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Ultima década

versão On-line ISSN 0718-2236

Ultima décad. v.11 n.19 Santiago nov. 2003

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22362003000200005 

Última Década, 19, 2003: 71-81

CIUDADANÍAS JUVENILES

 

Ciudadanía y participación: más fantasmas para la juventud

 

Mauricio Hoyos Agudelo*

* Historiador, asesor de proyectos juveniles de la Corporación Región, Medellín, Colombia; docente Escuela de Animación Juvenil de Medellín.

Dirección para Correspondencia


 

El derecho a la ciudadanía es el derecho a vivir en un contexto físico y social que respete y dialogue con la diferencia, en un ambiente con igualdad de oportunidades y posibilidades de acceso a condiciones de vida digna y a estar incluido en un tejido social donde se reconozca y permita la capacidad de cada cual de incidir en las decisiones que le afectan, con capacidad de forzar la legalidad en pos del bien común.

Este derecho a ejercer como ciudadano, se plantea como un deber ser, que en la práctica dista bastante de ser realidad. De hecho y en Colombia este tema comenzó a ser parte de las discusiones públicas a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991, hecho que de manera retórica refundo el Estado como Estado social de derecho, pero que hasta el momento no ofrece resultados visibles y significativos en la vida nacional.

Y aunque los sectores oficiales mantienen un optimismo bastante publicitado, la realidad contrasta con los informes. Aún se mantienen prácticas tradicionales en el funcionamiento del Estado y en el ejercicio de la política que datan del siglo XIX. La primera parte de este ensayo quiere dar cuenta de esto. En segundo lugar, se le otorga en el papel un lugar preponderante a la juventud: la participación plena en el progreso de la nación,[1] pero las posibilidades reales, limitan el ejercicio de la participación al mundo formal, dejando de lado las múltiples manifestaciones de la juventud. Y estas manifestaciones y expresiones se constituyen en el tema de la última parte, es el lugar donde la identidad, la ciudad y la participación se pueden leer como una trilogía, donde cada una arrastra simultáneamente a la otra, sea en el plano de las reivindicaciones o en la adherencia a los gobiernos de turno.

1. Ciudadanía y participación

América Latina, Colombia y la ciudad de Medellín en concreto, son en conjunto un crisol donde las singularidades étnicas y culturales compiten contra las tendencias de la globalización homogeneizante. Y es en la ciudad donde el autoritarismo de los medios y el consumo empieza a someter la diversidad, avalado y secundado por el Estado; al mismo tiempo es donde mejor se expresan de manera legal o no, resistencias civiles, culturales y sociales.

El ideal de los Estados nacionales es constituir ciudadanos modelos y ejemplares que reproduzcan sin ningún ánimo contradictor los dictados de la legalidad y esto sería posible y deseable si en la misma medida cada ciudadano participara en las decisiones que le afectan y en la construcción de las leyes que regulan su vida, pero esto no sucede.

La vida legal se negocia en otros lugares donde se ponen en juego intereses privados. Entre tanto, los ciudadanos tranzan acuerdos verbales y tácitos entre distintos grupos, negociaciones culturales que permiten que las diferencias sociales, culturales, generacionales y de género, entre otras, dialoguen, pero no pasan por los escritorios de las decisiones, son acuerdos legítimos, pero no legales y esto no se considera a la hora de legislar.

Estas inconsistencias entre la legalidad y la legitimidad hacen de la ciudadanía, al menos en una ciudad como Medellín, un ejercicio político restringido, pobre e insuficiente, limitado al ejercicio del derecho al sufragio, que a la mejor manera republicana, sigue siendo entendido como el acceso formal al derecho a la ciudadanía. Y aunque se reconocen, al menos en los ámbitos institucionales otros modos de participación distintos al voto, mecanismos como el gobierno escolar (Ley 115 de 1994), veedurías ciudadanas (Ley 134 de 1994), la revocatoria del mandato (Ley 131 de 1994) y el referendo, entre otros, son formas de participación tenidas como ejes del ejercicio de la ciudadanía, que no tienen en sus acuerdos, opiniones o pareceres, sentido de obligatoriedad para nadie: «participa tú que yo decido».

