sucedía en otros ámbitos: en 1978 el Colegio de Arquitectos pidió a las autoridades antecedentes sobre la nueva política de uso de suelos con el fin de asesorar al gobierno. La respuesta del Ministro de Vivienda fue representativa de la nueva forma de llevar a cabo las reformas: "si quieren conocerla antes que los demás, se pueden levantar más temprano ese día para comprar el Diario Oficial"72.

Al mismo tiempo comenzó un lento y conflictivo proceso de pérdida de legitimidad de la dictadura a ojos de algunos grupos de profesionales de clase media, sobre todo aquellos que combatieron a la Unidad Popular desde posiciones centristas. Desde mediados de los años 70s, la represión estatal, alguna vez justificada por los colegios y otras organizaciones sociales, comenzó a ser codificada en términos de violaciones a los Derechos Humanos, fenómeno transnacional que tuvo a las experiencias autoritarias latinoamericanas, y a la chilena en particular, en el centro de la discusión y elaboración de estos conceptos73. De ese modo, los episodios más dramáticos de violencia política dictatorial -sobre todo aquellos cuyas justificaciones oficiales resultaban poco creíbles- comenzaron a minar la confianza en la labor restauradora y moralizadora del régimen. En términos de Steve Stern, se produjo un "despertar" moral en muchos grupos y sujetos ante lo que consideraban era un uso arbitrario e inhumano de la violencia de Estado74. Los atentados de la DINA en Argentina, Italia y Estados Unidos, y episodios como el descubrimiento de cadáveres en 1978 de decenas de campesinos ajusticiados poco después del golpe en Lonquén, cerca de la capital, dejaron en evidencia las dimensiones y brutalidad de las prácticas represivas de los militares75.

En estas labores de denuncia y movilización en torno a la noción de Derechos Humanos, la Iglesia Católica tuvo un rol central. Al ser virtualmente la única institución que podía operar con altos grados de autonomía, concentró la labor de organización y ayuda a quienes sufrían persecución política y sus familiares, primero a través del ecuménico Comité Pro-Paz y, tras presiones del régimen para disolver dicha instancia, la Vicaría de la Solidaridad. No tendrían que pasar muchos años para que la Vicaría se transformara en el símbolo visible de una incipiente oposición social. En un régimen autoritario represivo y antipolítico, las vías por las cuales podían organizarse instancias de disidencia tenían obligatoriamente que soslayar la arena política tradicional. De alli que la Vicaría se organizara como lo que Pamela Lowden ha llamado "oposición moral", que tuvo un gran impacto en aquellos identificados con la clase media y más aún, por supuesto, entre quienes profesaban la fé católica76.

El paradigma de los Derechos Humanos dio una poderosa herramienta a los profesionales disidentes que habían sido desplazados de los colegios por directivas oficialistas. Ello fue especialmente evidente en el Colegio de Abogados dada su implícita condición de salvaguarda de la juricidad. A partir de 1978, abogados de oposición -en su mayoría democratacristianos- comenzaron a presionar al Consejo General para asumir un rol más activo en la defensa de abogados perseguidos y en las formas legales de detención y enjuiciamiento por parte de las autoridades. Ante la falta de resultados, los abogados opositores comenzaron a organizarse en grupos como el "Sindicado de Abogados" de 1980, que asumió una actitud más confrontacional. Ante lo que consideraban era la total falta de legitimidad legal del plebiscito constitucional de ese año, un centenar de abogados del "Sindicato" irrumpió en la sesión del Consejo General del Colegio exigiendo ser escuchados77. En los años siguientes, la lucha por los Derechos Humanos se transformaría en la principal bandera aglutinadora de la oposición, tanto al interior de las organizaciones mesocráticas como en el resto de la sociedad civil. En las organizaciones de profesionales esto se haría posible sólo a raíz de los cambios legales introducidos por la dictadura.

La dictadura militar, tras las "modernizaciones", se abocó a sancionar constitucionalmente el nuevo orden, para lo cual hizo aprobar en un plebiscito sin garantías electorales una nueva carta fundamental en 198078. Las disposiciones de ese documento afectarían radicalmente el modelo de relaciones entre Estado y sociedad civil construido en los años del "Estado del compromiso" que tan buenos resultados le había traído a la clase media organizada. Para los profesionales, esto significó la demolición de todo el aparato jurídico que sostenía las prerrogativas y prestigio de los colegios. Esto empezó poco antes de la aprobación de la nueva constitución. En febrero de 1979, en medio de las vacaciones y sin previo aviso, el régimen aprobó el Decreto Ley 2519 que establecía la libertad en el cobro de honorarios profesionales y suprimía la obligatoriedad de la colegiatura para quienes se desempeñaban en la administración pública. Esto recortaba dos de las principales atribuciones de los colegios79. Incluso obsecuentes pinochetistas como el consejero del Colegio de Abogados Pablo Rodríguez, reclamaron por la medida, acusando al equipo económico de querer "destruir todo organismo intermedio que pueda ser base de poder"80.

El régimen, sin embargo, fue más allá. Luego de la aprobación de la constitución empezaron a circular rumores de que los colegios profesionales serían derogados dado que no se avendrían con una serie de nuevas disposiciones relativas sobre todo a la "libertad de trabajo". Los dirigentes profesionales más destacados salieron a la esfera pública a defender las prerrogativas de sus organizaciones, como el entonces presidente del Colegio de Abogados, el radical y ex-candidato presidencial de 1964 Julio Durán, quien sostuvo que los colegios eran la expresión directa de la "clase media intelectual", y que como tal habría servido de "amortiguador a la violencia sembrada por los partidarios de la revolución que sostienen la lucha de clases"81. Atentar contra los colegios, según Durán, sería ir contra una larga historia de desarrollo cultural y democrático. Sin amilanarse por estas declaraciones, la dictadura dio a conocer en enero de 1981 el DL 3621 que decretaba la transformación obligatoria de los colegios profesionales en asociaciones gremiales, es decir, instituciones de derecho privado y no público82. Julio Durán, consternado, se preguntaba en la prensa: "¿Cómo íbamos a imaginar que nuestro propio gobierno nos iba a liquidar"?83.

Un nutrido grupo de profesionales favorables a la política económica del gobierno publicó insertos y declaraciones apoyando la nueva medida. En respuesta, las directivas de los colegios organizaron consultas para saber el sentir de las bases, luego de años de relativa inactividad organizacional. El resultado fue claro: El 97,4% de los periodistas rechazaron la nueva legislación, así como también el 91% y el 95% de las Asistentes Sociales y los Constructores Civiles, respectivamente. En otros colegios se repitió la misma tendencia: el 93,5% de los abogados, el 91,49% de los dentistas, el 88,83% de los ingenieros y el 92,83% de los médicos apoyaron a sus respectivas directivas84. Esos resultados se tradujeron pocos meses después en victorias de listas de profesionales de oposición -donde abundaban militantes radicales y, sobre todo, democratacristianos- en las elecciones gremiales que por disposiciones de la misma ley las nuevas organizaciones debían realizar85. De allí en más, los colegios profesionales virarían hacia una oposición cada vez más frontal. El doble impacto del neoliberalismo y las violaciones a los Derechos Humanos había destruido la legitimidad contrarrevolucionaria de la dictadura militar que alguna vez los colegios le habían reconocido.

Conclusiones

Los colegios profesionales no asumieron un rol abiertamente político sino hasta el gobierno de la Unidad Popular. Antes de ello, habían sido celosos guardianes de la autonomía de lo “gremial” con respecto a la política. Fue la fractura del esquema de relaciones entre Estado y la sociedad civil organizada la que fomentó la radicalización política y su deriva golpista durante los últimos meses del régimen democrático. En otras palabras, el desplazamiento de la clase media en tanto ideal social del centro de preocupaciones del Estado prendió la mecha para la lucha política y social sin cuartel. La llegada de los militares al poder, por otra parte, elevó por un momento los bonos de los profesionales y otros grupos mesocráticos organizados frente al Estado. No sólo habían sido protagonistas de la reacción social contra el “marxismo”, sino que también estaban ansiosos de colaborar con la “reconstrucción” que, en gran medida, era entendida como la restitución de las jerarquías amenazadas por el proyecto socialista derrotado. La supresión de la política, además, sacó de escena a los partidos políticos, quienes hasta ese momento habían sido los principales intermediadores entre las demandas sociales y su procesamiento institucional en el Estado. Por un momento, parecía ser que los gremios mesocráticos asumían la representatividad de la sociedad civil contrarrevolucionaria, en línea con las aspiraciones de la dictadura.

Ello, sin embargo, no duraría mucho. El viraje neoliberal del régimen acabaría con los sueños corporativistas de participación social despolitizada de un sector de los militares. La defensa irrestricta del mercado y de sus “libertades” convencería a la Junta de acabar con el andamiaje legal que sustentaba las facultades y prerrogativas de los profesionales y sus organizaciones. Además, la “oposición moral” y el despliegue del paradigma de los Derechos Humanos ayudó a la visibilización de grupos profesionales disidentes, incluyendo a aquellos que se habían levantado contra el gobierno de la Unidad Popular y que tras años de autoritarismo se habían convencido de la necesidad de una restauración democrática.

La trayectoria política de los colegios profesionales está atravesada por dos ironías. La primera, la más obvia, es que, como exclamara amargamente Julio Durán, el mismo gobierno que habían defendido y que habían ayudado a instalar en el poder decidió la disolución legal de ese mundo social. La lucha política contra la Unidad Popular y el antimarxismo compartido con los militares golpistas no hizo posible preveer las posibles consecuencias de una dictadura de ánimo refundacional. La segunda ironía jugó en favor del restablecimiento de la democracia en Chile. La decisión de transformar los colegios profesionales en asociaciones gremiales en 1981 obligó a estos grupos a realizar elecciones, algo que no habían podido hacer en ocho años de autoritarismo. Las mayoría de los puestos directivos fueron ocupados por representantes de la oposición moderada, con no pocos militantes de partidos centristas. Los nuevos colegios profesionales (acompañados ahora en su nombre por la sigla A.G. - asociación gremial-, para recordar su nueva condición) volverían al protagonismo político y social en los años 80s, pero ahora en la oposición a la dictadura. La restitución democrática fue exigida como un imperativo moral para acabar con la brutal represión militar, pero también como una demanda por un Estado abierto a las demandas de la sociedad civil organizada. Los términos en que esa demanda se plasmaría en la alianza política social de oposición moderada -lo que se transformaría en la Concertación de Partidos por el No en la víspera del plebiscito de 1988- condicionaría en gran medida el modo en que se efectuaría la transición a la democracia en los años 90s.

Agradecimientos

Agradezco a Juan Luis Ossa y Luis Thielemann sus comentarios y correcciones a este texto.

Fuentes consultadas

Libros, artículos y capítulos de libros

Fuentes impresas

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1 Cit. en Gonzalo Martner, ed., Salvador Allende. Obras escogidas:período 1939-1973, Santiago, Ediciones del Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos Simón Bolívar; Fundación Presidente Allende, 1992, 670.

2Ezequiel Adamovsky, Historia de la clase media argentina: apogeo y decadencia de una ilusión, 1919 - 2003, Buenos Aires, Planeta, 2015, 497-514; Ezequiel Adamovsky, "Aristotle, Diderot, Liberalism and the Idea of ’Middle Class’: A Comparison of Two Contexts of Emergence of a Metaphorical Formation", History of Political Thought 26:2, 2005, 303-33.

3Para balances bibliográficos generales sobre el estudio de la clase media latinoamericana, véase Sergio Visacovsky y Enrique Garguin, “Introducción”, Sergio Eduardo Visacovsky y Enrique Garguin (eds.) Moralidades, economías e identidades de clase media: estudios históricos y etnográficos, Buenos Aires, EA, 2009); y David S. Parker, “Introduction: The Making and Endless Remaking of the Middle Class”, David S. Parker y Louise E. Walke (eds.) Latin America’s Middle Class: Unsettled Debates and New Histories, Lanham, Lexington Books, 2013.

4Tres investigaciones a estas alturas clásicas sobre estos temas son David S. Parker, The Idea of the Middle Class: White-Collar Workers and Peruvian Society, University Park, Pa., Pennsylvania State University Press, 1998; Patrick Barr-Melej, Reforming Chile: Cultural Politics, Nationalism, and the Rise of the Middle Class, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2001; Brian Philip Owensby, Intimate Ironies: Modernity and the Making of Middle-Class Lives in Brazil, Stanford, Calif., Stanford University Press, 1999.

5E. P Thompson, La formación de la clase obrera en Inglaterra, traducido por Elena Grau. Vol. I, Barcelona, Crítica, 1989; Ellen Meiksins Wood, “The Politics of Theory and the Concept of Class: E.P. Thompson and His Critics”, Studies in Political Economy 9:1, 1982, 45-75.

6Klaus-Peter Sick, “El concepto de clases medias. ¿Noción sociológica o eslógan político?”, Ezequiel Adamovsky, Sergio Visacovsky y Patricia Vargas (eds.), Clases medias: Nuevos enfoques desde la sociología, la historia y la antropología., Buenos Aires, Ariel, 2014.

7Marianne González Le Saux, De empresarios a empleados: clase media y estado docente en Chile, 1810-1920 Santiago, LOM Ediciones, 2011.

8Luis Avalos, Memorandum de organización profesionalpara la Federación de la Clase Media, Santiago Imprenta Chile, 1919.

9Barr-Melej, op. cit., passim.

10Aldo Cofré Arredondo, “‘Trabajadores de cuello y corbata’: Identidad, asociatividad y acción colectiva en el movimiento de empleados particulares. Chile, 1918-1925”, Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia, Universidad de Chile, 2011, 67.

11J. Pablo Silva, “The Origins of White-Collar Privilege in Chile: Arturo Alessandri, Law 6020, and the Pursuit of a Corporatist Consensus, 1933-1938”, Labor 3:1, 2006, 87-112; Rodrigo Henríquez Vásquez, En “Estado Sólido”: políticas y politización en la construcción estatal Chile 1920-1950, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2014; Francisca Rengifo, “Desigualdad e inclusión: La ruta del estado de seguridad social chileno, 1920—1970”, Hispanic American Historical Review 97:3, enero de 2017, 485-521.

12Tomás Cornejo Cancino, “Una clase a medias: las representaciones satíricas de los grupos medios chilenos en Topaze (1931-1970)”, Historia 40:2, 2007, 249-284.

13Juan Braun Ll. et al., Economía chilena 1810-1995: estadísticas históricas, Documento de Trabajo No. 187, Santiago: Instituto de Economía, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2000, 223-38; Manuel Antonio Garretón y Javier Martínez, Antecedentes estructurales de las universidades chilenas, Santiago, Ediciones SUR, 1987, 64.

14González Le Saux, De empresarios a empleados... op. cit., 338-64.

15Patricio Silva, En el nombre de la razón: tecnócratas y política en Chile, Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, 2010, capítulos 2 y 3.

16A ellas se le sumaban, por cierto, más de la mitad de los profesores hacia 1930. María Soledad Zárate y Elizabeth Q. Hutchinson, “Clases medias en Chile: Estado, género y prácticas políticas, 1920-1970”, Iván Jaksic y Juan Luis Ossa (eds.) Historia Política de Chile, 1810-2010, vol. I. Prácticas políticas, Santiago: Fondo de Cultura Económica, 2017, 271-300.

17Alejandro Silva Bascuñán, El abogado, un servidor de la justicia, Santiago, Mandrágora, 2010, 16; Marianne González Le Saux, “Legal Aid, Social Workers, and the Redefinition of the Legal Profession in Chile, 1925-1960 (próxima aparición)”, Law and SocialInquiry 42: 2, 2017.

18Flora Collantes Espinoza, “Los colegios profesionales”, Memoria de prueba para el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile, 1962, 20-28.

