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Revista chilena de derecho

versión On-line ISSN 0718-3437

Rev. chil. derecho vol.46 no.1 Santiago abr. 2019

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372019000100279 

RESENCIONES

Recensión

Jorge Baraona González* 

*Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile

Ugarte Vial, Fernando. 2018. Juicio ejecutivo de cobro de impuesto territorial. Santiago: Ediciones UC, 294p.

El abogado don Fernando Ugarte Vial ha publicado recientemente una obra sobre el “Juicio ejecutivo de cobro de impuesto territorial” (Ediciones UC, 294 páginas). Se trata de un libro muy bien trabajado, desde lo primero, que es la investigación o aparato crítico que estudia, que me parece completísima, especialmente por la impresionante cantidad de sentencias que presenta, que el autor no solo ha seleccionado con cuidado, lo que ha supuesto obviamente un arduo trabajo de indagación, sino porque además las ha estudiado y escogido en su doctrina esencial, con delicado juicio.

No estamos frente un mero manual que organiza bien la información: se trata de un valioso trabajo de Derecho, en el cual su autor ha escrito muy bien y articuladamente, con pleno domino de las instituciones civiles, administrativas y procesales que aborda; y lo hace no sin antes -y esto se nota- pensar muchísimo, para detectar los problemas, profundizar en los mismos y buscarle las soluciones justas y acordes con nuestro sistema legal.

Es un libro, además, bien escrito, pues la pluma del autor es llana, pulcra, bien estructurada, precisa y elegante.

La obra se reparte en tres partes:

La primera de ellas se divide en dos capítulos. En el primero, el autor aborda las nociones generales del tributo que estudia, y que parecen imprescindibles para seguir con el análisis mismo de la ejecución del tributo, que es la esencia del segundo capítulo.

En esta parte el autor hace un despliegue impresionante de versación procesal, y repasa acuciosamente cada elemento del juicio ejecutivo para el cobro del impuesto territorial, y va tomando posición doctrinal respecto de los principales problemas que aparecen.

Así, afirma fundadamente que, pese a ser un juicio con dos etapas, una administrativa y otra judicial, se trata de un solo procedimiento, un solo juicio. Declara así, con total seguridad y sólidos fundamentos, que la etapa administrativa tiene claramente connotación judicial, y el funcionario que está a cargo de ella sí ejerce verdadera jurisdicción.

Especial interés tiene en esta parte del libro el análisis que el señor Ugarte hace del emplazamiento y de la manera en que debe hacerse, poniendo énfasis en que no puede dejar de hacerse personalmente a aquel contra quien se dirige la ejecución, si se quiere ser respetuoso del debido proceso. Por otra parte, me parece digno de alabar las funciones que detecta cumple la nómina de morosos: es el título ejecutivo mismo, pero es también la demanda ejecutiva.

En la segunda parte del libro, que es la más original, por la manera en que se plantea el autor, se repasan los vicios procesales más frecuentes en este juicio, que son básicamente la ausencia del deudor moroso en la nómina y la falta misma de emplazamiento.

Respecto del primer tema, detecta en la ausencia del deudor moroso en la nómina, un vicio profundo y grave, que denomina ausencia o falta de la relación jurídico procesal. Con agudeza, Fernando Ugarte analiza primeramente el efecto procesal producido, y luego las consecuencias civiles que tiene la circunstancia de que se ejecute a quien no es en verdad el dueño de la propiedad que se supone ha causado la deuda fiscal.

Un tercer aspecto que es destacable, en esta parte, es la revisión que el autor hace de las distintas opciones que el dueño tiene para impugnar una ejecución tan irregular como esa, que puede llevar a la pérdida de un bien raíz, fundada en el hecho de que el dueño del predio que causa la deuda, no ha sido ejecutado.

Tal vez la defensa más interesante que el autor propone, y que en verdad es una acción, es la declaración de inexistencia de la relación procesal, para lo cual repasa esta figura, desde el punto de vista civil y administrativo. Con argumentos persuasivos Fernando Ugarte defiende la idea de que es imposible que haya nacido una relación jurídica procesal, sin que esté demandado el verdadero dueño del bien, que no es otro que el que aparece en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces competente, y desde aquí articula una batería de argumentos para oponerse a ejecuciones ilegales.

En la última parte del libro, el autor presenta un acabado estudio de la jurisprudencia actual sobre el tema.

El libro cierra con un apéndice sobre Resoluciones y fallos de interés sobre diversas materias, pronunciados en, o a propósito de, juicios ejecutivos de cobro de impuesto territorial.

La obra, además, trae una interesante Minuta -la Nº 466, de 23 de julio de 2014-, emitida por el jefe de la división jurídica (s) de la Tesorería General de la República, de mucha utilidad práctica para abogados.

Por último, y con delicado cuidado por sus lectores, el autor ha preparado un índice analítico alfabético de materias, que ayudará a la consulta del libro. Cabe señalar además, que el aparato bibliográfico es notable.

Quiero destacar muy especialmente, como algo medular del libro, y que creo que permite calibrar su mérito, la profunda comprensión del autor acerca del Registro del Conservador de Bienes Raíces y de su función protectora de la propiedad.

Sabemos que es don Andrés Bello el principal impulsor del Registro Conservatorio, y aún poco es lo que se le ha alabado por este hecho. Esta obra de don Fernando Ugarte, qué duda puede caber, es un homenaje implícito al sabio venezolano.

Quienes conozcan el sistema jurídico de otros países, el de Perú por ejemplo, podrán comprender la importancia que tuvo y tiene para Chile haber organizado un sistema de propiedad registral, como el que ideó y reguló don Andrés Bello.

Contribuye, sin duda, a la certidumbre jurídica de todos los propietarios de bienes raíces, en aumento en Chile, saber que nuestro título dominical está a buen recaudo en la medida de que está inscrito. Aplaudo entonces a don Fernando Ugarte cuando insiste, con tanto brillo y profundidad, en que no puede ser sino la copia respectiva del Registro de Propiedad el elemento probatorio clave, para conectar al bien raíz que causa el impuesto, con el sujeto demandado ejecutivamente.

El argumento final del autor es el de un llamado clamoroso por la justicia a favor del contribuyente territorial, que tiene todo el derecho para defenderse de juicios injustos. El directo rechazo que hace don Fernando Ugarte de los emplazamientos vía carta certificada en sitios eriazos y la falta de indagación por los verdaderos títulos del propietario del bien raíz que ha causado la mora, son muy profundos, y muy bien argumentados, pues los apoya en sesudos razonamientos, ilustrados con doctrina y jurisprudencia sólidas, que ha supuesto en él mucho trabajo y dedicación, sin duda.

En suma, nos encontramos frente a una obra riquísima por su profundidad, que pone a su autor en un lugar destacado, tanto en el ámbito forense como en el académico, a una edad muy joven.

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