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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.24 Valparaíso  2002

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552002002400020 

Martínez Navas, Isabel, Gobierno y Administración de la ciudad de Logroño en el Antiguo Régimen (Ordenanzas municipales de los siglos XVI y XVII) (Madrid, INAP, 2001), 448 págs.

En el Derecho castellano altomedieval las fuentes del Derecho estaban representadas básicamente por los fueros y las costumbres. Coexistían con las normas de carácter general dictadas por el monarca, las de las autoridades de los señores o de los concejos y las decisiones judiciales. A partir del s. XIV los derechos locales sucumbieron en una decadencia progresiva, favorecida por Alfonso X que proclamó la unificación jurídica. De hecho, a partir del s. XIII los municipios castellanos comenzaron a dictar ordenanzas para suplir las insuficiencias del fuero propio. En Logroño las ordenanzas se aprobaban en el mismo ayuntamiento, aunque en ocasiones se hacía necesario un estudio previo y la redacción de su texto, al que asistían los regidores, procurador mayor y juez del campo y procurador del común, bajo la presidencia del corregidor. La vigencia de estas ordenanzas tenía lugar con su aprobación, sin que estuvieran condicionadas a su publicación. En este municipio, según se acordó en el concejo de 1573, el juramento prestado por los nuevos corregidores, procuradores mayores, regidores y otros oficiales del concejo, incluía generalmente el compromiso expreso de guardar las ordenanzas de la ciudad. Las ordenanzas aprobadas por el concejo logroñés estaban registradas en los Libros de Actas del ayuntamiento, así como en el Libro del procurador mayor, cuando trataban del gobierno del campo. En 1575 se decidió recopilar todas sus ordenanzas, pero los regidores comisionados para esta misión no cumplieron esta obligación. En febrero de 1578 se volvió a acordar en el concejo la recopilación y enmiendas de las ordenanzas de Logroño, pero no fue hasta principios del s. XVII cuando se consiguió alcanzar este propósito. A finales del último tercio del s. XVIII un grupo de vecinos de Logroño denunció en el Consejo Real el incumplimiento de las Ordenanzas del Campo de Logroño por el corregidor, ya que se causaban daños en sus haciendas.

En 1095 Alfonso VI otorgó la carta de población a Logroño, con la finalidad de fortalecer la seguridad del territorio y el establecimiento de un importante núcleo de población que hiciera posible la prosperidad y riqueza del reino. Esta carta de población anuló las diferentes condiciones jurídicas y sociales. De este modo, los villanos devinieron en libres e ingenuos, ya que a partir de este momento todos los habitantes se presentaban como iguales, y gozarían de la condición de francos. Las tierras del populatum fueron donadas por el monarca de forma perpetua a los logroñeses, si bien mantuvo el monopolio del horno, y los vecinos debían seguir abonando la tasa por su utilización. El Fuero también contemplaba que el eremum regalis fuera aprovechado libremente por los pobladores. Al mismo tiempo favorecía el desarrollo del comercio en Logroño, proporcionando mayor seguridad en las transacciones de animales y de bienes muebles, ya que imponía importantes penas para quienes violasen la paz del mercado.

Los vecinos de Logroño tan sólo quedaban obligados al abono anual del censo de dos sueldos por la ocupación de casa en la villa, quedando exentos de la sayonía, mañería, fonsadera, vereda, etc. Otros privilegios eran la inviolabilidad del domicilio tanto por parte de los particulares como por las autoridades de la villa, la exclusión de las pruebas judiciales de las ordalías del agua caliente, así como de la pesquisa, constituyéndose como únicas admitidas las del juramento y la prueba de testigos, y también la fianza para eludir el ingreso en prisión o el pago de determinadas caloñas. Apenas contenía normas relativas al gobierno de la villa. De ahí que haya que entender que seguía recayendo esta autoridad sobre los alcaldes, sayones y merino nombrados por el señor de la mandación. Con el objetivo de favorecer su desarrollo, Logroño se convirtió en sede del corregimiento que se extendía también a las localidades de Calahorra, Alfaro y Laguardia. En el s. XVI se le concedió otros privilegios como el de asistencia a las Cortes del Reino, el título de ciudad, y más tarde el de Muy Noble y Muy Leal, así como la inserción en su escudo de las tres flores de lis en recuerdo de su defensa frente al ejército francés que la mantuvo sitiada en el año 1521.

Las ordenanzas del campo de 1539 (reproducidas en las pp. 305 - 322 de esta obra) pretendían restablecer una serie de normas que regulasen la convivencia de los vecinos de Logroño fuera de los muros de la ciudad y contenían normas destinadas a la salvaguarda de los recursos agrarios, que regulaban desde la ordenación de la vendimia hasta las prácticas lesivas para las explotaciones agrarias y los montes. El nacimiento de estas ordenanzas pudo estar relacionado con el origen del oficio del procurador mayor, a quien se encomendaba la custodia del campo logroñés y la ejecución de las ordenanzas que regulaban su gobierno (p. 55). Este procurador mayor ostentaba la jurisdicción sobre el campo de Logroño. Tenía funciones de suprema autoridad judicial sobre el campo de la jurisdicción de Logroño; ejercía funciones, asimismo, como miembro del concejo logroñés, y las que le correspondían como alférez mayor de la ciudad de Logroño. Sin embargo, era la función judicial la más importante de todas ellas. De hecho, también era conocido como "juez del campo", y asumía el conocimiento de los conflictos surgidos con los límites de los términos de Logroño, los derivados del aprovechamiento de las aguas, así como la determinación de los daños causados en las propiedades de los particulares (el hurto de frutos, los daños causados por animales, fractura de los vallados o cerrojos de los predios o el descuido de los caminos) de la jurisdicción de Logroño. Ejercía, además, funciones de gobierno, que le hacían responsable de la guarda y conservación del campo de la jurisdicción de Logroño.

En diciembre de 1561 se aprobaron las ordenanzas del concejo de Logroño, que reformaban las de 1539. Estas nuevas ordenanzas beneficiaron los intereses del grupo hidalgo, que eran los que poseían la mayor parte de las propiedades agrícolas, ya que imponían mayores sanciones para los dañadores del campo. Una de las principales novedades fue la referida a la distribución de las aguas de riego y la atribución que se otorgaba expresamente al procurador mayor relativa a la facultad de resolver a su albedrío las cuestiones de campo no mencionadas en las ordenanzas, así como visitar periódicamente el territorio sometido bajo su jurisdicción. Una reforma posterior fue la de 20 de abril de 1584 (inédita y que se encontraba en un ejemplar conservado entre los protocolos del escribano Bernardino Rodríguez, custodiado en el Archivo Histórico Provincial de La Rioja, de qua vid. p. 163) (reproducida en las pp. 330 - 338), que vino a introducir nuevos aspectos sobre la guarda y custodia del campo e incrementar las sanciones, como ya hiciera su antecesora, establecidas en las ordenanzas del Campo. De hecho, no tipificó nuevas infracciones.

A comienzos del s. XVII, en 1607, el concejo logroñés decidió recopilar sus antiguas ordenanzas de policía y gobierno (una copia manuscrita se encuentra conservada en el Archivo Histórico Provincial de La Rioja; la otra impresa en 1674 por acuerdo del concejo de Logroño, se encuentra en el Archivo Municipal de la ciudad, Fondo Antiguo, caja 21, exp. 24, ff. 78r - 120r; también publicada por el Instituto de Estudios Riojanos, 1981 y en el presente estudio que recensionamos, pp. 338 - 377). Estas ordenanzas de policía fueron aprobadas el 23 de noviembre de 1607 por el concejo de Logroño. En la misma disposición se constataba una ausencia casi absoluta de preceptos relativos a la organización del concejo. La mayor parte de sus disposiciones se referían al abastecimiento de la ciudad y a la regulación de la actividad comercial en general, o de ciertas actividades profesionales. Regulaba, asimismo, algunos aspectos relacionados con la policía urbana sobre actividades molestas, insalubres y peligrosas.

El 8 de febrero de 1676 se aprobó la nueva regulación de las ordenanzas del Campo y las ordenanzas de policía y gobierno de Logroño (pp. 410 - 421 y 377 - 410, respectivamente), que vinieron a confirmar básicamente el texto de las ordenanzas anteriores. De esta forma se procedió a una actualización y una modernización de las multas previstas en las viejas ordenanzas, así como la supresión de algunos preceptos o la inclusión de otros nuevos. Las ordenanzas de policía vinieron a modificar la estructura y funcionamiento del concejo, la actividad comercial, la policía urbana y la reglamentación de los oficios. La reforma de las ordenanzas del Campo se limitaba a insertar el texto íntegro de las normas de 1539 y las "adiciones, crecimientos, y nuevas condiciones que se habían puesto y añadido" (p. 294), y a aclarar el alcance de determinados supuestos e incorporar nuevas normas que no estaban contempladas en el texto anterior; y reformaban los artículos referentes a las retribuciones de los oficiales encargados del gobierno del campo, las sanciones previstas para los dañadores del campo, así como en las disposiciones acerca del gobierno del campo.

Esta obra se enmarca en el convenio de colaboración existente entre el Ministerio de Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de La Rioja. De hecho, hace años que se viene realizando una labor de recuperación de archivos municipales, así como de catalogación e informatización y la profesora Isabel Martínez Navas, una orquídea dentro del vergel de discípulas de José Antonio Escudero, está desarrollando una tarea muy meritoria en la Universidad de La Rioja, que ya pudo constatarse con ocasión de los fastos del IXº Centenario de la promulgación del Fuero de Logroño. Martínez Navas tiene nivel de catedrática y esperamos y deseamos que pueda serlo pronto.

Guillermo Hierrezuelo Conde

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