19Ley 14.895, creación de Colegio de Matronas, 11 de septiembre de 1962; Ley 16525, creación de Colegio de Ingenieros Agrónomos, 6 de septiembre de 1966; Ley 17.033, creación de Colegio de Psicólogos, 9 de diciembre de 1968; Ley 17.109, creación de Colegio de Técnicos Agrícolas, 5 de marzo de 1969; Ley 17.161, creación de Colegio de Bibliotecarios, 10 de julio de 1969; Ley 17.164, creación de Colegio de Tecnólogos Médicos, 2 de agosto de 1969; Ley 17.330, creación de Colegio de Capitanes y Pilotos de la Marina Mercante Nacional, 27 de agosto de 1970; Ley 17.340, creación de Colegio de Químicos- Farmacéuticos, 15 de septiembre de 1970; Ley 17.383, creación del colegio de Laboratistas Dentales, 6 de noviembre de 1970; Ley 17682, creación de Colegio de Geólogos, 7 de marzo de 1972; Ley 17.695, creación de Colegio de Asistentes Sociales, 22 de agosto de 1972; Decreto Ley 678, creación de Colegio de Profesores, 16 de octubre de 1974.

20Guillermo Campero, Los gremios empresariales en el período 1970-1983: comportamiento sociopolítico y orientaciones ideológicas, 1a. ed (Santiago: ILET, 1984), 43; Azun Candina, “Studying other Memories: The Colegio Médico de Chile under Socialism, Dictatorship, and Democracy, 1970-1990”, Latin American Perspectives 43:6, 2016.

21Al respecto véase Juan Gonzalo Rocha, Allende, masón: la visión de un profano, Santiago, Editorial Sudamericana, 2000.

22He explorado ampliamente estos debates en: Marcelo Casals Araya, El alba de una revolución: la izquierda y el proceso de construcción estratégica de la “vía chilena al socialismo”, 1956-1970, Santiago, LOM Ediciones, 2010.

23“Sesión en 22 de enero de 1971”, Actas del Consejo General, 1971. Archivo del Colegio de Abogados (de ahora en adelante ACAb)

24"El Colegio de Ingenieros de Chile a todos los integrantes de la Orden", El Mercurio, 21 de marzo de 1971, 45. Luego del Congreso, representantes del Colegio se reunieron con Max Nolff, Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación del Cobre, para concretar la colaboración. Tanto Nolff como los ingenieros expresaron a la prensa conformidad con lo discutido entonces. "Ingenieros buscan su participación en nacionalización del cobre", La Prensa, 22 de abril de 1971, 2

25"Nueva directiva del Colegio de Ingenieros", La Nación, 10 de agosto de 1971, 4; "No podemos ser chovinistas en la explotación del cobre", La Tercera de la Hora, 16 de agosto de 1971, 5; "Directiva de Ingenieros con Presidente Allende", El Mercurio, 13 de agosto de 1971, 22.

26“No aceptaron actitud antipatriótica”, La Nación, 4 de septiembre de 1971, 4; “Grupos antipatriotas se escudan en Colegio Médico”, La Nación, 6 de septiembre de 1971, 10; “Maniobras de médicos politizados”, La Prensa, 8 de septiembre de 1971, 5

27"Editorial", Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile, Volumen XXIII, No. 1, noviembre de 1971, 5

28Campero, op. cit., 48.

29Sergio Bitar, Transición, socialismo y democracia: la experiencia chilena, México, Siglo Veintiuno Editores, 1979, 67-127.

30Al respect,véase el estudio de Margaret Power, Right-Wing Women in Chile: Feminine Power and the Struggle Against Allende, 1964-1973, University Park, Pa: Pennsylvania State University Press, 2002.

31"Comentarios a una carta pública" y "Amparo al Ingeniero Enrique Barriga", Ingenieros, Revista del Colegio de Ingenieros, No. 60, año XII, junio-julio 1972, 4-5 y 14

32"Médicos cansados de agresiones", Las Últimas Noticias, 4 de mayo de 1972, 4; "Ofensas al Presidente Allende en sesión médica", La Nación, 29 de abril de 1972, 1.

