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Ius et Praxis

versión On-line ISSN 0718-0012

Ius et Praxis vol.25 no.3 Talca dic. 2019

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122019000300113 

Artículos de Investigación

El registro civil de las personas y el modelo no binario

The civil registry of people and the non-binary model

Jorge Ricardo Palomares García1 

Camila Alejandra Rozo Ladino2 

1Profesor asociado del área de Derecho Público de la Universidad Libre, Bogotá, Colombia. Investigador asociado del Grupo de Investigación Estudios Constitucionales y de la Paz, de la Universidad Libre, Bogotá, Colombia. Miembro del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional (OICC). Correo: jorger.palomaresg@unilibre.edu.co, jorge.palomares-garcia@hotmail.com

2Abogada de la Universidad Libre, Bogotá, Colombia. Miembro del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional (OICC). Auxiliar de investigación del proyecto “Diálogo entre la Corte Constitucional y la sociedad civil: impacto de las intervenciones ciudadanas en los procesos de jurisdicción titucional”. Correo: camilarozoladino@gmail.com

Resumen

El presente artículo tiene como objeto determinar si existe garantía constitucional para el reconocimiento de una tercera categoría de género en los documentos registrales en el ordenamiento jurídico de los Estados. Para ello se aborda, a través del derecho comparado y la metodología de la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional colombiana, cuáles serían los parámetros que permiten cambios registrales que garanticen la identidad de género diversa.

Palabras claves: Tercera categoría de género; documentos registrales e identidad de género diversa

Abstract

This paper analyses whether there is a constitutional guarantee to recognize a third gender category in registry document in the legal system of states. For this, we question, throughout comparative law and methodology line of judiciary of Constitutional Court from Colombia, which would be parameters about registry change that warrant gender identity.

Keywords: Third gender category; registry document and gender identity

1. Introducción

La sociedad y el Estado han construido gran parte de sus procesos1 a partir de la heteronormatividad2. Esto significa, por un lado, que la asignación de roles sociales, la distribución de actividades laborales y el diseño de políticas públicas se determinan a partir de la distinción binaria entre hombre y mujer3; por otro lado, significa que dicha distinción binaria es correcta y, por tanto, debe entenderse como normal y privilegiarse4. Sin embargo, los cambios sociales han permitido comprender que las categorías de sexo, género, orientación sexual e identidad de género son autónomas y que una distinción binaria no es adecuada5, porque pueden surgir variaciones en la forma en cómo la persona se identifica a sí misma y cómo desea ser reconocida por el Estado.

Lo anterior implica un reto para el Estado, en la medida en que debe buscar nuevos mecanismos para permitir que la persona determine cómo se identifica ante éste. En especial, surge la cuestión de cómo cambiar el sistema registral ordinario, el cual se ha caracterizado por asignar la identidad de la persona a partir del sexo de ésta al nacer6 y por no considerar que existen personas que ni se sienten como hombres ni como mujeres7.

En las últimas décadas, se han presentado varias personas ante las instituciones estatales (especialmente registrales), para solicitarles que las reconozcan como sujetos que no pertenecen a una de las binas, sino a una tercera opción, a saber, el tercer género, el género no binario u otro. El problema, sin embargo, ha consistido en que las instituciones estatales no han considerado en sus leyes, normas reglamentarias y protocolos, dichas solicitudes y, en consecuencia, se ha requerido de la intervención del juez constitucional para activar el aparato estatal en busca de un cambio que permita el reconocimiento del género no binario.

Por ello, el presente artículo científico se pregunta cómo las experiencias comparadas pueden aportar elementos relevantes para incluir el tercer género en el sistema registral colombiano. En especial, aborda los razonamientos empleados en Alemania, Estados Unidos y algunos países del Medio Oriente y Latinoamérica. La hipótesis de esta investigación considera que el derecho fundamental a la personalidad jurídica reconoce tanto el derecho a ser reconocido socialmente como titular de un género no binario como el deber estatal de reconocer dicho género; sin embargo, dicho ámbito depende, actualmente, de un proceso de adjudicación constitucional, el cual activa, posteriormente, el aparato legislativo y registral.

Para responder a la pregunta y comprobar la hipótesis, la investigación empleó dos metodologías. La primera es el derecho comparado. Con ella, se buscó identificar países en los cuales las jurisdicciones constitucionales hayan discutido la necesidad de reformular los estatutos registrales para permitir el reconocimiento de un género no binario -inter, diver, trans o neutro-. Esta identificación permitirá considerar cuáles serían las herramientas que podrían emplearse en reconocimiento de un tercer género en el sistema registral colombiano. La segunda metodología es la línea jurisprudencial, con la cual se busca establecer cuáles son los razonamientos constitucionales construidos por la Corte Costitucional colombiana (CortConst) que abrirían el camino para consolidar la inclusión del tercer género en el sistema registral colombiano.

El artículo se estructura en cuatro partes. En la primera, se precisará conceptualmente por qué existen géneros que no son subsumibles dentro del modelo binario (sin que ello implique un construcción dogmática profunda de dichos conceptos). La segunda parte presentará los casos ocurridos en Alemania, Estados Unidos y Colombia en los cuales se establece la necesidad de reconocer un tercer género. El tercer apartado presentará los razonamientos jurídicos empleados en Alemania y Estados Unidos sobre el reconocimiento de una categoría no binaria o inter, así como los razonamientos empleados por otros países a modo de argumentos analógicos. Igualmente, se abordarán las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo sobre orientación sexual e identidad de género diversa. En el cuarto apartado, se sustentará, a través de una línea jurisprudencial, cómo la Corte Constitucional ha desarrollado los cambios registrales para establecer (proponer o implementar) el reconocimiento jurídico de una tercera categoría, que escape de la construcción binaria. Finalmente, se presentan algunas conclusiones.

2. Distinciones conceptuales

El reconocimiento de un género no binario requiere de la distinción entre los siguientes conceptos8: sexo, género, orientación sexual e identidad de género. Para el presente escrito, la distinción se hará a partir de las construcciones jurídicas internacionales y doctrinales y se expondrán algunos ejemplos sobre la aplicación de estos conceptos en el ordenamiento jurídico colombiano.

Según el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el sexo se ha relacionado con las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer9. Estas diferencias se presentan por el tipo de células reproductoras10 o por las características genéticas, endocrinas y morfológicas11. Este parámetro ha sido empleado en la ConstPol y otras normas jurídicas de Colombia. Por ejemplo, en las Actas de la Asamblea de 1991 se hace una relación entre toda persona como hombre o mujer. Ello se ve reflejado no sólo en la cláusula de igualdad formal (art.13 inc. 1º ConstPol, en virtud del sexo)12, sino en otros enunciados normativos, como aquellos que garantizan la igualdad entre hombres y mujeres en diferentes situaciones (art. 43 orac. 1 ConstPol). Igualmente, la Ley Nº 100 de 1993 expresa explícitamente que la clasificación de edad para pensionarse depende de si se es hombre o mujer13.

De acuerdo al Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), el género es una construcción social14 que corresponde a las características que la sociedad atribuye a las personas de uno y otro sexo15. Estas determinaciones crean conductas de feminidad o masculinidad que cambian según la época16. Por ejemplo, la Asamblea Constitucional de 1991 concretó este criterio al manifestar que la unión de la familia debe basarse en el acuerdo voluntario del hombre y la mujer17 y, por tanto, existe una clasificación exclusivamente binaria18. También se encuentra la Ley Nº 1.761 de 2013, “Rosa Elvira Cely”, mediante la cual se tipifico el delito de feminicidio para brindar mayor protección a la mujer en razón a su desigualdad frente al hombre.

Los principios Yogyakarta han definido la orientación sexual como la capacidad de sentir una profunda atracción afectiva, sexual y emocional por personas del mismo género, distinto género o de más de un género19. Esto implica que existen individuos que son homosexuales, heterosexuales, bisexuales20 o asexuales21. El presente concepto ha sido desarrollado jurisprudencialmente sin que existan, actualmente, normas jurídicas sobre orientación sexual diferente a la heterosexualidad22. La CortConst, al interpretar el art. 42 ConstPol, concluyó, por ejemplo, que las parejas del mismo sexo tienen derecho a conformar una familia en igualdad de condiciones23 y, por tanto, los matrimonios civiles gozan de plena validez jurídica, a partir del 20 de junio de 201324.

Según la Opinión Consultiva 24 de 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ)25, la identidad de género es la vivencia interna de cada persona respecto a cómo percibe y siente su género, que puede o no corresponder al sexo asignado al momento de nacer26. El presente término ha permitido el reconocimiento de los derechos, a nivel constitucional y legal, de las personas con diversidad de género en Colombia. Por ejemplo, en virtud del art. 16 ConstPol27, la CortConst ha decidido permitir el cambio de nombre y sexo para las personas trans28. Adicionalmente, el Decreto Reglamentario Nº 1.227 de 2015 autoriza la corrección del componente sexo en el Registro del Estado Civil, ya sea en la inscripción “Masculino (M)” o “Femenino (F)”29.

Con la teoría del feminismo antiesencialista de género30 se empieza a cuestionar el binomio sexo/género31 y los roles femenino/masculino, sin discutir la “naturalidad” del sexo32. Fue, solamente, con el movimiento crítico del feminismo posmoderno que se afirmó que tanto el sexo como el género son construcciones culturales que no tienen ninguna oposición33. Por ejemplo, Judith Butler afirma que “… la distinción entre sexo y género no existe como tal”34. Incluso, actualmente se busca dejar de registrar el sexo en los documentos de identidad35.

Para la construcción de la identidad de género no binaria es necesario superar la dicotomía masculino/femenino36; por ello, existen géneros que trascienden tal clasificación y no implican una única expresión37. Por ejemplo, “genderqueer” abarca las personas cuya identidad de género no está incluida en el binario hombre/mujer38. El tercer género se utiliza en las culturas39 que reconocen un género adicional al de hombre y mujer con el propósito de la categorización o documentación social40. También se encuentran géneros como “genderfluid”41, agénero42 y pangénero43.

Las personas intersexuales “nacen con variaciones en las características sexuales físicas, incluyendo características genéticas, hormonales o anatómicas atípicas”44. Por ello es que la intersexualidad se relaciona con la diversidad corporal45, mas no con la identidad de género ni con la orientación sexual46. Esto implica que las personas intersex puedan identificarse como mujeres u hombres o ambos47, o no resultan ser ni femeninas ni masculinas48. De ahí que “las presunciones binarias de identidad masculina y femenina son en gran parte anticuadas y, a menudo no logran capturar la complejidad de la identidad y la expresión”49.

3. Contextos sociales del tercer género

En este apartado se abordarán los contextos sociales de tres ordenamientos jurídicos, a saber: Alemania, Estados Unidos y Colombia. Si bien existen otros ordenamientos en los cuales se ha discutido y reconocido la inclusión de un género no binario, la elección de estos tres ordenamientos responde a algunos criterios.

El primero consiste en la muestra. Se han elegidos ordenamientos que identifiquen algunos de los continentes que, de una u otra forma, tienen un diálogo con el Derecho colombiano. En materia de garantías constitucionales, el ordenamiento jurídico colombiano ha tenido, por tradición, a los ordenamientos alemán y nortamericano como referentes directos. El segundo criterio es la proximidad fáctica. Los ordenamientos seleccionados han presentado patrones comunes que, de una u otra forma, conducen a la formulación de problemas similares. Por ejemplo, se tuvo en cuenta que los ordenamientos jurídicos seleccionados se caracterizan por: a) contar con personas que, por sus contextos médicos o de identidad, han considerado que la asignación registral no corresponde a su identidad; b) las instituciones registrales no contaban con asignación de un tercer género o reconocían una asignación regresiva -Alemania-; c) se requirió de la intervención del juez -constitucional- para que se reconociese la necesidad de ajustar la legislación y los protocolos registrales, y d) la adjudicación se hizo a partir del derecho fundamental a la personalidad jurídica.

La presentación de estos contextos no implica, sin embargo, que se revisen, posteriormente, las propuestas normativas hechas por otros ordenamientos. Éstos se estudiarán para identificar argumentos analógicos que fortalezcan los razonamientos empleados por los ordenamientos jurídicos seleccionados para la comparación.

3.1. Estados Unidos

A Jaime Shupe al nacer le fue asignado el sexo masculino; sin embargo, a sus cincuenta y dos años se declaró parte de un tercer género50. Junto con su abogado, Lake Perriguey, solicitaron ante la Corte Estatal de Oregon que se modificase su registro y se le asignase un tercer género51. La Corte falló a su favor y lo reconoció como la primera persona cuyo género no es identificable en el sistema binario en el estado de Oregon52. Gracias al caso de Jamie Shupe, que trascendió a nivel nacional53, se sumaron más solicitudes resueltas por la Corte de California, que reconoció el género no binario54.

Otro caso fue el de Kelly Keenan, quien a sus 48 años de edad hizo una búsqueda en Google55 y descubrió que sus padres y médicos ocultaron información sobre su intersexualidad56. Keenan decidió revelar públicamente su intersexualidad y el estado de New York modificó su certificado de nacimiento como mujer a no binario57.

Algo semejante sucedió con David Cameron Strachan, una persona intersexual con síndrome de Klinefelter 47XXY, diagnosticado por el Hospital Kaiser de California y la Dra. Susan Stryker58. Este síndrome consiste en la presencia de un cromosoma X de más, que causa infertilidad y retraso en el desarrollo de características sexuales secundarias masculinas59. David manifestó que “… No soy binario en mi sexo ni en mi género”.

3.2. Alemania

La inclusión de un género no binario en sistemas registrales sucedió en el caso Vanja, resuelto por el Tribunal federal constitucional alemán (en adelante BVerfG, por su abreviación en alemán)60. Se trata de una persona que, al nacer, fue identificada con el sexo femenino. Sin embargo, no se tuvo en cuenta que ella sufre el síndrome de Turner61 (XO)62, el cual no le permitió reconocerse ni como hombre ni como mujer. La autoridad competente del registro civil niega su solicitud, porque el § 21 inc. 1º Nº 3, en concordancia con el § 22 inc. 3º de la Ley del Estado Civil, no permite el registro de un género inter o diver, sino que faculta a la autoridad estatal, en caso de duda, a dejar el espacio de género en blanco. Vanja considera inconstitucional63 la decisión de la autoridad registral e inicia queja constitucional64.

3.3. Colombia

Respecto a los casos sobre personas no binarias, lo más próximo son las sentencias de la CortConst sobre la intersexualidad en menores de edad65. En 1990 nació una persona a quien se le asignó el sexo mujer66. Sin embargo, a la edad de tres años le fue diagnosticado seudohermafroditismo masculino (46XY)67, un estado intersexual caracterizado por la presencia de genitales externos parcial o totalmente femeninos y testículos68. Se le realizó una intervención quirúrgica para extirpar sus gónadas y, posteriormente, una clitoroplastia69. La CortConst negó ordenar a hacer la cirugía hasta que la menor diera su consentimiento asistido por un equipo interdisciplinario70.

El segundo caso se presentó en 1999 acerca de una persona con pseudohermafroditismo femenino (46XX)71. Su padre solicitó, mediante tutela, que los médicos la intervinieran, remodelándole sus genitales y tratándola hormonalmente72. La CortConst solo ordenó el tratamiento hormonal para mantener su sexo como femenino73.

En el tercer caso, en 2013, se analizó la situación de un bebé intersexual, a quien no le fue indicado el sexo en su certificado de nacimiento74. Esto implicó que la Registraduría rechazará su inscripción en el registro civil y, por tanto, Cafesalud como entidad promotora de salud se negó atenderlo. Como consecuencia, la CortConst ordenó a Cafesalud enviar al Tribunal Superior del Distrito Judicial el concepto del equipo interdisciplinario de médicos sobre la asignación de sexo del menor75.

El último caso fue sobre una persona de 11 años con hermafroditismo masculino76. De acuerdo a la atención psicosocial de la Comisaria de Familia, ella se identifica como hombre y requiere de una cirugía, aunque la EPS ha sido negligente en el trámite para su autorización. La CortConst ordenó continuar de forma prioritaria con los exámenes médicos y realizar la cirugía de reasignación de sexo basada en el diagnóstico de un equipo interdisciplinario y del consentimiento del menor y de sus padres77.

4. Análisis comparado

En este apartado se revisará cuál ha sido la evolución legislativa y las decisiones jurisdiccionales que han tomado los ordenamientos jurídicos comparados en materia de reconocimiento de un tercer género. Posteriormente, se enunciarán las formas en que otros países han reconocido la inclusión del género no binaro, a fin de ilustrar el margen de opciones con las cuales cuenta un Estado en la materia.

4.1. Estados Unidos

En el estado de California, el pasado 15 de octubre de 2017 el gobernador Jerry Brown aprobó la ley SB-179 para crear una categoría “no binaria”78. Estas personas obtendrán un documento de identificación que esté acorde con su identidad de género, ya sea registro de nacimiento y/o la licencia de conducción, sin que se sometan a un tratamiento o intervención quirúrgica. Además, deben acreditar, bajo pena de perjurio, que dicha solicitud no busca propósitos fraudulentos79. Géneros como “agender, genderqueer, fluido de género, Two Spirit, bigender, pangender, género no conforme o variante de género” estarán comprendidos bajo la categoría “no binario”80.

Está ley permite que tanto las personas mayores de edad como los pupilos o menores de edad, representados por sus padres o el tutor que esté a cargo, puedan presentar una solicitud ante el tribunal para el cambio de nombre81. Luego el tribunal emitirá una orden que contendrá la presentación de la solicitud, el nombre de la persona y el nombre propuesto, que estará dirigida a las personas interesadas. Una vez emitida la orden por el tribunal, se deberá acatar los términos y condiciones para ser publicada y objetada y se cumplirán los demás requisitos que la ley establece82.

Otro aspecto para resaltar es la eliminación del requisito de adjuntar una declaración jurada de un médico tratante para constatar que efectivamente la persona ha sido tratada clínicamente para una transición de género83. Por consiguiente, el nuevo certificado de nacimiento que refleje el cambio de género a no binario emitido por el Registrador Estatal tampoco necesita de una orden judicial84 y será el único abierto a inspección pública85. Para finalizar, en lo que concierne a la modificación al Código de Vehículos, se estableció que cada solicitud de un original o una renovación de una licencia de conducir debe contener la opción de la categoría de género no binario86.

4.2. Alemania

El Derecho prusiano reconocía, en principio, la libre elección del género. El §20 inc. 1º orac. 1 ALR consagraba que las personas que alcanzasen la mayoría de edad tenían el derecho a escoger el género (Geschlecht) con el cual se sentían identificados87. Sin embargo, esta posibilidad fue derogada por la ley sobre la documentación del estado civil de la persona y del matrimonio de 187588 y no se previó posteriormente norma alguna que facultase la libre elección de género89.

Posteriormente, con la ley sobre el estado civil de la persona de 2007 (PStG, por su abreviación en alemán) se reguló lo relacionado con el registro del sexo de las personas90. Esta ley consagraba que las personas debían registrarse bajo la bina masculino-femenino. Sin embargo, el Ministerio para la Educación y la Investigación (Bundesministerium für Bildung und Forschung) y el Ministerio para la Salud (Bundesministerium für die Gesundheti) se apoyaron en las Recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer, de 10 de febrero de 200991 y solicitaron al Consejo de Ética alemán un concepto sobre las posibles vulneraciones a los derechos humanos de las personas con una identidad de género no binaria, el cual debía ser elaborado con la participación de ONG que trabajasen temas sobre inter- y transexualidad92.

En febrero de 2012, este órgano emitió un concepto. En él se sostenía que obligar jurídicamente a una persona que no se identifica como hombre o mujer por su constitución corpórea o personal, a elegir entre la categoría hombre o mujer en el registro civil constituía una intervención desproporcional en el derecho fundamental a la personalidad jurídica y en el principio de igualdad93. Por tanto, el concepto recomendaba una reforma legal, que le permitiera a las personas modificar su registro civil y contar con una opción distinta a la de elegir entre hombre y mujer94.

Con este concepto, el gobierno alemán propuso una reforma que atendía a las recomendaciones del Consejo de Ética alemán. Sin embargo, el Bundestag sostuvo que la modificación no requería la creación de una nueva categoría, sino que bastaba con darle la posibilidad a la persona de no marcar alguna de las opciones binarias95. Esta postura quedó en la modificación del PStG. El § 21 orac. 1 Nº 3 PStG consagró que, al momento del nacimiento, se registrará el sexo del recién nacido96; mientras que el § 22 inc. 3º PStG estableció que, en caso de no poder identificar al recién nacido bajo el sexo masculino o femenino, no se llenará el apartado del sexo en el registro civil.

El BVerfG estudió la nueva redacción de las normas modificadas y consideró que ellas eran inconstitucionales. Según el BVerfG, las normas desconocen el derecho de toda persona a su identidad sexual97. Este derecho no solo implica la facultad que tiene la persona de definirse a sí misma98, sino también el derecho a que los demás la reconozcan en su definición99. Por tanto, no asignar una identificación diferente a la binaria y dejar únicamente la opción de espacios en blanco implica tratar a la persona como un dato marginal, y no como un ser que se identifica ante el ordenamiento jurídico100.

Este razonamiento le permitió al BVerfG ordenar una modificación de la PStG y permitir la inclusión de una tercera categoría, distinta a las binarias existentes.

4.3. Otros países

4.3.1. Medio Oriente

La selección de estos países obedece a un reconocimiento de un género neutro, que no se ubica dentro del sistema binario, gracias a las decisiones concretas que han adoptado las cortes supremas de India, Nepal y Pakistán.

India ha representado el tercer género bajo la cultura “hijra101, que ha existido por más de cuatro mil años102 y está conformada por intersexuales y eunucos que no se consideran ni hombre ni mujer103. Así en el año 2005 se permitió que en los pasaportes se incluyera la letra E que representaba a los Eunucos104. Finalmente, la Corte Suprema de India, el 15 de abril de 2014, en el caso National Legal Services Authority v Union of India and Others105, reconoció legalmente un tercer género conformado por los hijra y eunuchs, con el propósito de salvaguardar sus derechos consagrados en la Parte III de su Constitución106.

En diciembre de 2007, la Corte Suprema de Nepal, en el caso Sunil Babu Pant, creó legalmente una categoría de género adicional a las de mujer y hombre107 y ordenó al gobierno que expidiera documentos de identidad con la opción de tercer género108. Los términos que representan esa tercera categoría en los documentos de identidad fueron “Other” o “Anya”. En cuanto a Pakistán, el 25 de abril de 2011 la Corte Suprema, en el caso Khaki v. Rawalpindi, garantizó los derechos de educación y del trabajo de las personas “unix” conforme al artículo 25 (3) y ordenó al gobierno incluir un tercer sexo en el censo y en las encuestas electorales109.

4.3.2. Europa y Oceanía

Estos países permiten crear un género neutro o registrar el nombre, sexo e imagen de las personas conforme a su identidad de género. Además, no exigen realizar exámenes médicos o psicológicos ni intervenciones quirúrgicas.

En Australia, la Corte Suprema analizó el caso NSW Registrar of Births, Deaths and Marriages v Norrie el 2 de abril de 2014. Se trató de una persona que, después de haberse sometido a una cirugía de reasignación de sexo, solicitó a la Registraduría expedir un certificado que indicara el cambio de nombre y de sexo bajo la categoría “no específico”. El registrador manifestó que eran inválidos tales documentos, porque no contemplaban esa categoría110. El Tribunal Administrativo negó su solicitud, mientras que la Corte Suprema reconoció la categoría “no especifico”. Su decisión se basó en que las leyes de Nueva Gales del Sur permiten una tercera clasificación no binaria111. Adicionalmente, el gobierno australiano ha establecido que legalmente se permite a las personas elegir su género en su pasaporte, ya sea bajo la letra M, F o X -no específico-112.

En Nueva Zelanda, el gobierno permite que las personas cambien su género en el certificado de nacimiento una vez obtengan la solicitud aprobada por el tribunal de familia113. Los nacionales también pueden solicitar que en los pasaportes se cambie el género completando un nuevo formulario bajo una declaración legal que indique su género y el momento en que han expresado su identidad114. Otros países, como Holanda115 y Malta116, reconocen los derechos de las personas trans e intersexuales en sus documentos de identificación, a través de una nueva categoría no binaria, sin someterse a cirugías ni tratamientos médicos.

En España, el rey Juan Carlos I sancionó la Ley Nº 3 de 2007, encargada de regular la rectificación de la mención registral del sexo. Las personas transexuales podrán solicitar que se cambie su nombre y sexo cuando exista discordancia entre éste y su identidad de género117. Posteriormente, varias comunidades autónomas, como Madrid, Valencia y Aragón, han garantizado la identidad de género a través del libre desarrollo de la personalidad de sus ciudadanos118. Las medidas legislativas permiten que las personas trans obtengan y accedan a documentación acorde con dicha identidad, sin que se requiera informes psicológicos o médicos ni cirugías genitales o tratamientos hormonales119. En el caso de los menores de edad trans, toda intervención pública debe respetar el interés superior del menor de edad120 y su libre desarrollo de la personalidad121.

4.3.3. Latinoamérica

Los Estados que garantizan un género neutro en los documentos registrales son Uruguay y Argentina. Su protección se basa en el libre desarrollo de la personalidad.

En Argentina, el Senado y la Cámara de Diputados promulgaron la Ley Nº 26.743, que reconoce el libre desarrollo de la personalidad conforme a la identidad de género diversa122 en los instrumentos que acreditan tal identidad respecto al nombre de pila, sexo e imagen con los que se registra. No se requiere demostrar que se realizaron intervenciones quirúrgicas, terapias hormonales ni tratamientos psicológicos o médicos123.

En Uruguay, el Senado y la Cámara de Representantes expidieron la Ley Integral para Personas Trans en el año 2018. Esta norma jurídica garantiza el libre desarrollo de la personalidad de las personas cuya identidad de género no encuadra en la clasificación binaria, independientemente de su sexo biológico, genético, morfológico, hormonal o anatómico y de su edad124. Por ello, pueden solicitar que su nombre y/o sexo estén conformes a su identidad de género en los documentos identificatorios. Además, prohíbe cualquier tipo de discriminación que menoscabe otros derechos, como la salud y educación125.

En países como Chile126 127, Perú128, Costa Rica129 y Brasil130 se discuten proyectos de ley que buscan el reconocimiento de la identidad de género a través del cambio de nombre y sexo en los documentos registrales.

5. Nivel supranacional

5.1. Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Corte IDH nunca ha fallado un caso sobre personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres. Sin embargo, mediante tres sentencias y una opinión consultiva, ha analizado la orientación sexual de ser homosexual y la identidad de género de trans.

En el caso Atala Riffo y niñas contra Chile se estudió la discriminación e injerencia arbitraria que sufrió la victima a raíz de las decisiones judiciales nacionales que resolvieron retirar la custodia de sus hijas por ser homosexual131. Por primera vez, la Corte IDH estableció que la diferencia de trato por orientación sexual es una categoría sospechosa de discriminación protegida132 y declara al Estado responsable, por cuanto no cumplió con su obligación de evitar la exclusión o negación de la condición homosexual de la víctima133.

En el caso Duque contra Colombia, las autoridades nacionales negaron, por motivos de homosexualidad, otorgar la pensión de sobreviviente a la pareja del mismo sexo del señor Duque134. La Corte IDH realiza un análisis para determinar si hubo una diferencia de trato en razón a la orientación sexual de ser homosexual a la luz del art. 24 de la CADH. Frente a esta situación, la Corte IDH concluyó que el Estado no presentó ninguna justificación objetiva ni razonable para restringir el acceso a la pensión de sobrevivientes basándose en la orientación sexual135.

El caso Flor Freire contra Ecuador se trata de la separación del cargo de las fuerzas armadas ecuatorianas del señor Flor Freire en razón a una orientación sexual percibida. Insiste la Corte IDH que ni las autoridades estatales ni los particulares pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual, sea real o percibida, pues sería contrario al art. 1.1 de la CADH136. Por esta razón declaró la responsabilidad del Estado137.

Para finalizar, se encuentra la Opinión Consultiva OC-24 de 2017, solicitada por Costa Rica. La Corte IDH establece que la identidad de género diversa es una construcción identitaria, libre y autónoma de cada persona independientemente de su genitalidad. La identidad de género está protegida por la CADH en los siguientes artículos138: 1.1, como categoría de discriminación; 7.1, al gozar de la libertad de hacer o no hacer lo que esté lícitamente permitido; 11, por el principio de la autonomía y la prohibición de no interferir en la vida privada y familiar; 13, que comprende la libertad de expresar su identidad sin interferencias arbitrarias; 3, reconocimiento de la personalidad jurídica, y el 18, en cuanto al derecho a que sus documentos de identificación reflejen su verdadera identidad de género139.

En conclusión, las personas de género no binario también tienen derecho a formar una familia, a ser registrados acorde a su identidad de género diversa, a no ser sometidos a cirugías o tratamientos hormonales para modificar su cuerpo y ajustarse al rolfemenino o masculino. De lo contrario, no se les brindaría protección legal ni el reconocimiento de sus derechos en igualdad de condiciones140.

5.2. Tribunal Europeo de Derechos Humanos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha fallado sobre los derechos de los transexuales, mas no de personas no binarias. Por ejemplo, en Caso B contra Francia (1992), la actora nació con el sexo masculino, aunque se consideraba como niña. En el año de 1972 se le realizó una intervención quirúrgica de conversión sexual. En 1978 solicitó su cambio de nombre y de género en documentos de identificación, petición que las instancias nacionales rechazaron141. El Tribunal decide que existe un desequilibrio entre el interés general y el particular que implican una infracción al art. 8 del Convenio, al vivir una situación de gravedad incompatible con el respeto a su vida privada142.

El caso Christine Goodwin contra Reino Unido se trata de un transexual que cambia su sexo de femenino a masculino. La demandante declara haber sido víctima de acoso sexual en su trabajo y la imposibilidad de acceder a su pensión como mujer trans143. El Tribunal establece que los Estados deben a hacer un cambio fundamental en el acceso a los registros, el derecho de familia, la afiliación, la herencia, la justicia criminal, el empleo, la seguridad social y los seguros. Además, el Tribunal consideró que se viola el artículo 12 por no existir justificación alguna para prohibir a los transexuales el derecho de casarse144.

El caso L. contra Lituania es sobre un hombre trans. En el año 2000 se sometió a una cirugía parcial de reasignación de sexo, en la cual se extrajeron sus senos. Desafortunadamente, sus documentos de identificación siguen registrándolo bajo su antiguo nombre de mujer debido a que no se ha promulgado una ley que permita el cambio de nombre y de sexo de los transexuales145. La Corte declaró responsable internacionalmente al Estado por la violación al artículo 8º debido a la falta de regulación y promulgación de leyes en pro de este grupo vulnerable146.

Para finalizar, está el caso A.P., Garçon and Nicot contra Francia. Hacía referencia a tres solicitantes transgénero de nacionalidad francesa, quienes deseaban cambiar su registro de sexo y nombre en los certificados de nacimientos. Estas peticiones no fueron permitidas por el Estado, ya que les exigían como reconocimiento a su identidad de género someterse a una operación que implicaba alta probabilidad de esterilidad147 El Tribunal, en lo que respecta a Garçon y a Nicot, declaró la violación al derecho de la vida privada del art. 8, al exigirse una cirugía de esterilización148.

6. Cambios registrales en Colombia

Se empleó la metodología de la línea jurisprudencial para determinar si la CortConst permite realizar cambios registrales en virtud de la dignidad humana. A partir de este problema jurídico se formularon dos hipótesis. La primera de ellas establece que la CortConst no puede ordenar que se realicen los cambios registrales del nombre, sexo y/o estado civil, por cuanto las normas149 imponen tal obligación a los notarios y jueces civiles municipales. La segunda hipótesis plantea que la CortConst sí puede ordenar que se cambie el nombre, sexo y/o estado civil, pues ello garantiza los derechos fundamentales a la personalidad jurídica, el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana. Gracias a estos elementos básicos se diseñó la siguiente figura 1, que ilustra el balanceo constitucional.

Solución A Problema Jurídico Solución B
¿Se permiten los cambios registrales en virtud de la identidad de género?
La CortConst no puede ordenar que se realicen los cambios registrales del nombre, sexo y/o estado civil, por cuanto las normas imponen tal obligación a los notarios y jueces civiles municipales. La CortConst sí puede ordenar que se cambie el nombre, sexo y/o estado civil, pues ello garantiza los derechos fundamentales a la personalidad jurídica, el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y la identidad de género.

El segundo paso consistió en identificar la sentencia arquimédica, que se caracteriza por ser la más reciente y contener el mismo patrón fáctico del problema de investigación150. Dentro del universo de sentencias, se identificó, como fallo arquimédico, la sentencia de tutela T-675 de 2017. Posteriormente, se realizó la ingeniería reversa, mediante la cual se descompuso el estudio de citas del punto arquimédico que permitió determinar las sentencias hito -definidas como citas de primer nivel151-. Las citas identificadas fueron la T-498 de 2017, la T-063 de 2015, T-1033 de 2008 y la T-594 de 1993. Hecho esto, se distinguieron los fallos que conforman el segundo nivel:

ST-498 de 2017

  • ST-918 de 2012

  • ST-231 de 2013

  • ST-504 de 1994

ST-O63 de 2015

  • ST-918 de 2012

  • ST-231 de 2013

  • ST-504 de 1994

ST-1033 de 2008 ST-594 de 1993
ST-594 de 1993 No citó ninguna sentencia por ser la fundadora.

La sentencia arquimédica T-675 de 2017 trata sobre María Alejandra, una mujer trans menor de edad a quien le negaron el cambio de sexo tanto el notario como el juez de familia y el Tribunal Superior de Bogotá, ya que ella no tenía 18 años152. La CortConst se cuestiona si los conceptos emitidos por la Superintendencia de Notariado, el ICBF y el notario -permitir sólo el cambio de sexo para personas trans mayores de edad- es una medida desproporcional que vulnera el libre desarrollo de la personalidad y la vida digna153. Para ello, realizó un juicio estricto de proporcionalidad154. Se determinó que tal medida efectiva persigue un fin legítimo -proteger al menor de edad por no ser plenamente consciente y racional de sus decisiones-, pero es innecesaria, porque el notario sí puede cambiar el sexo en los documentos registrales de los menores de edad sin exigir la cédula. Además, es desproporcional porque esta restricción afecta los derechos fundamentales de los menores de edad que acreditan cumplir los requisitos jurisprudenciales para modificar el componente de sexo155. Por tanto, la CortConst en el presente caso decidió inaplicar por inconstitucionalidad el requisito de presentación de la cédula de ciudadanía156 y ordenó al notario y a la Registraduría corregir el sexo en el registro civil de María Alejandra.

La sentencia T-594 de 1993 analiza, por primera vez, la solicitud del cambio de nombre de una persona trans, la cual fue rechazada por el notario y los jueces civiles de primer y segunda instancia157. La CortConst sostiene que todo individuo en virtud de la autonomía personal goza de la facultad de cambiar su nombre, por vía notarial158, conforme a su modo de ser, de pensar y de su convicción ante la vida159. Por tanto, decide amparar los derechos fundamentales del accionante. Esta sentencia, fundadora de la línea, se ubica en el período inicial de la CortConst y es pionera en abordar el análisis constitucional del cambio registral conforme a la identidad de género.

La sentencia T-504 de 1994 se trata de una persona que fue registrada con el sexo masculino, a pesar de habérsele realizado una cirugía para amputar su pene. Cinco años después fue rechazada su solicitud de cambio de sexo al femenino por la Registraduría Nacional y por el juez de familia160. La CortConst, mediante sus argumentos, estableció que le corresponde al juez de familia, en primera instancia, la corrección, sustitución o adición de partidas del estado civil y, por tanto, no procedió la acción de tutela161. Esta sentencia se caracterizó por ser una analogía abierta, puesto que los hechos no versan sobre la identidad de género de una persona, sino que se da por un error en su registro de nacimiento; no obstante, se sitúa en una de las hipótesis.

La sentencia T-1033 de 2008 tiene como hecho constitutivo el rechazo tanto del notario como del Tribunal Superior de Cali respecto a la solicitud de la accionante de cambiar, una vez más, su nombre conforme a su anterior identidad masculina, ya que como mujer trans tuvo que someterse a la prostitución y humillación. En esta oportunidad, se creó una regla de derecho al inaplicar la limitación del art. 94 del Decreto Nº 1.260 de 1970 para las personas que buscan expresar su identidad personal y de género a través del nombre, el cual constituye un signo distintivo del sujeto162. Por tanto, protege los derechos del accionante y ordena a la Registraduría Nacional a realizar el cambio.

La sentencia T-918 de 2012 trata sobre la negativa de las autoridades nacionales a realizar el cambio de sexo en los documentos de Loreta, una mujer trans, ya que le exigían que debía hacerse por sentencia judicial. Esta sentencia es de relevancia jurídica por introducir dos modificaciones sustanciales frente a su jurisprudencia. Por un lado, se estableció que, en virtud de los derechos a la personalidad jurídica, la autodeterminación y la dignidad humana, el juez de tutela puede ordenar el cambio de sexo siempre que medie prueba médica o psicológica que sustenta tal petición163. Por otro lado, dejo de considerar al sexo como un dato objetivo e inmodificable para reemplazarlo por una reconstrucción identitaria164. En su decisión, la CortConst ordenó a la Registraduría, con base en el certificado médico de la cirugía de reasginación de sexo, que emitiera nuevo registro civil que constate el cambio de sexo165.

La sentencia T-063 de 2015 analizó el caso de Sara Valentina, una mujer trans que ha sido objeto de discriminación por la incompatibilidad entre su cuerpo con la indicación del sexo masculino en sus documentos de identificación. Por ello, solicitó el cambio de sexo, el cual fue rechazado tanto por la notaria como por el Tribunal Superior de Medellín, al exigirle acudir ante el juez de familia166. La CortConst como regla de derecho estableció que, en virtud de la identidad de género -al ser una vivencia interna de cada persona-, no es admisible constitucionalmente exigir pruebas médicas o psicológicas. Como decisión, la CortConst ordena a la notaria a protocolizar por escritura pública el cambio de nombre y corrección de sexo, para que luego la Registraduría Nacional modifique el registro civil167.

Por último, la sentencia T-498 de 2017 trata sobre la negativa de la Registraduría Nacional, el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia a cambiar el componente sexo en el registro civil de nacimiento y tarjeta de identificación de un hombre trans menor de edad, por no contar con la cédula para realizar el trámite168. En esta sentencia, la CortConst aplicó la excepción de inconstitucionalidad respecto al requisito de la cédula de ciudadanía para corregir el componente de sexo169, ya que existían razones poderosas para hacer primar la voluntad del menor sobre el interés público. Asimismo, la CortConst estableció cuatro criterios para saber si un juez de tutela puede ordenar que a un menor de edad se le pueda realizar o no el cambio de sexo: “1) la voluntad de los padres y el hijo/a (…) 2) el criterio profesional de terceros (…) 3) la cercanía a la mayoría de edad (…) 4) ponderar la trascendencia de la decisión a tomar, sus efectos secundarios y las posibilidades de revertirla”170. La CortConst ordeno tanto al Consulado como a la Registraduría realizar el cambio de nombre y la corrección del componente de sexo en el registro civil171.

Para garantizar la integridad de la línea jurisprudencial se realizó un barrido de sentencias adicionales que abordasen la reglamentación de los cambios registrales y que no fueron citadas por la sentencia arquimédica ni por el primer o segundo nivel. Este ejercicio permitió detectar dos fallos. El primero es la sentencia de constitucionalidad C-577 de 2011 y el segundo es la sentencia de tutela T-450A de 2013.

En la sentencia C-577 de 2011 la CortConst realizó un control de constitucionalidad sobre el artículo 113 del Código Civil y se cuestionó si existe mandato constitucional que imponga aplicar a las parejas homosexuales la misma forma jurídica prevista para la familia heterosexual172.Esta sentencia constituye, en términos metodológicos, una analogía abierta, pues si bien su problema jurídico no se centra en el derecho a reconocer registralmente una tercera categoría, sí estableció un parámetro sobre cambios registrales : Si el 20 de junio de 2013 el Congreso de la República no ha expedido la legislación correspondiente, las parejas del mismo sexo podrán acudir ante notario o juez competente a formalizar y solemnizar su vínculo contractual”173. Esta sentencia es de suma importancia para el presente artículo, ya que se creó una regla de derecho que dejó a un lado la tradicional forma sociojurídico de la familia binaria.

El segundo fallo es la sentencia T-450 de 2013, cuyo hecho constitutivo fue la situación de un bebé intersexual, a quien no le fue indicado el sexo en su certificado de nacimiento. La CortConst se pregunta si se vulneró la personalidad jurídica al no especificarse el sexo en el certificado de nacido vivo porque no se sabía si era niño o niña. Esta sentencia es relevante al fijarse pautas para registrar a las personas intersex desde su nacimiento, mientras el legislador regula174. En el caso en que el menor no se identifique como hombre o mujer, podrá ser inscrito sin llenar alguna de las dos casillas y se hará una anotación en un folio aparte, que luego se eliminará una vez se establezca el sexo. Para asignar el sexo se debe contar con la colaboración de un equipo interdisciplinario de médicos expertos que determinarán el sexo, ya sea femenino, masculino o intersexual. En caso de ser este último, se comunicará y enviará a las autoridades competentes el diagnóstico de ambigüedad sexual o intersexualidad para realizar las respectivas modificaciones175 y se mantendrán los datos en estricta reserva. Conforme a esta sentencia, la Registraduría Nacional reglamentó, a través de la Circular Nº 0100 de 2015, la inscripción en el registro civil de nacimiento de menores intersexuales176. Adicionalmente, a partir del año 2014 el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) consolida, valida y procesa la información de nacimiento de personas intersexuales a partir de los certificados de nacido vivo, calculados por el área de ocurrencia y sexo según grupos de la madre177.

7. Conclusiones

Gracias a la CortConst, paulatinamente se están adoptando cambios jurídicos para proteger a las personas con identidad de género diversa y diversidad corporal. A través del Decreto Nº 1.260 de 1970, modificado por el Decreto Nº 999 de 1988, cualquier persona puede cambiar su nombre por una sola vez ante notaria, garantía que también debe ser aplicada para las personas trans, como lo reiteró esta corporación desde 1993 hasta la actualidad178. En el año 2008, la CortConst decidió inaplicar la restricción de las normas anteriormente citadas para proteger los derechos fundamentales y evitar discriminaciones contra una persona trans que deseaba cambiar su nombre por segunda vez179. Desde el año 2012180, la CortConst ha permitido a esta población cambiar su componente de sexo en sus documentos registrales. Asimismo, asumió una obligación que el legislador no ha decidido regular y que consistió, por un lado, en garantizar el derecho a las parejas del mismo sexo a casarse por vía notarial o judicial y, por otro lado, en fijar pautas para que las personas intersexuales al momento de su nacimiento puedan ser inscritas bajo la categoría intersex181.

Como se puede analizar, en el ordenamiento jurídico de Colombia se han reconocido y garantizado los derechos de la población LGBTI paulatinamente. Por ejemplo, el mayor avance que se ha dado, gracias a las decisiones de la CortConst, es permitir el cambio de nombre y sexo en el registro civil de nacimiento para los transgénero. No obstante, respecto a las personas cuya identidad de género es no binaria, no se han adoptado medidas legislativas o judiciales que protejan sus derechos, como sí lo han hecho otros países. Por consiguiente, nuestra propuesta consiste en que se desarrolle, normativa y/o jurisprudencialmente, el reconocimiento de una tercera categoría no binaria, ya sea bajo la denominación “X”, “inter”, “otro” o “diversa”, según la voluntad del legislador o juez.

Crear una tercera categoría en los documentos registrales permitiría que muchas personas revelarán su verdadera identidad. Para realizar este cambio en el ordenamiento jurídico colombiano se deben contemplar las siguientes situaciones o problemáticas: a) ¿cómo deben cotizar las personas no binarias al Sistema General de Pensiones?; b) ¿las personas cuya identidad de género no sea hombre ni mujer deberán prestar servicio militar?; c) ¿cómo se debe identificar las personas no binarias en documentos registrales como el registro civil de nacimiento, tarjeta de identidad, cédula, carnet de salud o licencia de conducción?; d) ¿si una persona no binaria comete un delito cuya sanción es privación de la libertad, a qué cárcel se la debe enviar si el sistema penitenciario está basado en la clasificación hombre/mujer?, y e) ¿si un menor de edad no se identifica como hombre ni como mujer, el colegio debe obligarlo a usar un uniforme que está conforme al género binario?

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Nacional colombiana

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1Patrick (2005), p. 24; Sancho (2012), pp. 13-14.

2Berlant (2018), p. 548.

3Berlant (2018), pp. 554-555; Valcuende (2013), pp. 236-237.

4Merida (2002), pp. 236-238.

5Herdt (1997), p. 8.

6Cidh Conceptos Lgbti (2015), p. 1.

7Zárate (2015), p. 47.

8Eisele (2017), p. 1.

9Cedaw (2010), p. 2.

10De Juan y Pérez (2007), p. 169.

11Prada (2014), p. 15.

12GacConst Nº 4, de 1991; GacConst Nº 34, de 1991; GacConst Nº 83, de 1991.

13GacCong Nº 87, de 1991.

14Acnudh (2013), p. 4.

15West (2004) p. 29.

16Negro (2018), p. 156.

17GacConst Nº 18, de 1991; GacConst Nº 21, de 1991.

18Corte Constitucional, rol Nº 814, de 2 de agosto de 2001.

19Principios Yogyakarta (2007), p. 1.

20Jacob (2014), p. 1547.

21Zapata (2016), p. 89.

22Corte Constitucional, rol Nº 577, de 26 de julio de 2011; Corte Constitucional, rol Nº 214, 28 de abril de 2016. La Corte ha exhortado al Congreso para que “legisle, de manera sistemática y organizada, sobre los derechos de las parejas del mismo sexo con la finalidad de eliminar el déficit de protección que, según los términos de esta sentencia, afecta a las mencionadas parejas”.

23Corte Constitucional, rol Nº 577, 26 de julio de 2011.

24Corte Constitucional, rol Nº 214, 28 de abril de 2016.

25CIJ (2009), p. 4.

26Principios Yogyakarta (2007), p. 1.

27GacConst Nº 126, de 1991.

28Corte Constitucional, rol Nº 977, de 22 de noviembre de 2012; Corte Constitucional, rol Nº 063, de 13 de febrero de 2015; Corte Constitucional, rol Nº 077, de 22 de febrero de 2016.

29Decreto Nº 1.227, de 2015.

30West (2004), pp. 48-49.

31Atienza (2015), p. 25.

32Cabral y Maffia (2013), p. 86.

33Atienza (2015), p 26.

34Butler (1999), p 55.

35Gil (2018), p. 1.

36López (2017), p. 35.

37Roen (2002), pp. 501-522.

38Richards et al. (2017), p. 5.

39Sotelo (2016), p. 28.

40Stringer (2013), p. 8.

41Leavy (2017), p. 96.

42Zárate (2015), p. 47.

43Stringer (2016), p. 6.

44Cidh (2015), p. 31.

45Cidh Conceptos Básicos Lgbti (2015), p. 1.

46Prada (2015), p. 10.

47Consejo de Europa (2015), p. 15.

48Camacho (2016), p. 159.

49Katyal (2017), p. 389.

50Parks (2016), p. 1.

51Dake (2016), p. 1.

52Basic Rights Oregon (2017), p 1.

53Nbc News (2017), p. 1.

54Nbc News (2017), p. 1. Se hace referencia a los casos de Cameron Wu, Rain Emery Chamberlain y A. T. Furuya, a cuyas peticiones la Corte de California accedió, cambiando su género a no binario.

55Levin (2017), p. 1.

56Biológicamente es una mezcla entre hombre y mujer.

57Levin (2017), p. 1.

58Sánchez (2006), p. 398.

59Martínez y Martínez (2017). pp. 500-1901.

60Leitsätze. -BvR 2019/16-, de 2017.

61Ac Barreda et al. (2011), p. 218. “El síndrome de Turner (ST) es una entidad sindrómica caracterizada por talla baja, disgenesia gonadal y unos hallazgos fenotípicos característicos asociados a monosomía parcial o total del cromosoma X”.

62Jayme (2004), p. 29. “Debido a la ausencia de uno de los cromosomas X, presentan bajo nivel de hormonas sexuales femeninas hasta que llega a un punto en que no producen óvulos”.

63Leitsätze. -BvR 2019/16-, de 2017.

64Leitsätze. -BvR 2019/16-, de 2017

65Prada (2014), p. 15.

66Corte Constitucional, rol Nº 337, de 12 de mayo de 1999.

67By F. Bonilla-musoles (2007), p. 756.

68Oliva (2008), p. 174.

69Corte Constitucional, rol Nº 337, de 12 de mayo de 1999.

70Corte Constitucional, rol Nº 337, de 12 de mayo de 1999.

71Tresguerres et al. (2003), p. 290.

72Tresguerres et al. (2003), p. 290.

73Corte Constitucional, rol Nº 551, de 2 de agosto de 1999.

74Corte Constitucional, rol Nº 450A, de 16 de julio de 2013.

75Corte Constitucional, rol Nº 450A, de 16 de julio de 2013.

76Corte Constitucional rol Nº 622, de 28 de agosto de 2014.

77Corte Constitucional, rol Nº 622, de 28 de agosto de 2014.

78Bill Text SB-179, de 2017.

79Bill Text SB-179, de 2017.

80Bill Text SB-179, de 2017.

81Bill Text SB-179, de 2017.

82Bill Text SB-179, de 2017.

83Bill Text SB-179, de 2017.

84Bill Text SB-179, de 2017.

85Bill Text SB-179, de 2017.

86Bill Text SB-179, de 2017.

87Leitsätze. -BvR 2019/16-Rn3, de 2017. “Jedoch steht einem solchen Menschen, nach zurückgelegtem achtzehnten Jahre, die Wahl frey, zu welchem Geschlecht er sich halten wolle“.

88Leitsätze. -BvR 2019/16-Rn3, de 2017.

89Bäumerich Maik, Intersexualität Und Ehe En Fur (2018), p. 39.

90Leitsätze. -BvR 2019/16-Rn3, de 2017.

91Leitsätze. -BvR 2019/16-Rn4, de 2017.

92Leitsätze. -BvR 2019/16-Rn5, de 2017.

93Leitsätze. -BvR 2019/16-, de 2017.

94Leitsätze. -BvR 2019/16-, de 2017.

95Leitsätze. -BvR 2019/16-, de 2017.

96Leitsätze. -BvR 2019/16-, de 2017.

97Leitsätze. -BvR 2019/16-Rn37, de 2017.

98Leitsätze. -BvR 2019/16-Rn39, de 2017.

99Leitsätze. -BvR 2019/16-Rn40, de 2017.

100Leitsätze. -BvR 2019/16-Rn45, de 2017.

101Roughgarden (2004), p. 346.

102Rellis (2008), pp. 223-258.

103Nanda (2013), p. 118.

104Corte Constitucional, rol Nº 450A, de 16 julio de 2013.

105Corte Suprema de India, rol Nº 400, de 2012.

106Corte Suprema de India, rol Nº 400, de 2012.

107Bochenek y Knight (2012), p. 11.

108Corte Constitucional, rol Nº 450A, de 16 julio de 2013.

109Corte Suprema de Pakistán, rol Nº 43, de 23 de diciembre de 2009.

110Corte Suprema de Australia, rol Nº 273, de 2 de abril de 2014.

111Corte Suprema de Australia, rol Nº 273, de 2 de abril de 2014.

112Australian Government (2018), p. 1. Bochenek y Knight (2012), p. 11. Corte Constitucional, rol Nº 450A, de 16 de julio de 2013. Corte Suprema de Pakistán, rol Nº 43, de 23 de diciembre de 2009. Australian Government (2018), p. 1.

113New Zeland Government (2018), p. 1.

114New Zeland Government (2018), p. 1.

115El Espectador (2018), p. 1: La Corte de Limburgo, tribunal holandés, determinó que los niños cuyo sexo no se pueda determinar al nacer pueden ser registrados sin especificar tal información en el certificado de nacimiento ni en el documento de identidad.

116Diacono (2015), p. 1.

117Ley Nº 3, de 2007.

118Ley Nº 4, de 2018.

119Ley Nº 4, de 2018.

120Sánchez (2018), pp. 45-50.

121Ley Nº 4, de 2018.

122Litardo (2013), p. 247.

123Ley Nº 26.743, de 2012.

124Ley Nº 19.684, de 2018.

125Ley Nº 19.684, de 2018.

126Espejo y Lathrop (2015), pp. 393-418.

127Proyecto de Ley Boletín 8.924-07, de 2013.

128Siverino (2016), p. 238.

129Proyecto de Ley Nº 19.841, de 2016.

130De Justicia (2017), p. 2

131Corte IDH, Caso Atala Riffo y niñas vs Chile, de 24 de febrero de 2012.

132Corte IDH, Caso Atala Riffo y niñas vs Chile, de 24 de febrero de 2012.

133Corte IDH, Caso Atala Riffo y niñas vs Chile, de 24 de febrero de 2012.

134Corte IDH, Caso Duque vs Colombia, de 26 de febrero de 2016.

135Corte IDH, Caso Duque vs Colombia, de 26 de febrero de 2016.

136Corte IDH, Caso Flor Freire vs. Ecuador, de 31 de agosto de 2016.

137Corte IDH, Caso Flor Freire vs. Ecuador, de 31 de agosto de 2016.

138Corte IDH, Opinión consultiva 24/17, de 24 de noviembre de 2017.

139Corte IDH, Opinión consultiva 24/17, de 24 de noviembre de 2017.

140Corte IDH, Opinión consultiva 24/17, de 24 de noviembre de 2017.

141TEDH, Caso B. v. France, de 24 de enero de 1992.

142TEDH, Caso B. v. France, de 24 de enero de 1992.

143TEDH, Caso Christine Goodwin v. Reino Unido, de 11 de julio de 2002.

144TEDH, Caso Christine Goodwin v. Reino Unido, de 11 de julio de 2002.

145TEDH, Caso L. v. Lituania, de 11 de septiembre de 2007.

146TEDH, Caso L. v. Lituania, de 11 de septiembre de 2007.

147TEDH, Caso A.P., Garçon and Nicot v. Francia, de 6 de abril de 2017.

148TEDH, Caso A.P., Garçon and Nicot v. Francia, de 6 de abril de 2017.

149Decreto Nº 1.260, de 1970; Ley Nº 1.564, de 2012.

150Palomares (2017), p. 89.

151Palomares (2017), p. 89.

152Corte Constitucional, rol Nº 675, de 15 de noviembre de 2017.

153Corte Constitucional, rol Nº 675, de 15 de noviembre de 2017.

154Corte Constitucional, rol Nº 675, de 15 de noviembre de 2017.

155Corte Constitucional, rol Nº 498, de 3 de agosto de 2017.

156Decreto Nº 1.069, de 2015; Decreto Nº 1.227, de 2015.

157Corte Constitucional, rol Nº 594, de 15 de noviembre de 1993

158Decreto Nº 999, de 1988.

159Corte Constitucional, rol Nº 594, de 15 de diciembre de 1993.

160Corte Constitucional, rol Nº 504, de 8 de noviembre de 1994.

161Corte Constitucional, rol Nº 504, de 8 de noviembre de 1994.

162Corte Constitucional, rol Nº 114, de 22 de febrero de 2017. En esta sentencia se analizó la prohibición de modificar el nombre por más de una vez ante notario y por escritura pública del artículo 6º del Decreto Nº 999 de 1988. La CortConst sostuvo que, cuando se ponga en riesgo el derecho a garantizar el nombre acorde a su identidad de género o a no sufrir discriminaciones en razón a su identidad de género diversa, es procedente por segunda vez modificar el nombre ante notario. No obstante, declara su exequibilidad condicionada en el entendido de que no es aplicable dicha norma cuando exista una justificación constitucional clara y suficiente, conforme al caso anteriormente descrito.

163Corte Constitucional, rol Nº 918, de 8 de noviembre de 2012.

164Lehoucq y Penagos (2016), p. 4.

165Corte Constitucional, rol Nº 918, de 8 de noviembre de 2012.

166Corte Constitucional, rol Nº 063, de 13 de febrero de 2015.

167Corte Constitucional, rol Nº 063, de 13 de febrero de 2015.

168Corte Constitucional, rol Nº 498, de 3 de agosto de 2017.

169Decreto Nº 1.227, de 2015.

170Corte Constitucional, rol Nº 498, de 3 de agosto de 2017.

171Corte Constitucional, rol Nº 498, de 3 de agosto de 2017.

172Corte Constitucional, rol Nº 577, de 26 de julio de 2011.

173Corte Constitucional, rol Nº 577, de 26 de julio de 2011.

174Corte Constitucional, rol Nº 450A, de 16 de julio de 2013.

175Corte Constitucional, rol Nº 450A, de 16 de julio de 2013.

176Registraduría Nacional del Estado Civil, comunicado de prensa Nº 0100, de 2015.

177Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, nacimientos 2014, 2015, 2016 y 2017

178Corte Constitucional, rol Nº 594, de 15 de diciembre de 1993.

179Corte Constitucional, rol Nº 1033, de 17 de octubre de 2008.

180Corte Constitucional, rol Nº 918, de 8 de noviembre de 2012.

181Corte Constitucional, rol Nº 450A, de 16 de julio de 2013.

Recibido: 15 de Noviembre de 2018; Aprobado: 25 de Junio de 2019

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