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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.24 Valparaíso  2002

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552002002400031 

Torres Aguilar, Manuel, El parricidio: del pasado al presente de un delito (Madrid, 1999), 435 págs.

A lo largo de la historia, el parricidio ha estado castigado con mayor gravedad que el homicidio. En las unidades políticas rudimentarias no estaban penalizadas las conductas del padre atentatorias contra sus descendientes, ya que el pater tenía un poder absoluto sobre toda su gens. El concepto de parricidio en estas sociedades, así como en el mundo antiguo, se aplicaba a la muerte del propio paterfamilias. El período arcaico se caracterizó por la no intervención en el seno familiar, gozando igualmente de un poder sin límite alguno sobre la mujer o los descendientes. De este modo no quedaba sujeto a ningún tipo de castigo por no alimentar a los hijos nacidos o por darles muerte, e incluso gozaba de la facultad de venderlos. Con el transcurso del tiempo se fueron imponiendo una serie de limitaciones a este derecho, nacidas de la costumbre inveterada (mores maiorum), que castigaba al padre que excedía de esta facultad en el ejercicio de su poder, pudiendo incluso llegar a ser ejecutado: a la mujer sólo se le reconocía, sin embargo, el derecho a darle muerte en caso de adulterio flagrante o cuando hubiese incurrido en embriaguez habitual; a los hijos cuando tuviesen la suficiente madurez intelectual y existiera causa justa; a los menores de tres años sólo en caso de parto defectuoso o monstruoso. Por otro lado, también tenía la consideración de parricidio la muerte de la madre ocasionada por cualquiera de los descendientes o viceversa, o la muerte acaecida entre hermanos. Con el tiempo, y sobre todo en la época imperial, el Estado iría asumiendo, cada vez más, la potestad criminal que originariamente le correspondía al pater. En ocasiones, la sanción era impuesta por el Estado, si bien la ejecución le correspondía a los parientes del condenado. A partir de mediados del s. I a.C. tenía la consideración de parricidio los siguientes actos: cuando se mata a un ascendiente o descendiente (salvo en los supuestos permitidos), a colaterales hasta el cuarto grado, a la mujer o al marido, a la esposa o esposo, a los suegros, al cónyuge y al yerno o a la nuera, al padrastro o hijastro, o bien a su patrono. Según una disposición de César, la pena de los parricidas conllevaba como accesoria la confiscación de todos sus bienes. Con posterioridad a esta fecha, Justiniano establecía la confiscación sólo en el caso de no existir herederos.

Con Recesvinto se prohibió aplicar el Derecho romano con carácter general. Sin embargo, en realidad la legislación romana referente al parricidio había pasado, sin apenas cambios, al Liber Iudiciorum. También existió continuidad en el Código de Eurico y Teodosiano respecto de aquellos parientes, además del paterfamilias, incluidos en el concepto de parricidio. El primero de estos Códigos, por otro lado, exoneraba de responsabilidad al que causase muerte de un pariente sin intención; si había existido voluntariedad la pena era de muerte, constituyendo mayor gravedad que el homicidio simple. La regulación contenida en el Breviario de Alarico o Lex Romana Visigothorum (sobre la que contamos en España con una verdadera experta, actualmente catedrática de la Universidad de Extremadura y discípula de José Manuel Pérez-Prendes y Muñoz de Arracó, también sesudo conocer del derecho visigodo) reproducía literalmente la Constitución que Constantino envió a su legado en África. El Liber Iudiciorum exigía para que el delito no quedase impune que en la muerte hubiese voluntariedad de la acción, e incluso se establecía la distinción entre el homicidio culposo (que tenía un grado de atenuación) y el voluntario. El Liber hacía una enumeración de aquellos parientes cuya muerte incurría en parricidio, pero esa lista no era cerrada en cuanto que la Ley 18 añadía al hijo, los cónyuges, los padres y los hijos políticos, así como a otros consanguíneos próximos o allegados (entre los que estaban incluidos los abuelos y otros descendientes como los nietos), además de los contemplados en la Ley 17: el padre, la madre, el hermano, la hermana o cualquier otro propinquum.

Con la llegada del Derecho musulmán tuvo acogida una concepción objetiva del delito, que venía a alejarse de la subjetiva del Liber Iudiciorum, para acabar en lo que Torres Aguilar califica como "regresión", aunque sin perder la influencia visigótica en la nueva regulación (p. 115). La escasa regulación existente en el Liber se vio compensada con los nuevos Fueros que sí que contenían una regulación más o menos amplia de esta institución. Por otra parte, M. Torres constata que el término "parricidio" no aparecía ni una sola vez en los textos municipales (en algún texto se hablaba de "traydor"), además de que los tipos que se podían calificar como parricidio estaban dispersos en distintos preceptos (p. 121). Aquellos textos normativos que podían estimarse como parricidio se referían a la muerte de ascendientes y hermanos, incluso en algunos casos sólo regulaba la muerte de los padres. Torres Aguilar, sin embargo, entiende que este concepto se amplió al incluirse la muerte del señor por su dependiente (Fuero de Cuenca-Teruel), del socio, del compañero de viaje, del invitado a la casa, etc., pero que en realidad esta acepción más amplia realmente no conceptualizaba el parricidio (pp 142 y ss.). Un gran número de Fueros regulaban la exención penal en caso de causar la muerte a la mujer adúltera "in fraganti", teniendo la consideración de conyugicidio. La pena para cada uno de estos homicidios agravados estaba en función del Fuero en cuestión y de que se tratase de homicidio de parientes o figuras afines, o bien de homicidio entre cónyuges, por otro (pp. 156 y ss.). Respecto a la regulación (o más bien, la falta de regulación) de esta institución en los Fueros leoneses (pp. 169 - 174), los navarro-aragonés (pp. 174 - 180), los de La Rioja (pp. 180 - 182) y los de Cataluña (pp. 182 - 187), había que remitirse a la existente en otros textos legales como el Liber o, incluso, en algunos casos al Derecho consuetudinario.

Los Derechos de los Reinos hispánicos permitieron superar la fragmentación jurídica existente hasta el momento y ofrecían una normativa unitaria para la regulación de este delito, que tuvo vigencia general para toda Castilla. Las Partidas representaron el texto más importante de esta recepción del Derecho Común en Castilla, y recogían una completa regulación del parricidio. De hecho, el Fuero Real, El Espéculo, las Leyes del Estilo, las Leyes Nuevas, El Ordenamiento de Alcalá o las Ordenanzas Reales de Castilla guardaban silencio sobre el mismo. En el reino de Aragón estuvieron vigentes la Compilación de Huesca de 1247 y los Fueros de Aragón; en Cataluña los Usatges, en Valencia los Furs de Valencia, y en Navarra el Fuero General. El concepto de parricidio de Las Partidas estaba delimitado con total claridad, quedando diferenciada de otras figuras afines, y venía a configurarse de forma más amplia que en anteriores épocas: la muerte del hijo causada por el padre, la muerte del padre y de los demás ascendientes ocasionada por los respectivos descendientes, y la de los descendientes provocada por aquellos. Acogió el mismo concepto que se disponía en el Digesto, a excepción de la muerte del hijo y la del sobrino. El texto castellano de Alfonso X el Sabio no reconocía, sin embargo, la eximente de adulterio respecto de la muerte de la mujer ocasionada por su marido. Éste únicamente podía dar muerte al "ome vil" que yaciera con su mujer, no permitiendo que pudiera matarla y que fuera puesta a disposición del juez para que la juzgara. Torres Aguilar comenta, además de la regulación castellana, las particularidades del Derecho de la Corona de Aragón, del Reino de Navarra y de las Provincias Vascongadas (pp. 269 - 295).

El siglo XIX representó la época de las codificaciones: el Código Penal español de 1822 fue el primer texto penal de esta época, pero de vida muy breve pues pocos meses después, el 1º de octubre de 1823, Fernando VII anulaba todos los actos del gobierno constitucional, entre ellos el Código Penal. Este Código asumía parte de la tradición romanística anterior, y castigaba las lesiones que pudieran causar los padres o abuelos a sus hijos o nietos causándoles la muerte en el ejercicio del ius correctionis, y se les castigaría "como culpables de homicidio involuntario cometido por ligereza" (art. 625 del Código del 22); el art. 649 se refería a las lesiones causadas a hermanos, padrastros, suegros, tíos o amos, imponiendo una pena superior en dos años a la prevista para los no parientes. Se condenaban también las lesiones entre cónyuges, así como la exposición o abandono de los hijos (art. 690). Establecía una diferenciación entre el parricidio stricto sensu (art. 613) y el lato, asimilado o impropio, para referirse a una serie de atentados contra la vida de algunos parientes o asimilados a los que Las Partidas aplicaban un mismo tratamiento penal, como los descendientes en línea recta, hermanos, padrastros, hijastros, suegros, yerno o nuera, tíos, amo "con quien habiten o cuyo salario perciban" y el del marido o la mujer, siempre que hubiese mediado dolo, existiera premeditación y el autor conociera la cualidad de la víctima (art. 612). En el parricidio stricto sensu se venían a incluir las conductas que consistían en dar muerte al padre, madre, abuelo u otros ascendientes en línea recta, siempre que hubiese mediado dolo y conocimiento de la cualidad de la víctima.

El posterior Código Penal de 1848, reformado en 1850, no contemplaba ningún precepto que de forma específica tipificase las lesiones causadas a los descendientes en el ejercicio del ius correctionis, aplicándose las reglas generales de lesiones u homicidio, y la agravante de parentesco. Este Código del 48 denominaba parricida a quien ocasionara la muerte de su padre, madre o hijo, fuesen legítimos, ilegítimos o adoptivos; respecto de otros ascendientes o descendientes se exigía la legitimidad en la relación que unía agresor y víctima. El homicidio entre cónyuges también tenía la consideración de homicidio. Otra reforma posterior fue la del Código de 1870, que mantuvo el concepto de parricidio acuñado en el 48, aunque introducía algunas novedades, como la que consideraba parricida a quien diese muerte a su padre, madre o hijo, legítimos o ilegítimos, o a cualquier otro ascendiente o descendiente, o incluso a su cónyuge (art. 417), a la vez que eliminaba el parentesco por adopción. En 1928 acontecía otra reforma, que seguía sin agravar las lesiones que el padre causase a su hijo en el derecho de corrección (art. 535), si bien añadía que la madre y los abuelos también se podían "beneficiar" de este derecho. El concepto de parricidio era muy similar al del Código anterior, si bien ampliaba que los ascendientes o descendientes podían tener la consideración de "legítimos o ilegítimos". Al Código Penal de la República de 1932, le seguía el de 1944 (pp. 382 y ss.). Éste último mantenía el sistema del Código de 1932, que a su vez reproducía el de 1870. Suprimió la agravante para las lesiones graves entre algunos parientes y eliminó el agravamiento punitivo para las lesiones menos graves inferidas a padres y ascendientes. Más recientemente, la Ley Orgánica 8/1983 de 25 de junio, de reforma urgente y parcial del Código penal, vino a introducir modificaciones en el parricidio, considerando como tal la muerte de ascendientes, descendientes o cónyuge.

Este libro de Torres Aguilar recoge buena parte de la tesis Doctoral de su autor, dirigida por José Mª. García Marín y defendida el 11 de enero de 1991 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, obteniendo por unanimidad la calificación de apto cum laude. Felicitamos a Torres, ya catedrático desde diciembre de 2001 de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Córdoba en la que ha sido Decano durante unos cuantos años, actuando con gran capacidad y talante dialogante, por darnos a conocer una institución de la que carecíamos, sobre todo en la época relativa a la Edad Media, de estudios sistemáticos que nos presentaran la regulación del parricidio e instituciones afines en el Derecho español.

Guillermo Hierrezuelo Conde

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