Elecciones locales

Los gobiernos locales en Chile están conformados por los alcaldes, autoridades unipersonales electas por mayoría simple a una vuelta, y los concejos municipales, cuerpo colegiado electo por un sistema proporcional. En la política chilena es habitual señalar que la elección de los concejales da cuenta de la verdadera fuerza de los partidos políticos, pues suele ser la única elección donde los partidos participan en todo el territorio nacional. Por ejemplo, en la elección anterior, del año 2016, el sector ganador de la elección municipal fue la derecha. Tal como destaca ^{Luna (2016)}: “La centro-derecha recuperó mucho terreno y sus dos principales partidos (RN y la UDI) lograron las mejores votaciones a nivel de concejales. También Evópoli sorprendió con una muy buena votación, en comparación con los demás partidos emergentes”. Esto fue claramente el anticipo de los resultados de la elección presidencial del año 2017.

La elección del 2021 estuvo marcada por ser la primera en la cual se aplicó el límite a la relección de autoridades políticas (Ley N°21.238). Esto tuvo como consecuencia que varios caudillos locales dejasen sus cargos y se abriera la competencia política. Por ello se evidenció una importante renovación de liderazgos entre las autoridades locales. De hecho, casi un tercio de los alcaldes (96 de 345) no pudieron presentarse a la reelección por estar en el cargo 12 años o más. Dejaron sus cargos emblemáticos alcaldes que llevaban décadas al mando de sus municipios, siendo un caso emblemático el de Johnny Carrasco, quien fuera alcalde de Pudahuel entre 1992 y 2021 ( ^{24 Horas TVN 2020} ).

A nivel de alcaldías, la tabla 1 muestra que las y los independientes sin apoyo de partidos y pactos obtuvieron la primera mayoría de votos (28,3%), creciendo respecto a la elección pasada donde fueron la tercera fuerza con un 17,4% ( ^{Luna 2016} ). Los partidos tradicionales, agrupados en tres diferentes coaliciones obtuvieron una importante votación. Por ejemplo, Chile Vamos (oficialismo) obtuvo un 25,8% de los votos (considerando la votación de sus partidos y de los independientes apoyados por sus partidos). Por otro lado, los partidos de la ex Concertación que compitieron en dos listas –Unidad por el Apruebo y Unidos por la Dignidad– obtuvieron un 24,6% de las preferencias considerando la votación de sus partidos y de los independientes apoyados por sus partidos.

En cuanto al Frente Amplio (FA), los resultados fueron más discretos a nivel agregado, logrando solo 12 alcaldes y el 7,7% de la votación. Los triunfos del FA fueron más simbólicos. Por ejemplo, ganaron en comunas populares como Maipú, Ñuñoa, Estación Central y Viña de Mar. También ganaron Santiago pues apoyaron a la candidata de Chile Digno Verde y Soberano, pacto conformado por la Federación Regionalista Verde Social (FREVS) y el Partido Comunista de Chile-PCCH)1. Todos estos municipios estaban en manos del oficialismo.

La elección de los concejales muestra un panorama distinto. Al ser una elección por lista, con magnitudes variadas (seis, ocho o diez cargos a elegir dependiendo el número de electores en cada comuna) los partidos tienden a tener buenos resultados en comparación con los independientes que van sin pacto. Como se observa en la figura 1 , los independientes sin apoyo de partido (IND) obtuvieron el 1,53% de los votos a nivel nacional, lo que se traduce en 16 concejales distribuidos a lo largo del país. Los no militantes dentro de pactos de partidos (IND DE PACTOS) fueron los grandes vencedores ya que suman en total cerca del 37% de los votos. En esta elección, los votos a los militantes de partidos oscilan entre el 9,54% de Renovación Nacional (RN) y el 0.02% del Partido Conservador Cristiano (PCC). Esto puede ser interpretado como otra señal de los problemas de los partidos políticos chilenos, que desde hace mucho evidencian desconexión con el electorado ( ^{Luna 2016} ; ^{Toro 2017} ), toda vez que los electores prefieren personas que no tienen vínculos formales con los partidos.

Fuente: Elaboración propia con datos de histórico.servel.cl.

Figura 1 Porcentaje de votos obtenido por partidos en concejales 2021 

Gobernadores regionales

Al momento de la elección en mayo de 2021, la figura del gobernador regional era una gran incógnita para parte importante de la población (Garrido 2021b). Esto a pesar de ser una institución propuesta por Michelle Bachelet en 2015 y aprobada en una reforma constitucional el año 2017. En busca de mayor descentralización, se dispuso la elección por votación popular de la cabeza del ejecutivo regional bajo el nombre de gobernador regional. La reforma eliminó la figura del intendente regional cuya función ahora se divide entre el gobernador y un delegado presidencial. Acá comienzan los problemas ya que “ambas autoridades comparten ámbitos de acción, funciones y competencias en la misma unidad administrativa” ( ^{Montecinos 2020}: 19). En el delegado presidencial recae la función de coordinación y fiscalización de los servicios públicos y de las oficinas de las secretarías regionales ministeriales (SEREMI), mientras que el gobernador regional tiene la responsabilidad de presidir el Consejo Regional y otras funciones políticas determinadas por ley.

Esta autoridad unipersonal, planteaba otra innovación electoral: la segunda vuelta en caso de que ningún candidato obtuviese el 40% de los votos válidamente emitidos. Por ello, para lograr sumar un mayor volumen de preferencias, las diferentes coaliciones políticas realizaron elecciones primarias para seleccionar a los y las candidatas. En la votación de primera vuelta los mejores resultados fueron para los partidos de la ex Concertación (Unidad Constituyente) que presentaron candidatos con trayectoria reconocida en sus regiones.

La elección de esta nueva autoridad dio señales de los problemas del oficialismo a lo largo del país. Si bien en la primera vuelta obtuvo un resultado aceptable, pasando a segunda vuelta en nueve de las 16 regiones y obteniendo cerca del 20% de los votos, en la segunda vuelta solo ganó en una de estas. ² En otras palabras, de las 16 gobernaciones regionales en competencia, las coaliciones de oposición al gobierno ganaron en 15. Esto es una señal clara de los problemas del gobierno de Sebastián Piñera y su coalición que, a pesar de contar con la administración del Estado, no fue capaz de tener un desempeño electoral medianamente aceptable. De las 15 gobernaciones obtenidas por las coaliciones de oposición, tres se definieron en primera vuelta: Valparaíso con el triunfo de Rodrigo Mundaca, activista del agua e independiente apoyado por el Frente Amplio, con un 43%; Aysén donde Andrea Macías, militante del Partido Socialista (PS), ganó con un 48% de los votos; y, Magallanes donde el ex intendente de Bachelet, Jorge Flies se impuso con un 42%.

Elección de Convencionales

El estallido social del 2019, y el acuerdo por la paz del mismo año, generaron una “ventana de oportunidad” para el cambio de la Constitución ( ^{Navarrete y Tricot 2021} ). Con los resultados del plebiscito de 2020 y por la naturaleza del estallido social, sin actores políticos detrás del movimiento ( ^{Barragán et al. 2020} ; ^{Tricot 2021} ), el debate de la forma de elección del órgano para redactar la Constitución tomó gran importancia ( ^{Suarez-Cao 2021} ). La elección de las y los convencionales contó con tres importantes innovaciones, que al parecer tendrán caminos dispares en el futuro: se permitió la inclusión de listas de independientes, se incluyeron escaños reservados para los pueblos indígenas y se estableció paridad de género para la elección de los 155 integrantes de la CC.

La combinación de estos tres elementos (paridad, independientes y escaños reservados) y la alta expectativa sobre el cambio constitucional, dio al proceso electoral dinámicas políticas inéditas hasta entonces en el país (^{Bidegain y Tricot 2021}; ^{Heiss 2021} ). Los partidos en su gran mayoría optaron por candidatos y candidatas con arraigo popular, en general jóvenes y sin mayores vinculaciones formales con el sistema político, dando con esto una señal de autonomía para el proceso. Esto se expresó en que el órgano constitucional fuera conformado por 78 hombres y 77 mujeres. Además, el 66% de los convencionales electos no tenían militancia en partidos políticos.

