INTRODUCCIÓN

En este trabajo nos referiremos al maltrato estructural hacia las personas mayores. SENAMA ha definido este maltrato como: "Aquel que ocurre desde y en las estructuras de la sociedad mediante normas legales, sociales, culturales, económicas que actúan como trasfondo de todas las otras formas de maltrato existente" (SENAMA, 2005).

En consecuencia es una temática muy compleja en la que el factor de la invisibilidad desempeña un rol preponderante. Es un tipo de violencia silenciosa que no por ello resulta menos nociva (^{La Parra y Tortosa, 2003}). Además, la problemática es actual, puesto que, es posible percatarse de cómo la sociedad mundial, pero particularmente la sociedad chilena envejece. En Chile la situación es preocupante, ya que, en el 2050 se proyecta que en nuestro país habrá 6,3 millones de personas con más de 60 años, lo que corresponde al 29,5 % de la población chilena (Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, en adelante, Comisión Bravo, 2015); ^{Inglés (2016}). A nivel mundial y latinoamericano el envejecimiento es similar (NACIONES UNIDAS, 2014; ^{Olivi et al., 2015}). Asimismo, respecto a este segmento etario se produce una tensión dialéctica entre su autonomía CASEN (2013) y la protección que debe otorgársele. Se requiere por ello, una adecuada simbiosis entre fuerzas antagónicas: por una parte la autonomía de la persona y por otro lado su protección.

El objetivo de este trabajo es abordar la necesidad de profundizar en el fenómeno del maltrato estructural hacia el adulto mayor desde lo conceptual y lo cuantitativo ^{Osorio et al., (2011}). Para lo anterior, se propone la medición de esta tipología de maltrato a través de un instrumento multidimensional que permita su caracterización. El trabajo se estructura de la siguiente manera: En primer lugar, se explicitarán algunas manifestaciones del maltrato estructural; enseguida se revisará el estado de la cuestión en instrumentos de medición aplicados a personas mayores y finalmente se concluye en la necesidad de la creación un índice multidimensional que mida el maltrato estructural hacia el adulto mayor.

MANIFESTACIONES DEL MALTRATO ESTRUCTURAL AL ADULTO MAYOR

El problema del maltrato estructural es cotidiano y abarca distintos ámbitos como por ejemplo: sociocultural, jurídico y económico. Por consiguiente, se violenta sistemáticamente a un segmento importante y cada vez más creciente de nuestra sociedad que se le desvaloriza a través de convencionalismos sociales o cuando se incumplen leyes existentes o cuando existe carencia o mala distribución de los recursos económicos encaminados a una integración plena de las personas mayores (^{Letelier, 2005}; ^{Trejo, 2001}; ^{Zapata, 2001}).

ÁMBITO SOCIOCULTURAL

Se refiere al maltrato estructural que se desarrolla "en" la sociedad. En este sentido el concepto "entorno" alude al ambiente próximo que rodea al mayor. También al conjunto de características que define el espacio público donde la persona se desenvuelve y a la forma en que otros grupos etarios interactúan en este ambiente colectivo. Aparece el entorno como un nivel que surge de manera espontánea, donde la casa y la calle son dos espacios simbólicos que establecen fronteras que van desde lo privado a lo público.

De este modo, estudios señalan que uno de los contextos consensuados para interpretar el maltrato es el orden familiar más allá de la casa, donde se concentran acontecimientos que se pueden calificar de maltrato (^{Arenas, 2012}; SENAMA, 2014). La calle aparece como un espacio que no remite a lo doméstico o a los vínculos familiares y construye en cambio, otros lugares en los que se pueden experimentar violencias de diferentes características, algunas de las cuales no son exclusivamente dirigidas al mayor (delincuencia, transporte público, infraestructura, etc.).

Cabe destacar que a nivel comunitario o de entorno, algunas variables que pueden asociarse al maltrato son aquellas que surgen de los procesos de modernización, tales como la erosión de estructuras familiares tradicionales y sus dificultades para cumplir con las tareas de seguridad y protección.

Desde esta perspectiva, la consecuencia más grave del maltrato es el aislamiento de la persona mayor, la disminución de su autoestima y los sentimientos de inseguridad que a la larga favorecen la instalación de estereotipos negativos de la vejez asociados a la desvinculación y a la falta de proyectos individuales (^{Huenchuán, 2014}; SENAMA, 2014; ^{Thumala, 2016}).

Estas tipologías de violencias son públicas y necesariamente se relacionan con el grado y calidad en las interacciones sociales en las que los adultos mayores participan.

ÁMBITO JURÍDICO

Desde esta perspectiva el problema esencial es que las normas jurídicas no se adecúan al proceso de envejecimiento poblacional ni individual. Por otro lado, la dispersión normativa influye sustancialmente en el actuar de los operadores jurídicos y confunde a la población, que en definitiva desconoce los derechos de la persona mayor. En este sentido, un problema relevante es el reconocimiento de la autonomía de la persona (^{Barcia, 2014}; ^{Bórquez et al., 2007}; ^{Lathrop, 2009}); ^{Riveros et al., 2015}). En términos generales, la autonomía dice relación con la facultad de autodeterminación que poseen los individuos y con las posibilidades de ejercicio de sus derechos, que ha sido ampliamente estudiada en el Derecho Comparado (^{Alventoso, 2014}; Dodegge, 2013; ^{Duttge et al., 2015}; ^{Fernandez De Buján, 2011}; ^{Klein, 2005}; ^{Rams, 2011}; Ruz, 2013; ^{Schwab, 2013}). La autonomía es una dimensión que concierne el diario vivir de los adultos mayores por cuanto se manifiesta a lo largo de sus rutinas diarias ^{Osorio et al., (2011}). Respecto a la temática de la capacidad las normas legales existentes en el Código Civil son anacrónicas. No existen disposiciones legales adecuadas que permitan acompañar a las personas en el proceso de envejecimiento. Las actuales normas presentan una dicotomía. Se es capaz o incapaz. Sin embargo, esta dualidad no se condice con el proceso de envejecimiento. En algunas personas mayores pueden generarse dolencias psíquicas o físicas y, la ley solo contempla una causal de incapacidad fundada en la demencia. Ello no es lo suficientemente dúctil para la realidad de los adultos mayores en la actualidad.

La complejidad de la vejez también incorpora perspectivas jurídicas y bioéticas (^{Barrantes-Monge et al., 2009}; ^{Arenas, 2012}); respecto de la doctrina comparada, se pueden considerar entre otros: ^{Damm, 2015}; ^{Pérez-Jara, 2011}; ^{Perlingeiro, 2014}; SpickhofF, 2008; ^{Taupitz, 2008}, 2012. Específicamente los cuerpos legales relativos a estos temas a saber, Ley 20.584; Ley 20.120, entre otros, también contienen ejemplos de maltrato estructural a las personas mayores. En este ámbito no se entrega herramientas adecuadas para acompañar a las personas en su proceso de envejecimiento. El artículo 28, inciso 1° de la Ley N° 20.548, impide que una persona con discapacidad psíquica o intelectual, que no pueda expresar su voluntad, pueda participar en una investigación científica, vale decir, las personas mayores (que se encuentren en esta situación) solo pueden participar en investigaciones científicas si en tiempo real prestan su consentimiento. Ello es una manifestación del régimen de incapacidad del Código Civil de 1857 y de su asincronía con normas internacionales vigentes. De esta manera esta disposición atenta contra el artículo 25 de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que exige a los Estados prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidas las que se presentan en personas mayores en situación de discapacidad mental (^{Riveros et al., 2015}).

ÁMBITO ECONÓMICO

Desde la perspectiva económica y financiera, contar con una población longeva, tiene una doble mirada desde los indicadores de salud pública, es una muy buena señal, sin embargo, desde la economía plantea importantes desafíos. Existen estudios a nivel internacional que muestran dos importantes desventajas asociadas al envejecimiento. La primera es financiera: los costos de salud y jubilación suben cuando la población de más de 65 años aumenta más rápido que la población activa (^{Calvo et al., 2008}). Lo descrito, implica que las personas deben utilizar gran parte de sus ingresos en medicamentos y prestaciones sanitarias. También, considera la disminución abrupta de ingresos una vez alcanzada la jubilación o incluso la falta de ella, lo que conlleva el acceso a pensiones básicas solidarias. La segunda desventaja se relaciona con la equidad entre generaciones, es decir, cuanto más alto es el porcentaje de ancianos, más probable es que los trabajadores actuales y sus descendientes paguen una mayor proporción de sus ingresos a los actuales ancianos, y menos probable que reciban prestaciones similares en su vejez. Se plantea que la única forma de reducir la carga para las generaciones futuras es pagar más impuestos hoy y, recibir menos prestaciones relacionadas con la seguridad social. Así, se reduciría el aumento previsto del déficit y se distribuiría el ajuste equitativamente con las generaciones futuras (^{Batini et al., 2011}). En Chile, debido a la baja tasa de natalidad y al aumento de las expectativas de vida, hacia fines de los años 70 se proyectó un desequilibrio entre trabajadores activos y pensionados lo que constituyó una de las principales causas para cambiar el sistema en el año 1981, basado en una contribución mínima obligatoria del 10% mensual (^{Balbontín, 2016}). En tal sentido, la Comisión Bravo (2015), frente a una nueva reforma, entre sus principales recomendaciones propone: incrementar el monto de las pensiones autofinanciadas, mejorar las pensiones contributivas, aumentar la edad legal de jubilación e incentivar el trabajo de las personas mayores (^{Aparicio et al., 2007}; ^{Cabeza et al., 2009}).

En torno a las políticas públicas de Chile respecto de las personas mayores se puede observar que se ha buscado transformar la visión asistencialista de antaño para dar paso a una visión que permita el ejercicio de derechos a este segmento etario; con todo, existen una serie de temas todavía pendientes. Se puede observar las siguientes políticas públicas vigentes:

TABLA N°1 Políticas públicas dirigidas a los adultos mayores 

LA NECESIDAD DE LA FORMULACIÓN DE UN ÍNDICE MULTIDIMENSIONAL DE MALTRATO ESTRUCTURAL EN CHILE

Un índice multidimensional del maltrato de los adultos mayores debiese aportar a resolver el problema de visibilización y caracterización del maltrato estructural ^{EURICH et al. (2015}). Existen algunos estudios multidimensionales que caracterizan determinados y específicos aspectos relativos a la realidad de los adultos mayores en Chile a nivel internacional, nacional y local. Ninguno de ellos mide el maltrato estructural de los adultos mayores en Chile. A modo ejemplar: (i) Nivel internacional: a) The Global AgeWatch Index" (HelpAge International, 2013) constituye un índice global de envejecimiento; The Global AgeWatch Index evalúa los factores que determinan el bienestar social y económico de las personas adultas mayores en todo el mundo. Además de un análisis global, se ha enfocado en las diferentes regiones, atendiendo a las necesidades de las personas mayores y considerando la gran variedad de tendencias geográficas. Sus factores de medición son la seguridad de ingresos, el estado de salud, las competencias y el entorno favorable. b) El Índice de Envejecimiento, expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes. Considera la desagregación urbano-rural; según su interpretación convencional, se trata de un indicador asociado a las transferencias intergeneracionales y su aumento sistemático implica para los estados una mayor inversión en salud y seguridad social orientada a las personas de edad, beneficios de los cuales no deberían estar exentos los pueblos indígenas (CEPAL, 2012). c) El Índice de sospecha al maltrato de las personas mayores de Pérez-Rojo et al., (2009), busca desarrollar y validar un instrumento fiable para distintos contextos geográficos y culturales para aumentar la concienciación entre los profesionales de Atención Primaria sobre el maltrato y la negligencia hacia los ancianos, en caso de violencia física, psíquica, sexual, patrimonial o abandono (no incluye maltrato estructural). (ii) Nivel nacional: IDHAM, Índice de Desarrollo Humano para Adultos Mayores (^{Arenas, 2012}); Cuarta Encuesta calidad de vida en la vejez (UC-Caja Los Andes, 2017), que contempla el Índice de Calidad de Vida en la Vejez y abarca las dimensiones de bienestar general en la vejez, situación económica y laboral, condiciones de salud, participación y actividades sociales, relaciones sociales y familiares y los cambios en el bienestar y los predictores de un buen envejecer. (iii) Nivel local. Calidad de vida especialmente lo relativo al entorno ambiental en Valparaíso (2015) que proviene del Fondecyt 1061179 y SENAMA Maltrato hacia las personas mayores en la Región Metropolitana (2013b). Esta investigación se centra en analizar el maltrato estructural a los adultos mayores en la sociedad chilena actual. De acuerdo a los datos de Conicyt en Chile el Programa de Fondef solo ha tenido como proyecto "Confección instrumento que detecte adultos mayores (a.m.) en riesgo de compromiso de funcionalidad - sin n° de proyecto"¹. Y el programa Fondecyt a su vez posee el proyecto: "Calidad de vida del Adulto Mayor en el hábitat urbano: Estudio del caso de Valparaíso N° de proyecto: 1061179"².

De acuerdo a lo expuesto, no existe en Chile un mecanismo que mida el maltrato estructural. Por esta razón es relevante formular un índice multidimensional de maltrato estructural a los adultos mayores.

CONCLUSIONES