33"Sesión extraordinaria de 9 de mayo de 1972", Actas del Consejo General, 1972, ACAb 1-3; "Sesión en 15 de mayo de 1972", Actas del Consejo General, 1972, ACAb, 6; “Campaña contra la justicia es responsabilidad del Ejecutivo”, La Segunda, 12 de marzo de 1972, 8; “La vigencia del derecho: un valor que defender” (Entrevista a Alejandro Silva Bascuñán), Portada, No. 32, 20 de julio de 1972, 37-41; Alejandro Silva Bascuñán, “Valor permanentedel derecho y de la ley”, El Mercurio, 12 de enero de 1972, 3; “Abogados denuncian descrédito de la ley”, El Mercurio, 1ero de octubre de 1972, 3

34"Definición", Ercilla, 6 de septiembre de 1972, 15

35"Los Colegios Profesionales están contra la violencia", Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile, Volumen XXIV, No. 7, julio de 1971, 8; "Escalada contra los profesionales", El Mercurio, 20 de julio de 1972, 17; "Colegios profesionales: hasta irían a la huelga", Qué Pasa, No. 67, 27 de julio de 1972, 14.

36Joaquín Fermandois, La revolución inconclusa: la izquierda chilena y el gobierno de la Unidad Popular, Santiago, Centro de Estudios Públicos, 2013, 566-78.

37"Sesión extraordinaria en 17 de octubre de 1972", Actas del Consejo General, 1972, ACAb, 2-3; "Colegio de Abogados desnaturaliza su rol", La Nación, 19 de octubre de 1972, 8; "Club de Abogados rechazó acuerdo político del Colegio", El Siglo, 21 de octubre de 1972, 10; "Respuesta de la Corte Suprema a S.E.", El Mercurio, 22 de octubre de 1972, 21.

38"Las causas del movimiento", Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile, Volumen XXIV, No. 11, noviembre de 1972, 17.

39"Crónica de un paro", Ingenieros. Revista del Colegio de Ingenieros, Año XII, No. 61, agosto-diciembre de 1972, 8.

40Esa acusación terminó siendo cierta, como revelara documentación desclasificada posterior. Al respecto, véase Kristian Gustafson, Hostile Intent: U.S. Covert Operations in Chile, 1964-1974, Washington, D.C: Potomac Books, 2007, 164-67.

41Unidad Popular (Comité Nacional), "La Declaración de El Arrayán», 9 de febrero de 1972; y Manuel Cabieses (MIR), "Primero hay que ganarse a la clase trabajadora", Punto Final, No. 150, 1ero de febrero de 1972, cit. en Víctor Farías, La izquierda chilena (1969-1973): documentos para el estudio de su línea estratégica, vol. III, Berlín; Santiago: Wissenschaftlicher Verlag Berlin; Centro de Estudios Públicos, 2000, 1861, 1864 y 1993.

42Mario Arnello, ”Un objetivo marxista: destrucción de la clase media”, Qué Pasa, No. 72, 31 de octubre de 1972, 40-41

43"¿Quién se queda con las capas medias?”, Qué Pasa, No. 42, semana del 10 de febrero de 1972, 7-8; ”El destino de la clase media”, El Mercurio, 4 de febrero de 1972, 3; "La clase media: fiel de la balanza”, El Mercurio, 15 de febrero de 1972, 3; "No dan cabida a la clase media”, El Mercurio, 20 de noviembre de 1972, entre otros.

44“La Moral Profesional”, El Mercurio, 1° de noviembre de 1972, 3.

45“Nueva derrota UP en Colegio de Ingenieros”, La Prensa, 29 de abril de 1973, 9; ”Lista gremialista ganó el Consejo del Colegio Médico”, La Prensa, 27 de mayo de 1973, 3; ”El PIR, primera mayoría”, La Prensa, 9 de junio de 1973, 4; ''Irregular elección en Colegio de Abogados”, La Nación, 16 de abril de 1973, 7

46 “Atentados”, Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile, Volumen XXV, No. 7, julio de 1973, 11; 'Agresiones y atentados denunció Colegio Médico”, Las Últimas Noticias, 11 de julio de 1973, 32.

