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Revista de derecho (Valdivia)

versão On-line ISSN 0718-0950

Rev. derecho (Valdivia) vol.34 no.1 Valdivia  2021

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502021000100329 

Jurisprudencia Comentada

La procedencia de una demanda laboral con una cuantía inferior a diez ingresos mínimos mensuales mediante procedimiento de aplicación general

* Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile. Chile. Correo electrónico: migueldowney@gmail.com

Santiago, cuatro de junio de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que la abogada doña Gabriela Cisterna Orellana, en representación de don Eduardo Reina Encina, en autos sobre declaración de existencia de relación laboral, nulidad de despido y cobro de prestaciones, RIT 0-8118-2018, RUC 1840150717-1, seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, dedujo recurso de queja en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones de esta ciudad, don Alejandro Rivera Muñoz, don Guillermo de la Barra Dunner, y el abogado integrante don Eduardo Gandulfo Ramírez, porque dictaron con falta y abuso grave la resolución de dieciocho de enero del año en curso que confirmó aquella de primera instancia que no dio curso a la demanda, por estimar que, atendida la cuantía de la contienda, debe tramitarse bajo las reglas del procedimiento monitorio, no cumpliéndose con el requisito de procesabilidad contemplado en el artículo 497 del Código del Trabajo.

Explica que la materia que se sometió a conocimiento del tribunal dice relación con la declaración de existencia de una relación laboral entre el demandante y un órgano del Estado, por lo que, independiente de la cuantía de lo disputado, el procedimiento que corresponde aplicar es el de aplicación general, tanto por la complejidad de la materia, como por el hecho de que no se trata del simple cobro de un crédito de naturaleza laboral, sin que sea necesario, por tanto, haber deducido reclamo previo ante la Inspección del Trabajo, como lo refiere la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Refiere que la interpretación de la judicatura constituye un obstáculo al acceso a la justicia, dejando al demandante en la indefensión, al privarlo de un pronunciamiento de fondo sobre la relación jurídica que existió con el organismo demandado, que, a su juicio, se enmarca dentro de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del Código del Trabajo.

Solicita, en definitiva, se acoja el recurso por haberse cometido faltas o abusos graves en la dictación de la sentencia que se impugna, invalidándola, acogiendo la apelación y ordenando continuar con la tramitación del proceso.

Segundo: Que, al evacuar el informe de rigor, los recurridos señalan que no existió falta o abuso grave en su actuar, pues se limitaron a confirmar la resolución de primera instancia que, atendido lo dispuesto en el artículo 496 del Código del Trabajo y la cuantía de lo solicitado en la demanda, concluyó que debía tramitarse bajo las reglas del procedimiento monitorio, y al no dar cumplimiento al requisito de procesabilidad contemplado en el inciso primero del artículo 497 del referido estatuto, resulta improcedente su tramitación.

Tercero: Que el recurso de queja se encuentra contemplado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, que trata “De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales”, y está reglamentado en su párrafo primero que lleva el epígrafe de “Las facultades disciplinarias”.

Cuarto: Que, conforme al artículo 545 de ese cuerpo legal, el recurso de queja solamente procede cuando en la resolución que lo motiva se haya incurrido en falta o abuso constituidos por errores u omisiones, manifiestos y graves.

Esta Corte ha ido precisando, por la vía de la jurisprudencia, los casos en que se está en presencia de una falta o abuso grave. Así, ha sostenido que se configura, entre otros casos, cuando se incurre en una falsa apreciación del mérito del proceso, circunstancia que se presenta cuando se dicta una resolución judicial de manera arbitraria, por valorarse de forma errónea los antecedentes recabados en las etapas procesales respectivas (Mario Mosquera Ruiz y Cristián Maturana Miquel, Los recursos procesales, Editorial Jurídica, Santiago, año 2010, p. 387).

En este sentido es importante considerar que el concepto que introduce el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, en orden a que el recurso de queja tiene por exclusiva finalidad corregir “faltas o abusos graves” cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional, está íntimamente relacionado con el principio elaborado por la doctrina procesal de la “trascendencia”, y que, en el caso concreto, dice relación con la necesidad de que la falta o abuso tenga una influencia sustancial, esencial, trascendente en la parte dispositiva de la sentencia (Barahona Avendaño, José Miguel, El recurso de queja.

Una Interpretación Funcional, Editorial Lexis Nexis, 1998, p. 40); situación que puede configurarse, por ejemplo, cuando por un incorrecto análisis de los antecedentes del proceso y de la normativa aplicable se priva a una parte del derecho a un debido proceso o a la tutela judicial efectiva.

Quinto: Que, del estudio de los antecedentes del proceso, se advierte lo siguiente:

1.- Con fecha 29 de enero de 2018 don Eduardo Reina Encina dedujo demanda de declaración de existencia de relación laboral, nulidad de despido y cobro de prestaciones en contra de la Subsecretaría de Transportes de la Región Metropolitana, solicitando que se declare que el vínculo que los unió entre el 7 de diciembre de 2009 al 29 de mayo de 2018, fue de naturaleza laboral, condenando a la demandada al pago de las remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo, devengadas desde la fecha del despido hasta su convalidación, en los términos del artículo 162 del Código del Trabajo, ordenando enterar las cotizaciones de seguridad social adeudadas en las instituciones respectivas, junto al pago del feriado legal, equivalente a 15 días hábiles y 21 corridos, por un total de $554.132, y del proporcional por la suma de $230.888, con los reajustes e intereses legales contemplados en la legislación laboral, con costas.

En el libelo se solicita que la demanda sea tramitada de conformidad con el procedimiento de aplicación general, contemplado en los artículos 446 y siguientes del estatuto laboral.

2.- La demanda fue proveída el 30 de noviembre de 2018 en los siguientes término: “Atendido lo dispuesto en el artículo 497 del Código del Trabajo, previo a proveer, indique el demandante si concurrió a la instancia administrativa ante la inspección del trabajo y, en la afirmativa, acompañe los documentos que lo acrediten, dentro de quinto día hábil, bajo apercibimiento de resolver lo que en derecho corresponde. Sin perjuicio de lo resuelto, se tiene presente el patrocinio y poder”.

3.- En contra de dicha resolución, el actor dedujo recurso de reposición, que fue desestimado por sentencia de tres de diciembre último y, en la misma oportunidad, no se dio curso a la demanda, en los siguientes términos: “Atendido el mérito de los antecedentes, y no habiendo variado la opinión que se ha formado este tribunal con lo expresado por la demandante, no ha lugar a la reposición. Vistos: Atendida la cuantía que se cobra en este proceso, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 496 del Código del Trabajo, que prescribe que aquellas contiendas cuya cuantía sea igual o inferior a 10 ingresos mínimos mensuales, sin considerar los aumentos a que diere lugar la aplicación de los incisos quinto y séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo, se aplicará el procedimiento monitorio, señalándose, además en su artículo 497 que será necesario previo al inicio de la acción judicial que se haya deducido reclamo y celebrado el comparendo a la inspección del trabajo, requisito que no se verifica en la especie, según lo expresado por la propia demandante, se resuelve: no ha lugar a dar curso a la demanda”.

4.- Una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, la confirmó, por decisión de 18 de enero último, decisión que es objeto del presente recurso de queja.

Sexto: Que tal como esta Corte hay sostenido (en autos Roles Nº 25.177-2018 y Nº 23.043-2018, entre otros) un derecho asegurado por la Constitución Política de la República, es que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y es así como en el inciso sexto del numeral 3° de su artículo 19, confiere al legislador la misión de establecer siempre las garantías de un procedimiento previamente establecido, racional y justo. En cuanto a los aspectos que comprende el derecho del debido proceso, no hay discrepancias en que, a lo menos, lo conforman el derecho de ser oído, de presentar pruebas para demostrar las pretensiones de las partes, que la decisión sea razonada y la posibilidad de recurrir en su contra siempre que se la estime agraviante.

Séptimo: Que, por otra parte, se debe considerar que uno de los intereses que debe ser protegido, dice relación con el derecho de las personas a acceder libremente a un tribunal de justicia para la protección de sus derechos, también conocido en la doctrina moderna como derecho a la tutela judicial efectiva, asegurado por el Nº 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues, aunque no esté designado expresamente en su texto escrito, carecería de sentido que se hubiese esmerado en asegurar la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el derecho a la defensa jurídica, el derecho a ser juzgado por el juez natural, el derecho a un justo y racional procedimiento, si no partiera de la base de la existencia de un derecho anterior a todos los demás y que es presupuesto básico para su vigencia, esto es, el derecho de toda persona a ser juzgada, esto es, a presentarse ante el juez, a ocurrir ante él, sin estorbos o condiciones que se lo dificulten, retarden o impidan arbitraria o ilegítimamente. En el actual estado de desarrollo del derecho nacional e interpretando la garantía constitucional de acceso a la justicia con un criterio finalista, amplio y garantista, cualquier limitación por vía de interpretación que obste al derecho a la tutela judicial, aparece despojada de la razonabilidad y justificación que precisaría para ser aceptada como admisible a la luz de lo dispuesto en el Nº 26 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Octavo: Que, a la luz de los mandatos constitucionales antes referidos, deben ser analizados los artículos 496 y siguientes del Código del Trabajo, que regulan el procedimiento monitorio laboral, que fue incorporado por la Ley Nº 20.087 de 17 de septiembre de 2008, con el objeto de otorgar una tramitación rápida y eficaz a aquellas causas de baja cuantía, que, en general, no revisten mayores complejidades para su resolución, siendo su ventaja “…la eliminación del proceso para aquellos casos en que no exista un conflicto jurídico, sino que simplemente una resistencia injustificada del deudor de cumplir con su obligación” (Pereira, Rafael, El procedimiento monitorio laboral, en Estudios Laborales Nº 2, 2008, p.70).

Se trata, por tanto, de un procedimiento breve y concentrado, que, conforme a lo dispuesto en los artículos 497 y 501 del Código del Trabajo, se materializa, en caso de oposición del demandado, en una audiencia única de contestación, conciliación y prueba -a diferencia del procedimiento de aplicación general que consta de, a lo menos, dos audiencias-, debiendo el juez dictar sentencia de manera inmediata a su término, acorde con los principios de celeridad y economía procesal.

Lo señalado justifica, por ejemplo, la imposibilidad de deducir en este procedimiento el recurso de unificación de jurisprudencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 502 del Código del Trabajo.

Noveno: Que, a partir de lo razonado precedentemente, es posible concluir que la demanda interpuesta, en tanto pide se declare la existencia de una relación laboral, la que se habría extendido por más de ocho años, no es susceptible de tramitarse de conformidad con las reglas del procedimiento monitorio, pues no se trata de un caso de una mera resistencia injustificada del deudor de cumplir con una obligación de naturaleza laboral, sino se refiere a un conflicto jurídico de mayor complejidad, que exige que sea tramitado por un procedimiento de doble audiencia, que garantiza a ambas partes las instancias procesales para la presentación adecuada de sus pretensiones, defensas y pruebas, así como la posibilidad de interponer aquellos recursos judiciales que contempla la ley.

Razonar de manera contraria, esto es, pretender la aplicación de las normas del procedimiento monitorio teniendo en consideración únicamente la cuantía de lo disputado, implicaría someter a dicho procedimiento materias en que existe un conflicto jurídico complejo, como lo son las acciones por desafuero - sindical y/o maternal-, las que, como se sabe, son tramitadas de conformidad con las reglas del procedimiento de aplicación general de los artículos 446 y siguientes del Código del Trabajo.

Décimo: Que, de esta forma, la conclusión a la que arribaron los sentenciadores, esto es, que corresponde aplicar las normas del procedimiento monitorio a un caso en que se solicita la declaración de existencia de una relación laboral, atendida exclusivamente la cuantía de lo disputado, sin tomar en consideración la naturaleza de la acción incoada, aparece que fue fruto de una interpretación que no respetó el debido proceso, en su arista referida al derecho a la tutela judicial efectiva, lo que, razonado conjuntamente con el carácter tutelar del Derecho del Trabajo, lleva a concluir que se privó al demandante de la potestad de reclamar ante la sede jurisdiccional competente y en un procedimiento que le asegure la posibilidad de pedir, afirmar y probar sus pretensiones y derechos que estima vulnerados, y al no entenderlo así los recurridos, cometieron falta grave que debe ser enmendada por la presente vía.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen los artículos 548 y 549 del Código Orgánico de Tribunales, se acoge el recurso de queja deducido por la abogada doña Gabriela Cisternas Orellana, en representación de don Eduardo Reina Encina, y, en consecuencia, se dejan sin efecto las sentencias de dieciocho de enero último, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en los autos Rol Nº 3.400-2018 y aquella dictada con fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos Rol Nº O-8118-2018, RUC 1840150717-1, debiendo el tribunal de la instancia acoger a tramitación la demanda interpuesta, de conformidad con el procedimiento de aplicación general laboral.

No se dispone la remisión de estos antecedentes al Tribunal Pleno, por tratarse de un asunto en que la inobservancia constatada no puede ser estimada como una falta o abuso que lo amerite.

Se previene que la Ministra Sra. Muñoz estuvo por acoger el recurso de queja, teniendo además presente que si el procedimiento monitorio pretende beneficiar al trabajador demandante con un mecanismo procesal de tramitación breve y eficaz, no se observan razones para desestimar su pretensión de someterse al procedimiento de lato conocimiento, como sería el de aplicación general, el que también garantiza el pleno ejercicio de sus derechos sustantivos y procesales.

Acordada con el voto en contra de los Ministros Sr. Blanco y Sr. Silva quienes estuvieron por rechazar el recurso de queja teniendo en consideración que, conforme al artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, el recurso de queja solamente procede cuando en la resolución que lo motiva se haya incurrido en falta o abuso constituidos por errores u omisiones, manifiestos y graves; y, en el presente caso, el mérito de los antecedentes no permite concluir que los jueces recurridos -al decidir como lo hicieron- hayan incurrido en alguna de las conductas que la ley reprueba y que sea necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta Corte. En efecto, el recurso gira en torno a la interpretación que los sentenciadores hicieron de las normas que rigen el procedimiento monitorio y la posibilidad de conocer por dicha vía una demanda de declaración de existencia de relación laboral. Al respecto cabe señalar que el proceso de interpretación de la ley que llevan a cabo los juzgadores en cumplimiento de su cometido no puede ser revisado por la vía del recurso de queja, porque constituye una labor fundamental, que es propia y privativa de ellos, a menos que en dicho proceso se advierta de forma manifiesta una reflexión abusiva o que atente contra las reglas del buen uso de la razón en la construcción de los argumentos interpretativos, lo que, en su concepto, no se verifica en la especie.

Sin perjuicio de lo expresado, los ministros disidentes fueron del parecer de hacer uso de la facultad contemplada por el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, e invalidar de oficio las resoluciones referidas, ordenando que el tribunal de la instancia acoger a tramitación la demanda interpuesta, de conformidad con el procedimiento de aplicación general laboral

Agréguese copia autorizada de esta resolución, a los autos referidos.

Regístrese y archívese.

Rol 2.289-2019.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., señor Mauricio Silva C., y la Abogada Integrante señora Leonor Etcheberry C.

Santiago, cuatro de junio de dos mil diecinueve.

Comentario

El marco de análisis utilizado por la sentencia en comento es el derecho de acceso a la justicia. Como bien señala la Corte, existe acuerdo en cuanto a interpretar que nuestra Constitución reconoce el derecho a la tutela efectiva en el artículo 19 Nº 3 inciso sexto.

La doctrina ha precisado que la tutela efectiva de derechos contempla tres etapas: en primer lugar, la posibilidad de cualquier persona ante una vulneración de intereses legítimos, de poner en conocimiento de la autoridad competente el caso (derecho de acceso a la justicia); en segundo lugar, que durante el transcurso de este proceso, se respeten una serie de garantías que la doctrina agrupa dentro del debido proceso; y finalmente, que la sentencia pueda ser ejecutada1.

El acceso a la justicia puede encontrar ciertos requisitos: subjetivos (capacidad, legitimación, etc.), objetivos (plazos, formas procesales, etc.), y otras barreras como ciertos costos y duración, pero estos deben ser razonables y proporcionales, basados únicamente en una mejor administración de la justicia2, y en ningún caso pueden afectar este derecho fundamental en su esencia.

Concordante con lo anterior, nuestro Tribunal Constitucional ha señalado que los mecanismos alternativos de solución de controversias no pueden impedir el acceso a la justicia y que, por tanto, no pueden ser un requisito obligatorio previo a la acción judicial. Excepcionalmente ha declarado constitucional la mediación previa obligatoria en responsabilidad médica y familia, criterio que ha sido discutido por la doctrina y en los votos disidentes de las mismas sentencias. De todas formas, hay concordancia en que un mecanismo alternativo no puede impedir el acceso posterior a la jurisdicción3.

En síntesis, el derecho de acceso a la justicia es un derecho fundamental consistente en la posibilidad de plantear un conflicto de relevancia jurídica ante un tribunal que puede estar sometido a ciertos requisitos justificados y proporcionales, pero que en ningún caso lo podrían afectar en su esencia. Respecto de los mecanismos alternativos, se discute si resulta admisible una instancia de mediación previa obligatoria, pero no hay dudas en torno a que ella no podría impedir el acceso a un tribunal.

Precisado el marco conceptual, es posible referirse al conflicto resuelto por la sentencia en comento. Lo primero que es relevante resolver es si resulta justificado interpretar el sentido del artículo 496 del Código del Trabajo (CT), considerando que, de manera aislada, su tenor literal es claro: las contiendas cuya cuantía sea igual o inferior a diez ingresos mínimos mensuales (IMM) y de aquellas a las que se refiere el artículo 201 CT, deben ser tramitadas de conformidad con el procedimiento monitorio.

Sin embargo, el artículo 497 CT exige como requisito esencial para la aplicación de este procedimiento que previo a la interposición de la demanda se haya deducido reclamo ante la Inspección del Trabajo y que se haya asistido al comparendo de conciliación. Por tanto, cualquier inconveniente en la interposición del reclamo administrativo en los casos que aplica este procedimiento implicaría denegar el acceso a la justicia y a la tutela efectiva, como ocurrió en el caso que se refiere la sentencia.

Solo a modo de ejemplo de una situación en que ello ocurre, la Dirección del Trabajo ha interpretado que no puede conocer de reclamos acerca de finiquitos suscritos con reserva de derechos, salvo en aquellos casos en que la controversia no verse respecto de la existencia misma de un derecho sino sobre la cuantía o el momento de pago4. De esta forma, si un trabajador suscribe un finiquito con reserva de derechos por estimar que el despido fue improcedente, no podría interponer reclamo y en el caso de que la cuantía sea inferior a diez IMM, quedaría sin acceso a la justicia.

Sumado a ello, el artículo 498 CT establece que en el caso de que el trabajador no asista al comparendo de conciliación podrá accionar mediante procedimiento ordinario, morigerando la regla establecida en el artículo 496 CT. De esta forma, si se interpreta que este procedimiento es obligatorio, se generaría la situación absurda en que el trabajador no podría demandar directamente en un procedimiento ordinario, pero sí podría interponer un reclamo administrativo, no asistir al comparendo respectivo, y luego demandar según el procedimiento ordinario. Ello produciría además una diferencia injustificada entre el trabajador que no interpuso el reclamo que queda impedido de demandar mediante procedimiento de aplicación general y aquel que sí lo hizo y no asistió al comparendo.

Ante estos conflictos normativos que genera la aplicación literal del artículo 496 CT y considerando la sistematicidad del ordenamiento jurídico, es admisible interpretar dicha norma con el fin de armonizarla con la totalidad de este.

El voto mayoritario de la sentencia en comento aborda el conflicto estableciendo que las materias que importen un conflicto jurídico complejo, es decir, en que no se trate de una mera resistencia al otorgamiento de un derecho, no podrían conocerse mediante el procedimiento monitorio, caracterizado por su brevedad y concentración. Según esto, entonces, no sería posible limitar el artículo 496 CT únicamente a la cuantía, porque ello implicaría una limitación al derecho de acceso a la justicia.

Sin embargo, dicho análisis no encuentra justificación textual. El artículo 496 CT no contempla la distinción entre conflictos complejos y no complejos, y sería impropio que una norma procesal de tal relevancia, como la que fija las reglas aplicables al conocimiento de un asunto, quede supedita a un criterio ambiguo como el de su complejidad. Además, aplicar un procedimiento breve y concentrado a conflictos complejos no se relaciona con una limitación al derecho de acceso a la justicia, sino que estaría relacionado con la segunda etapa del derecho de tutela judicial efectiva: el debido proceso, de esta forma, la discusión deja de estar centrada en la elección del procedimiento aplicable, y pasa a estar centrada en la tramitación del litigio y el análisis de la inconstitucionalidad de las normas que dotan de dichas características a este procedimiento, por encontrarse en contradicción con el debido proceso.

De todas formas, el artículo 501 CT establece que en causas conocidas mediante procedimiento monitorio que tengan mayor complejidad, el juez tendrá la facultad de dictar sentencia en el plazo de tres días y no en la misma audiencia. Es decir, la misma regulación legal de dicho procedimiento acepta su aplicación a causas complejas.

Sumado a lo anterior, la Ley Nº 20.087 que “Sustituye el procedimiento laboral contemplado en el Libro V del Código del Trabajo”, publicada el 3 de enero de 2006, establecía en el artículo 496 del CT: “Respecto de las contiendas por término de la relación laboral cuya cuantía sea igual o inferior a ocho ingresos mínimos mensuales…”. Dicha norma fue modificada por la Ley Nº 20.260, que “Modifica el Libro V del Código del Trabajo y la Ley Nº 20.087, que establece un nuevo procedimiento laboral”, publicada el 29 de marzo de 2008, que suprimió como requisito la materia limitándolo solo a la cuantía, con la intención expresa de que se puedan conocer todo tipo de controversias mediante este procedimiento5.

El problema que se genera al desechar los fundamentos del voto de mayoría, consiste en que la resolución del tribunal de instancia, confirmada por la Corte de Apelaciones, resultaría ajustada a derecho, dejando sin acceso a la justicia al trabajador que no reclamó ante la Inspección del Trabajo. La interpretación contenida en el voto de minoría, disiente sobre los requisitos del recurso de queja y no sobre el fondo de la materia, habiendo acuerdo en que la demanda debía ser conocida mediante procedimiento de aplicación general, por lo que tampoco solucionaría el conflicto. Se señala que esa fue la postura adoptada por la Corte Suprema en fallo posterior de 11 de junio de 2019, ROL Nº 9.813-2019.

De esta forma, para solucionar el conflicto enunciado resulta relevante la prevención contenida en la sentencia. Según ella, si bien el artículo 496 CT establece que en las causas cuya cuantía sea inferior a diez IMM y aquellas sobre el artículo 201 CT “se aplicará” el procedimiento monitorio, esta regla debe ser morigerada porque dicho procedimiento constituye una garantía establecida en favor del demandante. Como tal, es facultativo para el actor utilizar este procedimiento si lo beneficia. Esta interpretación permite armonizar el procedimiento monitorio con el derecho de acceso a la justicia: la actuación administrativa será un requisito obligatorio para el actor que desee utilizar un procedimiento más breve y concentrado, pero siempre podrá recurrir ante los tribunales de justicia mediante el procedimiento general.

Por otro lado, la Ley Nº 20.260 establecía en el artículo 497 CT: “En caso de que el trabajador opte por el procedimiento monitorio”, formulación que dejaba meridianamente claro que este procedimiento era facultativo para el demandante en aquellos asuntos en que procede. Sin embargo, dicha disposición fue modificada por la Ley Nº 20.287, que “Adecúa normas sobre procedimiento laboral contenidas en el Libro V del Código del Trabajo, modificado por la Ley Nº 20.087”, publicada el 17 de septiembre de 2008, cuyo objetivo consistía en introducir correcciones “de texto” a la citada Ley Nº 20.260. El motivo para modificar la antigua redacción del artículo 497 CT, según explicó el asesor jurídico del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, fue el siguiente:

“En efecto, detalló, antes de esa ley [ Ley Nº 20.260] , el procedimiento monitorio estaba concebido con carácter facultativo para el trabajador quien, tratándose de controversias inferiores a cierta cuantía, podía optar por su aplicación en lugar de someterse al procedimiento de aplicación general. Tras la modificación de marzo de este año, en cambio, dicho procedimiento pasó a ser obligatorio al tenor de la norma que dispone que en el caso de contiendas cuya cuantía sea igual o inferior a diez ingresos mínimos mensuales, se aplicará el procedimiento monitorio…”6.

Se puede observar que esta motivación para la modificación del artículo 497 CT carece de fundamentos, toda vez que la Ley Nº 20.087 (que regulaba esta materia antes de la modificación introducida por la Ley Nº 20.260), en ningún momento establecía que dicho procedimiento era opcional, porque era la Inspección del Trabajo quien remitía los antecedentes al Tribunal. Por el contrario, la Ley Nº 20.260 modificó sustancialmente este procedimiento judicial, al establecer que sería el trabajador quien debía accionar judicialmente y estableciendo en el artículo 497 CT que sería opcional para el trabajador.

La confusión seguramente se debió a que el proyecto de la Ley presentado al Congreso, que luego sería la Ley Nº 20.260, establecía expresamente en el artículo 496 CT que la utilización del procedimiento monitorio era opcional para el demandante, es decir, tenía dos menciones expresas a que era opcional (artículos 496 y 497 CT). Sin embargo, la redacción del artículo 496 CT fue modificada por el mismo Ejecutivo, sin que consten en la historia fidedigna de la ley argumentos en contra de que el procedimiento fuera opcional. De todas formas, quedó la mención del artículo 497 CT en los términos señalados y el actual artículo 498 CT, por tanto, la Ley Nº 20.260 estableció expresamente que era un procedimiento opcional para el demandante.

Si bien la última reforma legal modificó la redacción del artículo 497 CT, donde se prescribía expresamente que el procedimiento monitorio era opcional, dicha modificación se basó en un error. Por ello, no existen fundamentos históricos para sostener que el legislador buscara establecer un procedimiento obligatorio. Sumado a lo anterior, se mantuvo el artículo 498 CT, que morigera la regla del artículo 496 CT. La única lectura armónica entra ambas disposiciones consiste en que el procedimiento monitorio es opcional, porque de ser obligatorio se producirían situaciones contradictorias, según se explicó. Además, implicaría una dilación innecesaria, siendo que el objeto del procedimiento monitorio era agilizar la justicia procesal laboral7.

Por consiguiente, el procedimiento monitorio es un beneficio en favor del demandante que le permite acceder a este procedimiento breve y concentrado en las contiendas cuya cuantía sea inferior a diez IMM y en las que determine la ley, para ello es obligatorio que previamente realice un reclamo administrativo y concurra al comparendo de conciliación. Sin embargo, el actor siempre podrá accionar mediante procedimiento de aplicación general sin necesidad de cumplir con la actuación administrativa.

Si bien la prevención y el voto mayoritario concluyen lo mismo, es importante esta diferencia de fundamentos, ya que bajo la perspectiva del voto mayoritario, los asuntos complejos necesariamente se deben conocer mediante procedimiento de aplicación general, perdiendo los trabajadores la posibilidad de acceder al procedimiento monitorio para dichos asuntos. Sumado a lo anterior, los asuntos que no fueren complejos seguirían manteniendo la obligatoriedad de aplicar el procedimiento monitorio y la falta de cumplimiento de una instancia administrativa previa impediría el acceso a la justicia, limitando este derecho fundamental en su esencia mediante una norma de rango legal, lo que sería inconsistente con nuestro Estado de Derecho.

1 Bernales, Gerardo, 2019: “El acceso a la justicia en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, Revista Ius et Praxis, Año 25, Nº 3, p. 279; Palomo, Diego y Valenzuela, Williams, 2012: “Descarte de la inconstitucionalidad de la obligatoriedad de la mediación prejudicial que establece Ley Nº 19.966: Lectura crítica de la sentencia del Tribunal Constitucional”, Revista Ius et Praxis, Año 18, Nº 2, p. 409; Pierrino, Pablo, 2003: “El derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a la jurisdicción contencioso administrativa”, Revista de Derecho Público, editada por Rubinzal-Culzoni, Nº I, Proceso administrativo, p. 6.

2Palomo, Diego y Valenzuela, Williams, 2012: “Descarte de la inconstitucionalidad de la obligatoriedad de la mediación prejudicial que establece Ley Nº 19.966: Lectura crítica de la sentencia del Tribunal Constitucional”, Revista Ius et Praxis, Año 18, Nº 2, p. 413.

3Palomo, Diego y Valenzuela, Williams, 2012: “Descarte de la inconstitucionalidad de la obligatoriedad de la mediación prejudicial que establece Ley Nº 19.966: Lectura crítica de la sentencia del Tribunal Constitucional”, Revista Ius et Praxis, Año 18, Nº 2, p. 413; Aguirrézabal, Maite, 2013: “Mediación previa y obligatoria. Acceso a la justicia en el proceso de familia”, Revista Chilena de Derecho Privado, Nº 22, comentarios de jurisprudencia, pp. 303; Bordalí, Andrés, 2011: “Análisis crítico de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la tutela judicial”, Revista Chilena de Derecho, vol. 38, Nº 2, p. 330.

4La Dirección del Trabajo en Ord. Nº 824/21, de 26 de febrero de 2003; Ord. Nº 6084/039, de 4 de diciembre de 2018.

5Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Historia de la Ley Nº 20.260. Sobre la amplia cantidad de materias a las que se aplica este procedimiento, véase Valdés, Diego, 2014: “Procedimiento ‘monitorio’ laboral chileno: entre la celeridad y la garantía”. Revista Estudios Jurídicos Democracia y Justicia, Nº 3, p. 112.

6Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Historia de la Ley Nº 20.287. p. 20.

7Lanata, Gabriela, 2001: Manual de proceso laboral (2a edición), Abeledo Perrot, Legal Publishing, Santiago, p. 122.

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