Introducción: contexto y fuentes

El problema de la vivienda en Chile tiene una larga trayectoria y ha permeado el discurso público desde inicios del siglo XX. Su incorporación como materia de Estado se remite a la publicación de la Ley 1838 de habitaciones obreras (1906), hito que ha sido ampliamente discutido en la historiografía⁴ tanto por su relevancia social y política -se trata de la primera legislación que consideraba una solución habitacional a nivel nacional- como por ser una iniciativa pionera a nivel continental⁵.

Durante las décadas siguientes, y en el contexto del fortalecimiento del rol del Estado en la cuestión social, los limitados resultados de esta Ley fueron críticamente discutidos, a la vez que fueron permeados por las disputas entre propietarios y arrendatarios de sitios o de piezas de conventillos, dando origen a movimientos sociales que presionaron mayor acción estatal y que permitieron la publicación de nueva legislación, especialmente enfocada en cubrir las necesidades de los sectores más pobres⁶. Algunos ejemplos de estas conquistas fueron los decretos 261 y 308 sobre alquileres y habitación barata, ambos de 1925, o del DFL 33 (1931), que concedió préstamos por parte del Estado para la regularización de terrenos y la construcción de vivienda de bajo costo⁷.

Sin embargo, y luego de décadas de desarrollo institucional, ensayos legislativos y aprendizaje profesional sobre cómo hacer frente a la cuestión de la vivienda en el país, al finalizar el primer tercio del siglo XX, aún persistían serios problemas, volviendo insuficiente la acción realizada hasta la fecha. Para entonces, figuraba un déficit acumulado de habitaciones, provocado tanto por la incapacidad del Estado para promover la construcción por parte de privados -hasta entonces considerada principal fuente de financiamiento-⁸, como por la demolición de la vivienda existente, producto del aumento de los estándares higiénicos en la legislación⁹. Asimismo, cambios demográficos debido al crecimiento vegetativo de la población y a las migraciones campo-ciudad agudizaron dicha escasez, especialmente en áreas urbanas de incipiente desarrollo industrial.

Frente a la necesidad urgente por cubrir la demanda por vivienda, con la ascensión de los gobiernos radicales, hacia mediados de la década de 1930, el Estado avanzó hacia fórmulas que permitirían la construcción directa por medio del financiamiento propio, permitiendo así un mayor control sobre la oferta. Para lograr este objetivo, además de la creación de una moderna red institucional que culminaría con la creación de un ministerio propio en 1965 (el de Vivienda y Urbanismo, MINVU), el Estado chileno, al igual que otros gobiernos de la región, comenzaría a asumir un rol preponderante en materia económica, buscando reemplazar el antiguo modelo “primario-exportador” hacia uno de “industrialización sustitutiva” que permitiera el interno desarrollo de la economía¹⁰.

Es así como en 1936 se concretó la formación de la Caja de la Habitación Popular (desde ahora “la Caja”), pasando a ser entonces la primera institución de Estado que, además de disposiciones para el fomento de la construcción por parte de terceros, ya presente en legislación pasada, dispondría de financiamiento para la edificación directa, proyectando su labor a través de la materialización de conjuntos habitacionales en diferentes ciudades del país. Por su parte, en 1939 se formaron las Corporaciones de Fomento a la Producción (CORFO) y de Reconstrucción y Auxilio (CRA), las cuales, en conjunto, tendrían por objetivo “recomponer la estructura productiva del territorio devastado” y “efectivizar el proceso de reconstrucción” luego del terremoto que azotó la zona centro sur del país¹¹. Posteriormente, en 1953, tanto la Caja como la CRA serían absorbidas por la Corporación de la Vivienda, CORVI. Dicha institución pasaría a ser no solo el mayor promotor de la vivienda en términos cuantitativos¹², sino que impulsor, por primera vez, de planes nacionales de vivienda, los que serían propuestos acorde al plan industrial liderado por la CORFO. Sus atribuciones irían desde la expropiación, compra, venta, arriendo de inmuebles, hasta el fomento y coordinación de institutos y centros para la investigación, racionalización y mecanización de la industria, entre otros¹³.

