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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.24 Valparaíso  2002

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552002002400028 

Sánchez-Arcilla Bernal, José, Historia del Derecho español (Zaragoza, Cálamo, 2001), 365 págs.

El primero de los capítulos (pp. 11-19) del nuevo manual de J. Sánchez-Arcilla introduce al concepto de Historia del Derecho, rechazando la noción instrumental y proponiendo el análisis de los aspectos metajurídicos, técniconormativos, axiológicos y sociológicos, que comprenden el fenómeno jurídico (p. 12). El método propuesto para el estudio de esta ciencia jurídica no puede ser otro que el histórico con sus variantes sectoriales específicas. El capítulo segundo se centra en la historiografía histórico-jurídica (pp. 21-29), y fundamentalmente en la Escuela Histórica del Derecho, la sociología de Comte y Durkheim, así como la Escuela de Eduardo de Hinojosa y Naveros.

En el tercero (pp. 31-40), "Hispania bajo la dominación romana", se refiere Sánchez-Arcilla a los pueblos y derechos indígenas (pueblos indoeuropeos) que habitaban la Península, así como a la integración política de Hispania al mundo romano, que se prolongó durante más de dos siglos, o los factores de romanización social de estos Pueblos indígenas sobre los que apenas existe documentación que permita reconstruir su organización social. La romanización jurídica de Hispania (capítulo 4, pp. 41-59) se trata desde la perspectiva de la formación del Derecho de Roma (ius civile, ius gentium e ius honorarium), la romanización jurídica de Hispania y el Derecho Romano que se aplicó a esta provincia romana. Tras la grandeza del Imperio Romano, sobrevino una crisis en el Bajo Imperio, que se plasmó en lo que H. Brunner llamaría la vulgarización del Derecho Romano (Vulgarrecht) (capítulo 5, pp. 51-59).

Como en toda ciencia jurídica, las fuentes del Derecho Romano postclásico ocupan un lugar fundamental (pp. 61-69). Hay que distinguir dos etapas principales: las transformaciones en el sistema de fuentes, ya que se impuso la máxima "quod principi placuit, legis habet vigorem" para designar que el dominus no estaba sujeto al cumplimiento del Derecho, y que sus designios o voluntad tenían valor de ley. El segundo fue el período de recopilación del Derecho de los Codices, y posteriormente con la recepción del pensamiento cristiano en el Derecho Romano, que dio lugar al nacimiento del Derecho Canónico.

Con el asentamiento de los visigodos en el Imperio Romano, se inició una nueva etapa: la Hispania visigoda (pp. 71-79), que vino a imponer unas relaciones de dependencia de fidelidad que Sánchez-Albornoz asimiló a las de "vasallaje" medieval: el patrocinium, los libertos, los precaristas, las clientelas militares, los fideles regis (p. 78). Las principales fuentes del Derecho visigodo (pp. 81-90) estuvieron presentes en las leges Theodoricianas, el Edicto de Eurico, el Breviario de Alarico, los Capítulos Gaudencianos, el Codex Revisus de Leovigildo o el Liber Iudiciorum. Numerosas contrariedades se plantean al analizar la vigencia y aplicación del Derecho visigodo de las que se hace eco con brillantez Sánchez-Arcilla (pp. 91-96, en el capítulo 9).

Para el conocimiento de la Hispania en la época del Derecho de Al-Andalus (pp. 97-104, capítulo 10) es necesario realizar un estudio previo de la sociedad y de su ordenamiento jurídico, conformado por el Corán, la sunnah, el iyma'a, el quiyas y el ra'y, etc. La resistencia contra el Islam, y el origen de los reinos cristianos y la posterior repoblación (pp. 105-112) representó una etapa fundamental para el nacimiento de los reinos cristianos. El reino castellano-leonés, la Marca Hispánica y los condados independientes y el núcleo navarro-aragonés fueron los reinos cristianos altomedievales más destacados (pp. 113-122, del capítulo 12). La sociedad altomedieval en lo referente a las estructuras gentilicias y las comunidades de aldea, sustentadas en relaciones de vecindad, y el régimen señorial son los aspectos que se tratan, básicamente, en el capítulo decimotercero (pp. 123-131). Las relaciones de vasallaje (pp. 133-141, capítulo 14) en Cataluña quedaron estipuladas en las convenientiae, immixio manuum, iuramentum, solidantia, pero también en León, Castilla, Aragón y Navarra. Aunque en realidad, salvo Cataluña, parece que los restantes reinos hispánicos no llegaron a adquirir una forma de organización política feudal (p. 139).

La formación y vigencia del Derecho altomedieval (pp. 143-151, capítulo 15) tuvo como principal consecuencia la pervivencia de la tradición jurídica romano-vulgar, del Liber Iudiciorum. De hecho, "es indiscutible la continuidad en las comunidades mozárabes de Al-Andalus de la tradición romana-vulgar" (p. 143). Entre las principales fuentes del Derecho castellano-leonés (pp. 153-160, capítulo 16) destacaron los fueros de León, Toledo o de Cuenca. La labor codificadora quedó patente con las colecciones de Derecho consuetudinario y señorial de Castilla, como el Libro de los fueros de Castiella, como la más antigua, el Fuero viejo asistemático (segunda mitad del s. XIII) o el Fuero viejo sistemático (datado en 1356), que vino a representar el último de los textos de Derecho comarcal castellano. El siguiente capítulo está dedicado a las fuentes del Derecho de Cataluña, Aragón y Navarra (pp. 161-170). Con el renacimiento del Derecho romano justinianeo (pp. 171-179, capítulo 18) la Escuela de Bolonia, también conocida como Escuela de los glosadores, llevó a cabo una ingente labor de comprensión lingüística de los textos del Derecho romano. El ius commune constituyó otro de los hitos en el Derecho histórico (pp. 181-189, capítulo 19). La preocupación por recopilar el Derecho canónico fue uno de los elementos claves de este ius commune.

El nuevo orden jurídico bajomedieval (pp. 191-205, capítulo 20) tiene las notas necesarias para tener la consideración de un nuevo ordenamiento. La crisis de la glosa propició, a principios del s. XIV, una reacción metodológica, como era el comentario. La figura más destacada en este aspecto fue Bartolo da Sassoferrato. A partir del s. XIII se fue estableciendo una sociedad estamental, con unos estamentos privilegiados y un estamento de las ciudades, formado por los comerciantes, artesanos, pequeños propietarios, ganaderos, etc. Pero también estuvieron presentes grupos minoritarios como los judíos, los mudéjares o los esclavos (pp. 207-217, capítulo 21).

En el Derecho de la Corona de León y Castilla (pp. 219-230, capítulo 22) hay que distinguir varias fases: la repoblación del Valle del Guadalquivir y el primer intento de unificación jurídica, la obra legislativa de Alfonso X el Sabio y la recepción del ius commune. Asimismo, Sánchez-Arcilla describe las principales fuentes del Derecho de la Corona de Aragón (pp. 231-254, capítulos 23 y 24).

La monarquía española de los Reyes Católicos estableció los cimientos para la constitución del Estado moderno (pp. 255-267, capítulo 25). De este modo, se llegó al Derecho de la Edad Moderna: el mos gallicus, que surgió como reacción al mos italicus, el humanismo jurídico y el proceso recopilador que supuso el triunfo de la territorialización del Derecho (pp. 269-282, capítulo 26).

El descubrimiento de América propició la elaboración de un Derecho indiano y una recopilación por parte del Consejo de Indias (pp. 283-294, capítulo 27). El reformismo borbónico impuesto por los Decretos de Nueva Planta (Decretos de 29 de junio de 1707 para los Reinos de Aragón y Valencia, de 3 de abril de 1711 para el Reino de Aragón, de 28 de noviembre de 1715 para el Reino de Mallorca y de 16 de enero de 1716 para el Principado de Cataluña), y el iusnaturalismo racionalista originaron la crisis del ius commune y el triunfo del Derecho regio en el s. XVIII (pp. 295-305, capítulo 28).

El Antiguo Régimen sucumbió con la llegada del Estado liberal (pp. 307-32, capítulo 29). La implantación del constitucionalismo propició la elaboración de Constituciones españolas decimonónicas que recogían esos principios liberales: 1808, 1812, 1837, 1845, 1869, 1876 y 1931 (pp. 323-342, capítulo 30). Al proceso codificador, con especial referencia al caso español y a la codificación del Derecho Civil, Mercantil, Penal y Procesal de este país, está dedicado el último de los capítulos de esta obra de José Sánchez-Arcilla Bernal (pp. 343-357, capítulo 31).

José Sánchez-Arcilla, de origen cubano anticastrista, Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Licenciado en Historia en la citada Universidad, actualmente ocupa el puesto de Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones en esa misma Universidad donde se doctoró y es director del Departamento de Historia del Derecho donde ha creado una verdadera escuela femenina de docentes iushistóricas comprometidas con el estudio y la investigación de temáticas tan dispares como complejas, donde revelan la gran preparación metodológica y crítica que han recibido del maestro, a su vez discípulo de Alfonso García-Gallo. Sánchez Arcilla también es miembro del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano y Académico correspondiente de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia. Con esta obra, que se integra en la colección Manuales Básicos, acerca el conocimiento esencial de esta asignatura, como es la Historia del Derecho (las fuentes y la evolución general del Derecho), a los profanos en la materia, con el rigor que le caracteriza, aunque quizás sin tanta originalidad y éste es tal vez el talón de Aquiles de Sánchez-Arcilla como he puesto de manifiesto a título indicativo en dos ocasiones y de una forma algo alborotada y con firmeza impropia observó en su momento Benjamín González Alonso en la Revista de Estudios Políticos, 33 (1983), pp. 169-185 en un artículo que no he visto muy citado. Hoy, gracias a Sánchez-Arcilla, contamos con una abundante manualística histórico-jurídica española.

Guillermo Hierrezuelo Conde

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