SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
 número24PRODUCCIÓN ROMANÍSTICA ESPAÑOLA DE LOS AÑOS 2000 - 2001El protonotario de Aragón 1472-1707. La Cancillería aragonesa en la Edad Moderna índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • En proceso de indezaciónCitado por Google
  • No hay articulos similaresSimilares en SciELO
  • En proceso de indezaciónSimilares en Google

Compartir


Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.24 Valparaíso  2002

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552002002400012 

Alvarado Planas, Javier - Montes Salguero, Jorge - Pérez Marcos, Regina Mª - Sánchez González, Mª. Dolores del Mar, Temas de Historia del Derecho y de las Instituciones (Madrid, UNED. 1999), 757 págs.

Ya nos hicimos eco en esta misma sede, en el núm. XXII (2000), p. 567, del primer tomo, una versión distinta aparecida en 1997, de esta obra, de una forma muy sincrética, apenas dos párrafos. Tratándose de un libro distinto, y de una extensión que alcanza casi el doble del que comentamos en su momento, vamos a hacerlo ahora con algo de mayor atención.

Este Manual se inicia con una Introducción Previa (pp. 23 - 29) en la que se avanza el concepto de Historia del Derecho, y a continuación se concreta el de Historia del Derecho Español, y las fuentes directas e indirectas. A la vez se hace un análisis de la Historiografía jurídica y de la Escuela Histórica del Derecho, su recepción e influencia en España, si bien se le dedica unas pocas páginas. La Unidad Didáctica I avanza los Sistemas jurídicos prerromanos e hispanorromano en cada uno de sus cincos temas en un período que comprende desde las últimas etapas del Neolítico hasta la caída del Imperio Romano de Occidente (476 d. C.). El primero se refiere a los Derechos prerromanos en la Península Ibérica (pp. 37 - 66), que trata la Revolución Neolítica, los pueblos cántabros, los vacceos, los turdetanos, los celtíberos, los carpetanos, etc., en la Península Ibérica, así como la estructura económica, social y política del matriarcado, la gens y las gentilidades, los pactos de hospitalidad, la clientela y devotio y las Asambleas ciudadanas. Uno de los autores de esta obra, Alvarado Planas, ya era un consagrado estudioso del mundo primitivo, aunque sus resultados investigadores no convencieran demasiado a Gustavo Villapalos, hombre que parece saber de todo, aunque no escribe prácticamente de nada. El tema 2 de esta Unidad I (pp. 67 - 96) se dedica al proceso de la Romanización y a las fuentes del Derecho Romano (ius civile, ius honorarium, leges e iura) e Hispanorromano, así como al Derecho Romano vulgar. El tercero de los temas se refiere al modelo político-administrativo romano en la Provincia (pp. 97 - 120), y para ello estudia la lex provinciae y las divisiones provinciales existentes en la España Romana, el sistema de gobierno de los magistrados y las Asambleas provinciales, así como el régimen municipal (las Leyes de colonias y municipios, los Magistrados y la Curia municipal). El tema 4 se refiere a la organización económica (la agricultura, la ganadería, la industria, el comercio y la minería) y social, y se prolonga en su estudio hasta la crisis del Imperio (pp. 121 - 142). Las instituciones político-administrativas son objeto del tema 5, donde se analiza la Administración de Justicia y los distritos judiciales, la organización financiera y la Hacienda Pública, y la organización militar y eclesiástica (pp. 143 - 159).

La Unidad Didáctica II estudia el sistema jurídico visigodo (siglos V - VIII) en los tres temas que le siguen: el sexto se dedica a los pueblos germánicos, el séptimo a las fuentes del Derecho visigodo y el octavo a las instituciones político-administrativas visigodas. El primero de ellos (pp. 165 - 180) contempla la época de las invasiones, el Derecho e instituciones de los pueblos germanos, el asentamiento de los visigodos (la hospitalidad y el reparto de las tierras), y tanto la estructura económica como la social. Las fuentes principales del Derecho visigodo (pp. 181 - 215, tema 7), es decir, el Código de Eurico, el Breviario de Alarico también llamado Lex Romana Visigothorum (506), el Codex Revisus de Leovigildo (del que no nos consta ningún ejemplar), el Liber Iudiciorum (654), y las tesis de la personalidad y territorialidad del Derecho visigodo, así como las fuentes canónicas en particular la Hispana, son los puntos claves que desarrolla este capítulo. Las instituciones político-administrativas visigodas como la Monarquía, los Concilios de Toledo, el Oficio Palatino, el Aula Regia, los Ducados, los Condados y los Territorios, el Municipio, la Curia municipal y la Asamblea de vecinos, la jurisdicción ordinaria y las jurisdicciones especiales, o la organización militar, financiera y eclesiástica son estudiados en este tema que hace el número ocho.

El sistema jurídico de la Edad Media (I) comprende desde el temas 9 al 13. El primero de ellos está referido a la Introducción y estructura económica de ese período (pp. 247 - 279), y trata sobre la Reconquista, la Repoblación, los señoríos, el régimen económico de las aldeas, los contratos agrarios, la Mesta, el comercio, las operaciones crediticias, entre otras cuestiones. En torno a la estructura social gira el siguiente capítulo (pp. 281 - 297) que viene a desarrollar cuestiones como los estamentos privilegiados, los hombres libres, los colonos, los siervos y los libertos, al mismo tiempo que explica el feudalismo y las instituciones propias de la época como el vasallaje, el beneficio o el pacto feudal. La primera parte de las fuentes del Derecho (pp. 299 - 321, tema 11) desarrolla las teorías sobre la naturaleza del Derecho altomedieval, la pervivencia del Liber Iudiciorum, las Cartas Pueblas y los Fueros municipales, así como el ius commune. La segunda de ellas descubre las fuentes del Derecho Medieval (pp. 323 - 351 del tema 12) y comenta los Fueros de León (1017), de Sepúlveda (1076), de Sahagún (1080), de Logroño (1095), de Toledo (1085), de Cuenca (otorgado por Alfonso VIII), y los Fueros de Castilla (s. XIV), Fuero Viejo de Castilla (también redactado a mediados del s. XIV), como igualmente la obra legislativa de Alfonso X (el Fuero Real y el Espéculo, ambos fechados en 1255, la literatura jurídica de las Leyes de Estilo redactadas a principios del s. XIV y las Partidas) y el Ordenamiento de Alcalá (1348). No se olvidan los autores de los derechos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. El tercero de los capítulos dedicado a las fuentes del Derecho Medieval (pp. 353 - 378) está referido al Fuero General de Navarra, al Fuero de Jaca (otorgado por Sancho Ramírez de 1063 y ampliado y confirmado por Ramiro II en 1134 y por Alfonso II en 1187, siendo posteriormente desarrollado en los siglos XII y XIV), a los Fueros de Aragón (1247) y a las Observancias datadas en distintas fechas, a las Cartas Pueblas de Cataluña siendo una de las más antiguas la otorgada a Cardona el año 986, los Usatges y las Costums de los distintos territorios (Lérida en 1228, Tortosa en 1279, las de Gerona compiladas en 1439). Este es el lugar asignado a Valencia y Mallorca.

El Sistema jurídico de la Edad Media (II) corresponde a la Unidad Didáctica IV. La Monarquía y las Cortes son tratados en el tema 14 (pp. 379 - 393), donde se recuerdan los orígenes, la naturaleza y las limitaciones de ambos poderes. La Administración Central y el acceso y control del oficio público, la Corte y sus oficiales, los Consejos de Castilla y de Aragón y Navarra, las Cancillerías y los Secretarios del Rey son las instituciones político-administrativas que siguen a continuación (pp. 395 - 412). Una de las instituciones fundamentales para el conocimiento de la Edad Media es sin duda la realidad de la Administración Territorial, así como la Local de Castilla, Cataluña, Valencia y Mallorca, Aragón y Navarra (pp. 413 - 430). Para el conocimiento de las instituciones actuales resulta sugerente ver la claridad conceptual con que los autores explican la Justicia (la Curia Regia, la Asamblea vecinal o concilium, las Chancillerías, las Audiencias castellanas, el Justicia Mayor de Aragón, como también la jurisdicción señorial, eclesiástica y mercantil), la Iglesia, la Administración de Hacienda y el Ejército, incluyéndose las Órdenes militares, el fonsado, las milicias señoriales y concejiles (pp. 431 - 460).

