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Chungará (Arica)

versión On-line ISSN 0717-7356

Chungará (Arica) vol.52 no.4 Arica dic. 2020

http://dx.doi.org/10.4067/S0717-73562020005002802 

ANTROPOLOGIA E HISTORIA

UN DESIERTO CONVULSIONADO, UNA REPÚBLICA ENCIERNES: CAUDILLISMO Y PUGNAS POLÍTICAS EN EL EXTREMO SUR DEL PERÚ (TARAPACÁ 1842-1858)

A DISRUPTED DESERT, A BUDDING REPUBLIC: CAUDILLISMO AND POLITICAL STRUGGLES IN SOUTHERN PERU (TARAPACÁ 1842-1858)

Luis Castro Castro1 

1 Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas, Universidad de Tarapacá, Arica, Chile. lecastro@academicos.uta.cl

Resumen:

La batalla de Tarapacá de 1842 marcó una inflexión relevante respecto al escenario sociopolítico que comenzó a experimentar la provincia de Tarapacá. Puntualmente, reflejó la consolidación de los empresarios salitreros como un cuerpo corporativo con intereses económicos y políticos diferenciados que aceleradamente los terminó confrontando con los resabios del antiguo grupo dominante que tenía sus raíces en la minería de la plata y la explotación agrícola de la tierra. Bajo este contexto, este artículo se adentra en describir y analizar un periodo escasamente abordado y un proceso absolutamente olvidado referido a los posicionamientos y las traducciones que hicieron los grupos de poder de la provincia de Tarapacá de las constantes asonadas y revoluciones que padeció el Perú entre las décadas de 1840 a 1850, provocando un escenario particular que puso, por un lado, en tensión las dinámicas locales con los procesos generales y que agudizó, por otra parte, el persistente conflicto derivado de los afanes de los tarapaqueños por impulsar la industria salitrera y la emergencia de caudillismos locales dispuestos a disputar pequeñas cuotas de poder.

Palabras claves: élite argentífero-hacendal; élite comercial-salitrera; caudillismo; convulsión política

Abstract:

The Battle of Tarapacá in 1842 was a socio-political turning point for the Tarapacá Province as it showed the consolidation of saltpeter businessmen as a corporate group with distinct economic and political interests. Eventually and rather hastily, this made them clash with the remnants of the former dominant group, whose origins lay in silver mining and agriculture. In this context, this article aims to describe and analyze a rarely addressed period and an absolutely forgotten process, namely, how the groups with power of the Tarapacá Province understood and what stance they took on the constant revolts and revolutions in Peru between 1840 and 1850, where the unique scenario, on the one hand, strained the local dynamics with the general processes and, on the other, aggravated the continuing conflict arising from the efforts of the Tarapacá inhabitants to promote the saltpeter industry and the emergence of a local caudillismo willing to fight for small amounts of power.

Keywords: Elite of silver miners and landowners; Elite of traders and saltpeter miners; caudillismo (ideological; military or political leadership); political disruption

Entre las décadas de 1810 y 1830 Tarapacá experimentó no solo el paso complejo y a ratos violento del orden colonial al republicano, siendo partícipe de las transformaciones globales que cambiaron el mapa político de esta parte del planeta, sino adicionalmente, y de forma paralela, sufrió las consecuencias de la transición entre el fin del ciclo argentífero, que había sido su pilar económico a partir del siglo XVIII, y la emergencia azarosa del ciclo salitrero que vino a marcar su devenir decimonónico (Castro 2018:391).

El resultado de la convivencia de estas dos transiciones condicionó de manera importante las intensidades, secuencias y posturas que emergieron a lo largo y ancho de esta región, entre los decenios de 1840 y 1860, en la ruta que siguieron muchos tarapaqueños al participar, decidida o tímidamente, en la formación de la nación y la república del Perú. Es en este escenario que se explica, por ejemplo, la emergencia de los salitreros como actores diferenciados respecto a los mineros de la plata y hacendados que habían dominado, sin contrapeso, las relaciones de poder por más de un siglo en el lejano partido de Tarapacá, diferenciación desplegada principalmente a partir de los nuevos y urgentes intereses económicos que comenzaron a tener estos primeros salitreros que, aceleradamente, se alejaron de las lógicas coloniales que aún primaban en las más tradicionales familias hacendadas de San Lorenzo de Tarapacá, Pica, Camiña y Mamiña. Un antecedente no menor, a debida consideración de que muchos de estos salitreros procedían de estas mismas familias que habían forjado fortuna e influencia explotando tanto los yacimientos de plata de Huantajaya y Santa Rosa como la tierra en los valles y el oasis de Pica con fines agrícolas. A pesar de esta vinculación parental y sociocultural, salitreros y hacendados se comenzaron a distanciar tras la consolidación de la vida independiente del Perú en la década de 1830, una dinámica que se sustentó en una inevitable divergencia de intereses, sobre todo por parte de los salitreros a razón de su arduo trabajo para sostener una actividad productiva, a pesar de su potencial, precarizada e inestable. De este modo, para el decenio de 1840 emergió una fuerte colisión de intereses contrapuestos amparada en la postura fuertemente reivindicativa y demandante que asumieron los salitreros con el gobierno central que, al estar marcado por la figura de Ramón Castilla y su política de la renta guanera, fracturó a la élite tarapaqueña entre aquellos que privilegiaron la lealtad con este coterráneo caudillo y los que comenzaron a ver en él una de las causas de que la actividad minera que practicaban no se desarrollara con la velocidad debida, un quiebre que, a medida que transcurrieron los años y el salitre se convirtió en la médula de la economía tarapaqueña a pesar del escaso apoyo gubernativo, se profundizó no solo en lo comercial, sino también en lo político a partir del rol subordinado que les impuso la decisión del ejecutivo, asentado en la lejana Lima, de privilegiar la renta guanera para financiar la consolidación del estado peruano y postergar el potencial aporte de la industria salitrera, generando frustración y enojo de quienes padecían la dureza de horadar las calicheras de Tarapacá para obtener lo que se llegó a llamar el oro blanco (Castro 2017a). Lo que constituyó una élite hegemónica y homogénea entre el periodo Colonial y las dos primeras décadas del siglo XIX, entonces se comenzó a resquebrajar raudamente, apenas despuntó el decenio de 1840, al amparo de la combinación entre odiosidades personales y rivalidades más estructuradas ligadas, funcional o directamente, a procesos políticos más amplios que fueron utilizados, preferentemente por los salitreros, para conseguir alianzas que le permitieran tener una instrumental y conveniente cercanía con el gobierno central a efecto de canalizar con efectividad sus demandas de apoyo a la actividad minera por la que habían apostado.

Bajo este dinámico y complejo escenario, el posicionamiento político, administrativo y económico de la provincia de Tarapacá tuvo un conjunto de ejes que aglutinaron y condicionaron las posturas y conductas políticas de sus residentes una vez consolidada la independencia del Perú1. De ellos, el tema salitrero, la cuestión de la autonomía administrativa, la vinculación con Lima y la pertenencia al Perú fueron los que primaron a la hora de definir posturas, generar alianzas y tomar posicionamiento en función de los distintos intereses en juegos, amalgamando en lo grueso una convulsionada y, hasta ahora, desconocida vida política que conjugó dinámicas nacionales con cuestiones locales y caudillismos de baja intensidad; un rasgo que en su dimensión política, como ya lo señalamos, tuvo al presidente Ramón Castilla como el catalizador de las rivalidades más persistentes que se desplegaron entre los décadas de 1840 y 1860 en esta apartada región, todavía más siendo él oriundo de San Lorenzo de Tarapacá y uno de los más importantes constructores del Estado-nación peruano que, en esta cualidad, tomó decisiones que, por una parte, indistintamente favorecieron a la provincia tarapaqueña (Donoso 2007:169-182), como, por otra, afectaron con regularidad los intereses de los salitreros tarapaqueños y su anhelo de consolidar y expandir esta industria para convertirla en un pilar de la economía del Perú (Castro 2017a).

Al amparo de este contexto, propongo preliminarmente que los antagonismos entre los miembros de la élite tarapaqueña en las primeras décadas de vida republicana del Perú fueron, por un lado, reflejo del giro que comenzaron a tener los posicionamientos políticos de este grupo a debida cuenta de las expectativas y los desencantos que implicó el proyecto de la formación del Estado-nación peruano y el lugar que le cabía a una provincia tan periférica como Tarapacá en éste, como, por otro, del ajuste en los intereses económicos que resultaron tras la difícil transición desde el ciclo de la plata al del salitre, todo lo cuál implicó nuevas relaciones de poder y el desplazamiento paulatino, pero persistente, del espacio neurálgico (es decir, los lugares donde se tomaban las decisiones político-administrativas) desde los valles serranos a la pampa y la costa salitrera entre las décadas de 1840 y 1860, proceso que se aceleró en el decenio de 1870.

Los registros censales disponibles, a pesar de sus imprecisiones, dan cuenta claramente de este cambio y sus ciclos, sobre todo tomando como referencia la curva demográfica asociada a la mano de obra salitrera. Por ejemplo, de los 7.697 habitantes contabilizados entre 1813 y 1814, un 16,88% residía en la costa, principalmente entre el puerto de Iquique y las minas de plata de Santa Rosa y Huantajaya, en contrapartida, la población rural andina superaba el 80%2. El censo de 1841, por su parte, contabilizó en 2.667 habitantes la población de la zona andina (sierra, oasis), es decir, un 67%, y en 1.088 habitantes, un 29%, la ubicada en la costa y pampa salitrera (salitreras, Iquique, Santa Rosa, Huantajaya). De este volumen, los residentes salitreros consignados representaban un 0,1% (Díaz et al. 2009:44)3. En los mismos términos, el censo de 1866 registró en 5.899 a los habitantes del espacio andino (sierra, oasis y altiplano), un 61,1% del total, y en 3.747 habitantes los residentes de la costa y la pampa salitrera (Iquique, oficinas y pueblos salitreros), representando el 38,9%. La población salitrera, por su parte, se contabilizó en 498 individuos, los que sumaban apenas un 5,2% (Ruz et al. 2008:31). De este modo, los registros de población llevados a cabo entre 1813 y 1866, evidencian un cambio demográfico pausado, pero irreversible en su tendencia, lo que vino precisamente a ratificar el censo 1876, constatando por añadidura la aceleración del cambio demográfico en directa correspondencia a la expansión de la actividad salitrera. En efecto, mientras la población costera y salitrera llegó a 31.051 personas, un 73,9% del total de la provincia, los residentes del espacio andino si bien mantuvieron el rango cuantitativo, alcanzando a 7.821 habitantes, en términos proporcionales su descenso fue muy marcado, pasando a representar un 18,6%. Es decir, mientras que la población costera y salitrera creció (esta última alcanzó a los 9.416 residentes, un 22,4% del total provincial), la del espacio andino se estancó (Resumen del Censo General de Habitantes del Perú 1878:773-781).

Al amparo de esta transformación, la élite tarapaqueña se fraccionó en dos grupos, la minero hacendal y la comercial-salitrera4, las que no tardaron en diferenciarse en cuanto a sus intereses económicos para, más tarde, inevitablemente confrontar posturas políticas en el marco del azaroso transitar del Perú en su camino hacia el fortalecimiento del Estado-nación y la república. En contrapartida, para los grupos subalternos (como los indígenas y los peones salitreros) este escenario no implicó grandes trastornos, apenas algunos cambios mínimos, marcando la pobreza el ritmo rutinario de sus vidas (Díaz y Morong 2005; Figueroa 2008, 2011).