En este sentido, el impacto social y urbano de tales instituciones de Estado fue considerable en el periodo aquí estudiado. De hecho, con la reforma de la Caja en 1942 se presentó un notable aumento en el presupuesto estatal para el rubro de la construcción y específicamente el de viviendas, marcando un histórico peak del 46,1% de inversión nacional hacia el año 1944¹⁴. Esta cifra se evidencia tanto por el progresivo aumento de unidades entregadas, como por la distancia que tuvo con la labor de construcción indirecta o privada, incluso sextuplicándola en los años de funcionamiento de la Caja.¹⁵

Pero el proceso de ampliación de las atribuciones estatales en materia de vivienda desde inicios del siglo XX no estuvo ausente de cuestionamientos, incluso entre los mismos políticos de los que dependía. En una publicación del primer número de La vivienda, una de las fuentes principales de este trabajo, se denunciaba una desconfianza histórica por parte de la clase dirigente, quienes creían que tal intervención “venía a amagar el hasta entonces indestructible imperio de la propiedad privada, convertida en privilegio. Esto era lo que significaba la intervención del Estado para dotar de casa salubre a la masa obrera”¹⁶. Asimismo, su labor también sería criticada por impactar negativamente en el proceso de urbanización, incapaz de adquirir terrenos centrales a bajo costo y generando como consecuencia la creación de una periferia precaria¹⁷, por su ineficacia en resolver las demandas de pobladores, y por desincentivar la inversión privada, contrayendo la producción de vivienda barata¹⁸.

De esta forma, la nueva institucionalidad debió justificar técnica, profesional y políticamente sus proyectos, por medio de la creación de nuevas herramientas que permitieran masificar y abaratar los costos de producción. A la vez, difundieron su labor entre diversos actores involucrados, buscando su apoyo para la materialización de poblaciones y de los planes habitacionales. Este periodo puede ser entendido entonces como aquel de “auge, crisis y ulterior recomposición del significado de Estado, como impulsor de la vida nacional”¹⁹, y por medio del cual se implementarían ideales modernos y democratizantes, que, aplicados a la cuestión habitacional, significaron un proceso de construcción institucional en expansión. Asimismo, su labor comenzó a entrelazarse con los planes de desarrollo económico e industrial, incorporando a la planificación territorial y sus instrumentos como base para un crecimiento balanceado y coordinado²⁰.

Por lo anterior, y con el interés de comprender los discursos que la Caja y la CORVI transmitieron en este proceso de consolidación estatal en la producción de vivienda y ciudad, el presente artículo propone explorar dos fuentes periódicas oficiales, especialmente dirigidas a los pobladores de los conjuntos construidos por el Estado²¹. Aunque de breve permanencia en el tiempo, el análisis de las revistas La vivienda (1945-46, 4 números) y CORVI noticias (1961-65, 35 números)²² permitió examinar “el espíritu” que ambas instituciones difundieron entre la población a partir de dos momentos clave: la publicación de la Ley 7600, que reformó y entregó más autonomía a la Caja, y del DFL 2, que impulsó los primeros planes habitacionales. En ambos contextos de transformación institucional y estratégica, la comunicación que tales organismos mantuvieron con los pobladores se volvió fundamental para el éxito de la planificación de conjuntos de vivienda. Así, su contenido derivó entre la incorporación pasiva del sujeto social, es decir, utilizando tales revistas como medio informativo o educativo, pero también promovió el interés entre sus lectores para involucrarlos activamente en la formación de una vida en comunidad, exponiendo experiencias que alentaban la formación de liderazgos vecinales y otras redes de apoyo. Para lograr este objetivo, las publicaciones contaban con material de interés general variado, agrupados en secciones de distinta complejidad y enfoque.

Aporte historiográfico y alcance metodológico

Si la caracterización institucional y legislativa del problema de la vivienda durante el siglo XX ha sido ampliamente relevada en la historiografía nacional, también lo ha sido el estudio de movimientos de pobladores y las luchas por la vivienda. En ambos aspectos, existen valiosos aportes que provienen de miradas panorámicas como las de Rodrigo Hidalgo o de Vicente Espinoza²³, a la vez que otros textos han puesto énfasis en explorar la producción de vivienda y sus impactos en periodos institucionales específicos desde una perspectiva urbana o arquitectónica²⁴. Dentro de este último cuerpo de publicaciones destacan además los estudios de casos que caracterizan conjuntos de vivienda de relevancia local, regional o nacional y las discusiones técnicas y profesionales en torno a su diseño y construcción²⁵.

En paralelo, otras investigaciones se han interesado en visibilizar, bajo dos flancos, el papel que diferentes actores sociales han tenido en la cuestión de la vivienda: el primero destaca el movimiento de pobladores, su orgánica y estrategias políticas²⁶, atribuyendo su origen hacia 1957 y su posterior proyección gracias a la ejemplificadora experiencia de la toma de La Victoria²⁷. El segundo, de consolidación más reciente, ha buscado comprender de manera complementaria una más larga y amplia relación entre los callamperos, pobladores y grupos medios con la puesta en marcha de políticas públicas, de programas estatales o directamente con su participación para la obtención de vivienda²⁸.

En un esfuerzo por contribuir en la historia social y de la planificación en Chile, este artículo aporta al conocimiento sobre el rol que el Estado confirió a los sujetos sociales para la materialización de sus proyectos de vivienda y la urbanización de la periferia. Para ello, la investigación considera como principal fuente primaria aquellos órganos de difusión periódica, permitiendo abordar inicialmente la manera en la que el Estado difundió el problema de la vivienda bajo un discurso oficial, y justificó sus acciones basado en la técnica y en la política. Así, el análisis de este material permite identificar dos aspectos: a) las formas en las que la institucionalidad actuó entre un grupo específico de la población (primero en el contexto de la Caja, y luego de la CORVI), promoviendo valores moralizantes que derivarán posteriormente en conceptos más amplios de bienestar social e individual²⁹; y b) el contenido presentado en torno a sus avances técnicos y las discusiones profesionales, justificando la labor del Estado en materia de vivienda en un periodo de modernización institucional, social y urbana³⁰.

La relevancia de la relación sujeto-Estado en materia de vivienda ha sido estudiada, con mayor énfasis, desde mediados del siglo XX, a raíz de los vaivenes de los movimientos de pobladores (entre triunfos sociales y mecanismos de represión del Estado), o bien, como una sinergia de las formas populares de hacer ciudad y su institucionalización en programas, tales como la Operación Sitio. Proponemos, al contrario, que esa interpelación es visible desde los primeros estadios institucionales, hipótesis que se vuelve más certera si se considera que La vivienda y CORVI noticias -únicos órganos oficiales periódicos identificados a la fecha- estuvieron orientadas específicamente al “poblador común”.

La estrategia metodológica para procesar las mencionadas fuentes primarias consistió en la transcripción de los sumarios de las revistas, permitiendo así la posterior selección y análisis de contenido escrito y gráfico. Luego, y con especial énfasis en sus editoriales, se caracterizaron los enfoques, alcances, misión y visión de cada una de las revistas y sus periodos de actividad. Finalmente, se realizó un análisis cualitativo mediante la codificación de su contenido, con el fin de identificar continuidades y cambios en torno a los enfoques y temáticas en dos momentos institucionales clave en la cuestión habitacional en Chile

Del paradigma moralizador a la vivienda como derecho

Una temática que ha cruzado gran parte del discurso oficial acerca de la vivienda ha sido su relación con la promoción de la higiene, de la salud y del bienestar social. Castillo y Letelier³¹ explican esta dimensión para las dos primeras décadas del siglo XX como un paradigma moralizante, el que, sin embargo, solo habría logrado impactar en el segmento de la población con capacidad de ahorro³². Si bien, tal discurso moralizador no fue superado por completo hacia finales de la década de 1960, se actualizó en el marco de la formación de la nueva institucionalidad de Estado, reconociendo la vivienda como un derecho que debía extenderse a todos los miembros de la familia. Este derecho abarcaba, además, los diferentes segmentos socioeconómicos y, a pesar de que inicialmente con la Caja fue comprendido como un objetivo que se gestaba bajo diferentes modos de tenencia, con la labor de la CORVI terminaría por abrazar el concepto de la casa propia. En este tránsito, el Estado convocó también a otros actores e instituciones, con la misión de suplir la escasez habitacional y contribuir en el progreso nacional:

“(…) Va esta publicación a las manos del poblador, del dueño de mejoras, del comprador de sitios a plazos, del arrendatario, del empleado, de la dueña de casa y del niño; y a la del hombre público y de negocios, del industrial y del inversionista, y a todos los gremios obreros, y a los médicos, técnicos, maestros, etc. porque todos ellos encarnan una porción del problema de la vivienda”³³.

Fuente: La vivienda 1 (Santiago 1945)

Figura 1 : portada del primer número de La vivienda (1945). Imagen compuesta por dos planos: el primero muestra un busto que representa a la Caja y la Ley 7600, compartiendo su conocimiento técnico con expertos y obreros (izquierda), a la vez que entrega un título a una familia de pobladores (derecha); en segundo plano se observa un escenario de modernización urbana, donde una casa colinda con una industria. 

