SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.42 número1LEPIN MOLINA, CRISTIÁN (DIRECTOR) Y MUÑOZ VILLAGRA, KAREN (COORDINADORA) (2013): COMPENSACIÓN ECONÓMICA. DOCTRNAS ESENCIALESVIVANCO, ÁNGELA (2014): DISPOSICIÓN SOBRE LA VIDA HUMANA Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES: ANÁLISIS DEL CASO CHILENO índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • En proceso de indezaciónCitado por Google
  • No hay articulos similaresSimilares en SciELO
  • En proceso de indezaciónSimilares en Google

Compartir


Revista chilena de derecho

versión On-line ISSN 0718-3437

Rev. chil. derecho vol.42 no.1 Santiago abr. 2015

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372015000100018 

NIEVA FENOLL, JORDI (2014): DERECHO PROCESAL I. INTRODUCCIÓN (MARCIAL PONS, MADRID) 310 PP.

 

Cristian Contreras Rojas

*Universidad de Talca, Chile.


 

Ya se ha convertido en una sana costumbre que el catedrático de Derecho Procesal de la Universitat de Barcelona, Dr. Jordi Nieva Fenoll, contribuya al desarrollo científico de su disciplina con un aporte de excelente factura y contenido. Y esta, por cierto, no es la excepción.

Si bien los aspectos e instituciones fundamentales del Derecho Procesal han sido abordados por una infinidad de autores clásicos y contemporáneos –lo que podría llevarnos a pensar que ya todo ha sido dicho–, Nieva es capaz de plantear las temáticas tradicionales pero desde una perspectiva diferente, proporcionando reflexiones muy sugerentes que darán pie a una siempre necesaria meditación y debate sobre las mismas. Todo ello, a partir de un trabajo concienzudo y profundamente razonado, lo que per se justifica su lectura por todos quienes nos dedicamos de una u otra manera al estudio de este dominio jurídico.

Son los comentarios y aportes con que el catedrático provee cada uno de los temas que trata a lo largo de las páginas de su obra, lo que hace de este un manual poco usual, en el que en lugar de limitarse a la simple sistematización de la legislación procesal o incurrir en disquisiciones doctrinales excesivas, pretende concretizar cada uno de los tópicos que van siendo planteados. En efecto, aun cuando las aportaciones científicas para el tratamiento de los temas están presentes –lo que ciertamente es de esperar conociendo los trabajos previos del autor–, estas se encuentran en su justa medida, ya que en ningún momento se pierden de vista las implicancias prácticas de cada una de las instituciones comentadas, lo que de paso lleva a Nieva a desmitificar algunas cuestiones y a sembrar serias dudas sobre la conveniencia de seguir dándole vueltas a ciertas discusiones dogmáticas, dado que, en su opinión, terminan siendo totalmente inútiles e improductivas.

Por otra parte, de la lectura del libro también queda en evidencia que ha pretendido, en lo posible, alejarse del estudio y examen detallado del contenido de las normas jurídicas específicas que regulan los institutos procesales, deteniéndose en cambio en el análisis de los grandes lineamientos que subyacen a cada uno de ellos. Esto permite que las reflexiones –aunque tengan como punto de inicio la regulación prevista por el ordenamiento español– puedan ser adaptadas y aplicadas a las realidades de otros sistemas jurídicos, particularmente a los latinoamericanos, que como es por todos conocido, han sido y son influenciados en gran medida por las tendencias que emanan desde España.

Estructuralmente, la obra se encuentra dividida en siete temas, abordando en ellos desde los orígenes del enjuiciamiento y el proceso hasta los actos procesales, pasando por los conceptos fundamentales del Derecho Procesal, los derechos fundamentales de los justiciables y una explicación de la estructura orgánica del sistema jurisdiccional español. Con todo esto, al autor cumple sobradamente su objetivo de proporcionar al lector la información y el análisis adecuado y suficiente para introducirse en el estudio de la disciplina.

El libro trata una infinidad de aspectos sobre el Derecho Procesal, no siendo posible para los fines de esta reseña dar cuenta de todos ellos –ni tampoco es nuestra intención privar al lector de descubrir por sí mismo cada uno de los aportes que él contiene–, sin perjuicio de lo cual, pasaremos a detallar algunas cuestiones de interés que quedan en evidencia con el correr de las páginas, a modo de ilustrar acerca de los temas con los que se encontrará quien aborde la obra.

Para comenzar, el autor se vuelca hacia los orígenes del enjuiciamiento, explicando tanto las razones de su aparición como la forma en que ello ayudó a alcanzar la pacificación social, a partir de lo cual identifica a la heterotutela como uno de los catalizadores del desarrollo del género humano y de las sociedades. Además, en esta sección da cuenta de una reseña histórica del origen científico del estudio del Derecho Procesal, trabajo sumamente novedoso gracias al cual se puede establecer –contra la opinión doctrinal dominante– que esta rama del Derecho alcanzó su autonomía científica mucho antes del siglo XIX. De hecho, ya ocupaba un lugar separado en las Instituciones de Gayo o en las Partidas, siendo posible encontrar algunas de sus nociones fundamentales, como la cosa juzgada o la carga de la prueba, en textos romanos, visigodos y medievales. Esto enriquece notablemente la explicación y muestra la inclinación de Nieva por la exposición del desarrollo histórico de las instituciones procesales, toda vez que apuntes similares son incluidos en otros pasajes del libro.

En esta parte inicial, también hace un análisis de las fuentes del Derecho Procesal, dentro de lo que se destaca la mención que, a propósito de la costumbre, se realiza a los usos forenses. Estos , a pesar de la vigencia inobjetable del principio de legalidad, constituyen un conjunto de (malos) hábitos judiciales que en concepto de Nieva conforman un cáncer que amenaza la integridad del sistema procesal, lo que demanda de forma urgente el desarrollo de una labor que uniforme la interpretación de las normas procesales, tarea que debe ser llevada a cabo por un organismo único que publicite las resoluciones que se tomen en relación a estos aspectos. De este modo, se evitaría que los litigantes vean mermado su derecho de defensa a raíz de los usos antojadizos a que se ven enfrentados en la sustanciación de sus asuntos y que varían de tribunal en tribunal. Asimismo, en relación con las fuentes del Derecho Procesal, el autor destaca que con el hecho de considerar a la jurisprudencia como una más de ellas también se pone en jaque al principio de legalidad, sin perjuicio de lo cual no es posible desconocer que esta cumple un papel de interpretación e integración de las normas procesales, adaptándolas a la realidad social concreta en que se aplican.

Más adelante, la obra entra de lleno en el análisis de los conceptos fundamentales del Derecho Procesal, los que Nieva circunscribe a la jurisdicción y el proceso, planteamiento con el que deja de lado a la acción, a pesar de ser un elemento que usualmente se incluye dentro de esta categoría. Para ello, sostiene que esta última constituye un concepto vacío de contenido que, aun cuando ha recibido una excesiva atención desde el punto de vista doctrinal, carece de todo valor o utilidad práctica.

En este punto, el libro se detiene en el análisis del concepto de jurisdicción, como misión principal del juez, así como en el producto final de ella: el juicio jurisdiccional. Remarca además que la única utilidad del objeto del juicio estriba en distinguir un proceso de otro, siendo uno de los temas prácticos en el que toda dogmatización termina siendo inútil. Por ello, para determinar dicho objeto, más que proceder a ejercicios teóricos, bastará con elaborar un listado de los pronunciamientos principales que tendrá que hacer el juez en el caso concreto.

Sobre el proceso jurisdiccional, Nieva estima que este constituye simplemente la sucesión de actos que posibilitan la declaración de la jurisdicción, siendo también un asunto en que la excesiva teorización carece de trascendencia. De hecho, destaca que el proceso constituye un concepto en sí mismo, razón por la cual no es posible asimilarlo a otras figuras jurídicas.

Luego, el autor se dedica a analizar las garantías de la jurisdicción, señalando que para el correcto funcionamiento de ella es necesario respetar la independencia de los jueces, como poder del Estado y como personas individuales; establecer un sistema que permita hacer exigible la responsabilidad por la prestación de un mal servicio judicial; garantizar la inmediación o intervención directa del juez en las actuaciones judiciales; y velar por la unidad jurisdiccional.

En cuanto a la independencia, resulta muy interesante la construcción de un elenco de elementos e instituciones que deben concurrir para asegurar la ausencia de cualquier influencia ajena al fuero interno del juez y que pueda condicionar sus decisiones. En este punto, además del tratamiento de los aspectos usuales en la materia –como las necesarias referencias a la inamovilidad, exclusividad e inmunidad–, el autor aprovecha para subrayar la importancia de la predeterminación legal de los jueces y su competencia, reivindicando la existencia de juzgadores con competencia genérica y mostrándose en contra de que estos devengan en superespecializados. De la misma manera, sostiene que los jueces no pueden estar sometidos a los precedentes, ya que la propia legislación prohíbe a los tribunales superiores dar instrucciones a los inferiores. Por último, también respecto a esta garantía, Nieva no deja de mencionar que es esencial que los jueces cuenten con la debida independencia económica, siendo indispensable que sus sueldos no solo sean dignos, sino que alcancen un monto suficiente para evitar cualquier tipo de actos de corrupción.

Posteriormente, es posible encontrar el que, desde mi perspectiva, constituye el aporte más sobresaliente e innovador de la obra en comento. Esto porque en el Tema 4 –destinado al estudio de los derechos fundamentales, los principios de la jurisdicción y las formas del procedimiento– el autor nos presenta una sistematización completamente original de los derechos fundamentales de los justiciables, que se concreta en una trilogía básica de derechos procesales, que no solo resulta fácilmente comprensible y manejable, sino que encuentra pleno asidero en las razones que le llevan a concebirla. Además, se trata de una ordenación en la que cada uno de los derechos se establece como un requisito previo necesario para la vigencia del siguiente, siendo una concepción que muestra una perfecta sincronía con el desarrollo material de los procesos judiciales. Así, se propone que el cúmulo disperso y desordenado de derechos procesales contenidos en Declaraciones de Derechos, Tratados Internacionales y Cartas Fundamentales sea reconducido y condensado en solamente tres: derecho al juez imparcial, derecho de defensa y derecho a la cosa juzgada.

Respecto al primero de ellos, destaca que el juez debe ser, sentirse y parecer imparcial, haciendo un repaso de las causales que permiten apartarlo del conocimiento de un asunto, aspecto sobre el cual se manifiesta a favor de la aplicación analógica de los motivos de parcialidad y/o de la ampliación de los mismos, permitiendo, por ejemplo, que un juez pueda ser recusado por haber incurrido en comportamientos airados con las partes.

En lo que dice relación con el derecho de defensa, sostiene que este exige que los litigantes tengan la posibilidad de realizar sus alegaciones y probarlas de forma suficiente para sustentar su pretensión. Es, por tanto, un derecho que plantea exigencias que no pueden cumplirse en ausencia de una tutela judicial efectiva ("La defensa es tutela y la tutela es defensa"), sin que las partes, v. gr., sean tratadas con igualdad, gocen de asistencia letrada, puedan presentar sus pruebas o conocer las razones que han llevado al tribunal a sentenciar en un sentido determinado. En total, se trata de nueve derechos que conforman el núcleo esencial del derecho de defensa y que permiten que los litigantes cuenten con las mejores condiciones para hablar en un proceso a favor de su derecho.

Por último, el derecho a la cosa juzgada, en palabras simples, implica la prohibición de la reiteración de juicios, siendo una garantía que tiene una vigencia temporal posterior a los derechos antes mencionados, que protege no solo a los litigantes, sino que al sistema jurídico en su conjunto.

Después, Nieva estudia los principios de la jurisdicción, cuya consagración en distintos Estados y momentos históricos ha querido ser vista como una expresión de los sistemas políticos imperantes, postulado al que le resta total validez, pues sostiene que en definitiva el proceso se orientará según el principio dispositivo o de oficialidad, o de aportación de parte o inquisitivo, por simples razones de eficiencia, mismas consideraciones que llevan a decidir la forma que se le conferirá al procedimiento.

A continuación, la obra se introduce en el análisis de los aspectos orgánicos del sistema judicial español, pasando revista a los profesionales (jueces, secretario judicial, Ministerio Fiscal, abogados, etc.) y órganos (españoles, propios de la UE e internacionales) que intervienen en la actividad jurisdiccional, examinando también la cooperación entre ellos y la solución de conflictos de jurisdicción. Si bien estos temas son usualmente considerados como el aspecto más árido del Derecho Procesal, el autor realiza una exposición ágil de los mismos, matizado por la presentación de cuadros que explican la tramitación de los asuntos ante los distintos órdenes y órganos, por lo que resultan muy ilustrativos para comprender el funcionamiento del sistema hispano.

Finalmente, el libro cierra con un capítulo destinado a los actos procesales, en el que se tratan, entre otras cosas, los tipos de resoluciones judiciales, los plazos y la forma de los actos de comunicación o notificaciones, destinando asimismo algunas páginas a analizar el tema del idioma en el que deben llevarse a cabo todas estas actuaciones, dada la realidad plurilingüe que se vive en España. Sobre dicho aspecto, da cuenta de la existencia de una situación caótica a nivel normativo, que no posibilita el pleno uso del derecho de opción lingüística que se le ha reconocido a los litigantes.

Así las cosas, y luego de este rápido recorrido por algunos de los tópicos que son recogidos en la obra, podemos sostener –a modo de síntesis– que la riqueza de contenidos, la claridad de la exposición y los análisis particulares del autor hacen de este un libro de consulta ineludible para todos los estudiosos del Derecho Procesal, que busquen refrescar sus conocimientos o pretendan darle una nueva mirada a temas que parecen agotados, pero que gracias al aporte científico del Dr. Jordi Nieva es posible contemplar a través del prisma de los tiempos que corren.

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons