Anexo 1

Texto de la traducción

[con adición de los textos del original no traducidos por Bello]

Reedito, entonces, la traducción realizada por Bello, aparecida en dos partes, con anotación y traducción de los párrafos y notas originales que fueron omitidos por Bello. Anoto, igualmente, al final, la parte en que esta traducción coincide con el papel suelto de Bello que, hasta ahora, se consideraba inédito.

Primera parte:

El Araucano N° 612, de 13 de mayo de 1842,

p. 1 (columnas 1, 2 y 3) y p. 2 (col. 1):

Curso de derecho administrativo por M. Cotelle: 3 Tomos 8°, París²³.²⁴

Se han publicado gran número de obras sobre el derecho administrativo, y sea que abracen la materia en grande, como los sabios tratados de los SS. Cormenin y Macarel, sea que se limiten a una de sus partes, ellas prestan a los interesados y a la administración misma una ayuda de que deben aprovecharse igualmente.

Si la jurisdicción administrativa ha sido por largo tiempo el blanco de mal fundados ataques, dirigidos a su principio y origen, es preciso confesar que eran dignos de una atención seria, cuando se encaminaban a obtener garantías que tenemos ya aseguradas. La publicidad, que parecía temerse para el Consejo de Estado, es cabalmente lo que ha dado nueva autoridad a sus decisiones. Sin duda inspiraba confianza por sus luces; pero llamado a ejercer las funciones de juez, era preciso que las partes pudieran hacerse oír ante él. Un debate público y contradictorio presenta a la defensa ventajas preciosas. Los actos de justicia deben ser a toda luz. Esta es una necesidad para las partes, y en cierto modo para el juez mismo.

El Consejo de Estado, tribunal supremo, establece por sus decisiones la unidad, que es una de las condiciones de la justicia. A las tendencias que se extravían, a las variaciones que pueden encontrarse en esas jurisdicciones esparcidas por todo el reino, sustituye una acción fuerte, juiciosa y perseverante. En una palabra, y sean cuales fueren las opiniones acerca de su organización, no podrá menos de reconocer que en sus dictámenes y en sus decretos es un cuerpo independiente y enteramente libre.

La recopilación de estos decretos es un servicio real. Es preciso agradecer a M. Macarel la ilustrada diligencia que ha empleado en una empresa tan útil, continuada en el día por M. Lebon, que ha publicado también los decretos expedidos desde el origen del Consejo hasta la fecha en que principia aquella colección. Pero los abogados del Consejo de Estado no han querido ceñirse a recopilar los actos de la jurisprudencia. Han publicado tratados importantísimos sobre varias partes del derecho administrativo. Y por sus obras, como por sus defensas orales o escritas, se labran sin cesar nuevos títulos a la consideración que tan justamente ha adquirido su orden.

El Curso de derecho administrativo aplicado a los trabajos públicos, publicado recientemente por M. Cotelle, uno de ellos, ocupa un lugar muy distinguido entre los libros de jurisprudencia administrativa. M.Cotelle, fuera de sus extensos conocimientos como jurisconsulto, se ha encontrado en la situación más favorable que era posible para componer esta obra. Encargado hace años de la enseñanza del derecho administrativo en la escuela de puentes y calzadas, ha tenido que dedicarse a un estudio especialísimo sobre los asuntos concernientes a esta materia, y lo ha hecho con fervor y fruto. Brillan en toda su obra una crítica sabia, y una ilustrada apreciación de las especies en que debía fundar sus doctrinas.

Cuando dimos cuenta de la primera edición, indicamos algunos vacíos que se han llenado después. Una tabla analítica que echábamos [de] menos entonces, hace más fácil ahora consultar la obra, y presenta al mismo tiempo una especie de resumen de los principios generales que el autor desenvuelve en ella.

[col. 2] Esta segunda edición contiene además dos tratados nuevos, uno sobre la legislación de las minas y canteras, y el otro sobre los caminos vecinales.