Esta fractura de la élite tarapaqueña, terminó provocando que todos los disturbios, asonadas, sediciones y revoluciones que impactaron a gran parte del Perú en sus primeros años de vida republicana, en Tarapacá tuvieran una traducción específica ligada a una persistente pugna entre los partidarios y los detractores de Castilla, lo que se terminó por convertir en el factor que cada grupo utilizó para aglutinarse y diferenciarse del otro a medida que la transición desde el ciclo de la plata al del salitre se aceleró, más aún con los inconvenientes que encontraron los primeros salitreros por la predominancia de la renta guanera en las finanzas del Estado en desmedro del salitre, un modelo instalado por Ramón Castilla desde su primer gobierno, lo que fue visto por muchos de estos productores salitreros como la causa principal de que su actividad productiva no se consolidara y expandiera y, además, que Tarapacá tuviese una condición desmedrada y subalterna respecto al aparato estatal radicado lejanamente en Lima (Castro 2017a).

Mediante la revisión de periódicos e información de archivo inédita, como la de la subprefectura de Tarapacá y prefectura de Arequipa, mi propósito es describir una parte de este proceso, puntualmente el escenario convulsionado que experimentó Tarapacá en el transcurso de los años de 1840 y 1850, haciéndome eco del planteamiento de Cecilia Méndez y Carla Granados (2012) de rescatar del olvido las guerras civiles peruanas decimonónicas como un factor relevante para entender el peso del tejido social articulado al amparo de estas conflagraciones en la construcción del Estado. Por lo tanto, este texto se centra en un seguimiento cronológico de cada uno de los acontecimientos más relevantes que marcaron y expusieron a la luz pública las desaveniencias entre los partidarios y los detractores de Castilla. También es mi objetivo, aventurar algunas ideas preliminares en torno a los alcances del lugar que ocupó una provincia periférica, como Tarapacá, en la conformación del Perú en el transcurso del siglo XIX y la influencia que tuvo este proceso en el reacomodo de los tarapaqueños, sobre todo de aquellos que más intereses tenían.

Bajo este prisma, avalado por lo fraccionada y parcial de la información encontrada hasta ahora, este texto acentúa lo descriptivo para mostrar una parte de la historia de la provincia de Tarapacá absolutamente desconocida, quedando rezagado los componentes teóricos a un mínimo funcional. En los mismos términos, en este texto se ha obviado la revisión de las trayectorias y la redes de los personajes que marcaron el ritmo político tarapaqueño en gran parte de siglo XIX (contenido en rivalidades personales, amistades, lazos familiares, alianzas políticas, emprendimientos comerciales, entre otros), por ser parte de un estudio que está en curso y que aglutina una temática en sí misma. No obstante, se entregan algunos antecedentes a manera de ilustración de dos de estos salitreros opositores a Castilla.

El Escenario Político en Tarapacá durante las Primeras Décadas de Vida Republicana

Los tarapaqueños, no obstante la condición periférica que los embargó durante el siglo XIX5, fueron activos participantes de la difícil y contrariada construcción social de la nación peruana, más aún cuando el residir alejadamente de los centros políticos nucleares (como Arequipa, Cusco y Lima) los obligó a hacer sus propias traducciones, la mayor parte de ellas funcionales, de los complejos procesos que comenzaron a experimentar tras las luchas emancipadoras, provocando con ello nuevos aprendizajes que dieron sustento a la emergencia de determinadas y plurales maneras de concebir y experimentar el paso de la etapa independentista a la repúblicana6, los mismos que se desplegaron al amparo del fraccionamiento del país debido a la geografía y la falta de vías de comunicación expeditas, como de las dificultades que tuvo la elite para levantar, en una estructura social predominantemente corporativa, un imaginario colectivo universal del Perú, más aún cuando este corporativismo provocó adicionalmente en el transcurso de las décadas de 1820 a 1840, la parcelación territorial del poder, posibilitando con ello la emergencia del caudillismo (del Águila 2013; Mc Evoy 2013, 2014:35-99).

El agitado ingreso de los tarapaqueños al escenario republicano tuvo, hasta donde hemos podido indagar, una tensa quietud en los años treinta a pesar de la guerra civil de 1834 entre Orbegoso y Bermúdez, además de una disposición expectante respecto a las reiteradas asonadas del sur andino surgidas en Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna que, directa o indirectamente, hicieron referencia a la configuración territorial a partir del interés boliviano por Arica y a la posibilidad cierta de desligarse de la influencia limeña, escenarios que amenazaron la condición peruana de Tarapacá (Castro 2017b:427-433). Consolidada la independencia del Perú, entonces, el énfasis político local estuvo en parte importante centrado en lidiar con la nada fácil transición político-administrativa desde el sistema colonial al republicano, también con la paulatina, azarosa y precarizada implementación del aparato estatal, con la necesidad de potenciar la minería del salitre como solución a la crisis terminal de la minería de la plata y, por último, con el requerimiento urgente de afianzar la soberanía peruana en un territorio amenazado por Bolivia. Es decir, factores sustanciales para configurar (aunque fuera de modo parcial, difuso, carenciado e intermediado) lo nacional-peruano, más aún en un paraje tan distante como el tarapaqueño.

El rol de Ramón Castilla como primer subprefecto republicano de la que pasó a ser la provincia de Tarapacá una vez consolidada la independencia del Perú, fue relevante en estos términos7. Primero, en 1826 sancionó jurídicamente la delimitación oriental de la circunscripción a su cargo, remarcando la soberanía peruana respecto a la boliviana a propósito de una disputa entre comunidades indígenas altiplánicas, de uno u otro lado de la emergente frontera, que utilizaron la novel y difusa condición nacional para afianzar sus derechos a pastizales y agua (Castro 2016:113-143). Segundo, en 1827 mandató al químico inglés William Bollaert la ejecución de una expedición con el propósito de realizar la primera cartografía de Tarapacá bajo administración peruana, buscando con ello generar un instrumento que posibilitara tener una clara visión de los límites del territorio nacional correspondientes a su jurisdicción, como las riquezas naturales allí contenidas (Castro et al. 2017a:121-164). Tercero, en 1826 se opuso a la creación de la Federación de los Andes, que hizo que Tarapacá fuera el único colegio electoral que votó en contra de este proyecto político impulsado por Bolívar, un tema no menor tomando en cuenta que en ese año tuvo curso la discusión sobre traspasar Arica y Tarapacá a Bolivia a cambio de una compensación económica y territorial en el área circundante del lago Titicaca (Basadre 2014:171). Lo relevante es que estas medidas tomadas por Castilla, no generaron oposición alguna, al menos de manera explícita y pública, entre los grupos de poder locales, muchos de los cuales basaban sus privilegios en las modalidades coloniales y que, por lo mismo, podrían haber estado dispuestos a transar con la élite boliviana bajo el propósito de mantener su ventajosa posición. Por tanto, debemos entender que lo obrado por Castilla en su calidad de primera autoridad representante del novel estado-nación, reflejó las pretensiones de los tarapaqueños en orden de entender que su patria y destino era el Perú.

Es en este ambiente de anhelos e incertidumbres, que los tarapaqueños le comenzaron a dar una paulatina -por momentos también contradictoria, otras tantas imprecisa e igualmente reivindicativa- musculatura a su condición de peruanos a lo largo de las décadas de 1820 y 1830, la que tuvieron opción de desplegar por primera vez, con algún grado de coherencia e integralidad, en el campo de batalla en enero de 1842 para recuperar la capital provincial, San Lorenzo de Tarapacá, a manos de las tropas bolivianas que habían cruzado la frontera para generar un hecho político mediante una acción militar, ocasión en que las diferencias locales se dejaron de lado para defender la patria (Castro 2017b:426-433).

Esta refriega implicó, en cuanto a su alcance y efectos, una inflexión relevante para la región más meridional del Perú. Por un lado, se bloqueó toda opción, independiente al bando que se perteneciera, de avalar y/o promover un fraccionamiento territorial que posibilitara que la provincia de Tarapacá pasara a ser parte de Bolivia, lo que llevó a una intensificación de las demandas regionalistas al aparato central del estado residente en Lima, sobre todo aquellas referidas a su integración efectiva y equitativa a la nación y a la república (Castro 2017a:37-66). Por otro, la política local se comenzó a sujetar, a razón de lo anterior, a la resolución de la disputa entre los partidarios de Castilla (integrado principalmente por miembros de la tradicional elite de raigambre colonial asentada en los pueblos serranos) y sus detractores (compuesto por personajes ligados filialmente a los grupos tradicionales y que optaron, con un alto índice de riesgo, por dedicarse a la extracción y comercialización de salitre que los terminó situando velozmente en las dinámicas republicanas y sin posibilidad de retornar a las prácticas coloniales), una pugna que tuvo marcados ribetes de posicionamientos caudillistas8, además de modificar las relaciones de poder internas con el propósito de instalar, cada una de las partes en conflicto, en primera línea sus requerimientos a los gobiernos de turno.

De este modo, la figura de Ramón Castilla terminó canalizando funcionalmente las diferencias que se comenzaron a asentar en la medida que los intereses económicos de uno y otro grupo se comenzaron a distanciar, siendo el punto matriz de la disputa la base financiera del Estado-nación en construcción y si esta modalidad le daba cabida o no a la hasta ese entonces incierta industria del salitre y, por medio de este rol, además Tarapacá tuviese un lugar relevante, o al menos visible, en la formación de la nación. La opción por apostar a la renta guanera que delineó Castilla y que tuvo réditos no menores para el Perú entre las décadas de 1840 y 1850 (Contreras y Cueto 2014:113-164), terminó modelando la composición política de esta disputa inicialmente acotada a los intereses económicos de los primeros salitreros. En efecto, la renta guanera cristalizó, de manera impensada, la reconfiguración dicotómica del poder entre la elite tarapaqueña. Los que no se aventuraron a transformase en salitreros, se acoplaron a la visión de Castilla sobre el destino del Perú, en consecuencia, en ellos no hubo incomodidad respecto a que la explotación del salitre no estuviese considerada, todavía más, vieron en esta definición proyectiva el tener un lugar, en tanto tarapaqueños, en los destinos de la patria al ser Castilla oriundo de esta desértica zona. Si era un proyecto de Castilla, por antonomasia también era de ellos. En contrapartida, los salitreros, que debieron lidiar huérfanos de todo apoyo para afianzar esta actividad productiva, que entre los decenios de 1840 y 1850, se vio regularmente sometida a múltiples inconvenientes, tales como vallas financieras, escasez de capital, ausencia de infraestructura, mínimo a nulo apoyo estatal, etcétera, no tardaron en aliarse funcionalmente con casi todo aquel que, en su disputa con Castilla, ofreciera dar cuenta de sus requerimientos más inmediatos9. Por tanto, al privilegiarse el guano sobre el salitre para financiar el desarrollo del país, sobre todo al conocer muy bien Castilla el potencial salitrero de Tarapacá, implicó que este grupo rápidamente transitara desde lo estrictamente económico a lo político-económico al poner en la opinión pública la “cuestión del salitre” en referencia a las posibilidades de desarrollo del país. Puntualmente, argumentando que el destino de la patria inevitablemente se hipotecaría si no se consignaba de igual modo la renta salitrera, todavía más cuando quienes explotaban los yacimientos de caliche eran preferentemente peruanostarapaqueños, a diferencia de aquellos que controlaban la extracción y comercialización del guano que eran extranjeros (Castro 2017b).

Así, la rivalidad entre algunos miembros de la élite argentífera-hacendal, que habían consolidado su riqueza y poder en las minas de plata de Huantajaya y Santa Rosa durante la segunda mitad del siglo XVIII, la producción vitivinícola del oasis de Pica y la propiedad de la tierra y el agua en los valles, todas unidades productivas en crisis tras la independencia, y ciertos participantes de la élite salitrera-comercial que había emergido en la década de 1830 al amparo de la extracción del fertilizante salino y el comercio asociado, cruzó buena parte de la vida política y discusión pública de Tarapacá en la primera mitad del siglo XIX, condicionando los posicionamientos, no siempre en una misma línea, respecto a las constantes asonadas y revoluciones de carácter nacional, como de las sublevaciones y perturbaciones estrictamente locales. Es decir, los salitreros terminaron utilizando funcionalmente los alzamientos encabezados por los rivales de Ramón Castilla, buscando generar un hecho político que les permitiera entrar en los salones del poder en Lima y, con ello, tener las influencias suficientes para lograr la implementación de disposiciones que fueran en apoyo directo a su quehacer productivo y comercial. En oposición, los tarapaqueños leales a Castilla, con distintos grados de intensidad, vieron en las conductas de los salitreros un evidente actuar anti-patriota al favorecer, por sus mezquinos intereses económicos, a aquellos que buscaban romper la institucionalidad republicana. En consecuencia, los alcances cada vez más profundos y amplios contenidos en esta rivalidad, terminó provocando que esta provincia llegara a ser literalmente, por un extenso periodo de tiempo, un desierto convulsionado.

Los Inicios del Caudillismo y de la Pugna Política 1842-1847

Una buena muestra de cómo a partir de la década de 1840 el acontecer político en la provincia de Tarapacá estuvo condicionado, a partir del resultado de la batalla de enero de 1842, por una particular rivalidad entre los partidarios y los detractores de Castilla, fue el acta de San Lorenzo de Tarapacá del 11 de abril de 1843 reconociendo como director supremo a Manuel Ignacio Vivanco, no obstante ser uno de los cabecillas de la revolución contra Vivanco precisamente Ramón Castilla. De este modo, el acta y la asamblea, a la que asistieron el subprefecto accidental, el párroco, los jueces de paz, los síndicos, los “vecinos principales y una porción considerable del pueblo”10, tuvo una traducción local referida al posicionamiento político de los empresarios salitreros (tales como José Luza, José Basilio Carpio, Santiago Zavala, Eduardo Caucoto, Ildefonso Palacios, Manuel Olcay, Manuel Hidalgo, Manuel Vicentelo, Miguel de la Fuente, entre otros) por sobre la influencia de los hacendados tradicionales aglutinados por la familia de Castilla, la que finalmente no pudo alinear a su favor a los hombres y familias más prominentes de la provincia, tal como había ocurrido dos años antes, en enero de 1841, cuando Gamarra reconoció la lealtad de los tarapaqueños ante la sublevación de los departamentos del sur que buscaban proclamar a Vivanco11, situación que un importante periódico limeño relató de la siguiente manera:

El entusiasmo patriótico que ha desplegado en la actual crisis la benemérita provincia de Tarapacá es digno de una mención honrosa. El subprefecto, los demás funcionarios y todos sus habitantes, al solo anuncio de la defección de algunos cuerpos que guarnecían el sur, dieron pruebas ostensibles de su amor a las instituciones y de respeto a las autoridades constituidas. Los resultados correspondieron a nuestras esperanzas, y vimos con placer alejado de aquel territorio el funesto contagio de la sedición, y sofocada la chispa con que desde su tenebroso antro procuran incendiar todo el país los nuevos reformadores12.

Así, la declaración de abril de 1843 fue ilustrativa de las intenciones políticas que se estaban fraguando en Tarapacá en ese momento, remarcando el giro radical respecto a lo ocurrido a inicios de 1841. En una de sus partes medulares el acta señalaba:

Que si antes de ahora no han podido emitir estos mismos sentimientos, ha sido porque separados de toda comunicación con los demás pueblos por su situación topográfica, y careciendo de todo apoyo, temieron que abusándose de su debilidad, se tomara este pretexto para deprimirlos y hostilizarlos; pero que siendo mucho más importante la obra de reconstruir la República y extirpar para siempre el germen revolucionario, que ganar cien batallas, y hallándose solemnemente comprometido al Supremo Director a perfeccionarla, de su libre voluntad, y como que componen una parte aunque pequeña de la comunión Peruana, dan amplias facultades a S.E. el Supremo Director13.

Tan decidida postura provocó que el prefecto del departamento de Moquegua, Baltazar Caravedo, se vanagloriara del apoyo de los tarapaqueños al director supremo, declarando “vuestro nombre es grato al general Vivanco, porque ocupa una página gloriosa en la historia del Perú, y porque le habéis dado pruebas de adhesión a su persona”14. Al parecer, tal entusiasmo tenía sustento en el hecho de que esta proclamación, como lo informó el subprefecto Pedro José Zavala el 20 de abril, había sido con mucha algarabía:

Un grito uniforme e incesante de viva el Supremo Director, acompañado del repique general de campanas, y de toda clase de demostraciones de júbilo, manifiestan la dulce emoción que experimenta este pueblo tan decidido desde muy atrás por la persona y eminentes prendas de S.E. el benemérito Sr. General D. Manuel Ignacio de Vivanco15.

Mientras en 1841 Castilla marchó decidido hacia San Lorenzo para combatir a Vivanco, contando para ello con el amplio apoyo de las familias poderosas de las localidades precordilleranas de Tarapacá16, en 1843 sus tropas no solo tuvieron que acantonarse un tiempo en Iquique al no poder avanzar con fluidez hacia el interior17, sino además cuando lograron llegar a la capital de la provincia tomando posición política, enfrentaron una decidida y extendida oposición de linajudos miembros de la sociedad tarapaqueña dedicados a la extracción de salitre y sus adherentes, los cuales se habían fortalecido a partir de la batalla de enero de 1842 y la firma del acta de abril de 1843. A tal punto llegó este adverso escenario, que el subprefecto impuesto por Ramón Castilla, José Félix Iguaín, tuvo que convocar precisamente la postura anti vivanquista sostenida dos años antes por los tarapaqueños para conseguir apoyo político:

Si en otras épocas habéis dado tantas pruebas de vuestro patriotismo, ¿cómo no lo daréis en la presente en que se hallan echadas por tierra vuestras garantías y derechos? Uníos pues a los fieles defensores de las leyes y tomad parte en obra santa que se ha emprendido18.

Junto con esta precaria posición política, las huestes de Castilla y Nieto asentadas en la provincia de Tarapacá tuvieron que resistir una serie de embates, como el bloqueo realizado por la corbeta Limeña en el mes de septiembre 1843, el bloqueo decretado por el propio Vivanco el 1 de diciembre de 184319, la amenaza de envío de tropas, como la del coronel Lobato a cargo de 300 hombres para “posesionarse de Iquique y de toda la provincia de Tarapacá” informada en diciembre de 184320, o la columna comandada por Ortiz de Zeballos que se enfrentó el 10 de marzo de 1844 a las tropas castillistas, a una legua de San Lorenzo, resultando vencedora después de tres horas de combate y muchos muertos por la parte rebelde y apenas seis fallecido entre los directoriales21. El Fénix, editado por Iguaín en Tacna, dijo sobre esta derrota que los “denodados tarapaqueños” (en referencia a los adherentes a Castilla) se han “mostrado dignos adalides de la Constitución y de las leyes” y que por lo mismo “ya tienen lauros a cuya sombra descansar después de la gloriosa lucha”22.

Terminada la batalla, Zevallos se vio en la obligación de regresar a Iquique al no tener ninguna posibilidad de sostener su posición tomando en cuenta lo lejos que estaban los buques gobiernistas que podían aportarle refuerzos, consecuentemente las tropas leales a Vivanco optaron por bloquear regularmente el puerto iquiqueño y realizar esporádicas excursiones terrestres si se daban las condiciones. De este modo, los batallones constitucionalistas leales a Castilla, compuestos principalmente por tacneños y algunos tarapaqueños, recuperaron sus posiciones en el mencionado puerto. Sin embargo, para inicios del mes de mayo de 1844 decidieron marcharse por tierra a sus lugares de origen al verse bloqueados, por más de veinte días, por el buque “Alerta” capitaneado por Joaquín Guerra, sin posibilidad alguna de revertir la situación23. A partir de este momento, el teatro de operaciones tarapaqueños quedó supeditado a un frágil equilibrio resultante de una subprefectura castillista sin plena capacidad política y militar y una oposición local anticastillista y pro vivanquista carente de control territorial.

Si bien en la batalla de Carmen Alto, ocurrida el 22 de julio de 1844 en las cercanías de Arequipa, las tropas de Castilla y Nieto derrotaron cabalmente a Manuel Ignacio Vivanco, en Tarapacá el desenlace de este conflicto no fue precisamente la supremacía de los castillistas, sino más bien una inestabilidad política que perduró hasta la década de 1850 producto de una persistente, a ratos violenta24, disputa entre los miembros más prominentes de la tradicional élite argentífera-hacendal procastillista y de la nueva élite salitrera-comercial mayoritariamente anticastillista25. Por lo tanto, coyunturalmente no hubo ni vencedores ni vencidos, sino más bien el despliegue de una pugna por el desplazamiento paulatino de las relaciones de poder desde las localidades precordilleranas de raigambre colonial (San Lorenzo, Camiña, Sibaya, Pica) hacia los pueblos y oficinas salitreras (La Nueva Noria, Pampa Negra, Cocina, La Peña) y los puertos (Iquique, Pisagua), proceso que se intensificó en cada revuelta que ocurrió entre las décadas de 1840 y 1850 (Figura 1).

Figura 1 Provincia de Tarapacá, Departamento de Arequipa, Perú 1827-1851. Fuente: © Royal Geographical Society (with IBG). William Bollaert 1851. Tarapacá Province, Arequipa Department, Peru 1827-1851. Fuente: © Royal Geographical Society (with IBG). William Bollaert 1851. 

Precisamente este fenómeno indicó, en noviembre de 1845, el subprefecto Carlos Carpio a su superior jerárquico a propósito del atentado contra el gobernador del distrito de Camiña, José Mariano Zavala, a manos de Manuel Montealegre Lecaros y su hermano Francisco, activos partidarios de Castilla, y la acusación desde Iquique de que estos hechos habían ocurrido por el mal actuar de las autoridades castillistas de la provincia, lo que generó en estos últimos un contraataque argumentando que “El Ilustrado vecindario de Iquique tan imparcial como ajeno se halla de querer hacer valer pergaminos viejos de nobleza y jerarquías llamadas a dominar los pueblos de Pica, Camiña y Tarapacá que encierran vecinos de integridad, pureza, justicia e imparcialidad”26.

El conflicto de Camiña, se originó por un bando publicado el 14 de octubre de 1845 emitido por el gobernador José Mariano Zavala, a objeto de terminar con una serie de desórdenes provocados en la víspera de la fiesta de la patrona del pueblo de Camiña, la virgen del Rosario, por un grupo liderados por Manuel Montealegre Lecaros y Buenaventura Astigueta con el propósito de aludir insolentemente a los directoriales, es decir, a los que habían apoyado a Vivanco contra Castilla y Nieto en la revuelta de 1843-1844. La emisión del bando, que sancionaba la prohibición de las referidas manifestaciones políticas, hizo que por la noche del día 14 los aludidos castillistas o constitucionalistas actuaran con fuerza emitiendo duros improperios contra el gobernador y otros ilustres camiñanos, lo que provocó el arresto de uno de ellos, Mariano Zambrano, generando una fuerte reacción de los alzados que, en número que superaba los veinte individuos, atacaron con golpes de piedra, garrotes y botellas de vidrio a la patrulla de seis soldados y un oficial mientras se dirigían a la cárcel con el detenido27.

Esta trifulca de proporciones28, que dejó con lesiones al comandante del piquete Mariano Rivera, recién vino a ser dispersada a la una de la mañana, momento en que los alzados se refugiaron a la fuerza en la casa del cura Manuel León Zaredo. En estas circunstancias, el día 15 de octubre se dio un largo asedio que, por la tarde, ya habiendo oscurecido, desembocó en una negociación que hizo que el gobernador Zavala ingresara a la casa del cura para finiquitar un acuerdo de rendición con los amotinados. Sin embargo, apenas cruzó la puerta fue objeto de un golpe de azadón en la cabeza proferido por Francisco Montealegre a incitación de su hermano Manuel, procediendo de inmediato los aludidos a cerrar la puerta para evitar el ingreso de los soldados, además de apagar las lámparas de modo de generar oscuridad que les facilitara la fuga. La reacción a esta inesperada agresión fue la arremetida del piquete logrando rescatar al gobernador gravemente herido y detener once sediciosos29, los que fueron traslados a San Lorenzo de Tarapacá para, por orden de la corte superior de justicia de Arequipa a solicitud del prefecto, finalmente llevarlos a Tacna donde fueron exculpados30, un procedimiento que generó el enojo del juez de paz de Camiña que vio en esta disposición una grave alteración de sus potestades jurisdiccionales por parte de las autoridades de gobierno a efecto de favorecer a los amotinados, resentimiento que también caló en el ánimo del subprefecto Carlos Carpio que se vio obligado a conminar al juez de paz a acatar lo mandatado únicamente por su obligación de obediencia debida a su superior jerárquico31, un inconveniente que traerá secuelas en los años venideros, como lo veremos más adelante, respecto a la postura política de Carpio.

La indagatoria judicial a la que fueron sometidos los alzados estableció que la radicalización, aprovechando la numerosa reunión de personas por la festividad, tuvo que ver fundamentalmente con un resentimiento de los que “habían sido afectos a la causa constitucional” encabezada por Castilla y Nieto contra los que “habían prestado los suyos al titulado Director”, es decir Vivanco, una postura que llegó incluso a contrariar la tradición, que se estilaba de “tiempos atrás”, de invitar a la entrada de la iglesia a todo el vecindario y las autoridades32. La justificación de esta falta por parte de los vivanquistas, en su condición de alférez encargados de la festividad, fue indicar que “había sido su designio”, lo que generó en parte la reacción de los castillistas al sentirse afectados en su dignidad. Adicionalmente la colaboración prestada por el también directorial, Anselmo Eyzaguirre, a los soldados en su ingreso a la casa del cura de Camiña33, ratificó, con lo anterior, la causa sustancial del amotinamiento y la rivalidad imperante entre los anticastillistas y los castillistas; un escenario que aquilató con precisión el subprefecto Manuel Vidaurre, en mayo de 1847, al señalarle al prefecto, respecto a los opositores al gobierno de Castilla, que:

Enemigos del orden, por ser opuestos a sus intereses e intenciones, respiran la más sangrienta enemiga a nuestro Gobierno y política. ¿Qué esperarse de estos? Resentidos, anulados merecidamente, no es de dudarse maquinen por lo menos la sición [sic], esto es, si su desesperación y encono los arrastra a mayor crimen. Yo pues salvo mi responsabilidad para con VS y el Gobierno, caso de un acto de que son capaces, no relacionándolos por ahora, por ser esto ajeno de mi honor y principios. Más como pudiera acusárseme en un día de apático o insensato, lo prevengo a VS diciéndole pueden evitarse mil males, separando este club de la Provincia de un modo discreto, aprovechando las ocasiones repetidas que facilitan, por hallarse siempre en pugna con las determinaciones superiores34.

La Consolidación del Conflicto y la Lucha por la Hegemonía 1848-1858

La revuelta encabezada por Carlos Carpio en apoyo de José Félix Iguaín en 1848, escenificó el despliegue cabal de la lucha por la hegemonía entre los “viejos” y los “nuevos” grupos dominantes locales35, más aún tomando en cuenta el giro de Carpio que pasó de ser un actor más bien neutral a un decidido opositor a Castilla, liderazgo que asumió junto con José Basilio Carpio en representación de los salitreros y por la cercanía política que comenzó a tener con Iguaín, que a partir de su participación en la intentona fraguada en Tacna el 6 de febrero de 1846, también pasó a ser un anticastillista. Un cambio radical de postura, que coincidió con su renuncia a la subprefectura de Tarapacá, a fines de 1845, por las razones señaladas líneas atrás.

Carlos Carpio y José Basilio Carpio, representaron el prototipo de los primeros salitreros que terminaron convirtiendo sus intereses económicos, luego políticos, en la plataforma de su sostenida rivalidad con Ramón Castilla. Ambos, con una extensa trayectoria de vida pública, dieron cuenta de la intensa transición que experimentó la lejana provincia de Tarapacá tras el término del antiguo régimen y la instalación dificultosa del orden republicano. En el caso puntual de José Basilio Carpio, para la década de 1830 ya había forjado un sitial en la escena tarapaqueña en base a una riqueza contenida tanto en sus haciendas, ubicadas en los valles de Tarapacá, Camiña y en el oasis de Pica, como por la explotación del salitre, lo que le permitió tener una vasta influencia que lo llevó con regularidad a ocupar cargos públicos (Marambio 2016); incluso en 1815 asumió el rol de regidor en el “cabildo patriótico” instaurado por Julián Peñaranda en el periodo que ocupó San Lorenzo de Tarapacá, una función que no le generó perjuicio alguno tras la restauración realista, y aún más, fue integrante de varios cabildos realistas posteriores hasta que, en la década de 1820, se manifestó partidario de la rebeldía independentista (Castro 2018). Instaurada la república, ejerció hasta la década de 1840 todos los cargos posibles (juez privativo de aguas, juez de paz de distrito, juez accidental de primera instancia, diputado de minería, alcalde municipal y regidor), salvo el de subprefecto, cuando volcó sus energías a afianzar su postura opositora a Ramón Castilla en función de sus intereses salitreros, mismos réditos que convocaron a Carlos Carpio y que les permitió a ambos ser socios (el primero como financista y el segundo como financista y líder) en un par de aventuras militares anticastillas. Carlos Carpio, por su parte, en su juventud fue soldado del piquete de infantería realista que resguardaba el partido de Tarapacá en 1819. A mediados de la década de 1820, como muchos otros, se pasó al bando patriota, forjando en los años 1830 una posición económica mediante la explotación de salitre que le posibilitó, en el decenio de 1840, emerger como un actor político relevante. Si bien en un comienzo no tuvo una postura declaradamente anticastillista, las diferencias que comenzó a tener desde la revuelta de Camiña de 1843-1844 con algunos destacados miembros de la sociedad tarapaqueña férreamente castillistas (que lo presionaron para que cumpliera la orden del prefecto de mandar a los detenidos a Tacna y ser sometidos a la jurisdicción de la corte superior de justicia de Arequipa que los llevó finalmente a que fueran liberados sin cargo alguno), la agresión que recibió en la casa de Magdalena Marquezado, tía de Castilla, el poco respaldo que recibió de Castilla por estas acusaciones y agresiones y su cercanía con los postulados salitreros de José Basilio Carpio, provocó que en 1846 se declarara su opositor, encontrando en Iguaín un perfecto aliado36.

Los antecedentes disponibles, evidencian que la revuelta de 1848 se fraguó concertadamente en base a los recursos económicos y la disponibilidad de hombres que tenían Carlos Carpio y José Basilio Carpio37. Pues bien, lo primero que hizo Iguaín apenas salió del puerto boliviano de Cobija, donde llegó en la goleta chilena Gaitero desde el exilio para encabezar la revolución, fue dirigirse directamente al pueblo de Pica a juntarse con los mencionados salitreros el 19 de julio de 1848 para, al día siguiente, ser proclamado jefe de gobierno en la oficina salitrera Pampa Negra de propiedad de Carlos Carpio. Reunidos todos los conjurados anticastillistas, entre ellos Mariano Loayza, Asencio Almonte, el ex gobernador de Camiña José Mariano Zavala, Guillermo Vera y José Mariano Zarzola, el 22 se dirigieron a la capital de la provincia, con el apoyo de un contingente de 60 hombres, con el propósito de apoderarse de ella, acción que se materializó el 23 de julio a las 4 de la mañana, a la par de la marcha por tierra desde Arica de las fuerzas gobiernistas, a cargo del coronel Francisco Chocano, por orden del prefecto Rivero38. El resultado de esta batalla, que tuvo por centro de operaciones la cárcel donde se apertrechó el subprefecto Juan Vernal junto al comandante de la guardia nacional José María Castilla para defender la capital de la provincia39, fue la derrota de las tropas dirigidas por Carpio e Iguaín quienes, a pesar de los numerosos detenidos pertenecientes a sus filas, lograron huir a la pampa salitrera junto a Almonte40. José María Castilla, en su calidad de jefe de la guardia nacional, relató de la siguiente manera los acontecimientos:

A la cuatro de la mañana de este día [23 de julio] fue invadida esta capital por los revolucionarios, capitaneados por Guillermo Vera, Carlos Carpio y José Mariano Zarzola. La descubierta que ocupaba fue arrollada por sesenta hombres a pesar de la resistencia heroica del comandante Manuel Ramírez Marquezado que con tres hombres ocupaba la avenida en que fue colocada. Internados los sediciosos en la población, se dirigieron a mi casa, lugar donde estaban las armas y a la plaza pública, vivando al general expatriado D. José Félix Iguaín; mas como por las circunstancias el cuartel se había fijado en la cárcel pública, [reubicando ahí] el armamento, se colocó allí la fuerza suficiente (…), y el resultado fue haber sido arrollados y puestos en completa dispersión los traidores…41

De los arrestados, José Basilio Carpio y Mariano Loayza fueron trasladados a Iquique, en cambio Guillermo Vera fue fusilado por medio de un consejo de guerra dirigido por el jefe de la guardia nacional José María Castilla, quién era nada menos que sobrino de Ramón Castilla42. Finalmente, Carlos Carpio fue capturado en Iquique el 26 de julio (por la fuerza comandada por el gobernador accidental y capitán de puerto Ildefonso Loayza) al intentar tomarse este puerto, e Iguaín el día 29 del mismos mes en la oficina salitrera Pampa Negra (donde se había iniciado la revuelta) tras fugarse de la batalla de Iquique, siendo ambos embarcados, junto a los otros detenidos, al Callao43.

