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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.24 Valparaíso  2002

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552002002400025 

Planas Rosselló, Antonio, El derecho penal histórico de Mallorca. Siglos XIII - XVIII (Palma, 2001), 221 págs.

La carta de población al reino de Mallorca fue otorgada por Jaime I el 1 de marzo de 1230. Apenas contenía referencia alguna al Derecho penal, a excepción de aquél que sacase algún arma blanca airadamente, o el delito privado de adulterio. Hacía viable la pacificación privada de los delitos al mismo tiempo que habilitaba para la retención del ladrón hasta recuperar el objeto sustraído, reconociendo la impunidad al que arremetía a quien le había injuriado con las palabras "cugut" o "renegat". La jurisdicción de los delitos cometidos en los caminos era competencia real, así como el delito de falsificación de monedas o las agresiones contra quienes acudían, permanecían o regresaban de la Corte real. Con este nuevo texto se pretendía eliminar la venganza, la guerra privada y el duelo judicial. Esta escasa regulación se fue ampliando con las disposiciones otorgadas por el monarca o su lugarteniente general en Mallorca. El derecho de pacificación privada fue restablecido nuevamente por Sancho I. En 1386 Pedro IV volvió a contemplar, si bien no estuvo muchos años vigente, que los homicidios cometidos entre esclavos pudieran ser objeto de transacción privada entre sus propietarios, impidiendo a los procuradores fiscales que actuasen de oficio contra el esclavo homicida. Sin embargo, era frecuente el recurso a la venganza privada. En otras ocasiones era el propio monarca el que otorgaba el perdón de los delitos, ya fuese de forma gratuita o pecuniariamente.

Desde un primer momento la venganza desapareció del derecho mallorquín. De hecho, no figuraba en la concordia suscrita en Tarragona el 29 de agosto de 1229 entre Jaime I y los magnates que conquistaron la isla. Sin embargo, no faltaron episodios en los que estuvo presente la misma, en muchas ocasiones apoyada por la corrupción de las instituciones judiciales. En 1512 Fernando el Católico confirmó un edicto del lugarteniente Gurrea de septiembre de ese mismo año, que prohibía vengarse de los parientes y amigos del enemigo u ofensor. El lugarteniente Gaspar de Marrades en 1550 dispuso que el quebrantamiento de tales pactos fuese castigado severamente, con penas que podían llegar incluso a la muerte natural. A partir de la segunda mitad del s. XVI se impuso la pena capital o de galera perpetua. Pronto se suprimió la posibilidad de que la víctima impidiera la persecución pública, pero el consentimiento del afectado seguía teniendo gran relevancia en su persecución.

Durante la época medieval todas aquellas conductas sancionadas con penas corporales o limitativas de libertad tenían la consideración de delictivas. Cuando la sanción era una pena corporal, el delito tenía relevancia; pero si se limitaba a una multa no asumían la consideración de delito. Sin embargo, las fuentes no realizan una tipificación delictual precisa y coherente. De hecho, la mayoría de los tipos delictivos existentes en la legislación mallorquina no se recogían expresamente, sino que preexistían y se daban por supuesto. En ocasiones incluso la imposición de la pena estaba en función de la condición social del delincuente o de la víctima (ya fuese un eclesiástico, un militar, un ciudadano o una persona que ostentase algún oficio real o universal). Uno de los delitos existentes era el crimen enorme, aquellos delitos muy graves que tenían un tratamiento procesal y penal procesal diferenciado (prisión provisional sin fianza; la instrucción del proceso requería necesariamente la presencia del asesor e intervención de escribano suficiente, etc.). El mero propósito de delinquir no era punible, requiriéndose la concurrencia del elemento subjetivo de intencionalidad, imprudencia o negligencia. La pena impuesta a los participantes en el delito sin ser sus autores materiales estaba en función del arbitrio del juez, si bien el Derecho mallorquín en aquellos casos que regulaba esta cuestión imponía la misma pena que al autor. Además de los autores, distinguía el cómplice, el socio o el encubridor. El ser encubridor de un pariente conllevaba una atenuación de la pena (de hecho, una sentencia dictada por el lugarteniente condenó a 6 meses de exilio de la isla a un padre por encubrir la fuga de su hijo pregonado). Entre los factores que eximían o disminuían la responsabilidad se encontraban la edad del autor, los estados graves de demencia, la legítima defensa, cuando se actuase en el ejercicio del derecho de corrección o la actuación bajo fuerza, violencia o intimidación. Las penas estaban establecidas en función del principio de personalidad de la pena, de heterogeneidad, de proporcionalidad, de arbitrariedad de las penas, de los elementos moderadores de la pena y los mismos fines. El monarca tenía potestad para perdonar los delitos (derecho de gracia), extinguiendo la responsabilidad penal. Este derecho podía ser delegado en los oficiales dotados de mero y mixto imperio: el lugarteniente general, el baile o los vegueres. El perdón liberaba al reo de la pena a la que estaba condenado, o de la que le hubiera podido corresponder. El Derecho mallorquín distinguía tres manifestaciones del perdón: las remisiones, las composiciones y los salvoconductos o guiatges.

El Derecho penal de Mallorca fracasó en su intento de imponer una paz social, existiendo tanto en la Edad Media como en la Moderna una gran inseguridad incrementada por el bandolerismo de los siglos XVI y XVII. Algunos de los principales delitos castigados en el Derecho mallorquín fueron el crimen de lesa majestad, los delitos contra la religión (como los delitos de herejía y apostasía y el delito de blasfemia), contra el matrimonio (el adulterio, el concubinato, la bigamia, los matrimonios sin consentimiento familiar, los besos y otras acciones para forzar el matrimonio o la separación de hecho), contra la moral sexual (la sodomía y bestialidad, el incesto, el estupro, la violación, el rapto, el lenocinio, la prostitución, la alcahuetería y el rufianismo), contra la Administración Pública de Justicia (la acusación y denuncia falsa, la falsedad testimonial, la evasión de presos, el quebrantamiento de condena, los delitos de resistencia a oficiales reales, la omisión del deber de participar en la persecución de los delincuentes, la omisión de deberes específicos de denuncia de los delitos, las amenazas, las coacciones, y otras acciones contra pleiteantes, abogados y testigos). Además se recogían delitos de false dad como la suposición de parto, la falsedad documental, la falsificación de moneda; asimismo se contemplaban delitos patrimoniales: el hurto y sus distintas modalidades, la receptación, el estelionato, los daños e incendios, la quiebra culpable o fraudulenta y el alzamiento de bienes, la usura, etc. El castigo de los delitos contra la vida y la integridad corporal fue frecuente en una sociedad violenta: el homicidio, el aborto provocado, la exposición de menores, el suicidio, las agresiones físicas sin resultado de muerte, así como las agresiones cometidas en camino real. El Derecho penal insular protegía el honor y el buen nombre de las personas, incluso castigando las injurias verbales en cuanto que la fama era un bien jurídico esencial cuya protección se hacía necesaria para el buen mantenimiento de la paz social. Existía una gran variedad de delitos contra el orden público, que abarcaba desde los delitos de fabricación, tenencia, porte y uso ilícito de armas, el delito de acuadrillamiento o los duelos y desafíos. Algunas exportaciones tenían además la consideración de delictivas por atentar contra la economía del Reino, como era el caso de la exportación de moneda y metales preciosos, la de armas y municiones, la de vituallas realizada ilícitamente, la de géneros protegidos como la lana y seda, etc. Castigado estaba también el acaparamiento de productos de primera necesidad como el trigo, las aves, las frutas, etc., cuando la finalidad era la manipulación de los precios. Desde el siglo XIII se venía sancionando penalmente la práctica de determinados juegos de azar con fines lucrativos, imponiéndose no sólo multas sino penas de privación de libertad de escasa duración e incluso penas de exilio. Otros delitos castigados fueron la caza ilegal, el vagabundeo o la mendicidad, así como los delitos cometidos por los oficiales públicos en el ejercicio de sus cargos.

Entre las penas de libertad se contemplaban las privativas, las de servicios forzosos o las restrictivas de libertad. Otro tipo de penas eran las de vergüenza pública cuya finalidad era la pública ignominia del reo, como la de correr la villa y la de exposición en la picota (costell). Las multas, la confiscación de bienes o la pena de demolición de casa se encontraban entre las penas de naturaleza patrimonial; la flagelación, las torturas, las penas de mutilación, la de galeras y la de muerte tenían carácter de pena corporal.

En 1525 se recopilaron diversas disposiciones, que modificaron la penalidad. Años más tarde, en 1549 se publicó un texto más amplio que incorporaba nuevos capítulos si bien también recogían numerosas disposiciones anteriores. La época moderna se caracterizó por no someter las ordenanzas dictadas por los lugartenientes a la previa fiscalización de los jurados del reino, lo que fue fuente de numerosos conflictos como los protagonizados por el lugarteniente Cervelló en 1547. En 1717 Felipe V confirmó el antiguo privilegio que impedía que los mallorquines fuesen condenados a la pena de flagelación. En 1716 se publicaron las primeras normas en Mallorca de carácter general en materia penal.

Finalmente, el libro recoge un cuidado apéndice documental (pp. 177 - 208), con un total de 30 documentos que comprenden desde 1279 a 1717. Planas Rosselló se ha convertido en el máximo estudioso de todos los tiempos del Derecho de Mallorca (olvidándose de Menorca y de Ibiza), arrinconando a Quadrado y a Piña Homs, y ofrece un análisis documentado del Derecho penal de Mallorca, que abarca los siglos XIII a XVIII, examinando minuciosamente las fuentes originarias del Derecho mallorquín, que han llegado en algunas ocasiones hasta nuestros días en la regulación actual de su Derecho foral.

Guillermo Hierrezuelo Conde

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