Se sostiene, casi sin discusión por la mayoría de la doctrina, que la Santa Sede es un sujeto de Derecho Internacional no solo por su primado espiritual universal como institución suprema de la Iglesia Católica, sino que, ante todo, en virtud de sus poderes temporales y como soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, correspondiéndole y poseyendo, en consecuencia, todos los derechos y atributos propios de tales sujetos.

Sin embargo, y pese a lo anterior, se ha suscitado en Italia un agitado debate mediático respecto del cambio del orden de precedencia del ordenamiento jurídico interno de dicho país dentro de las fuentes del derecho del Estado de la Ciudad del Vaticano, cuando la Santa Sede, precisamente utilizando esa misma personalidad y capacidad jurídica, ha procedido a modificar su propia normativa interna, promulgando la nueva Ley sobre las Fuentes del Derecho, continuando, según las palabras del Papa Benedicto XVI, “con la adecuación de la normativa del Estado de la Ciudad del Vaticano”, iniciada en el año 2000 con la publicación de la Ley Fundamental promulgada el 26 de noviembre de ese mismo año.

Este es el tema que pretendemos analizar en este artículo, de modo tal de responder la interrogante de si la Santa Sede ha modificado de alguna manera y en forma unilateral los Acuerdos de Letrán, al efectuar tal adecuación a su normativa interna. Para tal efecto se procederá, primeramente, a un breve análisis histórico de cómo se llegó en el año 1929 a la firma de los citados Acuerdos por parte del Reino de Italia y la Santa Sede, para posteriormente estudiar, brevemente, la Ley Fundamental de la Ciudad del Vaticano, como la Ley sobre las Fuentes del Derecho, cada una con sus respectivas modificaciones.

Los Acuerdos de Letrán, firmados el 11 de febrero de 1929, por Benito Mussolini y el Cardenal Pedro Gasparri, como plenipotenciarios de Víctor Manuel III y Pío XI, respectivamente, y ratificados cuatro meses más tarde, el 7 de junio, pusieron término a “la Cuestión Romana” surgida en el año 1870 con la anexión de Roma al reino de Italia bajo la dinastía de la Casa de Saboya, normalizándose las relaciones entre la Santa Sede e Italia.

Estos Acuerdos tienen el carácter de bilaterales y fueron recogidos en la nueva Constitución italiana de 1947. Los Acuerdos de Letrán son tres: un Tratado Político, relacionado con las nuevas garantías de independencia pontificia; un Concordato relativo al régimen eclesiástico; y una Convención Financiera, para la regulación de los créditos que la Santa Sede hacía valer en razón de las confiscaciones sufridas por parte del Gobierno italiano.

b) Igualmente, Italia reconoce a la Santa Sede el derecho de legación activo y pasivo, obligándose ambas partes a establecer relaciones diplomáticas. En el hecho, la Santa Sede mantiene misiones diplomáticas en muchos países. Los jefes de misión de la Santa Sede que tienen rango más alto son los nuncios. Respecto de los Estados con los que la Santa Sede no mantiene relaciones diplomáticas, esta envía un delegado apostólico, el cual es representante del Papa ante la Iglesia local.

En el año 1984 tiene lugar en Italia la modificación del sistema constitucional, el cual fue acompañado de la revisión de los Acuerdos de Letrán. Es así como el 18 de febrero del citado año 1984 se anuncia, con toda solemnidad por la Presidencia del Consejo de Ministros en la Sala Giulio Romano de Villa Madama, que entre la Santa Sede e Italia se firmaría un acuerdo, el que aportaría modificaciones al Concordato Lateranense.

Respecto de esta modificación, se ha estimado que tres serían los presupuestos que las habrían motivado, los cuales vienen enunciados en el preámbulo del nuevo Acuerdo. El primero, que constataba una realidad en ebullición que era la transformación social, política y religiosa realzada por los acontecimientos ocurridos en Italia y por las consecuencias derivadas del Vaticano II en la Iglesia. El segundo, decía relación con la incidencia de los principios tanto de la Constitución italiana como de las declaraciones conciliares sobre la libertad religiosa y las relaciones entre la Iglesia y el Estado, así como de la nueva codificación del año 1983. El tercer presupuesto, que para los efectos de este estudio resulta ser el más importante, decía relación con la exigencia del común acuerdo para modificar los Pactos de Letrán, el cual marca una vía normativa a seguir.

