SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.15 número2VALOR DEL ACUERDO TRANSACCIONAL DE UNA PARTICIÓN EN RELACIÓN A UN LAUDO ARBITRAL Y LOS HONORARIOS FIJADOS POR EL ARBITROCASACIÓN, ORALIDAD Y NUEVO PROCESO CIVIL, TRES CONFERENCIAS CHILENAS índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • En proceso de indezaciónCitado por Google
  • No hay articulos similaresSimilares en SciELO
  • En proceso de indezaciónSimilares en Google

Compartir


Ius et Praxis

versión On-line ISSN 0718-0012

Ius et Praxis v.15 n.2 Talca  2009

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122009000200015 

Revista Ius et Praxis, 15 (2):355-357 , 2009

RECENSIONES Y COMENTARIOS

 

LA PRUEBA EN EL PROCESO CIVIL. CUESTIONES FUNDAMENTALES

Bonet Navarro, José, Prólogo de Manuel Ortells Ramos, Editorial Difusión Jurídica, Madrid, 2009, 361 p.

Claudio Meneses Pacheco *

Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Valparaíso y P. Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Magíster en Investigación Jurídica y Doctor (c) en Derecho por la Universidad de los Andes. Correos electrónicos: claudio.meneses@uv.cl, cmeneses@mbmack.cl.


 

Como nuestro sistema procesal civil tiene indudable influencia española, nos parece que en estos días -en los que se habla con insistencia sobre la reforma a la justicia civil- se hace necesario tomar en consideración la actual regulación que de la prueba entrega la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de España. Los arts. 216-218 N°2, 281-298, 429 N°l inc. 2o y 435 de este cuerpo legal, contienen preceptos referidos a materias fundamentales, como

-por ejemplo- la iniciativa probatoria de las partes y del juez (arts. 216, 282,429 N°l inc. 2°, 435); los parámetros de selección del material probatorio (arts. 281,283,287); las reglas sobre carga de la prueba (art. 217); las medidas tendientes a anticipar o asegurar

la evidencia (arts. 293-298) y, la valoración de las probanzas allegadas a la causa (art. 218 inc. 2o). Son cuestiones fundamentales para las tres principales perspectivas de la prueba enjuicio, consistentes en la actividad, los medios y el resultado.

Pues bien, este libro de Bonet entrega una interesante explicación, a la luz de la normativa vigente en España, precisamente sobre materias como las precitadas. Aunque debemos advertir que no se trata sólo de eso, ya que al análisis dogmático se suma el desarrollo de posiciones teóricas sobre la forma como debe ser entendida la prueba civil. En varias partes el autor se refiere a la necesidad de ubicar la prueba en el sector que realmente le corresponde: el de la tutela judicial efectiva de los derechos de las personas que solicitan respuesta jurisdiccional. Al hilo de la misma idea, en otras tantas secciones del texto se alude a lo importante que resulta efectuar interpretaciones en concordancia con las exigencias prácticas de los procesos,destacando de este modo un aspecto crucial del Derecho Procesal: el de la solución concreta de las controversias por medio de decisiones judiciales de calidad. Estas mismas nociones están presentes, además, en el prólogo redactado por Ortells, maestro del autor, quien subraya precisamente los precitados puntos al sostener que si bien la prueba procesal debe nutrirse de consideraciones epistemológicas, como quiera que constituye una actividad de conocimiento de hechos, no por ello debe olvidarse el contexto en el cual se sitúa, que no es otro que el de los procesos jurisdiccionales; el prologuista indica que en los juicios existen regulaciones en algunos planos que revisten importancia para el Derecho y que deben ser ponderadas al momento de examinar qué significado tiene la prueba judicial.

Por todo lo anterior (tradición jurídica; regulación moderna; explicaciones dogmáticas y conceptuales; consideraciones prácticas), estimulamos a leer este texto en nuestro país, ya que en muchas de sus páginas podremos hallar más de una interpretación que nos servirá para buscar soluciones a problemas con los cuales nos estamos enfrentando y respecto de los que no contamos aún con un trabajo científico afinado. Insistimos sobre uno de los méritos del libro, consistente en proporcionar un análisis de la moderna legislación española a partir de criterios razonables y meditados, inspirado no sólo en especulaciones teoréticas, ni basado en planteamientos puramente epistemológicos o filosóficos ni mucho menos en postulados ideológicos mal interpretados, sino en la idea básica de lo que todo ciudadano busca a la hora de acudir al órgano jurisdiccional: la vigencia de un modelo de enjuiciamiento encaminado a la concesión de una adecuada, eficaz y eficiente tutela judicial.

En este orden de ideas, destacamos el enfoque que da Bonet al problema de la oralidad y la producción de las pruebas, donde se pronuncia acerca de la conveniencia de aquélla para la consecución de buenos resultados en la administración de justicia, aunque con una doble advertencia. La primera consiste en no malentender la oralidad y extenderla hacia todos los actos de la prueba judicial, ya que existen medios que, sin perjuicio de declaraciones orales, naturalmente requieren la escritura, tal como ocurre con los documentos y los informes periciales (p. 59). La otra se dirige a no olvidar los requisitos de gestión que trae consigo el modelo oral, en especial en lo tocante a la preparación del personal judicial, la organización correcta del trabajo y la inversión necesaria en estructura, pues -como lo subraya el autor- la oralidad es exigente y una mala aplicación puede conducir a resultados negativos (pp. 59-62).

También destacamos la explicación que entrega sobre los poderes probatorios del juez, en la cual se opta por sacar a éstos desde el plano puramente ideológico para instalarlos en el terreno de los postulados técnicos, lo que -según su parecer- significa atender a las ventajas e inconvenientes que ofrece cada posición "a los efectos de una tutela judicial de mayor calidad y a una protección superior de los derechos de las personas" (pp. 66 y 67).

Consideramos, asimismo, acertada la mirada que da al capítulo de la valoración de la prueba, que es calificado en general y a la luz del art. 218.2 LEC 1/2000 como un sistema de valoración libre de la prueba, aunque con dos acotaciones. Primero, que tal valoración no significa arbitrariedad, desde que la fijación judicial de los hechos debe alcanzarse mediante criterios del razonamiento común, con aplicación de reglas científicas o técnicas, o sea -señala Bonet- según las reglas de la sana crítica (pp. 247 y 248). Y segundo, que tal sistema no se contrapone absolutamente con la vigencia de ciertas disposiciones de tasación legal, que son aceptadas específicamente para las pruebas documentales -en especial las públicas- por razones de seguridad jurídica (pp. 240-247).

Con estas últimas observaciones volvemos a hacer una invitación a leer con atención este texto sobre aspectos fundamentales de la prueba civil. Son cuestiones básicas que en Chile tenemos que empezar a sopesar para no cometer errores. La oralidad desmedida; la falsa concepción de los poderes probatorios del juez; la valoración irracional de la evidencia carente de explicaciones intersubjetivas y, el desconocimiento del sentido que tiene la tarifa legal puntualmente en la prueba documental pública, son algunos problemas que debemos abordar en nuestro país, y la experiencia española, bien explicada en libros como el de Bonet, constituye -a no dudarlo- un referente de importancia.

 

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons