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Ultima década

versão On-line ISSN 0718-2236

Ultima décad. v.8 n.12 Santiago mar. 2000

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22362000000100011 

Última Década, 12, 2000:149-172

PANEL POLÍTICAS LOCALES DE JUVENTUD

 

Reflexiones y aportes a una política comunal -a escala humana- en juventud*

 

Juan Claudio Silva**

** Bachiller en Ciencias Religiosas, CIDPA Viña del Mar.


I. Introducción

En adelante me referiré a algunos puntos que considero importantes a la hora de plantearnos una reflexión en profundidad sobre las políticas locales y su expresión en los espacios locales, sean éstos comunales o aún más acotados a territorios y localidades específicas. En este ejercicio crítico se ahondarán aquellos elementos que han tenido un impacto negativo en las difusión y discusión de una política de juventud. También intentaré ampliar la mirada sobre aquellos otros elementos que descuidados hasta el momento, pueden ser vitalizadores y potenciadores de una política integral en esta área.

II. Breve reseña historiográfica y crítica de las políticas de juventud en Chile (1990/1999)

Una cuestión previa que quisiera abordar, a propósito de una sensación que me parece se ha ido extendiendo en las presentaciones anteriores, y que tiene directa relación con el diagnóstico, bastante conocido por lo demás, sobre la situación que hoy afecta la intervención y presencia del INJUV en el plano de las políticas de juventud, y es que al parecer no hay nada que hacer en estas materias. Pareciera haber una falta de horizontes, de perspectivas. En este contexto quiero afirmar que una política local de juventud, no pasa necesariamente por la implementación y realización de políticas centrales, que en este caso provinieron -en el pasado reciente- del INJUV. Si bien ellas marcan una pauta general, sobre todo en el ámbito de presencia y agitación del «tema» juvenil, tampoco es posible creer que esta institucionalidad, por sí sola, va a resolver el tema de las políticas de juventud. Y eso básicamente, porque las políticas locales son llevadas adelante en el espacio y territorio de una comuna u otros microespacios, y porque además en este contexto, es el municipio o los municipios los que tienen una relevancia especial en esta área. Al no existir una política suficiente a nivel global, el espacio local y con ello la responsabilidad social de los municipios en el ámbito de lo juvenil se vuelve relevante.

Aclarado este punto, quiero retomar mi exposición. Desde una mirada retrospectiva destaca la noción de política de juventud como una construcción reciente y moderna que logra diferenciarse de otras políticas genéricas de parte del Estado hacia determinados sectores sociales. Es a partir de ahí que se sitúa al sector juvenil como un actor más allá de consideraciones de tipo etáreo y con cierta relevancia dentro de la sociedad.

Desde un enfoque restrictivo, se puede decir que política pública de juventud en Chile, sólo ha existido desde comienzos de los años noventa. Y ello porque el diseño e implementación de políticas sociales desde el Estado, históricamente al menos en el caso chileno, ha estado en directa relación con los grados de visibilidad y presencia que los diversos sectores sociales han logrado en la escena pública. Y, en el caso de los jóvenes, éstos no han tenido, en la mirada de largo plazo, esa presencia masiva, organizada, activa, requerida para ser considerados como interlocutores por el Estado. De ahí que resulte hasta poco novedoso la percepción de lo juvenil, como un sinónimo de lo estudiantil. Percibiéndose, tradicionalmente, que una política hacia este sector pasaba por la ejecución de políticas en el sistema educacional.

También, en el contexto de las grandes tendencias, la política juvenil, más bien la política pública sobre juventud que históricamente ha imperado en nuestro país -a pesar que no ha existido política de juventud, en un sentido estricto-, ha sido la del «disciplinamiento» juvenil, básicamente a partir de dos grandes instituciones: la escuela y el servicio militar. Ambas por diferentes vías y sobre todo métodos, han buscado proveer a la sociedad de sujetos funcionales a los requerimientos del cuerpo social, en lo concerniente a la aceptación e inclusión en los mecanismos legitimados de reproducción social y económica. Aspectos aun más relevantes y prioritarios encarados por el Estado, en las primeras décadas del siglo XX.

La entrada en escena pública de los sectores juveniles populares, tal y como la concebimos actualmente, es un proceso mucho más reciente. Es sólo a partir de las décadas del 70 y 80, principalmente con la irrupción de los jóvenes urbano populares en el imaginario colectivo, como los «jóvenes de las protestas». Incluso en tiempos actuales no logran la visibilidad que requieren otros sectores juveniles, en especial: los jóvenes rurales y las mujeres jóvenes, quienes además son los grandes ausentes de una política de juventud a través de la historia de las políticas sociales para juventud.

Es con la llegada de los noventa, con el primer Gobierno de la Concertación, donde se comienza a elaborar e implementar algunas iniciativas tendientes a articular una política integral de juventud. El principal fundamento a estas iniciativas se encontraba en el intento de dar respuesta a la denominada «deuda social pendiente con los jóvenes», en una clara referencia a los jóvenes de la década anterior quienes durante el período de dictadura, fueron uno de los sectores sociales más castigados y marginados en materia de política social.

A partir de esta visión sobre la juventud de la década de los 80, la primera administración de Gobierno de la Concertación centró su atención de una política juvenil gubernamental sobre la base de tres focos principales: i) integración social, como una forma de atenuar los efectos de la desintegración social y por ende propender a la inclusión social de segmentos juveniles marginizados; ii) participación, a partir del diagnóstico de la falta de espacios y oportunidades para ejercer la sociabilidad juvenil se propuso como tarea generar espacios y oportunidades donde ejercer esa sociabilidad; y, iii) identidad juvenil, como tarea a asumir por los propios jóvenes y donde el rol del Estado es el de generar los espacios y herramientas que hagan posible aquello (INJ, 1996:2).

La particular coyuntura sociopolítica inaugurada con el inicio del primer gobierno de la Concertación, puede catalogarse como un intento serio y relativamente coordinado por precisar y arribar a un diseño e implementación de una política integral de juventud, a lo menos en el plano de las definiciones y desafíos que se veían como pendientes y necesarios de abordar. Como hecho paradigmático de esta situación, se inscribe el que por vez primera en Chile, se crea una institucionalidad de presencia nacional (Instituto Nacional de la Juventud) enmarcada en esta sola preocupación, y que en sus orígenes cuenta con un alto nivel de autonomía en lo presupuestario como en lo programático.

Sin embargo este esfuerzo programático no tuvo continuidad en el tiempo, ya que el segundo gobierno de la Concertación continuó preferentemente con una línea de implementación de programas sectoriales dirigidos a jóvenes, y cuyos grandes ejes de intervención fueron educación y trabajo, con sus respectivos megaprogramas en cada uno de ellos: continuación del Chile Joven del Ministerio del Trabajo y una pequeña parte asumido por Fondo de Solidaridad e Inversión Social (fosis); y el Programa MECE-MEDIA del Ministerio de Educación. Estos dos ámbitos han constituido el énfasis de las acciones gubernamentales dirigidas a jóvenes, sumado a otros de menor impacto y envergadura, como los programas de jóvenes del FOSIS, del Servicio Nacional de Menores (sename), entre otros.

Podemos, desde esta perspectiva crítica a las políticas de juventud, sostener que el segundo gobierno de la Concertación, ha puesto un fuerte énfasis en las políticas de integración social clásica: educación y trabajo. De modo que otras perspectivas de vida juvenil quedan relegadas a un segundo plano, abandonando una idea de integralidad que la política de juventud debe poseer (Cortés, 1994).

Se mantuvo, en este período, una mirada fragmentada de las políticas dirigidas hacia los y las jóvenes. A la juventud se la tematizó y sectorializó en diversos programas los que reunidos en el PROJOVEN considera siete áreas de preocupación y cuarenta y cuatro programas dirigidos a jóvenes. Esto revela la dificultad para concebir la intervención en juventud como una política social juvenil, que supere la fase agregativa, y pase a una visión constructiva de políticas en juventud; además pone de manifiesto las resistencias existentes al interior de la administración del Estado, de concebir políticas de juventud distintas a las clásicas, además de relevar el verdadero impacto y magnitud de la intervención, escasa por lo demás, de la institucionalidad en juventud creada a principios de los noventa.

La segunda mitad de la década de los noventa representa en la práctica un estancamiento y -de a momentos- un retroceso en lo poco andado en materia de política pública de juventud, en comparación a la primera mitad de la década. Ésa que estuvo marcada por los intentos de construir e implementar una política de juventud, esfuerzos que estuvieron más en el plano de posicionar «lo juvenil» en la agenda pública a través de algunos principios e instrumentos preferentemente programáticos y con una meridiana claridad en los énfasis necesarios de articular y las falencias a superar.

¿Cuáles son los factores que frenaron este esfuerzo? Varios son los elementos que dificultaron el avance en la consolidación de las políticas sociales en juventud. A modo de enunciación y entre otros factores, de diferente naturaleza, pero con consecuencias más o menos similares, encontramos: la escasa preocupación del tema juvenil como política pública de parte del actual gobierno de la Concertación; y la crisis sufrida por el Instituto Nacional de la Juventud (INJ) durante 1997, lo que fuera de poner en abierto cuestionamiento a este servicio público, restó credibilidad pública al servicio en cuestión, como a la necesidad de un quehacer centrado en el sector juvenil. Situación que repercutió negativamente al interior de la administración del Estado y sus diversas reparticiones, y también en el ámbito de los municipios, más específicamente, en las Oficinas Municipales de Juventud (OMJ), así como en aquellas iniciativas que tenían por finalidad a jóvenes: estudios, programas de trabajo, instituciones, etc., que procuraban realizar un accionar específicamente desde y hacia «lo juvenil».

También encontramos otro tipo de dificultades, menos estructurales quizás, pero que de igual modo han repercutido negativamente en el desempeño de acciones dirigidas hacia jóvenes. Una de ellas está constituida por el llamado «enfoque sicosocial» para entender y reflexionar el mundo juvenil. En éste la mirada predominante sobre la juventud ha sido bajo la interpretación de «daño» o de «sufrimiento sicológico» y en consecuencia una parte de los esfuerzos públicos ha estado dirigida a restituir esa personalidad dañada: paradigmáticas han sido en este contexto las políticas dirigidas al combate al uso de drogas y en menor medida a las de sexualidad en las que se hace referencia a un o una joven sin poder ni autonomía sobre los procesos y sucesos de vida que lleva. Este enfoque en su aplicación específica ha tendido a obviar las potencialidades de los y las jóvenes, las que se encuentran -desde esta óptica- subsumidas por la carencia y sin posibilidades de restituirse, debido a la existencia de esta personalidad dañada o sufriente, sin contar con ayuda especializada.[1]

Siempre en esta mirada crítica respecto a la implementación de acciones y políticas en al ámbito de jóvenes, podemos constatar la existencia bastante extendida de una suerte de confusión entre intervención social y gestión de recursos. En ella, permanentemente se homologan las funciones asignadas a la intervención social con la de agenciador o gestionador de recursos. En esta mirada no se discute sobre el tipo de intervención, las necesidades o requerimientos juveniles, sobre el diagnóstico de juventud, sino sobre los recursos disponibles o el tipo de proyecto que puede ser objeto de financiación. En este contexto una parte de los sujetos juveniles se ha funcionalizado en torno a este mismo discurso y práctica.

Otro elemento crítico, ha radicado en que la política pública dirigida a jóvenes populares ha estado signada fuertemente por la necesidad de control social sobre estos sujetos. Así la oferta gubernamental ha buscado, sin grandes éxitos en esta materia, generar sujetos dóciles y empleables. Es decir, se ha tendido a generar las condiciones para que estos jóvenes puedan insertarse en el mundo del trabajo y en menor medida a la educación, como funcionales a dichos sistemas. De ahí que en los procesos de formación y capacitación se busque más a un trabajador pasivo, con poca iniciativa, ignorante de sus mínimos derechos laborales, es decir, empleable, gracias a su baja conflictividad, lo que contrarresta en parte, con la disposición de estos sujetos juveniles a no dejarse pasar a llevar, aun a costa de permanecer largo tiempo desempleados.

III. Algunas definiciones de política de juventud

En un intento por acceder a una mirada más comprensiva de lo que es política social de juventud, presentamos algunas definiciones, que desde distintos puntos de partida y análisis nos pueden ayudar en esta tarea. Para ello recurriremos a autores que desde distintas experiencias y perspectivas aportan lo suyo respecto a dichas temáticas juveniles.

