SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
 número24Histoire de la pensée politique. Fin XVIIIe - début XXe siècleFelipe II: el rey en el despacho índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • En proceso de indezaciónCitado por Google
  • No hay articulos similaresSimilares en SciELO
  • En proceso de indezaciónSimilares en Google

Compartir


Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.24 Valparaíso  2002

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552002002400015 

Domingo, Rafael - Hayash, Nobuo (Estudio Preliminar, traducción y notas), Código Civil japonés. Prólogo de Antonio Garrigues Walker (Marcial Pons, Madrid, 2000), 323 págs.

La emblemática fecha de 1898 supuso la promulgación del Código civil japonés, en el período comprendido en la Época Meiji (1868 - 1912). Hasta el momento no existía una normativa coherente ni ordenada, quizás a consecuencia de la supremacía internacional de las potencias coloniales que estaban representadas por Estados Unidos, Holanda, Rusia, Francia y Gran Bretaña. Entre sus antecedentes se encuentra el llamado Código Civil Antiguo o de Boissonade. En 1869 comenzó un período de asimilación de los principios jurídicos del viejo continente y anglosajones, cuando el entonces Ministro de Justicia Shimpei Eto (1834 - 1874) encargó a Rinsho Mitsukuri (1846 - 1897) la difícil labor de traducir a su lengua materna el Código napoleónico, a pesar de que en el Derecho japonés se desconocían términos tan básicos como la expresión derechos civiles. Para dar solución a estos inconvenientes se encomendó la labor a civilistas galos de la talla de Gustavo Emilio Boissonade de Fontarabie, para que enseñaran el Derecho continental y asesoraran al Gobierno en temas legislativos, con la labor de redactar en su lengua paterna un Código penal y un Código de procedimiento penal, pero respetando el espíritu japonés al mismo tiempo que la técnica occidental. La promulgación en 1880 de estos dos Códigos japoneses y su entrada en vigor el 1 de enero de 1882, primeros de la era moderna, supusieron la recepción de principios tales como el de legalidad penal (nulla poena sine lege) o la irretroactividad de la ley penal desfavorable, pero su vida en el ámbito jurídico fue breve: hasta 1907 el primero de ellos y hasta 1890 el de procedimiento criminal. A partir de 1879 se encargó a Boissonade -que le dedicó una década de su vida- la elaboración de un proyecto de Código Civil, cuya división estaba comprendida en cinco libros: I. De las personas y de la familia; II. De los bienes; III. De los modos de adquirir los bienes; IV. De las garantías; y el último de ellos, De las pruebas y de la prescripción. El nuevo Código Civil japonés preveía una vacatio legis de tres años, el 1 de enero de 1893, si bien no llegó nunca a nacer en el ámbito jurídico a consecuencia de la situación política de la época (p. 25). A pesar de esta innegable labor codificadora, la tarea de Boissonade sufrió duras críticas como el Manifiesto firmado el 14 de abril de 1892 por once juristas japoneses de formación anglosajona que le acusaron de no respetar las antiguas costumbres tradicionales de la familia japonesa, así como apoyarse en los principios cristianos, al mismo tiempo que admitía un Derecho natural anterior al Derecho positivo, entre otras acusaciones. En marzo de 1893 se nombró un consejo con el encargo de revisar este Código, que elaboró un nuevo proyecto redactado en cinco Libros. El que sería el nuevo Código civil, que entró en vigor el 16 de julio de 1898, contaba con 1762 artículos y es el que en la actualidad es aplicable. Este texto codificador fue redactado en la lengua vernácula y por juristas insulares, al mismo tiempo que contemplaba una simbiosis entre las Escuelas inglesa, francesa y alemana, si bien las doctrinas alemanas denotaban una cierta supremacía. En su redacción se utilizaron _según R. Domingo_ más de treinta Códigos de las más diversas culturas, entre ellos el español de 1889, el prusiano de 1793, el austriaco de 1811, el italiano de 1865 y en mayor medida el BGB, del que copia no sólo la estructura sino parte de su contenido. De hecho, la compensación, regulada en los arts. 505 a 512 del Código insular, hace un análisis similar al establecido en el BGB, si bien contemplando algunos aspectos del Derecho francés. En otras cuestiones como la posesión (arts. 180 a 205 del Código japonés), la cesión de créditos (arts. 466 a 473 del Código japonés) o el contrato de arrendamiento (arts. 601 a 622 del citado Código) cuenta también con una regulación ecléctica entre germánica y gala. Una de las diferencias más importantes está representada en el art. 176 del Código japonés que acoge la teoría "espiritualista" francesa de transmisión de la propiedad, descartándose la abstracta del alemán. Asimismo encontramos otras instituciones de influencia francófona: el art. 709 del Código japonés que contempla la responsabilidad por culpa extracontractual, el art. 423 que establece el principio de la acción obligacional o los privilegios que aparecen en los arts. 303 a 341 del Código japonés.

