Instituto de Historia
Pontificia Universidad Católica de Chile
Historia No 39, Vol. 2, julio-diciembre 2006: 497-529
ISSN 0073-2435

ESTUDIOS

EL INGRESO DE LA MUJER CHILENA A LA UNIVERSIDAD Y LOS CAMBIOS EN LA COSTUMBRE POR MEDIO DE LA LEY 1872-1877

KARIN SÁNCHEZ MANRÍQUEZ^*

^* Licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Correo electrónico: kasanche@uc.cl. La autora agradece los comentarios de los profesores Ana María Stuven y Alejandro San Francisco y el apoyo del profesor Juan Ricardo Couyoumdjian.

El artículo reconstruye el proceso que llevó a la firma del llamado "Decreto Amunátegui", que permitió el ingreso de la mujer chilena a la universidad, y estudia la polémica que causó esta medida en la opinión pública. Para ello, se da cuenta de los intentos de dos directoras de colegios secundarios femeninos, Antonia Tarragó e Isabel Le Brun (en 1872 y 1876, respectivamente), porque sus alumnas dieran exámenes válidos para entrar a la Universidad de Chile. Los comentarios de sus infructuosos intentos en la prensa crearon el ambiente necesario para que el Ministro de Instrucción Pública, Miguel Luis Amunátegui, firmara, en febrero de 1877, el decreto que facilitaba a las mujeres el ingreso a la educación superior. Se estudia el significado de esta medida en el contexto de la secularización que experimentaba la sociedad chilena, lo cual se aprecia en la polémica desatada entre la prensa católica y la prensa liberal luego de la firma del mencionado decreto. Se concluye que esta medida refleja la tensión modernidad / tradición que caracteriza a la segunda mitad del siglo XIX chileno.

Palabras clave: educación femenina, secularización, prensa, opinión pública.

This article reconstructs the process that culminated in the "Decreto Amunátegui", which allowed Chilean women the application to university studies. It analyzes the polemics which took place in the country's public opinion, starting with the initiative by Antonia Tarragó and Isabel Le Brun (1872 and 1876 respectively) for the recognition of high school exams as valid to apply to the Universidad de Chile. Press commentaries on their unsuccessful efforts contributed to building up the political environment for the signature, in February, 1877, by Miguel Luis Amunátegui, Minister of Education, of the decree facilitating the admittance of women to higher education. This article reflects on the significance of this decree in the context of the underlying secularization process, by paying special attention to the conflict expressed in the positions adopted by the Catholic and liberal presses. The conclusion is that these discussions express the tension between tradition and modernity taking place in Chilean culture during the second half of the 19^th century.

Key words: feminine education, secularization, press, public opinion.

INTRODUCCIÓN

El abandono del régimen monárquico que hizo América Latina a partir de 1810 dejó acéfalo el sistema político hispanoamericano. El vacío dejado vino a llenarse con el republicanismo. Pero las transformaciones que la implantación de este trajo a las nuevas naciones no fueron fáciles de llevar a cabo y menos de una forma rápida. El siglo XIX en nuestro continente es un siglo de construcciones: construir una nación, conformar un Estado. Para ello, por cierto, la herencia hispana fue de gran ayuda, bien lo notó Diego Portales. Entre los elementos que tomaron mayor protagonismo estuvo la educación, dado que la implantación del nuevo orden republicano requería ser conocido y aceptado por los nuevos ciudadanos y por quienes pudiesen llegar a serlo. La educación debía "ser la tarea prioritaria del Estado y la meta social más importante en la medida que permitirá que las incertidumbres propias de un ideario nuevo y poco consolidado no se tengan que expresar necesariamente en una desestabilización social"¹. El terror a la anarquía requería, por tanto, que la clase dirigente realizara un arduo trabajo para incorporar a nuevos sectores a la ciudadanía. Mas, ¿quiénes serían los llamados a entrar en las aulas? ¿Hombres, mujeres, ricos, pobres? ¿Qué tanta educación debían recibir? ¿Solo primaria? ¿Secundaria y superior también? En el presente artículo nos centraremos en un grupo específico: las mujeres. Pese a que la sociedad le reconocía el importante papel de madre de los futuros ciudadanos y educadora de ellos en su primera infancia, la mujer tuvo acceso más tardíamente a una educación completa, es decir, una educación que incluyera los estudios universitarios.

El ingreso de la primera mujer a la Universidad de Chile se produjo en 1881, cuatro años después de la firma del decreto que le permitía realizar estudios superiores, conocido como Decreto Amunátegui, por el Ministro de Instrucción Pública que lo creó, Miguel Luis Amunátegui². Estos sucesos no estuvieron libres de polémica, pues no se debe olvidar la discusión determinante durante la segunda mitad del siglo XIX: el avance del laicismo y el supuesto repliegue del catolicismo al espacio privado. En otras palabras, estaba en la palestra el tema de la secularización. Definida como la inclinación de las personas a entender la realidad y la naturaleza de las cosas mediante la razón, dejando de lado la explicación religiosa³, la secularización cruza transversalmente todos los debates que se dan en la opinión pública durante este período. Con este artículo, no pretendemos solo acercarnos al ámbito educativo propiamente tal, sino también, aportar al conocimiento de las transformaciones experimentadas en los espíritus de las personas. Estas transformaciones, producto de la secularización, tuvieron consecuencias obvias en la conformación de la nación y del Estado, como lo prueban las Leyes Laicas y la polvareda creada a su alrededor. Haciendo eco del llamado de algunos historiadores de la necesidad de "historiar la secularización"⁴, en este artículo notaremos que la discusión en torno al lugar que la mujer debía ocupar en la sociedad y la educación e instrucción que debía recibir, puede inscribirse en el debate por la secularización de la sociedad. Considerada una medida que anota un triunfo al bando liberal, la llegada de la mujer a la universidad representó, a nuestro juicio, un avance en la conformación de la nación y fue un avance, además, propio del siglo XIX: representó un cambio que se dio dentro de un proceso gradual, cual era la extensión de la educación en los diversos sectores de la sociedad⁵. Esto significó que, pese a que "la religión católica aparece como una de las fuerzas antagónicas que finalmente es derrotada"⁶, la religión nunca fue vista por algunos de los que propugnaban la educación superior para la mujer, como un elemento nefasto. Los colegios femeninos que deseaban que sus alumnas fuesen a la universidad daban clases de religión y las mismas educadoras de estos colegios profesaban la fe católica⁷. El asunto determinante en la discusión sobre la secularización es el Estado, este es el que se seculariza (las personas que lo conformaban, mejor dicho) y la Iglesia era expulsada de él para quedar en pie de igualdad con otros actores en el espacio público. La Iglesia ya no podía serlo todo. De hecho, con la conformación de una sociedad plural, este todo ya no existía, sino que había actores que luchaban, en la sociedad civil, por tener la hegemonía. El Estado actuaba como un ente regulador de estos actores.

Este artículo consta de dos partes. La primera se refiere a las iniciativas de las directoras de colegios secundarios femeninos, Antonia Tarragó e Isabel Le Brun, por validar los exámenes de sus alumnas ante comisiones universitarias, la cobertura de la prensa a sus solicitudes y la posterior promulgación del Decreto Amunátegui que permitiría a las mujeres entrar a la universidad. Postulamos en esta sección que el Decreto Amunátegui fue una muestra más del encuentro entre la modernidad y la tradición, característico del siglo XIX, y que fue un elemento vital para la conformación de la ciudadanía de esta nueva nación. Ambos elementos -tradición y modernidad- no son excluyentes entre sí, por cierto, puesto que afirmar que uno estaría por sobre otro sería impulsar una discusión reduccionista que no ayudaría a la comprensión de nuestro pasado. El resultado de esta "lucha" entra la tradición y la modernidad es una transacción entre ambos donde sobreviven tanto aspectos tradicionales como modernos. Por otra parte, pensamos que la relación detallada de los hechos en torno a las solicitudes de ambas directoras y a la firma del Decreto Amunátegui, será un aporte al conocimiento de la historia de la educación femenina, ya que no existe bibliografía (conocida por nosotros al menos) que reconstruya este proceso. Vital para estos efectos han sido los Anales de la Universidad de Chile, pues las sesiones del Consejo Universitario publicadas en ellos nos permitieron conocer paso a paso el camino recorrido por las solicitudes⁸. En la segunda parte, se revisará la polémica en la prensa de la época producida después de la firma del Decreto (el 5 de febrero de 1877). Durante los dos meses siguientes, la prensa católica, representada por El Estandarte Católico, se enfrentará con periódicos liberales -El Mercurio, El Ferrocarril, La República, El Deber y La Patria- por la conveniencia o no de que la mujer realice estudios superiores. Para ello, hemos identificado cuatro tópicos en la controversia: la misión natural de la mujer es incompatible con el ejercicio de las profesiones liberales; el rol social de la mujer es formar hijos que serán buenos ciudadanos en el futuro, pero ¿una madre instruida o solo educada?; las profesiones liberales femeninas como medio de procurarse fortuna; y la mujer profesional: ¿caerá en el ateísmo o será salvada de las garras del fanatismo?

LAS SOLICITUDES DE ANTONIA TARRAGÓ E ISABEL LE BRUN Y EL DECRETO AMUNÁTEGUI

¡Adelante, siempre adelante! Las solicitudes de Antonia Tarragó

Sabido es que el principio de la felicidad de los pueblos consiste en la civilización de sus individuos amparados por las leyes; pero la civilización no podemos alcanzarla sin el trabajo y este nos lo enseñan las costumbres. Estos dos elementos de la vida social, es decir, las leyes y las costumbres, nos vienen de los dos seres que componen la especie humana. Si aquellas son justas dan por resultados el progreso; pero para que este vuele con rapidez, es necesario que de igual manera sea impulsado por ambos⁹.

Con estas palabras, subiendo a la mujer al ferrocarril del progreso, Antonia Tarragó comenzaba su solicitud ante el Consejo Universitario para que los exámenes de las alumnas de su colegio "Santa Teresa", fuesen válidos para optar a grados universitarios. Corría el mes de octubre de 1872 y comenzaba de esta manera un largo camino en el que la mujer chilena iría incorporándose poco a poco a la vida pública como una participante activa e independiente.

Doña Antonia Tarragó González había fundado en 1864 el colegio "Santa Teresa" con el fin de entregar instrucción secundaria femenina. Como afirmó ella misma, su objetivo al ilustrar a la mujer era "desenvolver su inteligencia, purificar su moral y cultivar sus facultades sicológicas"¹⁰. Pese a contar con un alumnado constante (en los cuarenta años que funcionó el establecimiento, pasaron por sus aulas más de doce mil estudiantes), los comienzos no fueron nada fáciles. Esto, porque, a juicio de su fundadora, el nivel de ilustración de la mujer en Chile se encontraba, en ese entonces, en un estado lamentable, debido a que aún estaban presentes en la sociedad chilena opiniones desfavorables a ella, "resabios de la época colonial"¹¹, que hacían que la mujer recibiese solo los conocimientos elementales. A este "sopor de la costumbre" en que vivía la sociedad, debía añadirse que "el Gobierno no facilitaba medios para su instrucción". Por ello, continúa Tarragó, había que "levantar el espíritu de la mujer para que eleve sus miradas al templo de la ciencia". Pero ¿de qué manera? Ella misma entregaba la respuesta:

Mostrándole, como a los magos de Belén, la estrella en su portada; los títulos universitarios serán el luminar que la estimule y movida por noble emulación llegará la mujer al santuario del saber¹².

La idea era entusiasmar a las mujeres a seguir estudiando, ya que ¿para qué llegar a sexto de humanidades si no se podía continuar más allá? Este es el origen de la solicitud que la educadora elevó al Consejo Universitario. Un "golpe estruendoso", como la calificó la propia Tarragó.

La petición de la educadora se encontraba, además, favorecida por el decreto del Ministerio de Instrucción Pública del 15 de enero de ese año que establecía la libertad de exámenes¹³, pues la educadora sostenía en su solicitud que el decreto "allana algunas dificultades que se presentaban", es decir, tener que rendir los exámenes en el Instituto Nacional.

Sin embargo, es necesario detenerse y preguntarse por qué Antonia Tarragó envió la solicitud. El decreto del 15 de enero le facilitaba completamente el camino, pues no había legislación anterior sobre instrucción de la mujer, tanto en un sentido permisivo como prohibitivo. No había por qué solicitar que los exámenes de las mujeres fuesen válidos para optar a grados universitarios si no había ninguna disposición que dijera lo contrario. Lo que claramente no había era instrucción estatal de carácter secundario para la mujer. Los liceos fiscales eran todos masculinos. Quizás por eso doña Antonia realizó su solicitud. Y eso, además, le da una especial relevancia a este documento. Sol Serrano, al presentar su estudio sobre la Universidad de Chile en el siglo XIX, se hace las preguntas ¿quién quiere la educación? y ¿se trata de una demanda social o una iniciativa estatal? El Estado, postula la historiadora, "fue el eje modernizador de la educación, el que introdujo el conocimiento científico, el que formó las profesiones". Por ello, la Universidad de Chile "representó una reforma `desde arriba' [que], en el mediano plazo, logró generar una demanda social por conocimiento"¹⁴. Aplicadas las preguntas al caso de la instrucción secundaria y superior femenina, las respuestas a estas dos preguntas son distintas. La solicitud de Tarragó representa el deseo de una parte de la sociedad por educar e instruir a la mujer, es decir, se trataría de las ansias de reformar "desde abajo"¹⁵. Sin embargo, que el "puntapié" inicial en la instrucción femenina no venga desde el Estado, no significa que se haya restado del proceso una vez que este aparentemente se hallaba empezado. Existiendo demanda por educarse, quizás el Estado se sumaba entusiasta a la iniciativa. Por ello, la pregunta se hace necesaria: ¿cómo fue recibida la solicitud de Tarragó en el Consejo?

Al interior del organismo se suscitó una discusión sobre si la mujer tenía derecho o no a obtener grados universitarios. En la sesión del 18 de octubre de 1872 en que se dio lectura a la solicitud, el decano de la Facultad de Medicina, don José Joaquín Aguirre, y el secretario de la Universidad, Miguel Luis Amunátegui, expusieron que no conocían disposición alguna que prohibiera a la mujer aspirar a grados universitarios, que el asunto estribaba solamente en que "las mujeres manifestasen, como los hombres, su competencia por medio de los mismos exámenes"¹⁶. Sin embargo, Gabriel Ocampo, decano de la Facultad de Leyes, citó una Ley de Partidas que prohibía que las mujeres ejercieran la abogacía¹⁷. El Rector Ignacio Domeyko y José Larraín Gandarillas, miembro conciliar del Consejo, opinaron que el asunto no les correspondía decidirlo a ellos, sino que al Ministerio del ramo. Por ello, la solicitud de doña Antonia fue derivada a don Abdón Cifuentes al día siguiente¹⁸. Antes que llegara la respuesta del Ministerio, el 22 de noviembre, cinco sesiones después de que se leyera la solicitud de Tarragó, llegaba al Consejo Universitario un oficio de la educadora que daba cuenta del estado de su establecimiento donde detallaba las clases que allí se daban¹⁹. Pero dado que la respuesta de Cifuentes aún no llegaba, no se tomó decisión alguna sobre el asunto. Recién el 11 de diciembre fue remitido al Consejo el oficio 2409, en el cual el Ministro decía que "antes de dictar ninguna resolución sobre el particular, el Gobierno desea conocer cuál fue la opinión del Consejo de la Universidad", por ello, solicitaba que el asunto fuese sometido a la consideración del Consejo y luego fuese remitida esta decisión al Ministerio²⁰. En la sesión del 13 de diciembre se tomó conocimiento del oficio ministerial, pero la discusión sobre el asunto "quedó en tabla"²¹. ¿Sería para la próxima sesión? La decisión final llegó en noviembre de 1873. Pero no llegó porque la gran cantidad de trabajo que tenía el Consejo (y que lo tenía, por cierto) permitió que recién en esta fecha se tratara nuevamente el tema. Fue doña Antonia Tarragó, quien insistía con su petición. Incluso en el acta de la sesión del 14 de noviembre que informa de la demanda de la educadora, se consigna que ella pide al Consejo que "evacue un informe que hace meses le tiene pedido el Ministerio de Instrucción Pública"²². En esta ocasión, al parecer, fue fácil ponerse de acuerdo. En pocas líneas se señaló que "después de alguna discusión, se acordó manifestar al señor Ministro de Instrucción Pública que el Consejo no ve inconveniente para que las mujeres aspiren a grados universitarios"²³. La respuesta fue enviada al Secretario de Estado el 17 de noviembre. Sin embargo, el titular de la cartera ya no era Abdón Cifuentes. Este había caído en agosto de 1873 como consecuencia de la polémica creada a raíz del decreto de libertad de exámenes y que había dado pie a Tarragó para enviar su solicitud. El nuevo Ministro era José María Barceló, quien nunca respondió²⁴.

La prensa no quedó indiferente a los intentos de Tarragó. Las sesiones del organismo universitario eran generalmente publicadas en los periódicos más importantes del país y, por lo tanto, la dilatación que experimentó la solicitud de Tarragó era fácilmente apreciable. El Independiente dedicó sendos artículos en los cuales abordó el tema. En diciembre de 1872, Máximo Ramón Lira expuso sus ideas en un ensayo titulado "La mujer. Sus deberes políticos y sociales". Se dedicó a desentrañar si las mujeres podían aspirar a grados universitarios, ejercer profesiones liberales y tener derechos políticos. Lira comienza reconociendo la debilidad física de la mujer en comparación con el hombre; pero esto no conllevaba que su inteligencia fuera también débil. Los que así lo afirman, dice Lira, porque las mujeres nunca han producido obras maestras, olvidan que si esto no ha ocurrido es porque las mujeres nunca han recibido una educación que les permita crearlas²⁵. No obstante, el asunto en discusión no es ese, si las mujeres son o no competentes para los estudios científicos, sino que hay que dilucidar por qué no han optado por estos estudios. Lira identifica dos causas:

Primeramente, porque una opinión errada y las preocupaciones generales las han creído siempre inaptas [sic] para emprenderlos con éxito; y, en segundo lugar, porque ellas mismas han hecho poco por desprenderse del lote de ignorancia y frivolidad que parece haberles cabido en suerte²⁶.

La mujer no debe dejar su inteligencia sin cultivar, postula Lira. Ello, por una razón esencial: "porque Dios, que no ha hecho cosas inútiles, no la ha dotado de una inteligencia para que la ocupe solamente en frivolidades". Luego de aclarada la necesidad de que la mujer se ilustre, Lira pasa a analizar la factibilidad de que las mujeres se desarrollen profesionalmente. Desde el punto de vista legal, no hay ningún obstáculo, afirma Lira, puesto que "nuestra legislación no prohíbe a las mujeres hacer los estudios que se necesitan para ejercer la abogacía, la medicina y demás profesiones liberales"²⁷. Si la mujer tiene el camino abierto para ejercer profesiones científicas (por lo que la discusión en el Consejo Universitario habría sido innecesaria, por lo demás), lo relevante es responder si es conveniente tanto para la sociedad como para las mujeres mismas, recibir instrucción superior. En el primer caso, la sociedad se vería inmensamente beneficiada con la expansión de la ilustración de la mujer, pues ella es el pilar de la familia, base de toda organización social. En cuanto a la conveniencia para las mujeres, ellas mismas deben decidirlo, porque, afirma Lira, "en esta, como en todas las cuestiones análogas, la solución más acertada no es otra que la solución de la libertad".

Sin embargo, creemos que las preguntas que Lira realiza adquieren relevancia también porque nos hacen cuestionarnos por otro tipo de "conveniencia": ¿conviene ampliar el radio de acción de la mujer, es decir, sacarla de su casa y llevarla al espacio público?, ¿conviene que desde la cómoda sala de estar de su hogar, pase a una sala de hospital, a una sala de tribunal, lugares todos ellos en que puede relacionarse con personas ajenas a su intimidad? El que la mujer pueda empezar a desarrollar actividades que antes no estaban contempladas significa que el orden de la sociedad puede comenzar a experimentar un reordenamiento que, obviamente, traerá consecuencias. Desenvolviéndose en el campo de lo público (entendido como todo aquel espacio fuera del hogar, es decir, definiendo lo público según la publicidad, no la propiedad²⁸), la mujer se interesará cada vez más por problemas que ya no solo le concernirán a ella, sino que a la sociedad como conjunto, y estará en igualdad de condiciones para participar en la generación de las autoridades. De hecho, Lira así lo afirma:

Cuando la mujer desempeñe en la sociedad un papel más importante que el que desempeña hoy, cuando su inteligencia y actividad lleguen a ser elementos de progreso y de prosperidad pública, entonces no será muy difícil conseguirle cierta participación en los negocios del Estado²⁹.

Empero, pese al apoyo de la prensa y a las reiteradas solicitudes, Antonia Tarragó no consiguió una resolución a su petición³⁰. Hasta que llegó el año 1876 y con ello una nueva administración. Aníbal Pinto asumió la Presidencia de la República y designó como Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública a don Miguel Luis Amunátegui. Nuevas autoridades, nuevos intentos, pero esta vez estos fueron realizados por otra educadora y directora de un colegio femenino: Isabel Le Brun de Pinochet. ¿Lograría ella concretar los deseos de doña Antonia?

La solicitud de Isabel Le Brun

Isabel Le Brun Reyes nació en San Felipe en 1845. Después de una estadía en Copiapó luego de contraer matrimonio, se estableció en Santiago donde en 1875 fundó el "Colegio de la Recoleta" para mujeres (aunque posteriormente fue más conocido como "Liceo Isabel Le Brun de Pinochet"). Allí no solo entregó instrucción primaria, sino que también las humanidades. A fines del segundo año de funcionamiento del establecimiento, el 1 de diciembre de 1876, decidió enviar una solicitud al Consejo Universitario en la que pedía se nombrasen comisiones universitarias ante las cuales sus alumnas pudieran rendir exámenes válidos. Le Brun comienza su petición explicando que esta se debe al desconocimiento que tiene "de alguna disposición universitaria que reglamente los exámenes de las señoritas que aspiren a garantizar con certificados legales sus aptitudes para optar a grados superiores"³¹. A ello debe sumarse que no existe "un plan de estudios para señoritas". Como sí hay normativas para quienes estudian en colegios particulares, doña Isabel piensa que su solicitud puede atenderse dentro de esta última situación. Al igual que Antonia Tarragó, doña Isabel se toma de los decretos vigentes. El polémico decreto del 15 de enero de 1872 que tanto sirvió a Tarragó, ya no existía. Había sido reemplazado en enero de 1874 por un nuevo decreto³² que, a su vez, fue reformado ocho meses más tarde en lo referente a los exámenes de alumnos de colegios particulares³³.

Además, recalca Le Brun, algunos padres de sus alumnas, al ver los adelantos de sus hijas, la han exhortado constantemente "para que dé la garantía que me propongo en mi solicitud de exámenes ante las comisiones universitarias". Ello demuestra que el origen de la ampliación de la instrucción femenina viene impulsado "desde abajo"; no se trata de una iniciativa estatal, sino que de un sector particular que pide el auxilio del Gobierno. ¿Cómo respondió este? ¿Siguió la solicitud de doña Isabel la misma suerte que la de Tarragó?

Al parecer, las cosas comenzaban con la misma lentitud que cuatro años antes. A pesar de que Le Brun solicitaba que las comisiones que se nombrasen funcionasen el 31 de diciembre, el Consejo Universitario acusó recibo del documento recién en la sesión del 22 de aquel mes. Se acordó comisionar al Decano de la Facultad de Humanidades, Francisco Vargas Fontecilla, para que visitara el colegio de Isabel Le Brun y posteriormente presentara un informe. Esta decisión fue antecedida, según consigna el acta de la sesión, por "alguna discusión sobre el derecho de la mujer para rendir exámenes que la habiliten para obtener grados universitarios"³⁴. De nuevo se discutía un tema que ya había sido zanjado (con ocasión de la petición de Tarragó) y que además había sido comunicado, en su momento, al Ministro de Instrucción Pública. Doña Isabel, sin embargo, no decayó por esto en su intento y cumpliendo con la petición de Vargas Fontecilla, el 28 de diciembre remitió al Consejo un informe pormenorizado del estado de su establecimiento³⁵ y explicando cómo pensaba adecuarse para abarcar todos los cursos de humanidades. Insistía en este informe que su actuar se vería altamente facilitado si el Consejo resolviera "sobre algún nuevo plan de estudios dictado para la instrucción sólida de la mujer, el que sería seguido en mi colegio llenando puntualmente todas las exigencias"³⁶, ya que, hasta ahora, se regía de acuerdo al plan del Instituto Nacional. En la sesión del 29 de diciembre, el Consejo escuchó las conclusiones de Vargas Fontecilla luego de su visita al colegio de doña Isabel. El decano afirmó que, "respecto al derecho de la mujer para rendir exámenes [ante comisiones universitarias], a su juicio, no había motivo para negárselo"³⁷. Sin embargo, no se tomó resolución alguna, puesto que "siendo la hora avanzada, se levantó la sesión quedando pendiente el asunto anterior"³⁸. Aún no había motivos para el desánimo, ya que (mirando la mitad llena del vaso y no la vacía), faltaba tan solo que el Consejo dictase una medida sobre un tema en el que ya había un principio de acuerdo al interior del organismo y que tendía a favorecer la solicitud de Le Brun. Empero, el desánimo sí llegó. En las sesiones siguientes (el 5 y el 11 de enero de 1877) no se hizo mención alguna al asunto y luego el Consejo entró en el receso estival hasta marzo.

Este nuevo fracaso en los intentos por ensanchar la instrucción de la mujer no pasó desapercibido para la prensa. El Independiente fue el primero que cubrió la noticia, al dar cuenta en su edición del 16 de diciembre de 1876 que tenía conocimiento de la solicitud de Le Brun y que "dos señoritas de las que allí estudian tienen en propósito de optar al grado de bachiller en humanidades y filosofía"³⁹.

Pero el diario que levantó la voz de alarma para el resto de la prensa fue La República, al dedicar, en su edición del 16 de enero de 1877, amplio espacio a los intentos de Isabel Le Brun publicando su solicitud y su informe sobre el estado del establecimiento, además de las sesiones del Consejo en que se trató el tema⁴⁰. La lentitud en la obtención de una respuesta era evidente ante los hechos. Al día siguiente, El Ferrocarril criticaba al Consejo por su negligencia, sosteniendo que "no ha resuelto por desgracia una cuestión que no debió discutir ni un minuto y que debió resolver en un segundo"⁴¹. Al hacer un rápido repaso de los hechos, el periódico afirmaba que "el nuevo año no ha traído inspiraciones al Consejo y va a pedirlas al descanso", cuando en realidad, se afirmaba en la editorial, se trataba de postergaciones que no tenían fundamento. Tal como lo hizo Máximo Lira en 1872, El Ferrocarril se preguntaba dónde estaba la ley que prohibiera a la mujer recibir educación científica y superior. En su respuesta era categórico:

Tal ley no existe. Y si tal ley no existe, mal ha podido deliberar el Consejo de la Universidad sobre si las mujeres tenían o no aquel derecho. Mientras no haya ley, el derecho de las mujeres es perfecto, a menos que no establezcamos que las mujeres están en Chile fuera de la ley. Pero aún esta declaración impertinente no sería del resorte de los doctores de nuestra Universidad. […] La acción del Consejo de la Universidad se limita a impedir que se acuerden títulos inmerecidos. Si una mujer que los merece los reclama, incurriría, negándoselos, en una arbitrariedad del peor gusto⁴².

La legalidad del ingreso de la mujer a la universidad es retomada el 20 de enero en las páginas de El Independiente. Nuestro ya conocido Máximo Lira, en un claro tono de reproche hacia el organismo universitario, critica su "anticuado" actuar:

¿Cómo finalmente podría dilucidarse esta situación? Lira alaba la iniciativa surgida en Valparaíso de los padres de familia de fundar un liceo para sus hijas, pues

La frase "ese solo hecho" demuestra que el fondo de la discusión no era si la mujer tenía o no derecho a estudiar en la universidad, eso estaba fuera de duda desde que no había legislación que lo prohibiera. De hecho, la solicitud de Le Brun no tenía por objetivo la validación de los exámenes femeninos ante comisiones universitarias, sino que el Consejo formase dichas comisiones para el día 31 de diciembre, pues daba por entendido que, ante la inexistencia de una legislación exclusiva para la educación secundaria y superior femenina, ella se regía por los mismos dictados que la masculina. El deseo de Le Brun era que se dictase pronto un "plan de estudios para la instrucción sólida de la mujer"⁴⁵.

Ya a fines del mes de enero, El Mercurio añadía un nuevo elemento al debate: la inexistencia de colegios secundarios femeninos dependientes del Estado hacía que la instrucción no estuviese al alcance de todos, puesto que en los colegios particulares los padres debían pagar la educación de sus hijas. Por ello, pedía al Ministro Amunátegui que "tomando en cuenta las peculiaridades de cada departamento, formulase un plan de estudios completo para todos los liceos de niñas"⁴⁶. No obstante, la medida que adoptó Amunátegui no fue un plan de estudios para la mujer (y, por ende, la creación de liceos fiscales femeninos), sino que un decreto que permitía a la mujer entrar a la Universidad. ¿Sería la medida apropiada?

El decreto Amunátegui. Permitir algo que no estaba prohibido

El 5 de febrero de 1877, en Viña del Mar, el Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, don Miguel Luis Amunátegui, firmaba el decreto que marca un hito en la historia de la instrucción femenina: la validación de exámenes de mujeres ante comisiones universitarias:

Se declara que las mujeres deben ser admitidas a rendir exámenes válidos para obtener títulos profesionales, con tal que se sometan para ello a las mismas disposiciones a que están sujetos los hombres⁴⁷.

Es un hito en la historia de la educación e instrucción femenina, pero ¿qué importancia concreta tuvo esta medida? La revisión de la prensa de diciembre de 1876 y enero de 1877 a raíz de la solicitud de Isabel Le Brun mostró claramente que la petición de la opinión pública era un plan de estudios para la mujer, no que se le dejara entrar a la universidad, pues eso se consideraba un derecho dado, ya que no había ley que lo prohibiese. ¿Por qué entonces permitir algo que nunca estuvo prohibido? La creación de un plan de estudios específico para las mujeres significaba también la creación de liceos exclusivos para ellas, lo que conllevaba, a su vez, que el Estado debía desembolsar sumas de dinero importantes. Sin embargo, y pese al crecimiento que había experimentado el país a partir de mediados del siglo, desde 1875 se enfrentaba la peor crisis económica hasta entonces vivida y las arcas fiscales presentaban abultadas pérdidas⁴⁸. Por ello, puede que tal vez Amunátegui no haya podido, a pesar de haber querido, llevar adelante una tarea tan grande como esa, como afirma en su biografía Diego Barros Arana al referirse al trabajo desplegado por don Miguel Luis en el Ministerio⁴⁹. Así, puede comprenderse el apoyo dado a los padres de familia que establecieron colegios para sus hijas donde estas pudieran recibir instrucción secundaria⁵⁰. Sin embargo, se debe reparar en que pese al apoyo del Estado a la idea, solo se trataba de eso, un apoyo, por lo tanto, los nuevos colegios no serían estatales, sino que particulares y no todas las niñas tendrían acceso, pues serían pagados. Además, no tendrían el alcance nacional que sí tendría una iniciativa estatal, ya que los colegios que se crearon en Valparaíso, Copiapó, Talca y Concepción surgieron solo gracias al interés de los padres. En aquellas ciudades donde no hubiese interés de quienes económicamente pudiesen llevar acabo tal empresa, simplemente no existirían colegios.

Por todo esto, se requiere un análisis detallado del Decreto Amunátegui. Nuevamente nos preguntamos ¿qué significó realmente? Postulamos que esta medida tuvo como objetivo, en primera instancia, calmar a la opinión pública, fue una suerte de golpe de efecto⁵¹. Como vimos, la prensa dio amplia atención al tema de la instrucción secundaria y superior femenina, criticando airadamente la tardanza del Consejo Universitario en resolver la petición de Le Brun. Al aparecer el decreto, las alabanzas no tardaron en llegar. El Deber, al día siguiente de la firma del decreto, afirmaba:

El Mercurio, por su parte, en un extenso editorial dedicada a la nueva normativa, sostenía que gracias al decreto se veía concedida la petición a Le Brun y se resolvía "la dificultad que el Consejo Universitario no se ha atrevido a desenredar después de tantos meses de estudio"⁵³. Destacaba, además, que "la mujer no podía ser excluida del derecho de buscarse una profesión, porque […] no [había] ley ninguna para ello"⁵⁴.

Pero, además, la opinión pública también acusó recibo de otra situación, tal vez inconscientemente: si bien las puertas de la universidad ya estaban abiertas para las mujeres, gracias al Decreto Amunátegui, es decir, una medida legal, ¿qué pasaba con la costumbre? A este respecto, El Deber afirmaba:

He ahí la importancia del Decreto Amunátegui: borrar las amarras de la costumbre por medio de la ley. ¿Lo intuyó así Amunátegui? Debemos recordar que Miguel Luis Amunátegui fue un típico hombre público del siglo XIX: educador, político, historiador, periodista. Sobre todo, profundamente imbuido en los temas que tenían que ver con la instrucción del país. Ligado a la Universidad de Chile desde la década de 1850, en diciembre de 1860 fue nombrado Secretario General de esta, cargo que ocupó hasta su muerte, en 1888, y que solo dejaba cuando era llamado a ocupar cargos ministeriales. Si Amunátegui actuó conscientemente o no, es algo que no se puede afirmar sin una documentación que así lo afirme; pero lo seguro es que su figura es una fiel representación del siglo XIX. Lo mismo podríamos decir al hablar de Diego Barros Arana, Andrés Bello o Ignacio Domeyko. Todos ellos representan, con distintas graduaciones, la tensión modernidad / tradición⁵⁶. En la Memoria presentada en 1877 ante el Congreso Nacional en su calidad de Ministro de Instrucción Pública, Amunátegui, pese a afirmar que la prohibición de alcanzar grados universitarios estaba dado por "mandato de la ley", parece intuir el verdadero significado del decreto:

Indudablemente, la simple declaración de que las mujeres pueden ejercer las mismas profesiones científicas que los hombres, con tal que llenen los mismos requisitos que estos, no basta por sí sola para ilustrarlas; pero esa declaración junto con hacer desaparecer una interdicción tan injustificable como deshonrosa, es naturalmente un estímulo para que muchas procuren adquirir los conocimientos necesarios para conquistar por el perfeccionamiento de la inteligencia el alto puesto que les pertenece⁵⁷.

Así, al constituirse el Decreto Amunátegui en una clara muestra del avance de las ideas modernas, la polémica no tardará en llegar. Los variados artículos que le dedicará la prensa a la medida, permitirán apreciar el choque entre las dos visiones de país en pugna y que tienen de trasfondo el conflicto doctrinario.

LA POLÉMICA EN LA PRENSA POR EL DECRETO AMUNÁTEGUI. LA LUCHA DOCTRINARIA

…la opinión pública se agita y en torno a esta idea [el Decreto Amunátegui]
se agolpan mil regocijos y mil temores, sorpresas, dudas y esperanzas⁵⁸.

La polémica que enfrentó a la prensa católica con la prensa liberal por la cantidad y calidad de la educación que la mujer debía recibir es una muestra clara de la lucha doctrinaria que se da en Chile durante el siglo XIX, en que las ideas de la modernidad avanzan a contrapelo de las ideas tradicionales. El avance secularizador causaba estragos en el ánimo de los sectores más conservadores del país, que veían cómo el liberalismo podía subvertir el orden de la sociedad. Sin embargo, no por ello debe pensarse que el país se encontraba dividido en dos polos opuestos e irreconciliables. Conservadores y católicos por un lado y liberales, por otro. Una de las principales fortalezas de la nación decimonónica chilena (en contraposición al resto de América Latina) está en su esencia netamente republicana. Tanto conservadores como liberales tenían por norte el mantenimiento de la República⁵⁹. Y el debate era el punto de encuentro de sus ideas, de ahí la necesidad de estudiar las polémicas en la prensa. Debido a este amor en común por el orden republicano que tenían conservadores y liberales es que, tal como afirma Ricardo Krebs, esta lucha es doctrinaria y no política; fue una "confrontación de ideas, [una] lucha por los valores e ideales por los cuales se debía regir la sociedad". El punto en discusión no era la república, sino qué tipo de Estado era el mejor para el país. Un Estado laico no era la opción de los conservadores; he ahí su temor. No había aprensión alguna del liberalismo en sus aspectos políticos y económicos, sino religiosos y morales⁶⁰.

Es este temor el que hace que los sectores conservadores adopten una postura abiertamente defensiva; de ahí la virulencia, como veremos, de sus escritos en la prensa para así "organizar la lucha de los creyentes por mantener la religión cristiana en el país y salvar el carácter católico de la nación"⁶¹. La lucha doctrinaria, por cierto, se daba en el escenario político, ya que "para mejorar la suerte de la religión y cambiar la faz de las naciones cristianas, es indispensable trabajar por llevar al poder y a los Congresos hombres que se inspiren en mejores sentimientos para con la religión"⁶².

En el debate por la instrucción femenina, la Iglesia se hizo representar por El Estandarte Católico, diario fundado en 1874 como contrapartida a El Independiente, diario conservador, pero que no seguía al pie de la letra los dictados de la jerarquía católica⁶³. Don Crescente Errázuriz fue el principal redactor de El Estandarte Católico y mantuvo su cargo hasta 1878 cuando fallece el Arzobispo de Santiago, don Rafael Valentín Valdivieso, su tío y jefe directo, y decide renunciar. Es, por tanto, una de las figuras importantes en la discusión diaria por el Decreto Amunátegui. A él se le unieron Alejandro Echeverría y Rodolfo Vergara Antúnez.

1. "Ser buena madre, buena esposa y buena hija" es incompatible con el ejercicio de profesiones liberales.

Con estas fuertes afirmaciones, La República, en su edición del 25 de enero de 1877, criticaba la posición de los sectores católicos de la sociedad chilena que se oponían a la instrucción superior femenina ¿En qué fundamentaban los católicos su postura? Tal como refiere el periódico liberal, la misión natural de la mujer impediría que ella se dedicara a las profesiones universitarias ¿Cuál era esta misión natural de la mujer? El artículo de don Rafael Vergara Antúnez en El Estandarte Católico era clarísimo:

Además, dado que esta era la misión natural de la mujer, la educación religiosa era suficiente para desempeñarla a cabalidad, "no necesita la mujer ser sabia; bástale tener un buen carácter, una virtud sólida y un corazón generoso", es decir, no necesita de una instrucción científica. Por tanto, las ineludibles obligaciones de la mujer en el hogar serían incompatibles con el posible ejercicio de las profesiones liberales: "¿Podría resignarse un marido a renunciar a esa ternura y cuidados y atenciones a trueque de ver a su esposa siempre ocupada en el desempeño de una profesión científica?"⁶⁶.

La prensa liberal no era indiferente a esta situación. Reconocía que la dedicación que exigía el ejercicio de una profesión no permitiría a la mujer una entrega exclusiva al hogar, pero para ello encontraba las soluciones pertinentes. El Deber entrega una interesante perspectiva al señalar que no todas las mujeres están llamadas a ser profesionales, sino que solo aquellas que así lo necesitasen, desbaratando de esta manera las opiniones de El Estandarte Católico:

Pese a estas posibles soluciones, El Estandarte Católico no cejaba en su postura, pues dado que el puesto en el hogar de la mujer era algo "natural", si ella salía de la casa el orden social sufriría una "grave perturbación", pues se convertiría a las mujeres en hombres:

Para que el orden social no se vea alterado, la mujer que decidiera ejercer una profesión, tendría que renunciar a su "misión natural". Era una cosa o la otra:

La preponderancia de los trabajos domésticos por sobre el desarrollo de una profesión que sostiene El Estandarte Católico, muestra que la mujer tenía asignado un rol definido en la sociedad. Rol que le daba especial protagonismo a la maternidad. La manera como realizaría este papel también era tema de discusión entre conservadores y liberales.

2. El rol social de la mujer: formar hijos que serán buenos ciudadanos en el futuro. Pero ¿una madre instruida o solo educada?

Según El Estandarte Católico, la mujer "constituirá la felicidad de la familia y podrá dar a la sociedad pública esos buenos ciudadanos que se forman al calor del regazo de una madre cristiana y religiosa"⁷⁰. Como vimos en el apartado anterior, para ello, bastaba con la educación cristiana. Sin embargo, pese a que El Mercurio también señalaba que la mujer "será buena esposa y buena madre, y los hijos que dé a luz serán buenos ciudadanos"⁷¹, se separaba de las ideas del diario católico al afirmar que ello solo sería posible si ella recibía una instrucción mayor que la que recibía hasta ese entonces. Esta diferencia muestra una constante en la prensa sobre el tema de la mujer: su rol como madre y formadora de los futuros ciudadanos no es cuestionada, pero para llegar a serlo, debe recibir una educación distinta en cada caso. Veamos, en primer lugar, la postura liberal.

Antes de ser dictado el Decreto Amunátegui, Athos, seudónimo de José Joaquín Larraín Zañartu y corresponsal de El Mercurio en Santiago, afirma que si se va a tratar el tema de la educación femenina, primero hay que resolver "otro problema de alta importancia legal y social: la situación de la mujer"⁷². Destaca que pese al gran influjo que la mujer puede ejercer sobre los hombres, legalmente está atada de manos. Por ello, es necesario que las mujeres reivindiquen "sus derechos y trat[en] de establecer el nivel de una igualdad absoluta entre ellas y sus actuales dominadores". Hace la salvedad, eso sí, que hablar de igualdad no significa que todos deban hacer las mismas cosas, sino que "cada uno desempeñe bien y con la misma libertad sus funciones especiales"⁷³. Por ello, el primer paso para cambiar el estado actual de la mujer es que ella se eduque, continúa Athos; así tendrá las herramientas adecuadas para ser una buena madre. El propio Miguel Luis Amunátegui, en su memoria ministerial ante el Congreso al explicar por qué se decidió a dictar el decreto que validaba los exámenes femeninos, destacó la importancia de la mujer en el hogar al sostener que "la desigualdad intelectual entre el hombre y la mujer significa la desmoralización más completa del hogar doméstico"⁷⁴. En otros escritos, el ministro señala la importancia de la ilustración de la mujer, ya que así podía "aconsejar al marido y enseñar a los hijos"⁷⁵, pues ella es "el agente más poderoso de la ilustración"⁷⁶. Ciudadanos mejor formados, significarían un mayor avance en el progreso del país, ¿se negarían algunos a este progreso?

La postura liberal de ensanchar el horizonte intelectual de la mujer para mejorar así su rol de madre, es rechazada por El Estandarte Católico. Si bien para este también es vital su rol como formadora de los futuros ciudadanos, para ello no era necesario que la mujer se instruyera, bastaba con que se educara. ¿Cuál era la diferencia? Para don Crescente Errázuriz la instrucción que recibía la mujer es solo accidental, bastando los conocimientos elementales, ya que

La postura de Errázuriz vino a ser reforzada por el artículo de Alejandro Echeverría que proponía un plan de estudios para la mujer. Este comprendería geografía, gramática, aritmética, francés, catecismo, historia santa y patria, bordado, costura, retórica, fundamentos de la fe, breves nociones de física y cosmografía, música, poesía y pintura. Todos estos ramos, postulaba el presbítero, además de constituir una suma no despreciable de conocimientos, "no desvían a la mujer de sus tendencias naturales de madre próvida, esposa fiel e hija obediente y cariñosa"⁷⁸. Además, esta postura -la menor cantidad de instrucción que la mujer debía recibir- encontraba fundamento, según el periódico católico, en la debilidad física de esta que le impedía acceder a más conocimiento y que era congruente con la menor robustez de su organismo. Por ello, si los padres mandaban a sus hijas a colegios donde se enseñara humanidades era solo por el deseo de "perder la salud de su[s] hija[s]" y se condolía de aquellas que se decidieran a seguir seriamente los estudios secundarios: "¡Pobre de la joven que se echara a cuesta treinta o cuarenta ramos del curso de humanidades!"⁷⁹.

Ante toda esta polémica de la necesidad de instruir a la mujer y la cantidad de esta que debiera recibir, es interesante destacar que la opinión generalizada de que la mujer es quien forma los futuros ciudadanos significa que ella ocupa un rol extremadamente relevante en la sociedad, pese a no estar en el espacio público. Se trata de un deber, una misión que se cumple en el hogar, espacio privado por excelencia. Y es destacable, además, por lo señalado por Athos en El Mercurio: "pudiendo hacerlo todo o impedirlo todo -por medio de los hombres- nada puede hacer ni impedir con personería propia"⁸⁰. En otras palabras, influye en el espacio público aunque está fuera de él -por ley- y aunque lo haga de manera indirecta. El asunto estribaba en que para la prensa católica el asunto estaba bien así, en tanto que para la prensa liberal, no.

3. Las profesiones liberales femeninas como medio de procurarse fortuna.

Según la prensa liberal, las profesiones científicas le procurarían dinero a toda aquella mujer que no tuviera una situación económica acomodada o que hubiese sufrido algún accidente desgraciado en la vida, y tendría una herramienta con que salir adelante: "deseamos que la mujer tenga los medios necesarios por medio de la instrucción para hacer frente a la pobreza, a la orfandad, a la viudez, a la desgracia"⁸¹. Sin embargo, nuevamente El Estandarte Católico se adelantó a la aparición del Decreto Amunátegui y refutó las expectativas de lucro que ofrecían las carreras profesionales a la mujer: "No se hagan ilusiones las mujeres que se imaginan lucrar con las profesiones científicas. Al presente, tenemos plétora de abogados, médicos, ingenieros, y la mayor parte de ellos, si pudieran, darían gustosos su título universitario por un destino que les diera de comer"⁸².

El Mercurio, el 8 de febrero, al celebrar la medida ministerial, aprovechó de responder las afirmaciones del periódico católico, pues sostenía que el ejercicio de una profesión protegería a la mujer "contra el hambre que es deshonra, así como el honor es trabajo". Por ello, sostenía que "para la hija de familia, sin bienes de fortuna, no hay [más salvación] sino en las carreras profesionales"⁸³. La Patria, en tanto, va más allá, al afirmar que la fortuna que pudiesen las mujeres alcanzar con el ejercicio de una profesión, les permitiría defenderse mejor de los peligros a que está expuesta en la vida, dada su posición inferior en que las ha puesto la sociedad, puesto que así "asegura[n] su independencia, con la posibilidad de subsistir por sí misma[s], y la[s] pone a cubierto del engaño y de las seducciones del sexo fuerte"⁸⁴. La República, por su parte, se encarga de encarar a El Estandarte Católico que, según su interpretación, se niega a que ella reciba una instrucción que le permita subsistir:

Pero El Estandarte Católico no se quedó atrás, y el 24 de febrero Vergara Antúnez se dedicó a fundamentar en la editorial del periódico eclesiástico por qué "la instrucción profesional de la mujer no es un recurso para su subsistencia". Las posibilidades de la mujer de ganar dinero siendo profesional disminuyen por su misma condición de mujer:

Con todos estos factores, la mujer solo tendría alguna posibilidad de subsistir si "faltasen hombres capaces de desempeñarlas" o que la demanda sobrepasara la oferta de profesionales. Ambas situaciones, según El Estandarte Católico, "bien sabido es que [no] acontecen al presente y que no hay razón para creer que este orden de cosas varíe en el porvenir"⁸⁷. La única carrera que El Estandarte Católico ve con alguna posibilidad para la subsistencia femenina, es el profesorado, pues esta se relaciona directamente con sus deberes de madre, con su "misión natural". Para las labores que le demandarían la educación primaria y secundaria no sería menester que fueran "doctoras tituladas en derecho o en medicina; bástale poseer las humanidades". Y ni pensar en la enseñanza a nivel superior, pues "para que una mujer desempeñase una cátedra en la universidad sería necesario que fuera un prodigio en el conocimiento de los ramos de la instrucción superior. Si las llega a haber, ellas serán una excepción"⁸⁸.

No obstante, La República se empeña en su argumento y toca un asunto de gran importancia: el rol social que la mujer desempeñaría al desarrollar una profesión, como por ejemplo, la medicina:

La carrera de medicina será en Chile, no cabe duda, más lucrativa para la mujer que para el hombre: sabemos de señoritas que se han visto en la terrible alternativa de morir con sus males secretos o de llamar a un médico que las aterroriza o, cuando más, llamarlo en tiempo que su enfermedad era tan desesperada que ya no tenía remedio⁸⁹.

Estas aseveraciones son importantes, porque ellas reconocen que la mujer en posesión de un título universitario puede desarrollar una función social. Esto implicaría, además, un hecho aún más relevante. Referirse a que la mujer comience a desarrollar un trabajo que beneficia a otros y que le reporta ganancias, es referirse a que ella comienza a dedicar tiempo a alguna actividad que la saca de su hogar, el espacio privado, y que lentamente podría incursionar en el espacio público. En suma, son palabras que reflejan el cambio que están experimentando algunos sectores de la opinión pública en cuanto al rol de la mujer en la sociedad. No obstante, antes de que se alcanzara algún grado de concordancia en torno a esta última idea, la instrucción femenina afrontaría un obstáculo más. Si la mujer adquiría mayores conocimientos, diría la prensa católica, correría el peligro de perder la fe. ¿Podría la sociedad chilena afrontar este cataclismo?

4. La mujer profesional: ¿caerá en el ateísmo o será salvada de las garras del fanatismo?

El choque entre la prensa católica y la prensa liberal se haría patente y se traduciría en ataques casi personales cuando El Estandarte Católico sostuvo que la adquisición de instrucción superior haría que la mujer perdiera la fe, en tanto que los periódicos liberales afirmaron que su contraparte católica solo lo hacía por un asunto de conveniencia. El encuentro de estas dos posiciones es muestra del conflicto doctrinario, como ya vimos. Tal como afirma Ricardo Krebs, en este período no hubo grandes obras de pensamiento a este respecto, sino que este "se expresó en forma ocasional e interesada y en función de problemas específicos"⁹⁰. De ahí la importancia de analizar las posturas de católicos y liberales ante el Decreto Amunátegui.

El Estandarte Católico fue nuevamente el primero en comenzar la polémica. El 2 de febrero, lanza una verdadera declaración de guerra:

El Ferrocarril, dos días después, le retruca al periódico católico que sus temores ante la instrucción femenina no se tratan sino de un "temor parcial" y que se fundan en "las credulidades de la ignorancia"⁹². Este punto será común en la prensa liberal: atribuir a la Iglesia que su interés es mantener a la mujer en la ignorancia para poder manejarla a su antojo. Así lo hace La República, al develar lo que considera las verdaderas razones de la oposición de la Iglesia a la instrucción femenina:

La respuesta de El Estandarte Católico no se dejó esperar y fue redactada en términos también punzantes, pues se queja de que en pos del famoso "progreso" algunos defienden cualquier idea, por nefasta que esta sea:

La polémica aumentará más cuando se sume al debate La Patria, periódico que, al igual que La República, afirma que el temor de la Iglesia solo encuentra explicación en el beneficio que le reportaría su dominio sobre el sexo débil:

Sin embargo, para El Estandarte Católico, su temor tenía un solo y contundente nombre: masonería.

No obstante, para la prensa liberal no había peligro de que la mujer perdiera la fe, ya que la ciencia estaba indisolublemente ligada a Dios, es decir, el conocimiento no solo era alcanzable por medio de la fe, sino que también a través de la razón. En la revista fundada por Miguel Luis Amunátegui y Diego Barros Arana (anticlericales acérrimos, sobre todo este último), Revista Chilena, Florencio Moreyra sostiene:

Así, continuaba Moreyra, la mujer no debía temer que su aproximación a la ciencia la alejaría de Dios, en cambio sí debía sentir temor

Empero, para El Estandarte Católico no caben aproximaciones de ninguna especie. Había una ciencia que, sin duda, "descatolizaría" a la mujer. De esta manera, los efectos de esta instrucción darían por resultado a una mujer profesional totalmente "incrédula e impía", asunto que se retrataría perfectamente en la estadía de las mujeres en la universidad:

La pugna entre la prensa católica y la prensa liberal estaba transformándose en un círculo en que a cada idea que lanzaba El Estandarte Católico, La Patria o La República la refutaban con el tema de la conveniencia¹⁰⁰. Esta "lucha", a los ojos del historiador, no se presenta con buenos o malos, pese a lo que reflejen las citas. La polémica de la pérdida o no de la religiosidad en la mujer, es una muestra más del choque entre dos posiciones que no admiten renuncias en ninguna de sus apreciaciones. La misma prensa lo advertía así. Desde su propia perspectiva en cada caso, por supuesto. El Estandarte Católico afirmaba:

En tanto, La Patria postulaba:

CONSIDERACIONES FINALES

El Decreto Amunátegui puede ser visto, en una primera interpretación, como un reconocimiento a aquella mitad de la sociedad considerada algunas veces como marginada, pero creemos, como hemos visto a lo largo de estas líneas, que puede profundizarse aún más en el tema. Este decreto es una muestra clara de la evolución de la nación chilena dentro de su proceso de construcción. Si la idea era avanzar en la democratización de la sociedad, el ingreso de la mujer a la educación superior significa que ya está dado el primer paso para que ella adquiera la ciudadanía activa, es decir, el derecho a sufragio.

Este proceso que identificamos no es, por cierto, una transformación de un momento a otro. Pasaron cuatro años desde la firma de la medida ministerial para que una mujer entrara a la Universidad de Chile¹⁰³. Doña Eloísa Díaz Insunza entró en 1881 a la carrera de Medicina y en 1887 obtendría su título de Médico-cirujano. Junto a ella, doña Ernestina Pérez Barahona también obtuvo su título en 1887. No obstante, las mujeres no ingresaron en masa a las aulas universitarias. Hubo años en que no ingresó ninguna (1882, 1884, 1888). Recién en 1892 recibió su título de Abogada, doña Matilde Throup, convirtiéndose en la tercera mujer chilena profesional. En suma, el proceso fue lento, pero nunca decayó. En 1919, doña Justicia Acuña Mena recibía su título de Ingeniera¹⁰⁴.

Tal vez, este lento proceso es corolario de la polémica que el Decreto Amunátegui causó en la opinión pública. Otras situaciones provocaron el mismo efecto o quizás más, en otros momentos¹⁰⁵. Cada una de las citas de este trabajo dan muestra del conflicto que cruza a la sociedad chilena, la secularización, y de cómo reaccionaba la Iglesia frente a ella. Las citas de la prensa católica, además, demuestran que la Iglesia utilizó las técnicas modernas de comunicación¹⁰⁶. Ello es prueba de que la Iglesia no sufrió un repliegue a causa del avance secularizador, sino un "reacomodo" en la sociedad. Debió abandonar al Estado, pero no a las personas. De pronto, se vio lanzada al espacio público y pensaba que no estando dentro del Estado, el caos, la anarquía y la incredulidad se apoderarían de todos. Ello no ocurrió, en parte debido a que la misma Iglesia se preocupó de mantener e incrementar su red de expansión en algunos sectores de la sociedad civil¹⁰⁷.

Por otra parte, el Decreto Amunátegui parece dar cuenta de la importancia para el Estado del tema de la instrucción secundaria y superior femenina. Pese a que las frases del Ministro Amunátegui vistas en este trabajo pareciesen reafirmar esto, es interesante reparar en que el impulso definitivo del Estado hacia la instrucción secundaria femenina llegó recién en 1895 con la creación del Liceo N°1 en Santiago, ¡dieciocho años después del Decreto Amunátegui! Junto a la polémica por el ingreso de la mujer a la universidad, en 1877, la prensa repara también en los intentos de padres de familia por crear colegios donde sus hijas recibiesen instrucción secundaria. Pese a contar con el apoyo del Estado, estos colegios serían administrados exclusivamente por estos padres. A este respecto, conviene considerar las palabras de la historiadora Sol Serrano:

Los formadores del Estado Docente, pelucones progresistas como Andrés Bello o Manuel Montt y luego liberales doctrinarios como Miguel Luis Amunátegui o Diego Barros Arana, habían entendido la educación pública como la formación del ciudadano en el liceo y la extensión de la ciudadanía en la escuela. La primera era, por tanto, estrictamente masculina, en cambio la segunda, orientada a los sectores populares, era mixta¹⁰⁸.

Que la educación femenina secundaria quedara a cargo de los privados durante estos dieciocho años, además de demostrar que la instrucción femenina venía impulsada "desde abajo", como ya vimos, muestra que el Estado no consideraba al elemento femenino como posible de incluir en el escenario político, puesto que debería hacerse cargo de nuevos ciudadanos y, por tanto, de posibles nuevas demandas de estos nuevos ciudadanos. Este es un campo a investigar: ¿cuál fue realmente el papel que tuvo el Estado en el origen de la educación secundaria femenina y qué fue lo que lo decidió a crear, en 1895, el primer liceo femenino? ¿Podría verse allí tal vez (es una afirmación condicional, pues se trata de una mera suposición), una postura no tan progresista del sector precisamente progresista de la clase dirigente decimonónica? Solo estudios futuros en torno a este asunto podrán dilucidarlo¹⁰⁹. En este momento lo interesante de constatar es que las veintinueve mujeres que entre 1881 y 1895 alcanzaron el grado de Bachiller en Filosofía y Humanidades han de haber seguido sus estudios secundarios de forma particular. Ello da cuenta de una presión "desde abajo" por la educación. Un conocimiento acabado de estos hechos ayudaría a entender mejor el proceso de construcción nacional y de los actores que tomaron parte en él.

Fecha de recepción: mayo de 2005.
Fecha de aceptación: julio de 2006.

NOTAS

¹ Ana María Stuven, La seducción de un orden. Las elites y la construcción de Chile en las polémicas culturales y políticas del siglo XIX, Santiago, Ediciones de la Universidad Católica de Chile, 2000, 119.

² La situación en otros países de Latinoamérica iba a la par que en Chile. Las décadas de 1870 y 1880 fueron ricas en debates sobre la instrucción femenina. En Perú, la primera mujer en realizar estudios universitarios (pero no en completarlos) fue María Trinidad Enríquez, quien en 1874 inició estudios de Leyes, obteniendo en 1878 su bachillerato. En Argentina, Cecilia Grierson se convirtió en la primera mujer profesional de su país al titularse de Médico-cirujano el 2 de julio de 1889, a quien se le sumó Elvira Rawson tres años más tarde. En el caso de México, Matilde Montoya completó sus estudios de Medicina el 25 de agosto de 1887. En estos tres países, las futuras profesionales debieron solicitar un permiso especial de la autoridad para ingresar a la universidad y en el caso mexicano, la señorita Montoya contó con el decidido apoyo del presidente Porfirio Díaz. Los sucesos en Brasil fueron distintos. En 1881 se tituló en la carrera de Medicina María Augusta Generosa Estrella, lo cual la convertiría en la primera latinoamericana profesional. Sin embargo, ella realizó sus estudios en Estados Unidos, país que ya llevaba bastante camino recorrido en la educación femenina para ese entonces (la primera médica estadounidense, Elisabeth Blackwell, obtuvo su título en 1845), lo cual, además, no permite estudiar su caso en el contexto de las sociedades latinoamericanas decimonónicas. La primera mujer brasileña en titularse de una carrera universitaria en Brasil fue Rita Lobato Velho Lopes, quien se graduó el 10 de diciembre de 1887, luego de que en 1879 el gobierno brasileño decidiera abrir las puertas de las universidades a las mujeres. En Colombia las cosas se dieron con un retraso sorprendente. Recién en 1936 las colombianas comenzaron a seguir estudios universitarios (con para Argentina, Cynthia Jeffress Little, "Educación, filantropía y feminismo: partes integrantes de la feminidad argentina. 1860-1926", en Asunción Lavrin (ed.), Las mujeres latinoamericanas. Perspectivas históricas, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1985, 276-285. Para México, http://mujereshoy.com/secciones/1147-3.shtml. Para Brasil, June E. Hahner, "La prensa feminista del siglo XIX y los derechos de las mujeres en el Brasil", en Lavrin, Las mujeres latinoamericanas, 316-318. Para Colombia, Asunción Lavrin, "Recuerdos del siglo XX", en Revista de Historia Social y de las Mentalidades, Año VIII, Vol. 1-2, 2004, Santiago, 17-18. Para Bolivia, Las mujeres en la historia de Bolivia. Imágenes y realidades del siglo XIX (Antología). Estudio e introducción por Beatriz Rossells, La Paz, Editorial Anthropos, 2001, 96-103 y 396-410.

³ Stuven, La seducción de un orden, 24.

⁴ Sol Serrano, "Espacio público y espacio religioso en Chile republicano", en Teología y Vida, XLIV, Santiago, 2003, 347.

⁵ Sobre la gradualidad de los cambios en el siglo XIX, ver Stuven, La seducción de un orden, y Sol Serrano, Universidad y Nación. Chile en el siglo XIX, Editorial Universitaria, Santiago, 1994, 62.

⁶ Serrano, "Espacio Público", 346.

⁷ Dando cuenta del ambiente secularizador y laico del período, Tancredo Pinochet, hijo de Isabel Le Brun, directora de un colegio femenino que deseaba que sus alumnas alcanzasen la educación superior, en el discurso pronunciado en la ceremonia de colocación de la primera piedra de un monumento a su madre y a Antonia Tarragó en 1941, afirmó que doña Isabel "era mujer religiosa, pero no era fanática". "Los grandes maestros", Revista de Educación, N° 5, Santiago, 1941, 6.

⁸ La bibliografía en torno al Decreto Amunátegui, aparte de ser escasa y no dar cuenta de los hechos a cabalidad, adolece, en algunos autores, de un grave defecto: se queda en la espectacularidad aparente de la medida, en lo progresista, es decir, incluir a la mujer a la vida universitaria. Reconociendo este importante carácter, creemos que es necesario ir más allá e insertarlo en el debate de esos años, como ya hemos venido diciendo en estas líneas. Se han referido al Decreto Amunátegui los siguientes autores: Amanda Labarca H. Historia de la enseñanza en Chile, Santiago, Editorial Universitaria, 1939, 161-167; Roberto Hernández Ponce, "Bachillerato y títulos profesionales para mujeres. Ideas y pasiones de hace cien años", Revista de Educación, 63, Santiago, septiembre de 1977, 30-34; Teresa Pereira, "La mujer en el siglo XIX", en Lucía Santa Cruz et al., Tres ensayos sobre la mujer chilena, Santiago, Editorial Universitaria, 1978, p. 131; varios autores, Actividades femeninas en Chile, Santiago, Imprenta y Litografía La Ilustración, 1928; Erika Maza, "Liberales, radicales y la ciudadanía de la mujer en Chile (1872-1930)", Estudios Públicos, 69, Santiago, 1998, 330-338; María José Zaldívar Larraín, Participación femenina en Chile durante la segunda mitad del siglo XIX a través del ejercicio de las libertades de imprenta, de enseñanza y de asociación, Tesis para optar al grado de Licenciada en Derecho y en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 2002; y Emma Salas Neumann, "La educación superior y los movimientos de emancipación de la mujer chilena, 1877-1950", en Robert Austin (ed.), Intelectuales y educación superior en Chile: de la Independencia a la democracia transicional, 1810-2001, Santiago, Ediciones CESOC, 2004, 39-58. Maza ha sido, a nuestro juicio, quien ha realizado una mejor aproximación al tema al afirmar que el decreto Amunátegui "fue el resultado final de una sucesión de hechos, entre los que se incluyeron iniciativas conservadoras, decisiones del Consejo Universitario y la presión de las educadoras", como tendremos oportunidad de ver más adelante en este trabajo. La relación de los hechos que ella señala está tomada de lo referido al respecto por Sol Serrano en su clásica obra Universidad y nación. Chile en el siglo XIX, p. 339. La tesis de María José Zaldívar, en tanto, si bien tiene el mérito de sacar a la luz la solicitud de Antonia Tarragó, no da debida cuenta de la recepción de la petición en la Universidad de Chile, pues no utiliza los Anales de la Universidad de Chile. Finalmente, el breve artículo de Hernández Ponce se aproxima al fondo del problema, pues afirma que "es probable que si la causa de la educación femenina no se hubiese enredado con las odiosidades del anticlericalismo, la reacción de la Iglesia hubiese sido más favorable. Pero ¿podía pedirse en aquellos años que en una controversia de esta naturaleza se olvidase al anticlericalismo y al regalismo, ingredientes infaltables en la política nacional?".

⁹ Solicitud de Antonia Tarragó al Consejo Universitario, Santiago, octubre 1872, Archivo del Ministerio de Educación (en adelante AME), vol. 206, 99, foja 2.

¹⁰ Memoria leída por la directora del Liceo de Santa Teresa en el acto literario musical en conmemoración del XXX aniversario de la fundación de este establecimiento el año 1864, Santiago, Imprenta Mejía, 1894, 4.

¹¹ Ibíd.

¹² Ibíd., 5

¹³ Dictado por el único representante conservador en el gabinete del Presidente Federico Errázuriz, Abdón Cifuentes, este decreto establecía que los colegios del Estado ya no recibirían los exámenes de los colegios particulares por "haber llegado a ser [esta tarea] excesivamente gravosa y perjudicial para el Instituto [Nacional]" y, en adelante, los exámenes se rendirían en los respectivos colegios, siendo válidos para optar a grados universitarios. Esta disposición levantó una verdadera polvareda en la Universidad, el Gobierno y la prensa, en la que se enfrentaron los defensores de la libertad de enseñanza y los apologistas del Estado docente. El texto del decreto se encuentra en Anales de la Universidad de Chile (en adelante AUCH), tomo XLVI, 1872, 19-21. La polémica en torno a esta medida está detalladamente analizada en Serrano, Universidad y Nación, 229-239.

¹⁴ Serrano, Universidad y Nación, 16.

¹⁵ Con esto no queremos negar el papel al Estado que le asigna Serrano como "eje modernizador de la educación", sino que, justamente, reafirmarlo, ya que, como la misma historiadora sostiene, las reformas educacionales impulsadas por el Estado chileno originaron una demanda social "en un mediano plazo". Creemos que el interés de las mujeres por educarse, tal como lo demuestran las peticiones de Antonia Tarragó y, como veremos posteriormente, la de Isabel Le Brun, representan esta demanda social que se generó en un mediano plazo, con el elemento adicional que las mujeres sentían que el Estado estaba centrado en educar a los hombres y no a las mujeres. En este sentido, podemos afirmar que las mujeres dan el "puntapié" inicial en su educación secundaria y universitaria, pero no para iniciar un proceso paralelo a la educación ya existente -masculina-, sino que para integrarse a la red nacional de educación (que, por cierto, no es lo mismo que red estatal). Lo que está en el fondo de la discusión, pensamos, es la formación del individuo en el siglo XIX, ya sea hombre o mujer, a la luz de las ideas de la modernidad que incluían un sistema político basado en la soberanía popular. La educación, de esta manera, se transforma en el primer peldaño para formar un individuo con plena participación en el espacio público, solo que las mujeres se sumaron más tarde a este proceso y por propia iniciativa. Una mayor profundización de estas ideas, sobre quién quiere la educación, aparte de la introducción de la obra de Sol Serrano, Universidad y nación, en el artículo de la misma autora, "¿Quién quiere la educación? Estado y familia en Chile a mediados del siglo XIX", en Pilar Gonzalbo Aizpuru (ed.), Educación y Familia en Iberoamérica, México, 1999, 153-171, si bien se centra en la expansión de la educación primaria; también la obra de Francois Furet y Jacques Ozouf, Lire et ecrire, París, 1977.

¹⁶ AUCH, tomo XLVI, 1872, 342.

¹⁷ La ley citada por Ocampo está contenida en la tercera partida, título seis y sostiene: "Ninguna muger, quanto quier que sea sabidora, non puede ser abogado en juyzio por otri. E esto por dos razones. La primera, porque non es guizada, nin honesta cosa que la muger tome officio de varon, estando publicamente embuelta con los omes, para razonar por otri. La segunda, porque antiguamente lo defendieron los sabios, por una muger que dezían Calfurnia, que era sabidora: porque era tan desvergonçada que enojaua a los juezes con sus bozes, que non podían con ella. Onde ellos, catando la primera razón que diximos en esta ley, e otro sí veyendo que quando las mugeres pierden la verguença, es fuerte cosa el oyrlas, e de contender con ellas, e tomando escarmiento del mal que sufrieron de las bozes de Calfurnia, defendieron que ninguna muger non pudiese razonar por otri". Las siete partidas del sabio Rey D. Alfonso el IX. Tomo II, Barcelona, Imprenta de Antonio Bergnes, 1844, 170-171.

¹⁸ Oficio del Consejo Universitario al Ministerio de Instrucción Pública, Santiago, 19 de octubre de 1872, AME, vol. 206, 99, foja 1.

¹⁹ Geografía descriptiva, historia antigua, aritmética, historia sagrada, gramática castellana y catecismo.

²⁰ Oficio del Ministro de Instrucción Pública, Abdón Cifuentes, al Rector de la Universidad de Chile, Ignacio Domeyko, Santiago, 11 de diciembre de 1872, AME, vol 239, 486. Libro copiador. Este documento está reproducido en el periódico El Independiente, Santiago, 18 de diciembre de 1872, 3.

²¹ AUCH, tomo XLVI, 1872, 414.

²² AUCH, tomo XLVIII, 1873, 522. El destacado es nuestro.

²³ Ibíd.

²⁴ Pese a que este intento no tuvo resultados positivos, Tarragó no se dio por vencida y, viendo tal vez que con solicitudes escritas -que conllevaban un trámite un tanto burocrático, como se pudo apreciar- no conseguía resultados concretos, fue en varias oportunidades a hablar personalmente con el Ministro de Instrucción Pública de turno (Barceló), para exponer su solicitud. Aún así, sus esfuerzos no obtuvieron frutos. Estas entrevistas no quedaron registradas en ningún documento del Gobierno, ni en alguno en poder de Tarragó. Solo esta se refiere a estos intentos en su discurso con motivo de la conmemoración de los treinta años de existencia de su colegio, en 1894: "La directora reiteró sus solicitudes, apersonándose varias veces a los señores Ministros que se sucedían en el puesto; pero sin obtener resultado favorable a sus gestiones". Memoria leída por la directora del Liceo de Santa Teresa, 8.

²⁵ Máximo R. Lira, "La mujer. Sus deberes políticos y sociales II", en El Independiente, Santiago, 22 de diciembre de 1872, 2.

²⁶ Ibíd.

²⁷ Ibíd.

²⁸ Sobre las definiciones de "espacio público" según la publicidad o la propiedad, ver Sol Serrano, "La definición de lo público en un Estado Católico. El caso chileno. 1810-1885", Estudios Públicos, 76, 1999, Santiago, 211-232.

²⁹ Máximo R. Lira, "La mujer. Sus deberes políticos y sociales III", en El Independiente, Santiago, 29 de diciembre de 1872, 2. Esta frase adquiere gran actualidad en el Chile de hoy, año 2006, por cierto.

³⁰ Pero ella no descansó. Siendo fiel a la frase que repetía a sus alumnas para alentarlas en los estudios, "¡adelante, siempre adelante!", seguía impartiendo cursos de humanidades y las estudiantes eran sometidas a exámenes ante comisiones formadas por Tarragó para demostrar que "la mujer sí era capaz de asimilar conocimientos profundos". Memoria leída por la directora del Liceo de Santa Teresa, 8.

³¹ La solicitud de Isabel Le Brun se encuentra publicada en La República, Santiago, 16 de enero de 1877, 2.

³² El decreto del 10 de enero de 1874 establecía claramente que la medida de dos años antes había traído más perjuicios que beneficios, pues en su primer considerando se afirmaba lo siguiente: "El decreto de 15 de enero de 1872 […] ha producido malos resultados en la práctica, pues los abusos cometidos al amparo de aquel decreto han comprometido la seriedad de los estudios, contrariando los propósitos del Gobierno". AUCH, tomo XLVIII, 1874, 18.

³³ El decreto del 9 de noviembre de 1874 establecía en su artículo 18: "Los colejios particulares que tengan planteado el curso completo de humanidades i posean los instrumentos necesarios para las enseñanzas de las ciencias físicas i naturales, constando esta circunstancia al Consejo Universitario, podrán pedir a este el nombramiento de comisiones especiales que se instalen a recibir los exámenes en los mismos establecimientos. Estas comisiones se compondrán de dos miembros propietarios i un suplente, nombrados por el Consejo, i de un profesor del establecimiento respectivo nombrado por su rector". A esta disposición era a la que apelaba Isabel Le Brun. Para el decreto completo, ver Boletín de las leyes i decretos del Gobierno, Libro XLII (2º volumen), Santiago, Imprenta Nacional, 1874 y AUCH, tomo XLVI, 1874, 477-481.

³⁴ AUCH, tomo L, 1876, 468.

³⁵ La nómina del profesorado del colegio de Isabel Le Brun es la siguiente: Isabel Le Brun (Literatura y Gramática); Ernesto Turenne (Literatura, Gramática, Higiene e Historia Natural); Carlos González Ugalde (Francés); Guillermo Davies (Inglés y Aritmética); Alberto Burg (Alemán y Cosmografía); M. Fidel Pinochet (Historia Antigua y Griega); Eduardo de la Barra (Historia de América y de la Edad Media); Presbítero C. Emilio León (Historia Sagrada y Religión); Nicanor Romo (Geografía Descriptiva y Física); Gabriel Campos (Dibujo y Pintura); y Margarita Caviedes de Lara y Telésforo Cabero (Canto y Piano). Esta nómina fue publicada en La República, Santiago, 16 de enero de 1877, 2.

³⁶ El informe se encuentra también publicado en La República, Santiago, 16 de enero de 1877, 2.

³⁷ AUCH, tomo L, 1876, 477.

³⁸ Ibíd.

³⁹ El Independiente, Santiago, 16 de diciembre de 1876, p. 2. Dos semanas después, el 29 de diciembre, el periódico publicó una carta de apoyo a Le Brun de parte de los profesores que componían las comisiones ante las cuales sus alumnas rendían exámenes y que, por cierto, no eran nombradas por la universidad, sino que formadas por la propia Le Brun para demostrar el nivel de sus estudiantes. A juicio de los firmantes de la epístola, los exámenes eran "dignos de haber sido presenciados por comisiones universitarias". El Independiente, Santiago, 29 de diciembre de 1876, 1. También se publicó esta carta en El Ferrocarril, Santiago, 30 de diciembre de 1876, 2 y en La República, Santiago, 18 de enero de 1877, 2.

⁴⁰ La República, Santiago, 16 de enero de 1877, 2.

⁴¹ El Ferrocarril, Santiago, 17 de enero de 1877, 2. Esta editorial fue reproducida en El Deber, Valparaíso, 18 de enero de 1877, 2.

⁴² Ibíd. Ante la airada reacción de El Ferrocarril, una carta publicada en El Independiente el 18 de enero firmada "una directora de colegio", recuerda que el asunto de la aprobación de exámenes para la mujer data del año 1872, "en que la directora del colegio Santa Teresa se presentó al Consejo Universitario haciendo la misma solicitud que ahora se hace por otra directora". ¿Quién sería esta "directora de colegio"? No parece muy aventurado suponer que se trata de la misma Antonia Tarragó. ¿Habría un interés de parte de ella porque sus esfuerzos fuesen reconocidos? Es posible, dado que la prensa en general daba loas a granel a la directora del "Colegio de la Recoleta", asunto que tal vez pudiese incomodar a Tarragó. De hecho, La República, el 18 de enero, señala que antes de la existencia del establecimiento de doña Isabel, la educación secundaria de la mujer no se encontraba desarrollada: "La enseñanza de los ramos de humanidades que ahí se da a las señoritas es algo nuevo entre nosotros, que estamos acostumbrados a educar a nuestras hijas con solo nociones elementales de gramática, aritmética, geografía, religión, un poco de francés y piano. Es que hasta ahora en nuestros colegios no se da otra instrucción a las alumnas aunque se eternicen repitiendo la misma cosa todos los años. […]. [E]l Colegio de la Recoleta es algo nuevo en Chile, y algo de un porvenir positivo que pronto será una reforma radical, verdadera revolución social en los intereses de nuestro bello sexo". Incluso más, en los recuerdos que realiza Tarragó en su discurso de conmemoración de los treinta años de su colegio, no menciona la solicitud de Le Brun cuando se refiere a la firma del Decreto Amunátegui. Solo da cuenta de sus repetidos intentos desde 1872 y a la actitud generosa del Ministro Miguel Luis Amunátegui, quien, cuando asumió en 1876 "desde el primer momento […] se ocupó preferentemente en atender a la solicitud presentada por el Colegio de Santa Teresa". Memoria leída por la directora del Liceo de Santa Teresa, 9.

⁴³ El Independiente, Santiago, 20 de enero de 1877, 1. El mismo día, El Mercurio se hacía la misma pregunta y llegaba a las mismas conclusiones que el periódico santiaguino: "¿Qué ley impide al Consejo acceder a esta justísima demanda? ¿No tiene la mujer derecho perfecto para estudiar y profesar cualquier carrera de las que profesan los hombres? Luego, ¿a qué esa timidez y esos escrúpulos? Si es ridículo el que una mujer se dedique al foro o la medicina, etc., eso es cuenta de ella y no del Consejo Universitario, cuyo papel está reducido a informar sobre lo que halla de legal o ilegal en las pretensiones de la solicitante". El Mercurio, Valparaíso, 20 de enero de 1877, 2. Se reproduce también en El Independiente del día 23 de enero, 1.

⁴⁴ El Independiente, Santiago, 20 de enero de 1877, 1. El destacado es nuestro.

⁴⁵ Ver inicio de este apartado.

⁴⁶ El Mercurio, Valparaíso, 27 de enero de 1877, 2

⁴⁷ AUCH, tomo LII, 1877, 34.

⁴⁸ En 1875, las entradas fueron $16.350.119, en tanto que los gastos llegaron a $22.052.187. Al año siguiente, las cifras fueron de $15.366.717 para los ingresos y de $17.784.142 para los egresos. En 1877, las entradas sumaron $18.678.956 y los egresos, $20.463.685. Cristián Zegers A., Aníbal Pinto. Historia política de su gobierno, Santiago, Editorial Universitaria, 1969, 92.

⁴⁹ Diego Barros Arana, Don Miguel Luis Amunátegui. 1828-1888, París, Imprenta de A. Lahure, 1888, 124.

⁵¹ Ya desde mediados del siglo comienza a configurarse la opinión pública en el país, debido a los cambios que ha experimentado Chile gracias al crecimiento económico (a raíz de la actividad minera), la expansión de la educación y el afianzamiento progresivo de ideas reformistas. Todo ello produjo cambios en la sociedad, ella se hizo más crítica, produciendo el espacio adecuado para que surgiera una prensa también crítica y "raciocinante" donde el argumento tanto para defender ideas como para responder ataques se convierte en el instrumento oficial para el intercambio de opiniones. Así, esta nueva opinión pública que exige informarse y expresar su opinión, debe ser tomada en cuenta por la autoridad, puesto que se yergue como un "ente" que, aparentemente inorgánico, legitima o censura los actos de esta autoridad. Además, el surgimiento de la opinión pública moderna, al representar la existencia de una masa crítica de ciudadanos, exige también el desarrollo de una prensa que responda a sus intereses. La opinión pública se "corporiza" en la prensa, luego, las opiniones vertidas a través de ella, representan el sentir de la opinión pública que ahora, además, puede concretamente influir en la autoridad mediante el voto, gracias a la reforma electoral de 1874 que, al pedir como requisito para sufragar solo saber leer y escribir, produjo el aumento del potencial electorado. Por ello, le es tan necesario al Gobierno tener siempre presente qué piensa y qué necesita la opinión pública. La aplicación de un carácter "raciocinante" a la prensa chilena del siglo XIX, pertenece a Carlos Ossandón, El crepúsculo de los "sabios" y la irrupción de los "publicistas", Santiago, ARCIS-LOM Ediciones, 1998. Para una profundización de las ideas en torno a la opinión pública, ver también Rafael Sagredo Baeza, Vapor al Norte, tren al sur. El viaje presidencial como práctica política en Chile. Siglo XIX, Santiago, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, El Colegio de México, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2001, 93-97. Una obra reciente es Ángel Soto (editor), Entre tintas y plumas. Historias de la prensa chilena del siglo XIX, Santiago, Centro de Investigación de Medios Andes, Facultad de Comunicación, Universidad de los Andes, 2004. Este libro reúne siete artículos sobre la prensa decimonónica, además de entregar una bibliografía seleccionada sobre el tema. Para los alcances de la reforma electoral de 1874, ver J. Samuel Valenzuela, "Hacia la formación de instituciones democráticas: prácticas electorales en Chile durante el siglo XIX", en Estudios Públicos, 66, Santiago, 1997, 215-257.

⁵² El Deber, Valparaíso, 7 de febrero de 1877, 2.

⁵³ El Mercurio, Valparaíso, 8 de febrero de 1877, 2. También en El Ferrocarril, Santiago, 9 de febrero de 1877, 2 y El Independiente, Santiago, 10 de febrero de 1877, 1.

⁵⁴ Ibíd. No solo la prensa se alegró con la medida. Diversas asociaciones de artesanos e industriales hicieron llegar sus felicitaciones a Amunátegui por todas "las providencias tomadas por el ministerio de su cargo y que tienden a favorecer directamente la educación de la mujer". La Sociedad Colón de Zapateros (de cuya carta es la cita anterior), la Sociedad Unión de Artesanos, la Comisión Central de Industriales de Santiago, la Sociedad de Sastres, la Sociedad de Artesanos de Vallenar, la Sociedad "Unión Amigos del Bien" y la Liga Protectora se hicieron presentes para manifestar su alegría por el horizonte que se presentaba para la educación femenina. Las cartas se encuentran en (se sigue el mismo orden en que fueron nombradas): El Mercurio, Valparaíso, 26 de febrero de 1877; El Ferrocarril, Santiago, 17 de febrero de 1877, 1; El Ferrocarril, Santiago, 22 de febrero de 1877, 2-3; AME, vol. 336, p. 28, foja 1; AME, vol. 339, 37, foja 1; AME, vol. 339, 52, fojas1-2; AME, vol. 339, 40, fojas 1-3.

⁵⁵ El Deber, Valparaíso, 21 de febrero de 1877, 2.

⁵⁶ El caso de Andrés Bello está tratado magníficamente por Iván Jaksic, Andrés Bello. La pasión por el orden, Santiago, Editorial Universitaria, 2001

⁵⁷ "Memoria presentada al Congreso Nacional en 1877 por el Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, don Miguel Luis Amunátegui", en AUCH, tomo LII, 1877, 587.

⁵⁸ Florencio Moreyra, "Ligeras observaciones al proyecto de educar científicamente a la mujer", Revista Chilena, tomo VIII, Santiago, 1877, 605.

⁵⁹ Para un estudio de la República como elemento central del orden en Chile, ver Stuven, La seducción de un orden, y Jaksic, Andrés Bello. La pasión por el orden.

⁶⁰ Ricardo Krebs, "El pensamiento de la Iglesia frente a la laicización del Estado en Chile. 1875-1885", en Catolicismo y Laicismo. Las bases doctrinales del conflicto entre la Iglesia y el Estado en Chile, 1875-1885, Santiago, Ediciones Nueva Universidad, 1981, 19-20.

⁶¹ Ibíd. 25.

⁶² Pastoral Colectiva de los obispos chilenos, 29 de junio de 1886, 950-951, citado en ibíd., 24.

⁶³ Crescente Errázuriz, articulista de El Estandarte Católico, recuerda en sus memorias que el objetivo de la Iglesia era "fundar un diario exclusivamente católico", pues en El Independiente "siendo seglares sus redactores, carecían de los conocimientos, de las relaciones y del interés nuestro en lo que se refería a las cosas meramente eclesiásticas". Sus relaciones con el periódico conservador serían nulas en privado, ya que, en público, mostraban una complementación perfecta al centrarse El Estandarte Católico en los aspectos religiosos, y El Independiente, en los asuntos netamente políticos. Don Crescente recuerda que, incluso, solo habló una vez con Zorobabel Rodríguez, redactor de El Independiente, al encontrarse ambos por casualidad en un tranvía. Crescente Errázuriz, Algo de lo que he visto. Memorias de don Crescente Errázuriz, Santiago, Editorial Nascimento, 1934, 199, 207-208.

⁶⁴ La República, Santiago, 25 de enero de 1877, 2.

⁶⁵ Rodolfo Vergara Antúnez, "El límite natural de la instrucción de la mujer. III", en El Estandarte Católico, Santiago, 2 de febrero de 1877, 2.

⁶⁶ Ibíd.

⁶⁷ El Deber, Valparaíso, 16 de febrero de 1877, 2. Este periódico profundiza su crítica a El Estandarte Católico afirmando que la desatención que el hogar doméstico puede sufrir con el trabajo de la madre, es algo que ya se da en los sectores más pobres de la sociedad y ello no sucede porque las mujeres así lo deseen, sino porque deben subsistir: "¿Qué hacen las mujeres del pueblo cuando no tienen recursos con qué subsistir? ¿Se dejan morir de hambre por no abandonar su hogar? No, confían el cuidado de sus hijos a quien puede quedarse en casa y van ellas a buscar una ocupación en la ajena. Pues lo mismo haría la mujer de profesión cuando necesitase de esta para vivir. Elegiría de dos males, el menor".

⁶⁸ Rodolfo Vergara Antúnez, "El límite natural de la instrucción de la mujer. III", en El Estandarte Católico, Santiago, 2 de febrero de 1877, 2.

⁶⁹ Rodolfo Vergara Antúnez, "Otros inconvenientes de la instrucción profesional de la mujer. IV", en El Estandarte Católico, Santiago, 5 de febrero de 1877, 2.

⁷⁰ Rodolfo Vergara Antúnez, "El límite natural de la mujer. III", en El Estandarte Católico, Santiago, 2 de febrero de 1877, 2

⁷¹ El Mercurio, Valparaíso, 20 de enero de 1877, 2.

⁷² El Mercurio, Valparaíso, 3 de febrero de 1877, 2.

⁷³ Ibíd.

⁷⁴ "Memoria presentada al Congreso Nacional en 1877 por el Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, don Miguel Luis Amunátegui", en AUCH, tomo LII, 1877, 586.

⁷⁵ Carta de agradecimiento de Miguel Luis Amunátegui a la misiva enviada por la Sociedad Colón de Zapateros, 24 de febrero de 1877, publicada en El Mercurio, Valparaíso, 26 de febrero de 1877, 2 y en El Ferrocarril, Santiago, martes 27 de febrero de 1877, 2.

⁷⁶ Carta de agradecimiento de Miguel Luis Amunátegui a la epístola enviada por la Comisión Central de Industriales de Santiago, 20 de febrero de 1877, publicada en El Ferrocarril, Santiago, 22 de febrero de 1877, 2-3.

⁷⁷ Crescente Errázuriz, "Cuál debe ser la conducta de los católicos respecto del proyecto de ensanchar el Estado docente con la institución de liceos para mujeres", en El Estandarte Católico, Santiago, 2 de febrero de 1877 de 2.

⁷⁸ Alejandro Echeverría, "Después de los decretos del señor Amunátegui acerca de la instrucción de la mujer. II", en El Estandarte Católico, Santiago, 16 de febrero de 1877, 2.

⁷⁹ Alejandro Echeverría, "Después de los decretos del señor Amunátegui acerca de la instrucción de la mujer. III", en El Estandarte Católico, Santiago, 17 de febrero de 1877, 2. Vicente Grez, redactor de la sección "El Día" de La República, donde abordaba temas de la actualidad de manera bastante graciosa, se refería así a la supuesta debilidad de la mujer: "Tratándose de la educación de la mujer, el Estandarte [Católico] no da una en el clavo. Dice que la mujer no debe educarse porque es débil. Pues, señores presbíteros, en tal caso se educarán solo las robustas. Se pone en cada liceo un pugilómetro y se miden las fuerzas de cada una; con este sistema, ¿quedarán contentas sus reverencias?", La República, Santiago, 24 de febrero de 1877, 3.

⁸⁰ El Mercurio, Valparaíso, 3 de febrero de 1877, 2.

⁸⁶ Rodolfo Vergara Antúnez, "La Instrucción profesional de la mujer no es un recurso para su subsistencia", en El Estandarte Católico, Santiago, 24 de febrero de 1877, 2.

⁸⁷ Ibíd.

⁸⁸ Ibíd.

⁸⁹ La República, Santiago, 1 de marzo de 1877, 3.

⁹⁰ Ricardo Krebs (ed.), Catolicismo y Laicismo. Las bases doctrinarias del conflicto entre la Iglesia y el Estado en Chile. 1875-1885, Santiago, Ediciones Nueva Universidad, 1981, 5.

⁹¹ Rodolfo Vergara Antúnez, "Cuál debe ser la conducta de los católicos respecto del proyecto de ensanchar el Estado docente con la institución de los liceos para mujeres", en El Estandarte Católico, 2 de febrero de 1877, 2.

⁹² El Ferrocarril, Santiago, 4 de febrero de 1877, 2.

⁹⁷ Florencio Moreyra, "Ligeras observaciones al proyecto de educar científicamente a la mujer", Revista Chilena, tomo VIII, Santiago, 1877, 605.

⁹⁸ Ibíd. 610. El destacado es del original.

⁹⁹ Alejandro Echeverría, "Después de los decretos del señor Amunátegui acerca de la instrucción de la mujer. V", en El Estandarte Católico, Santiago, 20 de febrero de 1877, 2.

¹⁰⁰ Aún así, también había voces que trataban de conciliar ambas posturas. Ernesto Turenne, el autor del libro-folleto Profesiones científicas para la mujer, publicado con ocasión del Decreto Amunátegui, esperaba que la instrucción que la mujer recibiera, merced a la nueva medida, la "rescate" de "las prácticas viciadas del fanatismo", pero, al mismo tiempo, "que no sufran menoscabo sus virtudes y devota catolicidad". Ernesto Turenne, Profesiones científicas para la mujer, Santiago, Imprenta de la República, 1877, 4.

¹⁰¹ Alejandro Echeverría. "Después de los decretos del señor Amunátegui acerca de la instrucción de la mujer. V", en El Estandarte Católico, Santiago, 20 de febrero de 1877, 2.

¹⁰² La Patria, Valparaíso, 17 de febrero de 1877, 2.

¹⁰³ En marzo de 1877, la prensa dio cuenta de los exámenes rendidos ante comisiones universitarias por la señorita Beatriz Villalón, para optar al grado de Bachiller en Filosofía y Humanidades. Con ello, se convertiría en la primera mujer en seguir estudios universitarios. Sin embargo, no sabemos por qué razón, ya que la prensa no volvió a referirse a ella, ni en los Anales de la Universidad de Chile hay rastros de sus intentos, Beatriz no logró alcanzar este grado académico y menos convertirse en farmacéutica como ella deseaba.

¹⁰⁴ Para una estadística total de las mujeres universitarias desde 1881 hasta 1919, ver el anexo al final de este artículo.

¹⁰⁵ A este respecto, pueden citarse la discusión por la reinterpretación del artículo 5º de la Constitución, la discusión en torno a la abolición del fuero eclesiástico y el conflicto sobre la libertad de exámenes a raíz del decreto de Abdón Cifuentes de 1872, entre otros.

¹⁰⁶ Sol Serrano afirma que "el conservadurismo católico chileno, en su lucha contra la secularización del Estado y la sociedad, utilizó los instrumentos y derechos que el orden liberal le otorgaba contribuyendo con ello a consolidar el mismo orden". Esta afirmación se refiere, según Serrano, a la lucha por las libertades que la Iglesia dio ante la secularización, como la libertad de educación y la de asociación. Creemos que en esta estrategia señalada por Serrano, también puede incluirse a la prensa, órgano representativo por excelencia de la modernidad, pero utilizado por la Iglesia magistralmente para exponer sus ideas. Sol Serrano, "La estrategia conservadora y la consolidación del orden liberal en Chile, 1860-1890", en Marcello Carmagnani (ed), Constitucionalismo y orden liberal. América Latina, 1850-1920, Torino, Otto Editores, 2000, 125-126.

¹⁰⁷ Serrano, "Espacio público", 349-354.

¹⁰⁸ Serrano, "La estrategia conservadora", 139-140.

¹⁰⁹ Hemos encontrado una aproximación a este interesante tema en María Ester Ojeda Laso, La fundación de los primeros liceos femeninos en Chile (1891-1912), Tesis para optar al grado de Licenciada en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 1993, 177 páginas.