Money laundering and public corruption. Interpretation proposal of art. 346.3 of the Cuban Criminal Code

López Rojas, Dayan Gabriel; Martínez Montenegro, Isnel; Bertot Yero, María Caridad; López Rojas, Dayan Gabriel; Martínez Montenegro, Isnel; Bertot Yero, María Caridad

doi:10.4067/S0718-33992019000200385

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Política criminal

On-line version ISSN 0718-3399

Polít. crim. vol.14 no.28 Santiago Dec. 2019

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-33992019000200385

Artículos

Lavado de activos y corrupción pública. Criterios de interpretación del art. 346.3 del Código penal cubano

Money laundering and public corruption. Interpretation proposal of art. 346.3 of the Cuban Criminal Code

Dayan Gabriel López Rojas¹

Isnel Martínez Montenegro²⁴

María Caridad Bertot Yero³

^¹ Doctor en Ciencias Jurídicas, Universidad de La Habana. Profesor Auxiliar de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad de Matanzas. Cuba. dayan.lopez@umcc.cu

^² Doctor en Derecho, Universidad de Valencia. Académico de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Chile. imartinez@academia.cl

^³ Especialista en Derecho Penal, Universidad de La Habana. Magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de Cuba. Cuba. mariacb@tsp.gob.cu

^⁴ Académico de la Universidad de las Américas. Chile

Resumen:

En este trabajo se analiza el alcance posible de la agravación del delito de lavado de activos en el Código penal cubano, que opera cuando los actos de blanqueo se asocian a la corrupción. Por una parte, se evalúa la oportunidad político-criminal de este subtipo; y, por otro lado, ante la inexistencia de pronunciamientos jurisprudenciales al respecto, se plantean propuestas interpretativas sobre de esta modalidad típica en aras de armonizar el principio de vigencia con el respeto a los principios de ofensividad, legalidad y non bis in idem.

Palabras clave: lavado de activos; corrupción pública; principios político-criminales; garantías penales; interpretación teleológica

Abstract:

This paper analyzes the possible meaning and scope of the aggravation of the crime of money laundering in the Cuban Criminal Code, which operates when money laundering acts are associated with corruption. On the one hand, the political-criminal opportunity of this subtype is evaluated; and in the absence of jurisprudential pronouncements in this regard, proposals for interpretation on the legitimate scope of this typical modality are proposed, which attempt to harmonize the principle of validity with respect for the principles of offensiveness, legality, and non bis in idem.

Key words: Money laundering; public corruption; criminal policy principles; criminal guarantees; reasonable interpretation

1. Justificación del estudio

El concepto de corrupción se está expandiendo como consecuencia de los vínculos que se establecen entre ese fenómeno, la criminalidad económica y el crimen organizado. Esta élite delincuencial desarrolla no pocas iniciativas de soborno para penetrar e influir sobre el poder político o sobre la economía de los Estados;^¹ de modo que, respecto a la corrupción histórica o tradicional, la corrupción contemporánea exhibe nuevos perfiles, pues las figuras delictivas ligadas a ella se interrelacionan ahora con otras formas de la delincuencia, como el fraude fiscal a gran escala o el lavado de activos.^²

Las interconexiones criminológicas entre la corrupción y el lavado de activos, sobre las que se centrará este trabajo, han captado la atención de las principales iniciativas internacionales que se proyectan hacia la prevención y persecución de estas manifestaciones del crimen. Así, en el Preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se alude a “los vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero”;^³ aspecto que había sido resaltado desde 1996 por la Convención Interamericana contra la Corrupción, en el sentido de que “a menudo, la corrupción es uno de los instrumentos que utiliza la criminalidad organizada con la finalidad de materializar sus propósitos”.^⁴

En esa línea, y al hilo de las pautas internacionales que trazan los instrumentos de alcance global y regional, se ha ido configurando un modelo legislativo que tiende a incluir, de forma expresa, a los denominados delitos de corrupción dentro del catálogo de infracciones determinantes del blanqueo.^⁵ La experiencia internacional demuestra que esta clase de delitos genera ingentes ganancias, que para ser disfrutadas tranquilamente por sus comisores requieren ser sometidas a un proceso de lavado de su origen oscuro. Ello genera importantes riesgos de distorsión socioeconómica; de modo que la presencia de este segmento de la criminalidad en el cuadro de delitos previos del lavado es totalmente legítima. En apoyo de esta tendencia legislativa se muestra un sector de la doctrina, en el entendido que la persecución y sanción del reciclaje del producto de esta clase de hechos también constituye una pieza clave en la lucha integral contra la corrupción.^⁶

En este contexto de internacionalización del Derecho penal, en el que la política criminal adoptada por los Estados está absolutamente influenciada por los dictados de organismos supranacionales,^⁷ el Consejo de Estado de la República de Cuba dictó el Decreto-Ley Nº 316, de 7 de diciembre de 2013 “Modificativo del Código Penal y de la Ley contra Actos de Terrorismo” (en lo adelante, DL 316/2013), que ante la “necesidad de atemperar la legislación penal a los compromisos internacionales asumidos por nuestro Estado y Gobierno en la lucha contra el terrorismo y el lavado de activos”,^⁸ introdujo una modificación sustancial al delito de lavado de dinero, introducido por vez primera en el ordenamiento penal patrio de la mano de la Ley 87/1999. El vigente art. 346 del Código Penal cubano (en lo adelante, CP) exhibe la siguiente redacción:

“Artículo 346.1. El que adquiera, convierta, transfiera, utilice o tenga en su poder recursos, fondos, bienes, derechos, acciones u otras formas de participación a ellos relativos, o intente realizar estas operaciones, con el propósito de ocultar o disimular su origen ilícito, o con conocimiento o debiendo conocer, o suponer racionalmente por la ocasión o circunstancias de la operación, que proceden directa o indirectamente de actos relacionados con el crimen organizado, la delincuencia trasnacional, el tráfico de artículos robados, o con los delitos de tráfico ilícito de drogas, fabricación, tráfico ilícito de armas, sus piezas o componentes, tráfico o trata de personas, venta y tráfico de menores, extorsión, terrorismo, financiamiento al terrorismo, proxenetismo, corrupción de menores, cohecho, exacción ilegal y negociaciones ilícitas, tráfico de influencias, estafa, falsificación de moneda, tráfico ilegal de monedas, divisas, metales y piedras preciosas, contrabando, trasmisión, tenencia ilegal de bienes del patrimonio cultural y falsificación de obras de arte, sacrificio ilegal de ganado mayor, falsificación de documentos públicos, falsificación de documentos bancarios y de comercio, evasión fiscal, insolvencia punible, enriquecimiento ilícito, malversación, apropiación indebida, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, lesiones graves, homicidio, asesinato, privación ilegal de libertad, toma de rehenes, robo con fuerza en las cosas, robo con violencia o intimidación en las personas y hurto, incurre en sanción de privación de libertad de cinco a doce años. 2. En igual sanción incurre el que encubra, oculte o impida la determinación real de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o propiedad verdadera de recursos, fondos, bienes o derechos a ellos relativos, a sabiendas, o debiendo conocer o suponer racionalmente, por la ocasión o circunstancia de la operación, que procedían de los actos referidos en el apartado anterior. 3. El que cometa los delitos previstos en los apartados anteriores, formando parte de un grupo organizado, o cuando estos constituyan actos asociados a la corrupción o que dañen la flora o la fauna especialmente protegida, incurre en sanción de privación de libertad de siete a quince años. 4. Si los hechos referidos en los apartados que anteceden se cometen por ignorancia inexcusable, la sanción será de dos a cinco años de privación de libertad. 5. Los delitos previstos en este artículo se sancionan con independencia de los cometidos en ocasión de ellos”.

A la comentada reforma le precedió un panorama caracterizado por la escasísima incidencia práctica de este delito; pues de acuerdo al Informe de Evaluación Mutua de la República de Cuba, publicado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), desde su inclusión en el CP y hasta el mes de septiembre de 2014 sólo se habían enjuiciado en el país dos casos de lavado de dinero.^⁹ Sin embargo, con posterioridad a la modificación operada ex DL 316/2013, se han conocido por los tribunales cubanos 13 casos de lavado de activos; según ponen de relieve las estadísticas judiciales del Tribunal Supremo Popular al término del año 2018.

Aunque la configuración actual del tipo de lavado muestra mejoras sustanciales respecto a la que exhibía la Ley 87/1999,^¹⁰ no son menos los desaciertos que cabe atribuir al resultado normativo devenido de la reforma. Y es que el legislador de 2013, sometido a las presiones del GAFI,^¹¹ se centró en reverenciar los estándares internacionales de penalización del blanqueo y no prestó demasiada atención al empleo de una técnica legislativa rigurosa; por lo que no es de extrañar que el vigente art. 346 del CP plantee múltiples disfunciones político-criminales y dogmáticas, que se traducen en problemas interpretativos y de aplicación. Pero el análisis de estas cuestiones desborda el objeto del presente trabajo, que tiene un ámbito más limitado. Comoquiera que los tribunales cubanos no se han pronunciado todavía sobre esta figura derivada, aquí se persiguen dos objetivos fundamentales: en primer lugar, evaluar la oportunidad político-criminal de la agravación que opera cuando los actos de lavado “se asocian” a la corrupción (art. 346.3 del CP); y, por otro lado, en respeto al principio de vigencia,^¹² sugerir una propuesta de interpretación sobre el alcance legítimo de esta modalidad típica y sus posibilidades aplicativas, en sintonía con los principios de ofensividad, legalidad y non bis in idem, para lo cual se tomarán en cuenta los problemas concursales que pueden plantearse entre este subtipo de lavado y aquellas figuras penales que sancionan actos de corrupción pública.

Aquí se entiende, como premisa, que cuando el legislador alude en el art. 346.3 del CP a los “actos asociados a la corrupción”, se está refiriendo exclusivamente a las manifestaciones de corrupción pública, pues la corrupción privada o corrupción en los negocios (cuyos efectos nocivos no inciden sobre el correcto ejercicio de la función pública), carece de una respuesta legislativa específica en el CP, al menos en el sentido demandado por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (cfr. art. 21), que sugiere tipificar como delito el soborno activo y pasivo en el sector privado.^¹³

2. Precisiones terminológicas y de política criminal vinculadas al lavado de activos y a la corrupción pública

Antes de entrar a analizar las cuestiones que permitirán cumplimentar los objetivos propuestos, conviene tomar partido respecto al alcance de las categorías lavado de activos y corrupción pública, sobre las que se encuentran múltiples definiciones; y, asimismo, realizar un somero bosquejo sobre el sentido de la Política criminal que subyace a las respuestas penales diseñadas para enfrentar estos fenómenos criminológicos.

Aquí se parte de que el lavado de activos -también denominado blanqueo de dinero o capitales, reciclaje, legitimación, legalización, reconversión, etc.- es aquel “proceso o conjunto de operaciones mediante el cual los bienes o el dinero resultantes de actividades delictivas, ocultando tal procedencia, se integran en el sistema económico y financiero”.^¹⁴

El surgimiento y concreción de esta figura delictiva nace en el marco de la estrategia criminológica trazada a nivel internacional para enfrentar el fenómeno del narcotráfico, pues inicialmente sólo se castigaba el aprovechamiento de las ganancias procedentes del tráfico de drogas (narcolavado) con el fin de imposibilitar la materialización de las ingentes ganancias originadas en esa actividad criminal y disuadir a sus comisores.^¹⁵ Sin embargo, el auge de los comportamientos blanqueadores^¹⁶ a la par del desarrollo de la criminalidad organizada^¹⁷ ha conllevado a que actualmente se asuma, con buen criterio, que el lavado de activos es un fenómeno criminal distinto del tráfico de drogas -por más que puedan retroalimentarse entre sí-,^¹⁸ y que su incriminación representa una herramienta útil dentro de la estrategia político-criminal trazada para reaccionar contra las grandes tramas delincuenciales de motivación lucrativa.^¹⁹

Pero si bien el tipo de lavado de activos cumple tales propósitos, no cabe entender que éstos justifiquen por sí solos la naturaleza delictiva de los comportamientos blanqueadores.^²⁰ Su legitimación como figura penal autónoma responde a las perniciosas consecuencias que generan los actos de blanqueo para el orden económico de cualquier país, que pueden llegar a trascender incluso al marco de las relaciones comerciales globalizadas; de ahí que la mayoría de los autores defiendan -incluso cuando optan por alguna variante pluriofensiva- que el lavado de activos es un delito económico.^²¹

En el contexto socioeconomico cubano -y con independencia de la ubicación sistemática del art. 346 CP-, el objeto de tutela que subyace a la prohibición penal de lavar activos parece concretarse en la licitud del tráfico económico y financiero; pues aunque el legislador del DL 316/2013 se limitó a justificar la reforma de este delito en la necesidad de adecuarlo a los estándares internacionales, sin ofrecer referencias que dieran la clave sobre la ofensividad material del fenómeno en el escenario económico cubano; en el Por Cuanto segundo el DL 317/2013, que es la principal norma reguladora del marco preventivo del lavado, se expresa que la armonización de la normativa nacional a los estándares globales persigue en última instancia “preservar la licitud de los fondos que circulan por el país e impedir así que puedan relacionarse con otros provenientes de actividades ilícitas”.

Tal “confesión del legislador” viene a apoyar la tesis aquí defendida: el acceso de ingentes cantidades de activos provenientes de actividades delictivas al circuito económico regular incide sobre la rectoría estatal en la economía -que deriva del art. 9 de la Constitución de la República de Cuba-, en cuya virtud el titular del poder público-político dirige de forma planificada la economía nacional.

Ese intervencionismo estatal sobre la economía nacional abarca el control sobre el tráfico económico y financiero que, en cumplimiento del principio de legalidad, debe desarrollarse con base en capitales lícitos,^²² pues al Estado le interesa mantener delimitadas las fronteras entre el circuito económico lícito y el ilegal, y excluir de la economía regular el flujo de capitales originados en delitos previos que, además de no servir a los intereses generales -por no estar sujetos a tributación-, pueden llegar a contaminar el sistema económico y producir efectos desestabilizadores sobre el mercado, especialmente para la competencia leal entre los competidores y para el sistema financiero. En sintonía con ello, y en tanto que el modelo económico impuesto por la Constitución sólo se garantiza a través de la licitud del tráfico económico y financiero, se entiende que es este específico aspecto del orden económico el bien jurídico tutelado por el art. 346 del CP.^²³

Los efectos socioeconómicos nocivos que el blanqueo genera se maximizan cuando este fenómeno se alía con la corrupción pública, considerada como uno de los grandes obstáculos para el desarrollo y el crecimiento por sus costes económicos, sociales y políticos;^²⁴ y, como bien ha destacado la doctrina, los nexos criminológicos entre ambos fenómenos se focalizan en dos líneas básicas: por un lado, se acude a maniobras corruptas para lavar el producto de un delito previo y, por otro, se recurre a las técnicas de blanqueo para reciclar las ganancias derivadas de la corrupción.^²⁵ La casuística internacional pone de manifiesto cómo los blanqueadores acuden a mecanismos corruptores para lograr legitimar el producto de sus actividades delictivas, y cómo el funcionario corrupto también lava el producto de su delito para poder disfrutar de él sin levantar sospechas sobre su origen, con lo cual se da inicio otra vez al ciclo del blanqueo.

No es posible analizar aquí, con el detenimiento que el asunto merece, todos los aspectos relacionados con el concepto de corrupción pública,^²⁶ pues se trata de un fenómeno social poliédrico y polisémico, que ha sido estudiado y definido desde la Sociología, la Ciencia Política, la Economía, el Derecho, etc. ^²⁷ En lo que respecta a su entendimiento jurídico-penal, baste decir que en líneas generales los criterios de los autores se polarizan según se conceda mayor importancia a la simple desviación del poder, o se exija, además, que el servidor público actúe movido por el interés de lucro propio o ajeno;^²⁸ y ello permite distinguir entre un concepto amplio y uno estricto de corrupción.^²⁹

Una concepción estricta de este fenómeno parte de calificar como tal aquella actuación del servidor público que, con abuso de su posición frente a la Administración, procura obtener un beneficio indebido para sí o para un tercero.^³⁰ Éste ha sido el concepto tradicional de corrupción pública, que centra la atención en el incumplimiento del deber de fidelidad o lealtad del funcionario para con la Administración, de la que él forma parte; y es el que cabe extraer de los estándares internacionales de penalización de la corrupción^³¹ y de la definición que se ofrece de corrupción administrativa en la Ley de la Contraloría General de la República de Cuba.^³²

Pero si se parte de que la Administración es un ente al servicio de los ciudadanos, que debe gestionar los intereses de éstos con sujeción a los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia;^³³ hay que dar la razón a los autores que asumen un concepto amplio de corrupción pública y califican como tal a todas aquellas conductas contrarias a ese paradigma de actuación, en tanto que lo verdaderamente trascendente es la «desviación del poder» y no tanto el propósito de obtener una ganancia ilícita por parte del servidor público.^³⁴

Sin embargo, y pese a la utilidad político-criminal de emplear una concepción amplia de delito de corrupción a los efectos de su prevención y persecución penal^³⁵ -que incluya dentro de esta categoría criminológica todas aquellas conductas que comporten una afectación relevante para el correcto ejercicio de la función pública-;^³⁶ en lo que respecta al sentido y alcance del analizado subtipo de blanqueo, parece más conveniente operar con un concepto estricto de corrupción que, como se analizará más adelante, exige la obtención de un beneficio para el servidor público.

3. Los actos de lavado «asociados a la corrupción». Sobre la oportunidad político-criminal y el posible alcance de la agravación típica prevista en el art. 346.3 del CP

El hecho de que los tribunales cubanos todavía no hayan juzgado casos de lavado de activos que involucren a funcionarios y/o empleados públicos plantea dudas en cuanto a la oportunidad político-criminal de esta agravación típica, cuya presencia tampoco se puede atribuir a la transposición de compromisos internacionales, dado que las obligaciones de penalización derivadas de aquellos sólo exigen que dentro del cuadro de infracciones determinantes del blanqueo se prevean los delitos que reprimen manifestaciones de corrupción.^³⁷ Así que este aspecto de la reforma del art. 346 del CP parece ser otra muestra de las inconveniencias político-criminales y técnico-legislativas en las que incurrió el legislador de 2013 en su afán por complacer a los evaluadores internacionales.

Pero más allá de las críticas que el precepto pueda merecer, lo cierto es que se trata de una norma vigente, con vocación de ser aplicada; y corresponde al intérprete definir el alcance de esta arista del art. 346.3 del CP. Es por eso que en las líneas que siguen se ensayarán propuestas de interpretación que, en sintonía con los principios de legalidad, ofensividad y non bis in idem, buscan evitar resultados aplicativos desproporcionados.

La primera cuestión a resaltar es que el empleo de la frase “actos asociados a la corrupción”, dada su amplitud y ambigüedad, compromete la regla de taxatividad y entraña serios riesgos para la seguridad jurídica; pues una interpretación literal del enunciado permite reconducir a este subtipo tanto los supuestos en los que se blanquean activos originados en delitos de corrupción, como aquellos en los que se acude a mecanismos corruptores para garantizar el éxito del proceso de reciclaje. Conceder tan extenso alcance a esta arista del tipo agravado conlleva a resultados insatisfactorios desde la perspectiva político-criminal, por lo que se requiere precisar y justificar ante qué supuestos concretos debe operar esta ampliación punitiva.

3.1. El blanqueo del producto de la corrupción. Su inadecuación al tipo agravado

Un calificado sector de la doctrina, centrándose en la lesividad socioeconómica de las conductas blanqueadoras, cuestiona la ilegitimidad de extender la agravación a los supuestos en los que se lavan las ganancias derivadas de un delito de corrupción. Y hay que darle la razón a quienes defienden que el incremento punitivo del reciclaje sólo se justifica por la envergadura de los activos que se introducen en el circuito económico lícito, y no por la naturaleza del delito previo, que en principio debería ser irrelevante;^³⁸ pues como bien resalta Abel Souto, el orden socioeconómico no resulta más lesionado por el hecho de que los activos objeto del blanqueo se deriven de uno u otro delito, como el tráfico de drogas o delitos de corrupción.^³⁹ Por otro lado, tampoco se puede afirmar con rotundidad que las ganancias originadas en los delitos de corrupción superen siempre a las que se derivan de otras infracciones económicamente productivas, que sería la única justificación legítima de la agravación.^⁴⁰

A estos argumentos, que de por sí resultan suficientes para deslegitimar el incremento de pena en los casos en que se lava el producto de la corrupción, hay que añadir otra razón de sistemática que igualmente sugiere excluir del ámbito de este subtipo agravado los supuestos analizados: los hechos que eventualmente podrían incardinarse en el art. 346.3 ya quedan abarcados por la figura básica, pues el catálogo de delitos previos comprende prácticamente todas las manifestaciones de corrupción de funcionarios públicos tipificadas como delito, en sintonía con los estándares internacionales de penalización;^⁴¹ y no parece que el legislador haya llegado al punto estructurar un tipo agravado que no añada un plus respecto al contenido de la figura básica, porque además de constituir una ofensa para la técnica legislativa más elemental y generar problemas de colisión normativa, ello supone un atentado al principio non bis in idem; todo cuanto debería conducir a la inaplicación práctica de la norma más severa conforme a la idea de proporcionalidad.^⁴²

Hasta el momento, en la casuística jurisprudencial cubana sobre el delito de lavado de activos existe un único antecedente de blanqueo del producto de actos de corrupción. Se trata de la Sentencia Nº 12, de 13 de febrero de 2017, dictada por la Sala Segunda de lo Penal del TPP de La Habana, en la que se sancionó como autor del tipo básico de lavado (art. 346.1 CP) a un sujeto que “invirtió” en Cuba parte del capital procedente de delitos de corrupción pública ejecutados por él en Panamá.^⁴³ Aunque es apresurado extraer conclusiones definitivas de un único pronunciamiento que, por demás, ni siquiera entra a analizar de forma expresa la cuestión que aquí se analiza (el Fiscal interesó esa misma calificación); lo cierto es que el criterio jurídico adoptado en esta resolución judicial -lavado del tipo básico, y no de la figura agravada- viene a abonar la tesis aquí defendida.

3.2. Supuestos en los que se acude a la corrupción para blanquear: ¿blanqueo agravado o concurso de delitos?

Tras negar que el blanqueo del producto de la corrupción quede abarcado por el art. 346.3 del CP, parece que en la comentada agravación típica sólo tendrán encaje -con carácter general y a reserva de las acotaciones que se apuntarán más adelante- los casos en los que el blanqueador incurre en actos de corrupción para materializar el lavado de las ganancias delictivas, esto es, los supuestos en los que “la corrupción sirve al blanqueo”.^⁴⁴

El incremento punitivo se justifica, claro está, por la pluralidad de bienes jurídicos afectados, pues además de valorarse los riesgos socioeconómicos derivados del acceso de ganancias delictivas a la economía legal, se toma en cuenta la ofensa que se produce a la función pública, cuyo contenido material conecta con el respeto a los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad que deben regir el actuar de la Administración frente a los administrados.

Pero con afirmar que en el art. 346.3 sólo tienen cabida los supuestos en los que la corrupción sirve al blanqueo no se esclarece totalmente el alcance de esta agravación típica, porque entre este subtipo y el elenco de figuras previstas en el CP para reprimir manifestaciones de corrupción se plantean cuestiones concursales que hay que clarificar. Como se analizará seguidamente, al hilo de los principios básicos que ordenan la materia concursal (non bis in idem y que la sanción impuesta abarque el desvalor total de la conducta),^⁴⁵ en unos casos habrá que apreciar un concurso aparente de normas y, en otros, un concurso de delitos.

Así, en los casos en que el sujeto (particular o servidor público) incurre en un delito de corrupción para blanquear ganancias delictivas, parece sensato responsabilizarle por este subtipo agravado, como único título de imputación, siempre que la conducta corruptora/corrupta tenga prevista una sanción inferior a éste.^⁴⁶ Parece bastante claro que en tales supuestos tendrá lugar un concurso de normas, soluble conforme al principio de consunción: la pluriofensividad de la conducta incriminada en el art. 346.3 y la pena con la que se reprimen estos supuestos -superior a la que se prevé tanto para el delito de corrupción como para el tipo básico de lavado- sugieren interpretar que la ofensa a la función púbica queda totalmente absorbida por esta tipicidad (lex consumens derogat lex consumpta).

Parece lógico entender que estos casos comportan una excepción a lo previsto en el art. 346.5, que expresa la voluntad legislativa de establecer, como regla, la apreciación de un concurso real de delitos entre las conductas blanqueadoras y el resto de las infracciones que se ejecuten en ocasión de ellas;^⁴⁷ pues del universo de conductas delictivas que pudieran ejecutarse en ocasión del blanqueo, el legislador ha decidido reconducir a un tipo agravado pluriofensivo aquellas que constituyen manifestaciones de corrupción. Es por ello que, en los casos ahora analizados, se debería aplicar el subtipo previsto en el art. 346.3, al margen de la regla prevista en el art. 346.5; sobre todo porque la aplicación conjunta de ambos preceptos (blanqueo agravado y delito de corrupción de que se trate) conduciría a un bis in idem proscrito por el principio de inherencia, reconocido por el art. 47.2 del CP.^⁴⁸

Por otro lado, en los supuestos en que el delito de corrupción tuviese atribuida mayor pena que la prevista en el art. 346.3, el concurso de normas no parece ser la solución. En esos casos razones de proporcionalidad y coherencia punitiva desaconsejan sancionar únicamente conforme al tipo cualificado de blanqueo, porque con ello se llegaría a la paradójica situación de que el marco sancionador aplicable a quien ofende dos bienes jurídicos distintos (uno de naturaleza socioeconómica y otro que conecta con el correcto ejercicio de la función pública) sería menos intenso que el previsto para reprimir el atentado contra uno solo de ellos (la función pública). Por eso parece más sensato apreciar un concurso real de infracciones entre aquel delito y el lavado de activos,^⁴⁹ si bien este último en su modalidad básica puesto que de subsumirse la conducta del funcionario o empleado público en el subtipo agravado se incurriría en un bis in idem al valorarse doblemente la esencia corrupta de su actuación.

4. Alcance del tipo subjetivo

Las conductas imprudentes casan mal con el sentido criminológico de la corrupción, ya se entienda ésta en sentido amplio o en sentido estricto -no se es corruptor o corrupto por imprudencia-;^⁵⁰ así que la colaboración negligente que pueda prestar un servidor público a una trama de lavado debe quedar al margen del art. 346.3 CP. A éste sólo se le podrá exigir responsabilidad por blanqueo imprudente (art. 346.4 CP) si forma parte del círculo de sujetos obligados a prevenir operaciones de lavado.^⁵¹

Puesto que es difícil de imaginar que los servidores públicos incurran en actos de blanqueo sin obtener a cambio alguna clase de beneficio -ya sea el propio enriquecimiento (que será lo más frecuente) o cualquier otra ventaja colectiva, social o institucional-;^⁵² parece razonable asumir que en este subtipo de lavado sólo tienen cabida actos de corrupción en sentido estricto, esto es, actos en los que el funcionario persiga un lucro injusto, ya sea para sí o para un tercero (cohecho, tráfico de influencias, malversación, etc.).

Esta modalidad típica parece admitir tanto el dolo directo como el dolo eventual, por lo que da igual que el funcionario o empleado público actúe con la certeza de que su conducta supone una contribución al reciclaje de activos criminales ejecutado por otro sujeto (dolo directo), como si lo hace habiéndoselo representado como posible, sin abstenerse de seguir adelante (dolo eventual).

5. Cuestiones de participación

En su modalidad dolosa, el lavado es un delito común respecto al cual rigen las reglas generales de la teoría de la participación; y, pese al tenor literal del art. 18.4 del CP, en esta figura penal no debe asumirse un concepto unitario de autor por más que se trate de un auténtico crimen transnacional o delito de tratado (treaty crime),^⁵³ gestado a partir de los estándares de penalización que trazan las convenciones de Naciones Unidas.

Aunque últimamente algunos pronunciamientos judiciales le han atribuido al art. 18.4 del CP un alcance desmesurado, responsabilizando como autores a todos los intervinientes en cualesquiera de los delitos previstos en las Convenciones de Viena, Palermo y Mérida;^⁵⁴ tal criterio interpretativo debe rechazarse por resultar contrario a la idea de proporcionalidad. Una interpretación histórica y teleológica del citado precepto -que en 1987 fue trasuntado al vigente CP de la Ley Nº 21 de 1979- pone de relieve que éste surge en un contexto en el que aún no existían instrumentos internacionales orientados a enfrentar los delitos transnacionales; por la referencia a delitos “previstos en los tratados internacionales” se centró en los clásicos crímenes internacionales o delicta iuris gentium (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de agresión y crímenes de guerra) y no a la totalidad de manifestaciones delictivas transnacionales, dentro de las que se enmarcan el tráfico de drogas, el lavado de activos y varias figuras que sancionan manifestaciones de corrupción, etc., si bien es innegable que la prevención y persecución de éstos también interesa a la comunidad internacional.

Respecto a los crímenes internacionales stricto sensu parece defendible la asunción de un criterio unitario de autor, pues como remarca la doctrina especializada éstos representan los ataques más serios contra los valores esen ciales sobre los que se construye la comunidad internacional, cuyos responsables son considerados enemigos de la humanidad (hostis humanis), así reconocidos incluso en el derecho consuetudinario internacional;^⁵⁵ pero no existe justificación alguna para extender tal criterio político-criminal a los delitos transnacionales, que en su mayoría reprimen transacciones económicas en mercados ilícitos y que se caracterizan por la presencia de un elemento transfronterizo y por ser prohibiciones penales asumidas por un conjunto más o menos amplio de Estados a instancia de las potencias dominantes.

Por lo tanto, no hay inconvenientes para considerar sujetos activos de esta subfigura tanto al particular poseedor de los activos maculados que, para reciclarlos, incurre en maniobras corruptoras; como al funcionario corrupto que presta auxilio para garantizar el lavado del producto del delito.

Así, el particular que incurre en actos de corrupción para lavar el producto de un delito previo debería responder en concepto de autor directo del blanqueo agravado (art. 346.1.3 CP), salvo que proceda otra calificación con motivo de las soluciones concursales apuntadas más arriba. Y el servidor público podría responder bien por como coautor, cooperador necesario o mero cómplice del blanqueo ejecutado por el particular (art. 346.1.3 CP), según las peculiaridades de la conducta concretamente desplegada por él y la entidad de su aporte a la ejecución del hecho; o bien como autor del supuesto específico de favorecimiento (art. 346.2.3 CP).^⁵⁶ No obstante, en correspondencia con la dinámica propia del hecho concreto, no se debe descartar la posibilidad de apreciar otras formas de autoría y participación.^⁵⁷

6. Una agravación prescindible

En aras de compatibilizar el principio de vigencia con el respeto a los principios penales de legalidad, non bis in idem y proporcionalidad, aquí se han planteado criterios interpretativos encaminados a concretar el legítimo alcance de la agravación prevista en el art. 346.3 del CP en lo que se refiere a los actos de lavado asociados a la corrupción. Sin embargo, de cara a una reforma penal futura, conviene reflexionar sobre su necesidad y eventual permanencia, puesto que no faltan razones de peso para entender que estamos ante una causal de agravación absolutamente prescindible.

Hay que insistir en que la comentada arista del art. 346.3 del CP no encuentra correlato en recomendaciones u obligaciones internacionales de penalización. Su previsión constituye un exceso del legislador del 2013 que, ansioso por demostrar su respeto a los estándares internacionales, perdió de vista que aquellas exigencias ya habían quedado satisfechas desde el momento en que los delitos de corrupción más relevantes ya habían sido incluidos dentro del catálogo de infracciones previas al blanqueo (art. 346.1 CP).

En el Derecho comparado tampoco se ubican fórmulas legislativas similares a la empleada en el art. 346.3 del CP,^⁵⁸ aunque debe destacarse que en la región latinoamericana se aprecia una tendencia legislativa a introducir una causal de agravación en el tipo de lavado cuando el sujeto activo resulta ser un funcionario público que se prevale de tal condición para cometer el delito,^⁵⁹ como ocurre en las legislaciones argentina,^⁶⁰ ecuatoriana^⁶¹ y peruana.^⁶²

Volviendo al escenario nacional, habría que evaluar si para ofrecer una respuesta penal proporcionada a los casos en que se recicla dinero sucio a través de mecanismos corruptos no habría bastado con recurrir a la fórmula del concurso real de delitos, especialmente sugerida por la regla prevista en el art. 346.5 CP; pues por esta vía parecen alcanzables los mismos resultados punitivos que cabe esperar de la aplicación del art. 346.3, de modo que la supresión de esta arista del tipo agravado no afectaría las finalidades preventivo-generales determinantes del incremento de pena.

Estos argumentos ponen en duda que la analizada causal de agravación del delito de lavado de activos deba permanecer en un futuro diseño legislativo de esta figura penal, al menos como aparece redactada hoy día; pero está claro que la última palabra la tendrán el tiempo y el legislador.

7. Conclusiones

Las interconexiones entre corrupción y blanqueo de dinero son innegables, y desde la perspectiva político-criminal resulta conveniente que dentro del cuadro de infracciones previas al lavado se incluyan los denominados “delitos de corrupción”, tal y como exigen los estándares internacionales relativos a la penalización de ambos fenómenos.

Al reformare el delito de lavado de activos en el año 2013, el legislador cubano sobrepasó las exigencias impuestas por los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el país, porque además de incluir dentro del catálogo de delitos previos la mayoría de las infracciones penales destinadas a enfrentar la corrupción, configuró un subtipo agravado de blanqueo que cobra vida cuando los actos de lavado se asocian a la corrupción (art. 346.3 CP). Y esta artista de la comentada agravación típica, que resulta criticable desde las perspectivas político-criminal, dogmática y técnico-legislativa, constituye una muestra de la escasa meditación con la que se enfrentó la reforma del delito de lavado.

El grado de indeterminación inherente a la frase «actos relacionados con la corrupción» demanda un esfuerzo interpretativo a fin de restringir su alcance a espacios legítimos, y habrá que estar de acuerdo en que este desliz no es una cuestión nimia, por el contrario, compromete el conocimiento exacto y seguro de la prohibición, que es presupuesto del principio de legalidad penal.

Aunque aquí se ha intentado explicar por qué los supuestos en los que se blanquea el producto de la corrupción quedan excluidos de las fronteras de esta figura cualificada, así como las razones por las que sólo deben reconducirse a ésta algunos supuestos en los que se acude a maniobras corruptas para lograr el reciclaje; ello obedece a la necesidad práctica de contar con criterios de interpretación que satisfagan el principio de vigencia y respeten, al tiempo, las exigencias garantísticas derivadas de los principios de legalidad, non bis in idem y proporcionalidad. Sin embargo, de lege ferenda parece sensato afirmar que se trata de una causal de agravación inoportuna e innecesaria, de la que debe prescindirse en una futura reforma penal por dos razones fundamentales: primero, porque no encuentra correlato en recomendaciones u obligaciones internacionales de penalización; y, en segundo lugar, porque los casos en los que se incurre en actos de corrupción para blanquear podrían enfrentarse perfectamente por la vía del concurso de delitos

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El presente trabajo es resultado de las acciones desarrolladas en el marco del Grupo de Investigación El Derecho frente a los nuevos cambios sociales”, del Departamento de Derecho de la Universidad de Matanzas, Cuba; y se inscribe dentro del “Proyecto de Investigación I+D+i “Corrupción y delincuencia económica. Estrategias preventivas y reactivas en el contexto de actualización del modelo socioeconómico cubano” (P7751MT001-001); ambos dirigidos por el Prof. Dayan G. López Rojas.

¹ Véase DE LA CUESTA ARZAMENDI, José L.; BLANCO CORDERO, Isidoro, ““Corrupción” (voz)”, en: BOIX REIG, Javier (Dir.); LLORIA GARCÍA, Paz (Coord.), Diccionario de Derecho penal económico, 2ª ed., Madrid: Iustel, 2017, pp. 219-231, p. 220.

²Como bien destaca GUIMARAY MORI, Erick, “Sobre la relación existente entre los delitos de corrupción y el lavado de activos”, Revista Foro Jurídico, Nº 14 (2015), pp. 133-143, p. 137, “la complejidad de la operación corrupta no solo obstaculiza la labor de persecución y captura de los responsables, sino que, en muchas ocasiones, para comprender a cabalidad el entramado corrupto, es necesario partir de sus resultados finales, momento en el que probablemente todas las ganancias ilícitas hayan sido ocultadas o transformadas en activos legales”.

³NACIONES UNIDAS, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Nueva York, 2004, https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf [visitado el 06.11.2018]

⁴Véase Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion.pdf [visitado el 06.11.2018]

⁵El modelo de listado o catálogo es uno de los más extendidos en lo que se refiere a la regulación de las infracciones determinantes del lavado de activos; y los instrumentos internacionales -que señalan en clave de mínimos cuáles son las infracciones que no deben ausentarse de dicho listado- incluyen dentro del elenco de delitos previos a las manifestaciones más emblemáticas de la corrupción pública. Así, a nivel global, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional se refiere expresamente al cohecho (cfr. arts. 6.2, inciso b), en relación con el art. 8); mientras que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción exige incluir dentro del catálogo de delitos determinantes una amplia gama de los siguientes: el soborno de funcionarios públicos nacionales, extranjeros y de organizaciones públicas internacionales, la malversación y la apropiación indebida cometidas por funcionario público, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, el enriquecimiento ilícito, el soborno en el sector privado, la malversación en el sector privado, el encubrimiento y la obstrucción a la justicia (cfr. art. 23.2, inciso b), en relación con los arts. 19 al 25). Por su parte, el GAFI alude a la corrupción y el soborno (cfr. Párrafo cuarto de la Nota Interpretativa de la Recomendación Tercera, en relación con el término “categorías establecidas de delitos”, definido en el Glosario). En el ámbito latinoamericano, el Reglamento modelo sobre delitos de lavado de activos relacionados con el tráfico ilícito de drogas, y otros delitos graves, adoptado en 1992 por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas en el marco de la Organización de Estados Americanos, se refiere a la corrupción y el fraude (cfr. arts. 1 y 2); mientras que la Convención Interamericana contra la Corrupción se alude al cohecho y al abuso de funciones (cfr. art. VI, apartado 1). En el escenario europeo, el Convenio penal sobre la corrupción -Convenio número 173/1999 del Consejo de Europa-, se pronuncia expresamente sobre el blanqueo del producto de la corrupción, refiriéndose a los siguientes delitos: corrupción activa de agentes públicos nacionales, corrupción pasiva de agentes públicos nacionales, corrupción de miembros de asambleas públicas nacionales, corrupción de agentes públicos extranjeros, corrupción de miembros de asambleas públicas extranjeras, corrupción activa en el sector privado, corrupción pasiva en el sector privado, corrupción de funcionarios internacionales, corrupción de miembros de asambleas parlamentarias internacionales, corrupción de jueces y de agentes de tribunales internacionales, tráfico de influencias (cfr. art. 13 en relación con los arts. 2 al 12); mientras que la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, adoptada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el 21 de noviembre de 1997, impone a los Estados Parte que hubiesen contemplado al cohecho de servidor público nacional dentro del catálogo de delitos determinantes del lavado, incluir además el cohecho de servidor público extranjero (cfr. art. 7).

⁶Véase LAMAS PUCCIO, Luis, “Corrupción de funcionarios y lavado de dinero”, Derecho & Sociedad, Nº 16 (2001), pp. 89-95, p. 95; GUIMARAY, “Sobre la relación”, cit. nota n° 2, p. 140; DURRIEU FIGUEROA, Roberto, La ganancia económica del delito. Lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo, Buenos Aires: Marcial Pons, 2017, pp. 148-149. Sin embargo, para no incurrir en excesos que pongan en riesgo principios y reglas básicas del Derecho penal propio de un Estado de Derecho, a los que no es posible renunciar ni siquiera para enfrentar esta clase de fenómenos, conviene tomar en cuenta las advertencias de QUINTERO OLIVARES sobre el alcance del autoblanqueo. Véase QUINTERO OLIVARES, Gonzalo, “La lucha contra la corrupción y la pancriminalización del autoblanqueo”, Estudios Penales y Criminológicos, Vol. XXXVIII ext. (2018), pp. 241-263, pp. 242-245.

⁷El Derecho penal y el proceso penal de la modernidad se configuran en un contexto de internacionalización o interlegalidad, pues las decisiones internas en materia de criminalización están fuertemente influidas por los estándares normativos que imponen los instrumentos internacionales, que la mayoría de las veces son traspuestos al Derecho interno de los países sin que los legisladores nacionales asuman una postura lo suficientemente crítica al respecto. Véase VOGE, Joachim R., “La internacionalización del Derecho penal y del Proceso penal”, Revista Penal, Nº 22 (2008), pp. 160-167, pp. 160-161; BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio, “Acerca de la internacionalización del Derecho penal”, en: PÉREZ CEPEDA, Ana I. (Dir.), El principio de justicia universal. Fundamento y límites, Valencia: Tirant lo Blanch, 2012, pp. 21-43, passim. Sobre las consecuencias político-criminales derivadas del esquema internacionalizado del delito de blanqueo, véase LÓPEZ ROJAS, Dayan G., El delito de lavado de activos. Bien jurídico y conductas típicas (Cuestiones dogmáticas y de política criminal al hilo de los estándares internacionales), Bogotá: Leyer Editores, 2018, pp. 33-35 y 61-73.

⁸Véase el primer Por Cuanto del DL 316/2013. Efectivamente, Cuba es signataria y ha ratificado los principales instrumentos internacionales de alcance global relacionados con la prevención y el enfrentamiento al lavado de activos. El Estado cubano firmó la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 (Convención de Viena) el 7 de abril de 1989, y la ratificó el 12 de junio de 1996; asimismo, firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia organizada Transnacional del año 2000 (Convención de Palermo) el 13 de diciembre del año 2000, y la ratificó el 7 de febrero de 2007. Por último, firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003 (Convención de Mérida) el 9 de diciembre de 2005, que ratificó el 9 de febrero de 2007.

⁹Se trata de los casos “Pelegrino” (Sentencia Nº 596, de 6 de diciembre de 2007, dictada por la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana), y “Mariposa” (Sentencia Nº 158, de 5 de agosto de 2011, dictada por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana). Véase GAFILAT, Informe de Evaluación Mutua de la República de Cuba, Aprobado en el marco del XXXI Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), desarrollado entre los días 9 y 10 de julio de 2015 en San José, Costa Rica, pp. 52 y 53, http://gafilat.org.iplan-unix 03.toservers.com/UserFiles//Biblioteca/Evaluaciones/IEM%204ta%20Ronda/IEM%20CUBA%20TEXTO%20FINALf.pdf [visitado el 06.11.2018]

¹⁰Entre los aciertos de la reforma, expresivos de una asimilación razonable los estándares internacionales, se destacan: la concreción del nomen iuris del delito y la concreción del objeto material, la ampliación del catálogo de delitos previos más allá del tráfico de drogas, personas y armas; así como la no incriminación de conductas de favorecimiento personal.

¹¹En el mes de junio del año 2011, el GAFI incluyó a Cuba en la lista negra de países no cooperadores, bajo el argumento de que el marco legal interno en materia de prevención y represión del lavado de activos no se adecuaba a los estándares fijados en las Cuarenta Recomendaciones. Este acontecimiento revistió serias implicaciones económicas para el país, especialmente en lo relacionado con el comercio internacional, y en mérito a ello se adoptó un plan de medidas tendentes a revertir tal situación, con énfasis en la reordenación normativa tanto en el orden penal como en sede administrativa. Como consecuencia, se dictó el mencionado DL 316/2016; y dentro del amplio grupo de normas dictadas en el ámbito administrativo cabe destacar el Decreto-Ley Nº 317, de 7 de diciembre de 2013, “De la prevención y detección de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo, a la proliferación de armas y al movimiento de capitales ilícitos” (en lo adelante, DL 317/2013), y el Decreto Nº 322, de 30 de diciembre de 2013, “De la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras, sus Funciones y Estructura” (en lo adelante, Decreto 322/2013).

¹²Conforme al principio de vigencia, las leyes penales han de interpretarse de forma que su aplicación resulte posible, siempre que se respete la Constitución. Véase ORTS BERENGUER, Enrique; GONZÁLEZ CUSSAC, José L., Compendio de Derecho Penal. Parte General, 5ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2015, p. 132.

¹³La doctrina especializada se muestra bastante unánime en entender que la corrupción privada es un delito económico, que tiende a tutelar los intereses de los competidores en el mercado. Un estudio detenido sobre los elementos de esta figura penal, con un análisis crítico de los estándares internacionales determinantes de su incriminación, puede verse en GILI PASCUAL, Antoni, El delito de corrupción en el sector privado, Madrid: Marcial Pons, 2017, passim.

¹⁴Véase, en esta línea, DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, Julio, El blanqueo de capitales en el Derecho español, Madrid: Dykinson, 1999, p. 5; GÓMEZ INIESTA, Diego J., El delito de blanqueo de capitales en Derecho español, Barcelona: Cedecs, 1996, p. 21; BLANCO CORDERO, Isidoro, El delito de blanqueo de capitales, 3ª ed., Cizur Menor: Aranzadi S.A., 2012, p. 92. Desde una perspectiva del análisis económico del Derecho, BERMEJO entiende que se trata de “un proceso más o menos complejo (dependiendo de las circunstancias) que trata con bienes de origen delictivo y que tiene la finalidad de incorporar dichos bienes en la economía legal para transformar el poder de adquisición potencial que tiene el capital de origen ilícito en poder de adquisición efectivo, lo que implica ocultar dicho origen ilícito”. BERMEJO, Mateo G., Prevención y castigo del blanqueo de capitales. Un análisis jurídico-económico, Madrid: Marcial Pons, 2015, p. 107.

¹⁵Cfr. art. 3.1, incisos a), b) y c), apartado i); de la Convención de Viena. Así lo reconocen expresamente, entre otros, ÁLVAREZ PASTOR, Daniel; EGUIDAZU PALACIOS, Fernando, Manual de prevención del blanqueo de capitales, Madrid: Marcial Pons, 2007, p. 16; BAJO FERNÁNDEZ, Miguel, “Prólogo”, en: BAJO FERNÁNDEZ, Miguel; BACIGALUPO SAGGESE, Silvina (Eds.), Política criminal y blanqueo de capitales, Madrid: Marcial Pons, 2009, p. 8.

¹⁶Las estadísticas aportadas a nivel internacional para representar los alcances del fenómeno en comento resultan alarmantes. La cifra más citada para cuantificar el volumen de dinero lavado a nivel mundial fue la ofrecida en el año 1998 por el Fondo Monetario Internacional, situándolo entonces entre el 2% y el 5% del Producto Bruto Mundial. Otros estudios desarrollados en 2009 apuntan a que los ingresos del delito abarcan el 3,6 % del PIB mundial, lo que equivale a 2,1 billones de dólares. Véase UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC), Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational organized crimes, Research report, UNODC, Vienna, October 2011, p. 7.

¹⁷La propia existencia de las organizaciones criminales depende de que las incalculables ganancias generadas por las distintas actividades delictivas puedan acceder a los circuitos financieros lícitos, pues de otro modo no podrían disfrutar de ellas y la «empresa» no sería rentable; de manera que el reciclaje o lavado de esos beneficios ilícitos constituye un fenómeno inherente al crimen organizado que, a su vez, puede llegar a constituir una de sus manifestaciones, pues desde hace ya algún tiempo existen grupos criminales, organizados en base a criterios de empresa, que sólo se dedican a prestar servicios de lavado al resto de organizaciones criminales mediante técnicas de blanqueo altamente especializadas. Esta tendencia a la profesionalización de la actividad blanqueadora ha llevado a BLANCO CORDERO a sostener que en la actualidad se ha pasado de lavar a mano al sistema de tintorería. Véase BLANCO, “El delito” cit. nota n° 14, pp. 58-61.

¹⁸Véase BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio; FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A., “La emancipación del delito de blanqueo de capitales en el Derecho penal español”, en: MUÑOZ CONDE, Francisco, et. al. (Dirs.), Un Derecho penal comprometido -Libro homenaje al Profesor Dr. Gerardo Landrove Díaz-, Valencia: Tirant lo Blanch, 2011, pp. 117-140, passim.

¹⁹El tipo internacionalizado de blanqueo que aparece configurado en las Convenciones de Viena, Palermo y Mérida, y por las 40R del GAFI, tiende a impedir toda forma de aprovechamiento derivada de la ejecución de conductas delictivas cometidas por estructuras criminales, con el marcado propósito de debilitar la capacidad económica de aquellas mediante un ataque táctico a su patrimonio, en el entendido de que la afectación del “capital empresarial” constituye el único punto débil de la asociación criminal. Véase MANSO PORTO, Teresa, “El blanqueo de capitales entre la dogmática y la política criminal internacional: resultados desde una perspectiva de derecho comparado”, Estudios Penales y Criminológicos, Vol. XXXI (2011), pp. 305-324, pp. 306-308.

²⁰Como bien destaca De Faria Costa, “la incriminación de conductas penalmente relevantes se fundamenta en una serie de razones que no se deben confundir con las «flacas» razones que eventualmente procedan de motivos colaterales de la mera eficacia del sistema. Crear un tipo legal de delito para, de este modo, desarrollar mejor o más fácilmente, de manera legal, cualquier tipo de actividad persecutoria constituye una actitud político-legislativa poco clara que, además de eso, puede tener efectos perversos”. Véase DE FARIA COSTA, José, “El blanqueo de capitales (Algunas reflexiones a la luz del Derecho penal y de la política criminal)”, en: ARROYO ZAPATERO, Luis, et. al., Hacia un Derecho penal económico europeo. Jornadas en honor del profesor K. Tiedemann, Madrid: Boletín Oficial del Estado, 1995, pp. 655-680, p. 668.

²¹Véase, en la doctrina cubana, MORET HERNÁNDEZ, Oscar L., “Delitos contra la Hacienda Pública”, en: COLECTIVO DE AUTORES, Derecho Penal Especial, Tomo II, La Habana: Félix Varela, 2005, pp. 318-334, p. 319; GOITE PIERRE, Mayda; MEDINA CUENCA, Arnel, “El delito de lavado de activos. Necesario análisis desde una dimensión plural”, en: ARMIENTA HERNÁNDEZ, Gonzalo, et. al. (Coords.), El lavado de dinero en el siglo XXI. Una visión desde los instrumentos jurídicos internacionales, la doctrina y las leyes en América Latina y España, Sinaloa: Universidad Autónoma de Sinaloa-Unijuris, 2015, pp. 21-68, p. 38. En la doctrina española, aunque no siempre convergentes en cuanto a la identificación precisa del elemento del orden socioeconómico prioritariamente tutelado por esta figura penal, véase: Gómez, “El delito”, cit. nota n° 14, pp. 36-37; VIDALES RODRÍGUEZ, Caty, Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995, Valencia: Tirant lo Blanch, 1997, pp. 92-93; DEL CARPIO DELGADO, Juana, El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código penal, Valencia: Tirant lo Blanch, 1997, pp. 81-86; FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A., El delito de blanqueo de capitales, Madrid: Colex, 1998, pp. 209-229 y 253; DÍAZ-MAROTO, “El blanqueo”, cit. nota n° 14, pp. 14-15; PALMA HERRERA, José M., Los delitos de blanqueo de capitales, Madrid: Edersa, 2000, p. 297; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos, El delito de blanqueo de capitales, Madrid: Marcial Pons, 2000, pp. 97-102; ABEL SOUTO, Miguel A., El delito de blanqueo en el Código penal español (Bien jurídico protegido, conductas típicas y objeto material tras la Ley orgánica 15/2003, de 25 de noviembre), Barcelona: Bosch S. A., 2005, pp. 83-89; ÁLVAREZ/EGUIDAZU, Manual, cit. nota n° 15, pp. 270-271; BLANCO, “El delito” cit. nota n° 14, pp. 221-227; ARIAS HOLGUÍN, Diana P., Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales (art.301 CP), Madrid: Iustel, 2011, pp. 205-220; FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y TORRES, José, Blanqueo de capitales y principio de lesividad, Salamanca: Ratio Legis, 2014, pp. 233-234; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos, Derecho Penal Económico y de la Empresa. Parte Especial, 4ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2015, pp. 565-567; FERNÁNDEZ TERUELO, Francisco G., “Blanqueo de capitales”, en: AYALA GÓMEZ, Ignacio; ORTIZ DE URBINA, Gimeno (Coords.), Memento Práctico Francis Lefebvre. Penal Económico y de la Empresa 2016-2017, Madrid: Francis Lefebvre, 2016, pp. 709-723, p. 716.

²²Como destaca FERNÁNDEZ DE CEVALLOS, “Blanqueo” cit. nota n° 21, p. 227, “en la consecución de los fines sociales y económicos, los Estados actúan en el proceso económico -interno y externo-, con base en capitales lícitos, no puede ser de otra forma; un Estado sólo existe dentro de un orden jurídico (…)”.

²³En la doctrina se muestran a favor de identificar este elemento del orden socioeconómico como el objeto directo de la tutela penal en el delito de lavado de activos, ya sea como bien jurídico exclusivo o formando parte de alguna variante pluriofensiva: DEL CARPIO, “El delito” cit. nota n° 21, p. 86; DÍAZ-MAROTO, “El blanqueo”, cit. nota n° 14, p. 14; Palma, “Los delitos” cit. nota n° 21, p. 297; Abel, “El delito” cit. nota n° 21, pp. 78 y 79; FERNÁNDEZ DE CEVALLOS, “Blanqueo” cit. nota n° 21, pp. 223 y 224; Martínez-Buján, “Derecho Penal” cit. nota n° 21, p. 565; DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Miguel, “El castigo del autoblanqueo y la autoría y la participación en el delito de blanqueo de capitales en España”, Anuario de Derecho Penal Económico y de la Empresa, Nº 3 (2015), pp. 241-252, p. 244.

²⁴Véase MURIEL PATIÑO, María V., “Aproximación macroeconómica al fenómeno de la corrupción”, en: RODRÍGUEZ GARCÍA, Nicolás; FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A. (Coords.), La corrupción en un mundo globalizado: análisis interdisciplinar, Salamanca: Ratio Legis, 2004, pp. 27-31, p. 27; TERRADILLOS BASOCO, Juan M., “Corrupción, globalización y Derecho penal económico”, en: DEMETRIO CRESPO, Eduardo; GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, Nicolás (Dirs.), Halcones y Palomas: corrupción y delincuencia económica, Madrid: Ediciones Jurídicas Castillo de Luna, 2015, pp. 15-51, p. 25.

²⁵FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A., “Relaciones entre blanqueo de capitales y corrupción: algunas valoraciones a propósito de las previsiones contenidas en la convención de la OCDE sobre soborno de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales (1997)”, en: FERRÉ OLIVÉ, Juan C. (Ed.), Blanqueo de dinero y corrupción en el sistema financiero: delitos financieros, fraude y corrupción en Europa, Vol. II, Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2002, pp. 103-110, p. 105. Le sigue, FERNÁNDEZ DE CEVALLOS, “Blanqueo” cit. nota n° 21, p. 157.

²⁶Sobre las distintas definiciones de corrupción pública existe un volumen de doctrina que es prácticamente inabarcable. Una panorámica bastante completa puede verse en los distintos trabajos que conforman la obra colectiva a cargo de RODRÍGUEZ / FABIÁN, “La corrupción” cit. nota n° 24. De interés, también, FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A. (Coord.), La corrupción: aspectos jurídicos y económicos, Salamanca: Aranjo-Servicios de Artes Gráficas, 2000, passim.

²⁷Resaltan este aspecto, entre otros, VILLORIA, Manuel, “Corrupción pública”, Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, Nº 5, (2014), pp. 159-167, p. 160; BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio, “Corrupción y Derecho penal. Condicionantes internacionales y reformas del Código Penal”, en: DEMETRIO / GONZÁLEZ-CUELLAR, “Halcones” cit. nota n° 24, pp. 54-99, p. 56; DE LA CUESTA / BLANCO CORDERO, “Corrupción” cit. nota n° 1, p. 219.

²⁸Véase JAREÑO LEAL, Ángeles, Corrupción y delincuencia de los funcionarios en la contratación pública, Madrid: Iustel, 2011, p. 19.

²⁹Un criterio de clasificación entre actos de corrupción en sentido amplio y en sentido estricto, distinto al que aquí se defiende, es el asumido en la doctrina chilena por ARTAZA, Osvaldo, “La utilidad del concepto de corrupción de cara a la delimitación de la conducta típica en el delito de cohecho”, Política Criminal, Vol. 11, Nº 21 (2016), pp. 307-339, pp. 311-318.

³⁰En Chile asumen esta concepción BALMACEDA, Gustavo; CASTRO, Carlos, Corrupción y delitos contra la administración pública. Especial referencia a los delitos de malversación de caudales y fraude al fisco, Santiago de Chile: Librotecnia, 2015, p. 24, quienes definen la corrupción como “la desviación del interés público, que se desarrolla a través del abuso del cargo, con el fin de obtener un beneficio extraposicional en la Administración pública”; y, asimismo, CARNEVALI, Raúl; ARTAZA, Osvaldo, “La naturaleza pluriofensiva y transnacional de la corrupción. Desafíos para el Derecho penal”, Revista Ius et Praxis, Nº 2 (2016), pp. 53-90, p. 55. Y en la doctrina española, claramente, MALEM SEÑA, Jorge F., “La corrupción. Algunas consideraciones conceptuales”, Illes Imperis, Nº 16 (2014), pp. 169-178, pp. 171-172, quien describe el fenómeno como la violación de un deber institucional motivada por la obtención de un beneficio irregular, no permitido por las instituciones en las cuales se participa o se presta servicio, debiendo apreciarse en todo caso una relación causal entre la violación del deber que se imputa y la expectativa de obtener un beneficio irregular. En esta línea, también, NIETO GARCÍA, Alejandro, Corrupción en la España democrática, Barcelona: Ariel, 1997, p. 7; GARZÓN VALDÉS, Ernesto, “Acerca del concepto de corrupción”, en: LAPORTA SAN MIGUEL, Francisco J.; ÁLVAREZ MEDINA, Silvina (Comps.), La corrupción política, Madrid: Alianza, 1997, pp. 39-70, pp. 39-40.