M. Cotelle se remonta sin cesar a la verdadera fuente, es decir, a la discusión de las leyes, para ilustrar los principios de la jurisprudencia. Su obra ofrece desde luego una análisis completa de los debates de estos últimos años en las dos Cámaras, no solo sobre las leyes adoptadas y promulgadas, sino también sobre proposiciones que no llegaron a convertirse en leyes, como las relativas a los aluviones de los ríos, a las aguas termales, etc.²⁵. Al tratar de cada materia, enuncia primeramente los hechos históricos y los intereses sociales a que el legislador ha puesto la mira; y de estas consideraciones generales desciende a la explicación analítica de la ley y a las controversias que ha hecho nacer.

El capítulo De las minas, que solo constaba de algunas páginas en la primera edición, en la presente ha recibido adiciones e ilustraciones extensas, de manera que ha llegado a ser un verdadero tratado sobre la materia; y como las minas han sido más particularmente el objeto de nuestros estudios, consagraremos una parte de este artículo a ese asunto, cuya importancia ha sido muy bien comprendida y demostrada por el autor.

En efecto, la legislación de las minas, por los intereses numerosos que abraza, no podía menos de fijar su atención. En todos tiempos, los estadistas y los administradores se han manifestado penetrados de la magnitud de esos intereses; y siempre se ha reconocido que la acción y la vigilancia del gobierno eran necesarias para conservar a la sociedad riquezas preciosas, de que un beneficio mal entendido no la dejaría tal vez sacar partido.

¿Pero cuál es el principio en virtud del cual debía ejercerse esa acción y esa vigilancia? ¿Es el Estado el verdadero y único dueño de las riquezas que abriga la tierra en sus entrañas? ¿Este título es el que le faculta para intervenir en la defensa y protección de las minas, como cosa suya? O por el contrario ¿procede esa intervención de aquel otro principio menos absoluto, pero no menos imperioso: que la sociedad no debe hallarse indefensa contra empresas que pueden comprometer sus intereses, y en virtud del cual su gobierno, que es su protector natural y legal, es llamado a velar sobre ellos y a protegerlos? Mucho se ha escrito sobre estas dos hipótesis, que se reducen a decir, por una parte, que las minas son propiedad pública, y por otra, que son propiedad particular, y que en este último sistema la acción gubernativa tiene la mira de impedir que el propietario, sea quien fuere, abuse de lo suyo.

La Asamblea constituyente se ocupó en el examen de estas teorías. En ellas habló Mirabeau por la última vez. El asunto no parece a primera vista que fuese a propósito para inspirar los grandes movimientos tan familiares a aquel ilustre orador. Sin embargo se le vio emplear en él la superioridad de su talento, y se admiran con mucha razón los discursos pronunciados en esta discusión por aquella voz elocuente, ya tan próxima a extinguirse. Él dio a conocer que las minas, por su posición en el seno de la tierra, y por el método que se sigue para beneficiarlas, no podían mirarse como dependencias absolutas de una superficie, que está dividida entre gran número de propietarios. Subiendo al origen de las sociedades, manifestó que la partición de las tierras no había podido abrazar sino la superficie sola, sino los campos destinados al cultivo, en favor de la comunidad reunida para la agresión como para la defensa; y que si esta división era simple y fácil, si se prestaba a todas las modificaciones que pudiesen resultar, ya de los convenios pacíficos, ya de la conquista, no sucedía lo mismo con las minas. No por eso era su ánimo vindicar su dominio para el Estado. Quería solo que fuesen [col. 3] laboreadas y beneficiadas bajo la inspección del gobierno, porque este era el único medio eficaz de conservar en la nación riquezas preciosas, que por su especial naturaleza no podían abandonarse a un régimen de libertad absoluta. El gobierno era el delegado de la nación: velaba en que no se viesen comprometidas sus necesidades; y le pertenecía por tanto hacer las concesiones, pero sin desconocer el derecho de preferencia adquirido a los propietarios de la superficie. Tal fue el principio fundamental de la ley de 1791; pero se fue más allá: aquella ley permitió a todos los propietarios laborear, sin concesión alguna, en sus tierras, hasta 100 pies de profundidad. Semejante disposición no podía producir sino la anarquía. Dictada por escrúpulos mal entendidos sobre los derechos del propietario, dio una herida funesta al objeto benéfico que se trataba de obtener. Nos hallábamos en medio de numerosas y acaloradas oposiciones, y se trató de transigir así entre principios contrarios; pero la solución, colocándose bajo el punto de vista del interés general, no fue acertada, como sucede casi siempre que en vez de cortar la dificultad, se crean por una pretendida conciliación disposiciones contradictorias y dificultades nuevas. Es preciso, no obstante, confesar que la cuestión de propiedad era difícil y compleja; pero lo que debía dominar en esta cuestión era la utilidad pública. Una legislación sobre las minas (no podemos inculcarlo demasiado) no debe tener otro móvil ni proponerse otro objeto que la utilidad pública. Ahora bien, ¿no es evidente que un país, como la Francia, donde la propiedad esté dividida al infinito, donde no haya unidad ni concierto, donde todo el mundo pueda ponerse a laborear a su libre albedrío o su capricho, sin regla y sin que nadie vigile sobre las operaciones, se perderían riquezas preciosas para la sociedad, y por una imprevisión fatal se comprometería la suerte y se dilapidaría la herencia de las generaciones futuras?

Más si la ley de 1791 no alcanzó el objeto que se propusieron sus autores, tuvo al menos la ventaja de hacer cesar un orden de cosas que había excitado vivas y legítimas reclamaciones. Bajo el imperio de los abusos del derecho de regalía, derecho cuya naturaleza y origen mismos son materias de controversia, se habían visto conceder mercedes que abrazaban provincias enteras. En vano procuraron algunos de nuestros reyes introducir el buen orden en esta parte de la administración; el favor, los empeños, las importunidades de los cortesanos, arrancaban títulos, que en manos de sus tenedores ocasionaban un agio escandaloso. Entonces, como después, se emitían acciones que la credulidad pública arrebataba, y se hacían caudales con las ruinas de los ilusos. Las especulaciones inmorales que se han producido en estos últimos tiempos son, a este respecto, una triste y vergonzosa repetición de los desórdenes que otras épocas vieron nacer, y que fueron marcadas por ellas, como por la nuestra, con una justa reprobación. Fácil es conocer que en tales circunstancias era imposible que prosperase el laboreo de minas; y así fue en efecto, con algunas raras excepciones. Debía pues pensarse en mejorar la ley. Así, cuando se propuso la cuestión en la Asamblea Constituyente, excitó una atención general. Algunos años antes Turgot había procurado dar alguna luz a la materia; pero por grande que sea la autoridad de este venerado nombre, es preciso decir que Turgot no acertó a dar una buena solución. En su sistema el que tenía derecho a labrar una mina era el primer ocupante. El propietario de la superficie cavaba en su campo, llegaba a una veta o un manto, y por esto sólo era suya la propiedad de la mina. Pero el propietario vecino había tenido igual suerte en sus tierras. Primera causa de disputa. Después continuaba cada cual sus labores, y se encontraba el uno con el otro, a riesgo de derribarlo y destruirlo todo. Este derecho del primer ocupante era en [p. 2, col. 1] realidad una cosa inaplicable, imposible. Era organizar la guerra en las extraña de la tierra, como si no nos bastase con las que turban su superficie. Para remediar tantos males, apelaba Turgot a la equidad natural: ¡sueño de un hombre virtuoso! Estas teorías han sido perfectamente apreciadas por M. de Villefosse, en su Riqueza Mineral, obra que vivirá como un monumento de ciencia y legislación, en que el ingeniero ha sabido elevarse a la altura del publicista y del ministro [²⁶].

Cuando él escribía, no estaba aún en vigor la nueva legislación sobre minas. La ley promulgada el 21 de abril de 1810 había sido precedida de discusiones que duraron algunos años. El emperador tomó gran parte en ellas; y si en algunos puntos se modificaron sus opiniones en el curso de estos prolongados debates, al menos se puede ver que en esto, como en todo, sabía dominar las más altas cuestiones. Esta le impresionó largo tiempo; y no es extraño que la promoviese en su consejo: entonces el guerrero se transformaba en legislador²⁷.

[Pero esta preocupación lo siguió más allá incluso, y podemos juzgar por el intercambio que tuvo, al mes de septiembre de 1806, en Metz, con el prefecto y un joven ingeniero en minas, el señor Beaunier, que daba desde entonces expectativas tan bien realizadas desde entonces, y cuyo cuerpo que el honró por su mérito y por sus trabajos deplora su perdida prematura] [²⁸].

Todo el mundo convenía en que era necesario variar la legislación de 1791, que, procurando reprimir abusos, solo había logrado suscitar nuevos desórdenes. En vano una instrucción ministerial de 1801, había tentado, substituyéndose a la ley, corregir sus imperfecciones. Era indispensable que interviniese el poder legislativo para fijar reglas positivas en una materia de controversia. El Código Civil había proclamado el principio: que la propiedad de la superficie acarreaba la propiedad de lo subterráneo. Es verdad que en él mismo se preveían e indicaban modificaciones, que se renovaban para las ordenanzas especiales de minas. Esto era decir de antemano, que cuando se discutiese la ley sobre minas, se tendría bastante latitud para adoptar el principio que pareciese más en harmonía con el objeto de la legislación. Mas en lugar de hacerlo así, se engolfaron los legisladores en teorías y abstracciones. No se quiso decir a las claras que se quitaba al propietario del suelo el goce de la mina contenida en su fondo, ni se quiso dársela en términos formales, ni atribuirla al Estado. Se tuvo mucho cuidado de no dar a entender que se trataba de un derecho de propiedad pública. Nada de eso. Para hurtar el cuerpo a la dificultad, se imaginó considerar las minas como una especie de bienes no definidos, como propiedad de un género indeterminado que habría de recibir de las mercedes otorgadas por el gobierno el carácter y los efectos de las propiedades ordinarias. Se creía dejar a salvo el principio del Código Civil, porque se creaba a favor del propietario del suelo, si él mismo no obtenía la merced, un reconocimiento de señorío de parte del que la obtuviese en lugar de él. Esta solución parecía ponerlo todo en harmonía, principios, derechos, necesidades, intereses. En medio de todas estas distinciones más o menos sutiles, se consagraba de un modo expresísimo el desposeimiento del propietario del suelo, desposeimiento tal, que no se le dejaba ni aun el derecho de preferencia, como bajo la ley de 1791. Se sentía bien que era preciso hacerlo así [²⁹]: se tenía razón para hacerlo [³⁰], pero se temía decirlo. (Concluirá)

Segunda parte

El Araucano N° 613, de 20 de mayo de 1842,

p. 1 (columnas 1, 2 y 3):

Curso de derecho administrativo aplicado a las obras públicas: por M. Cotelle. (Conclusión)

Por lo demás, cualquier sentido que el legislador de 181O atribuyese a la ley, y de cualquier principio que entendiese derivar la disposición que confiere al gobierno el derecho de hacer mercedes de minas, este derecho está sancionado. La ley, creando una propiedad nueva, la hizo perpetua e inconmutable, y en la liberalidad de esta creación, dio los mismos caracteres a las mercedes temporales cuyo plazo no estaba cumplido en 1810 [³¹]. Las discusiones que han ocurrido en las dos cámaras durante las últimas sesiones, han parado en demostrar nuevamente que las reglas establecidas por la ley de 181O son las que mejor cuadran con el interés general. El gobierno, colocándose esta vez fuera de las abstracciones, arrostró sin vacilar las cuestiones más fundamentales de la materia, que fueron resueltas según se proponía, después de largos y brillantes debates, sostenidos por una y otra parte con una grande energía de talento. La más grave de estas cuestiones era sin duda la del retracto de las mercedes, y triunfó como las otras, porque subsistió evidente que una propiedad instituida en el interés general debe desde luego, y siempre, beneficiarse según ese interés, y que el mercedario que no cumple con los cargos que le impone su título mismo abdica las ventajas que ese título le había conferido.

Colocando en una especie de inviolabilidad al que no hacía caso de sus obligaciones, se le favorecía con privilegio monstruoso, y se le consagraba un derecho de uso y de abuso que no podía pertenecerle, estando sometido a una legislación especial, que concediéndole el uso, proscribía formalmente el abuso, y hallándose además ligado por aquella cláusula general que permite resolver el contrato cuando una de las partes no cumple con las obligaciones que se ha impuesto. Solo entre todos los propietarios, el que lo era por una dádiva de la ley, ¡había de sobreponerse a todas las reglas y de infringirlas impunemente! Tales consecuencias eran inadmisibles; y la legislación, decidiendo que una concesión de mina puede revocarse en ciertos casos, ha mantenido un principio que debía ser aquí tan inflexible como en las demás cosas, cuando el concesionario se expone voluntariamente a que se le aplique.

Tal es la doctrina que profesa con nosotros M. Cotelle, oponiéndose a la de M. Delebecque, con quien sentimos no estar de acuerdo.

Si es verdad que la mina está sujeta a las cargas determinadas por el acto de concesión, ¿extenderemos esta regla hasta imponer al concesionario la obligación de ceder su propiedad sin indemnización, si alguna empresa de utilidad pública exige este sacrificio? M. Cotelle se pronunciaba por la afirmativa. Nosotros hemos emitido en otra parte la opinión contraria [³²]. Nos ha parecido que el interés público podía bien exigir precauciones de seguridad, pero que sería confundir dos cosas muy diversas sacrificar la propiedad a semejantes exigencias. La de las minas es tan sagrada como otra cualquiera: cuando el propietario llena sus obligaciones, debe gozar, como los demás, de lo suyo, y tiene derecho a igual protección.

La Corte de Casación, llamada a fallar sobre una cuestión de esta especie, la ha resuelto recientemente en el mismo sentido que nosotros.

[Si bien la opinión del señor procurador general no haya prevalecido en esta circunstancia, su discurso no se ve reducido en su calidad de monumento precioso sobre un sujeto donde él mostró, como siempre, conocimientos profundos y un admirable talento.] [³³]

Cuando se ha concedido por el gobierno el permiso de catear una mina en virtud del artículo 10 de la ley de 21 de abril de 1810, no obstante la oposición del propietario del suelo, ¿podrá éste frustrar el permiso declarando que va él mismo a catear?

[col.2] M. Cotelle responde afirmativamente, y tampoco podemos adoptar en esta parte su opinión. La autorización concedida debe hacerse efectiva por el tiempo designado en ella. No debe ser más permitido al propietario de la superficie impedir este efecto, que al propietario de un mineral de hierro de aluvión anular el permiso concedido a un maestro de fragua para beneficiarlo por sí, cuando el propietario no a ha querido emprender el beneficio.

Se creyó largo tiempo que una simple decisión ministerial bastaba para autorizar los cateos contra la voluntad del propietario; pero después se ha reconocido que bajo la palabra gobierno la ley quería decir, no el ministro, sino el soberano que determina a virtud del informe del ministro. Y en efecto, ¿qué menos puede hacerse, cuando se trata de ocupar los terrenos de un tercero a pesar suyo, que impetrar una orden real?…

[Pero no es necesario, como el señor Cotelle intenta establecer, que esta ordenanza sea deliberada en consejo de Estado. Los artículos 16 y 73 de la ley de 1810, que él invoca en relación a este tema, pueden ser citados para probar precisamente lo contrario. Estos exigen explícitamente que las ordenanzas relativas a las concesiones de minas y a los permisos de fábrica sean rendidos de esta forma. El art. 11 no dice nada semejante. Sin embargo, no se discute que no se debe hacer intervenir los reglamentos de la administración pública que en los casos donde esto resulte de una disposición formal de la ley.

Del resto, no basta, como lo indica el señor Cotelle, que los proyectos de las ordenanzas de los cuales se hace mención en los artículos 16 y 73 sean deliberados por el comité de obras públicas, de la agricultura y del comercio, del consejo de Estado; estos deben ser también, y lo son en efecto, examinados en asamblea general del consejo.] [³⁴]

M. Cotelle ha emitido una especie de acusación contra los prefectos, reprochándoles que oponen la fuerza de inercia a ciertas peticiones, que, a derecho u a tuerto, no les parecen admisibles. El mismo M. Cotelle reconoce que hay demandas absurdas, y aun puede decirse que su ocurrencia es frecuente. ¿No sería pues un nuevo absurdo darles curso? Hartas extravagancias, por no llamarlas de otro modo, han pasado por las cabezas de ciertos explotadores de minas³⁵. La administración que substanciase pedimentos inconsiderados o ridículos se haría cómplice de los abusos que está encargada de reprimir; y lejos de censurar su inercia, deberíamos agradecérsela. En cuanto a aquellos que han de venir acompañados de informaciones, si alguna vez se retardan, no es por culpa de los prefectos solos. Todos tienen su parte en ello, y no poca los mismos que los hacen, que, no obstante repetidos avisos, se descuidan en presentar los documentos indispensables. Es preciso ser justo con todos, hasta con los prefectos.

