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Ultima década

versión On-line ISSN 0718-2236

Ultima décad. v.9 n.15 Santiago sep. 2001

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22362001000200007 

Última Década, 15, 2001:163-175

SUJETOS Y POLÍTICAS SOCIALES

 

Problematización de las políticas públicas desde la óptica regional

 

Juan Podestá Arzubiaga*

* Sociólogo, docente de la Universidad Arturo Prat de Iquique.

Dirección para Correspondencia


El impacto de la globalización y su estrecha relación con el tema de la crisis paradigmática, particularmente en el ámbito de las ciencias sociales, presenta como desafío urgente el problematizar las relaciones entre Estado y Sociedad Civil, y en ese contexto analizar el rol que cumplen las políticas públicas. El desafío se acrecienta más aún si ese problema lo contextualizamos en los espacios regionales.

1. Política pública: una definición básica

Entenderemos por Política Pública un instrumento de trabajo mediante el cual se pretende alcanzar desde el Estado, en forma sistemática y coherente, ciertos objetivos de interés para el bienestar de toda la sociedad civil.[1]

Dicho de otra manera, cuando desde el Estado se plantean propuestas de mediano y largo plazo hacia la sociedad civil, existe la necesidad de diseñar y ejecutar programas y proyectos para cumplir los objetivos de interés social, y en ese nivel las políticas públicas son un instrumento fundamental.

Por otro lado, una política pública debe estar sustentada en un corpus teórico (filosofía) que oriente los cursos de acción, así como la toma de decisiones, el establecimiento de prioridades y la asignación de recursos financieros en el ámbito público; de la misma manera la política debe crear los canales para trasmitir flujos de información entre el Estado y la sociedad civil; finalmente, este instrumento de trabajo debe señalar los objetivos, recursos, señales, límites y plazos para el cumplimiento de las alianzas o acuerdos y llevar a la práctica la propuesta de trabajo.

Conceptualmente, hay que agregar que la política pública está al servicio de los asuntos públicos y/o nacionales, sustentada en la administración pública, y por lo general opera con finanzas públicas. Todas sus fases, desde la idea hasta la ejecución, responden a un proceso integral, donde cada una de estas fases tiene sus propios objetivos, significados y metas, pero el conjunto de las fases deben constituir un proceso total.

Por otra parte, el objetivo central de una política pública es alcanzar objetivos de bien común, y los objetivos específicos de una política tendrán que ver con cuatro alternativas que no son excluyentes: transformaciones estructurales, resolución de problemas sectoriales o temáticos, asignación de recursos y optimización de situaciones.

En ese mismo ámbito, la política pública en el campo teórico debe expresar una visión de sociedad (totalidad e integralidad), así como un planteamiento del rol del Estado respecto a la sociedad.

Desde un punto de vista metodológico la política pública debe originarse y formularse en forma sistemática y coherente, tratando de coordinar el tema espacial (internacional, nacional, regional, comunal y micro-local), con el tema temporal (corto, mediano y largo plazo), considerando además su viabilidad política y financiera.[2]

2. Planteamiento del problema

Hoy día, a las puertas del siglo XXI, uno de los principales temas de discusión y análisis es el que se refiere al rol del Estado en el marco de sus relaciones, no sólo con la sociedad civil, sino con sus regiones. En ese contexto uno de los problemas de mayor trascendencia es la formulación y ejecución de políticas públicas y sociales.[3]

Nuestra hipótesis de trabajo plantea que la articulación Estado- Región es una relación compleja y difícil, mediatizada por múltiples factores históricos; caracterizada por la uniformidad administrativa, homogeneidad cultural, centralización de propuestas y acciones, pero también se caracteriza por fracturas y discontinuidades, intereses diversos y serias falencias en el nivel de la coordinación. Sostenemos, que el aspecto que le da mayor debilidad y precariedad a la relación Estado-Región es el origen, diseño y ejecución de políticas públicas. Ese cuadro, impide avanzar con fuerza en la profundización de la democracia, así como en construir regiones más autónomas políticamente, con mayor potencia económica y con menor nivel de conflictos sociales.