47“Histórica Intervención del Colegio Médico de Chile”, Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile, Volumen XXV, No. 9, septiembre de 1973, 17; ”Nuevo conflicto nace en el Colegio Médico”, El Mercurio, 4 de septiembre de 1973, 23

48Campero, op. cit., 86.

49Documento reproducido en Colegio de Ingenieros de Chile, Libro blanco de la Ingeniería chilena, Santiago, Talleres Gráficos Corporación, 1974, 62.

50He tratado este tema con más detalle en Marcelo Casals Araya, La creación de la amenaza roja. Del surgimiento del anticomunismo en Chile a la «campaña del terror» de 1964, Santiago, LOM Ediciones, 2016.

51Isabel Jara, “Graficar una ‘segunda independencia’: el régimen militar chileno y las ilustraciones de la Editorial Nacional Gabriela Mistral (1973-1976)”, Historia 44:1, 2011, 131-63.

52Colegio de Abogados de Chile, Quiebra del estado de derecho durante el régimen marxista de Salvador Allende y adhesión del Colegio de Abogados al nuevo gobierno: antecedentes, Santiago, Imprenta y Litografía Roma, 1973, 8-9.

53Colegio de Ingenieros de Chile, op. cit., 33.

54“Ahora: la mejor oportunidad para arreglar el país” (Entrevista a Eduardo Arriagada), La Patria, 21 de diciembre de 1973, 3

55Steve J. Stern, Remembering Pinochefs Chile: On the Eve of London, 1998, Durham: Duke University Press, 2004, capítulo 1.

56"Sugestión beneficiosa", El Diario Austral, 11 de noviembre de 1973, 3.

57"Sesión en 1ero de octubre de 1973", "Sesión en 15 de octubre de 1973", y "Sesión en 22 de octubre de 1973", Actas del Consejo General, 1973, ACAb; y "Sesión en 1ero de abril de 1974", Actas del Consejo General, 1974, ACAb, 3; "Sesión en 5 de noviembre de 1973, Actas del Consejo General, 1973, ACAb, 2; "Sesión en 29 de octubre de 1973, Actas del Consejo General, 1973, ACAb, 2-3.

58"Sesión en 24 de noviembre de 1975", Actas del Consejo General, 1975, ACAb, 3.

59"Cambios en el Colegio de Abogados", Qué Pasa, s/n, 7 de noviembre de 1974, 16; "Más expedientes para la crisis", Ercilla, No. 2052, 27 de noviembre de 1974, 30-31; "Censura a Alejandro Silva y cartas de Eugenio Velasco", Qué Pasa, s/n, 5 de diciembre de 1974, 38.

60Notas entre entidades de Uruguay y Chile", Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile, Volumen XXV, No. 9, septiembre de 1973, 10-11; "Colegio Médico luchó contra el marxismo e impedirá todo trato discriminatorio", Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile, Volumen XXVI, s/n, enero-febrero de 1974, 16.

61Colegio de Ingenieros de Chile, op.cit., 67.

62"A los profesionales de Chile", La Patria, 14 de octubre de 1973, 8; "Ahora: la mejor oportunidad para arreglar el país (Entrevista a Eduardo Amagada)", La Patria, 21 de diciembre de 1973, 3; "Colegios Profesionales en la 'Operación Verdad'", El Diario Austral, 15 de octubre de 1973, 1

63"Sesión en 22 de octubre de 1973", Actas del Consejo General, 1973, ACAb, 9; "Sesión en 7 de enero de 1974", Actas del Consejo General, 1974, ACAb, 1; "Sesión en 29 de abril de 1974", Actas del Consejo General, 1974, ACAb, 2; "Gira por América inició presidente de ingenieros", La Tercera de la Hora, 2 de junio de 1974, 14.

64"Sesión en 7 de enero de 1974", Actas del Consejo General, 1974, ACAb, 1; "Sesión en 4 de marzo de 1974", Actas del Consejo General, 1974, ACAb, 3

65"Sesión en 22 de diciembre de 1975", Actas del Consejo General, 1975, ACAb, 4.

