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Revista chilena de derecho

versión On-line ISSN 0718-3437

Rev. chil. derecho vol.41 no.2 Santiago ago. 2014

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372014000200001 

EDITORIAL

 

Juan Luis Goldenberg Serrano*

* Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile. Correo electrónico: jgoldenb@uc.cl.


 

Se tratan estas de las primeras palabras que me corresponde escribir en mi calidad de Director de la Revista Chilena de Derecho. En tal sentido, creo que resulta pertinente dar cuenta de mis agradecimientos a los profesores Roberto Guerrero, Carlos Frontaura y Gabriel Bocksang, quienes conforman la Dirección de la Facultad de Derecho UC, y me han honrado con la asignación de este cargo, que, por supuesto, asumo con plena conciencia del compromiso que ello implica tanto para nuestra facultad como para la comunidad jurídica en general. Creo que es justo agradecer también a todos quienes han trabajado y trabajan en esta publicación, por haber logrado situarla en el destacado lugar donde actualmente se encuentra, siempre sobre la base de un trabajo dedicado y acucioso, en que se ha pretendido contribuir a la discusión respecto al más amplio catálogo de materias que conforman el Derecho.

En tal sentido, creo que uno de nuestros principales sellos ha estado dado por la preocupación en abordar nuevas tendencias doctrinales, jurisprudenciales y legales, de manera de ofrecer un espacio a los autores que desean mantenerse en la vanguardia con la expresión de su quehacer científico. En razón de lo anterior, me parece necesario ocupar este breve espacio para efectuar una reflexión sobre un punto que me parece relevante, y así abrir un debate sobre cierta normativa que ha entrado o entrará prontamente en vigor en nuestro país.

En los últimos tiempos, la tramitación de un conjunto de proyectos modificatorios a la legislación vigente ha presentado un ritmo bastante vertiginoso, especialmente en lo que se refiere a diversas órbitas del Derecho privado patrimonial. La nueva normativa de seguros (Ley No. 20.667, de 9 de mayo de 2013), sobre protección a deudores de créditos en dinero (Ley No. 20.715, de 13 de diciembre de 2013), y de reorganización y liquidación de activos de empresas y personas (Ley No. 20.720, de 9 de enero de 2014), entre otras, se han sumado a iniciativas anteriores que han buscado una adecuación de la regulación financiera aplicable en nuestro entorno. Y lo han hecho poniendo especial énfasis en un sistema tutelar al consumidor, aun cuando en sus disposiciones se omita expresamente esta referencia.

La nueva regulación de seguros gira en torno a esta idea. Ello no solo se aprecia desde la multiplicidad de discusiones sobre el punto que tuvieron lugar durante su tramitación legislativa, sino que ha quedado reflejado en una gran variedad de artículos en el Código de Comercio. Si bien esta cuestión ya se había anticipado desde la incorporación del denominado "Sernac Financiero" (Ley No. 20.555, de 4 de marzo de 2012), las reglas se formulan de manera paralela y no siempre en coordinación con la normativa general de protección al consumidor. Por ello, llama la atención que, si bien esta tutela terminó siendo uno de sus principales objetivos, se haya omitido cualquier referencia expresa a la Ley No. 19.496.

Similar ocurre con la Ley No. 20.715, pero de manera algo particular. Si bien por medio de ella se han modificado directamente ciertas normas de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (principalmente en lo relativo a las cobranzas extrajudiciales), existe un mayor nivel de preocupación respecto a un cierto grupo de créditos que habitualmente es tratado a nivel de "crédito de consumo" (o "crédito al consumo"). Nos referimos a las operaciones de crédito de dinero por montos iguales o inferiores a 200 unidades de fomento, para los cuales se disponen reglas especiales para la determinación de la tasa máxima convencional (siempre que no sean reajustables y su plazo de vencimiento sea igual o superior a noventa días), al tiempo en que se impide hacer exigible la obligación en forma anticipada, sino una vez cumplidos sesenta días corridos desde que el deudor incurra en mora o simple retardo en el pago. En estos casos, si bien la regulación nuevamente se sitúa en la órbita del consumo, carece de identificación expresa del deudor como consumidor y del acreedor como proveedor de productos o servicios financieros.

Un último ejemplo se encuentra en la Ley No. 20.720, que innova en materia concursal al establecer procedimientos diferenciados para empresas y personas. Respecto a estas últimas, las "personas deudoras", definidas residualmente por la ley como toda persona natural que no califique como empresa deudora, se admitirá un procedimiento administrativo de renegociación de deudas y un procedimiento bastante simplificado de liquidación de bienes. No obstante, nuevamente se identifica a este sujeto especial con prescindencia de su caracterización como consumidor, de tal suerte que la persona deudora pasa a ser cualquier persona natural que tribute conforme al artículo 42, número 1, de la Ley de la Renta, o quien simplemente no tribute de conformidad a dicha regulación en primera o segunda categoría.

El movimiento, sin embargo, está lejos de cesar. Por una parte, a contar del "caso Cencosud", se han sucedido intentos reglamentarios y legislativos para abordar el problema de la modificación de los contratos de adhesión, sin caer en las limitaciones de las cláusulas abusivas (el último, el borrador de "Reglamento sobre los medios y condiciones a través de los cuales se manifiesta la aceptación del consumidor para la celebración, modificación o término de contratos de adhesión de productos y servicios financieros", de los ministerios de Economía, Fomento y Turismo y de Hacienda, en consulta ciudadana hasta el 18 de agosto de 2014), al tiempo en que se ha iniciado la discusión de un proyecto que esencialmente pretende cambiar el diseño institucional del Servicio Nacional del Consumidor (Boletín No. 9369-03).

Al respecto, parece pertinente que el legislador aproveche esta oportunidad para una revisión general del fenómeno del consumo, en todas sus dimensiones, incluyendo también la mecánica del endeudamiento y la lógica del sobreendeudamiento. Una orientación que siga tocando teclas de manera aislada puede terminar provocando graves problemas de interpretación, que podrán ser utilizados para escapar de la lógica protectora de este tipo de regulación.

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