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Revista chilena de derecho

versión On-line ISSN 0718-3437

Rev. chil. derecho v.33 n.1 Santiago abr. 2006

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372006000100014 

  Revista Chilena de Derecho, vol. 33 N°1, pp. 195 - 196 [2006]

BIBLIOGRAFÍA

 

BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, Derechos y decisiones interpretativas (Marcial Pons-Universidad Carlos III de Madrid. Instituto Bartolomé de las Casas, Madrid, 2004, 158 pp.


El libro que se reseña contiene un interesante y completo estudio sobre la interpretación judicial y en especial sobre la que tiene como objeto a las normas iusfundamentales de la Constitución, cuyo intérprete máximo es el Tribunal Constitucional. Desde luego, los derechos fundamentales son considerados aquí en su aspecto normativo, esto es, como normas jurídicas y de una clase especial, las contenidas en la norma de superior jerarquía del ordenamiento jurídico.

El trabajo se divide en cuatro capítulos en los cuales la exposición se desarrolla a través de una aproximación gradual al tema central. Ello se traduce en que el estudio comprende primero el análisis general de los problemas que se presentan en la interpretación jurídica, luego se refiere a los propios de la interpretación constitucional y finalmente a los que constituyen el objeto central, la interpretación de los derechos fundamentales. De esta manera, se va fijando el contexto y delimitando el objeto de estudio, entregando los elementos que permitirán su cabal comprensión.

En los capítulos I y II, la autora repasa las distintas concepciones y las diversas propuestas existentes en la literatura sobre el tema, dibujando un cuadro completo de la interpretación para luego centrarse en la interpretación judicial y los acuciantes problemas que presenta para el constitucionalismo, en especial los de la legitimidad de las decisiones judiciales, y concluir con una propuesta de solución.

Se parte de la premisa de que los jueces al aplicar el Derecho, realizan una labor interpretativa -la "interpretación operativa"- en la cual hay creación de Derecho. A partir de ahí se identifican las interrogantes que se plantean al constitucionalismo contemporáneo, dentro de ellas, el cómo se legitima la actuación del Tribunal Constitucional y cuáles son los límites que pueden afectarle en su actuación. En otras palabras, estamos ante un organismo de carácter judicial, que al decidir los asuntos de su competencia crea Derecho y resulta acucioso preguntarnos sobre la legitimidad de sus decisiones, aparentemente sustraídas al control social.

En el capítulo III, trata de las decisiones interpretativas mediante las cuales se fija el sentido de las normas constitucionales que consagran los derechos fundamentales. Se abordan las cuestiones de legitimidad, alcance y límites de las decisiones del Tribunal Constitucional. El interés y los problemas de esta interpretación radican en que las decisiones judiciales no son susceptibles de control jurídico alguno y, especialmente, cuando se "superponen" a las del órgano legislativo y adquieren un carácter prevaleciente dentro del ordenamiento jurídico.

El capítulo IV está destinado a analizar la justificación y el control de las decisiones del Tribunal Constitucional. Este es un órgano que actúa dentro de sus competencias y de acuerdo a procedimientos preestablecidos, por tanto, se cumplen a su respecto los criterios de validez de las decisiones interpretativas, que solo pueden ser formales. El problema se presenta en lo que hace relación con los resultados de esa actuación, esto es, con los criterios de justificación de sus decisiones, circunstancia que vincula, la legitimidad, en este caso, de ejercicio, con la argumentación judicial y el ideal de certeza. Esta cuestión adquiere especial relevancia cuando el referido órgano efectúa el control constitucional de las leyes, esto es, de las normas cuya legitimidad tiene base democrática y cuando sus decisiones no son susceptibles de otro control jurídico.

Si bien las sentencias del Tribunal Constitucional no son susceptibles de control jurídico alguno, están sujetas al control social y especialmente al control que se lleve a cabo desde la academia.

Las tesis que defiende la autora son, por una parte que los jueces crean Derecho, es decir, en la interpretación hay "una decisión" acerca del sentido de los enunciados normativos. Por otro lado, el carácter normativo de la Constitución y su carácter vinculante para ciudadanos y poderes públicos. De ahí la importancia de la determinación de los problemas que se presentan, para esta concepción, la legitimidad y el control.

La justificación de la decisión interpretativa es una exigencia que facilita el control social. La legitimidad de las decisiones judiciales, sostiene la autora, provendrá, por un lado, de la exigencia de motivación y de la racionalidad de los contenidos de las sentencias y por el otro, de la democracia. Es decir, no se trata solo de requisitos formales, sino también materiales. La primera lleva implícita la exigencia de coherencia y la manifestación de los métodos utilizados en la interpretación. La importancia de la segunda, en cambio, se ve relegada a un segundo plano, pues preocuparse e intentar resolver los problemas que plantea su preeminencia sobre el legislativo y sobre las mayorías, no resuelve el asunto de la justificación.

La legitimidad del Tribunal Constitucional hay que buscarla "en su actuación jurisdiccional", razón por la cual, los requisitos propuestos inciden en la argumentación judicial. Así, resulta necesaria motivación de las decisiones judiciales y hacer explícita en ella la teoría de la interpretación que guía la actuación judicial, de manera que el Tribunal Constitucional quede vinculado por su estrategia interpretativa.

Finalmente, el libro que se reseña es un instrumento útil para dimensionar la labor del Tribunal Constitucional desde el constitucionalismo democrático. Y no solo desde el punto de vista teórico, pues esas reflexiones que se hacen desde la Filosofía del Derecho, resultan útiles a los destinatarios del Derecho, entre los cuales están obviamente los operadores jurídicos.

MARCELA AHUMADA CANABES
Magíster en Derecho Público,
Pontificia Universidad Católica de Chile Doctoranda en Filosofía del Derecho,
Universidad Carlos III de Madrid

 

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