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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.24 Valparaíso  2002

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552002002400029 

Sánchez Blanco, Ángel, Archivo. Legislación administrativa de Andalucía (Granada, 1998), 78 págs.

Recoge esta colección hasta 12 Leyes, Decretos, Órdenes o Resoluciones referentes a legislación en materia de archivos. Entre las más importantes destacan la Ley 3/1984, de 9 de enero, de régimen de archivos de Andalucía (BOJA, que es la publicación oficial de la Comunidad Autónoma andaluza, de 30 de enero de 1984), que en sus 47 artículos, una disposición transitoria y dos finales, regula los archivos que no son de titularidad estatal, por competer de forma exclusiva a la mencionada Comunidad Autónoma, y por representar un "servicio público" de aquélla. En la misma se enumeran los derechos y deberes de la Comunidad Andaluza, así como los mecanismos para facilitar el acceso a la información. Para lograr estos objetivos en los arts. 8 - 13 se establece un Sistema Andaluz de Archivos para planificar y coordinar la organización y servicio de los archivos de uso público y de los documentos constitutivos del patrimonio documental andaluz, encargándose a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía (art. 8). Otra de las normas recopiladas es el D. 73/1994, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización del Sistema Andaluz de Archivos y desarrollo de la Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos (BOJA de 18 de mayo de 1994). Con este Decreto se pretende agilizar la gestión administrativa de los archivos y garantizar de este modo su mejor funcionamiento para favorecer su conservación, organización, descripción y difusión, así como la organización y funcionamiento del Sistema Andaluz de Archivos. La tercera de las normas es el D. 323/1987, de 23 de diciembre, por el que se crea el Archivo General de Andalucía (BOJA de 5 de febrero de 1988) para recibir, custodiar, organizar y servir la documentación generada en esta Administración (art. 1). El D. 233/1989, de 7 de noviembre de 1989, por el que se establece el funcionamiento de los archivos centrales de las Consejerías, Organismos Autónomos y Empresas de la Junta de Andalucía y su coordinación con el Archivo General de Andalucía (BOJA de 24 de noviembre de 1989), pretende asegurarse que el patrimonio documentado de esta Región española esté protegido contra cualquier atentado, entre ellos las fuentes documentales de los órganos legislativos y administrativos de los servicios públicos.

Hoy día los archivos y las bibliotecas de titularidad están gestionados por la Junta de Andalucía y se encuentran integrados en el Sistema Andaluz de Archivos y en el Sistema Bibliotecario de Andalucía, respectivamente (BOJA de 26 de octubre de 1994), tal como queda constancia en base al D. 258/1994, de 6 de septiembre. En 1994 también se integró el Archivo Histórico de Comisiones Obreras de Andalucía en este cada vez más gigante y poderoso Sistema Andaluz de Archivos, cumpliendo lo preceptuado en la Orden de 4 de julio (BOJA de 10 de agosto de 1994). Para conseguir que la misión del Archivo General de Andalucía llegara a buen puerto era imprescindible la colaboración especial por parte de profesionales y personas de reconocido prestigio. De ahí, que la O. de 6 de junio de 1989 regulase el régimen de actuación y las funciones de la Comisión Técnica del Archivo General de Andalucía (BOJA de 15 de junio de 1994). La Resolución de 27 de mayo de 1994, de la Dirección General de Bienes Culturales, vino a dar publicidad a los dos Convenios entre el Ministerio de Cultura y la Consejería de Cultura y Medio Ambiente, sobre Gestión de Archivos y Museos de titularidad estatal y sobre Gestión de Bibliotecas de titularidad estatal (BOJA de 16 de junio de 1994).

Pero además de medidas para el buen funcionamiento y organización de los archivos se hacía necesario establecer un procedimiento adecuado para la concesión de subvenciones a los archivos integrados en el Sistema Andaluza de Archivos. Este ha sido el objeto de la O. de 31 de mayo de 1994, por la que se regulaba el procedimiento para la concesión de subvenciones a los archivos integrados en el Sistema Andaluz de Archivos (BOJA de 12 de agosto de 1994), y de la O. de 10 de marzo de 1997 para las de los Archivos de las Corporaciones Locales a lo largo del año 1997 (BOJA de 5 de abril de 1997). Para un mejor funcionamiento y gestión de los archivos se hacía necesario establecer una estructura orgánica básica de la Consejería de Cultura, y ello se hizo a través del D. 259/1994, de 13 de septiembre (BOJA de 17 de septiembre), que sería modificada tan sólo dos años más tarde por el D. 336/1996, de 9 de julio (BOJA de 13 de julio), para readaptarse a los nuevos medios de organización y a la nueva sociedad, que imperaba en ese momento.

Esta colección, que viene a complementarse en materia administrativa con otros números sobre temas diversos, que nos llegan también de la mano de Ángel Sánchez Blanco, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga, suple una de las carencias más importantes que existen no sólo en la legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sino en toda España en materia de archivos. Hasta el momento los estudios y la normativa sobre archivos estaba toda dispersa, y con esta recopilación se ha conseguido uno de los principales puntos de partida para el estudio de los archivos. Por ello, felicitamos desde aquí a su autor, para que siga con esta labor, en la que se ha convertido en un pionero, cuyo prestigio desborda los márgenes del Derecho Administrativo, en el que Sánchez Blanco es el representante más destacado en Andalucía de la poderosa escuela de Eduardo García de Enterría (a través de Lorenzo Martín Retortillo), doctor honoris causa por la Universidad de Málaga y cuya laudatio correspondió al propio Ángel Sánchez Blanco. Mucho le deben el conjunto de las administraciones públicas andaluzas a este hombre singular desde tantos puntos de vista.

Guillermo Hierrezuelo Conde

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