³¹Como se sabe, las iniciativas internacionales que se proyectan a la prevención y sanción de la corrupción no ofrecen una definición de este fenómeno, sino que limitan a identificar los comportamientos que deben ser catalogados como actos de corrupción; y la mayoría de las conductas reseñadas en dichos instrumentos califican como supuestos de infracción de deberes funcionales cometidos con el propósito de obtener ventajas indebidas para el servidor público o para un tercero que se desea favorecer, cuestión que parece ratificarse en el propio tenor literal del tipo residual de abuso de funciones previsto en el art. 19 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que alude expresamente a la “finalidad de obtener un beneficio indebido”. Sin embargo, no hay que perder de vista que tales iniciativas también contemplan otras figuras penales que en sí mismas no califican como actos de corrupción, sino que más bien constituyen conductas indiciarias de aquellos -como es el caso del enriquecimiento ilícito- o que tienden a garantizar el aprovechamiento del producto derivado de dichos actos -como ocurre con el tipo de lavado de activos-; lo cual es compresible si se toma en cuenta la proyección de sistema que a nivel global asumen esas convenciones en la prevención y lucha contra la corrupción. Véase ARTAZA, “La utilidad” cit. nota n° 29, pp. 312 y 313.

³²La Ley Nº 107, de 1 de agosto de 2009, “De la Contraloría General de la República de Cuba”, es la única disposición normativa vigente en el país que conceptualiza el fenómeno en cuestión. En el art. 11 de dicho cuerpo legal se define la corrupción administrativa (“a los efectos de la aplicación de esta ley”), como “la actuación contraria a las normas legales y a la ética por los cuadros, dirigentes, funcionarios del Estado, el Gobierno y otras organizaciones consideradas sujetos de la Contraloría General de la República, en el ejercicio de su cargo o en el desempeño de la función asignada; caracterizada por la pérdida de valores ético-morales, incompatibles con los principios de la sociedad cubana, que se comete para satisfacer intereses personales o de un tercero, con el uso indebido de sus facultades, servicios y bienes, destinados a la satisfacción del interés público o social para obtener beneficios materiales o ventajas de cualquier clase y que tiene como base el engaño, el soborno, la deslealtad, el tráfico de influencias, el descontrol administrativo y la violación de los compromisos contraídos al acceder a los cargos; cuyas prerrogativas fueron empleadas en tales actividades de corrupción”.

³³Desde este punto de partida, la doctrina mayoritaria reconoce que el bien jurídico categorial o común a los delitos contra la Administración Pública es precisamente el correcto ejercicio de la función pública, cuyo contenido material conecta con la gestión de los intereses generales a partir del respeto a los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia. Véase CUGAT MAURI, Miriam, La desviación del interés general y el tráfico de influencias, Barcelona: Cedecs, 1997, pp. 48-51 y 70-73; OLAIZOLA NOGALES, Inés, El delito de cohecho, Valencia: Tirant lo Blanch, 1999, pp. 87-89.

³⁴El desarrollo de esta concepción amplia de corrupción pública es congruente con el modelo de Estado social y democrático de Derecho, en el que la Administración debe representar y servir a los ciudadanos. De este modo, se supera la noción de fidelidad personal a la voluntad estatal y cumplimiento de los deberes del cargo (de marcado corte subjetivista); y se pasa a entender que la tutela penal en los delitos de corrupción pública recae en el cumplimento de los principios de objetividad y legalidad en la actuación administrativa. Véase Cugat, “La desviación” cit. nota n° 33, pp. 63-73; DEMETRIO CRESPO, Eduardo, “Corrupción y delitos contra la Administración Pública”, en: FABIÁN, “La corrupción” cit. nota n° 26, pp. 67-72, pp. 69-70. Por ello, el elemento clave del concepto de corrupción pública pasa a ser la desviación del poder concedido al funcionario o servidor público (cuyo deber es proceder conforme al interés general que subyace a la causa pública), relegándose a un segundo plano el hecho de que aquel actúe con ánimo de lucro. En esta línea resulta muy convincente la acotación de JAREÑO, “Corrupción” cit. nota n° 28, pp. 20-21, cuando remarca que “una mala gestión dolosa de lo público, continuada en el tiempo, y aunque no busque el lucro propio o el de un tercero, produce daño similar a la causa pública que la corrupción estrictamente entendida como aquella que persigue un propio enriquecimiento”. Le sigue, DOVAL PAIS, Antonio, “Delitos de corrupción pública: indultos y condenas”, en: JAREÑO LEAL, Ángeles (Dir.), Corrupción pública: cuestiones de política criminal (I), Madrid: Iustel, 2014, pp. 41-62, pp. 42-44.

³⁵Es necesario destacar que cuando aquí se hace referencia a un concepto amplio de delitos de corrupción, lo que se quiere significar es que el centro de atención recae en la desviación del poder, y no en el beneficio perseguido por el servidor público; pero en cualquier caso vale insistir en la necesidad de respetar los principios de fragmentariedad y subsidiariedad de la intervención penal. Aunque una concepción amplia de delitos de corrupción puede ser más útil al momento de diseñar estrategias político-criminales (preventivas y reactivas) contra ese fenómeno; no es posible pensar que la lucha contra la corrupción sea tarea exclusiva del Derecho penal, pues como ha destacado TERRADILLOS, “Corrupción” cit. nota n° 24, p. 27, en este ámbito la intervención penal tendrá una eficacia muy escasa en comparación con el éxito que sí cabe atribuir a mecanismos jurídicos preventivos. Por ello será obligado distinguir, con la mayor concreción posible, qué conductas deben permanecer en el ámbito de las infracciones administrativas, y cuáles pueden ser constitutivas de delito, conforme a criterios de merecimiento y necesidad de pena (véase DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Miguel, “Corrupción y delitos contra la Administración Pública. Insuficiencias y límites del Derecho Penal en la lucha contra la corrupción: el ejemplo español, Revista de Derecho de la Universidad Centroamericana, Nº 7 (2004), pp. 147-194, pp. 150 y 152-153; DOVAL, “Delitos” cit. nota n° 34, p. 42; ABANTO VÁZQUEZ, Manuel A., “La lucha contra la corrupción en un mundo globalizado”, en: ABANTO VÁZQUEZ, Manuel A., Dogmática penal, delitos económicos y delitos contra la Administración Pública, Lima: Grijley, 2014, pp. 701-746, pp. 710-711). Una buena muestra de los esfuerzos que deben llevarse a cabo para lograr ese objetivo puede verse en el reciente trabajo de JAREÑO LEAL, Ángeles, “El poder punitivo del Estado en materia de buen gobierno: tipicidad penal y administrativa”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, Nº 20-17 (2018), pp. 1-30, en el que la autora, centrándose en los delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios en el contexto normativo español, analiza en detalles criterios materiales encaminados a deslindar conductas penalmente relevantes de otras que debieran mantenerse dentro del ámbito administrativo sancionador.

³⁶Conforme a este punto de vista, y al margen de su ubicación sistemática en el CP, cabría integrar dentro de la estela de “delitos de corrupción” -además de los ya clásicos delitos de cohecho (art. 152 CP) y tráfico de influencias (art. 151 CP)-, otras figuras que no incorporan como exigencia típica que el funcionario o empleado público actúe motivado por la obtención de un beneficio propio o ajeno, como es el caso, por ejemplo, de la prevaricación (arts. 136-139 CP) y de los actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación (art. 140 CP).

³⁷Cfr. art. 6.2-b) en relación con el art. 8 de la Convención de Palermo; art. 23 de la Convención de Mérida, y, en especial, los comentarios contenidos en los marginales 178, 222, 224, 225 y 227 de la Guía Legislativa para la aplicación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, 2ª ed., Nueva York: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2012, pp. 61 y 73. Asimismo, de acuerdo al contenido de la Nota interpretativa de la Recomendación Tercera del GAFI (párrafo 4), independientemente del sistema adoptado por cada país se debería incluir un catálogo de delitos que, como mínimo, comprendiera las “categorías designadas” (también denominadas “categorías establecidas de delitos”) que, según el Glosario, incluyen la corrupción y el soborno.

³⁸De esta opinión: ARÁNGUEZ, “El delito” cit. nota n° 21, p. 316; NÚÑEZ PAZ, Miguel A., “El tipo agravado de blanqueo de dinero procedente de delitos urbanísticos”, en: ABEL SOUTO, Miguel; SÁNCHEZ STEWART, Nielson (Coords.), III Congreso sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero, Valencia: Tirant lo Blanch, 2013, pp. 267-280, p. 275; LORENZO SALGADO, José M., “El tipo agravado de blanqueo cuando los bienes tengan su origen en el delito de tráfico de drogas”, en ABEL/SÁNCHEZ (Coords.), “III Congreso” cit. nota n° 38, pp. 223-250, p. 231; ABEL SOUTO, Miguel, “El blanqueo de dinero: problemática actual española, con anotaciones de derecho comparado estadounidense”, en: DEMETRIO/GONZÁLEZ-CUELLAR, “Halcones” cit. nota n° 24, pp. 101-178, p. 151; DURRIEU, “La ganancia” cit. nota n° 6, p. 311.

³⁹Véase ABEL, “El blanqueo” cit. nota n° 38, p. 150.

⁴⁰Véase NÚÑEZ, “El tipo agravado” cit. nota n° 38, p. 276; ABEL, “El blanqueo” cit. nota n° 38, pp. 149-150. De todos modos, no parece que el legislador de 2013 haya estado pensando en ello al momento de construir este subtipo agravado, pues el narcotráfico ha sido siempre el principal delito fuente del blanqueo -por los ingentes réditos económicos que reporta- y, pese a ello, se ha optado por mantener el lavado del producto del tráfico de drogas dentro del tipo básico (art. 346.1 CP).

⁴¹En el art. 346.1 se reconocen como delitos determinantes al cohecho, la exacción ilegal y negociaciones ilícitas, el tráfico de influencias, la falsificación de documentos públicos, la falsificación de documentos bancarios y de comercio, el enriquecimiento ilícito, la malversación, la apropiación indebida, y los actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación. De este modo, el legislador cubano cumple con las exigencias de penalización derivadas de las Convenciones de Palermo y Mérida, que demandan incluir dentro del catálogo de infracciones previas a los delitos de corrupción. Cfr. Art. 6.2-b) en relación con el art. 8 de la Convención de Palermo; y el art. 23.2-b) de la Convención de Mérida. Véase, asimismo, NACIONES UNIDAS, “Guía Legislativa” cit. nota n° 37, p. 73, marginal 227.

⁴²El principio general de proporcionalidad o prohibición de exceso es consustancial a la esencia del Estado de Derecho e impone los límites materiales que debe respetar toda acción del Estado que limite derechos fundamentales, por lo que se le considera un principio general informador de todo el ordenamiento jurídico y, especialmente, del Derecho penal. Véase, por todos, DE LA MATA BARRANCO, Norberto J., El principio de proporcionalidad penal, Valencia: Tirant lo Blanch, 2007, pp. 57-86; MIR PUIG, Santiago, “El principio de proporcionalidad como fundamento constitucional de límites materiales del Derecho penal”, en: MIR PUIG, Santiago; QUERALT JIMÉNEZ, Joan J. (Dirs.), Constitución y principios del Derecho penal: algunas bases constitucionales, Valencia: Tirant lo Blanch, 2010, pp. 67-104, passim; MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal. Parte General, 10ª ed., Barcelona: Reppertor, 2016, p. 138.

⁴³En síntesis, los hechos fueron los siguientes: El acusado RHPB, ciudadano cubano establecido en Panamá y titular de varias empresas inversionistas, estableció vínculos con el funcionario panameño que estaba al frente del Programa de Ayuda Nacional, a quien le pagó comisiones del 10% de las ganancias que consignaba en cada contrato a fin de que sus empresas fueran elegidas entre todas las que licitaban, lo que permitió que fuera contratadas en varias oportunidades. Parte del capital acumulado en esas contrataciones ilegales fue empleado por RHPB en la compra de viviendas y vehículos en territorio nacional. Véase Sentencia Nº 12, de 13 de febrero de 2017, dictada por la Sala 2ª de lo Penal del TPP de La Habana.

⁴⁴Así los califica, en términos gráficos, FABIÁN, “Relaciones” cit. nota n° 25, p. 105.

⁴⁵Véase QUIRÓS PÍREZ, Renén, Manual de Derecho Penal, Tomo II, La Habana: Félix Varela, 2002, p. 198.

⁴⁶Singularmente curioso es el caso del tráfico de influencias de funcionario (cfr. art. 151.2 CP), para el que se establece un marco sancionador idéntico al previsto en el subtipo agravado de blanqueo. De esta igualdad punitiva cabe deducir, en principio, la procedencia de apreciar un concurso de delitos, entendiendo que la prohibición contenida en el art. 346.3 no abarca el desvalor total del atentado a la función pública, aunque hay que reconocer que esta solución puede representar un exceso desde la óptica del principio de proporcionalidad.

⁴⁷Este ha sido el criterio interpretativo que tanto la doctrina como la práctica judicial cubana han asumido en torno a dicha fórmula legislativa, empleada en otros preceptos del CP (cfr. arts. 97.6, 113.4, 148.3, 163.2, 169.2, 181.4, 200.4, 201.3, 216.3, 218.2). Al respecto RODRÍGUEZ PÉREZ DE AGREDA, Gabriel, “Delitos contra el orden público”, en COLECTIVO DE AUTORES, Derecho Penal Especial, Tomo I, La Habana: Félix Varela, 2005, pp. 191-222, p. 219, destaca (refiriéndose al art. 216.3 CP) que esta regla “constituye una excepción al art. 10.1-a del Código Penal: el concurso medial de delitos”.

⁴⁸En el ámbito de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal reconoce, la doctrina especializada invoca la vigencia del principio de inherencia, cual manifestación del non bis in idem. Conforme a este postulado, si la condición que agrava o atenúa la pena ya está considerada en la descripción del hecho delictivo, ésta no podrá ser tomada en cuenta nuevamente. Véase BORJA JIMÉNEZ, Emiliano, La aplicación de las circunstancias del delito, Valencia: Tirant lo Blanch, 2015, pp. 63-77. Para evitar la doble valoración se podría optar por no calificar el tipo agravado y apreciar un concurso real entre el tipo básico y el delito de corrupción que corresponda, pero este criterio interpretativo conduciría a una derogación material de la figura agravada, que no llegaría a aplicarse nunca, en franca violación del principio de vigencia.

⁴⁹Conforme a la regla prevista en el art. 346.5 del CP, hay que descartar la posibilidad de un concurso medial entre ambas infracciones.

⁵⁰Incluso los autores que defienden un concepto amplio de corrupción, lo limitan a conductas dolosas. Véase, en este sentido, JAREÑO, “Corrupción” cit. nota n° 28, pp. 20-21, y DOVAL, “Delitos” cit. nota n° 34, p. 44; quienes, pese a atribuir naturaleza corrupta a la mala gestión de lo público, sugieren limitar la relevancia penal a los supuestos dolosos.

⁵¹Cfr. Art. 2.1 del DL 317/2013 en relación con el art. 4.1 del Decreto 322/2013. Véase, en esta línea, la Sentencia Nº 158, de 5 de agosto de 2011, dictada por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de La Habana (“Caso Mariposa”), en la que se condenó por la modalidad negligente de lavado de dinero a la Gerente de la Sucursal Playa del Banco Internacional de Comercio SA., por incumplir la debida diligencia bancaria y favorecer la conducta blanqueadora de un tercero.

⁵²Sobre este alcance del beneficio perseguido por los comportamientos corruptos, véase SORIANO, Ramón, “La corrupción política: tipos, causas y remedios”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, Nº 45 (2011), pp. 382-402, p. 385.

⁵³Para una distinción entre crímenes internacionales esenciales (stricto sensu) y crímenes transnacionales o delitos de tratados, véase GOODWIN-GIL, Guy S.; TALMON, Stefan, The Reality of Internacional Law, Oxford: Clarendon Press, 1999, pp. 199 y 205-208; DURRIEU, “La ganancia” cit. nota n° 6, p. 174.

⁵⁴Véase, entre otras, la Sentencia Nº 242, de 18 de marzo de 2014, dictada por la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular.

⁵⁵Véase OLASOLO ALONSO, Héctor, “¿Se debe recurrir a los mecanismos de respuesta del Derecho internacional penal para hacer frente a los delitos transnacionales?”, en: PÉREZ CEPEDA, Ana I. (Dir.), Política criminal ante el reto de la delincuencia transnacional, Valencia: Tirant lo Blanch, 2016, pp. 117-158, pp. 138 y 156; PÉREZ CEPEDA, Ana I., “¿Existe un sistema penal transnacional?”, en: PÉREZ, “Política criminal” cit. nota n° 55, pp. 219-260, pp. 225-230.

⁵⁶Estas maniobras ensombrecedoras se encaminan borrar los rastros oscuros de los activos maculados a fin de ofrecerles apariencia de licitud y garantizar su reincorporación al circuito económico regular, por lo que en estos supuestos concurrirá una finalidad específica, si bien ésta no es exigida en todo caso por el tipo. Véase, entre otros, VIDALES, “Los delitos” cit. nota n° 21, p. 106; DÍAZ-MAROTO, “El blanqueo” cit. nota n° 14, p. 121.

⁵⁷En este delito son admisibles, también, la autoría mediata y la inducción, siempre que concurran sus presupuestos. Para una explicación más detenida sobre las cuestiones de autoría y participación en este delito, véase, por todos, PALMA, “Los delitos” cit. nota n° 21, pp. 631-648; BLANCO, “El delito” cit. nota n° 14, pp. 808-818.

⁵⁸Como referentes europeos se han revisado los Códigos penales de Alemania y España; y en Latinoamérica, las leyes penales de Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

⁵⁹A favor de esta agravación, por entender que se trata de una circunstancia que amerita un mayor reproche social, ABANTO VÁZQUEZ, Manuel A., El delito de lavado de activos. Análisis crítico, Lima: Grijley, 2017, p. 197.

⁶⁰El art. 303, apartado 2, inciso b), del Código penal argentino contempla un subtipo agravado de blanqueo que se integra “cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones”.

⁶¹El Código Orgánico Integral Penal del Ecuador también prevé, como específica circunstancia de agravación en el delito de lavado de activos, el hecho de haber cometido esta infracción penal “utilizando instituciones públicas, o dignidades, cargos o empleos públicos” (cfr. art. 317, tercer párrafo, apartado c).

⁶²Conforme a la letra del art. 4.1 del Decreto Legislativo Nº 1106/2012 -Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y el crimen organizado-, la pena será privativa de libertad no mayor de diez ni mayor de veinte años y trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa cuando: “el agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público o de agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil”.

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