66"Ahora: la mejor oportunidad para arreglar el país" (entrevista a Eduardo Arriagada), La Patria, 21 de diciembre de 1973, 3; "Editorial", Ingenieros. Revista del Colegio de Ingenieros, No. 66, diciembre de 1974, 3; "Colegio Médico: Tendrá participación importante en la reestructuración del S.N.S.", Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile, Volumen XXV, No. 10, octubre de 1973, 14.

67"Designaciones en Salud", Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile, Volumen XXV, No. 9, septiembre de 1973, 21; "Sesión en 24 de septiembre de 1973", Actas del Consejo General, 1973, ACAb, 3.

68Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, El golpe después del golpe: Leigh vs. Pinochet: Chile 1960-1980, Santiago, LOM Ediciones, 2003, 18.

69Enzo Faletto, "Chile: Transformaciones económicas y grupos sociales (1973-1986)", en Obras completas, vol. I, Santiago, Editorial Universitaria, 2008, 269.

70Para un caso especialmente dramático en este sentido, véase Larissa Adler de Lomnitz y Ana Melnick, Neoliberalismoy clase media: el caso de los profesores de Chile, Santiago, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos : Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 1998.

71"El gobierno estudia con comprensión los problemas que aquejan al gobierno", Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile, Volumen XXVI, s/n, mayo-junio de 1977, 27

72"La espera de la derogación", Hoy, Año II, No. 89, 14 al 20 de febrero de 1979, 12.

73Al respecto véase, entre muchos otros: Kathryn Sikkink, The Justice Cascade: How Human Rights Prosecutions Are Changing World Politics, New York, W W Norton & Co, 2011; y Patrick William Kelly, "The 1973 Chilean Coup and the Origins of Transnational Human Rights Activism", Journal of Global History 8:1, 2013, 165-86.

74Stern, Remembering Pinochet’s Chile... op. cit.., capítulo 3.

75Steve J. Stern, Battling for Hearts and Minds: Memory Struggles in Pinochet’s Chile, 1973-1988. Durham, Duke University Press, 2006, 156-67.

76Pamela Lowden, Moral Opposition to Authoritarian Rule in Chile, 1973-90, New York, St. Martin’s Press, 1996, 1-32.

77"Sesión ordinaria de 1ero de septiembre de 1980", y "Sesión ordinaria de 8 de septiembre de 1980", Actas del Consejo General, 1980, ACAb, 2-3 y 4

78La decisión de crear una nueva Constitución fue asumida pocos días después del golpe. Por entonces, se había creado una comisión de juristas con el objetivo de redactar un anteproyecto constitucional. Tanto en esa comisión como en las subcomisiones participaron profesionales radicalizados hacia la derecha durante la Unidad Popular, como el presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Silva Bascuñán, entre muchos otros. Carlos Huneeus, El régimen de Pinochet, Santiago, Penguin Random House, 2016, 239.

79"Política de las sorpresas", Hoy, Año II, No. 88, 7 al 13 de febrero de 1979, 6.

80"Sesión en 12 de marzo de 1979", Actas del Consejo General, 1979, ACAb, 2-4.

81"Discurso pronunciado por el presidente del Colegio de Abogados don Julio Durán Neumann en el juramento de abogados de 29 de diciembre de 1980", Actas del Consejo General, 1980, ACAb, 3-4.

82Nueva legislación sobre asociación de profesionales, Santiago: División de Comunicación Social, 1981, 10-11.

83"Durán y su nueva bandera", Hoy, No. 187, 18 al 24 de febrero de 1981, 13.

84"La hora decisiva", Hoy, No. 191, 18 al 24 de marzo de 1981, 25; "Colegios Profesionales: Defensa masiva", Hoy, No. 192, 25 al 31 de marzo de 1981, 16; "Los Colegios Profesionales: Pasos del gobierno", Hoy, No. 193, 1 al 7 de abril de 1981, 16; "Colegios Profesionales: Consultas y negociaciones", Hoy, No. 194, 8 al 14 de abril de 1981, 15; "Resultados finales en consultas de colegios", La Tercera de la Hora, 4 de mayo de 1981, 6.

85“Colegios Profesionales. Las nuevas directivas”, Hoy, No. 225, 11 al 17 de noviembre de 1981, 9-10.

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