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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  no.42 Valparaíso ago. 2020

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552020000100783 

Estudios - Historia de las instituciones

El oficio y su juramento en una cultura jurisdiccional

Office and oath of office in a jurisdictional culture

Javier Barrientos Grandon1 

1Universidad Autónoma de Madrid, España. Académico de número de la Academia Chilena de la Historia, profesor de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Dirección postal: C/ Kelsen Nº 1, Ciudad Universitaria de Cantoblanco, 28049 Madrid - España. Dirección electrónica: javier.barrientos@uam.es

Resumen

Se examina, en el contexto de la disciplina del oficio con jurisdicción, el lugar que ocupaba el juramento del oficio en una cultura que giraba en torno a la jurisdicción. Concebida la obtención del oficio como un cierto proceso que requería de tres actos o tiempos, a saber, la elección, la aceptación y el ejercicio, se explica la opinión de los juristas que situaban al juramento como expresa señal de aceptación del oficio, corroborada con la práctica observada en los distintos reinos de la monarquía católica.

Palabras clave: Juramento; oficio; jurisdicción

Abstract

In this article, the place of the oath of office in a culture centered around jurisdiction is examined, within the context of the discipline of office with jurisdiction. Considering obtaining an office as a certain process consisting in three acts or stages, namely, the election, the acceptance and the exercise, the jurist's opinions who regarded the oath as an express recognition of acceptance of the office is explained, as confirmed by the practice observed in the different realms of the Catholic monarchy.

Key Words: Oath; office; jurisdiction

Introducción

“Está recibido por costumbre de todo el orbe que los magistrados, antes de que comiencen a administrar, deban prestar juramento”. Palabras eran éstas del siciliano García Mastrillo († 1620)1, doctor in utroque iure por la Universidad de Catania en 1592, antiguo juez del pretorio de Palermo (1598), del Sacro Regio Consilio y juez de la Gran Corte en su sala criminal (1607)2, cuyo nombre corrió por toda Europa y cruzó el Mar Océano empujado por la fama de su De magistratibus, eorum imperio et iurisdictione tractatus3.

En la cultura jurisdiccional del derecho común era, como afirmaba Mastrillo, estilo asentado en todos los reinos que el provisto en un oficio prestara juramento, antes de que se le admitiera a su uso y ejercicio. Esta recibida costumbre totius orbis, no era más que una de las tantas expresiones de la estrechísima relación que existía, entre las explicaciones que los juristas habían elaborado sobre el oficio, y la práctica que se observaba en los reinos para el despliegue de la jurisdicción, tanto de los reyes como del papa y de los obispos en sus iglesias.

El oficio se había configurado en aquella cultura como el dispositivo a través del cual obraba la jurisdicción. Ello explicaba una concepción en la que a todos los magistrados se los observaba desde una matriz judicial. La jurisdicción, según afirmaba Paulo de Castro, inhería en el oficio, así como el alma en el cuerpo4, y la potestad en la que consistía se volvía acto a través del oficio del magistrado. según las expresivas palabras de Bartolo: “Así como en la naturaleza humana, una cosa es hablar y otra la potencia de hablar, que vuelve en acto el habla, así, una es la jurisdicción, y otra el oficio de juez, que vuelve en acto la jurisdicción”5.

Los juristas, desde el temprano tiempo de los glosadores, elaboraron una rica y coherente doctrina acerca del oficio que, con el trasfondo de una cierta visión de los actos morales, desarrollaron sobre la base de diversos títulos del Digesto, que trataban del oficio de diversos magistrados (1, 10-22) y, muy particularmente, de su título De iurisdictione (2, 1), así, como también de otros títulos del Codex6. En relación con el juramento, uno de los textos cardinales fue la ley Si vacantia del Codex (10, 10, 5), respecto de los que, una vez elegidos y después de haber jurado (electi et iureiurando), eran enviados a cobrar los bienes vacantes o deferidos de cualquier otro modo al erario. Ley era esta de la que Baldo decía que era “áurea, y que debería escribirse en letras preciosas”7. Otros dos textos capitales se hallaban en la novela VIII, Ut iudices sine quoquo suffragio fiant, incluida en el Authenticum, y eran sus pasajes Sic igitur (coll. II, VIII, cap. VII) y Iusiurandum (col. II, VIII, cap. XIV), en los que, como resumía Jacobo de Belviso, se decía que: “Los administradores deben prestar juramento”8. A ellas se unían otras singulares, como la ley Rem non novam del Codex (3, 1, 14), cuyo contenido explicaba Bartolo al decir que: “Los jueces y abogados deben jurar solemnemente”9.

El juramento del oficio, enraizado en esos textos y desplegado en toda su virtualidad por los juristas, se recibió, como advertía Mastrillo, en los iura propria de todo el orbe, de guisa que, en palabras de Vincentio Mancino, sobre tal juramento: “No hay ciudad hoy día, sin importar cuán pequeña sea, que no tenga sus estatutos particulares”10. Los reinos hispánicos no hacían excepción a esta constatación y, así, hubo desde temprano leyes, ordenamientos y actos de cortes singulares, que imponían y reglaban la obligación del juramento de los oficiales en sus respectivos reinos.

En Castilla, las Siete Partidas en sus leyes: “En qué manera, e qué cosas deven jurar los Officiales del Rey” (2, 9, 26) y “Cómo deven ser puestos los Judgadores a quien otorgan poder de judgar, e cómo deven jurar: e dar recabdo, que fagan bien, e lealmente su officio” (3, 4, 6), y una de las leyes del Ordenamiento de Alcalá (tit. XXXII, 44), rubricada: “De qué edad debe seer el Juez ordinario, e el Delegado, e qué cosas ha de judgar”. Esta última, bajo la rúbrica: “De qué edad debe ser el juez ordinario y juramento que debe fazer”, se recibió en las Ordenanzas Reales de Castilla (2, 16, 4), más tarde en la Nueva Recopilación de Castilla (3, 9, 3), y aún en la Novísima Recopilación de Leyes de España (11, 1, 3), sin olvidar varias leyes tocantes a los particulares juramentos de los consejeros, incluidas en las Ordenazas Reales de Castilla (2, 3, 21), y de los oidores de las audiencias y alcaldes de cortes, acordadas en las Cortes de Segovia de 1390, y también recibida en el Ordenamiento de Montalvo (2, 4, 2). En Aragón eran notables el fuero Ut omnes officiales iurent in principio sui officii bene ac legaliter se habere, acordado en la Cortes reunidas en Zaragoza por Jaime II en 1300, y el fuero De iuramento prestando per officiales de servando foros, privilegia, libertates, usus, et consuetudines regni Aragonum, acordado por Pedro II en las Cortes de Zaragoza de 134811. En el reino de Navarra, ya incorporado a la monarquía, la ordenanza III de las Ordenanzas de la visita del licenciado Valdés de 1525 reglaba el juramento del presidente y de los del Consejo Real12, y la ordenanza I de las Ordenanzas reales hechas a pedimento de los tres estados en las Cortes de 1547 trataba del juramento de los alcaldes, jurados y otros oficiales y regidores de los pueblos “antes que comiencen a exercitar, y usar de sus officios y cargos13.

El vigor de tan asentada costumbre era tal que, en principio, sobrevivió a la crisis de la cultura jurisdiccional y, con algunas novedades, se mantuvo en la cultura constitucional. En el caso de la monarquía católica, con la adición en su contenido de “guardar la Constitución”, pervivió en la Constitución de Cádiz de 1812. En términos generales, en su artículo 374 se previno que: “Toda persona que ejerza cargo público, civil, militar o eclesiástico, prestará juramento, al tomar posesión de su destino, de guardar la Constitución, ser fiel al Rey y desempeñar debidamente su encargo14, en su artículo 279 se dispuso que: “Los magistrados y jueces al tomar posesión de sus plazas, jurarán guardar la Constitución, ser fieles al Rey, observar las leyes y administrar imparcialmente la justicia15, y en varios otros se asomaba el juramento del rey, regencias, príncipe de Asturias, diputados, consejeros de Estado, o individuos de ayuntamientos y diputaciones (arts. 117, 131, 173, 196, 212, 241, 337)16.

Se mantuvo, también, en las repúblicas americanas constituidas durante el siglo XIX, con unas novedades ligadas a guardar la Constitución y las leyes. Así, por todas, la Constitución chilena de 1823 lo reglaba en su artículo 277, para “todos los funcionarios de todas las clases y fueros del Estado17, la de 1833 lo previó en su artículo 80 para el presidente de la República y para “todo funcionario público” en su artículo 16318. Para los jueces se confirmó en el artículo 140 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales de 1875: “Hecho el nombramiento por el Presidente de la República i espedido el correspondiente título a favor del nombrado, prestará el juramento prevenido por el art. 163 de la Constitución del Estado19 y, en su artículo 145 precisó que: “Todo juez prestará su juramento al tenor de la fórmula siguiente: ‘Juráis por Dios Nuestro Señor i por estos Santos Evanjelios que, en el ejercicio de vuestro ministerio, guardareis la Constitucion i las leyes de la República?’. El interrogado responderá: ‘Sí juro’; i el majistrado que le toma el juramento añadirá: ‘Si así lo hiciereis, Dios os ayude, i si no, os lo demande’20. Esta disposición fue recibida, letra por letra, en el artículo 304 del Código Orgánico de Tribunales, y, a día de hoy, está en pleno vigor.

El juramento de los oficios aparece así, como una de las tantas cuestiones que plantea la dinámica de la continuidad y cambio en el tránsito de una cultura a otra. Abordarla no es el propósito de este artículo, pero sí lo es el examen, como su presupuesto metodológico e histórico, de la disciplina y práctica del juramento del oficio en la cultura jurisdiccional, centrada en la monarquía católica. Su conocimiento es el paso previo y necesario para enfrentar el estudio del juramento en la cultura constitucional, pues éste, se delineó a partir del contexto de la cultura que comenzaba a desplazar.

Su estudio en la cultura jurisdiccional no ha de olvidar que el juramento del oficio, impuesto por derecho común y derechos propios, era una especie dentro del amplio género del juramento, con un vasto campo operativo, que, además del espacio de los oficios, se proyectaba extensamente, entre otros, en los de los juicios y de los contratos. Teólogos y juristas se ocuparon de él en exposiciones que lo trataban en general, como hicieron Vincencio Mancino o Tomás del Bene21, o en tratados singulares, en sede de contratos, como hizo Juan Gutiérrez22, o en sede procesal, como hicieron Vincencio Carocci sobre el juramento litis decisorio23, o Martín Antonio del Río (1551-1608) respecto del de calumnia24. Su estudio, además, ha de considerar, por una parte, la pluralidad de la cultura del derecho común, expresada mayoritariamente en el discurso de los juristas articulado sobre los textos del ius commune y los iura propria y, por otra, la práctica observada en los reinos que, en definitiva y como se entendía en su tiempo, el juramento del oficio no era más que una asentada costumbre en todos los reinos del orbe.

Sobre tales presupuestos, en este artículo, se ofrecerá una explicación de ese uso del juramento del oficio en los reinos de la monarquía católica, que atenderá, al discurso de los juristas del derecho común y al de los juristas regnícolas, así como a los usos y estilos observados en sus distintos reinos. Su descripción, así, procurará hacerse cargo de las concepciones comunes, y también de las peculiaridades de cada reino, sin desatender a las continuidades y quiebres que se revelan en el curso de los siglos XVI al XVIII.

Con todo, como la variedad de cuestiones que abraza el juramento del oficio se proyectaba en múltiples campos, este artículo se centrará en la explicación del lugar que los juristas y la práctica le dieron en relación con los actos requeridos para la obtención del oficio que, por otra parte, no era más que lo exigido para que se atribuyera la jurisdicción al oficial.

I. El juramento y su posición en la disciplina jurisdiccional del oficio

Marcelo, en un pasaje de sus Singulari responsorum, recibido en la célebre ley Publius del Digesto (35, 1, 36, pr.), decía que Publio Mevio había dispuesto en su testamento que, a quienquiera que fuere su heredero, daba y legaba y encomendaba a su fidelidad, para que le diera a Cayo Seyo cuarenta para honor del consulado. Seyo fue designado (designatus) cónsul en vida de Mevio y dio espectáculos (munus edidit), y luego ingresó (ingressus est) en el consulado desde las kalendas de enero, y entonces murió, se preguntaba si se deberían los cuarenta a Seyo, y Marcelo respondió que sí. Este texto dio pie a que, desde tiempos de los comentaristas, se asentara por común opinión que, para la obtención del oficio, se requerían tres actos que, a su vez, se podían considerar como tres tiempos diversos: 1º) la elección o título; 2º) la aceptación y; 3º) la gestión o ejercicio. Así lo había defendido tempranamente Bartolo: “Not[a] ergo tria, s. electionem, acceptationem, & gestionem officii25, y le siguieron, sin contradicción, cuantos se ocuparon de esta ley26. En los reinos de la monarquía hispánica fue esta, también, la común opinión recibida por todos los juristas que trataron de los oficios. En Castilla, entre muchos, Francisco de Avilés y Antonio Fernández de Otero (c. 1585-1645)27, en Valencia, Jerónimo de León (1565-1632)28, en Nápoles, por ejemplo, París de Puteo (1411-1493), Vincenzo de Franchis (1531-1601), Giovanni Francesco de Ponte (1541-1616), Giovanni Andrea de Giorgio (1555-1625) y Scipione Rovito (1556-1636)29, para Sicilia, entre otros, Mario Giurba (1565-1649)30, y en las Indias Francisco de Alfaro (c. 1566-1642), Gaspar de Villarroel (1592-1665) y Esteban Lorenzo de la Fuente Alanis (1629-c. 1695)31.

