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Ultima década

versão On-line ISSN 0718-2236

Ultima décad. v.11 n.19 Santiago nov. 2003

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22362003000200004 

Última Década, 19, 2003: 47-70

CIUDADANÍAS JUVENILES

 

Apuntes para una Resignificación de la Participación Política de los Jóvenes a partir del Eje Igualdad-Desigualdad*

 

Marcel Thezá Manríquez**

** Licenciado en Filosofía por la Universidad Católica de Valparaíso y Magíster en Ciencia Política por la Universidad Católica de Lovaina. Actualmente se desempeña como jefe del departamento de coordinación intersectorial del Instituto Nacional de la Juventud.

Dirección para Correspondencia


 

1. Introducción

Al examinar la literatura disponible sobre el campo genérico de la participación política, encontramos ciertos términos que se han convertido en los puntos referenciales de variados análisis que ponen en cuestión el alcance que este fenómeno adquiere en el marco de las fuertes e intensas transformaciones que afectan a la sociedad. Es así que ciertos conceptos, como ciudadanía, representación, competencia, cultura política, conciencia práctica, hábito, etc., han constituido a lo largo de muchos años una fuente muy intensa y variada de interpretación para observar los procesos de mayor distancia o cercanía con la actividad particularmente partidista. Se ha construido, de esta forma, una especie de péndulo que oscila y alterna entre aquellos fenómenos que la sociología política denomina comúnmente como fenómenos de condensación o de rarefacción; es decir, como fenómenos donde los individuos se enfrentan a vínculos sociales más débiles o más sólidos.

Particularmente en el caso de los jóvenes, el eje de significación tradicional utilizado para abordar este tema, se ha estructurado en torno a la díada «participación-anomia». De esta forma, la condición anómica implicaría una cierta patología general donde el individuo -en el marco de factores que lo determinan- procede a «emanciparse» de esa micro-sociedad en la cual habita, rompiendo, de esta forma, con las normas y los modelos de comportamiento habitual.

Siempre que se hace referencia a esta tensión entre participación y anomia, subyace la discusión sobre la libertad como el gran valor de la sociedad. Sin embargo -y sin la intención de ahondar en estas notas sobre la permanente controversia filosófica relativa a los márgenes posibles de la libertad- es preciso señalar que permanentemente se construye una especie de mito en virtud del cual el componente individualista de la democracia implicaría formalmente que esta emancipación a la cual hemos hecho referencia es una emancipación sin diferencias.[1] Por el momento nos quedaremos con la idea que la dimensión libertaria ha condicionado notablemente el debate sobre el tema de la participación política.

Ahora bien, la relevancia de este tema radica en que esta relación confusa y compleja entre juventud y política se ha convertido, en el último tiempo, en uno de los elementos más controversiales tanto en el imaginario ciudadano como en la opinión que se construye habitualmente desde el mundo de las políticas públicas. Permanentemente nos vemos enfrentados a interpretaciones no siempre correctas del fenómeno de desconfianza juvenil, pensando que en él se expresa un desinterés general por la cosa pública y una ausencia total de todo tipo de civismo.

Si bien el eje «participación-anomia» que hemos descrito en los párrafos precedentes, constituye una mirada ya absolutamente instalada desde el mundo de la academia -como así también en el discurso político y cotidiano- diversos antecedentes demuestran la urgente necesidad de resignificar este problema, poniendo como centro del análisis un eje más bien orientado en torno a la tensión entre igualdad y desigualdad. De esta forma se traslada un problema que en la lógica estrictamente liberal no lo es tal -ya que en rigor la participación de los menos educados sólo puede tener como consecuencia la «mediocridad colectiva» (Mill, 1858)- a un campo donde es posible interrogar el carácter democrático que un país efectivamente posee. Aquí el punto de atención está puesto en la posibilidad que una sociedad determinada favorezca la construcción de un «ethos» común capaz de integrar armónicamente los intereses y necesidades del conjunto de los ciudadanos, «excluyendo la exclusión» de sectores donde el término «representación» hoy tiene una débil significación. Dicho a modo de interrogante, ¿es posible que la democracia sea tal en un contexto en el cual la desigualdad se erige como un componente fundamental del modo de vida político?

El cientista Arend Lijphart ya antes lo había descrito de una manera similar: «Todas las reglas discriminatorias son hoy en día universalmente rechazadas como antidemocráticas.[2] ¿Por qué, entonces, tantas democracias toleran el modelo sistemático de participación débil y desigual, que no es sino el equivalente funcional de estas reglas?» (Lijphart, 1997).

Un reciente estudio efectuado por el Instituto Nacional de la Juventud (2003b), demuestra que si bien no es posible hablar de una desafección radical de los jóvenes con la democracia, sí aparecen ciertos síntomas que dan cuenta de diferencias en la significación que ésta tiene dependiendo del sector social que es interrogado. Para los jóvenes de sectores medios, los «problemas democráticos» aparecen claramente definidos; aquí el discurso se construye desde un sujeto ya modelado en términos individualistas. En tanto, para los sectores populares, los temas de la democracia son difusos y lo que prima es más bien la búsqueda primaria de un cierto y no definido reconocimiento social.

Otro estudio, esta vez de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica,[3] demuestra que un 84% de los jóvenes encuestados manifiesta una alta afinidad con los partidos políticos y con las coaliciones, demostrando que este tipo de jóvenes se comporta políticamente, siendo, además, altamente consistentes con ese comportamiento.

Otro antecedente ilustrador lo aporta el estudio «El club de la desigualdad»,[4] donde se pone de manifiesto el paulatino ocaso de la educación estatal en la formación de líderes, dando paso tanto a una emergente presencia de los colegios privados en la educación de la élite política -siendo más relevante como es esperable en el club empresarial- y a una homologación en la ruta educacional de los congresistas tanto de la Alianza por Chile como de la Concertación de Partidos por la Democracia.