M. Cotelle y M. Delebecque no están de acuerdo en cuanto a la indemnización que ordinariamente se concede a los dueños de la superficie. Las opiniones de M. Delebecque convienen más con las nuestras, sin que por eso queramos generalizar su aplicación. Creemos que esas indemnizaciones no dan siempre a los propietarios una ganancia cualquiera, como dice M. Cotelle; que por el contrario rara vez valen algo; y que la nueva ley dictada en la Bélgica el 2 de mayo de 1837 es mucho más conforme a los intereses y derechos de la propiedad superficial…

[En un inicio, las regalías reservadas al Estado se encontraban consagradas a los gastos de la administración de minas, que tenía así pues un interés personal en la cuestión. De todas las especialidades que fueron suprimidas en 1814 se determinó, como las demás, su retorno al tesoro público. Entonces, esta administración ya no se beneficiará más directamente, como parece creerlo el señor Cotelle. Su intervención, en vez de tener un carácter puramente fiscal que se unía a un impuesto percibido para su propia cuenta, se ejerce hoy en día en el interés de la propiedad de las minas no menos que en el interés del tesoro.

¿La regalía fija atribuida al Estado debe contarse como la tarifa proporcional del censo electoral? El señor Cotelle no cita en este aspecto más que una sentencia de la corte de casación, del 14 de junio 1830, que resuelve la cuestión negativamente. Añadiremos que la ley de 1831 dio una solución contraria y más conforme, según nosotros, a la naturaleza de las cosas.] [³⁶]

Si las minas se conceden por miras de utilidad pública, no por eso debe³⁷

// ³⁸ olvidarse en ellas el interés de los propietarios de la superficie. La ley de 181O ha provisto completamente a ello….

[La ley de 1810 precavió completamente al prescribir las medidas necesarias para que la seguridad pública no fuera comprometida. El artículo 8 de la ley del 27 de abril de 1838, que el señor Cotelle supone fue creado justamente con esa intención, se aplica particularmente a los trabajos ilícitos, emprendidos ya sea por concesionarios, sea por terceros que no tienen concesión: este autoriza a la administración para prohibir estos trabajos inmediatamente, sin perjuicio de las penas a pronunciar por los tribunales por el hecho mismo de la contravención. Un concesionario podría perfectamente ser obligado a cesar los trabajos cuya naturaleza aparente comprometer la seguridad; esta obligación es inherente a la naturaleza misma de la propiedad. Ella no se relaciona en lo absoluto necesariamente a la existencia de una contravención, que es ciertamente el caso al cual hace alusión el artículo 8 de la nueva ley. Si bien este articulo da a la administración la fuerza y la autoridad que le faltaba, y viene así en ayuda de la ley de 1810, hay que reconocer sin embargo que este fue propuesto y adoptado en un orden de ideas que no es exclusivamente el que el señor Cotelle pensó que era necesario conectar] [³⁹]

// En la pág. 218 del tomo 2° de la obra de M. Cotelle encontramos esta proposición: “Mientras no existe concesión ni permiso para el laborío de las substancias minerales y fósiles que contiene un predio, se reputan canteras, y pueden trabajarse como tales, en libre ejercicio del derecho de propiedad”. El autor supone que la administración tolera el beneficio de la mina cuya merced no ha otorgado a nadie. Pero de cualquier modo que se mire esa tolerancia, no comprendemos que pueda sacarse de ella la con [col. 3] secuencia a que llega el autor, y que expuesta en los términos que acaban de leerse, no solo se opone a todas las reglas de la materia, sino que está en contradicción con lo que él mismo dice sin cesar y con tanta razón sobre las ordenanzas de minas y sobre el espíritu que las ha dictado. Tomada en su precisión y generalidad, la proposición que emite produciría resultados, que él ciertamente no aprueba. ¿Puede concebirse mayor confusión que la que resultaría de esa libertad de laboríos antes de concederse las minas? Ese régimen aniquilaría nuestras riquezas minerales, y haría ilusorias y sin objeto las cuerdas previsiones de la ley…

[Que el señor Cotelle nos perdone estas reflexiones. Si, en lo referente a las preguntas que venimos de indicar y de algunas otras para las cuales el espacio nos falta, no compartimos todas sus opiniones, estas disidencias parciales no nos podrían impedir de rendir completa justicia al espíritu general de su libro y a la manera en que él resolvió una tarea laboriosa y difícil. Nuestra critica es una prueba de la sinceridad de nuestros elogios. [⁴⁰]

// Hallase la misma erudición en todas las partes de esta grande obra. El tratado de los caminos vecinales, no se distingue menos que el de las minas por las consideraciones que en él se desarrollan, y el gran número de cuestiones nuevas que se resuelven…

[Así la repartición de poderes entre el consejo general y el prefecto, en lo que concierne al voto y a la dirección de caminos de gran comunicación, ofrece una discusión de las más graves en cuanto a sus atribuciones respectivas.] [⁴¹]

// No es menos interesante la discusión sobre la prescripción de los caminos públicos que no están clasificados como vecinales, y sobre las formas de que se vale el gobierno para poner la industria en movimiento, ya por medio de las adjudicaciones públicas, ya mediante peajes concedidos por tiempo limitado o perpetuamente en los canales, puentes y caminos de hierro, de que resultan multitud de contratos administrativos y de combinaciones fiscales.

[La materias que M. Cotelle había tratado en la primera edición, como ya hemos dicho, reciben en esta grandes novedades; es el caso, ante todo de la organización de puentes y carreteras con todas las aplicaciones de este servicio, tales como la expropiación por razones de utilidad pública, el agotamiento de las marismas, los daños a la propiedad causados por la ejecución de obras públicas, las ganancias de capital que a menudo resultan de su proximidad a las propiedades vecinas. Todas estas materias se desarrollan de acuerdo con el último estado de la jurisprudencia, ya sea del Tribunal de Casación o del Consejo de Estado.

[Después de explicar las modificaciones que la propiedad sufre por el efecto de la creación de obras y emprendimientos de esta naturaleza, M. Colette muestra en qué formas el gobierno está poniendo a la industria a trabajar, instándole a invertir su capital en empresas, ya sea a través de licitaciones públicas, o por medio de peajes por tiempo limitado o perpetuos en canales, puentes y ferrocarriles, lo que resulta en una multitud de contratos administrativos y de combinaciones financieras, tales como préstamos, donaciones, garantías de intereses, etc.”] [⁴²].

// Sentimos no poder seguir al autor por todas las partes de su obra. Creemos empero, que se deben recomendar particularmente al lector los capítulos consagrados a los caminos reales, a la navegación fluvial, a los canales de navegación, riego o desecación, a los trapiches y molinos de agua, a los establecimientos metalúrgicos, a los talleres que se tienen por peligrosos, insalubres o incómodos, a los conflictos de atribuciones.

// Cuando se considera la multiplicidad de negocios en que los ingenieros son llamados a ocuparse, se puede apreciar la utilidad del curso derecho administrativo aplicado a las obras públicas. M. Bérard introdujo esta enseñanza en la escuela de puentes y calzadas, cuando era director de puentes y calzadas y de minería; y en ello prestó un señalado servicio, no solo a los jóvenes ingenieros, sino a cuantos tengan intereses que ventilar con la administración [⁴³]. M. Cotelle, a quien se encomendó desde entonces esta cátedra, ha hecho ver que comprendía perfectamente su misión; y añadiremos que el modo con que la ha desempeñado le confiere un título honroso, sobre tantos otros que le daban derecho a la estimación pública.

// (De Cheppe) [⁴⁴].

IV. Anexo 2

Imagen del manuscrito de Bello