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Ius et Praxis

versão On-line ISSN 0718-0012

Ius et Praxis v.11 n.2 Talca  2005

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122005000200001 

 

Revista Ius et Praxis, 11 (2): 07 - 12, 2005

PRESENTACIÓN

 

No podemos iniciar la presentación de este nuevo número de nuestra Revista, sin referirnos al acontecimiento de mayor importancia que ha ocurrido en el país en el curso de este segundo semestre de 2005: el consenso ampliamente trabajado y logrado con el objeto de llegar a tener una Constitución reformada que supera las divisiones del pasado y constituye una base firma sobre la cual construir en forma estable el futuro.

El 26 de agosto de 2005 han sido publicadas en el Diario Oficial las reformas a la Constitución y el 17 de Septiembre en el Palacio de La Moneda, el Presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar, ha promulgado el texto refundido y sistematizado de la Constitución con las reformas 2005.

Dichas reformas han sido el producto de un largo y complejo proceso de negociaciones entre el gobierno y la oposición que se prolongaron desde el inicio mismo de los gobiernos democráticos hasta agosto de 2005.

Las reformas constitucionales que ven la luz en esta primavera del 2005, tienen como base dos mociones parlamentarias que se publicaron en su oportunidad en los Boletines N° 2.526 - 07 y N° 2.534 - 07 del Diario de Sesiones del Senado, ellas corresponden a cuatro senadores de oposición ( Andrés Chadwick, Sergio Diez, Hernán Larraín y Sergio Romero), presentada el 4 de julio de 2000; y, la otra, el 6 de julio de 2000, bajo la firma de tres senadores de gobierno (Sergio Bitar, Juan Hamilton y José Antonio Viera Gallo) y un senador institucional afín al gobierno ( Enrique Silva Cimma).

Los dos proyectos de reforma constitucional que incidían en las denominadas reformas duras fueron analizados, conjuntamente, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, generándose un espacio para la búsqueda de acuerdos o consenso de las fuerzas políticas de gobierno y oposición, las que eran monitorizadas desde el gobierno por el Ministro del Interior de la época, don José Miguel Insulza, el cual como Vicepresidente de la República presenta las indicaciones del gobierno mediante Mensaje Nº 221 _ 344, el 10 de septiembre de 2001.

La responsabilidad y coherencia de los partidos de gobierno, a través de sus senadores, perseveraban, luego de muchos intentos frustrados, en las mo dificaciones pendientes para superar los denominados "enclaves autoritarios", por su parte, los senadores opositores, constataban la inutilidad de varios de estos enclaves autoritarios, como asimismo, que los senadores designados, de mantenerse, cada vez serían mas favorables a las fuerzas de la Concertación, propusieran también cambios en los mismos temas, aceptando la revisión de dichos enclaves autoritarios, las cuales constituían las reformas "duras" a la Carta Fundamental.

El 6 de octubre de 2004, luego de un laborioso y difícil proceso de búsqueda de consensos, se obtiene un acuerdo político sobre las reformas, al que concurrieron, con su firma, representantes de la Mesa del Senado, del Gobierno y de los senadores de la Concertación y de la Alianza. En dicho acuerdo se encuentran las reformas "duras" referentes al término de la inamovilidad relativa de los Comandantes en Jefe de las FF.AA. y el General Director de Carabineros; la eliminación de las facultades decisorias del Consejo de Seguridad Nacional y las modificaciones a su composición; la eliminación de los senadores designados y de los senadores por derecho propio, la integración y atribuciones del Tribunal Constitucional; la duración del período presidencial; entre otros, con excepción de la modificación al sistema electoral que quedaba excluido del contenido y proceso de reforma, pues a su respecto no se había producido, finalmente, consenso.

El texto de la reforma consensuada en el Senado, no había considerado la posición de los Diputados, los cuales no aceptaron ser un buzón de acuerdos adoptados en otras instituciones, planteando más de 200 indicaciones al proyecto de reforma constitucional, centrándose en dos temas muy importantes para ella, el perfeccionamiento de los mecanismos de fiscalización de los actos del Gobierno, en su participación en el nombramiento de Ministros del Tribunal Constitucional, además de muchos otros aspectos de la reforma constitucional, todo lo cual ponía en peligro el "acuerdo político" de comienzos de octubre de 2004,

El problema que ello presentaba, es que la tramitación de las reformas constitucionales no establecía la posibilidad de superar las divergencias entre ambas ramas del Congreso mediante el expediente de la comisión mixta, como ocurría en el proceso legislativo. Esta perspectiva obligó, en los primeros días del mes de mayo de 2005, a constituir una comisión mixta de hecho, integrada por los miembros de las respectivas Comisiones de Constitución que, en forma paralela al trabajo que estaban desarrollando los diputados, fuera logrando los consensos en aquellos aspectos en que se había producido divergencia entre lo ya acordado en octubre en el Senado y lo que se iba aprobando por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

Así, la Sala de la Cámara de Diputados despachó finalmente, el proyecto concordado con el Senado, en la comisión mixta de hecho, el jueves 19 de mayo, posibilitando al Presidente de la República comunicar el sábado 21, el acuerdo en torno de las modificaciones introducidas a la Constitución. Sin perjuicio de lo cual persistían algunos desacuerdos en torno de la integración y atribuciones del Tribunal Constitucional.

El 22 de junio de 2005, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto y lo propio realizó el Senado el 19 de julio, más tarde, el 16 de agosto, el Congreso Pleno ratificara lo decidido por las dos Cámaras de la Corporación.

El 16 de agosto, el Presidente de la República utilizó el veto, con el objeto de aunar criterios de ambas ramas del Congreso en algunos aspectos en que el senado había señalado algunas observaciones al aprobar la reforma en tercer trámite en el Senado, como asimismo, para concretar la reforma al artículo 19 N°4 de la Constitución en lo referente a la eliminación de la referencia a la protección de la vida pública de las personas, como asimismo, eliminar el inciso 2° referente a la difamación, garantizando así adecuadamente la libertad de opinión e información, además del establecimiento de un mecanismo de acción pública sucesiva entre la declaración de inaplicabilidad en control represivo, ahora en manos del Tribunal Constitucional, y la expulsión del precepto legal del ordenamiento jurídico a través del control represivo abstracto de inconstitucionalidad como nueva competencia del Tribunal, conforme a los numerales 6° y 7° del artículo 93. Además de diversos perfeccionamientos técnicos y formales de las reformas aprobadas por el Congreso, las que, en su conjunto, constituyeron 27 observaciones.

El 17 de agosto de 2005, el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron con celeridad los vetos presidenciales, a excepción de dos de ellos, el Senado rechazó el veto que establecía, entre las atribuciones del Tribunal Constitucional las instrucciones del Fiscal Nacional del Ministerio Público; y la Cámara de Diputados, rechazó el veto que ajustaba la indemnización por error judicial al nuevo proceso penal. El 18 de agosto, el Senado comunicó al Presidente de la República el texto finalmente aprobado, el cual fue publicado, en el Diario Oficial, como Ley Nº 20.050, el viernes 26 de agosto de 2005, publicándose, posteriormente, el DS. Nº 100, conteniendo el texto refundido, el que fue promulgado el sábado 17 de septiembre en el palacio de La Moneda.

La reforma constitucional 2005 pone fin a la larga transición Constitucional a la democracia chilena, iniciada con la reforma de 1989 y que culmina con las reformas actuales.

La reforma constitucional de 2005 es la de mayor calado en el sistema institucional hasta el presente, pone fin a la tutela militar sobre el régimen político, al Consejo de Seguridad deliberante y con poder de decisión y a la inamovilidad de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, cuya existencia en el sistema institucional no resistía ningún análisis a la luz de los principios republicanos y democráticos; la reforma determina la existencia de un Congreso Nacional elegido íntegramente en forma democrática, eliminando senadores designados y por derecho propio. Se ajusta el sistema de Estados de Excepción Constitucional al control parlamentario, se reducen sus lapsos y se reduce la afectación del ejercicio de derechos constitucionales. Se modifica radicalmente la integración del Tribunal Constitucional y se amplían sus competencias. Se reduce el período presidencial a cuatro años sin reelección; se elimina la legislatura extraordinaria, se establecen las interpelaciones ministeriales y se constitucionalizan las comisiones investigadoras. Se garantiza mejor el derecho a la nacionalidad, como asimismo, la posibilidad de doble nacionalidad y la renuncia libre a la nacionalidad chilena por adquisición de otra extranjera, se fortalece la libertad de opinión e información al eliminarse en el artículo 19 N°4, la protección de la vida pública de las personas y la existencia de la difamación. Se consagra constitucionalmente el derecho de acceso a la información pública. Se fortalece el recurso de protección en el ámbito medioambiental. Se mejora la normativa en materia de incorporación de tratados al derecho interno y se consolidó su aplicación preferente mientras ellos no sean eliminados del ordenamiento conforme al derecho internacional, entre otras reformas menores.

Se eliminó del texto de la Carta Fundamental el sistema electoral para la elección de los Parlamentarios, aún cuando sobre este no hubo acuerdo, siendo el elemento fundamental de discordancia en nuestro sistema político, quedando en una norma de creación criolla: una ley orgánica constitucional que requiere para su modificación quórum de reforma constitucional de 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio.

Sin lugar a dudas, la reforma constitucional 2005 consolida el régimen democrático constitucional por un amplio consenso y aumenta fuertemente su legitimidad política y social.

Sin embargo, ello no significa que estemos ante un sistema democrático ideal, quedan diversos aspectos que deberán ser analizados en el futuro próximo, madurando nuevos consensos, siendo el de mayor importancia y que requiere mayor celeridad el del sistema electoral, el país democrático no puede continuar con un régimen electoral heredado del régimen autoritario militar, que carece de acuerdo y que genera graves reparos de representatividad y legitimidad.

Asimismo, es posible advertir que no alcanzaron a madurar los acuerdos para establecer un sistema de transferencia de competencias a organizaciones o tribunales supranacionales, uno de los temas centrales del mundo globalizado del siglo XXI.

Es el momento, asimismo, de someter a análisis nuestro sistema de gobierno, en términos de su capacidad para resolver pacíficamente los conflictos políticos entre el gobierno y eventuales mayorías parlamentarias de oposición; la necesidad de establecer mecanismos institucionales que favorezcan los gobiernos mayoritarios, la facilitación e incentivo de partidos programáticos más que simples maquinarias electorales pragmáticas, que, a su vez, asuman la responsabilidad y coherencia de sus orientaciones, lo que lleva a sugerir una evaluación seria de un tipo de gobierno mas flexible y que posibilite la conformación de mayorías alternativas de gobierno.

El Estado chileno deberá enfrentar en los próximos años los desafíos propios de la gobernabilidad democrática y el procesamiento eficiente y eficaz de las decisiones institucionales con un sistema institucional consensuado y estable para obtener un desarrollo político, económico y social adecuado y justo.

Esperamos que en los próximos números se presenten algunos estudios sobre los distintos aspectos que concretaron esta reforma constitucional y la renovación e impacto que ella causará en la vida política y social.

En este número de la Revista se presenta un conjunto de estudios de derecho público, laboral y privado que esperamos constituyan un aporte significativo para la reflexión y el diálogo de la comunidad jurídica nacional.

Humberto Nogueira Alcalá

Director

 

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