Si bien al año siguiente, el 20 de agosto de 1849, se decretó una amnistía general con la anuencia del gobierno de Ramón Castilla44, en la provincia de Tarapacá los ánimos no se amainaron, más aún con la muerte de Guillermo Vera a raíz del consejo de guerra verbal que llevó a cabo José María Castilla el mismo día 23 de julio de 1848, lo que fue catalogado por los detractores del castillismo como una venganza injustificable y por el propio prefecto Mariano Eduardo Rivero como “monstruoso e ilegal”, únicamente entendible “por la exaltación de las pasiones, espíritu de partido y odios personales”45, dejando con ello en evidencia que en los parajes tarapaqueños se había desatado una encarnizada pugna que se sostenía en lógicas sustancialmente locales y personales. Prueba palpable de lo anterior, fueron las protestas anticastillistas realizadas en San Lorenzo de Tarapacá en febrero de 1849 durante los días de carnaval, todas ellas catalogadas por José María Castilla como “atentatorias contra la estabilidad del gobierno y sosiego público”, ofensivas “a la moral pública” y trastornadoras de “la soberanía de las leyes vigentes de nuestra sagrada constitución”46, adjetivos que tuvieron que ver más con su postura política y los duros insultos propinados por sus detractores que con la gravedad de los acontecimientos.

En efecto, entre los días 17 y 21 de febrero de 1849 un grupo de adherentes y trabajadores de Carlos Carpio comenzaron a gritar, envalentonados por el alcohol, proclamas a su favor y de Iguaín por las calles y la plaza de San Lorenzo, antecedentes que ratificó el subprefecto Juan Chocano a su superior jerárquico:

Tengo el sentimiento de comunicar a VS que a mi arribo a esta capital, después de seis días de ausencia, me encuentro con la novedad que unos pocos mozos peones de la oficina de Carpio y que se hallaban ebrios en los días de carnaval, han cometido la imprudencia de andar con hablillas vivando a Iguaín y Carpio47.

Más allá de la ponderación del subprefecto Chocano a la hora de tipificar lo ocurrido en los días de carnaval como un desorden provocado por la embriaguez, lo cierto es que las manifestaciones impulsadas por Ildefonso Reyes, Francisco Morales, Juan Vernal Claro48, Eugenio Carpio, Cornelio Capetillo, Pedro Rodríguez, Bernardo Morales, Miguel Morales, Rudecindo Torbalay e Isabel Olcay, contuvieron un propósito político delatado en las consignas “mueran los castillistas”, “castillistas ladrones” y “viva Iguaín, muera Castilla”49, lo que fue aquilatado vivazmente por lo aludidos que reaccionaron reconviniendo a los vociferantes tomando en cuenta el estado de embriaguez, tal como lo hicieron Petrona Castilla y Mariano Vernal Marquezado (parientes directos de Ramón Castilla), o bien intentando responder con agresión física, tal como ocurrió con José Santos Barreda que quiso darle bofetadas a Isabel Olcay por sentirse “irritado por semejante atentado”, lo que fue evitado por la oportuna intervención de su esposa50. De esta manera, la excusa del estado etílico, que fue usada tanto por los sumariados para desligarse del proceso judicial, lo que finalmente lograron al decretar la corte de Tacna la libertad inmediata de todos ellos51, como por el subprefecto para amortiguar la percepción de su superior jerárquico sobre el estado de la provincia52, no logró opacar la matriz del conflicto en torno a la pugna entre los castillistas y los anticastillistas. La declaración que parte de los inculpados le hicieron llegar al subprefecto Chocano el día 4 de marzo de 1849 desde la cárcel de San Lorenzo de Tarapacá53, bajo el rótulo “hombres como nosotros dedicados a nuestros continuos trabajos de la elaboración de salitre” y poniéndose convenientemente en una posición más bien neutral a efecto de resaltar las virtudes del gobierno para conseguir la anuencia de la máxima autoridad política de la provincia, dio cuenta de los alcances que había adquirido la trama política local:

desde tiempos muy atrás cuando se proclamó Constitución y Leyes en esta Provincia se formó un club de oposición que quería ahogar esta voz de Libertad ¿Quienes la componían Sr. Coronel Subprefecto? Le diremos a VS y se lo dirá la Provincia entera, los SS. Zavalas, Vernales, Dr. Luza y otros pocos; para felicidad dela nación y felicidad nuestra, venció la causa de los pueblos y hubo Leyes y Constitución; pero al mismo tiempo quedó un odio reconcentrado y permanente en el corazón de los referidos contra todos aquellos que sostuvieron la causa triunfante; desde esa fecha Sr. no han desperdiciado la ocasión más pequeña para hostilizar, oprimir y aun desaparecer a éstos; por un castigo sin duda de la Providencia y estando de Gobernador de este Distrito D. Juan Vernal separó del Supremo Gobierno de la Subprefectura al Sr. Vidaurre también por influjo de ellos y con miras particulares y recayó este puesto en el dicho Gobernador; llegó el momento aciago de las venganzas, se persiguió tenazmente a los Constitucionales, en una palabra se trató de exterminarlos. Oprimidos éstos y vejados en todo sentido trataron deshacer el Yugo que los tenía uncidos y esto fue lo que ocasionó el trastorno de Julio del año pasado en que como fieras se lanzaron los ya citados anti-constitucionales a resarcirse en la sangre de sus hermanos, y lo que tubo dolorosamente lugar en cierto modo54.

Más allá de los acomodos argumentales de los declarantes, orientados a obtener tanto un resultado judicial a su favor aludiendo inocencia, como también político al involucrar al subprefecto, lo que dejaron en evidencia con sus declaraciones fue la trama de fondo de un “odio reconcentrado y permanente en el corazón” entre los castillistas y los anticastillistas que no había terminado de cerrar, cuestión que se plasmó aún más, denotando la persistencia del conflicto, con la detención en marzo de 1850 del industrial salitrero Gregorio Araníbar, según el subprefecto Chocano un individuo “faccioso del año 48 en la revolución estallada en esta provincia”, por haber proferido en público que el presidente Castilla era un “asesino, estafador y ladrón del tesoro público y de los intereses nacionales”55.

La revolución de 1854, vino a ser un nuevo campo de batalla para resolver las diferencias políticas locales entre los que estaban favor y en contra de Castilla, remarcando de este modo la cada vez más distante relación entre los miembros más connotados de las élites argentíferahacendal y comercial-salitrera. No por nada en los parajes tarapaqueños esta revolución, que involucró a todo el sur del Perú, se inició el 8 de marzo con la proclama emitida por los castillistas de Iquique a favor de los preceptos liberales y en contra de la presidencia de Echenique, nombrando de paso -como una manera de afianzar el posicionamiento de la revolución- a Juan Bautista Zavala como subprefecto de facto de la provincia, al sargento mayor Lucas de Mata Tapia como comandante militar y Manuel Zamora Legacy como gobernador del distrito de Iquique56, proclama que tuvo una réplica en la localidad de Camiña57.

Como era previsible, Zavala tuvo una férrea oposición por parte de los detractores de Castilla residentes en San Lorenzo, lo que reconoció en un informe enviado a mediados de marzo al prefecto del departamento de Moquegua, también de facto, cuando pasó a comentar que no había podido marchar hacia Iquique para “hacer algunos arreglos importantes al servicio de la causa que hemos abrazado” por las “serias atenciones que me han rodeado en esta capital”58, queriendo señalar con ello los hechos ocurridos en la mañana del día siguiente a su nombramiento y que tuvieron por protagonista al otrora partidario de Castilla, el gobernador del distrito de Tarapacá Juan Vernal, destituido a la distancia el mismo día 8 de marzo por haber adherido a la postura gobiernista.

Así, previendo los afanes de los revolucionarios, Vernal ordenó detener el 6 de marzo a Joaquín Corvacho, Juan Bautista Zavala y Mariano Cano. A Corvacho, uno de los líderes del castillismo tarapaqueño, lo llevó a la cárcel engrillado y en calidad de incomunicado. El día 9, contrariando la resolución opositora que lo había destituido desde Iquique y en respuesta de la proclama del día anterior, hace el mismo procedimiento con Zavala que, una vez retenido en las dependencias de la gobernación, le ordenó salir hacia Bolivia en un plazo de dos horas. Cano, en tanto, designado capitán de la compañía de los nacionales por parte de la asamblea, logró escabullirse y organizar una fuerza que se enfrentó a los soldados del gobierno en el cuartel de los nacionales, a los que derrotaron con una secuela de un muerto y un herido. Triunfadores, los castillistas se apoderaron de todas las armas del cuartel, liberaron a Corvacho y Zavala, proclamando a este último como subprefecto con vivas a la república y a Castilla. Horas más tarde es apresado Juan Vernal, que había huido hacia las inmediaciones del pueblo, y varios de los gobiernistas. Contrario a lo esperado, pero a la vez evidenciando que la correlación de fuerzas entre anticastillistas y castillistas operaba en un frágil equilibrio, los partidarios de gobierno apresados en la trifulca fueron puestos en libertad al día siguiente y Vernal tres días después para “calmar los ánimos y quitar al pueblo todo motivo de queja”59.

Pero no solo en San Lorenzo los revolucionarios castillistas encontraron resistencia, también en Iquique donde el 2 abril se realizó una manifestación en contra del designado gobernador del distrito, Manuel Legay, que llevó al subprefecto de facto Zavala a comentarle al prefecto que estos acontecimientos “vienen a destruir la convicción de que nuestra causa no tenía ningún enemigo en la provincia”60. Legay no solo fue groseramente insultado, sino además los manifestantes destrozaron a pedradas las ventanas y la puerta de su casa. Esto obligó a Zavala a mandar desde San Lorenzo un contingente de 32 hombres para restaurar el orden, los que llegaron en la tarde del día 3. El 4 de abril se desató en distintas calles del puerto un nuevo enfrentamiento entre tropas anticastillistas, esta vez partidarias de Echenique y acaudillados por Isidoro Márquez61, e integrantes del bando castillista, provocando tres muertos y siete heridos, todos de la facción anticastillista, los que salieron derrotados de esta confrontación armada62. Esto obligó a los partidarios de Echenique, en realidad decididos anticastillistas, a refugiarse en las oficinas salitreras que controlaban sus líderes. Un importante periódico limeño dijo sobre estos hechos que el “pronunciamiento de Tarapacá prueba que hubo resistencia para la revolución y para las simpatías que el general Castilla disfruta en su propio país”63.

La reacción de los derrotados no se dejó esperar. El 5 de abril, a las pocas horas de ocurrida la refriega, reunieron 25 mil pesos como erogación a las fuerzas de Vivanco que inesperadamente recalaron en Iquique ese mismo día64, y si bien su presencia fue muy breve, lo que les permitió a las autoridades revolucionarias recuperar sus posiciones políticas en el ocaso del mismo día 5 de abril, dejó como secuela la orden de expulsión del departamento de Manuel Zamora Legay e Isidoro Márquez, que se habían unido a la causa castillista en las proclamaciones de marzo, por “condescender con el pueblo” ante la llegada del enemigo65, lo que vino a poner de manifiesto que el posicionamiento de los partidarios de Castilla era precario. En los mismos términos, a fines de abril, se tuvo la noticia de que Manuel Montealegre y Lecaros, anticastillista y ex gobernador de Camiña, había reunido armas y hombres en una oficina salitrera para dirigirse a esa localidad con el propósito de recuperar su cargo66.

En los meses siguientes los acontecimientos no fueron favorables para los castillistas. A inicios de julio llegó a Iquique una columna gobiernista compuesta por 100 soldados de la guardia nacional de Tacna, las que fueron recibidas “con muestras de la mayor satisfacción” y “lejos de oponerse al desembarco salieron muchas lanchas a conducirlos a tierra”67. Para fines de agosto, se tuvo noticia de que habían arribado a la provincia de Tarapacá 100 chilenos enganchados para nutrir las fuerzas gobiernistas instaladas en la pampa salitrera, las que llegaban a esa altura de los acontecimientos a un número de 160 integrantes68. Por último, para fines de septiembre es un hecho de que los gobiernistas, con el decidido apoyo de los anticastillistas, habían recuperado el control de la provincia “sin haber precisado quemar un solo cartucho”69.

Tras la batalla de la hacienda La Palma (ubicada al sur de Lima entre los actuales distritos de San Isidro y Miraflores) en enero de 1855, y que resultó a favor de las fuerzas de Castilla, las tropas proclives a Echenique abandonaron San Lorenzo e Iquique y los castillistas recuperaron toda la provincia iniciando un juicio a los “prestadores de servicio de la tiranía”, entre ellos José Julián Luza, Calixto Gutiérrez de la Fuente, Ildefonso Loayza, Mariano Vernal, José Osorio, Manuel Montealgre, Mariano Oviedo, Rafael Butrón, Juan Vernal y José Santos Paniagua70, todos ellos ilustres tarapaqueños anticastillistas y ligados, directa o indirectamente, a la actividad salitrera.

Sin embargo, el acontecer de los tarapaqueños estuvo lejos de la absoluta tranquilidad. En junio de 1855 el gobernador de Iquique le informa al subprefecto que los chilenos reclutados por los opositores a Castilla se habían levantado el día 21 de ese mes en las oficinas salitreras La Nueva Noria y La Peña. Ante este peligro, el 24 reunió a 28 nacionales y sus respectivos oficiales para marchar hacia las oficinas salitreras mencionadas. En La Peña tomaron registro de los trabajadores chilenos y luego procedieron a embarcarlos de regreso a su país a efecto de impedir “escándalos alarmantes y peligrosos al sosiego de la provincia”. En La Nueva Noria este procedimiento no se pudo llevar a cabo porque los alborotadores habían huido hacia Bolivia71.

Aquietadas parcialmente las aguas confrontacionales entre castillistas y anticastillistas, los tórridos y desiertos parajes de Tarapacá volvieron a agitarse producto de la revolución encabezada, una vez más, por Manuel Ignacio Vivanco entre noviembre de 1856 y marzo de 1858. Este estado de latencia e incertidumbre, provocó que a fines enero de 1856 el subprefecto José Taramona le comunique al comandante de la corbeta de guerra Loa, jefe de la estación sur, que estaba tomando registro de aquellos individuos que pudieran perturbar la tranquilidad pública, más aún cuando la provincia se encontraba sin guarnición que pudiese resguardarla con propiedad72.

Esta preocupación del subprefecto finalmente se hizo realidad dos años más tarde, cuando en enero de 1858 las fuerzas del general Rivas, leales a Vivanco, desembarcaron en Iquique aislando a los pueblos de interior73. Esta ocupación, al no poder acceder a los valles por estar controlados por los castillistas, y al no contar con un decidido apoyo de los salitreros que sufrieron la paralización de su comercio, duró poco y a fines de febrero se retiraron para invadir Arica74. Así, a inicios de marzo, a dos días de la salida de Rivas, el subprefecto Manuel Almonte Vigueras, férreo partidario de Castilla, retomó Iquique con una fuerza de 250 hombres, de los cuales 50 quedaron en el pueblo de San Lorenzo, siendo los restantes enviados a Moquegua para unirse a las fuerzas leales a Castilla para invadir y recuperar Tacna en manos de los partidarios de Vivanco75.

Si bien esta guerra civil, la más extensa del siglo XIX, terminó con el triunfo indiscutible de Ramón Castilla, en la provincia de Tarapacá su hegemonía política siguió siendo pábulo de una intensa disputa por parte de sus detractores, que en los años venideros, incrementaron aún más su poder económico al expandirse el comercio salitrero, una escenario que tasó con agudeza el periódico limeño El Comercio en su columna editorial al comentar que, a propósito de la convocatoria del propio Castilla a una elección presidencial que le permitiera al Perú pasar de un presidente provisional (que él mismo detentaba) a uno constitucional (al que aspiraba), no había duda alguna que el “castillismo de las masas” triunfaría en Arica y Moquegua76, pero que en Tarapacá tal victoria electoral era una “interrogante”77.

Conclusiones

Desde la distancia de las historiografías estadonacionales peruana y chilena, el Tarapacá decimonónico no pasa de ser un territorio vasto, mustio y silente, donde los procesos políticos y sociales tuvieron escasa gravitación, salvo el transitar de Ramón Castilla en busca del apoyo leal de sus coterráneos, o el desvarío de los primeros empresarios salitreros (en su gran mayoría tarapaqueños) por levantar una industria minera rentable. Sin embargo, al replantear la mirada historiográfica, y aún reconociendo su condición periférica, se comienza a visibilizar un Tarapacá alejado de la pasividad taciturna del desierto y cercano a un espacio bullente en torno a los vaivenes del proceso republicano.

La paz social no fue un rasgo distintivo de Tarapacá por muchos años, inestabilidad que se activaba o se apaciguaba en razón de coyunturas nacionales o, de igual modo, locales. Además de la emergencia nada de fácil de un nuevo actor, el peón salitrero, que tuvo participación en las huestes comandadas por los empresarios del rubro78, cuestión no menor considerando la nacionalidad chilena de la gran mayoría de estos. Desde esta perspectiva, es posible discutirle a Jorge Basadre cuando afirma que la revolución de 1854 vino a “romper la paz de nueve años”. Pues bien, en Tarapacá a partir de los sucesos por la confederación PerúBoliviana de fines de los años 1830 no hubo paz, sino una constante tensión que involucró los reacomodos de las relaciones de poder locales, los modos singulares de entender, procesar y agenciar el proyecto nacional republicano y la inserción, en el marco de este proyecto, a la economía mundial a partir de la exportación de salitre. En estos términos, las revoluciones y asonadas de la primera mitad del siglo XIX implicaron para Tarapacá cuestiones singulares directamente vinculadas con la resolución de la disputa entre los integrantes de la castillista élite argentífera-hacendal y la anticastillista élite comercial-salitrera, sobre todo de aquellos que tenía declarados intereses políticos y económicos que defender. Escenario de tal envergadura que llevó, a fines de 1867, al editor del periódico más importante de Iquique a decir, a propósito de situar en perspectiva histórica el desorden político que se experimentaba en ese momento, que la “provincia tomó parte activa en los acontecimientos de 1854, y sin embargo los frutos que cosechó todavía son el foco de odios inextinguibles”79.

En consecuencia, ¿cómo explicar la exacerbada rivalidad de los opositores a Ramón Castilla con posterioridad a la batalla de San Lorenzo de Tarapacá de enero de 1842, más aún cuando hasta mediados de la década de 1840 varios de sus integrantes, como Carlos Carpio y Juan Vernal, fueron sus aliados? ¿Cómo entender el quiebre entre tarapaqueños oriundos de la zona de la talla de José Basilio Carpio por una parte y José María Castilla por otra, por nombrar algunos, que además estaban vinculados filial y comercialmente? Me atrevo a aventurar una respuesta.

Para la década de 1830 la explotación argentífera de Huantajaya estaba en franco retroceso, dejando de tener peso en la economía tarapaqueña. Esta situación, hizo que a nivel local varios de los empresarios mineros pusieran atención en los yacimientos de salitre cuyo potencial había sido puesto en evidencia por William Bollaert en su expedición de 1827, mandatada nada menos que por el propio Ramón Castilla. A pesar que la emergencia de la industria salitrera en la década de 1830 estuvo llena de incertidumbres y dificultades, para fines de este decenio era una realidad, al punto que para la invasión boliviana de inicios de 1842, los únicos que estuvieron en condiciones económicas de financiar una fuerza capaz de expulsarlos fueron precisamente los empresarios salitreros; y así lo hicieron, marcando una inflexión relevante respecto a la configuración de las relaciones de poder.

Fraguada su posición de privilegio y asentada la relevancia local de la minería del salitre para la economía tarapaqueña, los salitreros no dudaron en pugnar para que el gobierno central, asentado en Lima, potenciara esta actividad mediante la inversión en infraestructura vial y portuaria y la eliminación de impuestos, predicamentos que Castilla apoyó, aunque con vaivenes, tomando en cuenta su experiencia como primer subprefecto peruano de Tarapacá, donde aquilató lo relevante que podía llegar a ser el salitre no sólo para la economía tarapaqueña, sino también para la peruana en general. Sin embargo, al llegar a la presidencia de la república en su primer periodo (18451851) apostó por la renta guanera, quedando la minería salitrera en rezago por una década más, para emerger recién a mediados de 1850 como correlato de los inicios de la crisis de la minería del guano que llevó, por ejemplo, al presidente Echenique a mandatar a Antonio Raimondi en 1853 para que verificara si el salitre podía reemplazar al guano como generador de los recursos con los cuales se nutría el Estado peruano (Castro et al. 2017b). Pero no solo esto, también fue un factor de desencuentro las constantes aventuras militares de Castilla, las que impactaron directamente el funcionamiento de las faenas salitreras a razón de requerimientos compulsivos de enganche de peones que elaboraban en estas instalaciones, generando un daño económico enorme, para incorporarlos en sus huestes no importando sus nacionalidades, tal como lo manifestó el salitrero Matías Vera en abril de 1845, a propósito de su testimonio en un juicio iniciado por el empresario francés Bernardo Digoy pidiendo indemnización por la apropiación de sus peones chilenos que trabajaban en su salitrera Yungay, de que en “aquél tiempo hallándose en su oficina de salitres, recibió carta particular del Señor General D. Ramón Castilla en la que le dice pudiese enganchar algunos argentinos y demás [chilenos], y que después el señor Lagormarsino Comandante Militar que fue de esta Provincia le dio nombramiento de Comandante del Sur, y con órdenes expresas del enganche de peones”80.

De este modo la distancia entre los intereses de Castilla y sus partidarios y la de los salitreros, no tardó en asentarse, amplificarse y solidificarse, marcando a sangre y fuego tanto las ideas económicas como las aspiraciones políticas asumidas por miembros de estos dos grupos en el transcurso de las décadas de 1840 y 1850. La lista de desencuentros, que pasaron a ser un fértil caldo de cultivo para la emergencia y persistencia del conflicto, fue nutrida; pero además afanosamente regular en, por una parte, ligar la reivindicación salitrera a los destinos de la provincia y del país, como, por otra, plantear que la dificultad central estaba en la asimétrica y rentista relación entre la Región y el Estado y su promoción en cada uno de los gobiernos de turno, entre ellos los que encabezó Castilla. Asignarle a la provincia de Tarapacá un rol de proveedor de impuestos, destinados sustancialmente a las arcas fiscales en Lima, fue uno de estos desencuentros, uno, que de paso, emergió muy tempranamente, en 1829, al proponerse en el congreso que se gravaran a los “salitres de Tarapacá con un real en cada quintal de los que se extraigan” de las “primeras aguas para países extranjeros” y de los que “consuman en cualquier punto de la República” para financiar la creación de una escuela de química y metalurgia81. El que se persistiera en este tipo de medidas, asignándole una pesada carga a una actividad productiva que todavía no estaba consolidada, es decir, sin tomar en cuenta la difícil realidad económica de la provincia tarapaqueña, dio solvencia a otro de estos desencuentros. Esta decisión, tomada y avalada al interior de los muros de la casa de gobierno en Lima, no demoró en provocar un malestar persistente entre los residentes, cada vez más numerosos, ligados a la explotación y comercialización salitrera, asi como el surgimiento de una creciente percepción de estar frente a una asimétrica vinculación que imposibilitaba desplegar a plenitud la condición ciudadana de los tarapaqueños. La aparición en 1848 de una declaración de los salitreros de Tarapacá, en un importante periódico limeño, grafica nítidamente a dónde apuntaron y qué buscaron al asumir una postura contraria al coterráneo general:

En tal estado, la situación odiosamente excepcional de Iquique, por la que ve gravada con derechos su única industria, es destructora de su existencia, no da espera para su remedio, como la dan iguales males que sufren otros pueblos, porque son mejores sus circunstancias, y es preciso acudir con tiempo, si no a quitarle enteramente la carga que lo ahoga, al menos concederle algún alivio82.

De esta manera, bajo la primera administración de Castilla, las posturas opositoras de los salitreros tarapaqueños hacia su persona y sus ideas económicopolíticas conservadoras se radicalizaron irremediablemente, las que perduraron durante su segundo gobierno y que recién se vinieron a atenuar con su repentina muerte ocurrida en la quebrada de Tana, al noroeste de la provincia de Tarapacá, en mayo de 1867, iniciándose de este modo el fin de un ciclo fundacional y determinante en el derrotero que experimentaron los tarapaqueños respecto a los ribetes asimétricos que adquirió la vinculación Región-Estado en el camino hacia la formación de la república en la región más meridional del Perú83.

Agradecimientos

Este artículo forma parte del proyecto Fondecyt Nº1170066. Agradezco las observaciones, comentarios y sugerencias de los evaluadores, las que me permitieron mejorar la versión final de este artículo. Asimismo, reconocer la colaboración del archivero del Archivo Regional de Tacna, Juan Ronald Ramírez Fernández, lo que me permitió acceder a una valiosa información sobre el siglo XIX tarapaqueño.

Referencias Citadas

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1 Estos ejes fueron: la necesidad de potenciar la minería del salitre mediante incentivos tributarios y de infraestructura otorgados por el estado; ser declarado departamento o provincia litoral para tener autonomía administrativa y conexión directa con el gobierno radicado en Lima; que Iquique y Pisagua fueran declarados puertos mayores para evitar el costo elevado de los insumos básicos de consumo por concepto de flete e impuesto adicional; solucionar el problema del abastecimiento de agua para consumo humano; estimular proyectos de irrigación para potenciar la agricultura; e integración efectiva y equitativa al Perú.

2“Padrón general de la Doctrina de Sibaya”, 1813, MREP.AL, TAP-2, leg.420, f.14r; “Padrón de la Parroquia de San Lorenzo de Tarapacá”, 1814, MREP.AL, TAP-3, leg.420, f.63r; “Padrón de la Doctrina de San Andrés de Pica”, 1814, MREP.AL, TAP-4, leg.420, f.48v.

3Este registro de 0,1% se debe tomar con mucha cautela, no obstante reflejar en lo grueso la tendencia demográfica del periodo. En efecto, entre las décadas de 1810 y 1830, incluso en la de 1840, la residencia en la pampa salitrera estuvo marcada por la estacionalidad, fenómeno asentado tanto en la inestabilidad de este sector productivo, como en el hecho que los primeros salitreros siguieron viviendo en los pueblos serranos y sólo bajaban a sus paradas y máquinas en momentos puntuales para elaborar salitre, especialmente cuando se dinamizaba algún mercado comprador.

4El tipificar a los grupos rivales de la élite tarapaqueña como minero-hacendal y comercial-salitrera tiene como único propósito identificar los compuestos basales que los definieron y, a la vez, los distanciaron en un entorno plagado de características compartidas y entrecruzamientos de todo tipo. Por tanto, ambos conceptos no se sitúan en estricto como referencias polarizantes, sino como identificadores de una trama plagada de espacios difusos, roles flexibles y cambios acelerados que iban o venían según los intereses en juego de los miembros de este grupo social.

5Esta condición periférica se sustentó tempranamente en la etapa colonial por el hecho de ser un territorio distante y poco conocido al estar rodeado de un desierto extenso y extremo que lo aisló en todas direcciones y por ser regularmente una unidad administrativa dependiente de centros políticos distantes geográficamente a razón de su baja demografía y una economía más bien pequeña (Hidalgo, 2009: 7); un escenario que recién se modificó entre las décadas de 1860 y 1870 por la expansión de la industria del salitre y su impacto en el volumen nacional de las exportaciones (Deustua, 2011: 194-195). No obstante lo anterior, es decir, de la visión natural que describe la condición periférica de este territorio, de igual modo me remito a la construcción histórico-geográfica de esta adscripción. Al respecto ver Castro y Simón 2019.

6Estos aprendizajes tuvieron que ver principalmente con el despliegue cotidiano de conceptos políticos tales como república, ciudadanía o nación que, una vez en circulación en el entramado social tarapaqueño, rápidamente fueron ajustados a la realidad local.

7Con toda seguridad el cargo de subprefecto de Tarapacá, mandatado por Bolívar en 1826 y que desempeñó hasta 1829, le permitió a Castilla aquilatar una experiencia política que, articulada con la militar amalgamada en los campos de batalla, lo catapultó en las décadas siguientes al protagonismo que tuvo como caudillo y presidente del Perú, pero además condicionó fuertemente su oposición a los constantes afanes separatistas o los proyectos federativos con Bolivia, postura que traspasó a los tarapaqueños en los años críticos de formación de la nacionalidad peruana.

8Este antagonismo tuvo dos fases. La primera, entre los años de 1840 y 1850, marcada por el recurrente uso de la fuerza amparada en la serie de revueltas y la consecuente anarquía del Perú. La segunda, en tanto, transcurrió desde fines de la década de 1850 hasta 1874, caracterizada por un énfasis en la discusión política sobre el lugar en donde debía estar la capital de la provincia litoral y cuyo desenlace se materializó en 1874 al decretarse como capital provincial a Iquique en desmedro de San Lorenzo de Tarapacá que había tenido este rol desde el periodo colonial. Sobre la segunda etapa de esta pugna ver Castro 2019.

9Los fundamentos funcionales y pragmáticos de las alianzas asumidas por los salitreros con el propósito de tener una vía directa con el gobierno y así canalizar sus demandas con una alta probabilidad de éxito, está siendo estudiada y analizada revisando diversos papales, entre ellos, las actas de las sesiones del Congreso, la prensa, folletines y libros publicados por algunos de estos salitreros tarapaqueños y documentos administrativos.

10El Innovador, Tacna 6/5/1843, p.3.

11El Mensajero, Tacna 20/2/1841, p.3. La rebelión de Vivanco contra el presidente Gamarra hizo que este último enviara a Ramón Castilla, su ministro de guerra, a combatirlo. Triunfante, el 30 de marzo de 1841 Castilla obliga a Vivanco a huir a Bolivia.

12El Comercio, Lima 13/4/1841, p.3.

13El Innovador, Tacna 6/5/1843, p.3.

14El Innovador, Tacna 1/4/1843, p.3.

15El Innovador, Tacna 29/4/1843, p.1.

16El Comercio, Lima 13/4/1841, p.3.

17El Comercio, Lima 26/9/1843, p.2 y 12/10/1843, p.3. Las tropas que ocuparon Iquique estuvieron compuestas por voluntarios de Arica, puerto donde Domingo Nieto, Ramón Castilla y José Félix Iguaín, líderes de la oposición a Vivanco, se acuartelaron formando una Junta de Gobierno Provisoria.

18El Fénix, Tacna 8/6/1843, p.1.

19El Comercio, Lima 26/9/1843, p.2; El Peruano, Lima 6/12/1843, p.1.

20El Comercio, Lima 7/12/1843, p.2.

21El Peruano, Lima 29/3/1844, p.106 y 30/3/1844, p.1.

22El Fénix, Tacna 15/3/1844, p.1.

23El Peruano, Lima 18/5/1844, p.168.

24Por ejemplo, el 4 de enero de 1844 el comandante general de la escuadra informaba al ministro de guerra y marina que la “provincia de Tarapacá está violenta y sólo espera una pequeña fuerza para liberarse de los opresores” (El Comercio, Lima 11/1/1844, p.2).

25Cabe hacer notar que el perfil de estas dos élites hacia inicios de la década de 1840 tuvo límites difusos, no siendo raro entonces que ciertos empresarios salitreros participaran total o parcialmente de los planteamientos castillistas y, en contrapartida, algunos hacendados tomaran posturas contrarias, cuestión que se decantó definitivamente durante la segunda mitad del decenio en correlato al primer gobierno de Castilla, donde salitreros y hacendados, salvo coyunturales excepciones, asumieron posiciones irreconciliables.

26ART.ST, leg.1, pza.14, Oficio del subprefecto Carpio al prefecto, Tarapacá 4/11/1845, s/f.

27ARA.PA, leg.15, Oficio del juez de paz Antonio de Loayza al presidente de la corte superior de justicia de Arequipa, Tarapacá 2/12/1845, s/f; ARA.PA, leg.15, Oficio del juez de paz Antonio Loayza a subprefecto Carlos Carpio, Tarapacá 9/12/1845, s/f; ART.ST, leg.1, pza.4, Oficio del subprefecto Carlos Carpio, Tarapacá 4/11/1845, s/f.

28De proporciones, en referencia al contexto demográfico y político de la provincia de Tarapacá como del pueblo de Camiña.

29Los apresados, siendo dos de ellos alférez de la fiesta, fueron José Mariano Maldonado, Buenaventura Astigueta, Atanacio Quiroga, Mariano Zambrano, Juan Astigueta, Andrés Zamora, Mariano Verdugo, Francisco Montealegre, Tomás Loayza, Marco Peñaranda y Paulino Zambrano.

30ARA.PA, leg.15, Anotaciones del secretario de Cámara Tadeo Chávez, Arequipa 2/3/1846, s/f.

31ARA.PA, leg.15, Oficio del juez de paz Antonio Loayza a subprefecto Carlos Carpio, Tarapacá 9/12/1845, s/f; ART.ST, leg.1, pza.4, Oficio del subprefecto Carlos Carpio, Tarapacá 4/11/1845, s/f.

32ARA.PA, leg.15, Oficio del juez de paz Antonio de Loayza al presidente de la corte superior de justicia de Arequipa, Tarapacá 2/12/1845, s/f.

33ARA.PA, leg.15, Oficio del juez de paz Antonio de Loayza al presidente de la corte superior de justicia de Arequipa, Tarapacá 2/12/1845, s/f.

34ART.ST, leg.1, pza.16, Oficio del subprefecto Manuel Vidaurre al prefecto de Moquegua, Tarapacá 28/5/1847, s/f.

35Esta revuelta tuvo réplica en Tacna el 25 de julio, donde tropas al mando del coronel Juan José Vidal y del comandante Mariano Céspedes despojaron de su cago al subprefecto, acción que fue rápidamente sofocada por las fuerzas gobiernistas dirigidas por el prefecto Mariano Eduardo Rivero (El Peruano, Lima 6/8/1848, pp.49-50 y 12/8/1848, p.60; ART.ST, leg.1, pza.19, Oficio de jefe de la fuerza Francisco Chocano al prefecto, Iquique 3/8/1848, s/f).

36Francisco Esteban García, Piquete de infantería de línea que guarece el Partido de Tarapacá. En Revista del Comisario, Tarapacá 15/1/1819, s/f; ARA.PA, leg.15, Demanda de Carlos Carpio contra Mariano Vernal, Tarapacá 29/7/1845, s/f; ART.ST, leg.1, pza.4, Oficio del subprefecto Carlos Carpio, Tarapacá 4/11/1845, s/f; El Comercio, Lima 1/4/1846, p.4).

37Sobre este punto, Donoso (2005:105), señala erróneamente que José Félix Iguaín desde Tarapacá se plegó a la rebelión iniciada por el capitán Tomás Almonte en Moquegua el 26 de julio de 1848 “efectuando levas forzosas en algunas salitreras del interior”. En realidad, tal como lo hemos demostrado, la rebelión en Tarapacá la encabezaron Carlos Carpio y José Basilio Carpio en una planificación anterior a lo ocurrido en Moquegua, siendo Iguaín un socio estratégico, en base a la capacidad económica producto de su condición de salitreros y la disponibilidad de un contingente nada menor que se nutría de los trabajadores, entre ellos muchos chilenos, que se desempeñaban en las oficinas salitreras de propiedad de ambos.

38ART.ST, leg.1, pza.19, Oficio del jefe de la fuerza Francisco Chocano al prefecto, Iquique 4/8/1848, s/f; El Peruano, Lima 6/8/1848, pp.49-50 y 12/8/1848, pp.50-60; El Comercio, Lima 7/8/1848, pp.4-5.

39Además del subprefecto y el comandante de la guardia nacional, las fuerzas de gobierno fueron encabezadas por el capitán Gaspar Terán, los tenientes José Manuel Vernal, Mariano Vernal y Manuel Silvestre Olcay, y el juez de primera instancia José Julián Luza.

40ART.ST, leg.1, pza.19, Oficio del jefe de la fuerza Francisco Chocano al prefecto, Iquique 4/8/1848, s/f; El Peruano, Lima 6/8/1848, p.51

41El Peruano, Lima 6/8/1848, p.51; El Comercio, Lima 7/8/1848, p.4.

42El Peruano, Lima 6/8/1848, pp.50-60.

43El Peruano, Lima 6/8/1848, p.52 y 9/8/1848, p.56; El Comercio, Lima 7/8/1848, p.4.

44El Peruano, Lima 25/8/1849, p.63 y 1/9/1849, p.74.

45El Peruano, Lima 6/6/1848, pp.50-51.

46ART.ST, leg.1, pza.20, Oficios del comandante militar de la provincia José María Castilla al subprefecto, Tarapacá 24/2/1849 y 1/3/1849, s/f.

47ART.ST, leg.1, pza.20, Oficio del subprefecto Juan Chocano al prefecto, Tarapacá 28/2/1849, s/f.

48Juan Vernal Claro, oriundo de Huantajaya, hasta donde sabemos no tuvo parentesco con el subprefecto Juan Vernal.

49ART.ST, leg.1, pza.20, Oficio del comandante militar de la provincia José María Castilla, Tarapacá 29/2/1849, s/f; ART. ST, leg.1, pza.20, Sumario de los interrogatorios por los hechos ocurridos durante los días de carnaval, Tarapacá 24/2/1849, s/f.

50ART.ST, leg.1, pza.20, Sumario de los interrogatorios por los hechos ocurridos durante los días de carnaval, Tarapacá 24/2/1849, s/f.

51Puntualmente, la corte de Tacna consideró como cosa juzgada el proceso tomando en cuenta que, a pesar de que los hechos habían ocurrido por “efecto de las beodeces en que se hallaban” y por las “licencias que se tomaron en los días de carnaval”, los procesados había tenido castigo suficiente al estar varios días en la cárcel mientras se realizaba el sumario judicial (ART. ST, leg.1, pza.20, Oficio del agente fiscal al prefecto, Tacna 12/3/1849, s/f; ART.ST, leg.1, pza.20, Instructivo del prefecto al subprefecto de Tarapacá, Tacna 13/3/1849, s/f).

52Juan Chocano, antes de ser subprefecto de Tarapacá, había sido designado por el propio prefecto del departamento de Moquegua comandante del ejército, a pesar que le tenía poca consideración profesional y personal, destinado a contrarrestar la revuelta impulsada por Carlos Carpio, y que en estas circunstancias había tomado el mando político de la provincia. Por tanto, tenía muchos intereses personales que resguardar.

53Los subscriptores de la carta fueron Bernardo Morales, Rudecindo Torbalay, Ildefonso Reyes, Pedro Rodríguez, Miguel Morales e Isabel Olcay, es decir, los más comprometidos con los desórdenes.

54ART.ST, leg.1, pza.20, Declaración dirigida al subprefecto, Tarapacá 4/3/1849, s/f.

55ART.ST, leg.1, pza.21, Oficio del subprefecto Juan Chocano al prefecto, Tarapacá 5/3/1850, s/f; AJI, leg.1425, pza.5, Juicio por desacato, Tarapacá 30/3/1850, fj.1-17v.

56ART.ST, leg.1, pza.25, Oficio del subprefecto Zavala al prefecto, Tarapacá 14/3/1854, s/f.

57ART.ST, leg.1, pza.25, Oficio del gobernador de Camiña al subprefecto, Camiña 28/4/1854, s/f.

58ART.ST, leg.1, pza.25, Oficio del subprefecto Zavala al prefecto, Tarapacá 14/3/1854, s/f.

59ART.ST, leg.1, pza.25, Oficio del subprefecto Zavala al prefecto, Tarapacá 14/3/1854, s/f.

60ART.ST, leg.1, pza.25, Oficio del subprefecto Zavala al prefecto, Tarapacá 4/4/1854, s/f.

61Grafico con este comentario aquello de que los anticastillistas desde inicios de la década de 1840 se adhirieron, probablemente sin mayor convicción que su rechazo a Castilla, a todo aquel que se opusiera al afamado general tarapaqueño.

62ART.ST, leg.1, pza.25, Oficio del comandante militar al subprefecto, Tarapacá 4/4/1854, s/f; ART.ST, leg.1, pza.25, Oficio del subprefecto Zavala al prefecto, Tarapacá 4/4/1854, s/f.

63El Comercio, Lima 10/4/1854, p.3.

64El Comercio, Lima 11/4/1854, p.3.

65ART.ST, leg.1, pza.25, Oficio del subprefecto Zavala al prefecto, Tarapacá 15/4/1854, s/f.

66ART.ST, leg.1, pza.25, Oficio del gobernador de Camiña al subprefecto, Camiña 28/4/1854, s/f.

67El Independiente, Tacna 2/7/1854, p.3.

68El Peruano, Lima 26/8/1854, p.18.

69Informe del comandante militar, Tarapacá 23/10/1854, en: El Comercio, Lima 9/1171854, p.3.

70ART.ST, leg.1, pza.26, Oficio del subprefecto Juan Olcay al prefecto, Tarapacá 14/2/1855, s/f y 2/3/1855, s/f.

71ART.ST, leg.1, pza.26, Oficio del subprefecto Celestino Vargas al prefecto, Tarapacá 30/6/1855, s/f.

72ART.ST, leg.1, pza.27, Oficio del subprefecto José Taramona al jefe de la estación sur, Tarapacá 29/1/1856, s/f.

73El Comercio, Lima 10/1/1858, p.3.

74El Comercio, Lima 10/1/1858, p.3 y 25/2/1858, p.2.

75El Comercio, Lima 11/3/1858, p.2.

76Un interesante análisis de la relación de Castilla y los sectores populares en Pinto 2016:547-578.

77El Comercio, Lima 25/6/1858, p.3.

78El peón salitrero, mayoritariamente proveniente de Chile, hasta ahora no ha sido estudiado, asumiéndose una continuidad casi natural con los posteriores obreros del salitre. Mi planteamiento inicial es que la distinción entre la fase de las paradas y la etapa de las oficinas salitreras, igualmente convocó la transformación de la morfología social de los trabajadores desde una condición de peonazgo a una de proletarización. Abordar a los peones salitreros, entonces, es una tarea urgente.

79El Mercurio de Tarapacá, Iquique 19/12/1867, p.1.

80MREP.AC, Serie Correspondencia, Caja 81, Carpeta 11, Código 6-14, Expediente seguido por el encargado de negocios de Francia contra las autoridades de Iquique por indemnización de las pérdidas que sufrió Bernardo Digoy al ser enganchados unos chilenos peones suyos que trabajaban en la salitrera Yungay debido a las convulsiones políticas en contra del Gobierno Directorial en el 1843, Iquique, 19/4/1845, fjs.58v-60r.

81El Republicano, Arequipa 3/10/1829, p.4.

82El Peruano, Lima 16/9/1848, p.100.

83Si bien con la inesperada muerte de Ramón Castilla en 1867, se cerró un ciclo donde su persona fue la que catalizó las diferencias, el conflicto entre los “tarapaqueños” (residentes de San Lorenzo de Tarapacá partidarios de Castilla y defensores de mantener parte del ordenamiento heredado del periodo colonial) y los “iquiqueños” (salitreros originarios de Sibaya, Camiña, San Lorenzo, Mamiña, Pica, Matilla, Huantajaya, entre otras localidades, y también salitreros ingleses, franceses y españoles, decididos en reorganizar la provincia en torno a los requerimientos de la industria salitrera) persistió por una década más, expirando en 1874 con el predominio de Iquique en lo político y lo administrativo al ser declarada capital de la provincia en reemplazo de San Lorenzo, lo que vino a ser la expresión más patente de la imposición de los intereses de los salitreros locales, cambiando el eje desde la sierra (el pasado colonial y castillista) a la pampa y la costa salitrera (el presente-futuro moderno y civilizado). Sobre este proceso ver Castro 2019.

Recibido: Abril de 2019; Aprobado: Enero de 2020

Autor por correspondencia E-mail: lecastro@academicos.uta.cl

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