El factor histórico juega un rol fundamental en esta debilidad y tiene que ver con el proceso de cómo se ha construido la relación Estado-Región y el lugar desde donde se originan y formulan las políticas: el centro político y administrativo nacional. Desde allí, las políticas se trasladan para su ejecución a las regiones. Complementariamente, podemos decir que lo antes dicho también tiene relación con la percepción de la élite política chilena en orden a que el país no es más que la suma de sus regiones y se construye a partir del centro político.

Ese modus operandi, señala que en muchos casos las políticas propuestas no tienen relación con los temas conflictivos que afectan a una región; en otros casos, la política cubre sólo aspectos parciales de un problema; o, no cuentan con la legitimidad de los actores sociales de la región; también ocurre, que las señales entregadas desde el nivel central a los organismos públicos y privados no son claras; en su implementación no se considera la participación de la masa crítica regional, como tampoco, de la población usuaria y/o beneficiaria; así mismo, suele suceder que dichas políticas no tienen relación con los planes, metas o estrategias del desarrollo regional. Finalmente hay que destacar que, por lo general, estas políticas se evalúan en el centro político y se hacen al trasluz de ambientes político-electoral.

De la misma manera, no podemos dejar de mencionar que en las regiones se ha ido construyendo una verdadera «cultura de la subordinación al centro político», el perfil de esa cultura se caracteriza por una permanente autoinhibición para generar políticas, programas y proyectos con importancia estratégica, y por el contrario desarrollan una actitud complaciente, conformista y pasiva, incluso en el ámbito de los liderazgos regionales y de los movimientos sociales.

En síntesis, entendiendo que las políticas públicas son formuladas por el Estado desde su nivel central, se debe reconocer que estas políticas están vinculadas débilmente al aparato estatal en las regiones, consecuencia de lo cual no aportan a la construcción democrática del país, tampoco fortalecen la regionalización y no satisfacen las demandas por el bien común.

Dicho de otra manera, las políticas públicas no cumplen las funciones institucionales, sociales, políticas y/o administrativas que la sociedad espera de ellas, y son un factor de desequilibrio y fuente de permanentes conflictos entre el Estado y sus regiones, antes que de equilibrio, articulación e integración.

En definitiva, para que Chile sea más democrático y sus regiones más potentes, necesita cambiar su lógica de administración y de relacionamiento entre Estado y región, y eso supone revisar críticamente el rol que las políticas públicas han cumplido en nuestra historia. Hay, evidentemente un agotamiento en el origen de las políticas, así como en la forma de diseñarlas, ejecutarlas y evaluarlas.

3. La política pública como articulación del Estado y la sociedad civil

El quehacer político para construir país y/o región, es concentrar el máximo de esfuerzos en pos de los objetivos que se definen como básicos y prioritarios para la sociedad en su conjunto.

En ese sentido, la tarea crucial es articular el Estado como representación del bien colectivo y depositario de los recursos financieros provistos por todos los habitantes, ente que monopoliza la fuerza física, y como aparato encargado de regular la actividad social, con las necesidades, demandas y expectativas del conjunto de la población; por tanto, el rol fundamental de la política pública es compatibilizar los intereses colectivos con el interés individual, sin perder de vista que la razón sustantiva es alcanzar el bien común.

Esta relación, se enmarca en el mundo de las necesidades sociales y económicas de la población, también de las urgencias políticas, del cambio cultural permanente, de la revalorización de la información y del manejo de símbolos y significados involucrados en la acción pública. De este modo, la compatibilización de lo colectivo y lo individual es una relación que permanentemente se está construyendo y reconstruyendo. Cualquier cambio de la realidad, demandas de un actor social, crisis económica, alteración en la composición demográfica de la población, dificultades en la coordinación de la acción pública, emergencia de conflictos coyunturales, influencia de países vecinos, presiones de los partidos políticos, disputas por el uso del espacio territorial, cambios en la estructura de consumo, ampliación o restricción de la base empresarial, deterioro de la masa crítica, etc., puede hacer cambiar sustancialmente el acercamiento entre el Estado y la sociedad civil, y el daño que se genera se puede expresar en que el Estado no alcanza sus objetivos de mediano y largo plazo, y la sociedad civil tampoco satisface sus necesidades.

Lo que estamos sosteniendo es, que cuando la relación entre el Estado y la sociedad civil no es fluida y los problemas entre ambos no se resuelven, se genera una desviación del accionar de la sociedad en su conjunto, es decir, un divorcio entre los intereses que afectan el bien común y los intereses individuales. Obviamente, en ese cuadro no sólo se dilapidan recursos financieros, sino que implica un tremendo desgaste de las energías que la sociedad dispone para resolver sus problemas.

4. Fragilidad de las políticas públicas: una perspectiva regional

El proceso de formular y ejecutar políticas públicas supone la combinación de un conjunto de elementos debidamente seleccionados y con mucha coherencia entre sí, sin embargo, junto con ello, es necesario tratar de no cometer los errores más frecuentes en el mencionado proceso. Algunas de esas omisiones son las siguientes.

a) El catastro ex-ante en la formulación de políticas públicas

Eugenio Lahera en su texto «Introducción a las políticas públicas», señala que el origen de las políticas se encuentra en la agenda pública, en la cual participan actores sociales, relaciones de poder, características del sistema político, relaciones entre Estado y sociedad civil.[4]

Lo antes señalado es indiscutible, excepto, agregar que una agenda pública convoca a todos los actores y todas las instituciones, sobre la base de resolver necesidades y demandas insatisfechas que tienen tanto el Estado como la población; en consecuencia, un punto ineludible a resolver es ¿cómo se detectan esas demandas y necesidades del Estado y de la sociedad civil que, posteriormente, dan origen a la agenda y consecuencialmente a la política pública?

Sostengo, que el origen de las políticas públicas no está en las necesidades o demandas de la sociedad civil ni del Estado. Existe un divorcio y/o lejanía entre quienes diseñan la política, respecto a quienes pueden ser beneficiarios (e incluso administradores de esas políticas en terreno). Al tenor de lo antes señalado, se entiende que actualmente, el origen de las políticas debe asociarse al interés de grupos parlamentarios, grupos o partidos políticos, al ejecutivo con sus dependencias sectoriales, agrupaciones de intelectuales, asociaciones empresariales, etc. Es decir, se origina en las presiones que actores e instituciones con algún tipo de influencia y cuya posición está en el centro de la constelación del poder.

El divorcio entre quienes formulan y quienes son beneficiarios es comprensible y no podría ser de otra manera. En Chile, así como en otros países (Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Venezuela), no existe un sistema de monitoreo y captura de información de las necesidades de la población y/o del Estado; dicho de otra manera, no existe capacidad de prospectar temas emergentes y conflictivos que pueden alterar la acción del Estado o que puedan afectar las condiciones de vida de la población.

Una razón que podemos visualizar es que, al interior del aparato estatal no hay una masa crítica cuya función sea la elaboración de catastros de temáticas conflictivas y a partir de las cuales se puedan diseñar políticas públicas. En consecuencia, y ante esa falencia, las decisiones respecto al tipo de políticas a implementar obedecen a visiones, información e intereses de quienes detentan el poder central o de quienes tienen mayor capacidad de influir en el centro del país. Por otra parte, el Estado no deja que al interior de las sociedades regionales se constituya una masa crítica capaz de cumplir esa función, pero tampoco las regiones son capaces de generar y potenciar una masa crítica capaz de responder a esa tendencia.

Resumiendo, no hay un sistema de detección ex-ante de las necesidades, demandas, conflictos o problemas que afectan al Estado o la sociedad civil; al no existir esa forma de prospección social, tampoco los problemas pueden ser ordenados señalando prioridades en el tiempo: corto, mediano y largo plazo; y, tampoco pueden ser ordenados en función del espacio: nacional, regional, comunal, micro-local.

En consecuencia, la formulación de la política pública se origina y diseña sobre la base de la intuición, del lobby o presión política, del análisis coyuntural, de las presiones de los medios de comunicación de masas, y en última instancia en el análisis de las megatendencias universales.

b) La negociación de las políticas

Si entendemos la definición de la política pública respaldada por un corpus teórico o filosofía que orienta la acción y que, al mismo tiempo, entrega señales para establecer alianzas, acuerdos y caminos, es indudable que la formulación de políticas, es resultado de un intercambio de opiniones, rondas de diálogo, negociaciones, acuerdos y compromisos donde participan diferentes actores y tratan de compatibilizar intereses diversos. En la perspectiva regional ese proceso de construcción de políticas no existe ya que, por lo general, las negociaciones, acuerdos y compromisos entre diferentes actores no se realizan en los espacios regionales, y habitualmente, es un proceso donde sólo hay participación de los niveles centrales.

En consecuencia, la política en su dimensión de la negociación obedece a lógicas del nivel central, soslayando y/o subvalorando no sólo la capacidad de los actores sociales regionales para negociar y alcanzar acuerdos y compromisos, sino también, indica que la filosofía que impera y las señales que ésta entrega son clara expresión que las políticas provienen de un nivel y una estructura muy diferente a la regional.

c) La legitimación de las políticas

Existe consenso, en orden a que un elemento que puede garantizar el éxito de una política, es el compromiso que ésta genera en quienes serán participantes y/o beneficiarios de dicha política. Cuando hablamos de compromiso nos estamos refiriendo al acercamiento afectivo y emocional entre ciudadano y política pública. Si no hay ese entendimiento o complicidad, es indudable que la política tendrá un déficit importante. En ese contexto, hay dos elementos que son relevantes.

Por una parte, para que haya identificación del ciudadano con la política, ésta tiene que estar ubicada en una perspectiva de resolución o satisfacción de problemas que afectan a toda la población, es decir, los beneficiarios deben visualizar en esa política un esfuerzo serio por acercar los ámbitos del Estado y de la sociedad civil, y de éstos con las necesidades individuales.

Enseguida, en la formulación de políticas debe existir una fase asociada a la difusión, cuyo objetivo sea vincular al Estado con los ciudadanos en una dimensión no sólo racional, sino también afectiva. En consecuencia, si se genera un programa de difusión orientado a las personas, que reconozca sus necesidades, hábitos, identidades, símbolos y significados propios, así como su entorno y que aluda a sus capacidades y falencias, sólo de esa manera podremos hablar que una política se legitima en la población, y es asumida y encarnada por los ciudadanos.

En esa perspectiva observamos, por lo general, que cuando una política pública se difunde, se hace solamente en una lógica instrumental, aludiendo a una relación medios a fines y haciendo abstracción de cualquier otra consideración; en esa dimensión, el ciudadano se encuentra muchas veces con una propuesta carente de significados, de atractivos y que no lo convoca.

En ese contexto, las políticas no son asumidas por los ciudadanos como algo propio, que los interprete y los motive a la acción ya que, generalmente, las políticas hacen caso omiso de las diferenciaciones regionales. No es lo mismo, una política de superación de la pobreza en la región de Antofagasta que en La Araucanía; no es lo mismo, una política de fortalecimiento institucional en Arica o Putre que en Santiago o Concepción; también, debemos diferenciar entre una política de recursos hídricos orientada a Iquique o Chiloé. En esta situación, es esencial considerar que la formulación de una política no puede interpelar a los ciudadanos de este país de una misma manera, los problemas pueden tener, incluso, la misma dimensión cuantitativa, pero sin embargo, cualitativa, estructural e históricamente ser muy diferentes.

Si hay una política pública que habla a todos los ciudadanos por igual, expresará un déficit en la propuesta del mensaje y, en consecuencia, surgirán problemas de legitimidad de los ciudadanos respecto a esa política. No basta el hecho de formular una política y que ésta emane desde el nivel central para que, automáticamente, sea aceptada por la sociedad civil.

d) La evaluación ex-post de las políticas públicas

En el inicio del trabajo hemos planteado que la política pública tiene como principal función relacionar al Estado con la sociedad civil. Por lo tanto, podríamos sostener que la mejor manera de evaluar una política pública es indagando varias cosas: primero, si se generó acercamiento entre Estado y sociedad civil, y habría que preguntarse qué tanto es el acercamiento entre los niveles de lo colectivo y lo individual; segundo, en qué orden de cosas se expresa ese acercamiento; tercero, si el Estado logró los objetivos que se había propuesto respecto a los ciudadanos, es decir, si el proceso de toma de decisiones, las prioridades, la asignación de recursos financieros, las alianzas y acuerdos, así como la información traspasada se alcanzó; cuarto, también nos debe interesar si la sociedad civil reconoce que sus expectativas, demandas y problemas han sido resueltos o están en vías de resolverse.

Respecto a lo antes formulado, hay que señalar que en Chile, así como en otros países de América Latina, no existe un sistema de evaluación ex-post, es decir, no hay un sistema o procedimiento de evaluación una vez ejecutada la política. Dicho de otra manera, cuando se ejecuta una política pública la única evaluación que se hace es la que se refiere al tema presupuestario y que, por lo general, se reduce a saber si los recursos fueron efectivamente invertidos en los ítems presupuestados, pero, respecto a los logros políticos, sociales, culturales o económicos, tanto el Estado como la sociedad civil se quedan en la incertidumbre del conocimiento y la consecución de logros se mantiene en la nebulosa. Valga como ejemplo, el caso de la Región de Tarapacá, que de acuerdo a su política habitacional y porcentualmente hablando, es una de las regiones que más viviendas construyó entre los años 1990-2000, sin embargo, no existe información por parte del Estado respecto si el nivel cuantitativo y cualitativo de construcción ha impactado positivamente en la población, desconociéndose la opinión respecto si perciben que su calidad de vida está mejorando, o si tienen una mayor participación en el crecimiento económico regional o si hay mayor participación en la democracia; en definitiva, tanto el Estado como la sociedad civil tienen un sólo elemento claro: se construyeron más casas, pero, no se sabe si se han satisfecho las expectativas y necesidades de la población; tampoco se sabe si la política habitacional ha generado impactos o externalidades negativas.[5]

Desde la óptica regional, hay que reconocer que existen los recursos humanos para realizar estas tareas de evaluación, también los recursos financieros y la experiencia necesaria, sin embargo, el problema es que cualquier evaluación de política pública, para ser válida y legitima, debe responder a instrucciones del nivel central. En consecuencia, se produce la siguiente paradoja: mientras las evaluaciones de la política pública se reconocen como válidas solamente si las propone el nivel central, las consecuencias e impactos negativos, así como las dificultades y errores se expresan en la sociedad civil regional y afectan su gobernabilidad.

En ese contexto, y para ser ecuánimes, hay que señalar que la sociedad civil regional, tampoco ha sido capaz de levantar propuestas para tener un mayor protagonismo en esta tarea. Finalmente, hay que señalar que la evaluación ex-post, cuando se hace correctamente, es un insumo importantísimo para una buena evaluación ex-ante.

e) La preparación de los marcos presupuestarios

El contexto en que se generan y ejecutan las políticas públicas suele caracterizarse, además, por otra fragilidad que surge en el nivel financiero-presupuestario.

Las políticas públicas suponen grandes desafíos en la construcción de una región y esos desafíos se resuelven con recursos financieros que no son descentralizados, y las regiones deben bregar fuertemente con Santiago para alcanzar parte de los recursos, los que son entregados a través de mecanismos sectoriales y en la mayoría de los casos muy centralizados. Pero, la situación que otorga mayor fragilidad al diseño e implementación de políticas públicas es que el presupuesto para su ejecución se elabora en Santiago y, muchas veces, con información incorrecta o incompleta (Caso típico es el Plan Nacional de Superación de la Pobreza, año 1994; en el caso de la Región de Tarapacá se conoce la situación de la Ley Arica I y la política deportiva impulsada por digeder; en las regiones de Antofagasta y Copiapó, son ejemplo los planes de fomento a la pequeña y mediana minería).

En síntesis, elaborar y preparar los marcos presupuestarios, desde arriba hacia abajo o desde el centro hacia la periferia, genera mucha fragilidad en la aplicación de políticas públicas en el ámbito regional.

f) La información para diseñar las políticas públicas

La formulación de una política pública requiere estar respaldada en información cuantitativa y cualitativa adecuada, que debe provenir de las más diversas fuentes. Esta información debe respaldar adecuadamente varios aspectos, por ejemplo: la definición del problema; el diagnóstico; los objetivos de la política; la identificación de los recursos financieros y su disponibilidad; los programas, proyectos o acciones que indirectamente forman parte de la política; los recursos humanos involucrados en el trabajo de terreno; los indicadores para definir metas y plazos; la necesidad de contar con información histórica respecto a intentos previos o similares que se hayan ejecutado; además, hay que disponer de información sobre los indicadores macroeconómicos y sociales que contextualizan la política y que pueden alterar su desempeño o desviarla de sus objetivos; por último, se debe tener la suficiente información de la población objetivo que se pretende alcanzar (por sexo, edad, nivel educacional, ingreso económico, sector residencial, acceso a beneficios sociales, perfil cultural, etc.).

La debilidad en el diseño de políticas públicas surge cuando hay que ordenar y procesar la información que respaldará esa política. Los problemas dicen relación con: primero, la recopilación de la información se hace a partir de fuentes documentales no regionales; segundo, la información recopilada, muchas veces, no cubre todas las áreas que pretende alcanzar la política; tercero, en reiteradas ocasiones se observa que la información no es actual así como tampoco es homogénea; cuarto, cuando se recurre a fuentes existentes en la región, usualmente, la información que se obtiene es muy fragmentada, dispersa, heterogénea y desfasada; quinto, se hace uso y abuso de información cuantitativa, y no se utiliza ni se incorpora al análisis la información de tipo cualitativa que identifique, por ejemplo, entre otros elementos: contexto histórico, perfil cultural, identidades colectivas, patrones habitacionales, patrones de consumo, conductas electorales, nivel de desarrollo organizacional, etc.

5. A modo de conclusión

Nuestro país vive hoy día una encrucijada histórica. Por un lado, trata de profundizar su democracia, alcanzar el desarrollo, optimizar el uso de los recursos financieros y mejorar sus niveles de calidad de vida; por otro, trata de hacerlo con un modo especial de ordenarse y decidir sobre sus asuntos públicos y privados.

En esa relación, tenemos que coincidir que no hay equilibrio: nuestros desafíos no concuerdan con la forma como hacemos las cosas; nuestros problemas tratamos de resolverlos con una estrategia o modo de hacer donde no prevalece la sistematicidad y coherencia, tampoco la disciplina de trabajar con arreglo al mediano y largo plazo. Este es un país que desaprovecha muchos recursos existentes (financieros, humanos, territoriales e institucionales). En ese contexto tenemos la necesidad de generar un equilibrio entre los desafíos y una forma adecuada de hacer las cosas. En esa perspectiva, quiero plantear algunas consideraciones finales.

  1. Las políticas públicas son de interés, tanto para el Estado como para la toda la sociedad. El origen y desarrollo de ellas se caracteriza por la complementariedad y transversalidad entre ambas esferas. Las políticas públicas y sociales no se pueden entender si no es con relación a su sistema mayor: el Estado y la sociedad civil.
  2. Hay que poner en discusión, en la agenda pública, el corpus teórico que respalda las políticas públicas aplicadas en Chile. De hacerlo así, estaremos discutiendo no sólo el tipo de sociedad que queremos, sino también, los principales problemas de la sociedad chilena y cuya persistencia afecta la relación entre Estado y sociedad civil.
  3. Hay que abrir un espacio de discusión sobre el impacto de las políticas públicas en la dimensión territorial, es decir, qué tipo de políticas debe aplicarse en el ámbito nacional, cuáles en el nivel regional, así como las especificidades de las políticas en el ámbito comunal y local.
  4. Uno de los principales desafíos será analizar, desde una perspectiva intra-región, las potencialidades para asumir nuevos desafíos no sólo en la administración política regional, sino también, en la administración, formulación y evaluación de políticas públicas. En este sentido, y entre otros factores, las universidades mantienen, en regiones, una deuda pendiente con relación a formar e impulsar una masa crítica que contribuya a resolver el nivel de contradicción entre el centro y las regiones.
  5. Es imperativo elaborar Sistemas de Información Social, cuyo objetivo sea fortalecer las capacidades regionales, y facilitar las tareas de seguimiento de las políticas públicas, pero también resolver el tema de las necesidades ex-ante y que originan estas políticas. El rol de estos sistemas de información puede ser múltiple y un relevante instrumento de trabajo en los temas de regionalización y descentralización.
  6. Desde un punto de vista teórico, los actores sociales deben discutir y analizar no sólo el rol del Estado en la nueva era de la globalización, sino también, analizar en una mirada retrospectiva y prospectiva el quehacer del aparato público en el diseño de las políticas públicas, y discutir el rol de la sociedad civil en ellas.
  7. g) Desde un punto de vista metodológico, hay que generar nuevas estrategias y planteamientos respecto a las políticas públicas, en especial, tratando de compatibilizar diseño y participación; metodológicamente, también hay que innovar en varias cosas: el tipo de información que se utiliza, definir nuevas responsabilidades para las regiones, plantear nuevas formas de control. En este aspecto el tema central pareciera ser ¿cómo la sociedad civil se incorpora en el proceso de toma de decisión?[6]

Iquique, Julio del 2001

NOTAS

[1] Se entenderá por Estado, la sociedad organizada políticamente, que se estructura alrededor del poder, y cuyo fin último es instalarse en el poder, reproducirse en él y ampliar o fortalecer sus funciones. En tanto definiremos como Sociedad Civil al conjunto de organizaciones sociales o culturales; territoriales o funcionales; empresariales o sindicales; voluntarias, no gubernamentales o independientes, es decir, la variedad pluralista de organizaciones cuyo fin último no tiene que ver con el tema del poder.

[2] Muchas de estas características son desarrolladas en forma más extensa por autores como Carlos De Mattos, Rolando Franco, Eugenio Lahera, Felipe Portocarrero.

[3] Es interesante el texto de Susana Sottoli: «La política social en América Latina bajo el signo de la economía de mercado y la democracia». European Review of Latin American and Caribbean Studies, Nº68, abril, 2000.

[4] Eugenio Lahera: «Introducción a las políticas públicas», CEPAL, Santiago, 1999.

[5] Recién en el transcurso del presente año, el Ministerio de la Vivienda de la Región de Tarapacá, encarga un estudio relacionado con esta temática.

[6] Una discusión interesante mantiene Heraldo Laguzzi en «Políticas y desarrollo comunitario». En Jorge Cornejo Polar (editor): Las políticas culturales en América Latina: una reflexión plural. Ediciones APPAC, Lima, 1989.


Dirección para Correspondencia:juan.podesta@cec.unap.cl

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