La razón principal del tercer presupuesto estribaría en que este incidía claramente en las coordenadas que enmarcaban el régimen precedente, a saber, la Constitución Republicana del año 1947 y el régimen Lateranense del año 1929, el cual venía fijado fundamentalmente por los tres Pactos de Letrán, en donde la vigencia de estos estaba –y sigue estando– garantizada en el artículo 7° de la Constitución italiana. Ahora bien, la permanencia de las normas vigentes con anterioridad al nuevo movimiento político italiano de     democracia y a la actual Constitución republicana planteaba una serie de cuestiones de mutua correlación. La dificultad de resolverlas se agudizaba toda vez que la regulación precedente pertenecía al orden internacional, cuales eran los Pactos de Letrán. Nada extraño si se tiene en cuenta la gran disparidad de épocas en que habían nacido los Pactos y se había promulgado la Constitución. Un contraste de principios y disposiciones parecía, a primera vista, previsiblemente inevitable.

Para llegar a una solución airosa en esta materia, se mantuvieron dos principios permanentes por ser irrenunciables y se procedió a innovar un principio que hasta aquel momento era considerado fundamental. Por ello se mantuvo el principio de que el Estado y la Iglesia Católica son independientes y soberano cada uno en su orden, tal como se venía y se sigue enunciando en el artículo 7° de la Constitución italiana, e igualmente el principio complementario relativo a la recíproca colaboración en la promoción del hombre y el bien del país. A la par, empero, se introdujo un nuevo principio innovador, el de la aconfesionalidad del Estado, al considerarse sin vigor en adelante el principio anteriormente mencionado en los Pactos Lateranenses, de que la Religión Católica era la única del Estado italiano.

En consecuencia, puede estimarse razonablemente que el Acuerdo de Modificación del Concordato de Letrán ha merecido una muy positiva valoración final, ya que conforme a los principios enunciados precedentemente, se fueron desarrollando y solventando las cuestiones concretas que se presentaban relativas a temas tales como la libertad organizativa de la Iglesia; el matrimonio; la enseñanza; la asistencia espiritual y el patrimonio cultural, entre otros.

En efecto, desde la perspectiva institucional italiana se da entrada por él a un nuevo sistema Constitucional político-religioso: el de la aconfesionalidad del Estado. Desde la perspectiva concordataria, se subroga el Concordato de Letrán por un acuerdo plenamente postconciliar.

Ley sobre las Fuentes del Derecho del Estado de la Ciudad del Vaticano del 7 de junio de 1929 y su modificación del año 2008.

El Estado del Vaticano posee un ordenamiento autónomo dirigido a tutelar y llevar a cabo los fines propios de la Santa Sede, de esta forma una serie de leyes de rango fundamental conocidas como Acta Apostolicae Sedis, se ocupan de los aspectos constitucionales, fuentes de Derecho, ciudadanía, ordenación administrativa, regulación económica, comercial y profesional y seguridad pública.

En la letra a) del artículo 1° de la Ley de fecha 7 de junio de 1929, se establecen como fuentes principales del Derecho “el Codex iuris canonici y la Constitución Apostólica”, y en la letra b) del citado artículo, “las leyes emanadas para la Ciudad del Vaticano por el Sumo Pontífice o de otra autoridad delegada por él”, y con carácter supletorio las leyes civiles, comerciales, penales y procesales italianas vigentes y las locales de la provincia de Roma con las modificaciones exigidas por los principios generales del Derecho Canónico y por los preceptos del Derecho Divino.

En esta parte, es necesario recordar que con fecha 22 de febrero del año 2001, se procedió a modificar la Ley “Fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano”, de fecha 7 de julio de 1929, promulgada por el Papa Pío XI, mencionada en el párrafo anterior en la letra b) del artículo 1o, señalándose en la introducción de la misma que, “el Sumo Pontífice tomando en consideración la necesidad de dar una forma sistemática y orgánica a los cambios, se ha procedido a su introducción en fases sucesivas en el ordenamiento jurídico de la Ciudad del Vaticano”.