Bajo este concepto de colaboración, la meta del Estado radicaría en cubrir el déficit -que para 1940 se contabilizaban en 330.000 unidades-³⁴ y entregar a cada familia una casa donde vivir (figura 1), facilitando mecanismos de financiamiento que encaminaran hacia “una verdadera justicia social”³⁵. Incumplir esta meta, por el contrario, aumentaría la reproducción de males sociales, como, por ejemplo, la delincuencia juvenil³⁶, siendo un deber del Estado velar por dicho bienestar.

Familia y comunidad en el centro del debate

En ese sentido, el proceso de concepción de la vivienda como un derecho significó garantizar una correcta relación de los pobladores con su entorno social y material³⁷, incorporando, por un lado, espacios que la trascendían (calles, espacios comunes, infraestructura y servicios), mientras que, por otro, se visibilizó la participación de nuevos actores en dicha ecuación: la familia y los miembros que la componían. Desde entonces, la “buena habitación” ya no buscaría solo satisfacer las necesidades básicas del hombre-padre trabajador, sino que comenzó a ser entendida bajo un concepto más amplio de concepción del bienestar, que debía responder a parámetros hasta entonces excluidos del debate, tal como el grado de urbanización de la población o conjunto, la disponibilidad de infraestructura comunitaria, el correcto encauzamiento de los liderazgos vecinales y la promoción de la vida de barrio:

“Una tarea importante de la acción social es obtener el bienestar de la familia (…) Partiendo de este principio, es indudable que lo primero que hay que lograr es la unidad indestructible del vínculo familiar y además la unión de una familia con otra (…) Convivir socialmente, es decir, mantener lazos de amistad entre un grupo de familias, es una necesidad, porque además de mejorar las relaciones humanas, permite la ayuda mutua para la solución de innumerables problemas”³⁸.

Esta mirada sobre los lazos familiares y comunitarios fueron fundamentales en los discursos de la Caja y la CORVI, donde un porcentaje del contenido de ambas revistas apelaba a incentivar un “espíritu comunitario”, de vínculos entre vecinos y la creación de dirigencias.³⁹ Así, estas fuentes primarias exhibían prácticas exitosas emprendidas en diferentes poblaciones del país y que asegurarían una mejor habitabilidad: construcción de bibliotecas comunitarias, colegios y policlínicos, hermoseamiento de espacios comunes, la creación de redes de apoyo, la organización de actividades recreativas y deportivas, entre otros (figura 2). Por medio de la labor mancomunada de instituciones y vecinos, las poblaciones de la Caja y la CORVI se mostraban en ambas publicaciones como “pequeños pueblos ubicados en el corazón de las grandes ciudades”⁴⁰, espacios autosuficientes, solidarios y con una fuerte identidad local.

Fuente: CORVI noticias 9 (Santiago 1962), s.p.

Figura 2: Crónica sobre buena práctica comunitaria en población CORVI. Publicación que apelaba a la voluntad de los vecinos a cuidar y mantener los espacios comunes de las poblaciones, alentada por medio de un ejemplo de buena práctica en la población República de Venezuela, Santiago. 

Asimismo, nuevos aspectos del bienestar comenzaron a ser introducidos en la proyección y diseño de poblaciones estatales, como, por ejemplo, su ubicación dentro de las zonas urbanas. Y mientras la proximidad de éstas a los lugares de trabajo o servicios se trató de una variable de menor control, producto del encarecimiento del precio del suelo en zonas céntricas, la urbanización de la periferia comenzaba a ser reevaluada en torno a los beneficios que reportaba, por ejemplo, a otros miembros de la familia como los niños, quienes podrían disfrutar allí del aire fresco y de amplios espacios de juego⁴¹. Con todo, ambas instituciones mantuvieron una mirada autocrítica en torno a la localización, evaluándose como una problemática que debía ser atendida a través de la colaboración con otras entidades públicas y privadas⁴² y, ciertamente, con la participación de los y las pobladoras y sus hijos. En este sentido, en las publicaciones oficiales de ambas instituciones emergió con fuerza el rol de la mujer, especialmente en lo que refería a la gestión de servicios sanitarios de las nuevas poblaciones, muchas veces desprovistas de tal infraestructura. Para ello, se formaban especialmente “centros de madres”, grupos de apoyo que, además, buscaban facilitar las labores de cuidado, creando oportunidades laborales o adaptando espacios dentro de las mismas poblaciones para realizar trabajos manuales compatibles con la maternidad⁴³. En este tránsito también se consideró el rol que podrían jugar niños y adolescentes, ligados principalmente al mantenimiento de los espacios públicos y recreativos de las poblaciones, quienes serían los mayores garantes de su buen uso⁴⁴.

Así, y a diferencia del enfoque decimonónico donde primó el análisis de los males sociales reproducidos en el conventillo y cuya solución estuvo puesta en la caridad, los discursos de la nueva institucionalidad de la vivienda como cuestión de Estado comenzaron a incorporar debates en torno a un espectro más amplio de actores y sus necesidades, hasta entonces excluidos de las soluciones habitacionales entregadas. Con el rol de la Caja y la CORVI, por el contrario, a cada miembro de la familia se le confirió un rol activo en la consolidación de sus viviendas y poblaciones, a la vez que ésta se consideró inserta en un entorno socio-material que debía ser mantenido gracias a vínculos vecinales, especialmente cohesionados a través del liderazgo de sus dirigentes. Este proceso tomaría un rumbo aún más acelerado a partir de 1964 con la ascensión de la Democracia Cristiana en el gobierno y luego con la publicación de la Ley 16.880 sobre “Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias” en 1968⁴⁵.

La cuestión de la casa propia y la tenencia en propiedad

A medida que aumentó la capacidad del Estado por cubrir el déficit habitacional, especialmente desde que inició la labor de la CORVI en 1953, la vivienda unifamiliar comenzó a ser difundida como una posibilidad más cercana y accesible, mientras que la tenencia en propiedad sería considerada como un factor fundamental en la movilidad social de los adquirientes de viviendas estatales. Este tránsito se evidencia tanto en lo legal, representado en el DFL 2 de 1959⁴⁶, como en lo discursivo, a través de las publicaciones de La vivienda y CORVI noticias. Así, mientras por un lado, en el periodo de publicaciones de la Caja (1945-46) se ponía mayor énfasis en las diferentes modalidades de tenencia como solución al problema de la vivienda, en los efectos negativos de la propiedad del suelo y se tensionaba la realidad chilena con las propuestas del socialismo soviético⁴⁷, en CORVI noticias (1961-65) se defendía con mayor ahínco los beneficios de adquirir una “casa propia”, pudiendo basar en ella la estabilidad familiar y económica⁴⁸. Este enfoque se transmitía a través de crónicas o entrevistas a los nuevos propietarios de viviendas CORVI:

“Facundo Núñez Valdivia, su esposa Olga y sus hijos, son un ejemplo de lo que se puede lograr cuando existe verdadero espíritu de superación, cuando hay respeto por el hogar, deseo de verlo floreciente y feliz. Es un estímulo para todos y muy especialmente para la Corporación de la Vivienda que al otorgarles una casa propia, contribuyó a reforzar las bases de una alegría y felicidad que desea para todos los chilenos”⁴⁹.

Para difundir la idea de “la casa propia” como un fin plausible, las institucionalidades de vivienda dispusieron de múltiples estrategias, buscando convocar así al mayor número posible de beneficiarios. Los contenidos analizados en las fuentes primarias permiten constatar que un importante cuerpo de publicaciones invitaba al lector a conocer sobre las modalidades para la adquisición de viviendas en propiedad, entregando la información acerca de los trámites y estimulando a la postulación de beneficios. En la publicación de CORVI noticias titulada “Un camino rápido para ser propietario”, por ejemplo, se presentaba la posibilidad de acceder a esta por medio de la creación de cooperativas y la posterior adquisición de terrenos que podrían ser loteados entre sus miembros para una autoconstrucción guiada⁵⁰; en otros casos se informaba acerca de la labor de departamentos como la Sección Administración de Propiedades y Postulaciones, encargada de gestionar las solicitudes⁵¹; o se exponían los mecanismos para la apertura de cuentas de ahorro para la vivienda, haciendo alusión a las ventajas comparativas de dicha modalidad en contraste al arriendo (figura 3).

Tanto en el periodo que antecedió la fundación de la Caja como durante la transformación institucional de la CORVI, los debates sociopolíticos y los avances legislativos debieron incorporar el problema de los arriendos, el de los sitios a plazo-“mejoreros”, o el de los asentamientos informales-“callamperos”, mientras se trató de proveer soluciones habitacionales a familias con diferentes capacidades de ahorro y pago. Esta multiplicidad de respuestas se evidenció en los primeros estadios de la Caja, al presentarse iniciativas como los huertos obreros, que además de proveer un lugar donde

vivir, incorporaban espacios para la producción de alimentos o la realización de oficios, permitiendo complementar la economía familiar⁵². Otro ejemplo fue la promulgación de disposiciones legislativas que destinaban un porcentaje de las unidades construidas por el Estado para el alquiler de familias obreras bajo cánones fijados por reglamento⁵³. Tal flexibilización también permaneció en momentos de mayor consolidación institucional con la CORVI, por medio de la promoción de los planes nacionales de autoconstrucción⁵⁴ o por la provisión de viviendas de emergencia para enfrentar desastres naturales⁵⁵, cuando el problema del déficit volvía a agudizarse.

Fuente: CORVI noticias (1962), N°6, s.p.

Figura 3:  Publicidad para la apertura de cuentas de ahorro para la vivienda. La imagen concluye: “El préstamo se paga a largo plazo (desde 7 hasta 21 ½ años), con abonos mensuales inferiores o muy inferiores a lo que se pagaría normalmente por el arriendo de una casa similar (generalmente, la mitad de un canon normal).” 

Debates técnicos y políticos en torno a la vivienda

En el tránsito de múltiples estrategias y de incorporación del sujeto social como actor relevante en la consolidación de las poblaciones, la propia labor del Estado fue cuestionada por la prensa opositora⁵⁶, por dirigentes⁵⁷ y, en ocasiones, también por profesionales⁵⁸. Así, su fortalecimiento como ente relevante en la materia, por tanto, debió también ser justificado técnica y políticamente⁵⁹. Para ello se introdujeron nuevos conceptos e instrumentos para la planificación territorial, situando a la vivienda como uno de los componentes de un sistema de coordinación mayor⁶⁰.

Como consecuencia de este progresivo cambio que tendió hacia una modernización institucional y urbana, ambas entidades se nutrieron y fueron parte de discusiones profesionales, dando a conocer por medio de sus órganos oficiales aquellos debates disciplinares que validaran su acción en el ámbito habitacional. Así, a pesar de que las revistas aquí analizadas estuvieron enfocadas en el “poblador común”, un cuerpo de publicaciones de carácter especializado fue reproducido en La vivienda y CORVI noticias, proponiendo temáticas que serían discutidas en paralelo en revistas científicas y técnicas, en seminarios de arquitectura o por medio de otros formatos de publicación oficiales como memorias o reportes estadísticos. En ese sentido, era evidente el interés de tales publicaciones por exponer entre sus lectores un contenido actualizado y acorde a las corrientes internacionales, dando a conocer, entre otros tópicos, la capacitación técnica y formación académica recibida por funcionarios de gobierno, los intercambios institucionales realizados o la exposición de referentes en materia de planificación urbana (figura 4).

Por otro lado, ambas revistas sirvieron como férrea defensa institucional de los programas de vivienda primero y de los planes habitacionales después, dando cuenta de su importante contribución en reducir el déficit habitacional⁶¹, fuera por medio de alianzas internacionales para mayor financiamiento⁶², la aplicación de tecnología de abaratamiento de los costos de producción, u otras iniciativas de modernización del sistema de construcción de viviendas económicas⁶³, logrando incluso posicionar al modelo chileno como un referente en Latinoamérica.⁶⁴

Fuente: La vivienda 1 (Santiago 1945

Figura 4:  Reportaje sobre modernización de ciudades en Estados Unidos. Ejemplifica con planes de transformación de las ciudades de Toledo, Chicago, Los Ángeles y Detroit 

Relaciones bilaterales en la colaboración internacional

Una de las temáticas recurrentes en las publicaciones de La vivienda y CORVI noticias era la exposición de colaboraciones internacionales entre técnicos e instituciones de gobierno, con el objetivo de ilustrar un panorama regional de cambios que tendían hacia la estatización, la centralización institucional y la introducción de ideales urbanos y arquitectónicos. Desde entonces, la experiencia chilena se mostró primero como receptora de tales referentes, siendo sus funcionarios partícipes de intercambios profesionales y técnicos en Chile y el extranjero, y luego como ejemplo de una gestión eficaz en materia de vivienda, difundida entre países de la región.

Durante el primer periodo de formación institucional (el de la Caja), el interés por construir conjuntamente un cuerpo de conocimientos en torno al problema habitacional derivó en la búsqueda de soluciones mancomunadas, donde, entre otras iniciativas, se propuso la formación de un congreso mundial de la vivienda. Su objetivo era la búsqueda de financiamientos cooperados y la creación de un banco continental de ideas y de desarrollo de programas de vivienda⁶⁵. A ello se sumó las visitas de técnicos internacionales, quienes aportarían en la evaluación del desempeño de la Caja: la participación del ingeniero Jacob Crane (EE. UU.), asesor de larga trayectoria de la National Housing Agency⁶⁶, o del arquitecto Fernando Belaúnde (Perú), diputado y principal promotor de la Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo de su país⁶⁷, son algunos ejemplos de ello. En las publicaciones, aunque ambas autoridades coincidían en que la pionera experiencia de la Caja -tanto aparato técnico administrativo, como entidad constructora- habría servido de modelo para la ejecución de proyectos de vivienda en otros países del mundo,⁶⁸ también se identificaban falencias que debían ser mejoradas. Por ejemplo, con respecto a los altos costos y el insuficiente volumen de las construcciones, Crane sugería una actualización de “los métodos primitivos de construcción, para implantar métodos mecánicos industriales y nuevos materiales”⁶⁹. Por su parte, Belaúnde identificaba una desconexión entre las poblaciones proyectadas y su entorno urbano, que, al contrario de las propuestas peruanas, carecían de redes de movilidad segregadas para peatones y vehículos⁷⁰.

Pero luego, con la acumulada experiencia que heredó la Caja a la CORVI, durante la década de 1960, la difusión de su órgano oficial se centró más bien en dar visibilidad y validar políticamente la labor realizada, exponiendo sus avances en términos materiales, específicamente mediante la cobertura de la inauguración de nuevas poblaciones a lo largo del país y la presentación de cifras de construcción. En el contexto de la implementación del DFL 2 y los planes habitacionales, cuya producción anual promedio rondó en las 30.000 viviendas⁷¹, CORVI noticias sirvió como un órgano de defensa de la labor institucional, haciendo frente a las críticas y poniéndose en perspectiva con el quehacer del resto de la región en la materia⁷². Para ello, contó con la participación de figuras de diversa tendencia política, como John F. Kennedy, Josip Broz o Joao Goulart, mandatarios de Estados Unidos, Yugoslavia y Brasil respectivamente. Aprovechando sus giras por el país, exponían sus apreciaciones acerca del plan habitacional en general como “un verdadero ejemplo para los países latinoamericanos”⁷³, o de sus poblaciones en particular (figura 5), por ejemplo, al elogiar la calidad arquitectónica de ciertos conjuntos y sus jardines⁷⁴. En tal ambiente de exaltación de la labor CORVI, profesionales de diferentes nacionalidades concurrirían al país, de manera de estudiar detalles técnicos como los sistemas de ahorro y préstamo⁷⁵ o la implementación de programas de erradicación a través de experiencias concretas como la población San Gregorio, sobre la cual el arquitecto argentino Raúl Prebisch demostró gran interés por su carácter pionero⁷⁶.

También se expuso la satisfactoria participación de expertos chilenos en instancias internacionales, donde, entre otros aspectos del plan, se destacó la “la planificación técnica y económica del sistema, su definición de vivienda económica y la coordinación estatal y privada que el país había logrado para llevar adelante su obra habitacional en escala masiva con sus evidentes alcances sociales”⁷⁷.

Fuente: CORVI noticias, 19 (Santiago 1963), s/p.

Figura 5:  Ceremonia de inauguración, población Exequiel González Cortés (Santiago). El artículo destaca el discurso del embajador de EE. UU. en Chile, Charles W. Cole: “[La población] simboliza el afán de Chile por mejorar las condiciones de vida de su pueblo”. 

De poblaciones a ciudadelas: dos referentes arquitectónicos en las revistas institucionales

Con todo, aunque el sistema chileno habría sido considerado un referente en la gestión y la materialización de grandes proyectos de vivienda, las publicaciones que daban cuenta de “proyectos modelo” desde un enfoque de diseño y planificación urbana fueron escasas, probablemente por tratarse de un lenguaje especializado, propio de las revistas de arquitectura. A pesar de ello, es posible identificar algunos ejemplos de poblaciones que, aunque con casi veinte años de distancia, relevaron la transición hacia nuevos valores arquitectónicos y urbanos: la creación de unidades autosuficientes con una fuerte identidad de barrio, pero que a la vez estarían integradas a la ciudad mediante nuevas vías de tránsito y moderna infraestructura. La proyección de las poblaciones presidente Juan Antonio Ríos (1946), en Santiago, y almirante Gómez Carreño en Viña del Mar (1962), acapararon la atención de ambas revistas institucionales por aspirar a tales características. La gran cobertura habitacional que ambas soluciones proveerían (el número de beneficiarios rondaban los 30 mil y 20 mil personas, respectivamente), además de su escala y grado de intervención urbana (como el encauce del río Mapocho en la capital⁷⁸, o volver accesibles los cerros de la mencionada ciudad costera, hasta entonces escasamente habitados⁷⁹) transformaron ambos proyectos en referentes del quehacer institucional.

