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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.24 Valparaíso  2002

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552002002400034 

Zambrana Moral, Patricia, Derecho Concursal Histórico, I: Trabajos de Investigación (Barcelona, 2001), 243 págs.

El primer aspecto que trata Patricia Zambrana en esta monografía se refiere a la insolvencia en los derechos de la antigüedad (págs. 35 - 47), remontándose a las Leyes de Esnunna (arts. 6 y 22 a 24), donde se plantea el supuesto de un embargante sin derecho que retenía ilegalmente bienes, esclavos o incluso la esposa o hijo de otro. En el Código de Hammurabi se preveía el pago de la deuda mediante la venta de la esclava o su entrega, así como otras medidas. Sobre los primitivos Derechos peninsulares todavía hoy existen numerosos interrogantes, si bien las fuentes literarias dejan patente que no podía hablarse de un procedimiento de ejecución colectivo, aunque sí de una insolvencia referida a la ejecución singular sin demasiados requisitos formales (p. 40). Por otra parte, el Deuteronomio venía a establecer todos los presupuestos necesarios para que el acreedor cobrase su deuda y pudiera ejercitar y reclamar su derecho de prenda.

A continuación se procede al análisis de la cessio bonorum en el Derecho concursal romano (pp. 49 -171). La desaparición de la esclavitud por deudas en Roma se remonta al cruel comportamiento del usurero Lucio Papirio. A partir de este momento se vendría a limitar la responsabilidad por deudas a los bienes del deudor y no a la persona del mismo. La Lex Poetelia Papiria puede considerarse como precedente de la cessio bonorum y liberaba a los esclavos de las deudas (nexum) si juraban no tener liquidez (juramentum bonae copiae) y hacer frente al pago si mejoraban su fortuna. En cuanto a las leyes romanas aplicables a España parece que tan sólo la Lex Coloniae Genitivae preveía la prisión por deudas.

Patricia Zambrana sitúa los orígenes de la cesión de bienes en una Ley Julia del año 17 a. de C., y entiende, con apoyo doctrinal, que la cessio bonorum «constituye el germen del actual concurso de acreedores, mientras que las instituciones de la missio in bona debitoris, bonorum venditio y bonorum distractio han de considerarse como el origen del actual juicio universal de la quiebra» (p. 83). La bonorum venditio tenía dos fases: la primera era la missio in bona debitoris que consistía en una especie de embargo de los bienes del deudor, por lo que se exigía una sentencia condenatoria y el incumplimiento de la obligación correspondiente. La segunda fase del procedimiento, una vez transcurridos todos los plazos previstos, implicaba la venta de los bienes, que tenía por objeto la totalidad del patrimonio (carácter universal). Entre los acreedores se nombraría a un magister bonorum como órgano concursal encargado de llevar a cabo la venta y adjudicar los bienes al mejor postor. La bonorum venditio tenía como efectos los siguientes: la desposesión y la infamia del deudor, al mismo tiempo que pierde las acciones ex ante gesto, si bien continúa obligado para con aquellos acreedores que no han cobrado. Estos créditos tenían un orden de preferencia: en primer lugar los hipotecarios o garantizados, a continuación se situarían los privilegiados que tenían pago preferente, y en tercer lugar los quirografarios que estaban reconocidos en un documento anteriormente suscrito por el deudor y por último todos los restantes. Por su parte, la bonorum distractio tenía sus orígenes en la época de Diocleciano, tras la supresión del sistema formulario. El procedimiento tiene igualmente dos fases: la missio in possessionem y la venta propiamente dicha. Se había previsto la situación de rebeldía del demandado; si estaba en búsqueda o no contestaba a la demanda no había lugar a condena, sino que el demandante estaba obligado a presentar pruebas que acreditasen sus argumentaciones para que sus pretensiones se vieran satisfechas. En la distractio existía un único plazo para proceder a la venta, a diferencia de la bonorum venditio. La función administradora y para la venta en la distractio correspondía a una sola persona. En realidad, el curador tan solo tenía una restricción para enajenar los bienes, ya que necesitaba autorización previa del magistrado y de esta forma se simplificaban las formalidades judiciales de la venditio. Otra posibilidad consistía en que los mismos acreedores pudiesen llevar a cabo dicha venta sin necesidad de que interviniese otra persona. La bonorum distractio producía efectos tanto sobre el deudor en cuanto que disminuye la nota infamante, si bien podían seguir siendo perseguido sus bienes futuros, como en el comprador en cuanto que se trata de una venta de objetos individualizados y en los mismos acreedores. Aquellos acreedores que no compareciesen en el plazo de dos o cuatro años perdían todo derecho para ejercitar cualquier tipo de acción.

Para proceder a la cesión de bienes debían cumplirse los siguientes requisitos: que existiera una deuda y que fuera reconocida la misma a través de una condena judicial o la misma confesión del deudor, y que el cedente tuviese efectivamente los bienes cedidos. De lo que no cabe duda es que la cesión tenía que referirse a la totalidad de los bienes del deudor y sólo podían excluirse ciertos derechos personales. En ningún caso podía afectar a los derechos de terceros, ni podían formar parte de la cesión los bienes que el deudor tenía simplemente en posesión. Por el contrario, sí podían cederse los bienes presentes, sus intereses y frutos, así como los créditos condicionales. Se ha discutido sobre si era necesaria o no la buena fe para admitir la cesión de bienes (pp. 137 y ss.). Patricia Zambrana es de la opinión de que "debía limitarse únicamente al deudor de buena fe, precisamente por su condición de beneficio sin embargo nada nos demuestra que no se hubiese aplicado, al menos en un principio, a cualquier clase de deudor por la falta de precisión en las leyes, aunque en caso de laguna legal debería acudirse a una aplicación analógica de las normas existentes teniendo en cuenta los intereses de las partes afectadas, y, en este supuesto, habría que atender al interés concreto de un acreedor (o varios) frente a un deudor de mala fe".

La cessio bonorum romana estaba configurada como un beneficio para el deudor, pero con el tiempo se llegó a permitir que los acreedores concediesen a aquél una espera de cinco años para que pudiera pagar las deudas contraídas. Por ello hubo que establecer unos criterios a seguir en caso de que fueran varios los acreedores, a la hora de determinar si se concedía o no dicha prórroga y en qué términos y con qué requisitos formales vinculaba a cada uno de ellos (pp. 147 y ss.). Si la cessio bonorum se llevaba a cabo, tenía lugar la missio in possessionem. Estaban habilitados para solicitar la puesta en posesión todos los acreedores que tuvieran créditos reconocidos por el cedente. Otro aspecto es que la cessio bonorum no transmitía el dominio sino que únicamente facultaba a los acreedores para la venta de los bienes y de esta forma hacer pago a sus créditos. Con ello se evitaba la prisión al deudor que era el principal efecto de la cessio bonorum, aparte de la liberación de la infamia en sentido jurídico.

El tercero de los capítulos contempla la cesión de bienes en el ámbito más amplio del Derecho Común Europeo (pp. 173 - 242) (tema que es ampliado en su Iniciación histórica al Derecho concursal: planteamientos institucionales, Ediciones y Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2001). Se detiene en la literatura jurídica y analiza la obra de diversos juristas italianos como Azzo, con su Summa Aurea, o la Odofredo donde reflexiona sobre el privilegio de los acreedores que efectuaban un préstamo para la reparación de un edificio, tema tratado en D. 42, 3, 1, o las glosas de Cino da Pistoia (c. 1270 - 1336) a C. 7, 71. Otro de los grandes juristas italianos, Bartolo da Sassoferrato (c. 1313 - 1357) ha considerado que la cesión de bienes no suponía una plena liberación, sino que lo único que evitaba en un principio era la prisión para el cedente. También recoge Zambrana Moral los comentarios de Baldo degli Ubaldi (1327 - 1400) y Angelo degli Ubaldi sobre la naturaleza jurídica de la cesión de bienes, así como los de Matteo Bruno, Bartolomeo Soccini (c. 1436 - 1507), Alberico da Rosciate, Iacopo Bottrigari, Giacomo de Puteo y Andrea Alciato, entre otros. La diferenciación entre la cesión de bienes y la promesa de cesión ha sido objeto de estudio por parte de Fabiano de Monte y Francesco Zoannetto. Otros juristas que han tratado esta institución han sido Giovanni Domenico Gaito, Giuseppe Mascardi, Giovanni Francesco Sanfelicio o Marcantonio Savelli. Dentro de la doctrina gala reseña la labor de Jacques de Révigny, Pierre de Belleperche, Guy Pape, Jacques Cujas (1522 - 1590) y Denis Godefroy, entre otros. En la literatura jurídica catalana destaca Tomàs Mieres, Joan Pere de Fontanella (1576 - 1680), Jaime Cáncer (1559 - 1631), etc. Entre los pandectistas más recientes menciona a Heinrich Dernburg, J.A. Seuffert, Karl A. von Vangerow, August Leyser, Otto Wendt, Ferdinand Regelsberger y J. Baron.

Este es la primera de una serie de monografías que Patricia Zambrana dedica al estudio del Derecho Concursal Histórico, con la claridad e ingenio destacables que caracterizan a esta autora. Hace un estudio desde las instituciones más antiguas hasta los pandectistas, con gran rigor metodológico. En su haber cuenta con numerosas obras de temas diversos, pero quizá estas últimas son las que vienen a consagrarla en el estudio de instituciones jurídicas romanas y del derecho de la recepción.

Guillermo Hierrezuelo Conde

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