Por lo tanto, una resignificación del tema de la democracia desde la perspectiva del eje igualdad-desigualdad en los jóvenes, debiese interrogar la sustentabilidad de un sistema donde las competencias políticas empiezan a radicarse y concentrarse única y exclusivamente en ciertos sectores de la sociedad, desafectuando, en este proceso, a otros sectores para quienes lo que se denomina «valor permanente de la democracia» pierde sentido.[5]

2. Participación política desigual

Si utilizamos el voto como un indicador de participación,[6] podemos afirmar que en el conjunto de las democracias el fenómeno de abstención se manifiesta como un problema de características ya estructurales. En el caso de Estados Unidos, la abstención en las elecciones presidenciales aumentó de un 38% a un 51% entre 1964 y el 2000, y en cuanto a la Unión Europea, los siguientes datos evidencian una tendencia creciente en la misma orientación.[7]

Cuadro 1

Elecciones parlamentarias, países seleccionados, 1974-2001

 

1974-1977

1978-1981

1982-1985

1986-1989

1990-1993

1994-1997

1998-2001

Austria

13

13

13

13

20

23

28

Bélgica[8]

12

9

14

14

15

17

17

Finlandia

20

19

19

23

28

29

35

Holanda

14

15

20

16

22

25

30

Portugal

14

12

21

22

22

21

31

Reino Unido

25

25

29

25

25

30

42

Cuadro 2

Elecciones europeas, 1979-1999[9]

 

1979

1984

1989

1994

1999

Austria

     

32

51

Bélgica

8

8

9

9

10

Finlandia

     

40

70

Holanda

42

49

53

64

70

Portugal

 

28

49

64

60

Reino Unido

68

67

67

64

76

Alemania

34

43

38

40

55

Dinamarca

53

48

54

47

50

España

 

31

45

41

36

Francia

39

43

51

47

53

Grecia

21

23

20

29

30

Irlanda

36

52

32

56

49

Italia

14

16

18

25

29

Luxemburgo

11

13

13

11

14

Suecia

     

58

62

¿Qué realidad arrojan estas cifras? Más allá del fenómeno de abstención creciente -que en la lógica de estos apuntes puede ser analizado simplemente en torno al eje «participación anomia»de acuerdo a todas las implicancias que por sí conlleva- nuevamente se constata que los abstencionistas no son una muestra aleatoria de la población; esto se afirma al evidenciar que ciertos grupos sociales están sobrerepresentados en cuanto a la intensidad de la abstención.

Las investigaciones demuestran que en Europa las personas con altos ingresos y con estudios superiores son las que tienen niveles de participación más elevados. Por su parte, los obreros, los jóvenes, los habitantes de medios rurales y los miembros de minorías étnicas son quienes menos participan de los procesos electorales.[10]

Al analizar el caso de algunos países en particular (ires ucl, 2003), esta participación desigual adquiere una amplitud verdaderamente inquietante. Si bien para Europa y Canadá se calcula en un 10% la diferencia entre la participación de los ciudadanos con más educación en comparación a aquellos que disponen de menores niveles de formación, esta distancia se agranda significativamente en ciertos países. En Suiza, por ejemplo, al tomar como referencia los referendums votados entre 1981 y 1991, se aprecia una diferencia de un 25% en la participación de los electores con mayor y menor educación; mientras tanto, para los Estados Unidos esta distancia es de un 40%. Así, en general, los ciudadanos más ricos tienen un nivel de participación 14 puntos más elevado que los pobres.

Las consecuencias de este fenómeno han sido largamente trabajadas por diversos analistas, siendo Lijphart (1997), quien intenta sistematizar algunas ideas relativas a los efectos y consecuencias que esto provoca desde la perspectiva de la organización social y política de un país. Así, este autor señala que un bajo nivel de participación lleva a una participación desigual altamente mediatizada desde el punto de vista socioeconómico. De la misma forma, un bajo nivel de participación aparta a ciertos sectores de la sociedad de la orientación de las políticas públicas.

Esta situación descrita genéricamente por Lijphart se agrava en el caso de los jóvenes, los cuales constituyen -como lo hemos afirmado anteriormente- uno de los sectores cuya desvinculación es mayor con el sistema político. Variados antecedentes empíricos, sin embargo, vuelven a demostrar que en las democracias europeas, si bien los jóvenes comparten los mismos valores liberales en cuanto a costumbres (rol del individuo) (Bajoit, 2003), se agudiza una fuerte fractura en la relación de dichos jóvenes con la sociedad; situación que, por lo demás, pone en tela de juicio la homogeneidad que pregona el discurso cotidiano. Según el sociólogo Olivier Galland «se observa un cambio respecto a los años 60 cuando los jóvenes instruidos representaban a los rebeldes y los jóvenes sin estudios a los conformistas. Hoy en día, ocurre lo contrario, cuanta menos formación tienen los jóvenes más convencidos están de que hay que cambiar la sociedad radicalmente» (Galland, 2003).

El sociólogo belga Guy Bajoit, al analizar un muestreo de discursos de jóvenes (Bajoit y Franssen, 1995), reitera las diversas formas de administrar esta tensión entre individuo y sociedad, construyendo una descripción de estrategias -o de lógicas del sujeto- donde los capitales sociales vuelven a jugar un rol preponderante (Bajoit, 2003).

3. Participación política desigual en Chile

Los antecedentes sobre participación juvenil en Chile son muy claros y conocidos, sobre todo en lo relativo a la participación política. Sin embargo, es preciso recordar algunos elementos que siempre serán un buen marco introductorio al tema propuesto en estas notas.[11]

a) Asociatividad y participación social juvenil

El vínculo social fundamental que caracteriza a la cultura juvenil es la asociatividad construida esencialmente a través de las redes de amistad. Los grupos de amigos representan un referente social de pertenencia para cuatro de cada cinco jóvenes (INJUV, 2002).

La participación social juvenil se verifica principalmente en los ámbitos deportivos, religiosos y en actividades ligadas a algún tipo de hobby, de modo tal que la experiencia de asociatividad es constituida en torno a actividades ligadas al tiempo libre, la diversión, en el espacio extra-escolar y en aquellos externos al mundo del trabajo.

La asociatividad juvenil presenta variaciones manifiestas según el tipo de joven. En relación a la condición de género, los jóvenes prefieren participar en instancias deportivas y culturales, mientras que las mujeres se concentran en los grupos religiosos y los centros de padres. A su vez, los jóvenes de sectores rurales participan más activamente en instancias asociativas que los jóvenes urbanos. A medida que aumenta la edad, si bien se mantiene la participación en actividades deportivas y emerge la participación en actividades ligadas a centros de padres y apoderados, la asociatividad en general tiende a disminuir. Si bien uno de cada dos jóvenes no participa activamente en ninguna asociación -al momento de indagar sus intereses y expectativas- el interés y deseo de participar constituyen una neta mayoría.

En esta dimensión cabe preguntarse si el interés por el desarrollo personal y la búsqueda de identidad de los jóvenes como eje de esta generación menos centrada en el ámbito público, son facilitadas por las actuales condiciones legales, por las instituciones públicas directamente involucradas en el trabajo con jóvenes y por la sociedad civil.

b) Confianza en las instituciones, valor y representación del sistema político

Analizando la relación de los jóvenes con las instituciones y personas en general, se observa un alto grado de desconfianza a excepción de los profesores, frente a los cuales uno de cada dos jóvenes expresa una consideración elevada de los docentes. Con todo, los mayores grados de confianza se depositan en la Iglesia Católica, la radios y los servicios de salud.

Entre las instituciones que inspiran menos confianza están aquellas vinculadas al sistema político. Entre los distintos actores políticos, la figura del Presidente de la República es la que goza de mayor confianza; a éste lo sigue el poder judicial. Sin embargo, los partidos políticos y los miembros del poder legislativo (diputados y senadores) constituyen los actores que generan mayor desconfianza entre los jóvenes.

Los niveles de confianza en las instituciones políticas tienen un marcado acento de género: existe mayor desconfianza entre las mujeres. Sin embargo, los jóvenes entre 25 y 29 años manifiestan un mayor valor en las instituciones políticas; luego, la mayor distancia y descrédito subsiste en el grupo de adolescentes del grupo de edad entre 15 y 19 años. La mayoría de estos jóvenes aún está en el sistema escolar. En este sentido, le cabe al sistema educacional una alta responsabilidad en revertir este proceso de ausencia de confianza.

La percepción negativa del sistema político se agudiza en modo particular respecto de la actividad partidaria. En efecto, la mayoría de los jóvenes coincide en que los partidos políticos no representan los intereses e inquietudes de los jóvenes y que los políticos no se preocupan por ellos. Frente a este panorama de desconfianza y de ausencia de motivación por participar activamente en la actividad política, ciertamente la constatación de la militancia en los partidos políticos es numéricamente insignificante; sin embargo, en la Tercera Encuesta Nacional de Juventud, destaca la presencia de un porcentaje no despreciable de jóvenes (10,4%) que estarían interesados en participar en la actividad partidaria. El tema emergente es entonces la falta de concordancia y convergencia entre los intereses manifestados por los jóvenes y las formas en que la actividad política se propone y representa a los jóvenes.

Adicionalmente, cabe destacar que al interrogar al mundo juvenil sobre la posición política con la que más se identifican en el clásico esquema derecha-centro-izquierda, el 65,8% no se alínea con ninguna posición; es decir, que sólo un tercio de los jóvenes declara identificarse con alguna tendencia política. En el caso de los adolescentes y de los jóvenes de estrato socioeconómico bajo esta ausencia de identificación es mayor. En otras palabras, existe una relación directa entre el nivel socioeconómico y la visibilidad de la distinción izquierda/derecha, vinculación que, como lo hemos afirmado, ya invita a reflexionar acerca de los efectos de la desigualdad social en la percepción del sistema político y de las eventuales (in)diferencias percibidas entre los distintos modos de gobernar .

c) Valoración de la democracia en Chile: la visión de los jóvenes

En el contexto de los países de la región, destaca el modesto valor que la democracia tiene para los chilenos. En efecto, tanto el sistema político democrático así como la satisfacción que éste genera, presenta una adhesión por debajo de la media.[12] En concordancia con esta alta desconfianza respecto al sistema político, los resultados de la Tercera Encuesta Nacional de Juventud indican que la mitad de los jóvenes chilenos considera que la democracia es (sólo) una forma de gobierno como cualquiera otra.

La valoración positiva de la democracia surge claramente entre los jóvenes de nivel socioeconómico alto (66,7%), mientras que la más desfavorable se da mayoritariamente entre los jóvenes de nivel socioeconómico bajo (57,6%). En el grupo medio predomina levemente una valoración positiva de este sistema de organización política (50,7%). En consecuencia, existe una relación directa entre el nivel socioeconómico y la valoración de la democracia. Esta valoración de la democracia no tiene variaciones significativas consecuentes con la edad, de modo tal que no se podría hipotetizar que el apoyo a la democracia manifiesta variaciones al interno del grupo de edad juvenil (INJUV, 2002). Por lo tanto, el valor de la democracia está directamente ligado a la desigualdad social y, en consecuencia, hay un voto de sanción al sistema en tanto los sujetos viven en condiciones de vida más precarias.[13]

d) Evolución de la inscripción electoral juvenil

Si se efectúa un análisis histórico respecto a la cantidad de jóvenes inscritos en las distintas elecciones realizadas entre los años 1988 y 2000, se puede observar el alto porcentaje de aquellos inscritos en relación con los potenciales electores entre 1988 y 1989. Este fenómeno, posiblemente, se debió a los diecisiete años de régimen militar, en los cuales los registros electorales se mantuvieron cerrados, por lo que hubo un gran interés por ejercer el derecho a voto en el plebiscito del 5 de octubre de 1988. Con motivo de este evento, se registró el índice más elevado de participación en la historia electoral de nuestro país, lo que queda reflejado en el número de inscritos. Los jóvenes representaron entonces el porcentaje más alto de los inscritos (35,9%), en comparación con otros grupos de edad.

Sin embargo, a partir de los años noventa tiende a disminuir en forma paulatina la inscripción de los jóvenes en los registros electorales, reduciéndose al 14,5% del total de inscritos en el año 2000. En otras palabras, en poco más de una década estamos en presencia de una reducción del 40% de los inscritos respecto al año del plebiscito. Este hecho se acentúa con mayor notoriedad en los sujetos de 18 y 19 años (en 1988 constituían el 5,5% del total de inscritos mientras que el año 2000 su participación se redujo al 0,8%).[14] En el período comprendido entre los años 1989 y 2000 la cantidad de jóvenes inscritos disminuye desde 2.676.878 a 1.177.961, esto significa que cerca de un millón quinientos mil jóvenes entre 18 y 29 años han renunciado a su derecho de participar en las elecciones de autoridades.

Considerando la cantidad de jóvenes inscritos en los registros electorales al 15 de marzo del año 2000 y los diversos subgrupos de edad, se observa que el 66,1% de los inscritos corresponde a jóvenes entre 25 y 29 años, el 28,9% a jóvenes de 20 a 24 años y sólo un 4,9% alude a sujetos de 18 y 19 años.[15] Esto significa que el grupo de edad entre 25 y 29 años (jóvenes adultos) constituye actualmente el volumen principal de la fuerza electoral juvenil.

Según datos de la Tercera Encuesta Nacional de Juventud, considerando la variable sexo, la inscripción en los registros electorales el porcentaje de hombres jóvenes inscritos supera levemente al de las mujeres, mientras que respecto a la localización, se observa que en zonas rurales hay un leve predominio de jóvenes inscritos (32,7% frente a 30,7% en zonas urbanas). Considerando las diferencias socioeconómicas, en el nivel alto hay una mayor cantidad de inscritos (39%) en comparación con el 30,4% del nivel medio y 31,3% del nivel bajo.

Adicionalmente, la Encuesta pregunta a aquellos jóvenes que están inscritos, si volverían a inscribirse nuevamente en los registros electorales. La respuesta es afirmativa para más de la mitad de los jóvenes. Sin embargo, a medida que aumenta la edad disminuye la cantidad de jóvenes que sostiene que volvería a inscribirse en los registros electorales. Esto quiere decir que los jóvenes que se han apenas inscrito valoran más su permanencia en el sistema que permite el cambio de las autoridades políticas que aquellos inscritos de larga duración.

En consecuencia, hay un efecto de desafección a priori que genera la baja inscripción en los registros, pero adicionalmente se verifica un efecto de fatiga y desencantamiento a posteriori que debiera interrogar también al sistema político y sus efectos en el comportamiento social.

Ahora bien, un análisis detallado de este marco descriptivo introductorio, nos debiese llevar a examinar más nítidamente el comportamiento de los jóvenes, diferenciándolos de acuerdo a diversos estratos socioeconómicos. De esta forma puede quedar más claro el fuerte impacto que este eje igualdad-desigualdad tiene en el mundo juvenil.

e) Los datos de la desigualdad

Si utilizamos nuevamente los datos de la Tercera Encuesta Nacional de Juventud,[16] encontramos ciertos antecedentes que son verdaderamente relevantes.

La percepción sobre el nivel de centralidad e importancia que los jóvenes creen tener en el discurso de los políticos, nos muestra una primera gran diferencia; a medida que el nivel socioeconómico es más bajo, menor es la certeza de que los jóvenes son objeto de preocupación por parte de los «políticos».

Cuadro 3

Los políticos tienen poca preocupación por los jóvenes, por nivel socioeconómico

Los políticos tienen poca preocupación por los jóvenes

 

Nivel Socioeconómico

Alto

Medio

Bajo

Total

De acuerdo

68.0

76.4

82.5

77.9

En desacuerdo

32.0

23.6

17.5

22.1

Total

100

100

100

100

El mismo fenómeno se aprecia en relación a lo que pudiésemos denominar la «representación legítima» ejercida por los partidos. Desde la perspectiva tradicional, la representación generaba un fenómeno de simetría entre la institución que representa y lo representado, aquello que Pierre Bordieu llamaba «El golpe de fuerza simbólico». La representación constituye esa ficción necesaria que permite el fortalecimiento de una cierta identidad.

En este caso apreciamos que los jóvenes más pobres, también de sectores medios, son los que más claramente cuestionan esta representatividad. Dichos datos son altamente coherentes con el estudio antes citado de Escuela de Psicología de la Universidad Católica, donde se demuestra que los jóvenes universitarios mantienen una importante afinidad con los partidos políticos (46% se identifica con la Alianza por Chile y 54% con la Concertación).[17]

Cuadro 4

Los partidos políticos me representan en mis inquietudes, por nivel socioeconómico

Los partidos políticos me representan en mis inquietudes

Nivel Socioeconómico

Alto

Medio

Bajo

Total

De acuerdo

26.8

15.5

14.8

15.7

En desacuerdo

73.2

84.5

85.2

84.3

Total

100

100

100

100

El mismo fenómeno lo verificamos al interrogar a los jóvenes acerca de la posición política con la cual más se identifican. Así, el 70% de los jóvenes del nivel bajo no se sienten representados por ninguna posición, a diferencia del nivel alto donde esta ponderación es de un 40,7%.

No obstante lo anterior, sí resulta interesante constatar, a lo menos, dos situaciones que destacan en el cuadro que se aprecia más abajo; por una parte el nivel de adhesión que experimenta la izquierda (21,1%) en el nivel más alto, y por otra parte la homogeneidad en la adhesión de la derecha en todos los estratos (11% promedio). El estudio de la Universidad Católica es coherente con aquello, donde el bloque PS-PPD recibe una adhesión del 22% contra un 6% de la DC.

Cuadro 5

Posición política con que más se identifica, por nivel socioeconómico

Posición política con la que más se identifica

Nivel Socioeconómico

Alto

Medio

Bajo

Total

Ninguna

40.7

64.8

70.9

65.8

Izquierda

21.1

11.2

9.8

11.1

Derecha

11.4

11.1

11.0

11.1

Centro izquierda

11.4

6.5

4.7

6.1

Centro derecha

4.1

3.4

1.5

2.9

Centro

8.9

2.4

1.4

2.3

Otra

2.4

0.7

0.7

0.7

Total

100

100

100

100

La misma situación antes descrita se presenta al detallar la identificación con partidos políticos. Objetivamente la construcción de opinión política está mucho más presente en los niveles superiores. Ahora bien, esto no significa que estos saberes que conciernen a la política (saberes que no necesariamente son eminentemente políticos) se manifiesten en un nivel cero en los sectores más bajos; sin embargo sí podemos afirmar -categóricamente- que estas competencias están extremadamente mal distribuidas (Joignant, en prensa).

Cuadro 6

Partido político que más lo identifica o simpatiza, por nivel socioeconómico

Partido político que más lo identifica o simpatiza

Nivel Socioeconómico

Alto

Medio

Bajo

Total

Ninguno

45.9

67.5

76.3

69.3

Partido Socialista PS

27.0

6.7

4.3

6.7

Democracia Cristiana DC

12.3

6.8

3.8

6.1

Unión Demócrata Independiente UDI

9.0

6.6

4.2

6.0

Renovación Nacional RN

2.5

4.2

4.9

4.4

Partido Comunista PC

2.9

2.9

2.8

Partido por la Democracia PPD

1.6

3.0

1.5

2.5

Alianza Humanista Verde

1.5

1.1

1.3

Partido Radical Social Demócrata PRSD

1.6

0.6

0.7

0.6

Unión de Centro Centro UCC

0.2

0.4

0.2

Total

100

100

100

100

De la misma forma, el interés potencial de participar políticamente está manifiestamente más presente -aunque no mayoritariamente- en los sectores de nivel socioeconómico alto. Quizás estos antecedentes también permitan revisitar la afirmación del politólogo francés Daniel Gaxie quien afirma que, en rigor, la participación es proporcional al nivel de competencia política; en este caso habría que consultar sobre la competencia objetiva que los jóvenes perciben en el sistema político chileno.

Cuadro 7

Participación o interés en partido político, por nivel socioeconómico

Participa o interés:
partido político

Nivel Socioeconómico

Alto

Medio

Bajo

Total

Participa

2.4

0.9

0.7

0.9

Le gustaría participar

22.8

10.3

9.1

10.4

No le interesa participar

74.8

88.8

90.3

88.7

Total

100

100

100

100

Si analizamos las preguntas relativas a la inscripción electoral, la diferencia entre los diversos niveles no es tan significativa; sin embargo, lo que resulta más inquietante es la mayor voluntad expresada por el nivel socioeconómico alto de permanecer inscrito, a diferencia del nivel más bajo donde sólo el 54,2% se inscribiría nuevamente.

Cuadro 8

Inscripción electoral, por nivel socioeconómico

¿Estás inscrito en el registro electoral?

Nivel Socioeconómico

Alto

Medio

Bajo

Total

39.0

30.4

31.3

30.9

No

61.0

69.6

68.7

69.1

Total

100

100

100

100

Cuadro 9

Nueva inscripción electoral, por nivel socioeconómico

Si tuvieras que inscribirte en el registro electoral ¿qué harías?

Nivel Socioeconómico

Alto

Medio

Bajo

Total

Se inscribiría de nuevo

72.9

64.7

54.2

62.0

No se inscribiría de nuevo

27.1

35.3

45.8

38.0

Total

100

100

100

100

4. Consideraciones desde la perspectiva de la política pública: el problema de la inscripción y el voto [18]

Resituar el tema de la participación política desde el eje igualdad-desigualdad no es una cuestión estrictamente semántica, es más bien una opción valórica. Aquí el tema de fondo es decidir si se pretende privilegiar una supuesta libertad individual tan instalada en el discurso juvenil institucional, o si más bien la atención debe estar puesta en el fortalecimiento de la igualdad de oportunidades y de representación. Si se decide lo segundo, las opciones desde la perspectiva de la política pública debiesen ser claras.

a) Habilitación automática de los jóvenes votantes

Como lo hemos señalado anteriormente, la preocupación y severidad con que se enjuicia la ausencia de los jóvenes en las urnas responde no sólo a un discurso que subraya la dimensión sintomática del alejamiento paulatino de la ciudadanía de sus deberes cívicos; constituye también una grave manifestación de crisis del sistema democrático y de los ideales de igualdad de los sujetos ante la legalidad del sistema social. Pobres y jóvenes constituyen la díada autoexcluida de mayor peso en la ausencia del sistema y que denuncia la convivencia entre exclusión económica y social. Esta relación directa entre riqueza-edad-participación en el sistema político no hace más que manifestar la insuficiencia de los mecanismos y procesos que garanticen la igualdad entre el sujeto y la expresión simbólica de la singularidad de su voto.

En el caso de la población joven, la disminución radical de inscripción en los registros electorales manifiesta dos niveles críticos que no pueden ser independizados al momento de analizar la relación actual entre los jóvenes y la política. En primer lugar, la ausencia en la inscripción en los registros y, por ende del voto, da cuenta de procesos de antagonismo y de crítica al actual sistema político: desencantamiento ideológico, falta de interés y de peso de la identidad política y mayor individualización de la vida social (y, en consecuencia la menor colectivización de los proyectos nacionales). Este antagonismo opera por la vía de la descalificación del sistema y no por su contradicción, oposición activa y debate.

En segundo lugar, la ausencia de participación en el voto democrático no sólo manifiesta una posición antagónica al sistema político, sino que también refleja los efectos de un sistema que sitúa derechos y deberes sociales en el orden de las motivaciones; obviamente cuando éstas no se refieren a las responsabilidades económicas (la lógica neoliberal supone que es un deber pagar, pero no votar). Esta incorporación de la dimensión voluntarista de uno de los derechos cívicos traduce un derecho adscrito ciudadano en una dimensión adquirida, ligada a una promesa de pseudolibertad. Adicionalmente, se aprecia que el sistema político, en especial el sistema partidario, evidencia un desprestigio ligado a aspectos reales (falta de modernización de los partidos, su financiamiento, rendición pública de la gestión, etc.) y a la dimensión imaginaria, constituida en gran medida durante los años de gobierno militar, cual es la imagen deteriorada del político. Esta mala imagen, que tras una temporada de mística democrática durante los primeros años de gobierno de la Concertación, retoma su representación precedente y retoma también la paradoja que actualmente se exige desde ciertos discursos públicos: lo mejor es gobernar sin políticos. Este imperativo, que pertenece al orden del imaginario social, lesiona gravemente el sistema democrático. La reproducción social de este discurso negativo sobre lo político, sobre la actividad partidaria y la actividad legislativa constituyen una prioridad que debiera impulsar a los actores involucrados en la cuestión política y social a generar cambios, validando los aspectos vitales del sistema representativo.

La mantención del sistema de inscripción voluntaria en los registros electorales corroe y daña en modo irreparable cualquier principio igualitarista. Esta desconsideración del orden social de lo público -parte del proceso de desencantamiento del proyecto moderno- debilita algunas aspiraciones centrales de la democracia en su práctica política. Por tanto, la habilitación automática de los votantes; es decir, su inscripción automática en los registros electorales una vez cumplida su mayoría de edad constituye una de las vías esenciales para fortalecer la democracia y asegurar un derecho fundamental de la vida en sociedad.

Cabe por último preguntarse, si estamos de acuerdo en la necesidad de que los sujetos experimenten y practiquen el legítimo derecho a elegir a los gobernantes, ¿a quién o a qué beneficia la no inscripción de los jóvenes en los registros electorales? Los niveles de desafección actuales difícilmente pueden verse contrarrestados con un padrón electoral cada vez más reducido. Parece, en este sentido, que la mantención de una inscripción intencionada sólo contribuye a reproducir una tendencia antidemocrática y anti-igualitarista de la comprensión del sistema electoral que desestabiliza las bases mismas de la equidad democrática, en tanto sólo los inscritos deciden acerca de actos que afectan a todos.

Desde el retorno a la democracia se ha avanzado con voluntad política en la democratización económica del país, realizándose esfuerzos significativos en pro de la equidad social. Del mismo modo, la democratización se ha extendido al ámbito cultural ampliando el acceso de la población a bienes culturales. Sin embargo, es necesario avanzar más aún en la democratización política, impulsando transformaciones y reformas efectivas al sistema político, en especial a los mecanismos electorales.

Diversos estudios internacionales demuestran a este respecto que la burocracia ligada a la inscripción voluntaria, presenta un costo mucho más elevado para las personas más pobres y con menor educación. En el caso de Estados Unidos, los procedimientos de inscripción varían mucho según el período del año, el horario de apertura de las oficinas y su distribución geográfica. De esta forma se estima que facilitar este proceso haría disminuir la abstención de 13,2 puntos de porcentaje en el caso de los ciudadanos con menos de cinco años de escolaridad, en comparación al 2,8% que aumentaría entre los diplomados universitarios (Wolfinger & Rosenston, 1980).

Otro ejemplo lo aporta el caso holandés, donde el voto obligatorio fue abolido en 1970; en este caso la separación en los niveles de participación de las personas con mayor y menor educación pasó de un 4% en 1967 a 21% en las elecciones siguientes (Verba, 1997).

b) Consideraciones sobre el voto

De lo expuesto anteriormente, resulta indispensable interrogarse sobre qué tipo de voto garantiza un mayor nivel de igualdad frente al sistema político; y frente a aquello no hay duda posible: el voto debe ser vinculante, obligatorio.

Los cientistas políticos no han llegado a un acuerdo teórico sobre el efecto concreto de la abstención; incluso algunos llegan a afirmar que ésta tiene una incidencia muy débil sobre el resultado de las elecciones (las opiniones políticas de los abstencionistas no diferirían de manera esencial de aquellos que sí participan). Sin embargo, estudios recientes confirman que la participación en las elecciones tiene un impacto concreto sobre la incorporación a la agenda pública de temas sociales. Así, un aumento de la participación en un diez por ciento hace disminuir el índice de desigualdad (índice de Gini) en un uno por ciento. Estos estudios muestran que el ingreso de temas como la integración de minorías, subsidios para desempleados, etc., son la consecuencia de una participación más amplia.[19]

Para los jóvenes chilenos, las principales razones de la baja participación eleccionaria están, como ha sido descrito más arriba, en la alta desconfianza hacia las instituciones políticas y en la sensación de que los políticos no representan los intereses juveniles (INJUV, 2002). Esto, unido a las significativas diferencias de ingreso y educación que caracterizan a nuestra sociedad, configuran un cuadro altamente favorable a la desigual representación en el sistema democrático.

La juventud chilena, especialmente en sus tramos de edad primarios (15-24 años), se ve afectada por una doble dificultad de acceso a la política: su etapa de desarrollo está predominantemente orientada al estudio y sus niveles de ingreso son precarios, lo que hace que sus esfuerzos estén predominantemente concentrados en el sistema educativo o en la búsqueda de trabajo; paralelamente, el bajo interés político en ellos, dada su imposibilidad de votar por no estar inscritos en los Registros Electorales, como la sensación de no-representación por parte de los propios jóvenes, contribuyen decisivamente a alejarlos de la actividad política.

La pregunta desde la juventud es, por tanto, la siguiente: ¿cómo es posible intentar un acercamiento de la política hacia los intereses juveniles? De otro modo, formulada esta pregunta desde el propio sistema político: ¿cómo contribuir a la igualdad democrática ampliando el registro de intereses políticos hacia la juventud? El razonamiento expuesto parece conducir a una respuesta particular: es recomendable la habilitación automática de los jóvenes para participar de los procesos eleccionarios al cumplir los dieciocho años de edad, haciéndolos partícipes del derecho que implica la libertad de elegir a sus representantes, como así también la creación de una figura de voto vinculante, esto es, la necesariedad de mantención de un sufragio universal para todos los mayores de dieciocho años como medida que permita construir, en el mediano plazo, una observación política de los jóvenes y que posibilite a los jóvenes mismos tener una referencia mínima, mediante el voto, hacia el sistema político.

En detalle, este voto vinculante puede ser definido mediante las características siguientes.

i) El apelativo vinculante remite a la función de este voto, cual es, establecer un nexo bidireccional entre juventud y sistema político. Si cada ciudadano es habilitado para emitir sufragio por el solo hecho de cumplir su mayoría de edad, entonces el escenario de electores se amplía, lo que exige a la política volcarse también hacia las demandas y expectativas juveniles. Paralelamente, los propios jóvenes ingresarán al diálogo de representación al observar una mayor atención de la política hacia ellos. Con ello, se forma un vínculo que la propia dinámica del juego democrático debe encargarse de desarrollar.

ii) El voto vinculante responde a una situación histórica. Los jóvenes que en la década pasada y en la presente cumplen su mayoría de edad, han sido socializados y educados bajo un contexto autoritario que, más aun, promovió explícitamente el desprecio de las formas democráticas de gobierno. Los resultados comienzan a observarse hoy: más de la mitad de los jóvenes consideran a la democracia una forma de gobierno como cualquier otra, un porcentaje mayoritario de ellos no se siente representado por la política, buena parte de los inscritos en el Registro Electoral se desvincularían si tuvieran la oportunidad de hacerlo y cada vez son menos los jóvenes con interés por la participación política. Un voto vinculante debe colaborar a recomponer estas relaciones, ha de hacerse cargo del vacío democrático en que fueron educados quienes hoy deberían ser la voz mayoritaria del sistema político chileno de las próximas décadas: los jóvenes.

A través de esta fórmula, los principios fundantes del voto democrático son conservados.

i) Se promueve, en primer lugar, la igualdad al incorporar a las decisiones político-eleccionarias a un segmento ampliamente excluido de ellas como son los jóvenes. Con ello, el propio sistema político gana en capacidad de observar puntos de vista y consideraciones que antes no estaba en condiciones de ver dada la exclusión juvenil; se hace, en este sentido, más democrático.

ii) Se promueve, paralelamente, la libertad de elegir entre alternativas de representación política otorgando automáticamente el derecho a voto a jóvenes de dieciocho años, cuestión que no excluye la posibilidad de manifestar una disidencia total con el sistema mediante voto nulo o blanco. El carácter vinculante del voto, implica sólo asistencia a votaciones y excluye paralelamente la obligatoriedad de reconocer representación política. Por lo demás, esta vinculación es relativa a las múltiples consideraciones de excepción hoy determinadas en la ley: impedimentos físicos o distancia del local de votación entre otros.[20]

Una democracia sólida no puede construirse sin los jóvenes; más bien, se construye principalmente desde los jóvenes. Sin embargo, lograr la incorporación de ellos al proceso político es, principalmente, una tarea de la política y de las regulaciones y condiciones legales que posibilitan la procedimentalidad democrática. En tal sentido, la motivación de la participación juvenil en el plano electoral puede ser fomentada por mecanismos institucionales, por ejemplo, reglas de inscripción adaptadas a los horarios y espacios juveniles, fórmulas proporcionales de elección que permitan la resonancia de demandas juveniles en la política, elecciones relativamente poco frecuentes que no transformen el acto eleccionario en rutina o votaciones en fines de semana; tales son medidas prácticas que pueden colaborar contextualmente a elevar la participación juvenil en elecciones.

5. Conclusión

En el contexto de estas notas, resulta adecuado aclarar que bajo ningún aspecto pretendo sostener que los problemas fundamentales de la relación entre los ciudadanos y la política pueden ser resueltos a través de una simple modificación del sistema electoral.[21] La crisis de legitimidad de la democracia -unida a una crisis de la ciudadanía y de lo político- nos habla permanentemente de un fuerte sentimiento de impotencia, agravado por esa fractura cada vez mayor entre las personas y el denominado «mundo político». Dependerá también de este mundo político tomar las medidas adecuadas para crear un diálogo que favorezca la extensión de los poderes y las capacidades de los ciudadanos para fortalecer su autonomía, pero también para tomar parte activa en todos los asuntos de la sociedad.

En este artículo más bien pretendo afirmar que ese desafío democrático no sólo requiere de la extensión de los derechos civiles y políticos, sino también de las condiciones institucionales propicias para su ejercicio.

Muchas veces se ha afirmado que la extensión de derechos conlleva consecuencias mayores para el funcionamiento de cualquier democracia. Pues bien, una de esas tensiones es justamente aquella que -a veces de forma maniquea- opone los ideales democráticos de libertad y de igualdad. Aquí no pretendo poner en extrema oposición ambos valores, sino más bien insistir en el hecho que una no adecuada comprensión del problema de la participación política, nos puede llevar a olvidar que ésta es expresión, además de otros factores, de fenómenos de desigualdad que corresponde que la comunidad resuelva. Por lo tanto, una resignificación de la participación política bajo el eje igualdad-desigualdad debiese permitir observar de mejor forma este fenómeno, poniendo como centro de atención la búsqueda de un espacio de inclusión favorable a la opinión activa del conjunto de la sociedad. Ese es el ethos común al cual nos hemos referido; ese es el espacio en el cual los jóvenes -fundamentalmente los más desfavorecidos- no deben dejar de participar.

Quilpué, Invierno 2003

* Artículo escrito en el marco del Proyecto «Cambios culturales y juventud» de la Universidad Católica Raúl Silva Henríquez.