La V de las Unidades Didácticas, referente a los Sistemas jurídicos hispano-musulmán y de la Edad Moderna (I), se inicia con el Derecho hispano-musulmán (tema 18, pp. 469 - 492). Este primer tema se refiere a las fuentes del Derecho musulmán (el Corán, la Sunna, Iyma´ y Quiyas), la estructura económica y social y las instituciones político-administrativas del Estado musulmán, la Administración central y territorial, la de Justicia y la organización financiera y militar. Respecto a la Edad Moderna (pp. 493 - 509 del tema 19) los autores presentan una descripción de la Monarquía centralizada y del Absolutismo monárquico, así como de la unificación a la que condujeron los Decretos de Nueva Planta (1707, 1711, 1715, 1716, 1717). Dos siglos antes había tenido lugar la unificación religiosa por parte de los Reyes Católicos, al parecer no tan "católico" él como ella. No menos importancia alcanzó la conquista de América (tema 20, pp. 511 - 534) con las Capitulaciones firmadas por Isabel y Fernando, por un lado, y Cristóbal Colón, por otro, en Santa Fe (1492) y las Bulas pontificias, así como la discusión sobre los títulos para legitimar la presencia española en América. A la organización económica referente al mercantilismo, la Mesta, la industria y el comercio, así como a la estructura social de las distintas clases existentes están dedicadas las pp. 535 - 552 del tema 21. El siguiente de los capítulos (tema 22, en las págs. 553 - 568) trata sobre las recopilaciones castellanas del Ordenamiento de Montalvo (1484), la Nueva Recopilación promulgada en 1567 por Felipe II, la Novísima Recopilación de las Leyes de España, aprobada por una Real Cédula de 1805, las Recopilaciones en el País Vasco, Aragón, Valencia, Navarra y Cataluña, y el Derecho Indiano en sus recopilaciones no oficiales y el texto oficial de 1680, aprobado por Carlos II.

La Unidad Didáctica VI, dedicada al Sistema jurídico de la Edad Moderna (II) hace un estudio de la Monarquía y las Cortes en el tema 23; la Administración Central en el 24; la Administración territorial y local en el tema 25 y la Administración de Justicia, la Iglesia, la Hacienda y el Ejército en el 26. El primero de ellos (pp. 571 - 588) se centra en los enfrentamientos entre la Monarquía y las Cortes, propios de esta época. A continuación (pp. 589 - 605) le siguen las instituciones de la Administración Central referentes a los oficiales, los Consejos y las Juntas en la época moderna, así como los Secretarios del Rey. El tema 25, perteneciente a esta Unidad, dedica unas páginas a la Administración Territorial de los virreinatos, las provincias y las intendencias, y a la Administración Local, junto a la reforma llevada a cabo por Felipe V tras los Decretos de Nueva Planta (pp. 607 - 621). El último de los capítulos (pp. 623 - 642) reseña principalmente los nuevos impuestos, las regalías, los servicios y los juros, al igual que la reforma llevada cabo en el s. XVIII en la Hacienda, pero también dedica algunas referencias a los jueces, las Audiencias y las Chancillerías, la Iglesia y la organización militar.

Un cambio radical en los temas tratados lo representa el Sistema jurídico constitucional (I), al que está dedicada la Unidad Didáctica VII. El tema 27, bajo la rúbrica El marco político de la España del siglo XIX, gira en torno a la caída del Antiguo Régimen, a las crisis liberales y absolutistas (1814 - 1833), a la consolidación del Régimen liberal y a la Restauración y la política de Antonio Cánovas (pp. 649 - 665). El tema 28 examina la organización económica y social (pp. 667 - 680) y desarrolla los principales temas en esta época de cambios tan radicales como la disolución del régimen señorial, la desvinculación de los mayorazgos, la desamortización y la Revolución industrial, pero también las clases sociales y el nacimiento de los movimientos obreros. Fundamental, en lo que nos atañe, fue el período de la elaboración de las Constituciones españolas (tema 29, pp. 681 - 692): el Estatuto de Bayona de 1808, la Constitución de Cádiz de 1812, el Estatuto Real de 1834, y las Constituciones de 1837, de 1845, la septembrina de 1869 y la de 1876, que estableció la restauración monárquica tras un período complicado en términos políticos. El tema 30 se separa de las cuestiones tratadas, para hacer unas breves alusiones a los Códigos penales de 1822, 1848 y 1870, mercantiles de 1829 y 1885, procesales con las Leyes de Enjuiciamiento Civil de 1855 y 1881, y civiles con el proyecto de Código Civil de 1851 y el actual de 1889 (pp. 693 - 708). Debería haberse aclarado más la influencia del Code civil de 1804 en el texto español.

