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Revista chilena de nutrición

versión On-line ISSN 0717-7518

Rev. chil. nutr. vol.49  supl.1 Santiago jun. 2022

http://dx.doi.org/10.4067/s0717-75182022000400017 

Conversatorio Político Constitucional

La experiencia del derecho a la alimentación adecuada en México

María Victoria Fernández1 
http://orcid.org/0000-0003-3407-8351

1Profesora a tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP) y Coordinadora del Centro de Bioética Global Aplicada (CIBIGA) de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac México, Estado de México. Email: victoria.fernandezmo@anahuac.mx

¿Por qué constitucionalizar el derecho a la alimentación?

Los procesos constitucionales tienen como finalidad ajustar la Carta Magna a las necesidades cambiantes de la sociedad en un contexto histórico, cultural y social y, sin duda, la alimentación es uno de los retos que preocupan a la Comunidad Internacional, y, en especial, a los pueblos de América Latina. Es por esta preocupación y los estragos sanitarios y sociales de la mala alimentación, además del riesgo de perder la biodiversidad y el conocimiento campesino, que este derecho ha comenzado a tener relevancia a escala constitucional.

La peculiaridad del derecho a la alimentación es que su garantía está intrínsecamente relacionada con la cosmovisión y la cultura de cada uno de los países, de sus pueblos originarios, de sus sistemas tradicionales de producción y de su gastronomía, por lo que cada territorio le otorga un sustrato cultural de extrema riqueza. Por esta razón, la inclusión del derecho a la alimentación en la Constitución de México es fruto del trabajo y empeño de muchas organizaciones civiles y campesinas.

En primer lugar, quisiera señalar brevemente por qué es necesario el reconocimiento al derecho a la alimentación en la Constitución, abordándolo desde las consideraciones del caso mexicano.

En primer lugar, garantizando el derecho a la alimentación se garantiza la satisfacción de una necesidad vital, todos necesitamos comer para vivir. Pero, cuando hablamos de comer, nos referimos a comer adecuadamente, es decir, ingerir todos los nutrientes que el cuerpo humano necesita para cubrir sus necesidades vitales.

Además, el derecho a la alimentación es un derecho que llamamos “llave”, ya que de él dependen muchos otros derechos como son: el agua, el acceso a la tierra, el derecho a tener un salario digno que nos permita adquirir alimentos necesarios que satisfagan las necesidades nutricionales de nuestras familias con dignidad. Así mismo, es el medio por el cual muchos pueblos originarios manifiestan su identidad, pues los ciclos productivos entrañan festividades, ritos religiosos, construcción de tejido social, entre otras manifestaciones de sus derechos culturales.

En segundo lugar, reconocer el derecho a la alimentación en el texto constitucional supone otorgarle mayores posibilidades de judicialización, es decir, las personas que sufran la vulneración en su derecho pueden acceder a los medios internos para su exigencia ante los tribunales. Por ejemplo, en México, quienes alzaron la voz para reclamar el derecho a la alimentación fueron las organizaciones campesinas y su objetivo era el poder defender sus métodos tradicionales de producción, y, en definitiva, su maíz criollo. Sin embargo, en otras regiones, serán las asociaciones de consumidores las promotoras de esta inclusión debido a la gravedad de la epidemia de obesidad y mala alimentación que aqueja a la sociedad.

En tercer lugar, reconocer el derecho a la alimentación, como se adelantaba antes, coadyuva en la garantía de otros derechos fundamentales (agua, salud, educación entre otros), debido a las características de interdependientes, interrelacionados, irrenunciables y universales de los derechos humanos. Además, debido a que el medio ambiente es la casa común en la que todas las personas y los pueblos se desarrollan, los derechos que la asisten son fundamentales para la garantía del derecho a la alimentación. En la tierra vivimos y de ella nos alimentamos, por ello la protección de la diversidad y el cuidado del medio ambiente y sus recursos, finalmente nos afecta de manera holística en todos los niveles (el físico, el material e, incluso, el espiritual desde la perspectiva de la ecología integral).

Debemos tener en cuenta que, dentro de la producción, México es centro de origen y diversificación del maíz, por lo tanto, esta realidad une de forma indisoluble las culturas originarias, sus costumbres y su espiritualidad con el maíz. Los pueblos de México crearon el maíz, convirtiendo esta planta en el centro de la cosmovisión, de la cultura, de la alimentación del pueblo mexicano; y fue la preocupación por proteger esta planta el motor que generó el reclamo social del derecho a la alimentación por parte de los campesinos y organizaciones como es el caso de “Sin maíz no hay país”1.

En cuarto y último lugar, la inclusión del derecho a la alimentación en el texto constitucional obliga a intensificar y luchar contra la discriminación, ya que contempla la prerrogativa que cada persona tiene al acceso a los alimentos adecuados dependiendo de sus necesidades fisiológicas particulares, por lo que no pueden recibir un trato igual un niño que un adulto mayor o que una mujer embarazada o un recién nacido; cada uno de ellos tiene sus necesidades particulares de acceso a una alimentación adecuada, lo que sería llegar a la concepción más profunda de justicia: dar a cada uno lo suyo.

Como conclusión de este punto hay que admitir que, si bien es cierto que la inclusión del derecho a la alimentación tiene grandes beneficios para la justiciabilidad y garantía de este derecho, también hay que poner de manifiesto que es simplemente un punto de partida, no de llegada. Y esto es así porque, a este logro le debe seguir el acuerdo para la redacción de una ley general, determinación de presupuestos y competencias entre la/las administraciones del Estado en cuestión, y la sensibilización de los operadores de justicia y tomadores de decisiones en política pública.

Relatoría del proceso constitucional del derecho a la alimentación en México

El proceso de demanda de la constitucionalización del derecho a la alimentación comenzó en 1991, momento en el que la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLECAN)2 abrió la puerta al libre comercio con Estados Unidos, o más bien al juego comercial bajo las reglas del gigante económico, ya que, mientras los campesinos mexicanos se enfrentaban al enviste económico sin apoyos de su Estado, los campesinos estadounidenses disfrutaban de amplias ayudas al campo. Además, en este momento comenzarían las presiones para el uso de los paquetes tecnológicos compuestos por semillas genéticamente modificadas, que ponían en grave riesgo la biodiversidad y la libertad en los usos y costumbres basados en el intercambio de semillas entre pequeños productores.

Conociendo los efectos que la liberalización de la producción del campo tendría en la idiosincrasia del campesinado mexicano y el miedo de perder esa diversidad del maíz, se conforma el Frente por el Derecho a la Alimentación (FDA), el cual tendría como principal objetivo tratar de proteger al campesinado de esa liberalización del comercio, pero, sobre todo, defender a México como centro de origen del maíz.

Uno de los objetivos de la FDA era “defender las acciones públicas a favor de la alimentación, se requería el reconocimiento del derecho humano a la alimentación en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos”3. Esto quiere decir que, desde 1991 que se crea el Frente de Derecho a la Alimentación, ya se comenzó el proceso de demanda de la inclusión del derecho a la alimentación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al año siguiente, y siguiendo esta misma línea, el 16 de octubre de 1992, coincidiendo con el Día Mundial de la Alimentación, se presentó por escrito la petición a la Cámara de Diputados para que se realizara la inclusión del derecho a la alimentación en la Constitución. Los grupos civiles se habían unido y le exigían al Congreso el reconocimiento de este derecho como derecho fundamental, en un intento de proteger su cultura, sus métodos de producción, el maíz y su acceso a los alimentos.

En 1994 se abrió una iniciativa para reformar la Constitución en el marco de la cual se presentó la propuesta de reconocer el derecho a la alimentación como derecho fundamental. El movimiento civil tomó este proceso como una oportunidad para lograr el objetivo de ver reconocido este derecho en la Constitución, a sabiendas de que, si se incluía el derecho a la alimentación en la Constitución, podrían proteger a las poblaciones vulnerables, los sistemas tradicionales de producción y el maíz de las cláusulas del TLECAN.

Como ya se adelantaba, para las organizaciones campesinas, el reconocimiento en la Constitución del derecho a la alimentación resultaba un gran triunfo pues suponía que el legislador se hacía eco de sus preocupaciones y de sus sistemas de valores. Ya no sería visto como un derecho humano más, sino que sería un derecho fundamental impregnado de la identidad e idiosincrasia del pueblo mexicano.

La del 1994 fue la primera de cerca de 30 iniciativas que se presentaron hasta el año de su aprobación e inclusión del derecho a la alimentación en la Constitución mexicana en 2011. Por lo tanto, fue un larguísimo camino el que se tuvo que transitar y del cual resumiré los momentos más representativos.

En el 2004 surge en la Cámara de Diputados una institución que va a ser clave en este proceso, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRESA), que además de múltiples estudios de muy alta calidad, tenía como objetivo estudiar el proceso de desempaque e implementación del derecho a la alimentación, es decir, una de sus competencias consistía en planificar una estrategia sobre cómo iba a materializarse el derecho en la realidad de los campesinos mexicanos, en los productores (pequeños, medianos y grandes), en los intermediarios y, finalmente, cómo los consumidores han de utilizarlo para exigir su derecho a una alimentación adecuada.

Es de resaltar, que las organizaciones civiles que más se movilizaron por el reconocimiento del derecho a la alimentación están más centradas en la producción y en la defensa de los derechos de los campesinos, así como los pueblos originarios de México, que en el consumo. Esto no quiere decir que no exista preocupación por la mala alimentación en México. Muy al contrario, el sobrepeso y la obesidad ya fueron consideradas epidemia y sus efectos en la salud son las causantes de la mayoría de las Enfermedades no Transmisibles (ENT), sin embargo, la preocupación por la desaparición de los métodos originarios de producción y el maíz criollo lograron una mayor representatividad en el movimiento.

En oposición a los excesos de las empresas de productos ultraprocesados, la organización civil “El poder del consumidor” ha realizado investigaciones exhaustivas donde denuncia el perjuicio que para la salud suponen los productos ultraprocesados, además de propuestas sobre alternativas saludables a la dieta actual. Gracias a su empeño, trabajo y paciencia tenemos una Ley de etiquetado que da mucha más protección e información a los consumidores, permitiéndoles tomar decisiones informadas sobre los alimentos que ingieren.

Regresando al proceso histórico del reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación en México, es de resaltar que, a partir del 2005 la alimentación se posiciona como un tema central en las agendas sociales, académicas y políticas, gracias a la influencia del CEDRESA. Es necesario mencionar reuniones importantes como la que se celebró en Tlascala para la protección de los maíces originarios, pero el evento que dio el empuje final a la inclusión del derecho a la alimentación dentro de la Constitución mexicana fue la instauración del Frente Parlamentario Contra el Hambre (FPCH) en septiembre de 2009. Esta organización abre un canal para un diálogo más directo con diputados, en la que el derecho a la alimentación comienza a tomar forma a partir de los parámetros del derecho internacional de los derechos humanos.

Sin importar partidos e ideologías, se puso de manifiesto que todos los que conformamos el Frente Parlamentario Contra el Hambre concordamos en la importancia de la realización del mismo y que su inclusión en la Constitución era un primer paso necesario.

En el 2010, el Observatorio de Derecho a la Alimentación comienza a tomar forma con, apenas, cinco Universidades (ahora lo conforman más de 70) y cuyo mandato principal consistía en dar asesoramiento al FPCH. Así, el Observatorio de Derecho a la Alimentación, la representación de FAO en México y todas las organizaciones civiles, más todos los diputados, diputadas, senadores conformaron el grupo de trabajo que conseguirá dar el último paso hacia la modificación constitucional. Finalmente, en 2011, el derecho a la alimentación se convirtió en un derecho fundamental en México. La alegría fue palpable, sobre todo para aquellas personas que llevaban más de diez años luchando por presencial ese momento. Sin embargo, al día siguiente de que fue publicado el nuevo artículo, en concreto, el día 13 de octubre del 2011, se reanudaron las sesiones de los grupos de trabajo para la redacción de la propuesta de ley sobre emergencias alimentarias y el derecho a la alimentación.

El texto del artículo finalmente se plasmó como: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, el Estado lo garantizará” (Art. 4.3. CPEUM, Párrafo adicionado DOF 13-10-2011)4. Un artículo de redacción sencilla, clara y amplia como primer elemento para la garantía del del derecho a la alimentación que supuso un gran avance para el reconocimiento de los derechos humanos en México. En el artículo, al hablar de alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, hace referencia directa o indirectamente a los requerimientos internacionales que la Observación Número 12 de la Asamblea de Naciones Unidas recoge en su texto. Además, se concreta quién va a ser el sujeto obligado de este derecho, sin técnicas de evasión, ni alusiones a la responsabilidad social ni a la subsidiariedad, pues señala al Estado como obligado directo.

Además del derecho a la alimentación, con anterioridad, (el 10 de junio del 2011) se había aprobado la modificación al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual que decía:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección cuyo ejercicio no podrá restringirse y suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece” (Párrafo reformado DOF 10-06-2021)4.

Es decir, no solamente se disponía del derecho a la alimentación como derecho fundamental, sino que además este artículo estaba incardinado en el marco del artículo primero, el cual otorgaba la calidad de derechos fundamentales a los derechos humanos, poniéndolos al mismo nivel de jerarquía. Por esta razón, en México se cuenta con un marco teórico para la protección del derecho a la alimentación en particular, y de derechos humanos en general, muy avanzado, sin embargo, su implementación y garantía aún adolecen de fallas fundamentales.

En el 2012, se realizó un acercamiento para la sensibilización de las Comisiones de Derechos Humanos, sobre todo la del Distrito Federal, la cual dio como fruto un informe sobre el derecho a la alimentación en la Ciudad de México. Para lograr el material de trabajo, se organizaron grupos focales y audiencias públicas donde la personas y los grupos civiles pudieron exponer públicamente sus denuncias y reclamaciones, todo ellos ante la presencia de funcionarios públicos que se comprometieron a dar respuesta. Este ejercicio fue de gran interés porque la defensoría de derechos humanos nunca había dado cabida a este derecho y se manifestaban lagunas aplicativas importantes. Estos foros, además manifestaron la complejidad y transversalidad del derecho, debido a la estrecha interrelación que tiene con los demás derechos fundamentales. Pero, sobre todo, el elemento que podríamos poner de relevancia en el período posterior al año 2011 fue la unión y la coordinación de sociedad civil, la academia, las Instituciones, etc., la propia FAO, para el logro de un mismo fin.

Desde la perspectiva académica, el año 2011 y siguientes, fue muy próspero en cuanto a producción de artículos, propuestas, seminarios, todos ellos dibujando un marco social en el que los derechos humanos fueran una realidad para todas las personas en México. Sin embargo, esta euforia fue decayendo y, de nuevo, se inició otro complejo camino hacia la aprobación de una Ley que hiciera posible la garantía del derecho a la alimentación, es decir, que lo defina, que reparta las competencias entre las distintas administraciones y operadores de justicia, y que lo coloque como eje fundamental de las políticas públicas dirigidas al bienestar social.

En el período del 2011 al 2021, ya se ha perdido la cuenta de cuántas propuestas de Ley se han presentado a los diputados y senadores de los diversos partidos políticos que se van rotando en las curules, sin conseguir más que buenas palabras e intenciones fatuas. De hecho, el pasado 24 de abril 2021 se publicó el dictamen negativo de la última propuesta de ley, lo que va generando cierto desánimo en quienes ya llevan más de veinte años luchando por la garantía del derecho a la alimentación, tiempo que hace mella en las perspectiva e ilusiones.

Para finalizar, resulta necesario enfatizar que aún queda mucho por hacer para la garantía del derecho a la alimentación y, quizá, la aprobación de la Ley no sea lo más inmediato en lo que se tiene que trabajar. En una sociedad saturada por la necesidad económica y alimentaria, quizá la sensibilización y la propuesta de alternativas sustentables y apropiadas para las personas en situación de vulnerabilidad sean el camino para el logro del bien común, hasta llegar a un legislador verdaderamente preocupado por las necesidades alimentarias del pueblo que representa.

Como se ha puesto de manifiesto en este relato, sí se han dado pequeñas victorias, pero nos falta la principal, que es el logro de una alimentación adecuada para todas las personas, y por ello seguiremos trabajando.

REFERENCIAS

1 Organizaciones campesinas, indígenas, urbanas, de consumidores, grupos ambientalistas, de mujeres, de derechos humanos, representantes de la cooperación internacional, intelectuales, artistas, científicos, estudiantes y ciudadanos de a pie. Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo Mexicano “Sin Maíz no hay País”. https://sinmaiznohaypais.org/. [ Links ]

2 Canadá, EEUU, México. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 1992. http://www.sice.oas.org/trade/nafta_s/indice1.asp. [ Links ]

3 Centro de estudios para el desarrollo rural sostenible y la soberanía alimentaria (CEDRSSA). Frente parlamentario contra el hambre: Capítulo México. Documentos básicos. 2012. http://parlamentarioscontraelhambre.org/file/frentes/mex/mx_05.pdf. [ Links ]

4 Estados Unidos Mexicanos. Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. 1917. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf. [ Links ]

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