NOTAS

[1] No es menos interesante destacar que, según Durkheim, la anomia es un fenómeno mucho más relevante entre los sectores más «avanzados» de la sociedad. Es allí donde debería manifestarse más claramente el desajuste entre aspiración y satisfacción.

[2] Lijphart hace referencia fundamentalmente a las reglas de voto censitario existentes en muchas de las democracias a fines del siglo xix. Así en los países del Benelux, sólo los hombres de más de 25 años que pagaban sus impuestos podían votar; esto constituía aproximadamente un 1,1% de la población.

[3] Encuesta aplicada a 1.416 universitarios de 14 planteles. Ver artículo El Mercurio, Santiago, 1 de febrero de 2003.

[4] Seminarium Head Hunting: «El club de la desigualdad». Ver Revista Capital N°108, Santiago, 2003; y La Tercera, Santiago, cuerpo de reportajes, 13 de junio de 2003.

[5] Desde la perspectiva del cálculo del voto, innumerables estudios han sido publicados a partir de las reflexiones de Downs (An Economic Theory of Democracy, 1957), atendiendo a que este autor describe por primera vez el comportamiento del elector en cuanto individuo racional. Downs afirma que en las democracias modernas el voto de un individuo tiene un impacto muy débil. Es más, si se toma en cuenta el conjunto de los gastos asociados al acto electoral -desplazamiento, tiempo de espera frente a la urna, etc.- el elector racional debiese abstenerse. Dicho razonamiento ha sido formulado por algunos economistas bajo la fórmula de R= P*B-C, donde R representa lo que ganaría un individuo al votar en vez de abstenerse, P la probabilidad de influenciar el resultado, B el beneficio de elegir su partido preferido y C el costo asociado al acto de votar. Por lo tanto si P es muy próximo a cero y R es prácticamente igual a -C, el individuo racional no debiese participar.

Lo importante de este ejercicio es que si los individuos participan a pesar de todo es porque ellos le asignan «valor» al sistema democrático, queriendo así evitar su debilitamiento.

[6] La participación electoral en este caso sólo constituye un indicador objetivo de medición de participación. Bajo ningún aspecto se pretende restringir ciudadanía en un sentido amplio a participación electoral, o ciudadano meramente a su condición de elector. Esta confusión tiene más bien su origen en la teoría liberal que interpreta el voto como la función primordial de un ciudadano.

Una reflexión interesante frente a este tema puede ser analizada a partir de ciertos estudios sobre la socialización de los niños (Easton & Dennis, 1969). Ver P. Johnston y D. Searing (1994).

[7] www.idea.int.

[8] País con voto obligatorio.

[9] Bélgica, Grecia, Italia y Luxemburgo poseen sistema electoral de voto obligatorio.

[10] Desde la perspectiva de la teoría del elector racional, a la cual ya hemos hecho referencia, son los ciudadanos mejor pagados los que tendrían más que perder en la medida que ellos vayan a votar. Así, a fines del siglo xix, cuando se discutía la introducción del sufragio universal, los analistas pensaban que los más ricos y educados se abstendrían de votar por el mismo motivo.

[11] Elementos de diagnóstico elaborados en F. Alvarado, J. Junyent, A. Mascareño, A. Reinoso y M. Thezá (2002): «Los jóvenes tienen derecho a una democracia de calidad». Documento de Trabajo. Santiago: INJUV.

[12] En esta dimensión, evaluada en el Latinobarómetro 2002, Chile se ubica en el décimo lugar de los diecisiete países incluidos en la medición. Citado de C. Hunneus y L. Maldonado (inédito).

[13] No obstante estos datos, según Hunneus y Maldonado (ibídem), es preciso -en una etapa ulterior- diferenciar entre democracia como «régimen político» y democracia como «gestión de gobierno». Hacia el primero se tiene una adhesión más bien difusa que es definida como una adhesión al sistema (system affect) y que no está condicionada por las decisiones diarias del gobierno, sino que por elementos de largo aliento; esa adhesión es la que permite al sistema enfrentar bien una crisis de desempeño. En el segundo caso, opera más bien el criterio de la eficacia, ya que lo que se mide es el rendimiento de un gobierno determinado.

Según estos autores, en el caso chileno se dan ciertas condiciones que permiten una asociación confusa entre democracia como «sistema de gobierno» y democracia entendida como «gobierno». Éste, por ejemplo, no sería el caso de países como Argentina, donde, a pesar de la grave crisis, el apoyo a la democracia sigue igual. Aquí nos vemos enfrentados a la diferencia entre «legitimidad» y «eficacia» de la democracia.

Según López Pintor (1982): «los problemas relativos a las formas de gobierno y los problemas de gestión gubernamental están tan íntimamente relacionados que separarlos no es teóricamente aconsejable sin tomar ciertas precauciones». López Pintor (1982): «La opinión pública española: del franquismo a la democracia». Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

[14] Registro Electoral de Chile, sin título, sin fecha.

[15] Registro Electoral de Chile (2000): «Cantidades de inscripciones vigentes por grupos etáreos en cada región y en el total país». Santiago: Registro Electoral de Chile.

[16] INJUV: Tercera Encuesta Nacional de Juventud, base de datos.

[17] Ver El Mercurio, Santiago, cuerpo política, 10 de febrero de 2003.

[18] Reflexiones contenidas en F. Alvarado et al. (2002): op. cit.

[19] D. Mueller & Stratmann «The Economics of Democratic Participation», citado en ires ucl: op. cit.

[20] Dado que el eje de análisis propuesto es el de igualdad-desigualdad, excluyo de esta argumentación las visiones normativas que consideran el voto -ante toda eventualidad- como una obligación. De esta forma algunos autores han construido una analogía entre el acto electoral y el pago de impuestos. Ver L. Hill: «On the Reasonableness of Compelling the Citizens to vote: The Australian Case». Political Studies N°50.

[21] Por lo demás aquí hemos omitido intencionalmente otras consideraciones relativas a la oposición entre sistema mayoritario v/s sistema proporcional, diseño de distritos, financiamiento de campañas, voto de ciudadanos en el exterior, etc.

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