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Universum (Talca)

On-line version ISSN 0718-2376

Universum vol.37 no.2 Talca Dec. 2022

http://dx.doi.org/10.4067/s0718-23762022000200667 

ARTÍCULOS

De la movilización a la convención: dinámicas y estrategias de las organizaciones socioambientales en el proceso constituyente chileno

From mobilization to the convention: dynamics and strategies of socio-environmental organizations in the Chilean constituent process

1Departamento de Sociología, Ciencia Política y Administración Pública, Universidad Católica de Temuco, Chile/ Universidad Mayor, Chile / Colectivo de Estudios Político Ambientales (CEPA), Chile. scarrasco@uct.cl

2Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Concepción, Chile/ Colectivo de Estudios Político Ambientales (CEPA), Chile. yanezcpaulo@gmail.com

3Facultad de Gobierno, Universidad de Chile, Chile/ Colectivo de Estudios Político Ambientales (CEPA), Chile. camila.cuevas.g@ug.uchile.cl

4Facultad de Gobierno, Universidad de Chile, Chile/ Colectivo de Estudios Político Ambientales (CEPA), Chile. valentina.cariaga@ug.uchile.cl

5Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Concepción, Chile/ Colectivo de Estudios Político Ambientales (CEPA), Chile. pems1992@gmail.com

6Facultad de Gobierno, Universidad de Chile, Chile/ Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), Chile / Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), Chile / Colectivo de Estudios Político Ambientales (CEPA), Chile. antoinemaillet@iap.uchile.cl

RESUMEN

El octubre chileno marcó un punto de inflexión en el devenir político del país, catalizando un proceso de cambio constitucional. En este contexto, la investigación analiza el rol que tienen los actores socioterritoriales en el posicionamiento de las demandas ambientales en el proceso constitucional, dando cuenta de su configuración y estrategias. Para hacer esto, el artículo analiza una muestra intencionada de organizaciones socioambientales desplegadas a lo largo del territorio nacional. Del mismo modo, se desarrolla una mirada teórica sobre las estrategias políticas de las organizaciones socioambientales y establece una estrategia metodológica mixta, combinando técnicas cuantitativas y cualitativas. Los resultados muestran que las organizaciones socioambientales mantienen ciertos elementos comunes respecto a las demandas ambientales que persiguen, pero difieren en la utilización de distintas estrategias de influencia sobre el proceso constituyente, tanto insider como outsider. El estudio contribuye a la discusión sobre la movilización ambiental en Chile, avanzando más allá de los estudios de caso, que son las perspectivas dominantes en este tipo de investigación, y a la vez retrata un proceso político en curso, por lo que puede aportar a la discusión pública actual.

Palabras claves: movilización socioambiental; proceso constituyente; estrategias de movilización; demandas; organizaciones

ABSTRACT

The social outburst in Chile generated a relevant milestone in the country's political system, since it catalyzed a process of constitutional change. In this context, the research analyzes the role of socio-territorial actors in the positioning of environmental demands in the constitutional process. In addition, the configuration and strategies of environmental organizations are established. To do this, the article analyzes an intentional sample of socio-environmental organizations deployed throughout the national territory. In the same way, a theoretical perspective is developed on the political strategies of social-environmental organizations and establishes a mixed methodological strategy, combining quantitative and qualitative techniques. The results show that socio-environmental organizations maintain certain common elements regarding the environmental demands they pursue, yet differ in the use of different strategies to influence the constituent process, both insider and outsider. The study contributes to the discussion on environmental mobilization in Chile, moving beyond the case studies, which are the dominant perspectives in this type of research; and at the same time, it portrays an ongoing political process, thus contributing to the current public discussion.

Keywords: socio-environmental mobilization; constituent process; mobilization strategies; demands; organizations

Introducción

El llamado octubre chileno (Araujo, 2019) acontecido durante los últimos meses del año 2019 en Chile, marca un punto de inflexión en el devenir del sistema político nacional hasta el día de hoy (Ivanova & Almendras, 2021). Un descontento generalizado con la clase política y las instituciones, junto con una intensa movilización social a lo largo del territorio nacional, presionaron a tal punto al sistema político democrático que, en un hecho histórico, los actores políticos acordaron el inicio de un proceso participativo de reforma constitucional. En el discurso público, la frase “no son 30 pesos, son 30 años” se transformó en el lema de la movilización, haciendo referencia a los distintos problemas públicos que no han podido ser resueltos -y en muchos casos, ni siquiera aminorados- en las gestiones de los distintos gobiernos que se han sucedido desde la vuelta a la democracia en 1990. De este modo, la movilización ha tenido demandas diversas, muchas de las cuales han buscado la transformación del sistema político y económico en su conjunto, con distintos grados de articulación y agregación.

A diferencia de otros procesos de movilización social en Chile, la revuelta de octubre no contó con liderazgos fuertes a nivel nacional provenientes de organizaciones sociales -como ocurrió con la movilización estudiantil de 2011- y, en cambio, es caracterizada como un proceso más bien espontáneo de articulación (Somma et al., 2021). No obstante, cuando analizamos los contextos territoriales, se observa que existe un complejo entramado de dinámicas sociales y organizativas subyacentes a la revuelta social. Lo anterior es especialmente relevante en el caso de las organizaciones ambientales, y cómo éstas se articularon en torno a las movilizaciones del 18 de octubre.

El rol político de las organizaciones socioambientales en este proceso se debe entender a partir de la trayectoria histórica de la movilización ambiental y territorial en Chile. En general, en la discusión pública parece ser que lo socioambiental está relegado a lo territorial-local: resistencias de comunidades organizadas ante problemáticas ambientales que afectan directamente sus territorios. Sin embargo, en los últimos años se ha observado un aumento en la conflictividad y las protestas socioambientales (Delamaza et al., 2017), así como en la articulación de organizaciones que resisten los daños ambientales en los territorios (Bolados & Sánchez, 2017; Valenzuela-Fuentes, et al., 2021), y que a su vez son capaces de influenciar los procesos de política pública (Cortez & Maillet, 2018). Más recientemente, las organizaciones socioambientales también han demostrado su capacidad de posicionarse como actores políticos relevantes, a través de la designación de algunos de sus miembros en cargos de elección popular, sobre todo en lo que respecta a los convencionales que están encargados de redactar la nueva constitución, muchos de los cuales provienen desde este tipo de organizaciones (Maillet & Martínez, 2021).

De este modo, es esperable que los actores y organizaciones socioambientales hayan sido centrales en el proceso político iniciado el 18 de octubre de 2019, y su posterior corolario en el proceso constituyente. Después de todo, los desafíos ambientales son una de las mayores preocupaciones globales contemporáneas (Carter, 2018) y, al mismo tiempo, el proceso constituyente abrió una ventana de oportunidad (Kingdon, 1995) para incorporar las demandas ambientales en un lugar prioritario dentro de la agenda pública en Chile. Por tal motivo, se vuelve necesario analizar de forma sistemática a las organizaciones socioambientales que están presentes en el escenario chileno actual, cómo se articulan y a través de qué estrategias han logrado que el tema ambiental haya transitado desde lo social-local a una dimensión político-institucional. Avanzar en esta línea nos permite reflexionar y comprender las dinámicas de las organizaciones socioambientales y su influencia política más allá de los territorios. En ese sentido, la pregunta principal que nos hacemos es: ¿cuál es el rol que tienen los actores territoriales en el posicionamiento de las temáticas ambientales en el proceso constituyente chileno?

En consideración de lo anterior, la presente investigación tiene un doble objetivo. Por una parte, busca contribuir a la comprensión de las dinámicas de la movilización socioambiental en Chile, con una caracterización original del activismo socioambiental y su trayectoria organizacional, a través de un ejercicio de sociología descriptiva. Por otro lado, busca analizar de manera específica el rol de las organizaciones socioambientales en el proceso constituyente, dando cuenta de las distintas estrategias utilizadas. Para realizar esto, se aplican tanto técnicas cuantitativas -estadísticas descriptivas a partir de la aplicación de una encuesta- y cualitativas -entrevistas en profundidad a dirigencias de organizaciones socioambientales-, para comprender de manera integral el fenómeno bajo estudio, considerando los elementos globales de la movilización y los contextos territoriales donde se articulan las organizaciones y demandas ambientales.

Luego de esta introducción, el artículo se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, se desarrollan los fundamentos teóricos que guiarán la investigación; en particular, se discute sobre las dinámicas de las organizaciones socioambientales en Chile, sus características y las estrategias que utilizan para incidir en el plano político. En segundo lugar, se establece la estrategia metodológica, donde se usan estadísticas obtenidas de una aplicación de una encuesta original, y se complementa con un análisis cualitativo basado en entrevistas. En tercer lugar, se da cuenta de las estrategias desplegadas en el marco del proceso constituyente.1 Finalmente, se entregan algunas conclusiones sobre las dinámicas de la movilización socioambiental y las implicancias que esto puede tener para la redacción de la nueva constitución.

Movilización socioambiental: antecedentes, estrategias y temporalidad

El estallido social de 2019 en Chile se expresó en protestas masivas y otras acciones contenciosas a lo largo de todo el territorio, durante días, y sin que el gobierno tuviera capacidad de controlar la situación. En términos analíticos, el sistema político chileno presentó un grado de debilidad institucional que no le permitió canalizar adecuadamente el malestar que dio origen a la revuelta social (Avendaño y Osorio, 2021). Por otro lado, y a diferencia de otros procesos de movilización social en el país, las protestas del 18 de octubre de 2019 no contaban con un liderazgo definido, resultando un proceso más bien espontáneo de articulación (Somma et al., 2021). Sin embargo, consideramos que, al menos en el caso de las demandas ambientales, durante este período se pueden observar distintas dinámicas sociales y territoriales que subyacen a este proceso político, y que luego van a permitir la institucionalización de este tipo de organizaciones y liderazgos sociales. En este apartado desarrollamos los fundamentos teóricos que nos permiten comprender la complejidad y diversidad de actores, demandas y estrategias que alberga esta movilización en el plano ambiental.

En general, el tema ambiental se relaciona con naciones ricas, donde la población se puede ocupar de los valores postmateriales, como el medioambiente, una vez que ya ha satisfecho otras necesidades básicas. No obstante, sistemáticamente las encuestas muestran que la preocupación ambiental de la ciudadanía no se relaciona con la riqueza o con valores postmateriales (Dunlap & York, 2008). Así, la preocupación ambiental constituye un tema relevante y transversal para la ciudadanía, en distintos lugares del mundo. Siguiendo a Leff (2004), en el ámbito ambiental operaría una “racionalidad ambiental”, que problematiza el discurso racional de la modernidad, y, en cambio, pone énfasis en el diálogo de distintos saberes, en donde los pueblos de la tierra -donde cabrían las organizaciones y movimientos ambientales- tienen un rol central para el desarrollo de agendas de sustentabilidad (Leff, 2014). Después de todo, las organizaciones sociales se constituyen como la expresión más visible de las preocupaciones ambientales contemporáneas (Carter, 2018).

En el caso chileno, se observa un alto grado de organizatividad social en torno a temáticas ambientales, donde organizaciones socioambientales han logrado articularse de tal forma que han sido determinantes en la formulación de políticas ambientales (Maillet & Carrasco, 2021), así como también en frenar el avance de proyectos de inversión con impacto ambiental (Maillet & Albala, 2018; Schaeffer, 2017; Martínez & Delamaza, 2018) y en articular resistencias territoriales ante las acciones contaminantes de la industria, sobre todo en lo que respecta a zonas de sacrificio (Bolados & Sánchez, 2017; Valenzuela-Fuentes et al., 2021). Lo anterior es consistente con el aumento sostenido de la conflictividad socioterritorial durante los últimos años (Delamaza et al., 2017), que de hecho posiciona a las protestas de este tipo entre las más numerosas de la última década (Joignant et al., 2020). Así, ante las profundas desigualdades socioecológicas existentes en los territorios (Castillo, 2016), la movilización socioambiental ha logrado presionar la institucionalidad ambiental chilena, siendo central en muchos de los cambios institucionales logrados (Madariaga, 2019). Estos elementos contextuales son relevantes para comprender las dimensiones temporales, así como las estrategias políticas de las organizaciones socioambientales.

Estrategias políticas de las organizaciones socioambientales

Las consecuencias políticas de las acciones de las organizaciones sociales son uno de los elementos menos estudiados por la literatura especializada, aunque su análisis ha ido en aumento en el último tiempo (Amenta et al., 2010). Los impactos políticos se pueden generar en distintos ámbitos, como las políticas públicas (Olivares & Carrasco-Hidalgo, 2020), pero también sobre las dinámicas electorales (Amenta et al., 2010) y la opinión pública (Disi, 2021). De la misma manera, los contextos político-institucionales, framings y estructuras de movilización específicas constituyen condiciones cruciales para comprender el impacto que los movimientos sociales pueden llegar a tener en política (Amenta et al., 2010).

A pesar de lo anterior, típicamente el foco del análisis político de los movimientos y organizaciones sociales se centra en sus aspectos más visibles: acciones contenciosas tales como protestas en las calles, huelgas de hambre y acciones de desobediencia civil. Sin embargo, cuando hablamos del impacto político y de política pública, las acciones de los movimientos sociales van mucho más allá, diversificando sus repertorios de acción hacia estrategias que influencian lo político desde dentro de la institucionalidad (Donoso, 2017). Al respecto, en nuestra investigación utilizamos la conceptualización de Donoso (2017), que distingue entre dos principales estrategias de los movimientos sociales: outsider e insider. Mientras que las estrategias outsider se centran en el desafío de las instituciones existentes, a través de prácticas de protesta, las estrategias insider presionan las instituciones políticas desde dentro, mediante mecanismos institucionales como el lobby u otras formas de participación en el Estado (Donoso, 2017). Esta caracterización ha demostrado ser útil para analizar distintos tipos de movilización social (véase Rozas & Maillet, 2019). Las estrategias insider y outsider se pueden presentar de forma simultánea, aunque la dicotomía pueda significar una tensión para el movimiento.

En el caso de la movilización socioambiental, las estrategias en general son de tipo outsider, como las protestas en oposición a proyectos que generan daños ambientales sobre los territorios, teniendo distintas consecuencias. Por ejemplo, Akchurin (2020) señala que los proyectos mineros más propensos a tener oposición a través de movilizaciones sociales, son aquellos que amenazan a las comunidades agrarias e indígenas, especialmente en términos de la disponibilidad del agua y la tierra. Una mayor probabilidad de oposición también es cierta cuando los proyectos son mayormente de inversionistas internacionales (Akchurin, 2020). Estudiando la oposición a proyectos de inversión energéticos en el sur del país, Martínez & Delamaza (2018) dan cuenta de que la articulación del movimiento social con otros actores relevantes del territorio, así como la construcción de framings y la visualización de alternativas a los proyectos, son elementos relevantes para el éxito de la oposición social a actividades extractivas en el territorio.

No obstante, en estos mismos tipos de conflicto también se han realizado estrategias desde dentro de la institucionalidad. La incorporación de grupos movilizados -indígenas-, a través de mecanismos de participación ciudadana, ha permitido el fortalecimiento institucional, a la vez que se han logrado frenar dinámicas extractivas, como la paralización de proyectos de inversión que afectan en mayor medida a estos grupos (Falleti & Riofrancos, 2018). De modo similar, en procesos de reformas institucionales, los movimientos ambientalistas han sido capaces de generar estrategias insider para influenciar las decisiones. Al respecto, Akchurin (2015) da cuenta de la activación de redes epistémicas del derecho por parte de las organizaciones sociales, para promover los llamados derechos de la naturaleza, a la vez que se consiguen apoyos políticos para estas ideas. En definitiva, la vinculación de distintos tipos de estrategias no es algo nuevo en la movilización socioambiental, pero sus consecuencias políticas están mediadas por distintos factores.

Temporalidad y autonomía de la movilización socioambiental en Chile

Para entender cómo operan las estrategias -tanto insider como outsider-, un elemento central que se debe tener en cuenta es la dimensión temporal. En tal sentido, es necesaria una teorización de los resultados y consecuencias políticas intertemporales de la movilización (Bosi, 2016; Bidegain & Maillet, 2021). En relación con la movilización socioambiental, esta propuesta es coincidente con lo establecido por otros autores, respecto a que los conflictos socioterritoriales por sí mismos no tienen grandes impactos políticos, sino que es la acumulación y combinación de estos lo que explica nuevas formas de politización e implicancias en distintos niveles gubernamentales (Delamaza, 2019). Por lo tanto, las estrategias políticas de las organizaciones se deben analizar en función de los desarrollos históricos y su relación con los territorios que habitan.

Por otro lado, una característica general de la movilización social en Chile que también se debe tener en cuenta es su autonomía. Desde la vuelta a la democracia se observa que los movimientos y organizaciones sociales han gestado un proceso paulatino de autonomización de los partidos políticos tradicionales (Bidegain, 2017; Somma & Bargsted, 2015), a diferencia de las dinámicas que establecen los grandes movimientos sociales del siglo XX (Tilly & Wood, 2010). Por lo tanto, las estrategias institucionales -como llevar candidatos para la redacción de una nueva constitución-, pueden generar conflictos intra y extra organizacionales. La literatura existente hasta el momento no nos permite caracterizar adecuadamente este fenómeno, ya que buena parte de la investigación se concentra en estudios de caso específicos (Maillet et al. 2021), mientras que los análisis globales se concentran más bien en conflictos o protestas a nivel agregado (Delamaza et al., 2017; Joignant et al., 2020), sin lograr retratar la complejidad organizacional de las organizaciones socioambientales en Chile. Dado este contexto, la presente investigación avanza en este sentido, incorporando una dimensión meso de análisis sobre las organizaciones socioambientales, comprendiendo de mejor manera la diversidad de demandas, estrategias y conflictos existentes, en relación con un proceso único en la historia política chilena, como lo es la redacción de una nueva constitución mediante una convención constitucional.

Metodología

Para cumplir con los objetivos establecidos, se aplicó una estrategia metodológica en dos etapas: en primer lugar, se aplicó una encuesta original a actores de organizaciones socioambientales y luego se realizaron entrevistas en profundidad a una muestra de los actores que fueron encuestados.

La primera fase del estudio constituye un análisis cuantitativo basado en la aplicación de una encuesta original a distintos dirigentes de organizaciones ambientales, a lo largo de todo el territorio nacional. Existe una pluralidad de liderazgos ambientales en Chile, pero en general son difíciles de identificar y contactar, dada la compleja -y muchas veces peligrosa- naturaleza de su actuar -la defensa del ambiente y la naturaleza, generalmente en contraposición de empresas extractivas-. Por este motivo, la población tiene un carácter de semi-oculta, lo cual hace difícil la construcción de muestra representativa que comúnmente es utilizada en estudios cuantitativos. En nuestro caso, la encuesta se aplicó sobre una población específica: el total de organizaciones socioambientales que colaboran con la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA),2 construyendo así un marco referencial teórico de la muestra (Heckarthon, 1997) respecto del total de organizaciones ambientales en Chile. De manera específica, nuestra estrategia consistió en la construcción de un marco referencial de activistas socioambientales, lo cual permitió que la encuesta fuese enviada a 60 organizaciones ambientales, siendo completada por 41 personas, a través de un formulario online que contenía más de 30 preguntas. Es necesario destacar que la encuesta no es representativa y, en cambio, trabajamos con una muestra no paramétrica, que, por el tipo de encuestado y su originalidad, es relevante para la discusión planteada.

En una segunda etapa cualitativa, durante los meses de junio, julio y agosto de 2021, se realizaron 10 entrevistas semiestructuradas, aplicándose un muestreo intencionado a la muestra de 41 personas que respondieron la encuesta. Los dos criterios de selección de entrevistados fueron: en primer lugar, el criterio territorial,3 a partir de la región de residencia de cada entrevistado. En segundo lugar, se crearon perfiles teóricos en base a respuestas del cuestionario, agrupando la muestra en dos perfiles prototípicos: uno en relación con la inclinación manifestada sobre el proceso constituyente, y otro con las estrategias propuestas para incidir en él. Se aplicó el criterio de paridad de género al total de entrevistas, resultando un total de 5 personas identificadas como mujeres y 5 como hombres. A partir de aquello se realizó el proceso de transcripción para construir el corpus de entrevistas, que fueron analizadas y agrupadas a través de un análisis temático (Braun & Clarke, 2006).

En definitiva, se trabajó con una muestra variada, mas no representativa, de activistas pertenecientes a diversos territorios de Chile, con distintas experiencias, trayectorias, militancias políticas, edades, profesiones y adscripciones a pueblos originarios (PPOO). A pesar de estas diferencias, y como ya se puntualizó, existen muchos puntos de encuentro en torno a expectativas, propuestas y estrategias para hacer frente a los problemas socioambientales. En los siguientes apartados se detallan algunos de estos puntos, con especial énfasis en las dinámicas producidas a partir del proceso constituyente en Chile. Algunos de los datos que podemos destacar en este sentido se pueden apreciar en la Tabla N° 1:

Tabla Nº 1. Caracterización de la muestra de actores encuestados y entrevistados (Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la encuesta a activistas de la primera fase de esta investigación). 

De los puntos presentados, respecto a la profesión/ocupación se pueden destacar algunos elementos relevantes. En primer lugar, el tipo de profesión contrasta con el perfil de las personas que se encuentran en cargos de poder en el sistema político chileno, que tradicionalmente ha sido identificado como elitista (Olavarría, 2016), donde abogados y economistas han sido las profesiones predominantes, tanto en cargos de poder (Silva, 2010) como de asesoría de alto nivel (Aguilera & Fuentes, 2011). Respecto a la ideología, sobre este punto vemos que los dirigentes ambientales en general poseen ideologías políticas definidas, buena parte de ellas en el tradicional eje izquierda-derecha, lo cual contrasta con el declive sistemático de la identificación ideológica de las personas que de modo general se ha instaurado en Chile (Bargsted & Somma, 2016). El grado de politización de las y los activistas socioambientales, y la significación de las temáticas socioambientales como reivindicaciones políticas, son cuestiones importantes de destacar en un contexto donde ha aumentado la desafección ciudadana con la política en general (Segovia, 2017; Fuentes, 2018).

Por otro lado, el mapa N° 1 muestra la distribución territorial de las y los encuestados. En dicha figura, se observa una importante heterogeneidad territorial en relación con el lugar donde habitan los/as encuestados/as. Esta característica tiene por lo menos dos implicancias. En primer lugar, la distribución a lo largo del territorio permite cumplir con uno de los objetivos del trabajo; esto es, se procura una mínima representación territorial de los/as encuestados/as, contando con personas de la mayor parte de las regiones de Chile. En segundo lugar, esta diversidad es consistente con la heterogénea distribución de los conflictos socioterritoriales, que se emplazan a lo largo del territorio nacional, aunque con distintas causas y demandas (Delamaza et al., 2017). En definitiva, todo ello permite contar con una perspectiva diversa sobre las problemáticas abordadas por la investigación.

Mapa N°1 Distribución geográfica de los/as encuestados/as según región (Fuente: Elaboración propia). 

Esta caracterización nos permite tener una idea más precisa sobre los perfiles de los liderazgos socioambientales que se encuentran presentes en Chile. Tal como se ha establecido, la mayor parte de estas personas poseen un alto nivel educacional y cuentan con profesiones diversas; tienen edades disímiles, pero que se tienden a concentrar entre 40 y 49 años; existe paridad entre hombres y mujeres; en su mayoría no se reconocen como parte de un pueblo indígena; se distribuyen a lo largo del territorio, y se identifican mayormente con la izquierda y la centro-izquierda políticas. Así, esta primera aproximación entrega un marco referencial para comprender mejor los análisis respecto al rol de las organizaciones y sus estrategias, de las personas encuestadas, en el marco de los procesos políticos que se han llevado a cabo en Chile en los últimos años.

A pesar de estas diferencias, y como ya se puntualizó, existen muchos puntos de encuentro en torno a expectativas, propuestas y estrategias para hacer frente a los problemas socioambientales. En los siguientes apartados se detallan algunos de estos puntos, con especial énfasis en las dinámicas producidas a partir del proceso constituyente en Chile.

Lo ambiental en el proceso constituyente: el rol de las organizaciones socioambientales

Antecedentes de la movilización socioambiental en el proceso constituyente

La evidencia recopilada en esta investigación da cuenta que las organizaciones socioambientales han tenido un rol importante antes y durante la revuelta de octubre de 2019, así como en el proceso constitucional posterior. En tal sentido, la revuelta es entendida en el marco de coyunturas de movilización anteriores, en el que dichas organizaciones -y sus activistas- participan de forma activa, convocando y organizando la protesta e instancias de discusión. En este caso, se observa que las estrategias de movilización se desarrollan en un largo plazo, tal como se ha observado en otros casos de movilización en Chile (Bidegain & Maillet, 2021). Estas experiencias de movilización aparecen relacionadas con las problemáticas socioambientales presentes en los territorios. Así, los años previos a la revuelta de octubre -esto es 2018 y 2019- son caracterizados como un periodo de fortalecimiento interno de las organizaciones socioambientales, así como de despliegue de acciones de propaganda vinculadas a la existencia de proyectos en los territorios y espacios de articulación con otras colectividades.

Las estrategias utilizadas por estas organizaciones son diversas y revelan herramientas que operan en distintos niveles y en horizontes temporales de largo y corto plazo. Por ejemplo, en relación con la difusión sobre los conflictos socioambientales que se viven en las localidades, las estrategias más relevantes identificadas son: realización de estudios científicos, documentales, programas de radio, seminarios y conversatorios, así como otras actividades que les permiten desarrollar conocimientos y dotarse de herramientas para afrontar los conflictos del territorio. Del mismo modo, destacan las acciones orientadas a generar redes entre distintas organizaciones socioambientales, tal como señala una entrevistada: “entonces siempre participaba allí y nos propusimos ese día tener ese espacio para poder generar otros vínculos con otras personas así tener los datos y conocer a los que iban a venir, porque hubo mucha difusión de ese evento” (EF1).

En tal sentido, la revuelta de octubre de 2019 es entendida por los activistas en el marco de un proceso de organización ya desarrollado. Concuerdan en señalar que, tras largos hitos de movilización en sus territorios, la revuelta es parte de un continuum de movilización en torno a conflictos territoriales que tendrían su punto álgido en los sucesos de octubre de 2019. En tal sentido, es posible argumentar que la movilización socioambiental responde a procesos intertemporales (Bidegain & Maillet, 2021), donde la acumulación de la conflictividad territorial tiene consecuencias políticas (Delamaza, 2019), cuyos efectos agregados se expresan en la revuelta social:

... nosotros como te digo, ya hemos estado luchando ahora hace más de 20 años por el tema socioambiental, por ejemplo, nosotros participamos activamente de las movilizaciones del año 2011 y 2012 [...] lo que ocurrió en 2019, en octubre del 2019 que, parte en Santiago y como te digo, fue nada más que el despertar de la gente que hasta ese momento había sido inconsciente de lo que estaba pasando en Chile. (EM5)

Por otro lado, respecto a las estrategias durante la revuelta misma, se observa que las organizaciones participan convocando a jornadas de protesta, pero además dotando de contenido dichas instancias, mediante lienzos y pancartas. Luego de los días 18 y 19 de octubre de 2019 generan instancias de discusión y formación, lo que las posiciona como uno de los núcleos activos de la movilización del Octubre Chileno en los territorios. Además, los activistas indican que la comunidad se organizó en cabildos y asambleas de discusión sobre los problemas del territorio. Como señala una de las entrevistadas: “... fuimos los primeros, el 18 de octubre fue el estallido, el 19 de octubre nosotros habíamos constituido la asamblea en Olmué, estábamos convocando [...] llegamos 150 personas” (EM1). En definitiva, el trabajo territorial que las organizaciones venían desarrollando desde hace años en diversos espacios locales permitió dar un primer cause social a las protestas que, de una manera más inorgánica, se habían generado en los días previos.

En el gráfico N° 1se pueden apreciar de modo agregado las distintas formas de organización que mantuvieron las organizaciones en la revuelta de octubre. Se vislumbra que la mayoría de las acciones en esta dirección fueron las reflexiones colectivas y las declaraciones públicas, seguidas en tercer lugar por las protestas. Observamos que existe una pluralidad de estrategias que van más allá de las actividades contenciosas, y a partir de las cuales tempranamente la revuelta social adquiere distintas características.

Gráfico N°1 . Formas de participación de la organización durante la revuelta de octubre (Fuente: Elaboración propia). 

Por otro lado, las demandas ambientales parecen tener un lugar importante a la hora de entender el malestar que estalla en las movilizaciones de Octubre 2019, siendo principales las reivindicaciones por detener industrias que desarrollan actividades intensivas sobre el territorio y por la defensa del agua. En el mismo sentido, los principales conflictos que aquejan a los territorios son aquellos asociados a la generación de energía, tales como las centrales hidroeléctricas y centrales de paso, además de proyectos de extracción minera, lo cual es coincidente con la dinámica general de la conflictividad socioterritorial en Chile, donde, por un lado, los sectores mineros y energéticos son donde se produce el mayor número de conflictos (Delamaza et al., 2017), y por otro las lógicas de la movilización socioambiental se vinculan a problemas del desarrollo local y a los efectos de la actividad industrial en los territorios (Allain, 2019).

Por su parte, las áreas económicas vinculadas a la minería y la generación de energía expresan la dinámica general del modelo económico extractivista imperante en Chile, y que en la cotidianeidad emerge en el problema de la escasez hídrica (Jerez et al., 2021). En el Gráfico N°2 se muestra la percepción sobre la presencia de la temática ambiental en la revuelta de octubre, advirtiendo su importancia. Ante la consulta, orientada a profundizar sobre el lugar que ocuparon las demandas para convocar a las manifestaciones, los entrevistados refieren la importancia de dichas problemáticas para movilizar a los territorios, puntualizando en la importancia por la defensa del agua, como señala un entrevistado: “[...] fuera de Santiago lo más fuerte o lo que más motivó a la ciudadanía fue el agua cachai, una motivación estrictamente ambiental [...]” (EM1).

Gráfico N°2 . Presencia de las temáticas ambientales durante la revuelta de Octubre (Fuente: Elaboración propia). 

La postura de las organizaciones socioambientales en el plebiscito constitucional

La discusión sobre el camino institucional planteado por el Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución, y firmado por gran parte de los partidos del sistema político tradicional el 15 de noviembre de 2019, generó tensiones para las organizaciones socioambientales. Los activistas afirman que el escenario funcionó tensionando a las organizaciones, las que a grandes rasgos mostraron tener dos posturas en cuanto a la coyuntura. La primera postura valora positivamente el proceso institucional de cambio constitucional, caracterizándose como una ventana para realizar cambios en favor de las luchas socioambientales: “... vimos ahí una oportunidad. En el sentido de que lo que nosotros y nosotras teníamos claro desde el inicio del conflicto: había una posibilidad de destrabar. Es decir, nuestros bienes naturales y comunes dejarán de estar privatizados” (EF5). La posibilidad de escribir una nueva constitución se visualiza como una oportunidad, lo que motiva a las organizaciones a tomar posición en el escenario, donde más del 60% de las organizaciones afirma haberse posicionado activamente (Gráfico N°3).

Gráfico N°3 . Posición de las organizaciones socioambientales ante el Plebiscito del 25 de octubre. (Fuente: Elaboración propia). 

La segunda postura valora críticamente el proceso institucional de cambio constitucional, entendiéndolo como un acuerdo impuesto por la institucionalidad política y los partidos con representación parlamentaria que firmaron el Acuerdo por la Paz. Así, algunas organizaciones afirmaron tener una mirada crítica, puesto que se consideró como un acuerdo carente de validez social por realizarse al margen de la movilización y sin participación de las organizaciones sociales, tal como se señala en este extracto de entrevista:

Bueno, hemos sido y somos bien críticos de la manera en que se llega al acuerdo. Primero porque el acuerdo solamente es confirmado, concordado, negociado, cocinado con las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria [...] la adhesión a la revuelta, tenía que ver precisamente con una gran crítica a los partidos políticos y a las instituciones. (EF5)

Estos elementos permiten reafirmar algunos aspectos planteados por la literatura (Donoso, 2017), en la medida en que las organizaciones socioambientales tienen desacuerdos sobre su posición para inmiscuirse en un proceso político institucional. La movilización se venía desarrollando principalmente en el campo de las estrategias outsider, pero la apertura de nuevos canales formales de participación política tensiona a las organizaciones por la posibilidad de generar estrategias insider para incidir políticamente. De esta manera emergen las dos valoraciones de las organizaciones socioambientales mencionadas, la primera visión asociada a estrategias insider que valora positivamente el acuerdo que marca el camino institucional de cambio a la constitución, visualizando el proceso como una ventana de oportunidad, y la segunda visión, asociada a estrategias outsider que desconfía del acuerdo institucional criticando su falta de legitimidad social, y que es visto como una imposición de la institucionalidad política, que plantea una aproximación con desconfianza respecto a cómo involucrarse en el proceso y no una indiferencia con el mismo. Para esta segunda mirada, la lucha socioambiental se debe gestar al margen de la institucionalidad formal.

Candidaturas ambientales a la Convención Constitucional: una estrategia insider para plasmar lo ambiental en la nueva constitución

Una vez firmado el acuerdo, y ante la posibilidad de las organizaciones socioambientales de participar en la Convención Constitucional que se decidió para redactar una nueva constitución, éstas comenzaron a desarrollar algunas estrategias insider (Donoso, 2017) para influenciar el proceso, principalmente con el establecimiento o apoyo para que miembros de las organizaciones fueran parte de los convencionales electos destinados a redactar una nueva constitución. En tal sentido, un 31% de las organizaciones de las organizaciones encuestadas levantaron candidaturas a la Convención, tal como se ve en el gráfico N°4. No obstante, la mayoría de las organizaciones medioambientales no compitieron con una candidatura en la convención constituyente y tampoco apoyaron a algún constituyente en su distrito.

Gráficos N°4 . Participación de las organizaciones socioambientales en las elecciones de convencionales constituyentes (Fuente: Elaboración propia). 

En el caso de las organizaciones con candidaturas propias, los activistas afirman que vieron en las candidaturas una doble misión: además de disputar un cargo político, esta estrategia le permitía a las organizaciones visibilizar problemáticas o disputar esos espacios frente a las fuerzas políticas tradicionales, como ilustra una entrevistada “esta decisión colectiva de mi candidatura obedece a otra cosa. Porque esto no era disputar un cargo de representación. Tenía otro carácter. Entonces la vimos y la vemos, y la seguimos viendo, como algo distinto” (EF5). La vinculación que las organizaciones socioambientales tuvieron con candidaturas a la convención constituyente da cuenta de una conexión con candidaturas identificadas como propiamente socioambientales, o sensibles a estos problemas, ya sean estas de su territorio o a nivel nacional. En el caso de las articulaciones, esta vinculación aparece habilitada por un trabajo en el territorio previo y a lo largo del tiempo, como señala uno de los entrevistados:

Algunos están ya electos, son compañeros de la red y del trabajo que hemos estado realizando a lo largo de Chile. Entonces yo creo que por ahí va como una fortaleza respecto del trabajo previo a todo esto, porque antes de que fuera el estallido nosotros ya llevábamos trabajando tres años. (EM3)

En tal sentido, al igual que las experiencias de protesta vividas en contexto de la revuelta, la coordinación para la constituyente se señala como producto de un trabajo permanente a lo largo de los años, gracias a la conformación de redes que agrupan organizaciones con la temática socioambiental. Esta se presenta también de manera más bien informal, a partir del desarrollo de experiencias compartidas y acumuladas a lo largo del activismo en distintos espacios y actividades como seminarios y congresos asistidos por los activistas y las organizaciones. De igual manera, los entrevistados afirman que en el marco de la discusión sobre el carácter de su participación en la convención constituyente se establecen relaciones con organizaciones de otra índole, con las que se comparten demandas, destacando entre ellas a las colectividades feministas y de pueblos originarios.

En síntesis, la coyuntura electoral de la convención constitucional es experimentada para las organizaciones como un proceso de articulación, en torno a maneras de influir en la convención vía estrategias insider, ya sea formal con la participación en espacios de vinculación establecidos con anterioridad; o informal, habilitado por haber compartido previamente experiencias en distintas actividades. En ambos casos, existe entre estas un trabajo previo que permite que la articulación suceda, la cual se da principalmente entre organizaciones socioambientales, y también entre otras a las que se identifica con sensibilidad frente a dichas problemáticas.

El proceso de elaboración de la nueva constitución: articulación e incidencia de las organizaciones socioambientales.

Expectativas sobre una constitución ecológica

Las expectativas de las organizaciones ambientales sobre los alcances socioambientales en la nueva constitución son altas. Sin embargo, no existe consenso entre los actores respecto a cómo incorporar la dimensión socioambiental en la constitución. Dos son los temas que están presentes en más del 90% de las respuestas de nuestra encuesta, así como en las entrevistas: el derecho a la seguridad hídrica y los derechos de la naturaleza. El tema hídrico se convierte en un pilar fundamental, siendo consistente con el debate público más general sobre el agua, y que se viene desarrollando tempranamente desde 1990 en el país (Viveros, 2019). En Chile, el agua se ha manejado como un mercado, privilegiando su uso económico por sobre el consumo humano (Bauer, 2002). El agua es tomada como un tema social y socioambiental fundamental en el contexto de sequía y cambio climático que enfrenta gran parte del país, en que se visualiza la necesidad de asegurar el acceso prioritario al agua a la población en general: “el derecho al agua, en realidad yo creo que es uno de los pilares fundamentales para la constitución y el tema medioambiental” (EF1). Asimismo, se crítica su uso preferente en el marco de la realización de actividades económicas, lo que permitió el aumento del poder político y económico de algunos sectores empresariales, como el agroexportador (Madariaga, Maillet & Rozas, 2021).

Gráfico N°5 . Principales temas socioambientales que deberían estar en la futura constitución (Fuente: Elaboración propia). 

Por otro lado, existe un énfasis en la necesidad de consagrar constitucionalmente los derechos de la naturaleza, considerado como un tema central en la nueva constitución. Dicha postura se profundiza en las entrevistas en que los derechos de la naturaleza deben ser transversales, y un principio en la nueva constitución. Al respecto, una de las entrevistadas argumenta que la nueva constitución debiera ser una “constitución ecológica, que le entregue derechos a la naturaleza, a las otras especies. Un principio transversal, no una garantía, del acceso al agua como un derecho humano. La justicia socioambiental y climática, y una defensoría pública socioambiental” (EF5).

Así, la idea de la protección y defensa de los derechos de la naturaleza por parte del Estado, se visualiza como un principio transversal y acompañado de ideas concretas. Entre las principales ideas se encuentran el resguardo de los derechos de los ríos, las montañas, el suelo y subsuelo, los alimentos, otras especies -distintas de la humana- y la protección de los ecosistemas en general. En el mismo sentido, la consagración de los derechos de la naturaleza, se visualiza como un mecanismo para cambiar la lógica del funcionamiento del Estado y de toda actividad humana, teniendo al bien común y la naturaleza como principios rectores de su actuar por sobre los beneficios de la actividad económica.

El rol de las organizaciones socioambientales en la Convención: expectativas y estrategias

Un ámbito relevante de destacar es la percepción de las organizaciones respecto a que la convención puede constituir un espacio para cumplir sus expectativas en el plano ambiental. Aun cuando el Plebiscito y la elección de convencionales genera tensiones al interior de las organizaciones, estas reconocen que este espacio es una apertura para cumplir las demandas socioambientales. Los actores, no obstante, señalan matices en las implicancias y estrategias a utilizar para incidir en el espacio formal de la convención. Concretamente, respecto de las estrategias para influir en la convención, los entrevistados plantean la posibilidad de influir a través de la vinculación y cercanía con convencionales de sus distritos, pero también proponen realizar diálogos públicos, reuniones con los constituyentes, participación de sesiones y fiscalizaciones a los convencionales de sus distritos; buscando aportar desde la experiencia temática de cada organización. Asimismo, los activistas ven en su participación un rol relevante para la convención:

Este rol que podamos cumplir nosotros y otras organizaciones es muy importante. Porque, como te digo, la campaña resiste todo, pero luego es demasiado importante todo lo que va a ocurrir como para no estar ahí presionando y fiscalizando que se cumplan los acuerdos tomados o las promesas hechas durante la campaña. (EF5)

Las acciones para influir en la convención son variadas y se relacionan con el repertorio de protestas ya ensayado en el marco de su trayectoria organizativa. Sin embargo, se visualizan algunos hallazgos novedosos a este respecto. Actividades típicas de la protesta, como las marchas, utilizan un lugar marginal dentro del repertorio de acción de las organizaciones (26,8%), mientras las estrategias institucionales están más presentes. Entre estas últimas se encuentran las declaraciones públicas y columnas de opinión (65,9%), la generación de instancias abiertas o foros de diálogo con los convencionales (63,4%) y las reuniones con convencionales (63,4%). Estos elementos permiten complejizar las estrategias que son desarrolladas por las organizaciones, junto con visualizar cómo opera una determinada racionalidad ambiental (Leff, 2004) dentro de estas instancias, donde se plantean distintos mecanismos formales de incidencia para conseguir sus objetivos políticos vinculados a plasmar distintos derechos ambientales en una nueva constitución.

Finalmente, se presentan expectativas positivas sobre la posibilidad de tener una constitución ecológica. Sin embargo, los actores se muestran desconfiados respecto del rol de los partidos políticos tradicionales, y, en cambio, tienen mayor confianza hacia los independientes, sobre todo en lo que respecta a los representantes de movimientos sociales que están en algún cupo de la constituyente, así como los representantes de pueblos originarios y la Lista del Pueblo. Se trata de una percepción ya presente desde el malestar que agencia el estallido y que distingue a las y los entrevistados según sus diversas sensibilidades de cara al proceso, cómo enfrentarlo y en quién pensar a la hora de pensar en posibles alianzas. En términos analíticos, se observa una diversificación de las dinámicas políticas, visualizando un continuum de las estrategias insider y outsider retratadas por la literatura (Donoso, 2017; Rozas & Maillet, 2019). Al mismo tiempo que se genera una mayor apertura a participar en un plano institucional-formal, se mantiene una estricta separación con los partidos políticos, quienes son vistos como oposición para alcanzar los objetivos políticos de las organizaciones, manteniendo así las pautas de autonomización de los movimientos sociales respecto de los partidos (Somma y Bargsted, 2015).

Gráfico N°6 Opinión respecto a si la conformación de la convención constitucional permitirá tener una constitución ecológica (Fuente: Elaboración Propia). 

En ese sentido, las visiones de los entrevistados se muestran cautas a la hora de hacer alianzas con partidos políticos. Por el contrario, estas identifican claramente como aliados a movimientos y organizaciones socioambientales como el Movimiento por las Aguas y el Territorio (MAT), el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA), la ONG Fiscalía Nacional del Medio Ambiente (FIMA), la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC). Dicha confianza se extiende a organizaciones como la Coordinadora Feminista 8M y convencionales de pueblos originarios. En torno a los obstáculos, se menciona como problema el tiempo acotado que tiene la Convención para cumplir su labor, identificando también como adversarios políticos a quienes han gobernado el país desde la vuelta a la democracia, aludiendo a sectores de los partidos de la ex-concertación y la derecha, así como también a la denominada derecha empresarial y al parlamento. El parlamento se visualiza como una institución que eventualmente podría restarle atribuciones a la Convención, que discuta temáticas propias de la Convención Constitucional, o que incluso recurra a organismos como la Corte Suprema para detener el debate. Como menciona un entrevistado:

Sin lugar a dudas cuando uno quiere lograr un objetivo tiene que negociar necesaria, necesaria y desgraciadamente, tiene que negociar porque si no están los votos para imponer una constitución de esa naturaleza necesariamente va a ser, Va a haber qué negociar y obviamente dentro de las fuerzas de derecha, igual hay gente que tiene, por decirlo, su espíritu socioambiental. (EM5)

Sobre el proceso de negociación, las organizaciones ambientales son claras en asumir que debe suceder, como muestra la cita referida. Al mismo tiempo, los testimonios expresan dudas, desconfianzas y el anhelo de que los convencionales respeten las luchas realizadas por años en los distintos territorios, sus propuestas y temáticas, “justamente que lleven adelante esas banderas sociales y, y que no negocien los temas fundamentales. Pero eso es como, la ciudadanía pone un cheque en blanco de alguna manera, con ellos y ellas” (EF4). La mayor desconfianza es expresada hacia los convencionales que, según algunos de los entrevistados, defienden el modelo, y que están mayormente asociados a partidos de derecha -por ejemplo, mencionando a Marcela Cubillos del distrito 11 región Metropolitana, y a los convencionales de Unidad Constituyente que igualmente, bajo la lógica de algunos entrevistados, han defendido el modelo, como son los casos de Felipe Harboe (distrito 19) y Fuad Chahin (distrito 22).

Consideraciones finales

Según lo expuesto en esta investigación, las organizaciones socioambientales tuvieron un rol importante antes y durante la revuelta de octubre de 2019, así como también en el proceso constitucional. Las estrategias utilizadas por estas organizaciones son diversas, revelando herramientas que operan en distintos niveles y en horizontes temporales de largo y corto plazo. Los entrevistados concuerdan en señalar que la revuelta es entendida como parte de un continuum de movilización en torno a conflictos territoriales, en el que organizaciones y sus activistas participan de manera activa. Asimismo, las demandas ambientales tienen un lugar importante en la interpretación del malestar que se expresa en las movilizaciones de octubre 2019, siendo algunas de las principales la reivindicación por detener industrias que desarrollan actividades intensivas sobre el territorio, como minería, centrales hidroeléctricas, incluyendo las de paso y por la defensa del agua.

Respecto a la discusión sobre el camino institucional planteado por el Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución, del 15 de noviembre de 2019, los activistas afirman que el escenario creó algunas tensiones dentro de las organizaciones, resaltando dos posturas ante ese contexto. Por un lado, la posibilidad de escribir una nueva constitución es valorada como oportunidad para realizar cambios en favor de las luchas socioambientales; por otro lado, desde una mirada crítica, el acuerdo fue visto como una imposición de la institucionalidad política y de los partidos políticos. Lo anterior abrió la posibilidad de generar estrategias insider de influencia política a organizaciones que venían desarrollando principalmente outsider. El caso más evidente en este sentido es el de las organizaciones socioambientales que llevaron candidaturas propias para ser representados en la Convención Constitucional. Así, para las organizaciones la coyuntura electoral constituyente fue un proceso de articulación, tanto en espacios formales como informales.

Las expectativas de las organizaciones socioambientales sobre una nueva constitución ecológica fueron altas; empero, no existió consenso entre los actores respecto a cómo incorporar la dimensión socioambiental en la nueva carta magna. Aun así, hubo dos temas que destacaron dentro de nuestros hallazgos: el derecho a la seguridad hídrica y los derechos de la naturaleza. El agua es vista de manera dual, como un tema social y a su vez ambiental, sobre todo en un contexto de sequía y cambio climático. La idea de la protección y defensa de los derechos de la naturaleza se visualiza como un principio transversal y un mecanismo para cambiar la lógica neoliberal del funcionamiento del Estado.

Además de las expectativas socioambientales en la Convención, las organizaciones visualizan la posibilidad de tener un su rol activo al interior de esta; distintos entrevistados ven la posibilidad de influir a través de la vinculación y cercanía con convencionales de sus distritos. Asimismo, los activistas ven en su participación un rol relevante para la convención, priorizando la posibilidad de usar estrategias institucionales. La movilización socioambiental no es homogénea, tanto en sus perspectivas sobre el modo de incorporación de las demandas ambientales en el plano institucional, como en las estrategias que utilizan para lograr sus objetivos políticos.

De este modo, en nuestro estudio avanzamos en complejizar el escenario de la organizatividad territorial. Es decir, demostramos que la movilización socioambiental no constituye únicamente una resistencia organizada a nivel local para contrarrestar los efectos de un proyecto que pretende instalarse -o se ha instalado- en el territorio. Al contrario, los actores van más allá y, si bien esta puede ser una dimensión, también hay agencia política que apunta a transformaciones institucionales y de política pública, en un nivel que sobrepasa al territorio.

En definitiva, los elementos discutidos en este artículo nos remiten a una discusión más general sobre la movilización socioambiental en Chile. Meta-estudios recientes han dado cuenta una preeminencia de los estudios de caso para estudiar las dinámicas de la movilización y el conflicto socioambiental/territorial (Maillet et al., 2021). A pesar de la relevancia que han tenido este tipo de investigaciones, sin duda es necesario avanzar hacia estudios que incorporen una dimensión más amplia de análisis, incorporando una perspectiva comparada que entregue una mayor validez externa de los resultados. En el presente artículo se ha buscado avanzar en esta línea, integrando las miradas de actores y actoras provenientes de distintas organizaciones socioambientales que operan territorialmente en las diferentes regiones de Chile, con distintas visiones sobre cómo plasmar sus preocupaciones en el plano institucional-formal, especialmente en el contexto constitucional actual.

Reconocimientos

Los autores agradecen a la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) por la entrega de valiosa información para la elaboración de este artículo. Asimismo, los autores agradecen los comentarios de Joaquín Rozas y Camila Flores sobre los instrumentos aplicados, y a los revisores anónimos por sus agudos comentarios que permitieron mejorar el texto. Finalmente, Antoine Maillet agradece al Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (ANID/FONDAP/15130009), al Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 (ANID/FONDAP/ 15110009) y al FONDECYT (ANID/FONDECYT/1220048).

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1Consideramos como proceso constituyente el periodo abierto desde el estallido social del 18 de octubre de 2019.

2FIMA es una ONG chilena, que se ha constituido como uno de los estudios jurídicos ambientales de interés público más grande del país. En tal sentido, trabajan asesorando a una gran cantidad de organizaciones socioambientales en Chile.

3se agrupó la muestra en macrozonas geográficas que contienen a las regiones de Chile de la siguiente manera: Norte (Arica y Parinacota, Centro (Coquimbo y Valparaíso), Metropolitana (Santiago), Centro-Sur (O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío), Sur (La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos) y Austral (Magallanes y Aysén)

Received: May 16, 2022; Accepted: June 22, 2022

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