Estos tres actos, necesarios para la adquisición del oficio, daban lugar a que, desde una perspectiva temporal, se considerara que había “tres tiempos” de cara a ella: el de la elección, provisión o título, el de la aceptación, y el del ejercicio. Era esta una manera de explicar la adquisición del oficio, sobre la base de la analogía que se establecía entre los herederos y los oficiales, tal como ya había advertido Alberico da Rosate32. En la lógica jurisdiccional del oficio, la provisión o título confería la jurisdicción in habitu, pero como aquella y su ejercicio eran cosas diversas, este último implicaba la jurisdicción in actu, y ésta sólo se adquiría con la posesión del oficio que, en verdad, era juzgada como quasi possessio, en cuanto que referida a una cosa incorporal como lo era el oficio. De ello resultaba, que la administración, o el ejercicio del oficio, requerían la previa jurisdicción in habitu e in actu, por exigencia de causalidad necesaria. Bien podía decirse, entonces, que el oficial que no ejercía el oficio se tenía por no creado, pues la creación no aprovechaba si no era seguida por la administración del oficio y, así, cuando un privilegio o beneficio se concedía por razón del oficio no bastaba con que se tuviera el oficio in habitu, sino que se requería tenerlo in habitu e in actu33.

El ejercicio, no era más que la jurisdicción en acto y, como tal se correspondía con la posesión, y por esto no era extraño que más de alguna vez se recordara que ejercicio y posesión eran voces equivalentes. En este punto hallaba su lugar el juramento, pues se situaba como exigencia para entrar en el ejercicio del oficio o, en otras palabras, como acto previo a la adquisición de la jurisdicción in actu. Era común opinión que los oficiales, antes de ser recibidos en su oficio, debían prestar juramento, pues por tal juramento se adquiría la administración del oficio, de modo que sin él no podía ejercerse, y quien lo hacía debía sufrir la misma pena que aquel que usurpaba el oficio y, así, incurría en crimen de lesa majestad34.

La precisa distinción de los tres actos o tiempos en el curso de la adquisición del oficio, se recibió en el estilo de las secretarías de los consejos o de la Cámara de Castilla e Indias, por las que se despachaban los títulos de los provistos, pues en éstos se reflejaban esos tres momentos con singular claridad y, en particular, se destacaba el lugar que tenía el juramento, como señal solemne previa al recibimiento al uso y ejercicio del oficio.

Así, en el uso y estilo de la Cámara de Castilla, se podía observar en las cláusulas de estilo de la provisión de la presidencia del Consejo de Indias, como en la despachada en San Lorenzo el 29 de junio de 1579 a favor de Antonio de Padilla, en lugar y por muerte de Juan de Ovando: “[Elección o título] Es nra mrd y voluntad que agora y de aquí adelante qto nra voluntad fuere seais pres. te del dho nro qº de las Yndias en lugar y por fallecimiento del dho licen. do Juan de Obando y esteis y Residais y presidais en el juntamente con los del dho nro Consejo que en el residen y adelante proveyeremos y hagais y proveais en todas las cosas conbenientes y neçesarias al servicio de Dios nro S. r y nro, en todos los casos y negoçios que en el dho nro qº acaeçieren y estan pendientes al dho cargo de pres te y anexas y perteneçientes según y de la manera que lo hazen y deven hazer los otros nros presidentes que an sido y son de los nros consejos destos Reynos y que goçeis y os sean guardadas todas las preheminencias y prerrogativas e ynmunidades que por razon de ser pres. te del dho nro consejo deveis haver y goçar y os deven ser guardadas y [Aceptación/Juramento] Por esta nra carta mandamos a los del dho nro qº que luego que con ella fueren requeridos sin esperar para ello otra nra carta o mandamiento segunda ni terçera jussion tomen y recivan de vos el dho licenc. do Don antonio de padilla el juramento y solenidad que en tal caso se requiere y deveis haçer [Recibimiento/uso y ejercicio] el que ansi hecho os ayan recivan y tengan por nro pres. te del dho nro qº de las Indias y usen con vos el dho cargo y como a tal vos honrren y acaten en los casos y cosas perteneçientes y vos guarden y hagan guardar todas las preheminençias prerrogativas e ynmunidades y todas las otras cosas que por razon de ser pres. te del dho nro consejo deveis haver y gozar y os deven ser guardadas según que mejor y mas cumplidamente se uso, guardo y recudio y devio usar y guardar y recudir a los otros presidentes que an sido y son de los dhos nros consejos todo bien y cumplidamente y en guisa que vos no mengue ende cosa alguna […]”35.

Unas cláusulas semejantes se incluían en los títulos de todos los provistos en oficios reales con jurisdicción. Por muchos, y como ejemplo de las variantes en la práctica, se puede leer el título de regente del Consejo Real de Navarra, despachado en Madrid el 2 de marzo de 1618 a favor de Gil de Albornoz que, al igual que en el caso anterior, daba cuenta de la práctica observada por la Cámara de Castilla, pues a través de sus secretarías se expedían los títulos del Consejo Real de Navarra: “[Elección o título] Por la presente, acatando la fidelidad, sufiçiençia, letras e buena conçiençia de bos el Liçen. do don gil de albornoz, oydor de la nra audiençia y chançilleria que reside en la çiudad de balladolid, y entendiendo que asi cumple a nro serviçio tenemos por bien y es nra voluntad que agora y de aquí delante por el tiempo que fueremos servido seays Regente del nro Consejo de nabarra en lugar y por bacaçion del doctor Jeronimo chaves de mora ya defunto […][Aceptación/Juramento] Y por esta nra Carta mandamos al nro visorrey y capitan general del dicho nro Reyno de Nabarra y a los del nro Consejo del que reçiban de bos el dicho liçen. do don gil de Albornoz el juramento y solenidad que en tal casso se acostumbra y deveis haçer [Recibimiento/uso y ejercicio] El qual por bos hecho, ellos y otros qualesquiere ofiçiales mayores y menores y personas del dicho nro Reyno de nabarra, de qualquier estado y condiçion que sean, os admitan ayan y tengan por Regente del dho nro consejo y os acaten y Respeten como a tal y usen y exerçan con bos el dicho ofiçio en todas las cosas y casos a el anexas y perteneçientes […]”36.

Similar estilo se observaba en el despacho de los títulos de los provistos en oficios del Nuevo Mundo, que corrían por las secretarías del Consejo de Indias, o de la Cámara de Indias cuando la hubo. Así, por ejemplo, puede verse en el de oidor de la Real Audiencia de Méjico, expedido en Madrid el 5 de abril de 1530 a favor del licenciado Juan de Salmerón: “[Elección o título] Por hazer bien y merced a vos el Lic. do Ju. n de salmeron y acatando vra sufiçiençia letras y buena conçiençia y entendiendo que ansy cumple a nro serviçio y a la buena expediçion y despacho de los negoçios y cosas que uviere en la nra aud.ª y chançilleria Real de la nueva españa, tenemos por bien y es nra merçed y voluntad que de agora e de aquí adelante quanto nra merçed y voluntad fuere seays nro oydor de la dha aud.ª y chançilleria en lugar del liç. do diego delgadillo y podays estar y residir en ella [Aceptación/Juramento] Y por esta nra carta mandamos al nro presidente e oydores de la dha audiençia que rresçivan de vos el dho lic. do j. n salmeron el juramento y solepnydad que en tal caso se requiere y acostumbra, [Recibimiento/uso y ejercicio] el qual por vos fecho vos ayan e rrescivan por nro oydor de la dha aud.ª en lugar del dho liçençiado delgadillo […]”37.

De esta misma trilogía había expreso reflejo en la fe del acto del juramento, levantada también según los usos y estilos particulares de los reinos. Así, por ejemplo, en la que se dio del recibimiento del licenciado Martín de Bayona, como alcalde de la Corte Mayor de Navarra, en Pamplona el 17 de diciembre de 1565: “En la çiudad de Pamplona del Reyno de nabarra en Consejo Real en consulta lunes a dezisiete del mes de deziembre del año de mil y quinientos y sessenta y çinco el liçen. do mryn de bayona abogado del Consejo Real y Corte mayor del dicho Reyno, [Elección o título] presentó este titulo y probission real de alcalde de la dicha Corte y leydo el dicho titulo por mi el Secretario ynfrascripto el Consejo Real lo reçebio con el acatamiento debido como probission de su Rey y señor natural y dixo que lo obedeçia y que se haga lo que su mag. t por el manda [Aceptación/Juramento] Y en cumplimiento dello el muy mag. co señor Liçen. do Otalora regente del dicho Consejo reçebio Juramento sobre la señal de la Cruz y los santos ebangelios en forma de Derechos del dicho Liçen. do bayona de que bien e fielmente usara del dicho offiçio del alcalde de Corte y que guardara los fueros leyes hordenanças deste reyno de nabarra y el secreto del dho Officio y de lo que en la dicha Corte se botare […] [Recibimiento/uso y ejercicio] Y el dicho Jura. to hecho el Consejo Real lo admitió al dicho offiçio y le mandó dar y dio su assiento en los estrados reales por su horden despues del asiento del alcalde mas moderno de la dicha Corte […]”38.

La práctica y estilo observada en los distintos reinos de la monarquía, como se ha podido advertir en los textos transcritos, daba cuenta de que la disciplina de la adquisición del oficio, que habían elaborado los juristas, se asumió en ellos sin dificultad alguna. Los tres actos requeridos para adquirir el oficio, fueron tratados por los juristas con singular detenimiento y, a propósito de cada uno de ellos, se ocuparon en ciertas cuestiones que permiten perfilar la posición que se daba al juramento en la disciplina del oficio.

1. La “elección” o “título” y el juramento

La “elección” era el primer acto requerido para la adquisición del oficio. En el lenguaje de los juristas esta voz se constituyó en propia y con un significado peculiar pues, aunque en el texto de la ya citada ley Publius, se usaba de la palabra ‘designatio’, el término usual fue el de ‘electio’. Con él se designaba, precisamente, a la nominación del sujeto para el oficio que se proveía, la que se verificaba según los actos apropiados a la naturaleza del oficio, y a quien tenía la potestad para realizarla. En el caso de oficiales reales, tocaba al rey quien, en la práctica de la monarquía católica, de ordinario realizaba la elección por la vía de la consulta de sus Consejos o de la Cámara de Castilla o de Indias, cuando la hubo y, fuera de tal orden, podía realizarla por vía de un “decreto decisivo”, esto es, sin la consulta previa. Sin perjuicio de ello, en otros casos se hacía la “elección” por insaculación, como en los oficios de los reinos de la corona de Aragón, y en el caso de oficios de república en ciertas ciudades. Por esto, ya desde los tiempos de los comentaristas, se advertía que esa elección podía realizarse por el acto de la extracción de la bolsa correspondiente entre los insaculados39.

En uso más tardío, se acudió también a la voz ‘titulus’, sobre todo en los reinos de Nápoles y Sicilia40, y en los de Castilla e Indias41. En estos últimos el recurso a esta palabra dio origen a que ella, en sede de oficios, se presentara con dos significados diversos, cada uno con su campo operativo propio. El primero, como equivalente a la voz ‘elección’, en cuanto que acto de designación de un sujeto en un cierto y determinado oficio, y el otro, en cuanto que “despacho”, esto es, como carta real en la que constaba la designación para el oficio. Así, por ejemplo, en Alfaro se leía en su primera significación cuando advertía que el “título” era necesario para obtener el oficio42, y en la segunda cuando explicaba que debía constar por escrito43, y que en el uso vulgar era llamado “provisión”44.

La “elección”, realizada en la forma apropiada a cada oficio, atribuía la jurisdicción inherente al oficio, y desde ella el provisto la tenía in habitu, y en cuanto que tal constaba y se probaba por el “título”, en su significación de provisión, despacho o privilegio. Éste debía ser exhibido por el provisto para ser admitido al juramento y, en su consecuencia, ser recibido al uso y ejercicio o posesión del oficio45, que era el hecho que atribuía la jurisdicción in actu, y así, en el propio título se contenía una cláusula que lo mandaba46.

El orden de la adquisición del oficio requería siempre la “elección” o “título”, como acto de designación y, éste sólo podía probarse por el despacho, sin que, según la común opinión, se admitiera su prueba por testigos, como en Castilla recordaban Avilés y Alfaro47. Con todo, en la práctica podía darse el caso de un electo que, sin la constancia de su provisión o título, fuera admitido al juramento y recibido en el ejercicio de su oficio. Esta cuestión fue especialmente discutida y, sobre la base de una opinión de Baldo, se asentó una doctrina común desde principios del siglo XVI, que giró en torno a una distinción que atribuyó una doble significación a la voz ‘receptio’ y a su correspondiente castellana ‘recibimiento’.

Se asentó por común opinión, que la atribución de jurisdicción se verificaba in habitu, por la elección o título, e in actu, por el juramento y admisión al ejercicio o posesión. A esta atribución de jurisdicción, desde la perspectiva del provisto, se la denominó receptio o “recibimiento” en castellano, pero como la jurisdicción inhería en el oficio, la recepción lo era también del propio oficio. Supuesta la distinción de la recepción in habitu o in actu, la voz ‘recibimiento’ asumió dos significados en el lenguaje del oficio. El uno, que implicaba el recibimiento de derecho, y que se adquiría por la elección o título, y el otro, en cuanto que recibimiento de hecho, y que se adquiría por la posesión o cuasi posesión. Así lo había explicado Nicolás Boerius, a propósito de la cuestión suscitada por un cubiculario que había prestado juramento de tal ante el papa quien, en virtud del juramento, lo había recibido como tal, pero sin que se le hubiera despachado título de tal cubiculario. Decía Boerius que, en este caso, la fe del juramento probaba la recepción de hecho (receptionem facti), más no la recepción de derecho (receptionem iuris), que debía preceder a la de hecho. Esta última, verificada en vigor del juramento, consistía en un hecho que atribuía en acto la jurisdicción, en tanto que el título la atribuía en hábito, en cuanto que derecho y, para ser tenido por tal cubiculario se requerían ambas recepciones48. El papel del juramento, así, se mostraba como el propio de actualizar la jurisdicción en el provisto que, hasta antes de prestarlo, sólo la tenía in habitu, como consecuencia de la mera elección, que había de ser probada por la exhibición del título.

Esta cuestión tuvo en la monarquía hispánica una muy singular manifestación, en relación con ciertos oficios de los estados de Italia, respecto de los cuales se introdujo durante la segunda mitad del siglo XVI el uso de no despacharse títulos a los electos, quienes eran admitidos al juramento sin requerírseles la exhibición del privilegio y, por la sola virtud de éste, eran recibidos al uso y ejercicio, esto es, a la posesión del oficio.

En el caso del reino de Nápoles se introdujo la práctica de que el virrey dispusiera que, al electo, aún antes de la expedición de su título o de que llegara a sus manos, se le recibiera el juramento y, en fuerza de él, se le recibiera al uso y ejercicio del oficio. De este estilo, a petición del monarca, informaba el secretario del Consejo de Italia, por la parte de Nápoles, don Juan López de Zárate al duque de Lerma el 11 de abril de 1611: “En Nápoles se comenzó a introduzir que los Virreyes ponían en possessión de las plazas de aquellos Tribunales a los proveydos en ellas con solo el aviso que el presidente [del Consejo de Italia] les dava de su elección y su Mag. d mandó que no se diesse possessión a ninguno sin título49.

El mismo estilo se observó en relación con los regentes del Consejo Supremo de Italia, quienes comenzaron a ser recibidos al uso y ejercicio de sus oficios una vez que habían prestado el juramento, en virtud de su solo nombramiento, que no era otro que la real resolución a la consulta publicada en el Consejo. En el ya citado billete del secretario López de Zárate se daba cuenta de este uso: “En execución de lo que V. excia me mandó escribir yrá aquí copia de uno de los títulos que por lo passado se solían dar a los Regentes de Ytalia. De muchos años a esta partte han servido sin ellos, admitiéndoles en el Consejo solo en virtud del nombramiento de su Mag. d y del juramento que hazen, sin haver havido orden para ello50. En el mismo billete expresaba que los regentes sentían esta falta, y pretendían que, al igual que se practicaba con los miembros de los otros Consejos, se les despachara título de sus oficios: “Los Regentes que oy sirven sienten que ha havido falta en no dárselos a ellos y todos holgarán de tenerlos como los tienen los demás consegeros, pero su Mag. d mandará lo que juzgare ser más conviniente a su servicio51. Felipe III accedió a la súplica de los regentes, y así lo comunicó el duque de Lerma al secretario López de Zárate el 16 de abril de 1611: “Su Mag. d ha visto lo que V. m. dize en este papel y es servido y manda que a los Regentes se les den sus títulos como se solía hazer52.

En cumplimiento de la orden anterior, se despachó el título de regente del Consejo de Italia, por el reino de Nápoles, a favor del doctor Marco Antonio de Ponte, que era uno de los que servía su oficio sin título, y por la sola fuerza de su elección y juramento. En el privilegio que, en Aranjuez a 7 de mayo de 1611 se le expidió al efecto, se confirmaba la asentada disciplina de los tres actos requeridos para la obtención del oficio, y la muy precisa distinción de significados que se atribuía a la elección o título, el uno como nombramiento, y el otro como su expresión formal, que daba fe de la designación. En él se leía que la “elección” o “nombramiento” consistía en la resolución real a la consulta, y que el privilegio o título no eran más que una cierta forma para constancia de la elección: “El Rey. Por quanto haviendo promovido al Doctor Camilo de Curtis del officio de Regente la cancelleria de Nap. s y del mi Consº Supremo de Italia al cargo de presidente del Consejo de Capuana y nombrado en su lugar para la dicha plaça de Reg. te a vos el D. or Marco Ant.º de Ponte que a la sazón me serviades de Consegero en el dicho Consejo de Capuana por concurrir en vuestra persona las qualidades, letras y buenas partes que para la buena expedición de los negocios del dicho Consejo Supremo se requieren, [Ejercicio] y haviendo sido admitido a la possessión y exercicio de la dicha plaça [Elección/nombramiento] en virtud de la electión y nombramiento que hize en vuestra persona por Consulta del dicho Consejo de diez y siete de Abril del año passado de mill seyscientos y ocho [Juramento] y del juramento que hizistes en veynte de deziembre del mismo año [Título como formalidad] y siendo justo que tengais título en forma para que en todo tiempo conste de la dicha electión y nombramiento. Por ende, por tenor de la presente de mi cierta sciencia deliberadamente y consulta y por mi Real auctoridad apruevo ratifico y confirmo la dicha electión, nombram. to y possessión de reg. te del dicho mi Consejo Supremo en vuestra persona con la antigüedad y precedencia que en el teneis y con el salario acostumbrado que llevan y gozan los demas Regentes que en él me sirven y con las demas preeminencias prerrogativas y exempciones del dicho officio annexas y pertenecientes y mando al Presidente Consegeros y Secretarios del dicho Consejo y a las demas personas a quien toca o puede tocar que os tengan y reputen por tal Regente del dicho Consejo […]”53.

En la segunda mitad del siglo XVII se practicó el mismo estilo, de jurar sin despacho de título, respecto de los consejeros de capa y espada del Sacro y Supremo Consejo de Aragón. Así lo certificaba José de Villanueva Fernández de Híjar, protonotario de los reinos de la corona de Aragón, en Madrid el 10 de mayo de 1690, cuando afirmaba que se solían despachar “los títulos o privilegios de los SS. Consejeros de Capa y Espada con exercicio del Conss.º Supp. mo de Aragón”, y que: “En virtud deste título es admitido el que le saca al juramento y exercicio de su Plaza, pero aunque no le saque (como actualmente hay muchos sin él) puede y es admitido con solo la noticia de haverse publicado en el Conss.º el Decreto o Conss. ta de su mrd puesto el execútese del Conss.º haviendo precedido el dar satisfacción a la media anata54. Agregaba: “Que de todos los Ministros de actual exercicio que hoy hay en el Conss.º no han sacado sus Privilegios sino es los SS. D. n P.º Villacampa, Marqués de Castelnovo, Marqués de Sardañola, Marqués de Villava D. Ysidro Garma de la Puente Alguacil m. or y Yo, pero lo pueden pedir siempre que fueren servidos y despacharaseles en la Prottonotaria por tener acción para ello en virtud del nombramiento de S. M.”55.

Hubo, además, un estilo propio en relación con los consejeros del Consejo de Estado, a quienes no se les despachaba título de su elección o nominación56. Tal fue el uso practicado desde su misma institución en tiempos del rey emperador, de guisa que la elección simplemente era comunicada, ordinariamente por “papel de aviso”, al secretario más antiguo del Consejo de Estado o a alguno de los consejeros, para que éste la pusiera en noticia del Consejo y se procediera a su cumplimiento, que no era más que el recibirle el juramento y admitirle a la posesión de su oficio de tal consejero. En el “papel de aviso” de la elección se preveía expresamente el orden que se ha descrito, como puede leerse en el tocante a la nominación de don Antonio Dávila y Zúñiga, marqués consorte de Mirabel, fechado en Madrid el 8 de octubre de 1627: “Teniendo consideración a lo que me ha servido y sirve el Marques de Mirabel mi embaxador en Francia he hecho mrd de plaza de mi consejero de Estado. Vos lo direys en Consejo y se lo avisareys a él y jurará a su tiempo57. En igual sentido y con la referencia a la costumbre asentada en este punto, se lee en la comunicación del nombramiento del cardenal Pascual de Aragón y del inquisidor general Diego de Arce y Reinoso, fechada en Madrid el 15 de enero de 1664: “Atendiendo a los muchos y particulares servicios del cardenal de Aragón, y del Ob. po Inq. or gen. l les hago mr. d de mi Cons.º de Estado; y recibiráseles el Juramento en la forma acostumbrada, teniendo entendido, que no le obste al carden. l el estar auss. te para llevar la antig. d al dho. Ob. po Inq. or gen. l : porque esta es mi declaración y voluntad58.

Una práctica similar era la que se tuvo respecto de los consejeros del Consejo Guerra, pues sus nombramientos se comunicaban por papel dirigido a su secretario para que, sin despacho de título alguno, se les recibiera el juramento en el Consejo. Así, por ejemplo, en el que participaba el nombramiento de Jerónimo Pimentel el 26 de agosto de 1622: “A Don ger. mo Pimentel capitan general de la cavalleria del Estado de Milan, he hecho mrd de nombrarle por Consejero del mi Consejo de Guerra. Será bien que en él se le reciva Juramento en la forma que se acostumbra59, o en el de Juan de Velasco Castañeda el 14 de junio de 1627: “Al M.ro de campo don Juan de velasco castañeda he nombrado, por de mi Consejo de Guerra. Recivirasele el juramento que se acostumbra60.

Novedad, en relación con el estilo que se ha referido, fue el que, bajo la vigencia de la planta de 1714 y 1715, se introdujera el despachar título a los consejeros militares del Consejo de Guerra. Por ello, cuando por real decreto fechado en Aranjuez el 7 de mayo de 1724 se nombró al teniente general Juan Esteban Bellet y al teniente General Gaspar de Orozco, como ministros militares del Consejo de Guerra, se ofreció la duda de si debían sacar títulos de sus plazas, como inusitadamente se había practicado bajo la vigencia de las plantas de 1714 y 171561. Sobre consulta del Consejo de 9 de octubre de ese mismo año de 1724, don Felipe V resolvió: “Que se escusen los Títulos, y que estos dos Oficiales Generales juren solo en virtud de los papeles de aviso. Y debiendo pagar Media-Annata por lo honorífico, los liberto de satisfacerla, sin perjuicio de Juristas, y teniéndose por mayor valor, y assi lo he mandado62. De ahí que Hoya y Ozores hacia 1734 advirtiera que: “Los Ministros Militares de este Consejo no sacan Títulos para aver de entrar en él a servir sus Plazas, que es lo mismo que antes se practicó63, y explicaba que, tras los nombramientos de Bellet y Orozco: “Después los que han entrado han jurado solo en virtud de los Decretos de aviso de la gracia, sin pagar Media-Annata, sino por lo honorífico64.

2. El “ejercicio” o “posesión” y el juramento

El “ejercicio” era el tercer acto requerido para la adquisición del oficio. En el lenguaje de los comentaristas era llamado, además de con la voz ‘exercitium’, con varias otras, tales como ‘ingressus’, ‘gestio’ y ‘administratio65, y también con la de ‘possessio66. La admisión en él se verificaba en un acto que, como se ha anticipado, era llamado receptio, en su significación de atribución de la jurisdicción in actu, que, por su consistencia en un hecho, se identificaba con la posesión del oficio. De ahí resultaba que en lengua castellana se dijera, en este campo operativo, que recibimiento: “Es el que se haze al electo en el oficio para el uso del67.

Al recibimiento al uso y ejercicio del oficio debía preceder el juramento. Tal era la opinión común entre los juristas, y así se había asentado desde tiempos de los comentaristas, porque se entendía que el oficial sólo adquiría la jurisdicción in actu una vez que juraba y ejercía. como lo afirmaba Puteo, “El nuevo oficial tiene jurisdicción después de entrado en palacio y prestado juramento”68. Esta doctrina la asumió y mantuvo la generalidad de los juristas hispanos que, como Pedro Núñez de Avendaño (c. 1490-c. 1560), afirmaba que al oficial antes de que prestara el juramento, no le competía la jurisdicción69, y que en tanto grado era necesario el juramento, por vía de solemnidad, que la sentencia pronunciada por el juez que no lo había prestado era nula por ese solo hecho, y en esto le seguía Alfonso de Azevedo (1518-1598)70. Tan estrecha era esta vinculación entre el juramento y la adquisición de la jurisdicción, que el ya referido Puteo había escrito que el juramento tenía tal efecto que, aunque el oficial no tuviera jurisdicción cuando ingresaba a la ciudad, la tenía después de haber jurado y de habérsele dado la administración de su oficio71.

Tal era, también, la regla asumida en los derechos propios. En el reino de Castilla, una ley de Partidas (3, 4, 6) lo mandaba expresamente respecto de los jueces: “Puestos deven ser los Judgadores (despues que fueren escogidos assi como de suso diximos), en los logares que les otorgan poderio de judgar, tomándoles primeramente la jura, ante que judguen”. Lo reiteraba una de las leyes del Ordenamiento de Alcalá (tit. XXXII, 44): “E devenles tomar Juramento ante que judguen” que, como dicho queda, fue recibida en las Ordenanzas Reales de Castilla (2, 16, 4), en la Nueva Recopilación de Castilla (3, 9, 3), y en la Novísima Recopilación de Leyes de España (11, 1, 3). En el reino de Aragón lo ordenaba el fuero Ut omnes officiales iurent in principio sui officii bene ac legaliter se habere, acordado en la Cortes reunidas en Zaragoza por Jaime II en 130072 y, para los consejeros de la audiencia real, en uno de los “Reparos de la audiencia” acordados en las Cortes de Zaragoza de 152873. En el reino de Navarra, por su parte, la ordenanza I de las Ordenanzas reales hechas a pedimento de los tres estados en las Cortes de 1547, en relación con los alcaldes, jurados y otros oficiales y regidores de los pueblos “antes que comiencen a exercitar, y usar de sus officios y cargos ayan de jurar, y juren, que bien, y fielmente usarán dellos, y procurarán el bien, y utilidad de sus repúblicas, y evitaran el daño en quanto en ellos fuere74.

En relación con las leyes de Castilla, Alfonso de Azevedo comentaba expresamente la cláusula “y antes que usen”, que era la empleada en la ley del Ordenamiento de Alcalá en su versión recopilada (3, 9, 3), para imponer el juramento previo a los jueces ordinarios y delegados. De ella apuntaba, que con tales palabras la ley volvía inhábiles a los jueces para juzgar y para ejercer el oficio antes de haber prestado el juramento75. En la misma línea, Alfaro al tratar de otra ley recopilada (5, 22, 14), destacaba que ella prohibía al escribano dar testimonio de la recepción del corregidor, si primero no había jurado76.

La referida exigencia se concretaba en los títulos despachados a favor de los electos en un oficio, porque en ellos se incluía siempre una cláusula en la que, precisamente, se mandaba que, antes de ser recibidos al uso y ejercicio hubieran de prestar el juramento acostumbrado. En el caso de los provistos en plaza de algún consejo, tal cláusula sólo mostraba pequeñas variaciones derivadas del estilo de las secretarías. Así, por ejemplo, en el título del Consejo de Indias despachado en Valladolid el 8 de marzo de 1523 a favor del licenciado Diego Beltrán se decía: “Por esta nra carta mandamos al nro grand chançiller y a los del nro consejo de las Yndias que rresçiban de vos el dho doctor diego beltran el juramento e solenydad que en tal caso se acostumbra y segund las leyes de nros rreynos deveys hazer el qual por vos hecho vos ayan e rresçiban por uno de los del nro consejo de las Yndias e rrescivan vro boto y en el bos admitan77.

Tan ligado estaba el ejercicio al juramento, que éste se difería cuando había alguna circunstancia que obstaba a que el electo pudiera usar y ejercer su oficio. Un caso que se presentaba con alguna frecuencia era aquel en que el electo se hallaba en la minoridad, esto es, cuando aún no cumplía los veinticinco años de su edad, pues, por derecho común y por leyes de los reinos, tal era la edad exigida para el oficio de juez, como en Castilla y por extensión en las Indias se preveía en una ley de Partidas (3, 4, 5) y en la citada del Ordenamiento de Alcalá (tit. XXXII, 44).

La elección de un menor de edad, se entendía como una dispensa concedida por el príncipe, pero con suspensión del ejercicio del oficio hasta que el electo llegara a la edad cumplida, bajo el supuesto de que, en el tiempo intermedio, según la naturaleza del oficio, el provisto lo usaba y ejercía por substituto o se encomendaba a otra persona idónea, de guisa que por la elección adquiría in habitu el oficio, aunque no hubiera prestado el juramento78. El juramento, en este caso diferido hasta la mayor edad, advenía necesario para la adquisición in actu de la jurisdicción y, por ello, un jurista como Ponte explicaba que aquí se presentaba como una solemnidad, mas no substancial o formal, sino effectualis, esto es, para que se obrara el efecto del ejercicio del oficio. Esta doctrina la aplicaba a la cuestión tocante a la validez del oficio de castellano que, concedido a un hijo menor, era ejercido por el padre y, antes de que el hijo prestara el juramento, el padre había renunciado el oficio, de guisa que se preguntaba si tal renuncia era válida o no por haber sido hecha antes del juramento79.

La práctica observada en la monarquía confirma que se hallaba ajustada a la explicación de Ponte. Así, por ejemplo, cuando por real decreto de 7 de marzo de 1707 se hizo merced de una plaza de oidor de la Real Audiencia de Santiago de Chile a Juan Próspero de Solís Vango, que sólo contaba con dieciséis años, se le despachó su título por real provisión fechada en Buen Retiro el 24 de mayo del mismo año, y en ella se incluía la limitación de que no prestara juramento de su oficio, y que sólo entrara al ejercicio cuando cumpliera los veinticinco años80. Pero, al mismo tiempo, sobre consulta del Consejo de Indias de 13 de abril de 1707, se hizo merced de futura de oidor a Juan Calvo de la Torre con el preciso objeto de que sirviera la plaza de Solís Vango, hasta que éste pudiera jurarla, y en tales términos se le despachó su título por real provisión fechada en Buen Retiro el 24 de mayo de 1707: “Por quanto, por decreto de siete de marzo del presente año de 1707 he hecho merced de oidor a don Juan Próspero de Solís Vango, caballero de la Orden de Calatrava, de plaza de oidor de número de esa Audiencia en la vacante de don José Blanco Rexón, a quien promoví al arcedianato de la iglesia metropolitana de Charcas, con la circunstancia respecto de ser menor de edad de que no la pueda jurar, ni entrar en esta Audiencia hasta que tenga veinte años cumplidos, y que desde esa edad asista en ella sin voto hasta que cumpla los veinticinco, y para salvar estos inconvenientes de la falta de este ministro, he resuelto nombrar oidor futurario a don Juan del Corral Calvo de la Torre, para que sirva la plaza de oidor de ella81.

En el siglo XVIII, al menos en Castilla, consta una práctica diversa, si bien, mantenía la conexión del juramento y el ejercicio del oficio. Si el electo era menor de edad, se le admitía al juramento, pero para el sólo efecto de que gozara de los honores del oficio, pues a su ejercicio, sólo había de entrar cuando tuviera la edad cumplida. Así, por ejemplo, a Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, que había comprado el oficio de tesorero del Consejo de Indias en 1707, cuando sólo contaba con dieciocho años de edad, por real decreto de 9 de octubre de ese mismo año se le hizo “Merced de Voz y Boto en el mismo Consejo [de Indias] (como le tienen los demas Ministros de Capa y Espada) para quando tenga la edad sufiziente; y que en el interin que entra en el exercicio, goze de los honores, como si sirbiese esta Plaza: augmentándosele quando llegue el caso de exercerla la diferencia de el sueldo que corresponde a ella al que tubiere como tesorero82. Como se le difería el uso y ejercicio de su oficio, al despachársele su título, por real cédula fechada en Madrid el 11 de noviembre de 1707, se previno en él que, aunque había de ser admitido al juramento, éste sólo le confería el goce de los honores, y no el ejercicio, al que habría de entrar a los veinticinco años: “Y mando al Gov. or y los de aquel Cons.º tomen de Vos el Juramento y Solemnidad que se acostumbra, el qual hecho os admitan a los honores de esta Plaza en el interin que teneis la edad competente, y en llegando este caso os tengan por uno de los de él83.

El juramento previo, en fin, no podía excusarse84. Esta opinión planteó a algunos juristas la cuestión de explicar una cláusula que, como de estilo, se solía incluir en los títulos despachados a los electos en oficios de Castilla e Indias. Tal era aquella en la que el rey, después de mandar que fuera recibido al juramento y admitido a su uso y ejercicio, declaraba: “y que en ello ni en parte dello embargo ni contradiccion alguna bos non pongan ni consientan poner que nos por el presente vos recivimos al dicho cargo de nuestro oydor de la dha audiencia y vos damos poder y facultad para usarlo y exercer85 o, en términos más menguados: “Que yo por la presente os recibo y he por recivido al dho officio y os doy poder y facultad para le usar y exercer86. El uso de esta cláusula se mantuvo hasta los primeros decenios del siglo XIX y, como expresión del asentado estilo de las secretarías, incluso en el convulso tiempo de la crisis dinástica consta que se mantenía87.

La citada cláusula podía entenderse como que dispensaba el juramento y aun del mismo recibimiento al uso y ejercicio y, de ahí nacía su dificultad. Alfaro se ocupó especialmente de ella, y la explicaba en cuanto que una cláusula sub conditione, en concreto, la de “caso que por ellos o por alguno dellos no seais recebido”, y que, por ninguna vía, podía impedir el recibimiento al oficio, pues con ella sólo se destacaba que ningún electo por el príncipe podía ser reprobado, pues sus elecciones no requerían de confirmación alguna88.

II. El juramento como aceptación del oficio

Situado, pues, entre el tiempo de la elección y el del ejercicio, el juramento se identificó con el acto o tiempo de la aceptación del oficio.

La exigencia de la aceptación no era más que expresión de la necesidad de la libertad, esencial a los actos humanos. En derecho era consabida la regula iuris según la cual: Invito beneficium non datur, recibida como tal en el Digesto (50, 17, 69), y formulada en las Siete Partidas (7, 34, 24) como: “Non puede ome dar beneficio a otro contra su voluntad”. Alfaro en este punto advertía que: “Para la obtención del oficio se requiere la aceptación, pues sin aceptación no se confiere el beneficio del príncipe89.

En la práctica de la monarquía, fue común desde los últimos decenios del siglo XVI que, antes de que se publicara en el Consejo o la Cámara la real resolución a la consulta en que se proponían sujetos para una plaza vacante, se inquiriera del provisto si aceptaba o no y, una vez que comunicaba su aceptación se publicaba la decisión real en la Cámara. Fue uso que tal gestión se cumpliera por billete que enviaba el presidente del Consejo o de la Cámara al provisto, o, que se practicara por su secretario, y que se esperara a tener la respuesta del provisto para: a) o proceder a la publicación de la real resolución si aceptaba; o b) para comunicar al rey la excusa del provisto y que éste adoptara una decisión sobre ella y sobre la provisión de la plaza. Así, por ejemplo, cuando Felipe III, sobre consulta de la Cámara de Castilla de 4 de enero de 1634, concedió la fiscalía del Consejo de Hacienda a Juan Bautista de Larrea, fue el presidente de la Cámara quien le escribió para darle noticia de la real resolución y para demandar su aceptación, y Larrea le escribió desde Granada el 24 de enero de ese mismo año para expresarle que: “Bastaba solo ser de servicio de su Mag. d para que yo acetara el obedecer, aunque me enviara por fiscal de filipinas”, y, recibida que fue la aceptación, se publicó la real resolución en Cámara de 30 de enero de 163490.