Debido a la envergadura que ambos planes suponían, los conjuntos compartían características comunes respecto de su localización: construidos en los márgenes de la ciudad, cada proyecto requería de grandes paños de terreno cuyos precios fueran accesibles para el Estado, pudiendo incorporar en el diseño aquella infraestructura que cubriera las necesidades de sus pobladores. De esta manera, ambas poblaciones se consideraron como “pequeñas ciudadelas”, concebidas “en su forma completa, tanto como trazado y distribución de las masas arquitectónicas dentro del conjunto, cuanto el destino o servicio de muchos cuerpos de edificios y espacios”⁸⁰, y cuyos servicios las volverían espacios “completos y autosuficientes en sus funciones, abastecimiento, educación y esparcimiento”⁸¹, proveyendo infraestructura de alta calidad (figura 6).

Fuente: CORVI noticias 5 (Santiago 1965).

Figura 6:  Maqueta del Centro Comunitario de la población Gómez Carreño. Contraportada del N°5 de CORVI noticias (1965). La fotografía está acompañada por un pie de foto que se refiere a tal infraestructura como “un palacio para el pueblo”. 

Conclusiones

La frase “una casa para cada familia” refleja muy bien el espíritu que el Estado, a partir de mediados de los años treinta, con la creación de la Caja de la Habitación Popular en 1936, mantuvo para enfrentar la provisión de vivienda y que fue concebido, por primera vez, como un derecho. Este espíritu quedó consignado en el discurso político y técnico. Por una parte, la elaboración de un relato en línea con la idea de la “casa propia” que encarnaba a la familia obrera y a la que hacía partícipe tanto del proceso como de la concepción. Por otra parte, este discurso se fundamentó por un conocimiento técnico anclado en debates contemporáneos.

Las revistas institucionales, como fuentes oficiales, confirman esta iniciativa de Estado que avanzaba hacia una comprensión de la vivienda mientras recogen los cambios y ajustes técnicos, estándares exigidos y las nuevas ideas en circulación. Pero, especialmente, relevan las nuevas ideas que concibieron la vivienda inmersa en una ciudad, dando cuenta del encuentro de la vivienda con la planificación, consignado también en el recién creado ministerio en 1965 y en los planes e instrumentos de planificación que se promovieron. Es importante considerar que se trata de discusiones del periodo y que, por ello, es posible identificar una serie de referencias internacionales y un ánimo de colaboración con este tema.

En relación con la hipótesis propuesta, es posible identificar dos cambios fundamentales en este periodo: en la visión del Estado sobre la relevancia de incorporar los sujetos sociales para el éxito de sus políticas habitacionales, y en el rigor con el que se trataron asuntos más técnicos e integrales sobre el mismo. En primer lugar, en su labor de difusión, el Estado entendió que la vivienda jugaba un rol central en la integridad del ser humano y que, por tanto, era un derecho que debía conquistarse, mirada que quedó registrada en las revistas oficiales sobre la materia. En un segundo ámbito, los cambios en los parámetros y exigencias técnicas de las viviendas, así como la manera en la que profesionales sintetizaron el problema a la vez que lo comprendieron en una escala más amplia, la ciudad, lo que se consignó con instrumentos y planes, y se registró en revistas especializadas. Los logros y avances que suscitaron estos cambios, aun con complejidades y limitaciones, permite comprender este periodo como los “años dorados” de la vivienda en las vísperas del golpe de Estado de 1973. Para ello, se examinaron no sólo los debates, referentes y las dimensiones más técnicas del problema, sino que también algunos ejemplos que verifican este apogeo.

Finalmente, la configuración del ideal de la casa propia, como producto de esta nueva visión del Estado -y que fue materializada desde la institucionalidad como una manera de abordar el proceso de provisión de vivienda-, constituye un capítulo significativo del urbanismo en Chile. La filosofía política que entonces acompañó al proyecto y obra de la vivienda en todo el territorio nacional, dio forma a una política pública que, al menos en la ciudad, comenzó a relacionar la unidad-vivienda con un contexto mayor: su entorno y el espacio planificado.