Según Balardini, desde una óptica operativa plantea que «política de juventud es toda acción que se oriente tanto al logro y realización de valores y objetivos sociales referidos al período vital juvenil, como así también, aquellas acciones orientadas a influir en los procesos de socialización involucrados. Trátese tanto de políticas reparatorias o compensatorias, como de promoción y orientadas al desarrollo y/o construcción de ciudadanía» (Balardini, 1999a:25-6).

En otro lugar de su reflexión afirma, esta vez en clave participativa, que «la política de juventud trata de ir generando las condiciones en las cuales los jóvenes puedan realizarse en cuanto tales y, al mismo tiempo, participar en la configuración de la sociedad en la que viven» (Balardini, 1999a:26).

A su vez Cortés (1994), siendo esos momentos subdirector del Instituto Nacional de la Juventud, hace algunas apuestas respecto al rol que debiera cumplir una política de juventud. La que para cumplir cabalmente con su cometido debe al menos hacerse cargo de dos desafíos centrales: a) por una parte se trata de ofrecer oportunidades y brindar recursos para que los jóvenes puedan prepararse para enfrentar la vida adulta en el aprendizaje de roles que luego les tocará asumir; y, b) debe orientarse hacia la satisfacción de necesidades de conformación e integración de la personalidad, alcanzando el joven con ello, una clara y reconocible identidad social. Ambas dimensiones de una política de juventud se encuentran indisolublemente unidas y no puede subvalorarse ninguna de ellas.

Ya que una política social juvenil centrada, exclusivamente, en el primer polo, en términos efectivos, hace desaparecer del horizonte de sus preocupaciones al joven en su momento actual de vida, concibiéndolo como un mero proyecto por hacer. Una política que acentúa únicamente la dimensión del tiempo libre, tiene escasa gravitación en las oportunidades de vida y, particularmente, en la redistribución de esas oportunidades de una situación social de mayor equidad (Cortés, 1994). Desde esta óptica, es imprescindible entender la política de juventud como un todo integrado, que busca servir al conjunto de intereses y necesidades juveniles, tanto las del presente, como aquellas orientadas hacia el futuro.

Por su parte Touraine, sociólogo de gran influencia en el medio latinoamericano y chileno, expresa que «el principal objetivo de una política de la juventud es incrementar en los jóvenes la capacidad de comportarse como actores sociales, o sea de modificar su entorno social para realizar proyectos personales» (Touraine, 1998:78-9); reafirmando que el objetivo principal de la política de juventud, ha de ser «el fortalecimiento del espíritu de ciudadanía, que comprende a la vez la confianza en las instituciones y la conciencia de poder hacer escuchar su voz en ellas» (Touraine, 1998:87). Ello implica, siempre desde el enfoque de Touraine, que los jóvenes tienen las posibilidades reales de hacerse escuchar y que además tiene, esa voz, repercusiones no sólo a nivel discursivo, sino también de un modo tangible, factible de ser medido, la que en este contexto además, representa una confirmación del ejercicio real de ciudadanía por parte de los y las jóvenes. Actoría social y ciudadanía, dos elementos que se conjugan en la perspectiva de Touraine, como posible y deseables, para hacer de las juventudes protagonistas de su devenir.

Bango (1996) sostiene que las políticas de juventud deben considerar al menos tres grandes elementos. i) Los jóvenes deben ser considerados como actores estratégicos de los procesos de desarrollo que encaran nuestros países. Para Bango los jóvenes son y deben ser considerados en cuanto tales, como una reserva importante de capital humano, no tan solo en un sentido clásico, desde la mirada latinoamericana, que los percibe como el ejército de reserva, como mano de obra barata, sino reconocer en ellos una reserva de capital humano fundamental a la hora de plantearse un desarrollo sostenible, y que por tanto deben ser tratados como tal. ii) Las políticas deben entenderse no sólo como la implementación de servicios y de satisfactores básicos de la población juvenil de nuestros países, sino que también dicha política de juventud debe contribuir por medio de la provisión de determinados servicios, a la construcción de un proyecto de vida de los jóvenes. Es decir, no sólo definiciones para el futuro, sino que además deben existir consideraciones y aportes explícitos a las vivencias cotidianas de los y las jóvenes, en un sentido similar a lo que sostiene Cortés en párrafos precedentes. iii) Finalmente, en la mirada de Bango, existe un componente estratégico clave en este contexto y que tiene relación con la imprescindible participación protagónica de los jóvenes a todos los niveles, y en todas las instancias de trabajo al respecto. Diversas razones fundamentan esta perspectiva, aquí interesa destacar dos tipos básicos: la participación como una herramienta para el desarrollo de planes y programas, y la participación como un ejercicio que prepare más y mejor a los jóvenes para la asunción de roles adultos, especialmente en términos ocupacionales y del ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos. Ejercicio que debería ser progresivo y permanente en el tiempo.

IV. Una definición instrumental

Nosotros como CIDPA, y desde nuestra particular percepción de las necesidades y procesos juveniles, postulamos una política de juventud que tenga como horizonte posible a sujetos integrales y propositivos y que, desde ese accionar se atiendan necesidades y dimensiones de sus vidas personales y colectivas.

Integralidad: que en este contexto implica, atender a las variadas interrogantes y necesidades que los y las jóvenes expresan: necesidades materiales, simbólicas, culturales, de pertenencia, de proyectos de vida azarosos o inconclusos, de trabajo, de afecto, de relacionamientos. Desde esta perspectiva de política de juventud, la respuesta posible no es a través de una separación en múltiples programas y proyectos, sino con instancias que a partir de justificaciones de carácter parcial -como por ejemplo, necesidades culturales- pueda dar inicio a una relación de acompañamiento que posea varias expresiones, según sean los requerimientos. En esta idea de integralidad, creemos es fundamental, considerar que no importan los motivos por los cuales los y las jóvenes se acerquen a las diferentes instancias de trabajo juvenil, lo fundamental es que se cree la relación a fin, desde ahí, iniciar un proceso de acompañamiento y entendimiento, entre jóvenes e implementadores de políticas de juventud. Por ejemplo, de aquellos jóvenes que se acercan a las Oficinas Municipales de Información Laboral (omil), de ellas, se les envíe a las OMJ, para incorporarlos quizás a otros proyectos vinculados al tema del empleo, como pueden ser cursos de capacitación o bolsas de trabajo.

Positivas: ya que postulamos una atención centrada en los elementos positivos de los jóvenes de la comuna, asumiendo la diversidad de situaciones y realidades que ellos enfrentan y siendo conscientes del tipo de discurso que sobre los y las jóvenes difunde el personal de la OMJ. Es preciso que desde la OMJ se sostenga un discurso coherente entre sí, y sobre todo, evitando utilizar recursos discursivos descalificatorios de las conductas y necesidades juveniles. Ocurre con demasiada frecuencia, que quienes laboran en el ámbito de lo juvenil, cada vez que se refieren a los y las jóvenes, enumeran sólo sus deficiencias y problemas, entregando una visión, inconsciente muchas veces e involuntaria, que sobre la materia no hay nada que hacer.

Propositivas: reconociendo en las diversas propuestas de acciones, organizativas, interés, etc.; los elementos potenciadores que ellas tienen, como expresión de sus propias formas y modelos de intervención en sus espacios locales, y por sobre todo de las capacidades que poseen los propios jóvenes en sus diversos espacios y realidades.

Locales: en los espacios local/territorial puede concretizarse y visualizarse de manera cotidiana y cercana una política de juventud de carácter integral e integrada (no sectorial), por la cercanía entre sujetos juveniles e instancias públicas. Es el lugar donde el sujeto juvenil puede concretizarse y ejercer su calidad de ciudadano. Es el espacio, el lugar donde ejercer la ciudadanía a «escala humana».

V. Elementos de una política local de juventud

Dejando aquellos aspectos más teóricos en los que hasta el momento me he referido, quisiera entrar en algunas reflexiones sobre cuestiones más concretas de la política local de juventud y para ello me referiré en primer término, en una mirada general y amplia sobre las Oficinas Municipales de Juventud.

1. Diagnóstico de las omjs

Con el inicio de la década de los noventa, y en el contexto del proceso de redemocratización del país, y su expresión en el espacio comunal a través de la elección de los representantes comunales, surgió durante 1993 de parte del entonces Instituto Nacional de la Juventud, el Programa Democratización Local, a partir del cual se comienzan a crear las Oficinas Municipales de Juventud, teniendo como misión y objetivo el diseño, implementación y coordinación de lo que podría denominarse ciertas políticas locales de juventud en espacio comunal, y teniendo como ubicación institucional el municipio de la comuna (cf. Valls, 1999:4-7).

Ese proceso puede concebirse como la génesis de las OMJ, impulsadas e incentivadas por el INJ debiendo asumir los municipios como contrapartes de éste y con el compromiso del apoyo y fomento para la instalación y consolidación de estas expresiones orgánicas institucionales de nivel comunal.

Desde esta mirada global que intentamos presentar destaca el que -a nuestro juicio- las omjs adolecen de una serie de dificultades, entre las que sobresalen:

  • Debilidad estructural de las omjs. Que se traduce en toda suerte de limitaciones, desde la infraestructura con que cuentan, hasta cuestiones de presupuesto, remuneraciones del personal, calidad de su interlocución con otros actores municipales, etc.
  • Falta de reconocimiento por parte del municipio, tanto a la labor que éstas desarrollan, como al tema juvenil propiamente tal.
  • Deficiencias en la calificación de sus integrantes.
  • Baja interlocución e inserción con actores juveniles locales.
  • Escaso presupuesto, incluso comparado con otros gastos sociales municipales (tercera edad, deportes).
  • Iniciativas principalmente enmarcadas en tiempo libre. La mayoría de las oficinas no ha logrado traspasar ese eje hacia cuestiones más programáticas, de mediano plazo.

En cuanto a los elementos positivos a rescatar en esta mirada general, vemos difícil que pueda consolidarse un diseño, modelo y estrategias de intervención en torno a políticas públicas de juventud, sino se consideran como instancias fundamentales a las omj.

Otro elemento potenciador del quehacer desde las omjs, lo constituye el perfil con que se presenta actualmente el INJUV, el organismo público dedicado a estos quehaceres, quienes por diversas razones han tomado una opción respecto a tareas e intervenciones directas, a través de planes y programas con jóvenes que, los llevan a alejarse de éstos y privilegiar una intervención centrada y dirigida hacia el interior del Estado, por tanto, en el corto y mediano plazo, no habrá política local de juventud, impulsada centralmente, salvo la que pueda ser sustentada e implementada desde los diferentes municipios, por lo que se abre un desafío y también una oportunidad para estas Oficinas.

2. Tensiones de la política local de juventud

En el ámbito de las tensiones que podemos verificar como presentes entre las Oficinas Municipales de Juventud y sus intervenciones en el mundo de lo público juvenil, destacan entre otras.

a) Beneficiarios v/s actores o participante o protagonista

La política social chilena, entendió por mucho tiempo, que quienes se beneficiaban de algunos de los servicios, prestaciones o asistencia de la red de apoyo social, se constituían en un beneficiario. Pero no es ésta sólo una denominación conceptual, sino que también una construcción relacional, generalmente centrado en el «atender», «asistir», en el «entregar» para quien tiene el poder de decidir quiénes son los que se benefician. Y de «recepcionar», de «recibir» para quien tiene la necesidad del beneficio. Es ésta una relación que -generalmente- ha sido bloqueadora del diálogo, de la conversación, sobre otros aspectos que no sean la entrega y recepción del beneficio.

Hoy en día, a propósito de las definiciones que subyacen a la política social, se busca cambiar este eje de asistencia por uno que se direccione en la lógica de lo que suele llamarse protagonista o participante, para el caso de los jóvenes. Pero obviamente, los cambios son procesos que no devienen por definiciones más o definiciones menos, sino por construcciones y por generación de sistemas que propicien mayores niveles de participación para poder adquirir el rol de protagonista.

b) Lo individual v/s lo colectivo

Esta dualidad individual/colectivo, ha pasado a constituir una fuen­te importante del trabajo social con jóvenes, pues significa en el contexto de la intervención, dos aspectos diversos de la misma unidad que son las personas. En dos palabras: lo colectivo significa dotar de herramientas, elementos de juicio, de experiencias de vida colec­tiva que permitan enfrentar a cada persona su realidad, su vida, con elementos sacados de las experiencias de otros y también de las propias.

c) Un modelo de gestión v/s un modelo de intervención

La gestión implica administrar unos recursos que no son propios y cumplir con los requerimientos mínimos que exige quien proporciona los recursos. Y la intervención dice relación con hacerse parte de un proceso en el cual se tiene y dispone de la capacidad de hacer que las «cosas» sucedan como deben ser.

La tensión que se manifiesta, es que los programas de intervención son entendidos como modelos de gestión. Donde permanentemente se homologa las funciones asignadas en la dimensión de gestionador, con sus funciones asociadas a la intervención social. Esta mirada ha tenido especial impacto en el modo de entender la intervención, que del quehacer se ha visto constreñida al solo espacio de la discusión en el tema de los recursos. Es por muchos conocida la permanente disputa en los grupos juveniles sobre el destino de los recursos, antes que sobre el quehacer. Se ha caído en la paradoja en que poco importa lo que se hace, en tanto los recursos se gasten en los plazos y montos especificados.

d) Necesidades v/s recursos

La escasez de recursos aparece como una realidad de alta sensibilidad, que expresa la condición determinante en el devenir de los programas sociales y sus acciones.

 Esta situación de precariedad de los recursos es real y objetiva, la cual impide la satisfacción de las necesidades presentes y redunda en una oferta de baja calidad y cantidad. Sin embargo, producto de aquello, se ha construido un discurso tendiente a legitimar (a partir de la carencia) el quehacer y la participación. Este discurso se ha convertido en legitimante de las deficiencias, limitantes y condicionantes de muchísimos programas sociales.

e) Participación v/s organización juvenil

En primer lugar, no existe una sola forma de participar en el sistema social. Y segundo, el tema de la participación en general o de la participación ciudadana, no debería comprender sólo a los jóvenes organizados en el sentido tradicional de su concepto y experiencia, sino que también a los jóvenes de manera individual y a las iniciativas que se plantean con carácter transitorio. De allí, que identificamos -a lo menos- cuatro modalidades de entender la participación juvenil, necesarias de tener en cuenta y de fomentar desde distintos ámbitos del quehacer social.

Acción colectiva. Está asociado al «hacer» y es una modalidad que presente principalmente en el mundo juvenil. No tienen estructuras de funcionamiento formal, sólo la necesaria para llevar a efecto las actividades o tareas que el colectivo se propone. Son espacios que no buscan permanecer en el tiempo y sus objetivos pueden ir cambiando sin afectar al colectivo. No tiene como misión el representar a otros o reivindicar derechos o necesidades en nombre de otros.

Organización social juvenil. Corresponde a un conjunto de personas que por motivaciones, intereses y necesidades similares, se unen para obtener objetivos, metas y fines en un período determinado. Generalmente, ha estado asociado a un espacio de participación permanente y con estructuras formales de funcionamiento. Su énfasis está puesto en representar no sólo a las personas que participan en la organización, sino que también, a un conjunto de personas que puede tener intereses similares.

Participación en canales de integración social. Corresponde a lo que comúnmente se ha asociado al término de oportunidad social. Es decir, va unido a una concepción que se relaciona con la política social que establecen los organismos gubernamentales, en función de aquellas personas (a nivel individual o colectivo) que se encuentran con menos ventajas de integración social puedan participar de los beneficios que el Estado ofrece. Ejemplo de esto es el programa de capacitación laboral juvenil y otros similares.

Asociacionismo juvenil. Está vinculado al establecimiento de una cierta legalidad que establece normas que estimulan la creación y desarrollo de organizaciones juveniles, respaldando su pro­moción a través de la entrega de un financiamiento que permita el fortalecimiento y concreción de los fines de ella. Su énfasis está orientado a salvaguardar la representación del segmento juvenil en el sistema político y social.

f) Funcionarios municipales v/s militantes juveniles

Otro aspecto de la relación OMJ-municipio, es que éstas tienen por su naturaleza un doble movimiento que las tensiona: i) son las encargadas de proponer y llevar el tema juvenil al interior de la estructura municipal; y, ii) son quienes llevan las propuestas desde el municipio -del que la OMJ forma parte- a los jóvenes de la comuna. En lo que concierne al primer elemento, algunas consideraciones.

La Oficina Municipal de Juventud, debe tener presencia en la administración municipal, de modo que las diferentes ofertas o estrategias que el municipio pueda contemplar en materia de jóvenes, cuente con la voz y opinión del director de la OMJ. Es el sentido de experto en juventud comunal.

Debe contribuir a una coordinación entre las diversas acciones e iniciativas que desde el municipio se dirigen a jóvenes y que parten de diversos departamentos, oficinas, reparticiones. Es imprescindible la coordinación e información entre los distintos niveles de la administración.

La de exigir (hasta donde sea posible) que los departamentos o reparticiones, introduzcan en sus planificaciones una cierta óptica que tenga en cuenta a los jóvenes.

g) Acciones en presente v/s responsabilidad futura

La Oficina Municipal de Juventud con su accionar, sus objetivos, sus modos de relacionamiento y de trabajo con los sujetos jóvenes, sus estilos de hacer las cosas, de las responsabilidades institucionales y personales que en ella se activan, representan en muchos casos la primera aproximación de los y las jóvenes a la institucionalidad municipal y en menor grado, una identificación con lo estatal. Por lo que las acciones de la Oficina y sus miembros, representan en estos casos, un lugar de práctica y también de observación por parte de los usuarios/socios, del modo de ser y hacer de «lo público». Es por ello una responsabilidad mayúscula, la impresión y la opinión que los y las jóvenes se formen, no sólo de la Oficina, sino que por extensión, del funcionamiento de la municipalidad y de las autoridades de la comuna. Pues no debemos perder de vista que el trabajo que emprenden las Oficinas, constituyen instrumentos idóneos para facilitar el aprendizaje social y la autoorganización de los y las jóvenes. Así como un punto de observación desde el que los y las jóvenes «filtran» los mensajes de las instituciones estatales.

VI. Plan comunal de desarrollo juvenil

Desde nuestra perspectiva hemos constatado que en general no existen planes de desarrollo juvenil, al interior de las diferentes Oficinas Municipales de Juventud. Lo que existe son prácticas aisladas, algunas que incluso duplican esfuerzos por parte de los diferentes estamentos municipales, dirigidos a los mismos beneficiarios. Y en ese contexto nosotros creemos que un Plan Comunal de Juventud, un Plan Maestro, o como se le quiera llamar, debería ser un instrumento de planificación, regulación, coordinación de esfuerzos, tanto públicos como privados.

De ahí que la existencia de un Plan Comunal de Desarrollo Juvenil, en cuyo diseño se han de involucrar no tan sólo los miembros de la OMJ, sino que otros actores de la comunidad, entre los que deben contarse los propios jóvenes y actores juveniles, así como miembros de organismos municipales y de otras procedencias (organismos privados que trabajan con jóvenes, reparticiones estatales); permitirá fijar y establecer prioridades y mecanismos que faciliten la programación, ejecución, financiación y evaluación de acciones y estrategias de mediano y largo plazo, en cuyo emprendimiento ocupa un lugar especial la OMJ. Contar con este instrumento, puede contribuir a la difusión y esclarecimiento del rol que la Oficina debe cumplir, fijar las metas y los plazos para cumplir con los objetivos trazados y finalmente impactar positivamente en las vidas de jóvenes que esperan acciones que les permitan mejorar sus inserciones en el mundo social.

Para que ello ocurra, creemos que es deber y labor de la OMJ, iniciar pasos (aquellas que no cuentan con este instrumento) tendientes a elaborar este denominado Plan Comunal de Desarrollo Juvenil. Sin pretender agotar ni reemplazar las necesarias adaptaciones y precisiones, creemos que este Plan debe contar, entre otros, con los siguientes elementos.

a) Optimizar las intervenciones

Una orientación que debe estar presente en este Plan, es que se busca optimizar las intervenciones institucionales, gubernamentales y no gubernamentales dirigidas a los jóvenes, especialmente aquellas que privilegian el espacio local/territorial.

El Plan de Desarrollo Comunal de Juventud, significa hacer esfuerzos por integrar las acciones que provienen de distintas fuentes, teniendo en cuenta la integralidad de los sujetos juveniles. Para ello, es de primera línea integrar y coordinar enfoques, líneas de intervención, recursos, planes y programas destinados a jóvenes, que circundan por el territorio de la comuna, sean éstos aportes municipales, de organismos públicos y privados, de los propios jóvenes y sus organizaciones o colectivos juveniles. En este contexto, podemos pensar en relacionarse y coordinarse con otras instancias comunales o servicios que tienen vinculaciones posibles con jóvenes en perspectivas de su labor. Por ejemplo: Oficinas Comunales de la Mujer, Dirección General de Deportes y Recreación (digeder), Oficina de Drogas, minsal o Consultorios, equipos sicosociales, entre otros.

b) Potenciar las capacidades

El Plan busca potenciar las capacidades de los y las jóvenes, aun aquellas que impliquen una demanda organizada y colectiva frente a las autoridades comunales o de sus servicios. No debemos perder de vista que no se trata sólo de administrar los recursos existentes o de constatar su inexistencia, un Plan Comunal de Desarrollo Juvenil, supone que los y las jóvenes podrán expresar sus demandas y necesidades y requerir respuestas concretas de las autoridades. De lo que se trata, es que las autoridades comunales y de servicios, tengan una actitud de responsabilidad social para con los y las jóvenes, lo que lleva a considerarlos como parte de las necesidades y requerimientos que existen en la comuna, no sólo como depositarios del discurso futurista, que les habla a los jóvenes que son el futuro del país, pero nunca el presente.

c) Lo juvenil es colectivo

Cambiar la relación, vecino-funcionario, característica del funcionamiento de las estructuras municipales, por una de organización, colectivo o grupo juvenil y OMJ y/o municipio. Esto es que desde la perspectiva de los y las jóvenes, normalmente sus relaciones son a título grupal, es decir, «lo juvenil es colectivo». Por tanto, una de las principales dimensiones a abordar desde las OMJ es el componente colectivo. Sobre todo si consideramos que las necesidades y requerimientos juveniles, aunque se trata de aspectos individuales, casi siempre es posible darle una dimensión colectiva a esa necesidad; Por lo que también las iniciativas propuestas deben intencionar y privilegiar el trabajo de colectivos y grupos juveniles, pero no olvidando aquellos aspectos que se relacionan con las vivencias personales. Por ejemplo: información sobre oportunidad juveniles, apoyo personal, atención sicosocial.

d) Participación y diálogo con los jóvenes

La participación y el diálogo con los jóvenes, constituye un aspecto fundamental a la hora de pensar y reflexionar sobre acciones y programas desde las Oficinas. Se requiere contar, en cualquier ámbito de diseño, programación y ejecución de iniciativas, con la opinión y la sensibilidad juvenil. Para que ello sea posible, es requerimiento que se elaboren acciones tendientes a lograr esos objetivos; siendo posible pensar en consultas juveniles locales (barrios, poblaciones, sectores) o comunales. En este mismo sentido se puede utilizar la red de establecimientos educacionales existentes en la comuna. Los grupos juveniles territoriales también resultan una excelente fuente de información en estas áreas. Indagar en aquellos jóvenes que son más cercanos a las propias OMJ: lo esencial es conocer y escuchar a los y las jóvenes de la comuna para desarrollar intervenciones que a ellos y ellas les puedan resultar con mayor sentido.

e) Preocupación preferente por los más marginados

Los y las jóvenes que deben preocuparnos principalmente, dado el contexto de políticas públicas de juventud, son aquellos más marginados, que viven en los sectores más alejados de la integración social clásica. Los jóvenes de clase media, son en general los preferidos a la hora de interlocutar con ellos, pues a su vez son los más disciplinados, cuentan con redes de apoyo, sus principales preocupaciones son de tiempo libre y de identidad (cf. Municipalidad de Santiago, 1999 y Municipalidad de Providencia, 1999). Tienen hasta cierto punto resuelto parte del tema integración: estudian, o trabajan los más adultos. Evitar estos facilismos, ayuda sobre todo al momento de tener en cuenta los niveles de interlocución y posible involucramiento de los y las jóvenes, pues a veces, los diseños corresponden a otro tipo de sujetos que han «influido» en la mirada y hacia quienes a veces no están dirigidas las acciones.

f) Revalorización del diagnóstico

Es preciso contar con un diagnóstico del número y tipo de intervenciones, de los destinatarios, las coberturas y plazos de intervención, a nivel de jóvenes y adolescentes que se ejecuten en la comuna. Además de conocer -en lo posible- directamente a los ejecutores, lugares de inserción, las orientaciones de su política, rasgos de su perfil institucional, recursos humanos con que cuentan, diagnóstico sobre jóvenes que manejan. Todos estos elementos ayudarán al momento de plantearse una intervención integral, sobre todo si uno de los grandes ejes del Plan es llegar a integrar una política comunal de jóvenes, que pretende -por lo menos- conocimiento de las diversas intervenciones y sus ejecutores, sean éstos públicos o privados. Conocimiento que además facilitará, a la luz de nuestras propias políticas de juventud, posibles relacionamientos e intervenciones conjuntas.

 Pues hay numerosas instituciones que realizan trabajos juveniles al alero de financiamientos estatales, por tanto, es posible relacionarse con ellas, puesto que normalmente sus intervenciones son de corto plazo, siendo posible generar los medios para que esas intervenciones no constituyan irrupciones aisladas y descontextualizadas en el ámbito juvenil. Es demasiado frecuente, que ejecutores externos realizan intervenciones en ciertas localidades, por ejemplo en el marco de los proyectos FOSIS, y el encargado de la OMJ, jamás se enteró de ello. Nosotros creemos que las OMJ se pueden beneficiar enormemente de estos trabajos iniciados por otros, y que desde una óptica de cooperación, pueden ser traspasados y apoyados por ellas. Ya que es la OMJ, la que permanece en el territorio, mientras que las intervenciones externas, son normalmente por un tiempo acotado y específico. Por otra parte, manejar este diagnóstico sobre jóvenes de la comuna, implica como tarea permanente la reflexión y puesta en concordancia con las variaciones comunales y espaciales de jóvenes, su cultura y desafíos concretos, dificultades y expectativas, inclusive a nivel barrial y sectorial o de intereses.

g) Habilitación de ciertos servicios

Un Plan debiera considerar la habilitación e implementación de servicios y programas que tiendan a elevar la calidad de vida de los y las jóvenes de la comuna, en sus aspectos materiales, así como simbólicos y culturales. Quizás algunos de esos servicios puedan ser: i) informar a los jóvenes estudiantes de la comuna de la oferta completa de organismos públicos y privados disponibles para ellos, de acuerdo a sus distintas situaciones. Esta información debería entregarse tanto a nivel de jóvenes individuales, como por medio de campañas de información dirigidas a colegios y liceos, y jóvenes adscritos a colectivos juveniles; ii) promover junto a las Corporaciones o Departamentos de Educación u otras oficinas o reparticiones existentes (sernam, sence, fosis, sename), la realización de talleres y encuentros de dirigentes estudiantiles, de liceos municipalizados y/o particulares subvencionados, de dirigentes poblacionales, entre otros; iii) recepcionar e interceder, frente a quejas y dificultades a nivel de servicios públicos comunales o centrales, en atención a jóvenes, como consultorios, liceos, omil u otros, con énfasis en los derechos de los y las jóvenes; iv) manejar información y materiales disponibles sobre materias de juventud desde las oficinas de los INJUV regionales.

VII. Institucionalidad en juventud

Finalmente y para cerrar esta presentación, quisiera referirme al hecho de la existencia de una política pública de juventud sin una necesaria institucionalidad pública en materia de juventud, no es algo sustentable en el tiempo (Contreras, 1999:137). La institucionalidad es quien puede aportar las bases de permanencia y continuidad de determinadas políticas públicas.

Avanzar en la definición de una política pública de juventud, debe hacerse desde alguna instancia institucional con responsabilidad para ello, en un sentido abarcativo e integral, capaz de superar las visiones parciales y sectorializadas (como suele llamarse al interior del Estado), para propender a una visión global, integral e intersectorial de la dimensión juvenil; lo que hace la diferencia de pasar de lo programático exclusivamente al nivel de las políticas.

Cortés señala que «El fortalecimiento y la expansión de la política social juvenil depende en gran medida del mejoramiento de la institucionalidad estatal y pública existente en el ámbito de la política social» (Cortés, 1994:166); indicando para ello algunos puntos necesarios de tener en cuenta, que pueden sintetizarse en: i) la necesidad de generar una autoridad social que pueda ordenar el gasto social y oriente las acciones de las instituciones y servicios en materia de juventud; ii) que la misma autoridad social, para que tenga efectividad, pueda disponer de un presupuesto global destinado a la política social juvenil; iii) la constitución de una red de entidades diseñadoras, ejecutoras y evaluadoras de políticas sociales de juventud; y, iv) como requisito de lo anterior, debe hacerse un ajuste organizacional del Instituto Nacional de la Juventud, el que pase por diferentes planos: una mayor densidad profesional y técnica, contar con recursos financieros para establecer fondos de contraparte principalmente en lo local, fortalecer la capacidad de comunicación efectiva sobre el tema juvenil y la de interlocución con actores sociales y juveniles (Cortés, 1994:166-8).

Pareciera que lo juvenil ha tenido un trato poco privilegiado entre las esferas del gobierno y ha tenido pocos propiciadores de una mirada de mediano y largo plazo, por sobre las coyunturas políticas más contingentes.

Los incentivos para la especialización en materias de juventud no han sido sostenidos, debido en buena medida a lo inestable y discontinuo de la política de juventud, lo que no permite considerarlo como un ámbito de reflexión y acción con perspectiva de mediano y largo plazo.

a) Apoyo municipal sistemático al trabajo con jóvenes

Es necesario que las OMJ puedan adquirir un rango al interior de sus respectivos municipios, que las consolide como organismos técnico-operativo, capaces de diseñar, implementar, evaluar intervenciones de mediano y largo plazo en temáticas y necesidades juveniles. Para que ello pueda ocurrir, se necesita que estas Oficinas constituyan al interior de la estructura municipal, lazos y relaciones que las consoliden técnicamente como organismos especializados, y también en términos políticos, que les permitan superar la barrera de los tiempos y ritmos de las autoridades comunales. A nivel de interrogante: ¿sería posible levantar como reivindicación gremial del conjunto de las OMJ, en orden a negociar que el 1% del presupuesto municipal se destinara a materias de juventud, siendo canalizado a través de las mismas OMJ?

b) La profesionalización del personal de las OMJ

Para que el trabajo con y para jóvenes prenda como algo sistemático, permanente, con proyecciones, se requiere que quienes laboran con ellos adquieran profesionalización en lo que realizan. Nosotros abogamos por una experticia que debe ser reconocida y legitimada al interior de las Oficinas y el municipio. Invertir en jóvenes también implica hacerlo en quienes puedan realizar de mejor modo esa labor.

Monitores, encargados de Oficinas, personal de terreno, personal de apoyo, profesionales, requieren y es requisito de esta mirada de largo plazo, que sean «expertos» en lo que hacen, aun sin que ello signifique grados o títulos académicos o profesionales. El trabajo con jóvenes se debe cualificar, en sus distintos niveles y planos. Asumir esta labor como un trabajo, con responsabilidades, rutinas y creaciones, es una necesidad imperiosa por todos quienes laboran con y para los jóvenes, sean éstos de OMJ, de organismos públicos o privados. En ello radica una diferencia, que los propios jóvenes rápidamente captan, y que en perspectiva de largo plazo, pueda finalmente inclinar la balanza hacia una intervención profesional.

c) Políticas locales de juventud

Es importante que se reconozca la dimensión y la necesidad que existe de intervenciones en juventud que respondan a un sentido de globalidad, de un quehacer coordinado y planificado desde las autoridades locales y comunales. Es decir, de incursionar y entender que las diversas acciones, tareas y actividades que se realizan a nombre de la OMJ, responden a una política social comunal de juventud. Por tanto, los sentidos que ella tiene, los productos que busca establecer, corresponden en último término a la voluntad política y social de las autoridades comunales. En este ámbito, la OMJ deberá jugar un doble rol: en función de acercar las ofertas y recursos comunales hacia el segmento joven; y el de relevar el tema juvenil, priorizarlo y gestionarlo ante las autoridades, a fin de convencerlas y ganarlas en función de que sus opciones y gestiones de recursos y prioridades hacia la población de la comuna, también incluya a los jóvenes.

d) La institucionalidad juvenil y el rol del injuv

Se hace necesario y urgente que exista al interior de los municipios una estructura que -con diversas denominaciones y contenidos- dé cuenta del tema juvenil. Ello porque los temas de juventud han adolecido de un respaldo institucional de mediano o largo plazo. En este sentido, también creemos que es rol de la institucionalidad estatal encargada de estos asuntos, asumir una actitud de mayor presencia y acercamiento a las diversas instancias comunales y regionales de juventud.

e) La perspectiva de género

Se ha dicho que los grandes ausentes en la política social juvenil han sido las mujeres jóvenes y los jóvenes rurales (Contreras, 1999:138); y la oferta pública juvenil posee el carácter de ser masculina y urbana. La perspectiva de género, o más preciso, el género femenino juvenil, ha estado ausente, tanto en los quehaceres específicos, como en las reflexiones sobre el ámbito juvenil (cf. Dávila y Oyarzún, 1997:115-123).

f) Los derechos juveniles

Los derechos juveniles es un área de intervención que normalmente no se aborda desde las OMJ. Ésta es una dimensión estratégica de la intervención con jóvenes, en la actualidad no hay ninguna institución u oficina, que asuma la defensa de los derechos juveniles. Las OMJ tienen una inmejorable posición para intervenir en este ámbito. Son parte del poder local, tienen la posibilidad de intervenir en relación con los diversos cuerpos comunales, carabineros, educación, salud. Todos ellos tienen expresión concreta y pública en cada comuna, y por tratarse de institucionalidad, alguna incluso alojada dentro de los propios municipios, la interlocución podría verse facilitada; puesto que además de ventilar y darle salida al tema juvenil, esta dimensión puede tener repercusiones inmediatas en el ámbito de la comuna, pues podría incentivar a mejorar el trato que se le brinda a cada joven en los diversos servicios y reparticiones, instalando una perspectiva de sujetos-ciudadanos juveniles.

Concepción, Octubre de 1999

* Esta presentación tiene como base el documento «Políticas de juventud y su expresión en lo local», elaborado por Oscar Dávila y Juan Claudio Silva.

NOTAS

[1] Con esta crítica no queremos desconocer la existencia de problemas en cierto segmento de la población juvenil, que sí lo hay. Lo que queremos es afirmar que, no obstante lo anterior, suponer que la única política pública en juventud es y debe ser bajo este enfoque es una torpeza. Por lo demás algunos datos recogidos en un reciente estudio indican que el consumo prevalente de drogas en jóvenes estudiantes alcanza al 9,2%. Mientras que el discurso que se sustenta en relación con esta situación es abiertamente apocalíptico. Por otra parte y siempre en referencia a estas paradojas, el porcentaje de docentes que se han capacitado en temas relacionados con lo juvenil desde una perspectiva potenciadora y debeladora de sus realidades (derechos juveniles, discriminación de la mujer en la sociedad, proyectos de vida y aspiraciones de los jóvenes, ciudadanía y participación social, tolerancia y discriminación, la pobreza y los jóvenes) alcanza al 11,4 %. En tanto aquellos maestros y maestras que lo han hecho en el ámbito del consumo de drogas alcanza al 25,5%. Oyarzún et al., 2000.

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Municipalidad de Providencia (1999): www.providencia.cl.

Municipalidad de Santiago (1999): www.santiago.ciudad.cl.

Oyarzún, Astrid et al. (2000): Hombres y mujeres jóvenes en la actual política de educación: entre la cultura juvenil y la cultura escolar. Viña del Mar: Ediciones cidpa e injuv (en prensa).

Touraine, Alain (1988): «Un mundo que ha perdido su futuro». En vv.aa.: ¿Qué empleo para los jóvenes? Madrid: Tecnos/UNESCO.

Valls Barrera, Gabriela (1999): «Análisis del funcionamiento de las Oficinas Municipales de Juventud. Elaboración de tipologías». Santiago: interjoven.

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