Pero esta concepción no es novedosa, hace parte de la tradición política del país, heredada precisamente de las prácticas republicanas del siglo XIX. Las escasas fortunas que habían durante este siglo y la ausencia de sofisticados protocolos facilitaron a quienes hacían política, su cercanía con los gobernados, facilitando a casi cualquier ciudadano colombiano el acceso a cargos públicos por la vía del clientelismo.

Cosa distinta ocurrió en países como México, Perú y el mismo Chile, donde desde la colonia se configuraron territorios físicos y simbólicos donde las poses y los gestos discriminatorios de las familias gobernantes, han marcado el ejercicio de la política otorgándoles de manera exclusiva ese derecho, que en la mayoría de los casos estaba signado por el nacimiento, tenían de ipso facto un lugar en el Estado.

En Colombia, la relativa facilidad de acceso a la vida pública y política por la vía de las relaciones y vínculos personales, hace de esta actividad un referente negativo, asociado al abuso del poder y la corrupción administrativa. Contra esta tendencia se ha querido incorporar nuevas prácticas políticas, pero se ha colado en la reflexión un ideal de ciudadano obediente y participativo, conocedor de sus derechos y deberes, con corresponsabilidad en la gestión del desarrollo local y el control social, pero que sólo participa en los procesos de instrumentalización de las leyes que paradójicamente buscan la construcción de un proyecto ciudadano común.

Esta contradicción se evidencia cuando se expresa la necesidad social y política de nuevas posibilidades del ejercicio de la ciudadanía que se manifiesta y potencia en las mismas apuestas gobiernistas, a través de aparatos poderosos vestidos de democracia y participación que parasitan los escenarios de la construcción y negociación colectiva.

La búsqueda de claves para la formación del ciudadano ejemplar ha involucrado a la gran mayoría de instituciones públicas y privadas, en procesos de interacción y de intervención en los diferentes grupos sociales de la ciudad, desde la distancia se les invita a participar en diferentes metodologías que en conjunto reúnen herramientas, didácticas y temas con bastante pertinencia, pero que no logran más allá de la formación técnica y humana, generar una posición política frente a las realidades de la ciudad y el país.

Este trasegar ha tenido más de técnico que de político y se han logrado importantes aprendizajes frente a la manera de abordar situaciones relacionadas, por ejemplo, con las diferentes manifestaciones de la violencia, se han desarrollado procesos de aprendizaje y enseñanza de currículos distintos a los formales, con temas como la participación política y ciudadana, elaboración y ejecución de proyectos sociales y productivos, capacitación específica para procesos industriales, reconocimiento ambiental, entre otras, que sin lugar a dudas han afectando de manera positiva condiciones de vida y relaciones sociales que son precarias, pero sin efecto político.

Estos aprendizajes, incorporados en muchas de las prácticas de las organizaciones sociales de la ciudad son el resultado de adaptaciones de modelos aplicados en otros países, pero que a su vez han servido de modelo para otras ciudades del país y de Latinoamérica, en especial las acciones dirigidas a la mitigación de los impactos que produce la violencia física, el consumo de sicoactivos, la delincuencia, así como la neutralización de los factores que facilitan la manifestación de estos hechos en el orden individual, familiar y comunitario.

Las diferentes líneas y enfoques de intervención, cruzan aspectos tan variados como la capacitación para el empleo, la reclusión en centros especializados para la desintoxicación y reeducación, el asistencialismo o la capacitación en formación humanística y personal, educación sexual y reproductiva, medio ambiente, valores sociales, morales y éticos, elaboración de proyectos y formación deportiva y recreativa, igualmente cruzan escuelas y enfoques que tocan con la educación popular, la animación sociocultural, la ampliación de la gobernabilidad y el descubrimiento de la subjetividad como lugares donde la ciudadanía se expresa y se puede matizar socialmente.

Pero a pesar del impacto que se ha logrado y que se manifiesta en los niveles de interlocución y representatividad que han alcanzado muchas organizaciones y líderes sociales, y aunque se reconoce la calidad y pertinencia de los contenidos de las capacitaciones así como el acierto en las didácticas implementadas, flota en el ambiente la pregunta por los efectos en las redes sociales, por la calidad del discurso y la conciencia crítica y reflexiva que se instala en la base social y en los decisores urbanos, destinatarios por excelencia del discurso ciudadano.

Se quiere a un ciudadano propositivo, con altos niveles de participación y gestión: se le identifica en sus nodos sociales, en medio del tejido organizativo, se le atrae desde la distancia para sumarse, no para concertar, se le considera en tanto acata las decisiones formales, se le incluye como parte de la decisión y no como opositor de ella.

Así, todo el aparato de poder hace un gran esfuerzo político e invierte recursos para que aprendamos a utilizar y encausar nuestro comportamiento en el marco de unas lógicas que conciben la responsabilidad, la autogestión y el respeto como la expresión por excelencia de la libertad y la autonomía, cada vez dependemos más de nuestros limitados recursos y el Estado se despoja de sus obligaciones constitucionales, vendiéndolas y negociándolas con los intereses privados.

El costo además de ser en recursos, sacrifica la posibilidad soñada desde hace mucho, de constituir manifestaciones y movilizaciones que engloben un pensamiento ciudadano como tal, no sólo como manifestación y protesta ante impunidades, abusos de autoridad, presión de grupos armados ilegales y derechos y necesidades básicas insatisfechas, que se dan de manera puntual y como síntoma de un malestar social que no se expresa políticamente en el tiempo y con mecanismos de cohesión sólidos; «el divorcio entre el mundo jurídico, el político y el social empuja a que el ciudadano se sienta incluido, siempre y cuando conozca y acepte la carga de derechos y la coloque en función de su condición identitaria de grupo, por más que esos postulados no dialoguen con su realidad inmediata».[2]

2. Juventud y ciudadanía

La magnitud de los cambios sociales que se ha esperado desde por lo menos hace 10 años, después de la expedición de la Carta Constitucional, aún no se hacen sentir. Sus efectos son muy localizados, no han generado cambios importantes en la manera de relacionarse con el mundo físico, imaginario, público y político de la sociedad.

La poca efectividad de los procesos de construcción de pensamiento y conocimiento, nos obligan a definir y planear una intencionalidad formativa explícita y que corresponda, en lo posible por consenso, a las necesidades, intereses y expectativas de la sociedad, con contenidos orientados a la comprensión, transformación de realidades y solución de problemas, pero no sólo desde el ámbito técnico, tiene que pasar por el mundo político, para que en verdad los ciudadanos sean reconocidos y no sólo instrumentalizados.

Es necesario un marco teórico que explore lo contextual y facilite la construcción de contenidos básicos para el aprendizaje de la ciudad que permitan un lugar político en ella y posibiliten el ejercicio de la ciudadanía. Este ejercicio y derecho no puede seguir siendo entendido como una simple ampliación de la gobernabilidad, énfasis que permea las acciones en conjunto de la institucionalidad pública y privada, que armados de prácticas que vienen desde la educación popular y que promueven la emancipación de los sujetos, los someten.