Sin perjuicio de lo anterior, la aceptación del oficio había de ser un acto que diera absoluta certeza, y que quitara toda duda respecto de la voluntad del electo, por ello los juristas estimaron que debía consistir en una expresión de voluntad indudable y que evitara cualquier posible controversia. En tal contexto el juramento se alzaba como el dispositivo ajustado a la consecución de tal propósito, pues, precisamente, como lo explicaba del Bene, el fin de jurar era dar fe y confirmar la promesa, pues: “El juramento es fin de toda controversia, en cuanto que por él se manifiesta y confirma la verdad”91. Todo ello en el entendido de que el juramento requería, necesariamente, la concurrencia de la voluntad (intentio) y su expresión (locutio)92 y, a propósito de esta última se desarrollaba ampliamente la cuestión de la forma del juramento, en cuanto que éste era asumido como una cierta solemnidad (pro forma solemnitas)93.

En cuanto que tal solemnidad los usos y estilos de los reinos lo configuraron detalladamente, y la práctica de las secretarías lo recordaba con precisión en la cláusula de estilo en que se mandaba jurar al electo: “Y por esta nra carta mandamos al nro visorrey y capitan gen. al del dho rey.º de n.ª y al regente y los del nro consejo del que resçiban de vos el dicho Liçençiado mr.yn Vermudez el juramento y solemnidad que en tal caso se acostumbra y deveys hazer94.

Entre los juristas, la relación entre la aceptación del oficio y el juramento arrancaba de la glosa “Edidit” de Accursio a la ya citada ley Publius, pues en ella se apuntaba que: “Esto es, prometido para ser recibido”95. Así lo recordaba expresamente Alfaro: “Mas, no hay duda de que quien jura acepta, el argumento en la ley Publius, 36 al principio, y allí la glosa en el versículo munus edidit96. Entonces, continuaba el mismo Alfaro: “En signo de aceptación, y antes de la recepción, debe jurar que ha de actuar en todo rectamente y según la obligación de su oficio”97, y esta opinión la seguía de la Fuente Alanís: “Porque aunque se requiere también juramento se interpone este en señal de acetacion, ut ait idem Alfar. glos. 29, num. 198. La concepción del juramento, en cuanto que aceptación del oficio, se reflejaba en el uso y estilo del mismo acto de prestar el juramento que, con las variantes singulares de cada reino, solía dar cuenta de su señalada dimensión de acto de aceptación.

Cuando se hizo merced a don Matías Sorribes, por privilegio fechado en Luxemburgo el 14 de marzo de 1547, del oficio de regente la cancillería del principado de Cataluña, se consignaba expresamente en la fe su juramento, prestado ante el príncipe don Felipe, el acto de aceptación del oficio: “Ante praesentiam serenissimi dni nri Philippi principis hispaniarum, & gubernatoris gralis regnos Coronae Aragonum, me notario ac secret.º testibus infra scriptis presentibus, fuit personaliter constitutis idem vener. lis et mag. cus vir Mathias Sorribes, qui exequendo et patente mandatis suae Mag. tis de Juramento praestando dixit: Quod acceptando cum gratias actiones ac pedum et manuum de osculatione praefatum munus, sive officium, erat presto, et paratus praefatum juramentum praestare, in posse et manibus praefati ser. mi principis & supplicavit humiliter, quatenus illum ad jurandum admitteret iuxta formam dicti privilegii […] viso dicto privilegio, illum admisit ad jurandum et ab eodem venit ad mag. co regente in eius posse et manibus recepit juramentum […]”99.

Así, en definitiva, por opinión común se tenía que antes del juramento, y aunque estuvieran nombrados e incluso recibidos, no se era juez ni se tenía potestad de juzgar, porque el juramento debía preceder a la investidura corporal del oficio100. Por esta razón, como queda dicho, el juramento antecedía al acto del “recibimiento” al uso y ejercicio del oficio.

En el caso de los reinos hispánicos, la distinción entre el juramento y el recibimiento al uso y ejercicio del oficio, que implicaba entrar en la posesión de él, se advertía con especial claridad en aquellos oficios de los cuales había de prestarse juramento en manos del rey o del Consejo Real para, a continuación, tomar posesión de él en el cuerpo al que estaba llamado el que así había jurado. Así ocurría originariamente con los corregidores, y ordinariamente con los alcaldes de Casa y Corte, o con los oidores de la Cámara de Comptos del reino de Navarra, que juraban en el Consejo Real de Navarra y eran recibidos al uso y ejercicio en la Cámara de Comptos.

Castillo de Bovadilla, al tratar de los tenientes del corregidor, recordaba que debían ser: “Examinados en el consejo Real, a donde han de venir a jurar necessariamente ellos y los Corregidores101, pero ya Avilés advertía que esta práctica había variado, porque de ordinario se mandaba en los títulos de los corregidores que juraran en el mismo concejo de la ciudad en la que habían de residir102. En el caso de los alcaldes de Casa y Corte, hasta la extinción de la sala en el cuarto decenio del siglo XIX, el juramento se prestaba ante el Consejo Real y, una vez hecho, pasaba quien había jurado a tomar la posesión en la sala. De esta práctica y estilo se dejaba constancia expresa en la fe del juramento y posesión, que se registraba en un libro especialmente llevado al efecto. Tal fe se daba en unos términos que no variaron en el tiempo. Así, por ejemplo, para el siglo XVII en la del alcalde de Casa y Corte Diego Rodríguez de Cisneros se decía: “En 3 de noviembre de 695 Juró en el Consejo y thomó posesión en la Sala el S. r Don Diego Rodriguez de Çisneros de Plaza de Alcalde desta cassa y Corte de su Magestad, haviendo venido de oydor de la chançilleria de Granada103. En los primeros años del siglo XIX en la de Antonio Alcalá Galiano se consignaba que: “Dicho S. or juró en el Consejo y tomó possesion en la sala de la Plaza de Alcalde que S. M. se sirvió concederle en la vacante del S. or D. Juan Antonio Ynguanzo oy cinco de Mayo de 1806104.

En el caso de los oidores de la Cámara de Comptos del reino de Navarra, después de prestar juramento ante el regente y oidores del Consejo Real de Navarra, eran recibidos al uso y ejercicio en la Cámara de Comptos. La fe del recibimiento del licenciado Miguel de Balanza, en Pamplona el 4 de noviembre de 1549, es singularmente clara en dar cuenta de la distinción entre el juramento y la admisión al ejercicio, en cuanto que posesión del oficio: “En la ciudad de pamp.ª en la camara de los Comptos reales en juyzio lunes a quatro dias del mes de nobiembre de mill quinientos quarenta y nuebe años, ante los señores Juan de vergara y ant.º cruzate Juezes e oydores de la dicha camara, el dicho liçençiado miguel de valanza presentó esta provision rreal […] y por el real consejo reçebido juramento al dicho liç. do dixeron sus mds que obedecian la dicha provision y admitian y admitieron e resçebieron al dicho off.º de oydor de comptos y juez de finanças al dicho lic.º miguel de valanza y le dieron la posesion del, dandole asiento junto y en pos del dicho ant.º cruzate e haziendole firmar como firmo provisiones de la dicha camara para los cinco reçebidores del rey.º para coger los quarteres y alcavalas del ultimo ottorgam. to de los años de quarenta y ocho y quarenta y nueve, e assi el dicho liçençiado tomó y apreendio la posesion de los dichos cargos en la manera que dicho es105.

Conclusión

El examen precedente muestra la muy precisa posición que el juramento ocupaba en la disciplina jurisdiccional de los oficios y, en particular, destaca que su sentido no se vinculaba esencialmente con un acto sacramental o de fe religiosa, sino con uno de expreso contenido jurisdiccional.

El juramento, concebido como formal y solemne aceptación del oficio, y como acto previo al recibimiento en su uso y ejercicio, asumía una singular centralidad desde la perspectiva de la concesión de la jurisdicción. Actualizaba la jurisdicción que, hasta ese momento, tenía el electo sólo in habitu por fuerza de su elección o título y, por ello, su falta hacía que el recibido sin él se tuviera por usurpador del oficio, y que todo lo que obrara fuera nulo por defecto de jurisdicción.

Las enunciadas claves disciplinares son aquellas a las que ha de atenderse para enfrentar la cuestión de la pervivencia del juramento en una cultura constitucional. Como en muchas otras, no era más que una concreta manifestación de la propia dinámica de continuidad y cambio de la categoría cardinal de la jurisdicción.

Bibliografía

Alfaro, Francisco de, Tractatus de officio fiscalis, deque fiscalibus privilegiis (Vallesoleti, apud Ludovicum Sanchez, 1606). [ Links ]

Avilés, Francisco de, Nova diligens ac perutilis expositio capitum seu legum praetorum (Methimnae Campi, excudebat Mathaeus a Canto, 1557). [ Links ]

Azevedo, Alfonso de, Commentariorum Iuris Civilis in Hispaniae Regias Constitutiones, I (Madriti, in aedibus Petri Madrigal, 1599). [ Links ]

Barrientos Grandon, Javier, La cultura jurídica en la Nueva España (México, Instituto de Investigaciones Jurídicas Unam, 1993). [ Links ]

____“La Cámara de Castilla: “Méritos”, “servicios” y “suficiencia” en la provisión de oficios del Consejo de Indias en tiempos de Felipe II (1588-1598)”, en Boletín de la Academia Chilena de la Historia, 126 (2017), pp. 149-225. [ Links ]

Barrios, Feliciano, El Consejo de Estado de la Monarquía española 1521-1812 (Madrid, Consejo de Estado, 1984). [ Links ]

Belviso, Jacobus de, Commentarii in Authenticum et Consuetudine feudorum, reed. Opera Iuridica rariora, XII, (Bologna, Forni Editore, 1971). [ Links ]

Boerius, Nicolas, Decisionum aurearum in Sacro Burdegalensis Senatu olim discussarum ac promulgatarum, I, (Lugduni, Apud Antonium Vincentium, 1558). [ Links ]

Caroccius, Vincentius, Tractatus de iuramento litis decisorio, novus et luculentulus (Coloniae, Apud Ioannem Gymnicum, sub Monocerote, 1596). [ Links ]

Castillo de Bobadilla, Jerónimo, Politica para corregidores y señores de vassallos en tiempo de paz y de guerra (Madrid, por Luis Sánchez, 1597). [ Links ]

Castro, Paulo de, In primam Digesti Veteris partem Commentaria (Lugduni, 1583). [ Links ]

____In Secundam Infortiati partem Commentaria (Venetiis, Societas Aquilae se renovantis, 1594) [ Links ]

Constitución política de la Monarquía española. Promulgada en Cádiz a 19 de Marzo de 1812 (Cádiz, en la Imprenta Real, 1812). [ Links ]

Constitución de la República de Chile, jurada y promulgada el 25 de mayo de 1833 (Santiago de Chile, Imprenta de La Opinión, 1833). [ Links ]

Constitución Política del Estado de Chile, promulgada en 29 de diciembre de 1823 (Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1823). [ Links ]

del Bene, Thomas, Tractatus de iuramento (Lugduni, Sumptibus Ioannis Antonii Hugvetan & Guillielmi Barbier, 1669). [ Links ]

di Chiara, Francesco, “Garsia Mastrillo e Giovanni Francesco Rao. Due facce di uno stesso ceto”, en Annali del Seminario Giuridico (Aupa), 62 (2019), pp. 271-286. [ Links ]

Fernández de Otero, Antonio, Tractatus de officialibus reipublicae necnon oppidorum utriusque Castellae, tum de eorundem electione, usu & exercitio (Lugduni, Sumptibus Marci & Joan. Anton. Huguetan Fratrum, 1682). [ Links ]

Franchis, Vincenzo de, Corpus decisionum Sacri Regii Consilii Neapolitani (Coloniae Agrippinae, Apud Ioannem Gymnicum sub Monocerote, 1599). [ Links ]

Fuente Alanis, Esteban Lorenzo de la, Discurso juridico sobre la exclusion de los oficiales del numero acrescentados, y supernumerarios de la Secretaria de Nueva-España, en el rateo de los mil ducados de renta al año de ayuda de Costa ordinaria, que su Magestad concedio a los Oficiales de dicha Secretaria (Méjico, por Francisco Rodríguez Lupercio, 1680). [ Links ]

Fueros y obseruancias de las costumbres escriptas del Reyno de Aragon (Çaragoça, en la Emprenta de Grabiel [sic] Dixar, 1576). [ Links ]

Georgio, Giovanni Andrea de, Repetitionum feudalium (Neapoli, Ex Typographia Io. Dominici Roncalioli, 1620). [ Links ]

Giurba, Mario, Tribunalium Siciliae decisae observationes (Coloniae Agrippinae, Apud Wilhelmum & Franciscum Metternich, 1688). [ Links ]

Gutiérrez, Juan, Tractatus de iuramento confirmatorio & alijs in iure varijs resolutionibus (Salmanticae, excudebat Petrus Lassus, 1586). [ Links ]

Hevia Bolaños, Juan de, Curia Philippica (Valladolid, en casa de Andrés Merchán, 1605). [ Links ]

Infortiatum, Pandectarum Iuris Civilis […] Ex Pandectis Florentinis, II (Lugduni, 1580). [ Links ]

Lei de organización i atribuciones de los tribunales (Santiago de Chile, Imprenta de La República, 1875). [ Links ]

León, Francisco Jerónimo de, Decisiones Sacrae Regiae Audientiae Valentinae, III (Valentiae, ex Praelo Sylvestri Sparsia, 1646). [ Links ]

Mancino, Vincentio, De iuramento, eiusque vi & effectu, tractatus amplissimo (Venetiis, ex Officina Damiani Zenari, 1601). [ Links ]

Mastrillo, García, De magistratibus eorum Imperio et Iurisdictione. Tractatus, I (Panormi, Apud Franciscum Ciottum Venetum, 1616). [ Links ]

Mongitore, Antonino, Bibliotheca sicula, I (Panormi, ex Typographia Didaci Bua, 1708). [ Links ]

Napoli, M. T., Mastrillo, Garzia, en Dizionario biografico degli italiani, 72 (Roma, 2008), pp. 55-59. [ Links ]

Núñez de Avendaño, Pedro, De exeqvendis mandatis Regvm Hispaniae, qvae rectoribvs ciuitatum dantur (Madriti, Apud Pedrum Madrigal, 1593). [ Links ]

Oya, Francisco de, Promptuario del Consejo de Guerra y Jurisdiccion Militar, en que se refieren el instituto, gobierno y facultades de este Supremo Tribunal, y los casos en que compete, o se limita el fuero militar, por razon de la causa, o personas, según Ordenanzas, y Reales resoluciones. Ordenado por don Francisco de Oya, (Madrid, ¿1734?). [ Links ]

Petra, Petrus Antonius, De fideicommisis, et signanter ex prohibita alienatione resultantibus Tractatus (Placentiae, ex Officina Ioannis Bazachii, 1588). [ Links ]

Ponte, Giovanni Francesco de, Decisionum Supremi Consilii Italiae, Regiae Cancellariae, & Camerae Summariae Regni Neapolitani (Neapoli, ex Typographia Tarquinii Longhi, 1612). [ Links ]

Puteo, París de, De syndicatu […] in materiam Syndictatus omnium Officialium Tractatus (Lugduni, Apud haeredes Iacobi Giunta, 1548). [ Links ]

Río, Martín Antonio del, Tractatus de iuramento calumniae, novus et absolutus (Coloniae Agrippinae, Apud Antonium Hierat. sub Monocerote, 1599). [ Links ]

Rosate, Alberico da, Commentariorum de statutis libi IIII, en Tractatus illustrium in utraque tum Pontificii, tum Caesarei Iuris facultate Iurisconsultorum De Statutis & Consuetudinis & privilegiis, III (Venetiis, Apud Zilletum, 1584). [ Links ]

Rovito, Scipione, In singulas regni Neapolitani Pragmaticas Sanctiones luculenta commentaria (Neapoli, ex Typographia Tarquinii Longi, 1616). [ Links ]

Saxoferrato, Bartolo, Commentaria in primam Codicis partem, (Lugduni, excudebat Dionysius Harcaeus, 1552). [ Links ]

____Commentaria in secundam Infortiati (Lugduni, excudebant Petrus Fradin et Dionysius Harcaeus, 1552). [ Links ]

____In Primam Digesti Veteris Partem (Venetiis, Editio Iuntarum, 1603). [ Links ]

Ubaldis, Baldo de, Eximia lectura accutissimi utriusque interpretis consumatissimi d. B. perusini super tribus libris codicis (Mediolani, per Joannem Angelum Scinzenseles, 1504). [ Links ]

____ In primam Digesti Veteris partem commentaria (Venetiis, apud Iuntas, 1577). [ Links ]

Valanza, Pedro y Pasquier, Pedro, Las Ordenanças, Leyes de Visita, y Arançeles, Pregmaticas, reparos de agravio, y Otras provissiones Reales del Reino de Navarra, impressas por mandado de su Mag. del Rey don Phelippe nuestro señor, y del Illustrissimo Duque de Alburquerque su Visorrey en su nombre, con acuerdo del Regente, y Consejo del dicho Reyno (Estella, por Adrián de Anvers, 1557). [ Links ]

Villarroel, Gaspar de, Gouierno eclesiastico pacifico, y vnion de los dos cuchillos, pontificio, y regio, I (Madrid, por Domingo García Morrás, 1656). [ Links ]

1 Mastrillo, García, De magistratibus eorum Imperio et Iurisdictione. Tractatus, I (Panormi, Apud Franciscum Ciottum Venetum, 1616), lib. II, cap. II, n. 47-51, fol. 176-177: “& ante administrationem praestare tenentur solitum iuramentum de bene administrando […] receptum est de consuetudine totius orbis”, cfr. la entrada en el Index, fol. 41: “Iuramentum praestandum ob officialibus antequam incipiant administrare, est de consuetudine totius mundi”.

2Mongitore, Antonino, Bibliotheca sicula, I (Panormi, ex Typographia Didaci Bua, 1708), p. 251; Pace, Giacomo, La laurea del giurista siciliano Garsia Mastrillo, en Rivista internazionale di Diritto Comune, 9 (1998), pp. 123-140; Napoli, M. T., Mastrillo, Garzia, en Dizionario biografico degli italiani, 72 (Roma, 2008), pp. 55-59; Di Chiara, Francesco, Garsia Mastrillo e Giovanni Francesco Rao. Due facce di uno stesso ceto, en Annali del Seminario Giuridico (Aupa), 62 (2019), pp. 271-286.

3Barrientos Grandon, Javier, La cultura jurídica en la Nueva España (México, Instituto de Investigaciones Jurídicas Unam, 1993), pp. 102, 120.

4Castro, Paulo de, In primam Digesti Veteris partem Commentaria (Lugduni, 1583), ad Digestum, 2,1, Rubrica, n. 1, 16: “Tu dic aliud esse officium, aliud iurisdictionem: quia officium se habet ut continens, iurisdictio ut contenta inhaeret, nam iurisdictio officio, sicut anima corpori”.

5Saxoferrato, Bartolo, In Primam Digesti Veteris Partem (Venetiis, Editio Iuntarum, 1603), ad Digestum, 2,1,1, n. 10, fol. 46r: “Sicut nam aliud est humanitas nostra, seu locutio nostra, aliud est potentia loquendi, quia locutionem deducit in actum: sic aliud est iurisdictio, & aliud est iudicis officium, quod iurisdictionem deducit in actum”.

6Sobre esto, vid. Barrientos Grandon, Javier, La Cámara de Castilla: “Méritos”, “servicios” y “suficiencia” en la provisión de oficios del Consejo de Indias en tiempos de Felipe II (1588-1598), en Boletín de la Academia Chilena de la Historia, 126 (2017), pp. 156-160.

7Ubaldis, Baldo de, Eximia lectura accutissimi utriusque interpretis consumatissimi d. B. perusini super tribus libris codicis (Mediolani, per Joannem Angelum Scinzenseles, 1504), ad. Cod. 10, 10, 5, sin foliar: “Si vacantia. Ista l.[ex] aurea est et scribi deberet de litteris preciosis”.

8Belviso, Jacobus de, Commentarii in Authenticum et Consuetudine feudorum, reed. Opera Iuridica rariora, XII, (Bologna, Forni Editore, 1971), fol. 18: “Administratores iusiurandum prestare debent ut in littera dicit”.

9Saxoferrato, Bartolo, Commentaria in primam Codicis partem, (Lugduni, excudebat Dionysius Harcaeus, 1552), fol. 118v: “Iudices & advocati debent iurari solenniter”.

10Mancino, Vincentio, De iuramento, eiusque vi & effectu, tractatus amplissimo (Venetiis, ex Officina Damiani Zenari, 1601), Pars II, art. XVII, n. 4, fol. 128: “Nulla est hodie Civitas, &, ut puto, nulla quamvis exigua terra, quae sua non habeat particularia Statuta”.

11Fueros y obseruancias de las costumbres escriptas del Reyno de Aragon (Çaragoça, en la Emprenta de Grabiel [sic] Dixar, 1576), lib. I, fol. XXXVIIIr-v.

12Valanza, Pedro y Pasquier, Pedro, Las Ordenanças, Leyes de Visita, y Arançeles, Pregmaticas, reparos de agravio, y Otras provissiones Reales del Reino de Navarra, impressas por mandado de su Mag. del Rey don Phelippe nuestro señor, y del Illustrissimo Duque de Alburquerque su Visorrey en su nombre, con acuerdo del Regente, y Consejo del dicho Reyno (Estella, por Adrián de Anvers, 1557), Ordenanças hechas sobre la Visita del Licenciado Valdes, por el Emperador don Carlos, y doña Ioana su madre Reyes deste Reyno de Navarra, fol. XIIr, ord. III.

13Ídem, fol. LVr, Ordenanças Reales hechas a pedimento de los tres estados, en el año de mil quinientos quarenta y siete, y dadas a las ciudades, y buenas villas deste Reyno, ord. I.

14Constitución política de la Monarquía española. Promulgada en Cádiz a 19 de Marzo de 1812 (Cádiz, en la Imprenta Real, 1812), p. 101.

15Ibíd., p. 77.

16Ibíd., pp. 34, 37, 53, 58, 61, 68, 92.

17Constitución Política del Estado de Chile, promulgada en 29 de diciembre de 1823 (Santiago de Chile, Imprenta Nacional), 1823, p. 78.

18Constitución de la República de Chile, jurada y promulgada el 25 de mayo de 1833 (Santiago de Chile, Imprenta de La Opinión, 1833), p. 45.

19Lei de organización i atribuciones de los tribunales (Santiago de Chile, Imprenta de La República, 1875), pp. 56-57.

20Ibíd., p. 78.

21Mancino, Vincentio, cit. (n. 10); Del Bene, Thomas, Tractatus de iuramento (Lugduni, Sumptibus Ioannis Antonii Hugvetan & Guillielmi Barbier, 1669).

22Gutiérrez, Juan, Tractatus de iuramento confirmatorio & alijs in iure varijs resolutionibus (Salmanticae, excudebat Petrus Lassus, 1586).

23Caroccius, Vincentius, Tractatus de iuramento litis decisorio, novus et luculentulus (Coloniae, Apud Ioannem Gymnicum, sub Monocerote, 1596).

24Río, Martín Antonio del, Tractatus de iuramento calumniae, novus et absolutus (Coloniae Agrippinae, Apud Antonium Hierat. sub Monocerote, 1599).

25Saxoferrato, Bartolo, Commentaria in secundam Infortiati (Lugduni, excudebant Petrus Fradin et Dionysius Harcaeus, 1552), fol. 134v, ad Dig. 31, 1, 36, pr.

26Castro, Paulo de, In Secundam Infortiati partem Commentaria (Venetiis, Societas Aquilae se renovantis, 1594), ad Dig. 31, 1, 36, pr., n. 4, fol. 81r: “In officiis secularibus tres actus interveniunt, electio, ut hic cum dicit (designatus est) quae dicitur fieri cum extrahitur de bursa secundum communem usum. Item acceptatio, dum dicit (edidit). Item ingressus in officium, dum dicit (ingressus est), & sic verum quod non dicatur consul, vel potestas, vel alius officialis antequam ingrediatur officium, quod tangit Bar. hic”; Boerius, Nicolas, Decisionum aurearum in Sacro Burdegalensis Senatu olim discussarum ac promulgatarum, I, (Lugduni, Apud Antonium Vincentium, 1558), dec. CXLIX, n. 6, fol. 278: “Et tria in istis officiis secularibus considerantur, secundum Barto. Pau. de Cast. Imo. & Sozin. in l. Publius, ff. de condit. & demonstra. Praemiorum designatio, ut patet per illum tex. dum dicit designatus […] Secundum acceptatio, ut patet in d. l. Publius, in text. ibi munus edidit […] Tertium exercitium officii, quod probatur per illum text. in verb. ingressus est”.

27Avilés, Francisco de, Nova diligens ac perutilis expositio capitum seu legum praetorum (Methimnae Campi, excudebat Mathaeus a Canto, 1557), cap. I, Cartas, n. 10, fol. 23r: “In istis officiis iurisdictionum adde, quos tria requiruntur, s. electio, & acceptio, & ingressus officii”; Fernández de Otero, Antonio, Tractatus de officialibus reipublicae necnon oppidorum utriusque Castellae, tum de eorundem electione, usu & exercitio (Lugduni, Sumptibus Marci & Joan. Anton. Huguetan Fratrum, 1682), cap. VI, n. 3, fol. 38. “In officiis tria requiruntur electio, acceptatio, & ingressus officii”.

28León, Francisco Jerónimo de, Decisiones Sacrae Regiae Audientiae Valentinae, III (Valentiae, ex Praelo Sylvestri Sparsia, 1646), dec. XXXVIII, n. 24, fol. 185v: “In officio tria requiruntur electio, acceptatio & ingressus officii”.

29Puteo, París de, De syndicatu […] in materiam Syndictatus omnium Officialium Tractatus (Lugduni, Apud haeredes Iacobi Giunta, 1548), § In officiis, n. 1, fol. 122r: “In officiis tria requiruntur scilicet electio, acceptatio, & ingressus officii, l. publius de condi. & demonstra.”; Franchis, Vincenzo de, Corpus decisionum Sacri Regii Consilii Neapolitani (Coloniae Agrippinae, Apud Ioannem Gymnicum sub Monocerote, 1599), dec. LXII, n. 10, fol. 144: “Nam dato, quod in adquisitione dignitatis tria tempora considerentur, scilicet tempus electionis, tempus acceptationis, seu tempus acceptationis codicillorum, & tempus administrationis seu gestionis”; Ponte, Giovanni Francesco de, Decisionum Supremi Consilii Italiae, Regiae Cancellariae, & Camerae Summariae Regni Neapolitani (Neapoli, ex Typographia Tarquinii Longhi, 1612), dec. XXVII, n. 16, fol. 160: “Quae omnia sunt iuria conformia, cum tria considerentur in officiis iuxt. text. in l. publius, ubi Bart. Soccin. & alii, de cond. & demon. videlicet titulus, acceptatio, & exercitium”; Georgio, Giovanni Andrea de, Repetitionum feudalium (Neapoli, Ex Typographia Io. Dominici Roncalioli, 1620), cap. XXXV, n. 20, fol. 218: “In officiis autem satis erunt titulus & acceptatio sicut in beneficiis, exercitium vero seu possessio non proficit ad titulum DD. in l publius ff. de condit. & demonstrat.”; Rovito, Scipione, In singulas regni Neapolitani Pragmaticas Sanctiones luculenta commentaria (Neapoli, ex Typographia Tarquinii Longi, 1616), De baronibus, pragm. V, n. 8, fol. 79: “Ut officiali electo acquiratur ius inconcussum ad ipsum officium, tria necessario requiruntur; electio eius, ad quem spectat electio; acceptatio ipsius electi & administratio sive ingressus ipsius officii, ut probat optime tex. in l. publius de cond. & demonstr. ubi Bart. Paul. Imol. & Socc.”.

30Giurba, Mario, Tribunalium Siciliae decisae observationes (Coloniae Agrippinae, Apud Wilhelmum & Franciscum Metternich, 1688) obs. CX, n. 1, fol. 369: “In Officiis tria considerentur, titulus, acceptatio, & exercitium, l. publius, ubi Bart. Soc. & aliis ff. de condit. & demonstr.”.

31Alfaro, Francisco de, Tractatus de officio fiscalis, deque fiscalibus privilegiis (Vallesoleti, apud Ludovicum Sanchez, 1606), glos. XXVII, n. 1, fol. 249: “Et ex tribus quae desiderantur ad obtinendum officium, secundum Bart. Paul. & Soci. in l. Publius, de cond. & demonstr. quos refert Boer. dict. decis. 149, primum requiritur titulus; secundum acceptatio; trium, exercitium”; Villarroel, Gaspar de, Gouierno eclesiastico pacifico, y vnion de los dos cuchillos, pontificio, y regio, I (Madrid, por Domingo García Morrás, 1656), q. I, art. X, n. 51, fol. 93: “El señor Doctor Alfaro, que conoci Oydor de Lima […] y en la glosa 27 de tituli praesentatione […] primum requiritur titulus; secundum acceptatio; tertium exercitium”; Fuente Alanis, Esteban Lorenzo de la, Discurso juridico sobre la exclusion de los oficiales del numero acrescentados, y supernumerarios de la Secretaria de Nueva-España, en el rateo de los mil ducados de renta al año de ayuda de Costa ordinaria, que su Magestad concedio a los Oficiales de dicha Secretaria (Méjico, por Francisco Rodríguez Lupercio, 1680), n. 65: “No bastando la eleccion para adquirir el derecho al oficio, ut ibidem iste author; pues se requieren tres cosas para obtenerle; el titulo, la acetacion, y el exercicio. Bartholus, Paulus de Castro, & Socinus in leg. Publius ff. de Condit. & demonstrat. Boeri decis. 149 & 159, idem Alfar. Glos. 27, num 2”.

32Rosate, Alberico da, Commentariorum de statutis libi IIII, en Tractatus illustrium in utraque tum Pontificii, tum Caesarei Iuris facultate Iurisconsultorum De Statutis & Consuetudinis & privilegiis, III (Venetiis, Apud Zilletum, 1584), lib. III, quaest. XCI, n. 4, fol. 83v: “Est est bona similitudo haeredis instituti, ad electionem officialis, cum in utroque tria tempora considerentur, ff. de consi. & demon. l. publius”.

33Ubaldis, Baldo de, In primam Digesti Veteris partem commentaria (Venetiis, apud Iuntas, 1577), ad Dig. 1, 14, 13, n. 24, fol. 55v: “Certe tria requiruntur, s. electio, acceptatio & ingressus officii […] quo facto etiam antequam aliquid gerat, est in possessione […] an vero nihil agere potest nisi causaliter […] vel dic quod cum iurisdictio semper debeat precedere iurisdictionis exercitium, quod in iurisdictionis exercenda atenditur superioris collatio, non precedens quasi possessio iurisdictionis collatae”; Puteo, Paris de, cit. (n. 29), § In officiis, n. 1-7, fol. 122r-123r: “In officiis tria requiruntur scilicet electio, acceptatio, & ingresus officii l. publius de condi. & demonsta. quo acto est in quasi possessione officii l. j de offi praefec. augu. ante vero non potest gerere l. praedio in fi. ff. de feriiis, quia iurisdictionem semper debet praecedere exercitium […] quod differentia est inter officium & exercitium eius […] Officialis qui non administrant non habetur pro creato, l. & si coaequalitas, in fi. ff. de excusat. tuto. ubi dicit Bal. quod non prodest creatio, nisi sit secuta administratio, & facit l. sola ff. de decu. tamen dicit Barto. ibi in versi, primipilatus quod quando privilegium vel beneficium conceditur ratione officii non sufficit officium in habitu, sed requitur in actu & habitu”.

34Puteo, Paris de, cit. (n. 29), § Iuramentum, n. 1, fol. 158v: “Officiales antequam officium recipiant debent iurare […] & in tale iureiurando administratio accipitur […] Item recipiat de iuramento & sine iuramento isto non potest per aliquem exerceri officium: & qui exercet tenetur eadem poena qua tenetur is qui propria autoritate officium sibi usurpat, & sic poena criminis maiestatis”; Boerius, Nicolas, cit. (n. 26), dec. CXLIX, n. 9, fol. 278: “Et istud exercitium recipit praestito iuramento”.

35Agi. Indiferente General 865, “Títulos de Presidentes del Consejo desde 1579”, exp. sin numerar.

36Argn. Comptos Reales, Mercedes, libro 21, fol. 230v-231r.

37Agi. Patronato, 276, n. 4, r 105.

38Argn. Comptos Reales, Mercedes, libro 7, fol. 41v-42r.

39Castro, Paulo de, cit. (n. 26), ad Dig. 31, 1, 36, pr., n. 4, fol. 81r: “In officiis secularibus tres actus interveniunt, electio, ut hic cum dicit (designatus est) quae dicitur fieri cum extrahitur de bursa secundum communem usum”.

40Vid. notas 29 y 30.

41Vid. nota 31.

42Alfaro, Francisco de, cit. (n. 31), glosa XLI, n. 1, fol. 350-351: “Cum Titulus ad officium obtinendum sit necessarius, ut supra probavimus, gloss. 27”.

43Ibíd., fol. 351: “Y por esta mi carta, & is titulus in scriptis debeat ese, ex Rebuff. in praxi ben. titu. de forma literatum tonsurae, numer. 22, cum tribus seqq. & tradit Aviles ca. I, praetor verb. Cartas”.

44Ibíd., Initium, n. 5, fol. 2: “Ad hoc autem nil melius, aut aptius mihi visum fuit, quam officii mei titulum vel, ut vulgari vocabulo utar, provision, glossis, seus apostillis explicare”.

45Ibíd., glosa XXVII, n. 1, fol. 249: “Hunc titulum exhiberi a me iubet, nam titulus hic & literae Regiae ostendi debent ante receptionem, si enim no ostendantur, receptio fieri non debet”.

46Así, por ejemplo, en el despachado en Lisboa el 4 de noviembre de 1581 a favor del licenciado Diego Venegas, de juez asesor de la Casa de la Contración, se decía: “Por la presente mandamos a los dichos nuestro presidente y demas jueces officiales della que luego que ante ellos os presentaredes con esta nuestra provision tomen y rresçivan de bos el juramento y con la solenidad que en tal caso se requiere el qual por bos asi echo os rrescivan al uso y exerçiçio del diho officio y os den el lugar que por razon del deveys de tener en la dicha audiençia y os le dexen exerçer en todas las cossas que como dicho es lo hazia y podia hazer el dicho liçençiado salgado […]”, en Agi. Contratación, 5.784, l. 3, fol. 19r-19v.

47Alfaro, Francisco de, cit. (n. 31), glosa XXVII, n. 1-3, fol. 249: “Non enim in officiis titulus per testes probari potest, Aviles dict. cap. 2 num. 9 […] Primus autem titulus requiritur, qui praecise necessarius est, nec aliter potest probari, nisi literis ipsis, non per testes, ut ex Aviles […]”.

48Boerius, Nicolas, cit. (n. 26), dec. CL, n. 6-7, fol. 281: “Dominic. De sancto Geminiano […] loquitur de officio cubicularii papae, dicens quod duplex est receptio, una iuris, alia facti, per primam acquiritur titulus, per secundam acquiritur possessio, vel quasi […] Ita quod licet secundum Dominic. literae Vicecancellarii attestentur, quos quis tale die per Papam fuerit receptus in cubiculaium, ac iuravit, quod probant receptionem facti, non tamen probant receptionem iuris, quae praecedere debet illius facti receptionem. Et sic actu no habitu habebat officium, quoniam actus sonat in factum, & habitus ius designat. Ergo necessario concludit illum non fuisse cubicularium pro praesenti, quo ad titulum cubicularius, ex quo non constabat de titulo, sed solum de possessione; sed hic de utroque. Et pro hoc dicit Bald. per aliquos allegatus in l. & si coaequatio, in fin. ff. de excusat. tuto. quod non prodest creatio, nisi sis subsequuta administratio”; cfr. Petra, Petrus Antonius, De fideicommisis, et signanter ex prohibita alienatione resultantibus Tractatus (Placentiae, ex Officina Ioannis Bazachii, 1588), n. 213, fol. 367: “Nec enim sufficit officium in habitu, sed requiritur in habitu, & actu”.

49Ags. Secretarías Provinciales, leg. 1.469, exp. sin numerar, “D. Juan López de Zárate al duque de Lerma”, Madrid, 11-IV-1611.

50Ibíd.

51Ibíd.

52Ibíd., “El duque de Lerma a D. Juan López de Zárate”, Aranjuez, 16-IV-1611.

53Ags. Secretarías Provinciales, libro 635, fol. 125v-126v.

54Aca. Consejo de Aragón, leg. 16, exp. sin numerar.

55Ibíd.

56Vid. Barrios, Feliciano, El Consejo de Estado de la Monarquía española 1521-1812 (Madrid, Consejo de Estado, 1984), pp. 226-228.

57Ags. Estado, leg. 2.466, exp. sin numerar; cfr. Barrios, Feliciano, cit. (n. 56), p. 552.

58Ahn. Estado, leg. 883, n. 1; cfr. Ahn. Inquisición, libro 384, fol. 1r.

59Aga. Consejo Supremo de Guerra y Marina, caja 116, exp. 18.

60Aga. Consejo Supremo de Guerra y Marina, Signatura original, caja 519, exp. 16.

61Ahn. Estado, leg. 6.403-2, n. 297; cfr. Ahn. Estado, leg. 6.403-2, n. 243; Gaceta de Madrid, 6-VI-1724, Nº 23, p. 92; Oya, Francisco de, Promptuario del Consejo de Guerra y Jurisdiccion Militar, en que se refieren el instituto, gobierno y facultades de este Supremo Tribunal, y los casos en que compete, o se limita el fuero militar, por razon de la causa, o personas, según Ordenanzas, y Reales resoluciones. Ordenado por don Francisco de Oya, (Madrid, ¿1734?), fol. 5.

62Oya, Francisco de, cit. (n. 61), fol. 10-11.

63Ibíd., fol. 10.

64Ibíd., fol. 11.

65Vid. notas 26, 27, 29 y 31.

66Georgio, Giovanni Andrea de, cit. (n. 29), cap. XXXV, n. 20, fol. 218: “In officiis autem satis erunt titulus & acceptatio sicut in beneficiis, exercitium vero seu possessio non proficit ad titulum DD. in l publius ff. de condit. & demonstrat.”

67Hevia Bolaños, Juan de, Curia Philippica (Valladolid, en casa de Andrés Merchán, 1605), Part. I, § 3, n. 1, fol. 46.

68Puteo, Paris de, cit. (n. 29), § Iuramentum, n. 8, fol. 159v: “Officialis novus habet iurisdictionem post introitum palatii & iuramentum praestitum”.

69Núñez de Avendaño, Pedro, De exeqvendis mandatis Regvm Hispaniae, qvae rectoribvs ciuitatum dantur (Madriti, Apud Pedrum Madrigal, 1593), Pars Prima, cap. II, n. 1, fol. 62: “Adeo correctores, & alii iudices tenentur in introitu officii iuramentum praestare […] quod antequam huiusmodi praestetur, non competit eius iurisdictio”.

70Ídem, Pars Prima, cap. II, n. 2, fol. 66: “Et in tantum est necessaria, & pro forma solemnitas huius iuramenti, quod sententia a iudice intenso sine praestatione huiusmodi iurisiurandi lata, est nullius momenti”; cfr. Azevedo, Alfonso de, Commentariorum Iuris Civilis in Hispaniae Regias Constitutiones, I (Madriti, in aedibus Petri Madrigal, 1599), ad Rec. 3, 9, 3, n. 5, fol. 331: “Et in tantum, inquit ipsemet Avendaño, quod si antequam iuramenta haec praestiterit aliquid iudicaverint, totum quod iudicatum fuerit, erit nullus”.

71Puteo, Paris de, cit. (n. 29), § Iuramentum, n. 2, fol. 158v-159r: “Et iuramentum tale habet effectum quod licet officialis non habeat iurisdictionem incontinenti cum ingrediatur civitatem, tamen habebit postquam iuravit, & administratio sibi decreta est”.

72Fueros y obseruancias, cit. (n. 11), lib. II, fol. XXXVIIIr-XXXVIIIv: “Omnes officiales & iudices omnium locorum nostrorum regni Aragonum & omnium locorum praelatorum religiosorum, nobilium, militum, & infantionum videlicet iusticie, çalmedinae, supraiunctarii, baiuli, alcaydi, pedagiarii, lezdarii, arrendadores, & omnes alii officiales iurent in principio sui officii vel sue administrationum, toto tempore suo, bene & legaliter gerere officium suum […]”.

73Ídem, lib. III, fol. LXVIr: “Los quales en el principio de sus officios, y antes que de aquellos puedan usar, sean tenidos prestar juramento en poder de su magestad, o del lugarteniente general, en absencia del, en poder del regiente el officio de la governacion; y recebir sentencia de excomunion de haverse bien e fielmente en el dicho su officio; y de guardar fueros, e libertades, usos, y costumbres del presente reyno de aragon; y de hazer tener, servar y cumplir cada uno dello todo aquello que por los presentes fueros esta dispuesto y ordenado”.

74Valanza, Pedro y Pasquier, Pedro, cit. (n. 12), fol. LVr, Ordenanças Reales hechas a pedimento de los tres estados, en el año de mil quinientos quarenta y siete, y dadas a las ciudades, y buenas villas deste Reyno, ord. I.

75Azevedo, Alfonso de, cit. (n. 70), ad Rec. 3, 9, 3, n. 5, fol. 331: “Pro quo est tex. in praesenti, ibi Y antes que usen. Iis verbis eos inhabiles reddens ad iudicandum, & officium exercendum ante iuramentorum horum praestatione”.

76Alfaro, Francisco, cit. (n. 31), gl. XXIX, n. 2, fol. 252: “In l. 14, tit. 22, lib. 5, & prohibetur tabellio testimonium dare receptionis Correctoris, nisi prius iuraverit”.

77Agi. Indiferente General, 420, l. 9, fol. 92r. La misma cláusula en el título despachado, en Valladolid el 26 de febrero de 1527, a favor de Pedro Manuel, Agi. Indiferente General, 421, l. 12, fol. 21v: “Por esta nra carta mandamos al nro grand chanciller y a los del nro consejo de las Yndias que rresçiban de vos el dho liçençiado p.º manuel el juramento e solepnydad que en tal caso se acostumbra y segund las leyes de nros rreynos deveis fazer el qual por vos fecho vos ayan e rresçiban por uno de los del nro consejo de las Yndias e rrescivan vro boto y en el bos admitan […]”.

78Ponte, Giovanni Francesco de, cit. (n. 29), dec. XXVII, n. 15, fol. 160: “Ex his patet, quod minime obstat defectus minoris aetatis, quia Rex informatus, & ex certa scientia concedit, & intelligitur dispensasse, & non ex eo, quod non habet exercitium, & administrationem, non dicitur habuisse officium ex praeallegatis; quia censetur est Rex dispensasse, & intellexisse, ut inter per aliam personam idoneam exerceat, & non ex eo iuramentum non praestitit propterea officium non acquisivit, & intelligitur minor habilitatus usque ad tempus aetatis perfectae”.

79Ibíd., dec. XXVII, n. 17-18, fol. 161: “Quod intelligatur effectus Castellanus statim renuntiatione ante iuramentum praestitum, & si interim lex admittit substitutum, & ita est consuetudine universalis; cumque haec praestatio iuramenti sit solemnitas requisita post actum in esse deductum, dicitur solemnitas, non substantialis, nec formalis, sed effectualis, quae cum non habeat tempus limitatum & ante oppositionem sit adimpleta, propterea vanum est undique tractari nullitati renuntiationis ob defectum iuramenti”.

80Agi. Chile, 223, “Oidores, títulos desde 1620”, exp. sin numerar.

81Ibíd.

82Ahn. Estado, leg. 6.380-1, n. 20.

83Ahn. Consejos, libro 733, fol. 157v-159v; también en Agi. Indiferente General, 865, sin numerar.

84Rovito, Scipione, cit. (n. 29), De officialibus & quae iis prohibeant, pragm. IV, n. 2, fol. 422: “Nec tale iuramentum remitti potest”.

85Agi. Patronato, 284, n. 2, r. 12. Título de oidor de la Real Audiencia de la Plata a favor de Antonio López de Haro, Valladolid, 3 de octubre de 1558.

86Agi. Patronato, 293, n. 23, r. 24. Título de oidor de la Real Audiencia de Manila a favor de Andrés de Alcaraz, Valladolid, 28 de septiembre de 1601.

87Ahn. Fc-Mº-Hacienda, leg. 1.249, exp. 85, Título del Consejo Real de Castilla despachado por el Consejo de Regencia, en Cádiz el 22 de agosto de 1811, a favor de José Antonio Larrumbide, en el que se lee: “Y mando al Decano y los del mi Consejo que reciviendo de vos en persona el juramento acostumbrado, os admitan, hayan y tengan por Ministro efectivo de él, y os guarden y hagan guardar todas las honras, gracias, mercedes preeminencias, ecsenciones y prerrogativas que debeis haber y gozar y os deben ser guardadas, todo bien y cumplidamente, sin faltar en cosa alguna; pues yo por la presente os recibo y he por recibido al uso de este cargo, y os doy poder y facultad para egercerle en la misma forma que lo han egercido y usado y egercen los demas Ministros que han sido y son del mi Consejo, sin diferencia alguna […]”.

88Alfaro, Francisco, cit. (n. 31), glosa XXIII, n. 1-3, fol. 259-260: “His verbis regulariter illa solent adiici: caso que por ellos o por alguno dellos non seays recebido […] & ita resolvuntur in conditione […] Et quem Princeps elegit, nullus debet indignus reputare […] Electio enim Principis alia confirmatione non indiget […] Et licet haec clausula apponi solita, apposita censeatur […] & nullo modo potuit receptio impediri”.

89Ibíd., glosa XXIX, n. 1, fol. 252: “Ecce secundum quod supra glo. 27 diximus requiri ad officii adeptionem, acceptatio scilicet; nam sine acceptatione Principis beneficium non confertur”.

90Ahn. Estado, leg. 6.399-1, n. 116.

91Del Bene, Thomas, cit. (n. 21), dub. I, n. 11, fol. 3: “Additur itaque in iuramenti definitione supra tradita loco differentiae, ‘ad finem faciendam, vel promissionem firmandam’, qui est finis iurandi ex Apostolo ad Hebr. 6, iuramentum est finis omnis controversiae, cum per iuramentum manifestetur & confirmetur veritas”.

92Ídem, dib. I, n. 9, fol. 3: “Duo requiruntur ad essentiam iuramenti, scilicet intentio iurandi, seu faciendi Deus testem, & locutio, qua Deus advocatur in testem”.

93Ponte, Giovanni Francesco de, cit. (n. 29), dec. XXVII, n. 18, fol. 161; Núñez de Avendaño, Pedro, cit. (n. 69), Pars Prima, cap. II, n. 2, fol. 66: “Et in tantum est necessaria, & pro forma solemnitas huius iuramenti, quod sententia a iudice intenso sine praestatione huiusmodi iurisiurandi lata, est nullius momenti”.

94Argn. Comptos, mercedes Reales, libro 2, fol. 206r. Privilegio de alcalde de la Corte Mayor de Navarra, despachado en Bruselas el 4 de julio de 1549, a favor del licenciado Martín Bermúdez.

95Infortiatum, Pandectarum Iuris Civilis […] Ex Pandectis Florentinis, II (Lugduni, 1580), ad Dig. 35, 1, 36, pr., col. 1284: “Edidit] id est professus est se suscepturum. Accursius”.

96Alfaro, Francisco, cit. (n. 31), glosa XXIX, n. 1, fol. 252: “Qui autem iurat nulli dubium est, acceptare, argu. l. Publius, 36 in prin. & ibi glo. ver. munus edidit, de condit. & demonst.”.

97Ibíd.: “In signum ergo acceptationis, & ante receptionem iurare debet, omnia se recte & secundum officii obligationem expedire”.

98Fuente Alanis, Esteban Lorenzo de la, cit. (n. 31), n. 65.

99Ags. Patronato, leg. 10, doc. 54.

100Avilés, Francisco de, cit. (n. 27), Proemium, n. 1, fol. 17: “Quinimo antequam iurent, licet sint nominati, & recepti, non sunt iudices, nec habent potestatem iudicandi […] quod iuramentum debet praecedere investituram corporalem”.

101Castillo de Bobadilla, Jerónimo, Politica para corregidores y señores de vassallos en tiempo de paz y de guerra (Madrid, por Luis Sánchez, 1597), lib. I, cap. XII, n. 16, fol. 237.

102Avilés, Francisco de, cit. (n. 27), Proemium, n. 14, fol. 18: “Sed in quantum dicta l. parti. & ordina. tenent, quod tale iuramentum debet recipere Rex ex iudicibus antequam exerceant officium, hoc non est in usu: Sed concilia civitatis hoc iuramentu recipiunt ex iussione regis, ut patet in provisionibus officiorum ibi: E stando juntos en vuestro consejo, cabildo, o ayuntamiento, según que lo aveis uso, & costumbre, recibades del dicho fulano el juramento, y solemnidad, y que en tal caso se acostumbra a hazer: el qual por el hecho, le recibades, y tengades por nuestro corregidor”.

103Ahn. Consejos, libro 1.170, fol. 1r.

104Ibíd., fol. 448r.

105Argn. Comptos, Merces Reales, libro 2, fol. 196v.

** Abreviaturas: Aca. = Archivo de la Corona de Aragón (Barcelona). Aga. = Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares). Agi. = Archivo General de Indias (Sevilla). Ags. = Archivo General de Simancas (Simancas). Ahn. = Archivo Histórico Nacional (Madrid). Argn. = Archivo del Reino y General de Navarra (Pamplona).

Recibido: 30 de Abril de 2020; Aprobado: 19 de Junio de 2020

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