La Ley LXXI sobre las Fuentes de Derecho promulgada con fecha 1 de octubre del 2008 en el Acta Apostolicae Sedis por el Papa Benedicto XVI, sustituye la Ley promulgada el 7 de junio de 1929, después de los Pactos Lateranenses, cuya finalidad es continuar con la adecuación de la normativa del Estado de la Ciudad del Vaticano iniciada el año 2001 con la publicación de la Ley Fundamental, significando un paso más hacia la Constitución de un ordenamiento jurídico propio del Estado del Vaticano, cuya finalidad principal es garantizar la independencia de la Santa Sede de cualquier poder político constituyendo así la estructura central de gobierno de una Iglesia universal.

Respecto a esta nueva Ley, podemos señalar que siguiendo la praxis legislativa post- conciliar de reducir la normativa jurídica a lo esencial, se han reducido de 25 a 13 los artículos. En lo sustancial el cambio más destacado es la situación de privilegio que adquiere el Derecho Canónico entre las fuentes del Derecho, constituyéndose en el primer criterio de referencia para la hermenéutica de la ley, es así como el número 1° del artículo 1° al mencionar las fuentes principales del Derecho señala: “1. L’ordinamento giuridico vaticano riconosce nell’ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo”.

Esta principalidad se basa en la naturaleza instrumental del Estado Vaticano que existe como una garantía fundamental para la libertad de la Santa Sede y como un medio para asegurar la independencia real y visible del Papa en el ejercicio de sus funciones.

A este respecto, el Presidente de la Corte de Apelaciones del Estado de la Ciudad del Vaticano, don José María Serrano Ruiz⁵, señaló que, “esta materia había sido objeto de un amplio debate en la Comisión Preparatoria de la nueva ley y que permitía reconocer la naturaleza autónoma del derecho canónico”.

De lo expuesto sumariamente en los párrafos anteriores, se puede concluir que la finalidad de la nueva Ley sobre las Fuentes del Derecho es un paso más hacia la constitución de un Corpus Vaticanum, es decir, de un ordenamiento jurídico propio, coherente aunque obviamente reducido en comparación a los ordenamientos de las naciones, por la naturaleza específica del Estado de la Ciudad del Vaticano, cuya finalidad fundamental es garantizar la independencia de la Santa Sede del poder político de un Estado concreto, siendo estructura central de gobierno de la Iglesia universal.

Asimismo, la resolución del Estado Pontificio de dictar esta nueva ley, reemplazando a la que existía desde 1929, respondería a hechos como la legalización del divorcio o la decisión del Tribunal Supremo de Italia de permitir que se dejara de alimentar a la joven Eluana Englaro, en coma desde hacía 16 años, pero también se adelanta a futuras leyes que pudieren afectar a lo que tradicionalmente entendemos por familia.

En consecuencia, esta nueva Ley sobre las Fuentes del Derecho constituye un impulso adicional al ya dado en el año 2001 por la modificación de la Ley Fundamental de la Ciudad del Estado del Vaticano, al desarrollo de una legislación autónoma relativamente completa que pueda expresar los valores que animan a la comunidad vaticana. Ciertamente ha sido un proceso lento y articulado, como ha quedado de manifiesto en los párrafos anteriores, el cual comenzó en el año 1984 con la modificación del Tratado de Letrán.

Rodríguez de Cortázar, Joaquín (1924): “La Cuestión Romana”, La Gaceta Literaria.

Llanos Mancilla, Hugo (1980): “Teoría y Práctica del Derecho Internacional Público” (Santiago, Editorial Jurídica de Chile) Tomo II.

Benadava, Santiago (1976): Derecho Internacional Público (Santiago, Editorial Jurídica de Chile) 448 pp.

Serrano Ruiz, José María (2008): “Leggi italiane, lo Stato della cittá del Vaticano non le recibirá piú”, L’Osservatore Romano, 31 de diciembre de 2008.