Quizás es la población juvenil, quien en una mayor dimensión pone de manifiesto las dificultades de acceso y ejercicio de una ciudadanía plena, al menos en Medellín, la juventud desde sus expresiones estéticas y culturales, no son considerados en las reflexiones que se hacen sobre cultura política. Aquí la democracia y la participación es concebida desde referentes formales, a veces, incluso, se cae en la ingenuidad de promover mecanismos de participación ciudadana sin una reflexión clara sobre la eficacia que presentan a la hora de ejercer soberanía popular en momentos y condiciones adversas.[3]

Ejemplo claro de esto es la convocatoria nacional a la elección de consejos de juventud o el control social juvenil, el primero, mecanismo formal para legalizar la inclusión juvenil en el mundo político, con una función de representación consultiva, sin capacidad de decisión. La propuesta y formación de estos consejos es del mundo adulto, no hace parte constitutiva de los mundos juveniles y entre otras cosas, sirve para validar la implementación de políticas, planes, programas y proyectos que de plano no pasan por la opinión ciudadana.

Estos consejos son contemplados en la Ley 375 de 1997, también conocida como Ley de la Juventud, como los espacios legítimos y legales desde donde se representa a la organización juvenil de base y en general a los jóvenes, cosa particular cuando en el imaginario juvenil este cuerpo no representa un referente significativo, que en la mayoría de los casos es desconocido.

En el segundo caso, se busca la formación de comités juveniles que denuncien cualquier irregularidad que sea de responsabilidad de funcionarios públicos. «La participación ciudadana se vuelve un mecanismo importante en la lucha contra la corrupción en la medida en que la ciudadanía organizada y vigilante esté interactuando de manera permanente con todos aquellos funcionarios o particulares que puedan disponer de recursos públicos».[4]

En este lugar se instala la participación juvenil y la posibilidad para ejercer su ciudadanía, aun no distamos mucho de las costumbres republicanas. Ser joven y al mismo tiempo ciudadano, tiene condicionamientos que limitan y desdibujan esta oportunidad: participar en los mecanismos legales creados para tal fin, ser un joven con acceso a bienes y servicios y condiciones dignas que promuevan «su formación integral que contribuya a su desarrollo físico, sicológico, social y espiritual»,[5] o participar en un grupo juvenil de cualquier tipo.

Las expresiones y manifestaciones socioculturales de la juventud no son consideradas como lugares legales de la representación, la participación y el ejercicio de la ciudadanía, pero es allí precisamente que se expresa y manifiesta con mayor fuerza una actitud y un pensamiento colectivo de la juventud , digno y al que se le debe respeto y consideración, es la expresión viva del ejercicio de la ciudadanía.

3. Ciudadanía y procesos de identidad

Medellín es una ciudad que se caracteriza por borrar de tajo su memoria anterior, los hitos urbanos y sociales que se constituyen en el fundamento de sus memorias se dejan de lado y sobre ellos se refunda constantemente una ciudad que a toda costa y precio busca modernizarse.

En esa carrera se han sacrificado los acumulados sociales y los saberes populares dejando a sus habitantes sin elementos de referencia culturales que los armonice e invite a una construcción colectiva que busque el bien común a partir del acumulado cultural. Las reflexiones sobre el contexto, no abarcan más allá de las dinámicas barriales y los temas de la agenda nacional y local son temas exclusivos de los sitios de poder, cada uno posee un versión fragmentada y parcializada de la realidad, y que en conjunto no se inscribe en una realidad compleja y heterogénea.

En este sentido la identidad se constituye en un escenario donde los miedos y temores a lo diferente deben ser elaborados, entendidos y asumidos, para poder vivir con otros a pesar de las diferencias.

La identidad también es un territorio enunciado, pero rechazado, es un concepto, que no logra calarse en las prácticas cotidianas. Se utiliza para generar fenómenos de opinión pública pero no son necesariamente legítimos, obedecen a estímulos de los medios masivos de comunicación, utilizados por sus dueños en pro de construcciones sociales que buscan validar las decisiones del Estado, pero que no recogen en ningún caso las opiniones y pensamientos de la base social.

Igualmente la identidad se convierte en un discurso útil para validar las estrategias de desarrollo económico y urbano del neoliberalismo, sin consultar las necesidades y aspiraciones sociales. Se superpone a la idea de lo viejo y desactualizado, lo nuevo y lo moderno, liberando a los gobernantes de su responsabilidad social y cultural de preservar y mantener el patrimonio físico y espiritual de la nación toda. Se sacrifica sin miramientos la identidad anterior de la ciudad, se suprime su valor arquitectónico, sus habitantes tradicionales, el acumulado de saberes que contiene, para hacer unos nuevos, desconocidos, extraños, impuestos por decreto.

En contra de esta tendencia a borrar sin criterio sociocultural se ha venido explorando un enfoque de intervención social relacionado con la recuperación de la memoria, que rescata elementos de la identidad anterior de la ciudad desde la antropología, la historia, la arquitectura y el urbanismo, especialmente, que han probado ser potentes herramientas metodológicas y pedagógicas para facilitar la inclusión social de los individuos en las comunidades con las que se relacionan.

Si bien todos los enfoques buscan esta inclusión, la importancia de la recuperación de la memoria se manifiesta en la creación y fortalecimiento del tejido social como espacio de encuentro de saberes y pareceres de los miembros de una comunidad en climas propositivos.

Es además un diálogo entre las concepciones académicas, técnicas, paidocéntricas y la reconstrucción social, que privilegia al sujeto en contexto, como hacedor de significados, portador de una experiencia y de intereses propios, con vínculos institucionales, atado a una normatividad y con capacidad de réplica y protesta ante las decisiones que los afectan.

En las acciones realizadas con la base social, líderes comunitarios, funcionarios, interlocutores como maestros, vecinos de barrio y estudiantes, la recuperación de memorias ha facilitado la reconstrucción de historias individuales y colectivas que permiten un movimiento de secuencias, de hechos, cuyos fundamentos, fuerza y credibilidad están en la confianza de quien narra. No importa que las versiones sean retratos del hecho en cuestión, o que sean leyendas urbanas, lo importante es la actitud y capacidad de entendimiento que cada participante desarrolla al escuchar de boca de otro, recuerdos ajenos pero tan cercanos como los propios.

Ese ejercicio que no es tan académico como el que realiza un estudiante en el pregrado universitario, permite una cualificación que mejora los niveles de inserción social del individuo, no pretende reemplazar los procesos de aprendizaje formal, pero sí espera generar necesidades en cuanto a la capacidad reflexiva y analítica de los individuos como ciudadanos, en un contexto urbano y político, con una memoria portadora de saberes y experiencias valiosas y necesarias en la construcción de conocimiento, identidad y pertenencia, indispensables a la hora de ejercer como ciudadanos.

Pero sucede que en Medellín aunque se ha realizado un proceso de institucionalidad pública en diferentes órdenes, se han probado modelos exitosos de intervención social y se cuenta con algunas organizaciones de segundo nivel fuertes que hacen presencia en zonas de la ciudad contando con credibilidad y aceptación, se cuenta con un tejido organizativo muy débil y precario, la ciudad como territorio y espacio donde se dan múltiples encuentros y relaciones no tiene esas características en Medellín, a cambio tenemos un territorio fragmentado, limitado, desconocido y muchas de las veces tenebroso y temido, con prácticas de exclusión en todos los niveles.

Llegar a este estado de cosas nos obliga a entender al menos los últimos 50 años de vida de la ciudad. Medellín se ha constituido en el eje de la vida de la región, centro de las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales más importantes que se han vivido, al mismo tiempo no ha contado con estrategias para estos cambios, que han sido acompañados por miles de pobladores nuevos que buscan su protección y una vida digna en ella.

Mirados inicialmente como mano de obra barata, fueron aceptados, pero se fueron constituyendo en un grupo social marginal muy numeroso, que de manera ilegal ocuparon muchos terrenos privados, sin servicios públicos y sin opciones de inserción social y acceso a derechos básicos.

Esta población tiene hoy en día un peso importante cuando intentamos entender la accesibilidad al ejercicio de la ciudadanía en sus distintas posibilidades, según el censo nacional de 1993, Medellín contaba con 1.620.915 habitantes de los que el 16.1% tenían sus necesidades básicas insatisfechas. Si consideramos que esta información se colige según las características de la vivienda, y se dejan de lado las posibilidades de acceso a servicios de salud, educación y un empleo digno, podríamos estimar un mayor número para esta época.

Con la población estimada para el presente este año, 2.049.132, con un país en el que aproximadamente el 50% de la población actual está en condiciones de pobreza y en el que la región antioqueña ocupa las primeras cifras de personas sin acceso a bienes y servicios que les provean una vida digna,[6] no podríamos asegurar que el Estado garantiza el acceso al ejercicio de la ciudadanía plena.

También cuentan cambios muy importantes en la manera en que los pobres se relacionan socialmente. Miles de inmigrantes con costumbres y prácticas propias, distintas entre sí y desarticuladas de la dinámica urbana, no diseñadas ni pensadas para ellos, habitan un territorio exigente, discriminador ante la pobreza y la marginalidad, intolerante con la pobreza, la diferencia y la ignorancia.

Desde esta marginalidad se han expresado algunas propuestas espontáneas de organización comunitaria y social, pero ha existido una apatía fundamental y general por estas expresiones, por un lado obedecen a formas de organización tradicional de comunidades locales y cerradas, que manifiestan los procesos de solidaridad y colaboración microlocales, que en colectivo se expresan social y políticamente.

Pero al no ofrecer tangibles, rendimientos urbanos para la clase política y el paradigma del desarrollo, estos grupos y otros marginales se convierten en potenciales amenazas para la ciudad ordenada, formal y aséptica que pregonan los medios y que desean los habitantes que mejor han salido librados en la repartición de los recursos, esto en contra de una ciudad pública, con lugares de encuentro espontáneos, libres y autónomos, que generan la sospecha, desconfianza e incredulidad de los incluidos, cuando se proponen apuestas de ciudad inclusivas y propositiva, que provienen de órdenes no formales, pero legitimados en la práctica cultural y en los beneficios sociales de estos grupos marginales portadores de saberes distintos y benéficos.

La ciudad en toda su complejidad, en su nutrida ocupación, a pesar de sus múltiples fracturas y diferencias imaginables, ofrece un espacio de aprendizaje prolífero e integral, en primer lugar es el territorio de articulación con el mundo, de encuentro, intercambio, ciudad múltiple, no sólo de espacios residuales, que exige su conocimiento, apropiación y por ende un proceso de aprendizaje y un currículo que la contenga como un contenido básico, por no decir imprescindible.

En segundo lugar la ciudad es un espacio relacional, fluido, en constante movimiento y con transformaciones profundas, que modifican de plano las relaciones entre sujetos, territorios y existencias institucionales. Surge otra pregunta sobre la manera en que el sujeto, ciudadano con derechos y deberes aprende de la ciudad, con ella y para ella, y aquí se plantea la dimensión de la identidad como un eje fundante del ejercicio de la ciudadanía.

Medellín, Octubre 2003

NOTAS

[1] Ley 375 de 1997, Ley de la Juventud, Artículo 2.

[2] Carlos Zapata (2003): «La formación ciudadana en Medellín: ganancias en gestión social, incertidumbres en acción política». Informe de Investigación. Medellín: Instituto de Ciencias Políticas, Universidad de Antioquia.

[3] Ibid.

[4] Programa Presidencial Colombia Joven, Presidencia de la República (2003): «Manual de control social juvenil». Bogotá: Colombia Joven.

[5] Ley 375, Artículo 2.

[6] Banco de datos del dane: Proyecciones de población y censo nacional de 1993.


Dirección para Correspondencia:mhoyos@region.org.co

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