A la última de las Unidades Didácticas, sobre el Sistema jurídico constitucional (II) se le dedican tres temas, todos ellos sobre las instituciones político-administrativas. El primero de ellos nos introduce al mismo (pp. 711 - 726): el Rey, las Cortes y los partidos políticos son los tres aspectos que trata. El segundo desarrolla la Administración Central (pp. 727 - 739) y se refiere a la organización de los Ministerios, al Consejo de Ministros y al Consejo de Estado. El último de ellos, y que pone colofón a este Manual, hace una exposición sobre la división de la Administración territorial en provincias, en Gobiernos civiles y en Diputaciones, y la local en municipios, pero también de la Administración de Justicia y las relaciones Iglesia-Estado, así como la Hacienda y el Ejército (pp. 741 - 757).

Estas Unidades Didácticas, que constituyen la segunda edición, y, siguiendo la sistemática de la UNED, tienen la característica de ser una guía práctica para el estudio de la Historia del Derecho Español, del primer curso de la Licenciatura de Derecho y la Historia de las Instituciones político-administrativas de España del último curso de la Licenciatura de Ciencias Políticas. Las ocho Unidades Didácticas ofrecen una visión completa de todas las Instituciones. En el mismo Prólogo los autores señalan que se han obviado las instituciones del Derecho privado, penal y procesal, que aparecían en la primera versión, con razones que resultan convincentes, centrándose en las fuentes, y en espera de la reforma de los Planes de Estudios que tanto el profesorado como los alumnos están esperando en muchas Facultades de Derecho de las Universidades españolas todavía hoy, ya que no acaba de convencer el Decreto de directrices propias de 1990 y muchos son partidarios de mantener el Plan de 1953.

Ofrece este Manual, al final de cada tema, un Glosario de términos, una Bibliografía básica, Mapas y Materiales con los que trabajar, en forma de Addenda y Textos, así como Ejercicios de autoevaluación ya resueltos que facilitan el análisis de las instituciones que son objeto de estudio. En esta nueva edición, que aporta innumerables mejoras respecto a la primera, ha participado, como señalábamos al principio, Javier Alvarado Planas, ya consagrado Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, tras un breve paso por la Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha, si bien no ha dirigido él mismo esta obra de conjunto, en cuanto que las coordinadoras han sido dos mujeres, las profesoras Regina Mª. Pérez Marcos y Mª. Dolores del Mar Sánchez González. Este manual es uno de los tres que en estos momentos se recomienda en la asignatura de Historia del Derecho en la UNED, junto al de José Antonio Escudero López, del que estamos preparando una amplia recensión crítica y que es instrumento de trabajo muy bueno a la par que seguido de cerca en algunos casos por José Sánchez-Arcilla, también afamado manualista. El del fallecido Joaquín de Azcárraga y de Servert (1936 - 2001), escrito en colaboración con José Manuel Pérez Prendes y Muñoz de Arraco, dejó de recomendarse al haber redactado el suyo propio la única discípula que le quedaba a Azcárraga en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Podían haber sido cuatro los manuales, pero se han quedado en tres. Tipo curioso Azcárraga, que había escrito su tesis doctoral en Derecho sobre La Presidencia del Consejo de Ministros en el Derecho histórico español. Sus orígenes y procesos de formación, que dirigió Manuel Torres López (1900 - 1987) y fue defendida en la Universidad de Madrid en 1970, ante un tribunal del que renunció a formar parte del mismo Alfonso García-Gallo y de Diego (1911 - 1992), entrando a substituirle José Antonio Escudero López, buen conocedor de la materia, que en su caso sí que hizo en su momento una obra importantísima sobre los orígenes del Consejo de Ministros. Azcárraga fue autor de trabajos que se perdieron en el mar, de donde no han podido ser recuperados. Profesor Agregado de Historia del Derecho de la Universidad de Zaragoza y Catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, brilló con fulgor propio por sus elevadísimas cualidades docentes comúnmente reconocidas y por su talante campechano, abierto, dialogante y admirador del sexo débil. Estudió el Fuero de Madrid, pero siempre fue parco con la pluma (salvo lo que yace en el fondo del Mediterráneo, camino de Nápoles), pero no importa, ya que lo que no escribió él, se encargó de publicarlo su hermana María Josefa que editó en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 1997, en un volumen de más de setecientas páginas, La Masora parva del Códice de los Profetas de El Cairo. Sería bueno que las revistas científicas recensionaran sus Lecciones de Historia del Derecho. Nos depararían sorpresas.

Guillermo Hierrezuelo Conde

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons