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Ius et Praxis

versión On-line ISSN 0718-0012

Ius et Praxis vol.23 no.2 Talca dic. 2017

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122017000200463 

Ensayos

El Constitucionalismo, un puzzle para armar (o para desarmar)

Constitucionalism, a puzzle to arm (or disarm)

J. Ignacio Núñez Leiva* 

*Abogado. Licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Diplomado en Metodologías de Investigación por la Universidad Alberto Hurtado. Diplomado en Derechos Humanos por la Universidad Católica del Uruguay. Post Graduado en Derecho por la Universidad de Castilla La Mancha, España: Especialista en Constitucionalismo y Garantismo (2009) y Especialista en Justicia Constitucional y Procesos Constitucionales (2012). Magíster en Derecho Público por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Diploma de Estudios Avanzados (DEA) y Doctor © en Derecho por la Universidad de Castilla La Mancha. Investigador, Facultad de Derecho U. Finis Terrae. Chile.. Correo electrónico: jinunez@uft.cl, jinunez@uc.cl.

Resumen

: El presente trabajo desarrolla un análisis multidimensional del Constitucionalismo. Lo identifica con el proceso codificador, ideales políticos y actos de fe. Relaciona tales elementos con el distanciamiento con el iusnaturalismo (al menos teológico) que supuso la creación de las primeras Constituciones, la conveniencia de modificar y/o cambiar las Cartas Fundamentales, las (originarias) justificaciones de la supremacía constitucional, la polémica en torno al grado adecuado de rigidez constitucional y la eficacia de los modelos de justicia constitucional.

Palabras clave: Constitucionalismo; Codificación; Supremacía Constitucional; Teoría de la Constitución

Abstract

: This paper develops a multidimensional analysis of Constitutionalism. Links it with the coding process, political ideals and acts of faith. Relates these elements with the distancing of the natural law (at least theological) that led to the creation of the first constitutions, the possibilities of change the constitutions, the (original) justifications of constitutional supremacy, the controversy over the appropriate level of constitutional rigidity and effectiveness of models of constitutional justice.

Keywords: Constitutionalism; Codification; Constitutional Supremacy; Constitutional Theory.

If ever I try to push you away You can just keep me there So please say you’ll meet me Meet me halfway (Chvrches-Clearest Blue)

I. Introducción y objetivos

La semántica del Constitucionalismo ha sido un asunto postergado o derechamente preterido en la literatura jurídica chilena. Basta una rápida revisión a los textos y artículos científicos producidos por la doctrina nacional para confirmarlo. En la doctrina comparada, en cambio, ha recibido mayor tratamiento, atendiendo a sus elementos constitutivos, enfatizando su indisolubilidad con el control del poder, o bien efectuando taxonomías de sus modelos más representativos, contraponiendo, por ejemplo, los prototipos europeos con los de los Estados Unidos de Norteamérica, o lo que se ha dado en llamar Constitucionalismo Clásico con el Neoconstitucionalismo. Incluso, recientes trabajos del célebre Ferrajoli abordan el concepto en perspectiva metateórica y llega a hablar de un Iusconstitucionalismo.

Con todo, quedan pendientes esfuerzos por aportar reflexiones descriptivas del Constitucionalismo en panorámicas multidimensionales, que abarquen sus orígenes culturales (filosófico-históricos), sus propósitos políticos y sus funcionalidades jurídicas. Ese es el objetivo del presente trabajo. Lo que no resulta bizantino, pues la indagación sobre estos elementos -además de aportar claridad sobre los orígenes del Constitucionalismo- repercute en elementos en torno a los cuales giran debates contemporáneos. Nos referimos al distanciamiento con el iusnaturalismo (al menos teológico) que supuso la creación de las primeras Constituciones, la conveniencia de modificar y/o cambiar las

, las (originarias) justificaciones de la supremacía constitucional, la polémica en torno al grado adecuado de rigidez constitucional y la eficacia de los modelos de justicia constitucional.

Para intentar aproximarnos a la consecución del mencionado propósito hemos estructurado nuestro trabajo en seis acápites. El primero lleva por nombre “La polisemia constitucionalista” y se dedica a aportar algunas evidencias del concepto en estudio. El capítulo siguiente se denomina “Una moneda de tres caras”, en él exponemos nuestra hipótesis. A continuación, bajo los rótulos “Constitucionalismo: la Codificación del Derecho Público”, “La doctrina (o ideología política: Constitución y Estado de Derecho” y “El Constitucionalismo como acto de fe: un artefacto político y vehículo de la soberanía popular”, desarrollamos las ideas en que se funda nuestra tesis. Finaliza el presente estudio con un apartado de reflexiones finales.

II. La polisemia constitucionalista

Juan Carlos Bayón lo describe con precisión y rotundidad. De Constitucionalismo y Estado constitucional se puede hablar -con propiedad- en una pluralidad de sentidos. Cada uno más o menos denso o exigente en cuanto a su contenido conceptual. Así, de ninguna manera resultaría impropio hablar del Constitucionalismo inglés, aunque es notorio que el ideal primigenio de un poder del monarca limitado por los “antiguos derechos y libertades” de los ingleses y por las competencias del Parlamento no se ha plasmado nunca en una Constitución escrita. Ni tampoco lo sería incluir al modelo constitucional de los revolucionarios franceses, a pesar de que estuviera organizado sobre el principio de superioridad política del Parlamento y supremacía jurídica de la ley, excluyendo por tanto el verdadero talante normativo de la Constitución.

Tampoco se incurriría en un error al calificar hoy día como “Estados Constitucionales”, en un cierto sentido del término, a sistemas jurídico-políticos como los de Australia (con una Constitución rígida que no incluye declaración de derechos), Nueva Zelanda (dotada de un bill of rights, pero con un régimen de Constitución flexible), Holanda (con una declaración de derechos incorporada a una Constitución rígida, pero sin control jurisdiccional de constitucionalidad de la ley) o Canadá (donde el legislador ordinario -con ciertos límites y sujeto a una serie de condiciones- puede hacer valer una ley aun a pesar de que la Corte Suprema la haya considerado contraria a derechos reconocidos en su Constitución rígida)1..

De la misma manera, la Constitución es un artefacto que puede ser identificado en diversas realidades o épocas, dependiendo primordialmente del significado que le atribuyamos a tal concepto. Para constatarlo, basta comparar la difundida visión que fija los gérmenes constitucionales en la costa noroeste del canal de La Mancha (o de la manga, como en rigor corresponde a la traducción del francés La Manche) con el pensamiento de aquellos que encuentran su más macizo embrión en la Constitución de Filadelfia, o el de quienes resumen la esencia de las Cartas Fundamentales en el artículo 16 de la Declaración Francesa de 1789. Incluso, tales ideas devienen en poco atractivas si se atiende a la perspectiva de los que -comprendiéndola como “el ordenamiento general de las relaciones sociales y políticas”2- datan a la primera de ellas en el siglo IV a. de C. y la sitúan en tierras griegas, incluso romanas3, proponiendo, de paso, una suerte de continuidad histórico-conceptual4 entre los destellos de ese antiguo big bang constitucional y la constelación de Cartas Fundamentales que surca la órbita de los Estados contemporáneos5.

En tal sentido, como tendremos oportunidad de abordar en las páginas siguientes, hemos adoptado por convicción -no por oportunismo- la visión que sitúa los hitos del Constitucionalismo y los orígenes de las Constituciones en los albores del Estado de Derecho6. Selección que termina por escoger de forma explícita también un concepto de Constitución. Lo anterior, pues consideramos que la institucionalidad constitucional se empata de forma endémica con los orígenes del Estado moderno, la filosofía de la Ilustración y el diseño político que se abrió paso con las revoluciones liberales de fines del siglo XVIII en Francia y en los Estados Unidos de Norteamérica. Y que, desde ahí, con ciertas modificaciones y transformaciones en su fisonomía -propias de la evolución y adaptación a nuevas realidades y aspiraciones- mutó hacia el cariz que hoy ostenta, al menos en gran parte del mundo occidental, especialmente en América Latina.

III. Una moneda de tres caras

La tesis que pretendemos desarrollar -que enunciamos en nuestra obra Neoconstitucionalismo y control de constitucionalidad de la ley7 y que proviene de obras previas de Santiago Sastre- propone que tanto el constitucionalismo estadounidense como el francés, tan influyentes en su equivalente iberoamericano, pueden ser concebidos genéricamente de tres formas. Como proceso histórico (que nosotros ligaremos a la codificación), como un ideario político y como una actitud (de fe) ante el Derecho. La primera alude a su origen, la segunda a su contenido institucional y la tercera a los fundamentos de la obediencia de las Constituciones8.

Con todo, entendemos que el Constitucionalismo es un ideario principalmente político, en cuanto nace, evoluciona y se edifica en torno a la justificación y regulación del poder (primero público, hoy también privado). Y que él lleva inserto el ideal de la Constitución como norma suprema. Por eso resulta infructuoso intentar comprenderlo sin tener en cuenta sus tres caras. Tanto así que -a nuestro juicio- la mirada a este objeto de estudio no ha de situarse desde tres perspectivas o planos diversos que observen un mismo panorama, sino que solo de una y partiendo de la premisa de que se trata de un discurso multidimensional integrado por varios componentes o piezas, aunque sean de diversa índole. Por eso planteamos al Constitucionalismo como un puzzle para armar.

IV. Constitucionalismo: la Codificación del Derecho Público

El Constitucionalismo puede ser comprendido como una noción histórica porque con ella se designa una realidad vinculada a una estructura política específica, que encuentra su momento a finales del siglo XVIII y representa la plasmación positiva del iusnaturalismo racionalista e ilustrado, que hizo de los derechos naturales el fundamento de la comunidad política y del contrato social el artefacto para sustentar las instituciones políticas9.

La Codificación y el Constitucionalismo, en este sentido, se encuentran íntimamente ligados, no solo entre sí -en cuanto procesos de unificación normativa desarrollados sobre la base de una técnica común-, sino también con el descrédito que con el transcurso del Medioevo experimentan el Derecho Romano y el Ius Commune.

Tal como afirma Alfonso Ruiz Miguel, las teorías del Estado y del Derecho propias del iusnaturalismo racionalista produjeron dos fenómenos decisivos y de duradera influencia, no solo para el Estado y el Derecho, sino además para la teoría jurídica. Se trata de la Codificación y el Constitucionalismo10, corrientes que comparten sus orígenes, pero también sus marcos teóricos e improntas: la seguridad jurídica, el espíritu ilustrado y, para los más escépticos, la cimentación del Capitalismo11. Pero no solo ambos procesos se comunican en sus elementos germinales, sino que cronológicamente resultan paralelos e impensados el uno sin el otro. Así, Bartolomé Clavero es rotundo en sostener que resulta imposible retrotraer en propiedad su sentido -pese a su identificación denotativa con el derecho privado- la idea de Código antes de la existencia de las primeras Constituciones12.

Hablar de codificación (privada y pública) no es posible sin antes precisar en algún sentido el producto de tal proceso: el Código. Y en la materia resulta difícil dudar que la voz más autorizada pertenece a Giovanni Tarello. El gran maestro Tarello señala en su conocida obra Cultura Jurídica, Política y Derecho que se llama Código a un libro de reglas jurídicas sistematizadas según sistema (un orden) caracterizadas por la unidad de materia, vigente para toda el área geográfica de la unidad política que lo emite, destinado a todos los sometidos a la autoridad política estatal y que abroga todo el derecho vigente sobre la materia13.

La codificación, por su parte, siguiendo a Caroni, consiste en una operación de producción normativa encaminada a superar la fragmentación, técnica y social del Derecho, a través de un producto unitario14.

Tanto la Codificación Legal como la Constitucional hallaron uno de sus principales nutrientes doctrinarios en la sustitución del iusnaturalismo medieval por el brioso iusnaturalismo racionalista que, a partir de importantes reformulaciones en la concepción de la razón, la extensión de la ética, la naturaleza humana y la existencia de derechos naturales, culminó por sentar un sistema de pensamiento que superpuso el carácter deontológico del Derecho Natural por sobre su cariz ontológico y separó aguas entre el Derecho y el Estado, a efectos de proteger al primero frente al segundo e instalarlo como un coto ante el absolutismo del estatal.

La lucha ilustrada -señala Cassirer- se enfrentó a dos poderosos adversarios que actuaron como aliados: la derivación del Derecho de una voluntad divina (por tanto, irracional, inaccesible e impenetrable para la razón humana) y el Estado Leviatán. Así, la razón humana se rebeló, no necesariamente ante Dios, pero sí frente a su omnipotencia, usurpada y utilizada a su antojo por algunos, y también en contra del Dios mortal -encarnado en el Estado- como lo califica Hobbes de forma tan característica15.

En efecto, puestas en contraste, las concepciones acerca de la razón acuñadas bajo el paradigma medieval entran en tensión al menos en tres planos con sus equivalentes desarrolladas en la Edad Moderna. Tales conflictos pueden ser sintetizados en tres pares de concepciones antagónicas: (1) la razón individual secularizada vs. la razón teológica eclesial, (2) la razón causal vs. la razón teológica y (3) la razón demostrativa vs. la razón interpretativa. Repasemos brevemente cada una de ellas.

La difusión de los textos bíblicos a través de la imprenta propició la superación de la interpretación institucional de la Biblia al favorecer el acceso a la lectura de la misma en lenguas vernáculas. El monopolio hermenéutico del llamado libro sagrado que mantenía la Iglesia Católica resultó insostenible en la Edad Moderna, escenario histórico que -a través de la reproducción en serie de la Biblia y su traducción a idiomas distintos del latín- permitió que la lectura individual del Antiguo y Nuevo Testamento se convirtiese en una experiencia directa, no intermediada por intérpretes oficiales, instalando a la razón como una potencia intelectual presente en todos los hombres y en igual medida.

En este proceso de emancipación intelectual, significativo fue el pensamiento ilustrado, que tiene una de sus síntesis más precisas en la descripción que hace Kant del mismo: “[L]a ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia sino de decisión y valor para servirse por sí mismo sin la tutela de otro. ¡Ten valor para servirte de tu propia razón! He aquí el lema de la ilustración”16, escribió el filósofo prusiano en 1784.

Por otra parte, la crucial máxima de la razón medieval, que prescribía la ordenación de la existencia humana según un plan divino accesible como una gracia derivada de la fe, merma su autoridad a manos de la pluma de Descartes, que propone a la razón como un instrumento para la intelección de la naturaleza física de las cosas sobre la base de relaciones de causa-efecto y no de fines o tendencias inculcadas en el ADN humano por una voluntad divina17.

Finalmente, la razón moderna desprecia la imposición de verdades sobre la base de subordinaciones a la autoridad y valora únicamente aquellos esfuerzos argumentales demostrativos, que procuran una validez autoevidente, universal, ojalá atemporal, que no requiera apelar a instancias metafísicas. Tendencia que terminará por estimular la primacía de la ley -producto de la razón humana presente en todos por igual- por sobre la costumbre y las prescripciones supuestamente reveladas a castas cognitivamente superiores.18

Por otra parte, el iusnaturalismo en su versión moderna, a diferencia de su versión medieval, aspira al maximalismo ético. Mientras el derecho natural premoderno propone con severidad principios abstractos, mas no criterios concretos, su variante moderna ansía elaborar un catálogo detallado de prescripciones que disciplinen todo el quehacer humano.19 De allí el ímpetu con que los textos jurídicos modernos, y en especial los códigos, pretenderán dar respuesta a todos los dilemas posibles en su ámbito y la ciencia jurídica se resistirá durante mucho tiempo a aceptar la existencia de lagunas en el Derecho.

En torno a la concepción del ser humano, la nueva versión del iusnaturalismo estima a la sociabilidad y la politicidad como opciones deliberadas del ser humano, producto del contrato social. Noción que no emerge únicamente con bríos en su tierra de origen, sino también en Estados Unidos de Norteamérica a partir de 1776, cuando la Declaración de Independencia de aquel Estado acude a las doctrinas de los derechos naturales y del contrato social para legitimar con fuerza y de manera plausible su ruptura con la metrópoli.20 Aquel es el origen de la noción del Estado como un artefacto al servicio de los intereses del ser humano.

Finalmente, como uno de los factores causales más relevantes de la codificación -particularmente la constitucional- el iusnaturalismo moderno se inclina a considerar a los derechos individuales como preeminentes a los deberes y obligaciones, como elementos fundantes del poder político que se legitima únicamente en cuanto sirva de instrumento para su resguardo y garantía21. Esto se constata en las elocuentes fórmulas empleadas, primero en 1776 por la declaración de independencia de las 13 colonias norteamericanas: “[S] ostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados”; y luego en 1789 en la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: “Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes”. Se configura así -con este entramado- un sólido escenario justificativo de lo que será el devenir de la codificación privada, pero especialmente la Constitucional22.

La favorable posición “geoideológica” de Francia puede hacer pensar que solo en ella, y en los países alimentados por su vasta literatura revolucionaria, tendrían eco las ideas afiliadas al pensamiento ilustrado, cuyos rasgos esenciales ya hemos revisado. Con todo, la monumental obra La Democracia en América, de Alexis de Tocqueville, se encarga de corregir esta impresión cuando, al consultarse por el método filosófico de los norteamericanos, señala: “[E]scapar al espíritu del sistema, al yugo de las costumbres, de las máximas de familia, de las opiniones de clase y hasta cierto punto de las preocupaciones nacionales; no tomar la tradición sino como un indicio y los hechos presentes como un estudio útil para obrar de otro modo distinto y mejor, buscar por sí mismo y en sí mismo la razón de las cosas y dirigirse al resultado sin detenerse en los medios y consultar el fondo sin mirar la forma, tales son los principales rasgos que caracterizan lo que llamaré el método filosófico de los norteamericanos”23.

Incluso a la inversa, reputados contradictores, -como Georg Jellinek, quien en su obra Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano afirma la inexistencia de una conexión entre la declaración francesa del mismo nombre y la filosofía ilustrada- ofrecen razones para confirmar nuestra conclusión anterior. Según la tesis del autor -que dentro de nuestro razonamiento no resta, pues el orden de los factores no altera el producto- el modelo de la primera declaración de derechos de la revolución gala hallaría su modelo en la experiencia de los Estados Unidos de Norteamérica, especialmente en la de Virginia de 1776 (que como ya vimos, en la impresión de Tocqueville es tributaria de una filosofía inspirada en los ideales ilustrados). Pero, siguiendo el análisis de Cassirer, aunque la imitación de la declaración francesa por su equivalente estadounidense es demostrable, también resulta difícil de negar la influencia que en esta última tuvo el iusnaturalismo racionalista.

El antecedente, según este último autor, de la Bill of Rigths de Estados Unidos no se encuentra en las contiendas religiosas inglesas, sino que -coincidiendo con Tocqueville- halla su ascendiente en la reformulación del Derecho Natural. Si bien -entonces- la filosofía francesa no ha inventado la idea de los derechos inalienables, atribuida gereralmente a Locke, el mérito de la primera gran revolución liberal de la Europa continental consiste en haber transformado aquellas ideas en un “evangelio moral” que fue entusiastamente propagado24.

Adentrándonos -directamente- en lo anunciado en el presente epígrafe es menester expresar que la codificación comenzó en Europa a finales del siglo XVIII -incluso antes de la Revolución Francesa- y se desarrolla principalmente en el ámbito del derecho privado civil, aunque rápidamente se extendió al derecho penal. Su correlato en la esfera del Derecho Público no es otro que el Constitucionalismo.25 Ambos fenómenos marcharon juntos.26 Mientras en el derecho privado los códigos contribuyeron a garantizar en el nivel interpersonal y concreto las relaciones del liberalismo (capitalista, en palabras de Carlos de Cabo Martín) en el Derecho Público, las Constituciones contribuyeron a fijar y garantizar en el nivel político el interés de las elites triunfadoras que dominaron luego de las revoluciones.27

Dado entonces que el Derecho contemporáneo a la época revolucionaria no pudo permanecer alejado del influjo ilustrado, aquella filosofía nutrió la transformación del antiguo derecho -el privado- y fecundó el nacimiento de un nuevo derecho, el constitucional. Así, es posible afirmar que el Constitucionalismo implica la adopción de tres caminos similares a los seguidos por la codificación privada y cuyos perfiles pueden sintetizarse sobre la base de las siguientes tres coordenadas, que luego revisaremos con mayor detalle: el desplazamiento de la dispersión normativa, la preferencia por la sistematización permitida por la Codificación y la intención de alcanzar la unificación del poder político a través de la centralización de la producción normativa. Todos ellos, nortes en la brújula de la filosofía ilustrada.

En primer lugar, se impulsó la primacía del Derecho legislado por sobre la dispersión normativa. Se despreció la dedicación al ius commune a favor de la dedicación a los textos positivos. Esta tendencia resultó fértil gracias a la conformación de los Estados modernos, pues la centralización del poder, en desmedro de los centros de poder medievales (fundamentalmente el poder y justicia señoriales), implicó la ruptura de las ataduras que mantenían las relaciones de vinculación tierra-hombre típicamente feudales.

Como afirma De Cabo, el último intento por sostener el Feudalismo y la estructura económico-social del Medioevo culminó, paradójicamente, con la génesis del Estado moderno.28 Así, la ley se instaló sobre la costumbre y la interpretación de esta por encima de la doctrina jurídica y los precedentes. Aunque su evolución resultó distinta en el tránsito al Constitucionalismo,29 se optó por el dominio de la voluntad del presente por sobre la autoridad del pasado, fenómeno indirectamente beneficiado por los efectos de la consolidación del absolutismo monárquico que sentó las bases de la organización de producción normativa centralizada, que vino a reemplazar los poderes locales30.

En los Estados Unidos de Norteamérica, si bien no ocurrió un proceso transicional como en Francia, los Artículos de la Confederación son una prueba fehaciente del interés de sistematizar en un texto positivo las reglas básicas del Estado. También lo es el rico y profuso conjunto de ideas divulgado por Hamilton, Madison y Jay en El Federalista. Incluso lo es la misma convocatoria a la asamblea constituyente, especialmente en cuanto señala el propósito de esta: “[R]evisar los Artículos de la Confederación y presentar un dictamen al Congreso y a las distintas legislaturas sobre las alteraciones y adiciones a los mismos que sean necesarias para adecuar la Constitución Federal…”.

En segundo lugar, la técnica elegida para condensar el entonces nuevo derecho público es una elección ilustrada. Se prefirió la codificación, esto es una ordenación racional del material de un sector jurídico, comenzando de nuevo o al menos elaborando desde un comienzo las relaciones concretas a fin de evitar contradicciones, redundancias o lagunas, todo en lugar de la mera recopilación, técnica tradicional en la época, pero profundamente antirracionalista31. Esta alternativa continúa siendo utilizada y reconocida hasta nuestros días32.

Finalmente, la Ilustración y las revoluciones liberales alentaron la necesidad de la codificación como un factor de control del poder político y su manera de producir las leyes33. La hegemonía estatal, especialmente en el curso post revolucionario, que habría de sustituir la autoridad personal del rey en Francia y al Estado Metrópoli en los Estados Unidos, resultaba posible -bajo los cánones ilustrados- solo en tanto se construyese una entidad abstracta capaz de agrupar a la sociedad bajo su alero. Tal entidad no es otra que la famosa sociedad políticamente organizada, fórmula con que tradicionalmente se ha explicado el concepto de Estado y que en clave ilustrada y revolucionaria adquirió existencia mediante un acto fundacional cimentado en el Código de los códigos que, de paso, se instaló -parafraseando a la teoría contemporánea de las fuentes del Derecho- como “Fuente de las fuentes formales del Derecho”.

Así, en perspectiva histórica el Constitucionalismo supone la creación de un supracódigo ordenado y destinado a regular el poder político34 y cruzado por la intención trascendente de dispensar seguridad jurídica a través de un texto escrito simple y claro que facilite su conocimiento. Esta intención envuelta en el espíritu codificador de los albores del Estado de Derecho se entrelaza con la esencia misma del ideal revolucionario del ocaso del mil setecientos: el desplazamiento de supremacía de la autoridad monárquica y de su origen sobrenatural o ultraterreno a manos de lo que daría en llamarse Supremacía Constitucional originada en un nuevo poder del Estado -desconocido incluso para la teoría de separación de los poderes que nutrió la revolución en Francia-: el Constituyente. La existencia de este nuevo poder, distinto y superior de los (entonces) tres poderes constituidos, y las maneras de ejercerlo acabará, luego, por convertir a las Constituciones en normas peculiares35.

Se trataba entonces de la expansión del ideal codificador desde el terreno del derecho que tenía como destinatario al pueblo -o más propiamente al súbdito- hacia nuevos territorios en donde emergen la persona y el ciudadano. Y que bifurcó su camino al diferenciar de una parte al Código Legal y el Legislador y de otra al Código Constitucional y al Constituyente, atribuyéndoles cierta primacía a estos últimos.

En síntesis, tanto en Francia como en los Estados Unidos de Norteamérica las revoluciones marcaron la ruptura entre la concepción “antigua” y “moderna” del iusnaturalismo. La concepción ilustrada de la razón estimuló el ímpetu codificador, tanto en el derecho privado como en el público, además de favorecer el surgimiento del poder Constituyente -agente del contrato social- como titular de la potestad de disciplinar la estructura básica del Estado a través de una norma básica positiva: la Constitución. En tal sentido, el proceso codificador ilustrado es el padre de la idea de Supremacía Constitucional, aun cuando el desarrollo doctrinario de este concepto sea posterior.

V. La doctrina (o ideología) política: Constitución y Estado de Derecho

En términos políticos, el Constitucionalismo alude directamente al contenido de las Constituciones36 o más bien a la Constitución del Constitucionalismo.

La filosofía política (el deber ser) constitucionalista no hace suya cualquier acepción de Constitución ni le es indiferente su contenido. En términos generales, una Constitución es cualquier conjunto de reglas (codificadas) que dan identidad al sistema jurídico. De hecho, en su pretérita concepción, en el sentido aristotélico37, o como Constitución de los antiguos, parafraseando a Constant38, correspondía al ordenamiento de las magistraturas39. Con tal significado neutro y genérico todo Estado tiene y ha tenido Constitución. Incluso, hay quienes sostienen que la Constitución ha sido un continuo en desarrollo durante la historia de la humanidad.

En cambio, la Constitución del Constitucionalismo revolucionario tiene una función precisa: limitar el poder político con la finalidad de proteger los derechos fundamentales individuales40. Esta semántica se apoya en una razón histórica bien conocida: las Constituciones escritas, que son un fenómeno reciente en la historia, nacen junto con las declaraciones de Derechos fundamentales de libertad, las que posteriormente terminan por incluir dentro de ellas. A consecuencia de esto, en sentido preciso, solo irá acompañado del adjetivo constitucional aquel Estado o Gobierno que cuente con una estructura de poder normativamente estipulada y que está orientada, como lo prescribe el artículo 2º de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, a la “conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre”41. Por eso, justo y apropiado es que se sintetice este pensamiento en el famoso artículo 16 de la citada Declaración en cuanto expresa: “Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada ni la separación de poderes establecida, carece de Constitución”42. En tal sentido -anota con perspicacia Salazar- el Constitucionalismo se empata con la idea moderna de Estado de Derecho43.

Una vez que los derechos naturales se incorporaron en textos jurídicos -nos dice el ya mencionado autor mexicano- se transformaron en derechos positivos44. Fueron realmente verdades evidentes. Abandonaron los laboratorios de la razón para invadir el territorio de los derechos jurídicamente exigibles. Según Bobbio, en el Constitucionalismo el poder político halló en todos sus niveles -incluso en los superiores- límites: los derechos cuya titularidad era reconocida a la sociedad civil. El mismo Bobbio celebró este avance con firmeza. No dudó en afirmar que la proclamación de los derechos del hombre partió en dos el curso histórico de la humanidad, en lo que se refiere a relaciones políticas45.

El poder, sostiene Manuel Aragón, es, por principio, cosa informe, ilimitada, expansiva. Su limitación jamás puede provenir de sí mismo como simple poder. Ha de venir de algo que esté fuera de él. La Constitución es limitación del poder porque lo establece como poder para un fin. Toda Constitución tiene, en lo hondo, una estructura teleológica46.

Tal transformación impactó en el centro de gravedad estructural del universo político. Trastocó sus fuentes de legitimidad. Los derechos naturales se instalaron en el lugar que Locke les había predestinado. Comenzaron a ser fuentes de legitimidad del Estado y del Pacto Social47. La Constitución tiene una vocación transformadora del orden social, pero a la vez resulta también un instrumento para tratar de legitimarlo48.

El control del poder (entonces estatal) se manifestó de dos maneras. El gobierno sub lege y el gobierno per leges. El primero supone una subordinación formal y material del gobernante al Derecho, principalmente al estipulado por las Cartas Fundamentales. El segundo implica que la actividad gubernativa sea ejecutada por intermedio de normas, no a través de caprichos. El poder sub lege se identifica con las tesis constitucionalistas de la limitación de la fuente de peligro: el poder. La variante per leges da vida a la idea -esencial del Estado de Derecho- de la igualdad ante el ordenamiento jurídico49.

Manuel Aragón explica la misma idea con lucidez. La identificación del Constitucionalismo no puede ser meramente originaria o histórica. Se lo reduciría a una simple cronología. Paolo Biscaretti di Ruffia -nos dice nuestro autor- señalará como nota característica del Constitucionalismo la limitación de la actividad gubernamental por intermedio del Derecho. Nicola Mateucci, por su parte, reconocerá como generalmente aceptado que el Constitucionalismo es la “técnica de la libertad”, o sea, la técnica jurídica a través de la cual se asegura a los individuos el ejercicio de sus derechos, pero al mismo tiempo el Estado es anulado -jurídicamente- como potencial violador de ellos50.

Por otro lado -como lo adelanta el célebre artículo 16 de la Declaración de 1789-, el segundo contrafuerte del Constitucionalismo revolucionario fue la doctrina de separación de poderes. No se trataba de una desarticulación de los poderes sociales (económico, ideológico y político) al interior del Estado. Operación que, por desgracia, aún no se logra en Sudamérica. Sino que la reordenación del poder político a través de su distribución en diferentes agentes encargados de ejercerlo. Germinada en las ideas de Locke y hecha fecunda en la pluma de Montesquieu -que sin duda tuvo a la vista la experiencia inglesa- la originalmente (y equivocada) tripartita escisión de los poderes concentrados hasta la época en que el monarca se convirtió en el soporte estructural del Estado de Derecho y del Constitucionalismo51.

De la separación de poderes emergen dos componentes protagónicos del Constitucionalismo. El principio de legalidad (posteriormente de juridicidad, en el Estado Constitucional de Derecho) y el de imparcialidad. El primero consiste en la diferenciación y subordinación de los órganos públicos al sistema jurídico (en aquel entonces integrado principal, si no exclusivamente, por la ley). El segundo, por su parte, implica la independencia de la aplicación del Derecho, tanto del legislador como de la administración52.

Con todo, este segundo elemento del pretérito Constitucionalismo -debido, seguramente, a esa miopía causada por ser protagonistas del surgimiento de instituciones cuya trascendencia no se podrá dimensionar antes del final de los propios días- no consideró en su catálogo, además de los poderes/funciones que la doctrina contemporánea reconoce al Estado, al probablemente más importante de los poderes del Constitucionalismo: el Constituyente. Soporte positivo de la estructura política propuesta por los visionarios pensamientos de Locke y Montesquieu.

Finalmente, la consideración del Constitucionalismo como doctrina -si no es que ideología- acerca de la estructura y fin del Estado implica, a nuestro juicio, diluir en alguna medida aquellos relatos que trazan fronteras entre la ausencia y posterior presencia de valores en las Constituciones.

Más allá de la compleja determinación del contenido de la rúbrica valor, los juristas suelen emplearla para aludir a la consignación de bienes especialmente relevantes en las normas positivas con el propósito de dispensarles protección. Pues bien, la articulación estructural -finalista entre separación de poderes y protección de derechos- es un metavalor. Una galaxia que alberga constelaciones de valores que la justifican, le dan sentido y le otorgan coherencia interna suficiente para mantener su unidad.

En síntesis, si el Constitucionalismo, como proceso histórico, se identifica con la codificación nutrida por la filosofía de la Ilustración, como doctrina política, apunta a la siempre vigente pregunta de si el gobernante ha de ser siervo o patrón del Derecho.53 Pero también a la subsiguiente interrogante de cuán rígidas o flexibles han de ser las normas fundamentales. Todo a partir de la premisa de que la Constitución es una norma -de alguna manera- superior al resto.

Así, como ha dicho Rubio Llorente, por Constitución se entiende hoy un modo de ordenación de la vida social en que la titularidad de la soberanía corresponde a las generaciones vivas y en el que, por consiguiente, las relaciones entre gobernantes y gobernados están reguladas de modo tal que estos disponen de ámbitos reales de libertad que les permite el control efectivo de los titulares ocasionales del poder.54

VI. El Constitucionalismo como acto de fe: un artefacto político y vehículo de la soberanía popular

Finalmente, el Constitucionalismo como acto de fe -completando la triple taxonomía anunciada al comenzar este trabajo- consiste en una actitud o disposición de subordinación a los preceptos que integran las Cartas Fundamentales y hacia ellas en su totalidad.55 Causa, sin duda, del especial valor atribuido a las Cartas Políticas.

Este hecho no obedece a una mera constatación empírica de la obediencia al Derecho (incluso constitucional), sino que revela una cierta fe en las Constituciones. Confianza -incluso esperanza- que no tiene un vínculo necesario con el denominado Constitucionalismo Ético, que ve en las Cartas Políticas axiológicamente cargadas el pretexto para revivir al fantasma de la conexión necesaria entre Derecho y Moral.

Este aspecto es notablemente significativo toda vez que el valor normativo (jurídico) de las Constituciones no puede tener su fundamento en normas del propio sistema u ordenamiento, sino que radica en el hecho de que la judicatura, los ciudadanos y en general el Estado han aceptado -y en la cúspide de sus sistemas de fuentes- una norma necesariamente ubicada fuera del sistema, en el sentido de que no ha sido elaborada por ninguna fuente de producción generada por aquel y no existe norma -fuera de ella misma- que pueda ordenar reconocerla como fuente suprema de tal orden jurídico.56

En tal sentido, como lo han sostenido con firmeza algunos autores, el lugar -o valor- de la Constitución y, por tanto, el sentido del Constitucionalismo, tiene un fundamento de eficacia externo al propio sistema cuya arquitectura cimientan las Cartas Políticas. Es un problema que no encuentra solución intrasistémicamente. Lo anterior quiere decir que si las Constituciones existen como normas no es únicamente porque ellas mismas lo proclamen o porque lo estipule otra norma cuya validez repose en ellas. Sino porque gozan de un cierto -o importante- nivel de eficacia. Pese a su intento de desterrar la eficacia de la teoría pura, utilizando el artificio de la norma hipotética fundamental, Kelsen termina reconociendo esto en diversas ocasiones. En una de ellas, aludida por Prieto Sanchís, expresa que la eficacia se encuentra establecida como condición de validez estatuida en la norma fundamental básica57.

Por eso, el Constitucionalismo y su producto (las Constituciones), como proceso o doctrina, tienen los límites de la contingencia. Se encuentran sujetas, pese a las amarras con que se intente atar a Ulises58, a la voluntad de la soberanía popular, que de la misma manera en que pudo derrocar regímenes monárquicos absolutos, puede rebasar los cauces establecidos por la Constitución cuando sus disposiciones resulten demasiado anchas o muy estrechas para canalizar las necesidades de la sociedad. La tragedia del mejor producto de la soberanía popular -encarnado en el Poder Constituyente- es que no existe límite real para que este último sustituya una Carta Política. No valen cotos, amarres, cláusulas pétreas o mecanismos ultrarrígidos de reforma. Una vez diluida la fe en una Constitución -cualquiera sea- los institutos de garantía constitucional resultan tan útiles como erigir muros en el cielo.

Lo anterior implica, en último término, que es el comportamiento de las instituciones y de los propios ciudadanos el que sostiene la normatividad del sistema, incluso la de su norma fundante59.

En tal sentido, el Constitucionalismo puede ser vinculado con dos fundamentos diametralmente opuestos. Para algunos las Constituciones serán el repositorio del Derecho Natural que desde afuera subordina al Derecho Positivo. Para ellos, su confianza en las Constituciones derivará de aquella razón. Para otros -entre los que nos enrolamos- la Constitución (y todo el Derecho) no serán nunca algo natural, sino una institucionalidad artificial diseñada para resolver pacíficamente la convivencia humana: el contrato social. Y como tal requiere de la voluntad de cumplimiento de sus contratantes: pretéritos, actuales y futuros.

La anterior no es de manera alguna una tesis que postergue las consideraciones éticas sobre el Derecho. Por el contrario, la identificación del Derecho y las Constituciones con un orden moral inmutable -paradójicamente- termina empatándose con una de las más conflictivas versiones del positivismo: el legalismo ético. Si Derecho y Moral son lo mismo, entonces deberíamos renunciar a cualquier crítica ética al Derecho vigente.

Empero, la adhesión a las Constituciones -aquella convicción de que su existencia es algo deseable y positivo para la sociedad, mientras que las infracciones a ella son todo lo contrario- presiona por la existencia de garantías de eficacia de las mismas. Cuestión que, en la práctica, no significa comprometerse necesariamente con algún modelo o sistema específico de garantía de aquellas.

VII. Reflexiones finales

De lo analizado en el presente trabajo podemos extraer las siguientes reflexiones y síntesis.

De Constitucionalismo y Estado constitucional se puede hablar -con propiedad- en una pluralidad de sentidos. Cada uno más o menos denso o exigente en cuanto a su contenido conceptual. De la misma manera, la Constitución es un artefacto que puede ser identificado en diversas realidades o épocas, dependiendo primordialmente del significado que le atribuyamos a tal concepto.

El constitucionalismo puede ser concebido genéricamente de tres formas. Como proceso histórico (que nosotros hemos ligado a la codificación), como un ideario político y como una actitud (de fe) ante el Derecho. La primera alude a su origen, la segunda a su contenido institucional y la tercera a los fundamentos de la obediencia de las Constituciones.

Tanto la Codificación Legal como la Constitucional hallaron uno de sus principales nutrientes doctrinarios en la sustitución del iusnaturalismo medieval por el brioso iusnaturalismo racionalista que, a partir de importantes reformulaciones en la concepción de la razón, la extensión de la ética, la naturaleza humana y la existencia de derechos naturales, culminó por sentar un sistema de pensamiento que superpuso el carácter deontológico del Derecho Natural por sobre su cariz ontológico y separó aguas entre el Derecho y el Estado, a efectos de proteger al primero frente al segundo e instalarlo como un coto ante el absolutismo del estatal.

Es posible afirmar que el Constitucionalismo implica la adopción de tres caminos similares a los seguidos por la codificación privada y cuyos perfiles pueden sintetizarse sobre la base de las siguientes tres coordenadas -revisadas en este trabajo-: el desplazamiento de la dispersión normativa, la preferencia por la sistematización permitida por la Codificación y la intención de alcanzar la unificación del poder político a través de la centralización de la producción normativa. Todos ellos, nortes en la brújula de la filosofía ilustrada.

La filosofía política (el deber ser) constitucionalista no hace suya cualquier acepción de Constitución ni le es indiferente su contenido. La Constitución del Constitucionalismo revolucionario tiene una función precisa: limitar el poder político con la finalidad de proteger los derechos fundamentales individuales.

Finalmente, el Constitucionalismo como acto de fe -completando la triple taxonomía anunciada al comenzar este trabajo- consiste en una actitud o disposición de subordinación a los preceptos que integran las Cartas Fundamentales y hacia ellas en su totalidad. Causa, sin duda, del especial valor atribuido a las Cartas Políticas. En tal sentido, como lo han sostenido con firmeza algunos autores, el lugar -o valor- de la Constitución y, por tanto, el sentido del Constitucionalismo, tiene un fundamento de eficacia externo al propio sistema cuya arquitectura cimientan las Cartas Políticas.

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1Bayón (2001), p. 1.

2Fioravanti (2007), p. 11.

3Matteucci (1998), p. 23.

4Si mal no entiendo, es esto lo que propone Nicola Matteucci en su obra Organización del poder y libertad. Historia del Constitucionalismo moderno, esto es, una continuidad evolutiva del control del poder y la protección de la libertad.

5Aunque uno de los autores citados con mayor frecuencia para proponer la tesis arqueológica de la continuidad histórica del Constitucionalismo y del concepto de Constitución –Maurizio Fioravanti– es presuroso en aclarar que su propósito es restituir cada doctrina a su tiempo histórico, rechazando todo intento de actualizar las doctrinas antiguas y medievales o de encontrar en ellas las raíces del Constitucionalismo moderno. Así lo hace en su conocida Constitución, de la antigüedad hasta nuestros días. Fioravanti (2007), p. 12.

6Aragón (1986), p. 12.

7Núñez (2013).

8Sastre (1999), p. 127.

9Sastre (1999), p. 127.

10Ruiz (2009), p. 269.

11De Cabo (2000), p. 46.

12Clavero (1989), p. 88.

13Tarello (1995), p. 39.

14Caroni (2012), p. 48.

15Cassirer (1993), p. 266.

16Kant (2011), p. 83.

17Ruiz (2009), p. 185.

18Ruiz (2009), p. 187.

19Ruiz (2009), p. 188.

20Fioravanti (2007), p. 81.

21Ruiz (2009), p. 190.

22Ruiz (2009), p. 239.

23De Tocqueville (2011), p. 391.

24Cassirer (1993), p. 277.

25Ruiz (2009), p. 269.

26De Cabo (2000), p. 47.

27De Cabo (2000), p. 47.

28De Cabo (2010), p. 23.

29Tal como lo explicitan los numerosos críticos de la impronta conservadora de las Constituciones y que Carlos de Cabo resume con meridiana claridad al afirmar que: “La Constitución, que tiene su origen en la circunstancia histórica apuntada, desempeña objetivamente una finalidad específica: no sólo expresa formalmente el nuevo orden, sino que contribuye a crearlo y defenderlo”. De Cabo (2000), p. 47.

30Ruiz (2009), p. 270.

31Ruiz (2009), p. 271.

32Guastini (2000), p. 98.

33Ruiz (2009), p. 273.

34Ruiz (2009), p. 275.

35Blanco (2009), p. 81.

36Sastre (1999), p. 128.

37Salazar (2008), p. 17.

38Aragón (2000), p. 110.

39Salazar (2008), p. 72.

40Salazar (2008), p. 72.

41Salazar (2008), p. 18.

42Sastre (1999), p. 128.

43Salazar (2008), p. 72.

44Salazar (2008), p. 85.

45Salazar (2008), p. 85.

46Aragón (1986), p. 13.

47Salazar (2008), p. 85.

48Aragón (1986), p. 11.

49Salazar (2008), p. 86.

50Aragón (2000), p. 115.

51Salazar (2008), p. 86.

52Salazar (2008), p. 89.

53Salazar (2008), p. 73.

54Rubio (1979), p. 61.

55Sastre (1999), p. 128.

56Sastre (1999), p. 128.

57Prieto (2012), p. 157.

58Nos valemos de la alegoría de Ulises y las Sirenas empleada por Jon Elster para justificar el valor de las Constituciones, a la cual se aludirá con mayor detalle más adelante.

59Prieto (2012), p. 158.

Recibido: 29 de Diciembre de 2015; Aprobado: 03 de Mayo de 2016

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