Rafael Domingo (discípulo amado del romanista Álvaro d'Ors, dedicado en los últimos años a ser el trovador de las gestas científicas de su maestro) ha señalado que "el Código civil japonés tiene mucho de Derecho alemán, bastante de Derecho francés y poco de tradición jurídica japonesa, pero, en todo caso, se trata de un Derecho elaborado en Japón por japoneses". Aparecen instituciones propias de esa tierra: el Iriai, que es un derecho real consuetudinario de explotación forestal de tierras comunales, o los Libros IV y V que regulan la familia y la herencia, respectivamente. La primera de estas instituciones se caracterizaba por organizarse en torno a una "casa" (Ie), que estaba a su vez gobernada por un jefe de familia. Esta casa estaba integrada por la esposa, los parientes consanguíneos hasta el sexto grado y los afines hasta tercero, con sus respectivos cónyuges (art. 732 del Código Civil japonés de 1898, en relación con el 735). Entre las obligaciones del jefe se encontraba la manutención de todos los miembros de la Casa (art. 746 del Código Civil japonés). A modo de contrapartida éstos no podían cambiar su residencia sin su autorización (art. 749 del Código japonés) y necesitaban contar igualmente con la autorización del mismo para contraer matrimonio o reconocer un hijo (art. 750 del Código japonés). A la muerte del jefe le sustituía su heredero. Una de las aportaciones propias del Código japonés fue la de otorgar capacidad jurídica y cierta capacidad de obrar a cada uno de los miembros de la Casa (arts. 1 y 748 del Código japonés de 1898). En su articulado se contemplaba un divorcio bilateral por mutuo consentimiento (art. 808 del texto de 1898) o judicial con "justa causa" (art. 813 del Código japonés), que suprimía el divorcio unilateral por parte del marido y que venía a ser una especie de repudio, vigente hasta 1873 en supuestos de esterilidad, lascivia, desobediencia a los suegros, locuacidad, hurto, celos o enfermedad incurable. En el Derecho sucesorio el eje fundamental era el jefe de la Casa. A su muerte o retiro le sucedía el pariente de sangre de grado más próximo que fuera varón y, entre éstos, el de más edad (art. 970 del Código japonés).

Tras la II Guerra Mundial se promulgó una nueva Constitución el 3 de noviembre de 1946 (que entró en vigor el 3 de mayo de 1947). Establecía una serie de principios que afectaban al Derecho de familia y al régimen de las sucesiones: el derecho a la igualdad previsto en el art. 14 de la Constitución de la postguerra, la libertad de residencia del art. 22 del Código japonés y los principios de "dignidad individual" y de "equiparación de ambos sexos" que debían adaptarse al sistema matrimonial y sucesorio (art. 24.2 del Código japonés). Para llevar a cabo esta adaptación se dictó la Ley 222/ 1947, de 22 de diciembre, que entró en vigor el 1 de enero de 1948. La nueva redacción conllevaba la supresión de la institución de la Casa, y la tradicional concepción del matrimonio. Con la nueva regulación del 47 se eliminó la autorización paterna como requisito de validez del consentimiento matrimonial del esposo menor de 30 años y la mujer menor de 25 años; se protegía al mismo tiempo la separación de patrimonios entre los esposos que así lo desearan (art. 762 del Código japonés), y se dejaba libertad a los cónyuges en la elección de apellido (art. 750). La supresión de los privilegios sucesorios del primogénito fue otro paso importante en materia de sucesiones, si bien se mantuvo inalterable la distinción entre hijo legítimo e ilegítimo (art. 900 del Código japonés).

A partir de la finalización de la II Guerra Mundial se promulgaron otras reformas en estas dos materias: la Ley núm. 40, de 29 de marzo de 1962, y la Ley núm. 51, de 17 de mayo de 1980, también en materia de sucesiones. A la materia de adopción le afectó la reforma de 26 de septiembre de 1987, dictada por la Ley núm. 101, que vino a extinguir todos los vínculos de parentesco entre el adoptante y la familia anterior. Más reciente ha sido la Ley 149/1999, de 8 de diciembre, que entró en vigor el 1 de abril de 2000, y que vino a afectar a la capacidad de obrar (arts. 7 a 20 del Código Civil japonés), así como a la tutela (arts. 838 a 876 del citado Código).

La traducción al castellano del Código Civil japonés de 16 de julio de 1898, que fue revisado el 22 de diciembre de 1947, ha sido realizada a partir de versiones alemanas e inglesas por Rafael Domingo, catedrático y antiguo Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad concordataria de Navarra, y revisada y actualizada por Nobuo Hayashi, de la Universidad de Rikkyo, Tokio. Esta obra representa un importante paso en el conocimiento del Derecho comparado japonés. Recoge una versión íntegra en castellano de la normativa actualmente vigente, cuidadosamente anotada y confrontada. Asimismo, cuenta también con un índice tópico que permite realizar una rápida búsqueda de los principales términos, así como un Estudio preliminar que nos acerca al conocimiento de su contenido. Y todo ello auspiciado por The Japan Foundation y con el apoyo de Garrigues & Andersen, actualmente sólo J. & A. Garrigues, tras desprenderse con rapidez de Andersen. Es una realidad que cada vez más está presente la participación nipona en los foros internacionales, fruto de la globalización que invade todos los mercados nacionales. En este estudio queda patente que esta cultura milenaria ha sabido integrar estos elementos extranjeros, aunque R. Domingo y el propio Antonio Garrigues, sin duda arrastrado por el primero "ven visiones" creyéndose que pueda haber una impronta española en el Código civil japonés, ni siquiera a nivel de minucia jurídica. Por ello, felicitamos a todos los que han colaborado en esta edición y le animamos a proseguir con esta labor.

Guillermo Hierrezuelo Conde

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons