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Ultima década

versión On-line ISSN 0718-2236

Ultima décad. v.9 n.15 Santiago sep. 2001

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22362001000200006 

Última Década, 15, 2001:123-159

POLÍTICA DE JUVENTUD Y JUVENTUDES

 

De las marchas de las juventudes políticas al camino de las políticas de juventud en el Perú

 

Luis W. Montoya*

* Sociólogo, especializado en diseño y gestión de políticas sociales y de juventud, consultor del Instituto Metropolitano de Planificación de la Municipalidad de Lima, Perú.

Dirección para Correspondencia


A la memoria de Pedro Yauri,
periodista y sociólogo nacido en Huacho,
desaparecido en 1992

I. Introducción

En el Perú, recientemente, se ha retomado con gran interés el debate sobre el significado y alcance de las llamadas políticas de juventud. Evidencias de ello, por ejemplo, son que el Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano (promudeh), uno de los organismos gubernamentales encargados de la atención de la población juvenil, impulsó en el último año una consulta nacional para definir los «lineamientos de la política de juventud del Perú». En paralelo activos sectores de la sociedad civil, como ong, iglesias y universidades, también fomentaron su conocimiento desde diversos foros de discusión pública. Del mismo modo varias municipalidades, interesadas en el trabajo con juventudes, vienen implementando acciones novedosas, en este campo, en sus respectivas localidades.

El tema parece haber alcanzado un reconocimiento oficial con el anuncio, del presidente Alejandro Toledo, de establecer una alianza de largo plazo con los jóvenes a través de la creación del Consejo Nacional de la Juventud.[1]

El debate sobre las políticas de juventud, sin embargo, desde nuestra perspectiva recién comienza. No podemos, por ello, dejar de mencionar que se ha erigido sobre dos paradojas: la primera es que la implementación de las políticas de ajuste, estabilización económica y liberalización de mercados, desde fines de la década pasada, provocó efectos negativos profundos en el acceso a la educación, la salud, el empleo y el ejercicio de la ciudadanía, en la población en general; pero particularmente en las juventudes. La situación generó una gran preocupación por la atención de este sector y al mismo tiempo permitió su lenta incorporación en la agenda de discusión pública. Lo paradójico es que a pesar que la agudización de la pobreza incidiera fuertemente en las juventudes no se haya institucionalizado hasta hoy una política pública integral orientada a ellas.

La segunda paradoja es que el interés en el debate ha ido en paralelo al abandono de la discusión sobre las relaciones que las juventudes establecen con la política y el poder. El debate ha obviado este asunto, sin tomar en cuenta que las políticas de juventud son parte de relaciones de poder en las cuales las juventudes se ven inmersas; o que las demandas juveniles, en diferentes momentos históricos, generaron relaciones tensas con el Estado. Paradójicamente el debate ha adquirido una connotación apolítica y supuestamente alejada de la discusión sobre las relaciones de poder.

Ambas paradojas, desde nuestra perspectiva, ponen de manifiesto la complejidad que envuelve las relaciones entre juventudes y Estado; pero además muestran la necesidad de mirar desde otra perspectiva los procesos de constitución de las relaciones de poder que se dan en realidades como las nuestras. En las siguientes páginas pretendemos discutir sobre estos asuntos.

Dividimos nuestra exposición en tres partes: la primera, intenta mostrar un repaso histórico de las políticas que desde el Estado peruano se establecieron para relacionarse con las juventudes; la segunda, pretende analizar los problemas principales que actualmente se plantean en los procesos de diseño y gestión de políticas orientadas a las juventudes en el Perú; y finalmente, la tercera, señala algunas conclusiones y sugerencias para el futuro.

II. Estado, políticas y juventudes

El debate sobre las políticas de juventud ha generado varías preguntas. Una, tal vez la más obvia, es ¿qué entender por ellas? Si bien sirvió de referencia los aportes que se han venido produciendo en los últimos años en el Perú, América Latina y otras partes del mundo,[2] también es cierto que el significado de las mismas estuvo signado por las diversas miradas que se construyen desde las diferentes posiciones de poder que ocupan los distintos actores sociales y políticos que se han relacionado o relacionan con ellas.[3]

Las políticas de juventud, asumiendo lo anterior, pueden ser definidas de distinta forma. No pretendemos sumar una definición a las ya existentes, sin embargo, consideramos pertinente señalar que aluden principalmente al conjunto de relaciones que se establecen entre el heterogéneo sector social llamado juventudes y el Estado.

La tarea es precisar qué significados le han dado a dichas políticas el Estado, las juventudes y otros actores sociales, políticos e institucionales que han intervenido en las relaciones Estado-juventudes. El camino que proponemos evitará caer en un debate abstracto, sobre qué deberían ser; o pragmático, sobre cuál es el modelo supuestamente más exitoso que conviene aplicar.

Las pocas investigaciones hechas en el Perú plantean ubicar el inicio del debate en 1985, asumiendo que la acción global emprendida por Naciones Unidas, al declarar el Año Internacional de la Juventud, fue determinante para su posicionamiento.[4]

El planteamiento parte del supuesto de considerar que en el Perú, a diferencia de otras experiencias en América Latina,[5] no existió antes de ese año una institucionalidad dentro del Estado formada explícitamente para este fin, es decir, una organización creada para relacionarse con las juventudes. Presupone también que la acción global por las y los jóvenes generó interés en el Estado, sin mencionar los procesos de movilización social y política juvenil o las iniciativas públicas que desde la sociedad se desplegó, en materia de juventudes, antes de 1985.

Los asuntos presentados nos llevan a un examen sucinto de las características de las relaciones establecidas entre Estado, políticas y juventudes en diferentes períodos de la historia del país. Coincidimos con aquellos que no ven con buenos ojos las clasificaciones porque no permiten aprehender la complejidad de la realidad; pero asumimos la tarea como un ejercicio que permita provocar más de una interpretación.

1. Políticas para la exclusión social de la juventud (1930-1968)

Las juventudes son visibilizadas desde el Estado, durante este período, no como un sector social con demandas específicas, sino más bien, en la medida que forman parte, o constituyen en sí mismas, movimientos sociales que reivindican demandas que cuestionan directamente la estructura de relaciones de poder de carácter oligárquico vigente desde fines del siglo XIX.

Las juventudes, principalmente las provenientes de las universidades públicas, irrumpen por primera vez en la vida política, junto a otros sectores sociales que habían sido sometidos a formas de dominación tradicional, en un momento de crisis en la estructura de relaciones de poder. No olvidemos que los años treinta en el Perú, igual que en el resto del mundo, es una época de conflictos sociales y políticos profundos, originados en la crisis mundial de 1929, que ponen en cuestión el régimen de dominación oligárquico.

En este período, desde el Estado, se implementan políticas que pretenden desconocer, reprimir y excluir las demandas de sectores juveniles movilizados, o en el mejor de los casos someterlos a través del clientelismo.

Las políticas universitarias, implementadas desde 1930 en adelante, son un ejemplo del carácter autoritario y excluyente del régimen. Si bien en ellas, no se menciona de manera explícita a las juventudes, fueron claramente dirigidas, salvo en breves períodos, a restringir su participación en los órganos de gobierno universitario y neutralizar los procesos de movilización social y política juvenil. Las diferentes leyes universitarias, dadas durante este período, expresan en toda su nitidez los conflictos entre las demandas de las juventudes universitarias y los intereses presentes en el Estado por atenderlas.[6]

La Reforma Universitaria que se inicio en 1919 fue el antecedente determinante para que se iniciara un proceso de democratización relativo en las universidades públicas. La conquista del cogobierno y la diversificación del reclutamiento estudiantil, fueron dos aspectos importantes de ello; pero que experimentaron, a lo largo de este período, avances y retrocesos determinados por los diferentes conflictos de intereses de clase presentes en el Estado.

La universidad pública era un espacio desde el cual se reproducían las élites políticas y económicas de la oligarquía. El ingreso de sectores sociales diversos democratizó la universidad y permitió la confrontación de diversas tradiciones ideológicas que facilitaron los procesos de politización de las juventudes universitarias y el fortalecimiento de las posiciones críticas frente al Estado y el régimen de dominación oligárquico.

La resistencia oligárquica, frente a los cambios propugnados por la Reforma Universitaria, provocó que desde el Estado se desconocieran las demandas y derechos exigidos por las juventudes universitarias. Las dictaduras militares del general Benavides (1933-1939) y el general Odria (1948-1956), que interrumpió el gobierno democrático del presidente Bustamante y Rivero (1945-1948), fueron períodos donde claramente se buscó desde el Estado excluir a las juventudes universitarias de las decisiones públicas. Los gobiernos civiles de los presidentes Pardo (1939-1945) o Prado (1956-1962) combinaron la represión con prebendas y clientelismo, expresado a través de becas, programas de apoyo educativo selectivo o la promoción del deporte.

La irrupción de los movimientos campesinos y el paulatino desarrollo de un movimiento obrero clasista, desde mediados de la década del cincuenta, vienen acompañados de la radicalización política de sectores juveniles universitarios que son contenidos, desde el Estado, sobre la base de la represión y la violencia.[7]

Durante el gobierno civil del presidente Fernando Belaunde (1963-1968), los procesos en marcha se agudizan, surgen las guerrillas de Luis De La Puente Uceda, Hugo Blanco y Javier Heraud, como expresión política crítica de los límites de las reformas populistas que intentan sumar a la juventud en programas de desarrollo comunal -tipo Cooperación Popular- como estrategia para impulsar un proceso de modernización sin transformar el régimen de dominación oligárquico.

2. Políticas para el control social y político de la juventud (1968-1980)

En la década del sesenta las demandas por democratizar el Estado y la sociedad provocan cambios paulatinos en las instituciones civiles y militares. El crecimiento y radicalización de las capas medias y el fortalecimiento de los movimientos sociales críticos, que reclaman un cambio radical de la estructura de relaciones de poder, llevan a que en 1968 se produzca un golpe militar y se constituya el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas dirigidas por el general Juan Velasco Alvarado.

El gobierno militar asume el control del Estado y parte de las banderas de los movimientos que propugnan la democratización de la sociedad peruana; pero para implementar una serie de reformas que desmantelen el régimen de dominación oligárquico y faciliten la modernización capitalista del país, a través de la imposición autoritaria de un diseño político de Estado de tipo corporativo.[8]

El contexto en el cual se implementan dichas medidas esta caracterizado por intensos procesos de movilización social de las heterogéneas clases populares, formadas mayormente por jóvenes migrantes, los cuales generan masivas movilizaciones, para que el Estado atienda sus reclamos asistenciales y reivindicaciones de carácter salarial. Las movilizaciones contribuyen a generar una creciente resistencia frente a las medidas impuestas por el gobierno militar y un discurso crítico radical del Estado y el poder en amplios sectores juveniles.[9]

El Estado con relación a las juventudes implementa políticas que persiguen restar autonomía y corporativizar las demandas de las juventudes universitarias, provenientes principalmente de las capas medias; pero también de las cada vez más crecientes organizaciones de las juventudes populares (obrera, barrial, campesina).

Las juventudes universitarias intentaron ser corporativizadas a través de una reforma universitaria de tipo tecnocrático que perseguía hacer funcional a la universidad pública y despolitizar a las juventudes universitarias para insertarlas en el proyecto del gobierno militar.[10] Por su parte las demandas de las organizaciones de las juventudes populares intentaron ser corporativizadas a través del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (sinamos) que tenía a «la juventud como uno de sus ámbitos considerados prioritarios».[11]

Las juventudes fueron objeto desde esta perspectiva de un reconocimiento público pero no como un actor social y político, con el cual se podía dialogar de igual a igual, sino principalmente como un sector social peligroso necesario de controlar. Las políticas implementadas, desde esta perspectiva, perseguían establecer mecanismos de incorporación segmentario de las demandas contenidas en los procesos de movilización en los cuales las juventudes eran protagonistas, y que en la práctica, formaban parte de -lo que Juan Sáez Marín llama- una política para la juventud, entendiendo por ella, una intervención que persigue el control social de juventudes movilizadas.[12]

3. Políticas para la inclusión segmentaria de la juventud (1980-2000)

Después de doce años de gobierno militar una transición negociada entre élites políticas civiles y militares, precedido de fuertes movilizaciones sociales que ponen en cuestión la lógica misma de dominación capitalista, permite el retorno a la democracia. Las elecciones realizadas en 1980 dan como ganador a Fernando Belaunde (1980-1985) quien vuelve al gobierno por segunda vez.

El regreso a la democracia crea un nuevo escenario para el debate sobre las políticas orientadas a las juventudes. Las juventudes, sin embargo, no dejan de ser un sector social con demandas que ponen en tensión la estructura de relaciones de poder, a la vez que excluido de las decisiones públicas.

El cambio se produce, más bien, en el Estado donde comienza a expresarse directamente las contradicciones entre los intereses de sectores financieros, que exigen la aplicación de políticas económicas de liberalización de mercados, y las demandas sociales de las clases populares y las capas medias. La formulación de políticas sociales (incluidas las de juventud), que contribuyan a la compensación e inclusión social segmentaria de las demandas de sectores empobrecidos y excluidos por las políticas económicas de liberalización, adquiere interés en este contexto.

En paralelo la situación de violencia política, que comienza a vivir el país desde 1980 por el enfrentamiento militar entre grupos subversivos y fuerzas armadas, provoca un sistemático aumento de los casos de violación de derechos humanos. Las juventudes aparecen en este trágico escenario como las protagonistas de la creciente espiral de violencia.[13] Diversos sectores de la sociedad y el propio Estado son sensibilizados paulatinamente sobre la necesidad imperiosa de políticas específicas que atiendan las demandas juveniles y contribuyan a la prevención de la violencia.

Una de las primeras iniciativas llevadas adelante, durante este período, fue la presentación del Proyecto de Ley sobre Promoción Educativa, Recreación y Empleo Juvenil, presentado en el Congreso en 1983. El proyecto planteaba la creación del Instituto Nacional de la Juventud y, si bien no fue aprobado, buscaba normar la política del Estado en materia de atención juvenil.[14]

A fines de 1983 se aprueba la nueva Ley Universitaria que vuelve a reponer los derechos de las juventudes universitarias al cogobierno y la organización gremial autónoma. Las propuestas reformistas, sin embargo, eran percibidas ahora como insuficientes para atender las demandas juveniles. La reducción sistemática de la inversión pública en educación y especialmente en el sector universitario, como resultado de la aplicación de las primeras políticas económicas fondomonetaristas de la década, provoca que la crisis de la universidad pública se agrave.

En 1984 se crea la Mesa Directiva Nacional para el Año Internacional de la Juventud, donde participan varias organizaciones juveniles del país. La Mesa es impulsada gracias a la iniciativa de Naciones Unidas de declarar 1985 Año Internacional de la Juventud, contando con el aval del Estado peruano; pero también por la participación de organizaciones juveniles diversas de carácter cultural, social y también político que venían proponiendo, desde diferentes instancias de participación juvenil, la atención de las demandas de las juventudes del país desde fines de los años setenta.[15]

No podemos dejar de mencionar que el regreso a la democracia va de la mano con la promoción de un discurso ideológico, tributario de una visión optimista de los movimientos sociales que idealiza la actuación y las iniciativas públicas desde la sociedad civil.[16] El apoyo al protagonismo de las organizaciones juveniles es convertido, desde esta perspectiva, en una estrategia para consolidar un orden social supuestamente alternativo.[17]

Inspirados en lo anterior, desde comienzos de los años ochenta, surgen diferentes programas y proyectos de desarrollo gestionados localmente por varios organismos no gubernamentales, iglesias y asociaciones civiles diversas dedicados al trabajo de promoción con la juventud popular. Iniciativas que iban desde talleres de educación popular, teatro y música, artes, comunicación y culturas juveniles, pasando por bibliotecas populares y capacitación técnico laboral.

El señalamiento de este hecho es importante porque justamente a partir de este momento podemos apreciar que las iniciativas públicas, en relación con la juventud, no sólo provienen del Estado sino que comienzan a provenir también de la sociedad civil. Por momentos se produce la coincidencia entre organizaciones juveniles e instituciones no estatales que trabajan con jóvenes en un mismo proceso de búsqueda de alternativas. Evidentemente dicho proceso está cruzado por relaciones conflictivas y consensos de igual o mayor grado de complejidad que en las relaciones entre juventudes y Estado, sin embargo, lo importante a resaltar es que desde la sociedad civil se desarrolló un conjunto vigoroso de iniciativas públicas en paralelo e incluso con mucha mayor perspectiva que las desarrolladas desde el Estado.

En 1985 al comenzar la gestión del presidente Alan García (1985-1990), elegido como «el presidente más joven de la historia del Perú», se crea la Dirección de Juventudes (dijuv), en la Dirección General de Educación Extraescolar del Ministerio de Educación, como un organismo técnico que oferta una política educativa no escolarizada para las juventudes. La creación de este organismo marca un cambio con relación a la administración anterior porque se institucionaliza la acción del Estado en materia de políticas de juventud. La medida es aparentemente reforzada, porque al año siguiente, 1986, se crea el Consejo de Promoción de Juventudes, como un espacio de participación de las organizaciones juveniles del país.

La realidad mostró que la voluntad política no era suficiente para implementar una política de juventud. En el caso de la dijuv si bien se mantuvo en el tiempo, nunca logró un posicionamiento real dentro de la administración pública y en el caso del Consejo su desactivación se produjo al año siguiente, desde ambas instancias el proselitismo y el activismo político orientado a las juventudes fueron lo central de su trabajo.[18]

Las iniciativas puestas en marcha, si bien intentaban responder a problemáticas de fondo que padecían las juventudes del Perú y exhibían una sensibilidad especial, exigida en el diseño de políticas de juventud, también expresaban la improvisación y la ausencia de un conocimiento de mayor nivel de profundidad sobre las juventudes del país; pero especialmente mostraban las deficiencias del paradigma tradicional de políticas sociales, donde la institucionalidad de las mismas era fundamentalmente estatal, los procesos de decisión burocráticos, el financiamiento de origen exclusivamente público, los objetivos pretendidamente universales porque deseaban llegar a todos aunque en la práctica sólo se beneficiaba a población de clase media o/y organizada.[19]

Las decisiones asumidas formaban parte de un programa populista sustentado fuertemente en la voluntad política de un líder carismático, como el presidente García, que había logrado obtener un fuerte respaldo popular. La integración social de las juventudes del país a ámbitos como el trabajo, la recreación y el deporte, la educación y la cultura, eran aspectos que aparecían dentro del discurso oficial pero que no se expresaron en políticas sostenidas que permitieran a las juventudes participar en el proceso de diseño y gestión de las mismas y mucho menos gozar de sus beneficios.[20] El resultado que se produjo fue una inclusión segmentaria, parcial y de muy corto plazo de ciertos sectores juveniles, en algunos ámbitos sociales e institucionales muy restringidos, dentro de un contexto de crisis económica y violencia política creciente.

En 1990 al comenzar el gobierno del presidente Alberto Fujimori la crisis se había agudizado. La aplicación de políticas de ajuste y estabilización económica, unidas en un solo paquete de medidas, provoca un aumento dramático de la pobreza y legitima el diseño de una política social llamada de emergencia. Un cambio se produce en la administración del Estado, el discurso ideológico neoliberal se impone y provoca la aplicación sistemática de un conjunto de políticas que poco a poco transforman el carácter de la administración Fujimori en un régimen autoritario sustentado en una alianza civil militar.

Las políticas sociales en general son anatematizadas como parte de las llamadas políticas populistas. Un proceso de reprivatización de las funciones y áreas institucionales del Estado comienza a operarse, a partir de este momento, con el objetivo de desalojar derechos sociales logrados por las clases populares y las capas medias.[21] La separación entre lo económico y lo social, como entidades independientes, permite que las políticas económicas se dirijan fundamentalmente ha alcanzar el equilibrio macroeconómico, como paso supuestamente previo e ineludible para el crecimiento; por su parte las políticas sociales quedan reducidas a acciones de compensación y asistencia.[22]

Las políticas orientadas a las juventudes, en este contexto, son desarrolladas de manera sectorial y sin poseer un respaldo político que les permita un posicionamiento real dentro de la administración pública, a pesar de que el ajuste y la estabilización económica habían afectado con particular énfasis a las juventudes, elevando dramáticamente los niveles de pobreza, desempleo y subempleo, exclusión y violencia juvenil.[23]

Varias iniciativas orientadas a las juventudes comienzan ha desarrollarse desde 1990 en adelante, desde diferentes agencias gubernamentales, el número de iniciativas desplegadas es grande y permite afirmar que la década del noventa es la década del boom de los programas públicos orientados a juventudes; pero sin poseer ningún nivel de articulación entre sí y especialmente duplicando, en muchos casos, esfuerzos y recursos públicos o desaprovechando los aportes provenientes de la sociedad civil y la empresa privada.[24]

El Ministerio de Educación a través de la dijuv, por ejemplo, implementa desde fines de 1990 el programa denominado «La juventud por la defensa de la vida» que será ejecutado a manera de proyecto piloto con la participación de organizaciones juveniles y con el objetivo de contribuir a la prevención de la violencia y la drogadicción.[25] En 1992 se desarticula la dijuv y las tareas de atención a la población juvenil son asumidas por la Dirección General de Promoción Educativa Comunal. Entre 1995 y 1997 se impulsa la creación de varios programas de prevención integral de la violencia, el embarazo adolescente y uso y abuso de drogas, como el Programa Nacional de Educación Sexual y el Programa de Prevención Integral de la Violencia.

El Ministerio de Salud, por su parte, crea a fines de 1990 el Programa de Salud del Escolar y del Adolescente orientado a actividades de salud preventiva en población comprendida entre 5 y 19 años de edad,[26] sustentado en un enfoque integral y transversal de la problemática de la salud que rompa con el enfoque estrictamente biomédico presente mayoritariamente en las políticas de salud pública. En paralelo desde 1995 diversos programas de salud orientados a la misma población, como el Programa de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual y sida, el Programa Nacional de Planificación Familiar o el Programa Materno Perinatal, son impulsados a ofertar servicios en paralelo y en muchos casos compitiendo entre sí.

El Consejo Nacional de Población, un organismo público descentralizado dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, también desde fines de 1990 anima con la participación de representantes de varias agencias gubernamentales y no gubernamentales la conformación del Programa Nacional de Juventud, con el objetivo de contribuir a la educación sexual, la salud reproductiva y la organización juvenil.[27]

El Ministerio de Trabajo entre 1990 y 1996 diseña e implementa varias normas legales orientadas a la liberalización del mercado de trabajo juvenil. En 1996 implementa el Programa PROJOVEN para mejorar los niveles de capacitación y formación laboral juvenil.[28]

El Ministerio de la Presidencia implementa, desde el Programa de Desarrollo de Zonas Emergencia, entre 1994 y 1997 el Proyecto de Apoyo a la Niñez, Adolescencia e Integración Familiar (anifa). El proyecto busca contribuir al uso constructivo del tiempo libre y la prevención de conductas de riesgo en niños y adolescentes, así como a la integración familiar, en zonas pobres de la ciudad de Lima, a través de la práctica deportiva, el arte, la capacitación laboral y la orientación psicológica y social.[29]

El Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, creado en 1996, dentro de su Gerencia de Desarrollo Humano establece la creación de la Oficina de Juventud (ojuv), la cual entre 1999 y el 2000 diseña e implementa un proceso de consulta para definir los lineamientos de la política de juventud del Perú.[30] Lo complicado de entender será que dentro de la misma institución existirá también la Gerencia de la Niñez y la Adolescencia, el Instituto Nacional de Bienestar Familiar y el Instituto Peruano del Deporte, compitiendo entre sí por dar los mismos servicios.

Una parte de las relaciones de las juventudes con el Estado pasan, durante estos años, a través de los diferentes programas y proyectos sociales implementados. El desinterés del régimen por una política de juventud y una política social en general, que respondiera realmente a objetivos estratégicos de desarrollo, provocó que dichos programas y proyectos tuvieran un reducido campo de acción, limitados recursos y un impacto muy restringido. Su difusión desordenada, sin embargo, creó una demanda de promotores, técnicos y profesionales en diferentes agencias gubernamentales, que vino acompañada de la conformación de varias redes de organizaciones no gubernamentales y universidades, que comenzaron en algunos casos a brindar servicios para apoyar sus acciones, producir información para el diseño de políticas, o corrientes de opinión pública a favor de las políticas de juventud.[31]

No olvidemos además que desde 1995 varios organismos internacionales vuelven a animar la discusión sobre las políticas de juventud y fomentan que los Estados y la empresa privada no dejen de asumir una preocupación en este tema.[32]

Experiencias novedosas son desarrolladas por la empresa privada en estos años. Algunos ejemplos son el patrocinio que brinda la Fundación Ferreyros en 1997 a la Conferencia Anual de Estudiantes (cade), un foro juvenil universitario con el formato de las conferencias de ejecutivos de empresas; o la interesante experiencia que diseña e implementa la Asociación Promoción Bienestar y Desarrollo (probide), asociación conformada por el empresario Raúl Diez Canseco actual Vicepresidente de la República, que desde 1998 con el apoyo de varias empresas ha establecido un fondo de crédito para proyectos de negocios presentados por jóvenes.[33]

Las iniciativas desarrolladas en estos años, desde la sociedad civil y la empresa privada, fueron muy importantes; pero compartieron con las iniciativas desenvueltas desde Estado, la característica común de ser esfuerzos aislados y sectoriales.

No podemos dejar de señalar, además del poco valor que se le dio a las políticas sociales en general, que en el Estado no existieron recursos humanos especializados y sensibilizados, en el manejo de instrumentos teóricos y metodológicos, que permitieran incorporar en los procesos de diseño y gestión de políticas públicas las demandas sociales específicas planteadas por sectores como las juventudes.[34]

Durante estos años, en contraste, la producción de conocimiento especializado en materia de juventud es más abundante, sin embargo, no logra influir el espacio de la política, ni menos abrir el espacio de debate y disputa de la agenda pública.[35]

No podemos ocultar tampoco que las demandas juveniles, en un escenario político cada vez más polarizado por la decisión del presidente Fujimori de ir a una tercera reelección presidencial, alcanzaron un interés especial en un sector de la opinión pública que se presentaba como opositora del régimen.

Las demandas juveniles, expresadas en movilizaciones o protestas simbólicas diversas como el lavado de la bandera,[36] fueron interpretadas desde la perspectiva de la oposición como formas de crítica social y política que supuestamente apoyaban las iniciativas de la oposición. Las juventudes, sin embargo, habían experimentado un proceso que llamaremos de despolitización subjetivo a través del cual las ideologías y los partidos políticos habían perdido presencia real entre las juventudes, y por lo mismo no podían ser incluidas y mucho menos se sentían ellas mismas parte del heterogéneo sector político llamado opositor.

El endurecimiento del régimen que se expresó en relaciones tensas y autoritarias con casi todos los sectores de la sociedad civil, incluidas las agrupaciones juveniles, provocó sin saberlo la politización objetiva de las demandas juveniles, es decir, les otorgó un contenido político que terminó por ubicarlas como parte de la oposición. Una profunda desconfianza hacia las juventudes y los espacios donde ellas se desenvolvían fue asumida desde el régimen, en contra parte, diversas agrupaciones juveniles comenzaron a denunciar crecientemente su carácter dictatorial y protagonizar diversas movilizaciones en contra de la tercera reelección.[37]

Es importante no dejar de mencionar que la actividad política no sólo es ejercida, en estos años, desde los partidos y las organizaciones políticas reconocidas formalmente, sino también desde los llamados colectivos. En variado número, y respondiendo a diferentes motivaciones, diversas agrupaciones, con un fuerte componente juvenil, surgen desde fines de los noventa con la clara convicción de cuestionar abiertamente la legitimidad política del régimen. La característica común de la mayoría de ellos es que asumen la denominación colectivo como forma de sintetizar su interés por la práctica política, en su acepción de preocupación por lo público, y expresar su necesidad de poseer un espacio para socializarse, a la vez que construir un nosotros en medio de la incertidumbre y el temor que provocaba el futuro político del país.[38]

En resumen las políticas de juventud implementadas durante los años del fujimorismo expresan un campo de acción público donde lo que se buscaba en el discurso era contribuir a la inserción o integración social de la juventud; pero que en la realidad sólo permitía brindar una oferta de servicios públicos parcial, desordenada, carente de racionalidad, que apenas lograba vulnerar algunos problemas juveniles y principalmente pretendía incorporar segmentariamente las demandas de las juventudes dentro de un régimen político de carácter autoritario.[39]

4. ¿Políticas para la inclusión participativa de la juventud?

Desde fines de 1999 y los primeros seis meses del 2000 la polarización política se agudiza. La tercera reelección del presidente Fujimori provoca una aguda crisis política que desenlaza, para sorpresa de muchos, en una transición democrática pacífica.

La transición vivida en el Perú durante el año 2000 es una de las más sui generis, en gran medida, por el lento, sostenido y creciente proceso de movilización ciudadano que lo caracteriza; pero también porque el régimen impuesto se iba cayendo solo, a pedazos, derruido por el nivel de corrupción que había generado.

Efectivamente, la caída del régimen fujimorista se produce como parte de un proceso de lucha política; pero también de tipo social y cultural de origen cívico. Las juventudes juegan un rol central en ello, especialmente, porque son convertidas en una expresión de las reservas morales que la sociedad civil poseía frente al autoritarismo, la violencia y especialmente la corrupción siniestra del régimen.

Las juventudes, sin proponérselo, son convertidas por un sector de la opinión pública en un símbolo de la lucha democrática, sin considerar si sus demandas sólo planteaban la exigencia del retorno a la democracia o si su lucha era además un cuestionamiento mayor del propio ordenamiento social, económico y político que fracasaba con el régimen fujimorista.

La adjudicación de atributos a las juventudes, como anteriormente señalamos, no es nueva. Los diversos actores sociales, políticos e instituciones, con los cuales las juventudes se relacionan, generan representaciones y significados sobre ellas desde sus particulares posiciones de poder, que terminan definiéndoles roles y funciones, clasificándolas dentro de jerarquías y asignándoles características según sus particulares criterios e intereses, al margen incluso de lo que las propias juventudes quieran. Los medios de comunicación, que en su mayoría estaban controlados por el régimen, contribuyeron a asignar determinados atributos a las juventudes que protestaban, sin diferenciar sus demandas, extracción social o lugares de procedencia.

No importa si fueron o no reales tales atributos, los medios convirtieron a las juventudes en parte de la oposición y les otorgaron, poco tiempo después, un papel central en la caída del régimen, convirtiéndolas en un actor estratégico de la lucha por la democracia.

A fines del 2000, en el mes de noviembre, se produce la huída y abandono del cargo por parte del presidente Fujimori y se nombra como presidente del gobierno de transición a Valentín Paniagua. El gobierno de transición establece con varios sectores de la sociedad civil, incluidas las organizaciones juveniles, un acercamiento franco y directo que permite que la imagen del protagonismo de las juventudes en la lucha por la democracia termine afirmándose.[40]

En este contexto, al producirse la convocatoria de elecciones, para elegir un nuevo mandatario, las diferentes fuerzas políticas que se presentan a la contienda electoral definen discursos específicos para obtener el apoyo juvenil.

Las tres principales fuerzas electorales desarrollan propuestas para las juventudes. El Partido Perú Posible, cuyo candidato presidencial era el economista Alejandro Toledo quien había liderado el proceso de lucha democrática, promete la creación del Consejo Nacional de la Juventud; el Partidos Aprista Peruano, dirigido por el ex presidente Alan García, propone un discurso político especialmente pensado para la juventud que incorpora una combinación ágil de formas de comunicación como la música y los símbolos juveniles, con propuestas específicas como la creación del Instituto Nacional de la Juventud, la lucha contra el subempleo y desempleo juvenil, así como el acceso a la educación y la tecnología; finalmente Unidad Nacional, un frente político liderado por la abogada Lourdes Flores, si bien no oferta propuesta alguna para las juventudes, incorpora imágenes y mensajes específicos dedicados a este sector como parte de su campaña publicitaria.

Pasadas las elecciones y electo el actual presidente Alejandro Toledo, en junio del 2001, en su mensaje de asunción de mando, anuncia la creación del Consejo Nacional de la Juventud (conaju) como parte de una alianza de largo plazo con los jóvenes del Perú.

El ante proyecto de Ley de creación del conaju parece orientarse a la formación de una instancia de representación juvenil donde participen representantes de las juventudes del país elegidas por voto universal y secreto en los 1.118 distritos del Perú.[41] El presidente Toledo ha reiterado en diferentes espacios que son los jóvenes los que tendrán una atención especial y para ello se hace necesario contar con su participación.[42]

El actual gobierno no ha definido una estrategia para llevar adelante el proceso de consulta sobre los contenidos del proyecto de Ley de creación del conaju, a pesar que las declaraciones de diversos líderes de Perú Posible señalan que de todas maneras se realizará la consulta. La demora parece haber creado más incertidumbre y hasta un poco de desconfianza en algunos sectores.[43]

Grandes interrogantes se abren sobre el futuro de las políticas que desde el Estado se implementen con relación a las juventudes. Responder qué hacer hoy en dicho campo y delinear algunas estrategias que permitan enfrentar los retos futuros, para no repetir errores cometidos en el pasado, será abordado en la siguiente parte.

III. Juventudes, diseño y gestión de políticas

La revisión histórica de las relaciones establecidas entre Estado y juventudes en el Perú, permite comprobar que dichas relaciones no pueden ser comprendidas al margen de los conflictos que se operan como parte de los procesos de constitución de las relaciones de poder en un determinado momento histórico.

Las políticas implementadas desde el Estado con relación a las juventudes han sido básicamente iniciativas público estatales orientadas a la exclusión, control, e incorporación segmentaria de las demandas juveniles.

Algunas organizaciones de la sociedad civil y la empresa privada han desarrollado también iniciativas públicas, aunque no estatales, que intentaron posicionar el tema desde otra perspectiva, es decir, relevando las necesidades de las juventudes como ciudadanos de derechos plenos o consumidores que demandaban servicios que el mercado no podía ofertar.

La realidad, sin embargo, muestra que el Estado ha sido el principal agente desde el cual las políticas orientadas a las juventudes se han diseñado y gestionado; pero además el que ha determinado la restricción de su participación y protagonismo público.

Un par de preguntas surge de lo anterior: ¿es posible imaginar formas de diseño y gestión de políticas donde las demandas juveniles puedan concertarse con los intereses del Estado, la empresa privada y la sociedad civil? ¿Dónde y cómo la articulación de intereses puede efectuarse? Responder estas interrogantes obliga analizar por separado varios asuntos que a continuación exponemos.

1. Intereses públicos, localidades y juventudes

Quisiéramos empezar señalando que los varios programas y proyectos orientados a las juventudes, diseñados y gestionados desde el Estado, especialmente en la década del noventa, se desarrollaron en más de un caso en paralelo con experiencias diversas de tipo local y municipal, que fueron forjándose desde mediados de la década del ochenta.[44]

Las iniciativas locales y municipales no han sido analizadas aún en detenido, existen algunos estudios que han intentado sistematizar experiencias interesantes; pero sin desarrollar un análisis más profundo sobre las mismas.[45]

No podemos separar, como es evidente, el análisis de la institucionalidad municipal o la de las organizaciones sociales locales, de la crisis de la administración pública estatal y los procesos de disgregación de la sociedad civil en general.

Lo importante a resaltar, sin embargo, es no confundir iniciativas locales con municipales, porque al igual que en el caso de lo público estatal y lo público no estatal, existen en las localidades iniciativas públicas municipales e iniciativas públicas no municipales. La preocupación por «lo público» o «lo que afecta a todos» no se reduce evidentemente a lo que se haga o deje de hacer desde la esfera estatal, también tiene que ver con las iniciativas que se generan desde la propia sociedad. La diferencia entre ambos componentes permite distinguir entre el poder político del Estado y la autoridad generada desde la sociedad.[46]

No está demás señalar que hoy el debate sobre las políticas de juventud, al igual que el debate sobre las políticas sociales en general, comienza a orientarse por una reflexión que se inicia desde lo local.[47] Un sin número de trabajos recientes vienen aportando interesantes pistas y ejes de discusión y acción práctico al respecto.[48]

La realidad muestra que se hace necesario no sólo mecanismos institucionales que articulen las iniciativas provenientes de sectores como la sociedad civil, la empresa privada y el Estado, sino que además es necesario articular las dinámicas que se generan desde las localidades.

Las experiencias recientes que podemos mencionar, en el Perú, para respaldar lo anterior son varias. Un ejemplo es el caso del Comité Metropolitano de Políticas de Juventud de la Ciudad de Lima, instancia desde la cual agencias gubernamentales, ong, iglesias, instituciones académicas, empresas, y la municipalidad, han asumido el reto de gestionar concertadamente políticas de apoyo y asesoría en materia de juventudes en la ciudad más grande del Perú.[49]

No pretendemos evaluar los éxitos o fracasos de la experiencia, nuestro interés se orienta más bien a subrayar como la dinámica local genera instancias público privadas o público no estatales, donde asuntos referidos a las juventudes generan consensos y alcanzan legitimidad aunque no necesariamente un posicionamiento estratégico.[50]

El caso del Comité, desde nuestra perspectiva, forma parte de un proceso mayor que viene desenvolviéndose desde hace varios años atrás y que involucra a varias localidades distritales de Lima, donde vienen organizándose Mesas de Juventudes como instancias de coordinación de acciones comunes y concertación público privada en temas de juventud.[51]

Las limitaciones de estas instancias, aún germinales, son evidentes. En especial por su relativo grado de institucionalización y por las relaciones tensas, muchas veces conflictivas, que generan con los actores sociales (juventudes u organizaciones juveniles) o político institucionales (agencias gubernamentales, municipalidades, partidos).

En más de un caso algunos señalan críticamente que las juventudes están ausentes de los llamados «espacios de concertación», los cuales terminan controlados por instituciones como ong, o como se trata de «encasillar» a los y las jóvenes en determinados ámbitos o instancias de participación.[52]

Si por el lado de las juventudes existen cuestionamientos, por el lado de las municipalidades y las agencias gubernamentales existen fuertes desconfianzas y temores diversos sobre la utilidad de la concertación y las demandas sociales y políticas que pueden albergar dichas instancias. Las municipalidades, en más de un caso, prefieren implementar iniciativas basándose en sus propios recursos y capacidades antes que tejer redes o alianzas con otras instituciones. Menos aun se incentiva la participación en el diseño y gestión de programas y proyectos de desarrollo local.

El interés político juega como un factor determinante para limitar las experiencias de concertación local, además del desconocimiento de herramientas de gestión estratégica por parte de las burocracias municipales; el temor que genera en las élites políticas la participación de la ciudadanía, en especial los sectores juveniles, es otro factor; así como las tendencias centralistas existentes en la propia administración pública.[53]

No quisiéramos extendernos, en ejemplos puntuales, nuestra intención más bien es señalar sucintamente tres modelos de diseño y gestión de políticas municipales orientadas a juventudes.

a) La conformación desde «arriba» de programas y proyectos, que llamaremos el modelo alcaldista porque depende exclusivamente de las decisiones del alcalde. Generalmente dentro de este modelo se han conformado Casas de la Juventud o espacios públicos para jóvenes (plazas, parques o alamedas de la juventud) por el efecto que causa en la opinión pública local la edificación o acondicionamiento de infraestructura urbana.

b) El trabajo sobre la base de alianzas institucionales que supone un beneficio mutuo entre la municipalidad y la institución con la cual establece el acuerdo. Básicamente bajo este modelo se han implementado programas municipales especiales como bolsas de trabajo, capacitación técnico laboral y en gestión empresarial, reinserción de jóvenes pandilleros, orientación vocacional y formación universitaria, prevención de enfermedades de transmisión sexual, etc. En este modelo la municipalidad y la institución con la cual establece la alianza pretenden mutuamente obtener un beneficio compartido. Ejemplo: la municipalidad proporciona local y apoyo logístico y la institución brinda los profesionales y los materiales necesarios para implementar el servicio.

c) La creación de redes, instancias de participación y concertación público privada, que constituye el modelo más reciente. Aquí figuran las Mesas de Juventudes o comités de coordinación interinstitucional en temas juveniles, que buscan no sólo establecer alianzas puntuales para la oferta de determinados servicios, sino que se plantea un trabajo concertado y generalmente orientado por objetivos estratégicos de desarrollo local, en los cuales se asume que las juventudes cumplen un rol protagónico. En estas instancias las municipalidades actúan como un agente más que intenta concertar con otros actores y agentes públicos y privados, incluidas las propias organizaciones juveniles, iniciativas de desarrollo local desde una perspectiva que busca incorporar el componente generacional a los procesos de desarrollo.

Los modelos mencionados ponen en evidencia que no existe aún una tendencia definida que señale claramente la consolidación de procesos de concertación y participación local en el diseño y gestión de políticas orientadas a la juventud.

Lo importante, sin embargo, es que la realidad muestra que además de articular la iniciativa de la sociedad civil, la empresa privada y el Estado en materia de juventud, es necesario tomar en cuenta también las dinámicas locales que comienzan lentamente a expresarse y cuestionar las lógicas centralistas existentes en el propio Estado, para fortalecer procesos de diseño y gestión descentralizada de políticas orientadas a la juventud.

No está demás mencionar que las experiencias de concertación y participación local que se viven hoy adquieren especial relevancia en medio de acelerados procesos de globalización que facilitan para muchos hablar de una redefinición de lo local en la vida juvenil.[54]

Otro asunto central, que se suma a los ya mencionados, es diferenciar entre instancias de participación propiamente juveniles e instancias donde participan jóvenes y representantes de instituciones interesadas en trabajar con jóvenes.

En el primer caso una organización juvenil es una instancia de participación donde los propios jóvenes deciden sobre lo que se hace o no se hace en el grupo, en cambio en el segundo caso, una mesa de juventudes no sólo permite la participación de organizaciones juveniles, sino que además incluye otros actores como agencias gubernamentales que trabajan con jóvenes, ong, instituciones educativas, empresas o municipalidades.

El proceso de debilitamiento de las organizaciones juveniles, derivado de la disgregación que experimentó la sociedad civil peruana en los noventa por la agudización de la violencia política y el impacto de las políticas de ajuste y estabilización económica, limitó el surgimiento y debilitó las instancias de participación juvenil, hablemos de organizaciones, federaciones, uniones o frentes juveniles.

En paralelo las organizaciones juveniles que se mantuvieron, o surgieron después del período de disgregación, comenzaron a compartir sus espacios con otros actores sociales, políticos e instituciones que en algunos casos compartían preocupaciones comunes. El panorama post ajuste entonces deja de ser simplemente un escenario donde los jóvenes están en un lado y al otro están todos aquellos que no son jóvenes, para convertirse en otro donde variadas relaciones de conflicto y consenso comienzan a establecerse, y donde definitivamente nuevos retos se presentan para el futuro de la participación juvenil.

¿Cómo entonces un proceso de diseño y gestión de políticas orientadas a la juventud puede articular la heterogeneidad existente?

La articulación es pertinente de ser pensada a través del diseño de un sistema de gestión integral que articule a todos los sectores, pero al mismo tiempo integre los varios niveles de gestión territorial. El sistema en la práctica funcionaría como una red que enhebraría diversas demandas y varias instancias para la toma de decisiones.

La tesis que proponemos es que la creación de una instancia, como el Consejo Nacional de Juventud, no tiene sentido si es que no logra articular a los diferentes sectores y niveles que están involucrados en los procesos de diseño y gestión de políticas, programas y proyectos dirigidos a las juventudes.

No es suficiente, desde nuestro punto de vista, crear una instancia de representación juvenil para poseer una política integral orientada a las juventudes. Si bien la creación de una instancia de representación es importante porque puede permitir la crítica al llamado adultismo,[55] es decir, un tipo de relación entre adultos y jóvenes donde los adultos establecen un trato desigual con los jóvenes y por lo mismo no permiten su participación en las decisiones que afectan la vida pública o privada; sin embargo, no asegura que éste no se dé y peor aún separa a las juventudes de los sectores sociales, políticos y los niveles de gestión institucional, que muchas veces directamente deciden sobre recursos y mecanismos de control que tienen que ver con sus necesidades y demandas específicas.

Consideramos que es necesario, además de la creación de instancias de representación juvenil, el establecimiento de instancias donde participen no sólo las representaciones juveniles, sino también los diversos sectores sociales, políticos e institucionales que se relacionan con las juventudes, tanto de nivel central como local. La creación del sistema se justifica en la medida que articule ambas instancias.

Entre la alternativa de generar instancias público estatales y público no estatales de concertación, la segunda parece abrir un camino interesante para el fortalecimiento de la participación ciudadana y el control de la sociedad sobre el Estado.

La creación de un sistema evidentemente no puede hacerse por decreto, es decir, no puede surgir de la promulgación de una norma. No queremos decir con ello que no sea necesario, al contrario, la institucionalización de una política pasa necesariamente por el manejo un marco jurídico normativo que lo sustente.

Sin embargo la norma es el paso final de un conjunto de pasos previos que deben permitir el debate, generar consensos, animar la formación de corrientes de opinión pública, la participación y consulta ciudadana, etc. En otras palabras, antes que la promulgación de una norma debe generarse un proceso.

El impulso del proceso es una estrategia para crear el sistema. La articulación de intereses públicos, en su sentido de «preocupación por lo que afecta a todos», justamente es determinante para lograr el éxito de la iniciativa, especialmente, porque para generar el proceso es necesario fortalecer la participación que se genera desde la sociedad.

2. Intereses juveniles, sectorialidad y transversalidad

El impulso de un proceso que permita institucionalizar un sistema de diseño y gestión de políticas orientadas a la juventud, deja pendiente el tema de si estas políticas poseen un carácter sectorial o transversal.

El sistema puede estar pensado exclusivamente en función de políticas sectoriales (de salud, empleo, educación) que beneficien a la juventud y permitan la articulación coherente y racional de diversas iniciativas de ámbito sectorial; pero el sistema puede también ir más allá, es decir, diseñar y gestionar políticas de carácter transversal que no sólo actúen sectorialmente sino además planteen objetivos comunes a varios sectores. Propuesta que incluso recientemente comienza a ser sugerida por algunos organismos internacionales.[56]

Desde nuestro punto de vista la transversalidad o sectorialidad de las políticas orientadas a juventud depende, de un lado, de cómo resolvamos el problema de las relaciones entre políticas sociales y políticas económicas; y de otro, de cuál sea nuestra perspectiva sobre las relaciones entre los intereses y demandas juveniles con la problemática de las relaciones de poder.

Sobre el primer asunto, la separación entre lo social y lo económico ha conducido al aumento de la pobreza y la desigualdad, especialmente porque las políticas económicas aplicadas, en la última década, partieron de suponer que nada las unía con la cuestión social, lo cual simplemente terminaba siendo reducido a un tema de asistencia o compensación de los afectados por dichas políticas.

Las políticas sociales, desde esta perspectiva, son sectoriales y las políticas de juventud una especialidad dentro de las mismas. No pretendemos negar la especificidad o sectorialidad de las políticas de juventud, más aún, consideramos que ellas pueden ser diseñadas y gestionadas desde ámbitos sectoriales que respondan a interés juveniles muy específicos, sin embargo, se hace necesario que dichas políticas formen parte de una concepción integral e integrada, donde lo social y lo económico dejen de ser dos campos de acción separados de las políticas públicas.

Una política de juventud puede ser sectorial o transversal y a la vez no cuestionar la separación entre políticas sociales y económicas, manteniendo intacto el ordenamiento político establecido a escala global desde los organismos multilaterales y los intereses financieros internacionales, por ello es necesario redefinir desde otra perspectiva las políticas orientadas a la juventud.[57] Una perspectiva que en primer lugar cuestione la separación entre políticas sociales y económicas, posea un enfoque alternativo e integrado, y reconozca el lugar estratégico que ocupan las juventudes dentro de los procesos de desarrollo.[58] El segundo asunto es igual de importante y plantea también su carácter previo al tema de la sectorialidad y transversalidad de las políticas de juventud. La relación entre intereses y demandas juveniles con la problemática de las relaciones de poder, puede ser enfocada desde dos perspectivas: desde la perspectiva de la condición juvenil y la perspectiva de la posición juvenil.[59]

Efectivamente una política de juventud puede promover el mejoramiento de la condición juvenil, es decir, su acceso a mayores niveles de educación, salud o empleo; pero no afectar en lo más mínimo la posición que poseen las y los jóvenes en la vida pública y privada.

Una política de juventud puede ser sectorial o transversal y dejar intacta las estructuras de poder en las cuales determinados sectores juveniles se relacionan, es decir, mantener intocable las jerarquías y los patrones de autoridad social existentes. Desde la perspectiva de la condición juvenil, las políticas de juventud pueden ser sectoriales o transversales pero provocar el mismo impacto: no modificar las relaciones de poder.

La perspectiva de la posición juvenil en cambio apunta no sólo a una preocupación por el mejoramiento de las condiciones de vida juvenil, sino además de ello, señala la necesidad generar las condiciones estructurales e individuales para que los propio jóvenes puedan generar capacidades que les permitan cuestionar las jerarquías y relaciones de poder que les impiden su realización integral y por lo mismo mejorar su posición frente a los adultos y en general frente a las instituciones sociales.

La preocupación por la posición que las juventudes ocupan en las relaciones de poder en las cuales se ven inmersas no debe llevar a una visión que sólo valore los aspectos estructurales, olvidando lo individual.

Nos parece pertinente en este sentido mencionar que uno de los principales objetivos de una política orientada a las juventudes «es incrementar en los jóvenes la capacidad de comportarse como actores sociales, o sea de modificar su entorno social para realizar proyectos personales».[60] Objetivo que lleva a fortalecer la capacidad de acción de los jóvenes, contribuir a su «desarrollo personal integrado», o sea a intensificar la integración de su experiencia y la vinculación de esa experiencia a proyectos, que permiten la ampliación de sus oportunidades de desarrollo.

Un objetivo que permite también recuperar la diversidad creativa que caracteriza la vida juvenil, una perspectiva donde la cultura se inserta en los procesos de diseño y gestión de políticas y se recupera la perspectiva del sujeto juvenil.[61]

La realización plena de la individualidad y el reconocimiento de la diversidad y diferencia cultural juvenil, sin embargo, sólo son posibles cuando la posición desigual, que ocupan las juventudes dentro de las jerarquías e instituciones sociales, es cuestionada y reemplazada por relaciones de carácter más igualitario.

La perspectiva de la posición juvenil se ubica entonces desde una lectura crítica de las relaciones de poder en las cuales las juventudes se ven inmersas.

De acuerdo a lo expuesto, la sectorialidad y transversalidad de las políticas de juventud no constituyen aspectos contradictorios sino más bien complementarios. El problema de fondo es si en el diseño y gestión de dichas políticas se ligan los aspectos sociales y económicos dentro de un mismo enfoque; pero además si se incorpora dentro de sus objetivos una lectura crítica de las relaciones de poder en las cuales se ven inmersos las y los jóvenes.

IV. Notas finales

El análisis realizado a lo largo de estas páginas nos ha permitido poner de manifiesto que las llamadas políticas de juventud, en el caso del Perú, no pueden ser abordadas al margen de los debates que actualmente vienen produciéndose en torno al tema de las políticas sociales en general. Si bien las políticas de juventud no se reducen a ellas, y menos anulan su especificidad, tampoco son autónomas frente a las grandes discusiones que se vienen realizando actualmente dentro de la problemática del desarrollo, las transformaciones en las relaciones sociedad y Estado, y en el propio debate sobre las políticas sociales.

La observación no es obvia, al contrario, resulta pertinente considerando la tendencia que existe a especializar el debate sobre las políticas de juventud y especialmente a separarla de procesos sociales y políticos mayores.

La especificidad de las políticas orientadas a la juventud, frente a las políticas sociales, sólo encuentra sentido en la medida que ponga de manifiesto el tema de las relaciones de poder en las cuales se ven inmersas las juventudes.

La revisión histórica de las relaciones establecidas entre Estado y juventudes muestra claramente que es imposible desligar el análisis de procesos como la participación y el protagonismo juvenil de las estructuras de poder político que se constituyen desde el Estado.

Los procesos que en contraparte se forjan desde la sociedad permiten descubrir dinámicas nuevas que se van forjando desde sectores como la sociedad civil; pero que a la vez se nutren de dinámicas nacidas en las localidades. Aquí una vez más las relaciones de poder vuelven hacerse presentes para evidenciar procesos en los cuales la autoridad de la sociedad parece querer afirmarse en contradicción con el poder político del Estado.

Las juventudes en este conflicto tienen mucho que decir: desde negarse a ser incorporadas en nuevas formas de corporativismo que le resten autonomía, hasta volver a protagonizar procesos de participación social y política.

Las preguntas son mayores que las posibles respuestas y las pocas soluciones que se puedan dar a los variados problemas que encierra el debate sobre diseño y gestión de políticas de juventud.

Hemos intentado, sin embargo, proporcionar algunos insumos para comprender e intervenir en el debate. En este sentido, proponer la generación de un proceso para crear un sistema de diseño y gestión integral de políticas orientadas a las juventudes del Perú, en lugar de una instancia de representación únicamente juvenil, como plantea la propuesta de creación del Consejo Nacional de la Juventud, puede ser provocadora para generar un mayor nivel de debate sobre esta propuesta en la sociedad y el propio Estado.

Lima (Perú), Septiembre del 2001

NOTAS

[1] Anuncio hecho en el discurso de asunción de mando, en el Congreso de la República del Perú, el 28 de julio del 2001.

[2] Nos gustaría señalar que los aportes han provenido principalmente de tres fuentes: la discusión académica sobre temas de juventud, los debates animados por ong y agencias del sistema de las Naciones Unidas, y experiencias de gestión pública de varios gobiernos. Al respecto se puede revisar los trabajos de Rodríguez (1996a; 1996b; 1999) o Bango (1996a; 1996b; 1999) sobre América Latina. Deseamos también llamar la atención sobre la perspectiva de J. L. Langlais (1984) que investigó el caso francés y especialmente de Juan Sáez Marín (1988) que estudió el caso español.

[3] José Antonio Pérez Islas (2000) ha resaltado la importancia de tomar en cuenta las diferentes visiones y versiones existentes sobre las políticas de juventud. Nos parece necesario señalar además que el debate sobre las políticas de juventud pone en tensión la propia definición de la noción juventud. Especialmente si asumimos -como planteamos en un texto anterior Montoya (2000)- que ella no puede ser definida sólo como la «cohorte de edades entre los 15 y 24 años», sino más bien como el resultado de un proceso de construcción social y cultural que le asigna determinadas representaciones y significados en los cuales se ponen en juego relaciones de poder.

[4] La tesis es planteada en el trabajo de Luis Fernán Cisneros y Mariana Llona (1997). Los autores sostienen que en 1985, por primera vez, se crea en el Estado la Dirección de Juventudes, como órgano dependiente de la Dirección General de Educación Extraescolar del Ministerio de Educación. Liliana La Rosa (1998) releva también el rol de Naciones Unidas.

[5] Ejemplos de ello son los casos de México, con políticas de juventudes que vienen implementándose desde la década del cuarenta como lo ha mostrado Pérez Islas (1996); Argentina, con políticas de incentivo del deporte juvenil desde los cincuenta, señalado por Balardini (1999); o Chile, con una experiencia acumulada de cerca de una década, como recientemente lo ha indicado Oscar Dávila (2001).

[6] Las relaciones entre juventudes universitarias y Estado en esta época fueron abordadas por autores como Escobar (1971), Portocarrero (1972), Bernales (1975).

[7] La radicalización se expresa en la pérdida paulatina de hegemonía del partido aprista y la creciente influencia de los grupos maoístas y de la nueva izquierda peruana en los movimientos estudiantiles, obreros y campesinos. Un texto poco conocido, pero que analiza con detalle este proceso fue escrito por Condoruna (1966).

[8] Aníbal Quijano (1972) y Julio Cotler (1972) señalaron con precisión y denunciaron desde su inicio el carácter corporativo del gobierno militar.

[9] Una reconstrucción de las percepciones de la época aparece en Montoya (1992).

[10] El gobierno militar promulga en 1969 los decretos leyes 17437 y 17706 a través de los cuales intenta reestructurar las universidades, reducir la participación estudiantil en los órganos de gobierno y despolitizar las asociaciones estudiantiles. Felipe Portocarrero (1972) y Nicolás Lynch (1990) analizan este período desde diferentes puntos de vista. Portocarrero mira la relación entre Estado y juventudes universitarias desde la crítica al gobierno militar y el proyecto político corporativo que representaba. Lynch por su parte analiza principalmente la radicalización sin proyecto de las juventudes universitarias frente al gobierno militar.

[11] Ver el artículo citado de Julio Cotler (1972).

[12] Juan Sáez Marín (1988) propone diferenciar entre políticas para la juventud, las cuales buscan el control social; políticas por la juventud, que persiguen la movilización; y políticas con la juventud las cuales se fijan como objetivo la participación y decisión juvenil.

[13] Estudios descriptivos, como el de Chávez de Paz (1989), demostraron que las juventudes eran el sector que principalmente protagonizaba actos de terrorismo y sabotaje por razones políticas.

[14] Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano (2000).

[15] Las mesas de debate sobre temas juveniles se organizan desde fines de los setenta, por diferentes medios de comunicación local, grupos universitarios, parroquias, sindicatos y organizaciones populares, en ellas se expresan las preocupaciones y opiniones de diversos sectores juveniles. Al respecto ver Varios Autores (1985).

[16] El debate sobre la noción de sociedad civil es amplio. Lechner (1998) ha señalado que dicha noción posee un carácter polifacético que en gran medida está determinado por los contextos desde los cuales se la invoca, de ahí que fácilmente se caiga en un uso ingenuo de la misma, porque no posee un contenido preciso y delimitado; sin embargo, señala que primordialmente alude a las relaciones entre sociedad y Estado.

[17] La revisión de González, Tanaka, Nauca y Venturo (1991) muestra como en los estudios dedicados a juventudes este discurso se expresó, entre mediados del ochenta y fines del noventa, como parte de la perspectiva del protagonismo popular.

[18] El artículo citado de La Rosa (1998) señala también esta característica.

[19] Rolando Franco (1996) ha establecido muy bien las diferencias entre los paradigmas de la política social.

[20] El Informe de la Comisión Bernales o Comisión Especial sobre Causas de la Violencia y Pacificación del Congreso, una instancia presidida por el entonces Senador Enrique Bernales Ballesteros, creada por el Congreso para contribuir al proceso de pacificación en el Perú, recomendaba justamente en 1988 el diseño de una política integral de promoción de juventudes.

[21] Al respecto ver el artículo de Aníbal Quijano (1991).

[22] Las observaciones de Coraggio y sus colaboradores (1999) son pertinentes al respecto. «[...] la percepción de que el sistema keynesiano ha perdido vigencia -dice Coraggio- retrotrae el pensamiento político-social y el mismo pensamiento científico a las hipótesis de fines del siglo XIX y comienzos del actual, según las cuales las políticas del Estado sobre lo social son acciones compensatorias específicamente sociales, es decir, no referidas a los pretendidamente separables mundos de la economía y de la política» (1999:47).

[23] Diversos indicadores sobre la situación social y económica de las juventudes en la década del noventa han sido analizados por Cortázar (1998) y Francke (1998). La violencia juvenil producida por pandillas, barras bravas, manchas, se convierte también en un tema de especial preocupación pública. Al respecto las compilaciones de Panfichi (1994) o Tong (1998) han abordado el tema desde las vivencias de los propios protagonistas. Trahtenberg y otros (1996) y recientemente Bernales, Albán y Otárola (2001) han abordado el tema desde una perspectiva más estructural.

[24] Las variadas iniciativas crean incluso un problema en la representación oficial del Perú frente a los organismos internacionales de juventud. Oficialmente es el Ministerio de Educación el que posee la representación del Estado en esta materia, sin embargo, el Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, también reclama representación.

[25] Al respecto ver el trabajo de Roca (1991).

[26] El eje del programa ha sido la salud reproductiva y especialmente la prevención del embarazo adolescente. Ver el trabajo de López y La Rosa (1993).

[27] El trabajo citado de Llona y Cisneros (1997) describe con detalle las vicisitudes de esta iniciativa. Anotemos que la iniciativa del conapo no duró mucho por falta de apoyo político y porque en 1992, con el autogolpe, la directora del Programa Nacional de Juventud renuncia el cargo.

[28] Saavedra y Chacaltana (2000) realizaron una evaluación de este programa.

[29] Ver el informe preparado por Parra (1996).

[30] El proceso de consulta produjo un documento base. El 29 de agosto se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo 018-2001-promudeh que aprueba los Lineamientos Generales de la Política de Juventud del Perú.

[31] Ejemplos son la formación de postgraduados en el Programa de Salud del Adolescente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, los estudios sobre violencia y juventud animados desde la Pontificia Universidad Católica del Perú, la organización desde 1995 de la Conferencia Anual de Estudiantes (cade) por el Instituto Peruano de Administración de Empresas (ipae) o las varias iniciativas de la Asociación Nacional de Centros (una red nacional de ong) para incluir las demandas y problemáticas juveniles en la agenda social, así como las redes de ong de capacitación de PROJOVEN.

[32] En 1994 en la III Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno se adoptó el acuerdo de elaborar un «Programa Regional de Acciones para el Desarrollo de la Juventud en América Latina 1995-2000». En 1995 celebrándose diez años del Año Internacional de la Juventud, las Naciones Unidas aprueban el «Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes». En 1998 se aprueba en la I Conferencia Mundial de Ministros encargados de la Juventud la «Declaración de Lisboa sobre Políticas y Programas relativos a la Juventud». El mismo año en el III Foro Mundial de la Juventud del sistema de Naciones Unidas se aprueba el «Plan de Acción de Braga sobre la Juventud».

[33] Raúl Diez Canseco recibió en el 2000 el Premio Empresario Social otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, institución que junto a la Corporación Andina de Fomento, el Banco Santander Central Hispano, el Banco Sudameris (donde Eliane Karp, esposa del presidente Toledo, era funcionaria y apoyó la iniciativa), entre otras instituciones financian el proyecto. La mención es importante porque actualmente Diez Canseco es uno de los principales animadores de la creación del Consejo Nacional de la Juventud.

[34] Efectivamente la carencia de gerentes sociales es una debilidad crítica de las administraciones de Estado para enfrentar lo social con eficiencia y eficacia como lo ha señalado Kliksberg (1997). Nos permitimos agregar que además no existen gerentes sociales especializados y entrenados en el manejo de enfoques transversales como género o generación.

[35] Coincidimos con Dávila (2001), quien para el caso chileno registra lo mismo.

[36] Acto simbólico ideado por el Colectivo Sociedad Civil que consistía en lavar banderas peruanas en plazas públicas para limpiarlas de la corrupción.

[37] La desconfianza del régimen fujimorista se expresó, por ejemplo, en el nombramiento de comisiones interventoras en el período 1995-2000 en varias universidades públicas. La intervención negó a las juventudes universitarias, una vez más, el derecho a la participación en los órganos de gobierno y trató de ahogar los procesos de movilización juvenil que se expresaron con gran beligerancia desde el Referéndum realizado para aprobar la Constitución de 1993. Hemos abordado ello en Montoya (1994). Las movilizaciones juveniles posteriores mostraron a pesar de su heterogeneidad que era la juventud la que evidenció primero y más claramente su rechazo al régimen fujimorista. Al respecto ver Rojas (1999) y Chávez (2000).

[38] Entre 1980 y el 2000, en el Perú, la práctica política articuladas en torno a partidos cambia para pasar a movimientos independientes, y de ahí presenciar el nacimiento de los colectivos y el regreso de los partidos en las últimas elecciones realizadas el 2001. Nicolás Lynch (2000) ha analizado estos cambios políticos.

[39] No quisiéramos dejar de mencionar que a esto se suma la dispersión, superposición y ausencia de una legislación específica e integral en materia de juventudes. Además de las normas sobre liberalización del mercado laboral juvenil, se dieron en estos años la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y Adolescente (que sólo considera población menor de 18 años), la Ley del Servicio Militar, normas del sector salud para proporcionar atención médica a personas entre 5 y 19 años, y modificaciones en materia de derecho penal y menores. La legislación sobre juventudes tiene el problema de no contar con una reflexión jurídica específica sobre el tema, aspecto central para redefinir el debate sobre una legislación integral de juventudes, al respecto ver Fraga (1995) y Bernales (1996).

[40] El presidente Paniagua recibió en más de una oportunidad a colectivos juveniles que participaron en las movilizaciones contra el régimen fujimorista. La Federación de Estudiantes del Perú le otorgó en reconocimiento el título de Maestro de la Juventud.

[41] Proyecto de Ley de Creación del Consejo Nacional de la Juventud, Lima 2001.

[42] La noción participación genera muchos debates, por ella entendemos los esfuerzos de los «hasta aquí excluidos» por ampliar su control sobre los recursos, sobre los procesos de toma de las decisiones y sobre las instituciones de decisión y control de la sociedad. Otra acepción la define como mecanismo para incluir demandas en el Estado (la cual parece ser la perspectiva manejada por la administración del presidente Toledo). Nuestra perspectiva considera que es un proceso a través del cual se persigue la socialización del poder. Ver los textos de Quijano (1991) y Kliksberg (1999).

[43] Opiniones vertidas en la Red Virtual de Vigilancia Ciudadana creada por Red Ínter Quórum, la Fundación Friedrich Ebert y la Asociación Promoción de Juventudes, muestran que existe impaciencia por saber cuándo y cómo se desarrollará el proceso de consulta.

[44] El antecedente más importante de las políticas locales orientadas a juventud fue el proyecto de las «Carpas Teatro» implementado durante la gestión del socialista Alfonso Barrantes, Alcalde de la ciudad de Lima (1984-1986). El trabajo de Mujica y Vega (1991) ha reseñado esta experiencia.

[45] Un ejemplo es la sistematización, realizada por Jiménez y Cisneros (1994), del proyecto municipal Casa de la Juventud, implementado durante la primera gestión de Ricardo Belmont, Alcalde de la ciudad de Lima (1990-1992).

[46] La diferencia, como lo ha indicado Nisbet (1996), forma parte de un viejo debate en la teoría sociológica.

[47] Un ejemplo son las reflexiones de Alicia Zicardi (2001).

[48] La discusión sobre las políticas locales de juventud ha sido abordada por Iglesis (2000, 2001) para el caso chileno; Paciello (1999) ha hecho anotaciones sobre el caso uruguayo; Castillo (2000), analizó la experiencia mexicana, y realizó una interesante investigación aplicada que lo llevó ha implementar el proyecto «Circo Volador», instalado en el cine Francisco Villa del D. F. durante la gestión de Cuauhtémoc Cárdenas, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. No podemos dejar de mencionar tampoco el trabajo de reflexión y acción práctico hecha por Mario Rodríguez (2001) sobre los Wayna Tambos en la ciudad El Alto en Bolivia. Anotamos finalmente que el interés en el tema viene siendo activamente promovido, a través de seminarios de discusión sobre políticas locales de juventud, por gobierno locales agrupados en Mercociudades (Asociación de ciudades del Mercosur).

[49] Las instituciones participantes firmaron en octubre del 2000 el Acta de Compromiso por los Jóvenes de la Ciudad de Lima.

[50] Si bien la Comisión de Regidores de Deportes y Juventud de la Municipalidad Metropolitana de Lima impulsó la conformación del Comité, paradójicamente la administración y la alta dirección (léase alcalde) de la municipalidad no muestran interés y voluntad política para el fortalecimiento de esta instancia y mucho menos en el posicionamiento del tema de las políticas de juventud dentro de su gestión.

[51] Comas, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Independencia, San Martín de Porres, son algunos distritos de Lima donde se han generado Mesas de Juventudes. Marín y Montalvo (2000) han intentado reflexionar de manera aplicada sobre el tema.

[52] Tomamos para este comentario las entrevistas y conversaciones sostenidas con varios compañeros de la Mesa de Juventudes de Comas y Villa El Salvador.

[53] Blair (1997) ha detallado las tendencias centralizadoras que desde el Estado se oponen al desarrollo de experiencias de gestión concertada a nivel micro: centralizar para controlar mejor recursos y decisiones, para supuestamente reducir la corrupción, racionalizar el aparato administrativo y agilizar los procesos administrativos.

[54] Serna (1998), que estudió recientemente las relaciones entre juventud y procesos de globalización, reconoce como característica juvenil actual, pensar globalmente y actuar localmente. A pesar de que el barrio ha dejado de ser el epicentro del mundo, es en los microespacios donde las juventudes constituyen sus trincheras y desarrollan la vida cotidiana.

[55] Tomamos la frase de un texto de Dina Krauskopf (2000). El adultocentrismo provoca la manutención de las posiciones adultas frente a las juveniles, bloquea la búsqueda de la escucha y busca la afirmación del control adulto en la rigidización de lo que funcionó o se aprendió anteriormente. Se traduce en la rigidización de las posturas adultas frente a la inefectividad de los instrumentos psicosociales con que cuentan para relacionarse con la gente joven.

[56] Un documento reciente de cepal, celade y oij (2000) señala: «Como un criterio general, que debe establecerse desde un enfoque alternativo, corresponde mencionar la necesidad de dotar a las políticas públicas en su conjunto de una perspectiva generacional, superando resueltamente el enfoque -acotado- de trabajo prevalente hasta el momento (sectorializado, monopólico, centralizado, entre otros). Lo que se procura, en suma, es evitar caer en los espacios y programas exclusivos para adolescentes y jóvenes e incorporar estas temáticas particulares de la mejor manera posible a todas y cada una de las políticas públicas, emulando la perspectiva de género impulsada por las mujeres».

[57] El cuestionamiento supone una redefinición profunda de ciertos presupuestos que orientaron las políticas sociales y económicas en la última década. Ver las críticas de diferentes perspectivas de Stiglitz (1998), Amin (1998), Birdsall y De La Torre (2001).

[58] El Banco Mundial (1996) ha sugerido entender a la juventud como un «actor estratégico del desarrollo futuro de las comunidades», pero sin referirse a las condiciones estructurales que limitan actualmente las capacidades y oportunidades de los propios jóvenes.

[59] Tomamos prestadas ambas nociones, que fueron originalmente trabajadas en la india por Shireen Hug, desde la crítica feminista. Al respecto ver el trabajo de Young (1991).

[60] Objetivo propuesto por Touraine (1996).

[61] Aspecto relevado en el texto anteriormente citado de Bango (1996).

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