Desde el punto de vista de la organización política de los convencionales, el resultado sigue la tendencia de las otras elecciones: una gran preponderancia de los independientes. La irrupción de este tipo actores en la competencia electoral da cuenta de los problemas que ha desarrollado el sistema de partidos chileno. ³

Con todo, los y las convencionales pueden ser agrupados en los siguientes bloques políticos: Chile Podemos Más (el oficialismo de derecha) que obtuvo un 20% de la votación y 37 convencionales. Apruebo Dignidad (Frente Amplio y FREVS-PCCH) que con el 18,74% de los votos obtuvo 28 constituyentes. Lista del Apruebo (ex Concertación) que con un 14,5% de los votos obtuvo 25 convencionales. Las sorpresivas listas de independientes: Lista del Pueblo que obtuvo 26 convencionales con el 16,2% de las preferencias; los Independientes No Neutrales (pacto Independientes por una Nueva Constitución) que con alrededor del 8% de los votos obtuvo 11 constituyentes. Además, se suman otros independientes de movimientos sociales en varias listas (11), y los 17 escaños para los Pueblos Originarios ⁴ .

Los debates de la Convención Constitucional y el proceso constituyente marcaron la agenda de las elecciones que se desarrollaron a fines el año. La primera vuelta de la elección presidencial se realizó el 21 de noviembre de 2021, junto con las elecciones del Congreso (diputados y senadores) y la elección de los consejeros regionales.

Elecciones presidenciales y legislativas

La elección presidencial de Chile se realizó en tres etapas. La primera correspondiente a la selección de candidatos de cada coalición se desarrolló en julio, la primera vuelta presidencial en noviembre y, por último, la segunda vuelta en diciembre. La participación en este ciclo electoral fue en aumento en la medida que avanzó el proceso. La selección de candidatos de cada bloque tuvo particularidades que marcaron el desarrollo de la campaña. Hubo al menos tres tipos de selección de candidatos. Las primarias legales, supervigiladas por el Servicio Electoral en la que participaron solo dos coaliciones: Chile Vamos (oficialismo) y Apruebo Dignidad (Frente Amplio con el Partido Comunista). Una consulta ciudadana para selección del candidato de la ex Concertación (ahora denominada Unidad Constituyente); y la designación de candidatos sin coalición realizada por cada partido o movimiento.

a) Selección de candidatos en las coaliciones

Las primarias del oficialismo fueron una gran sorpresa por su resultado. En esta elección, además de los partidos del bloque, participaron independientes vinculados con los partidos de derecha. Los candidatos fueron el histórico líder de la Unión Demócrata Independiente (UDI), ex alcalde de Las Condes y exministro, Joaquín Lavín; los ex ministros del gobierno de Piñera: Ignacio Briones (Evolución Política, EVÓPOLI), Mario Desbordes apoyado por Renovación Nacional (RN) y Partido Regionalista Independiente (PRI), y Sebastián Sichel (independiente). El vencedor de la contienda electoral fue el ex ministro de Piñera, Sebastián Sichel con 49,08% de las preferencias.

El triunfo de Sichel fue sorpresivo. Era el único candidato sin partido y con una trayectoria política distinta pues transitó desde la Concertación a Chile Vamos. Esto generaba una oportunidad de renovación de la alianza, pero al mismo tiempo abrió la posibilidad para que los sectores más conservadores del pacto pudiesen dejar la coalición y apoyar al exdiputado UDI, José Antonio Kast (Partido Republicano).

La otra primaria legal enfrentó al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (Partido Comunista) con el diputado de Magallanes, Gabriel Boric (Convergencia). Esta contienda electoral estuvo desde el inicio marcada por el proceso de junta de firmas que debió realizar Boric para legalizar su partido y poder inscribirse en la elección. Un día antes del plazo legal, el partido de Boric confirmó que había logrado la cantidad de adherentes que le permitía ser candidato. En la elección de Apruebo Dignidad, Boric se impuso por un amplio margen (60,43% de las preferencias) sobre Jadue, obteniendo más de un millón de votos. Cifra histórica para una elección primaria.

Otro hecho importante en el proceso fue el intento de realizar una primaria amplia de la oposición e incluir en esta elección a alguno de los candidatos del pacto Unidad Constituyente (la intención era que el PS participara de la elección). Las conversaciones fracasaron el último día y como consecuencia los partidos de Unidad Constituyente no inscribieron la primaria y debieron buscar un mecanismo alternativo para dirimir su candidatura. Las distancias entre los candidatos de Unidad Constituyente se acrecentaron en los debates. La intención del PS de ir con otro bloque fue un tema recurrente en la campaña. Finalmente, se realizó una consulta ciudadana en la que solo participaron 150.000 personas. En ella se impuso la candidata de la Democracia Cristiana (DC), la senadora Yasna Provoste.

El recién fundado Partido de la Gente (PDG) realizó una consulta digital entre sus adherentes para elegir entre Franco Parisi, Katherine Alarcón y Marisol Morales. La elección fue ganada por Parisi por amplio margen. Por su parte, la Lista del Pueblo, motivada por su éxito en la CC abrió un proceso interno para seleccionar al candidato. Luego de nominaciones fallidas como la de Cristián Cuevas, se desarrolló una votación donde se impuso Diego Ancalao. Su candidatura no llegó a la papeleta, pues no cumplió con las firmas necesarias para ser candidato ya que presentó documentos falsos ante el Servicio Electoral.

Sin un proceso declarado de selección de candidato, otros partidos confirmaron sus aspiraciones presidenciales: el Partido Progresista (PRO), luego de romper relaciones con los ex socios de Unidad Constituyente, nominó a Marco Enríquez-Ominami. El Partido Republicano a José Antonio Kast, y la Unión Patriótica a Eduardo Artés.

b) La elección presidencial y del congreso

La elección de la primera magistratura estuvo marcada por el constante crecimiento en las encuestas del líder de extrema derecha José Antonio Kast (Partido Republicano) y por la irrupción de Franco Parisi (PDG), que, a pesar de no estar en el país, desarrolló una campaña digital que le permitió ser un candidato competitivo. Mediático y difícil de clasificar en el eje izquierda-derecha, Parisi y su partido fueron la gran sorpresa de la elección presidencial. Tan sorpresivo fue el desempeño de Parisi que terminó tercero en la votación, por sobre los candidatos de los conglomerados tradicionales, Sichel y Provoste, que llegaron en cuarto y quinto lugar, respectivamente. Los fenómenos electorales de Kast y Parisi se desarrollaron en gran medida porque los votantes más tradicionales de la derecha chilena no apoyaron la candidatura de Sichel. Los sectores conservadores lentamente fueron dejando la candidatura del ex ministro de Piñera y se fueron con Kast. Algo similar logró Parisi con los votantes más al centro.

Los resultados de la primera vuelta confirman la incapacidad política del gobierno para imponer agenda y candidatos. Su candidato, Sebastián Sichel, finalizó en cuarto lugar con una votación muy baja en comparación con los resultados históricos de los partidos de la centroderecha. La crisis de los partidos tradicionales también se confirma con los resultados de las candidaturas de Yasna Provoste y Marco Enríquez-Ominami. Estos candidatos, que representaron a los partidos de centroizquierda más tradicionales, tuvieron claramente un magro desempeño. La Concertación (con más partidos y bajo el nombre de Nuevo Pacto Social), que fuese por muchos años una alianza exitosa, por primera vez desde 1990 no disputó con opciones reales la presidencia.

Estos resultados se correlacionan con la elección parlamentaria. En general, los candidatos presidenciales lograron traspasar su apoyo a sus partidos. Por ejemplo, el recién formado PDG logró obtener seis diputados, el Partido Republicano 14 y su socio el Partido Social Cristiano uno. Como se observa en la tabla 4 , la transformación del sistema de partidos es importante. Casi todos los partidos tradicionales cedieron espacio ante nuevos partidos y movimientos de variopintas orientaciones políticas. Es decidor que el recientemente creado PDG solo tiene dos diputados menos que el histórico PDC. Ningún partido o coalición tiene mayoría en la cámara baja, lo cual supone un desafío muy grande para el gobierno de Gabriel Boric que comenzó en marzo de 2022.

La composición de la Cámara de Diputadas y Diputados fue una de las determinantes más importantes de cara a la segunda vuelta presidencial. La disputa por los votantes del PDG y por los votantes de algunos de los otros candidatos de primera vuelta articularon los cambios y ajustes de las campañas de Kast y Boric. Ambos candidatos debieron moderar sus discursos para convencer a los otros candidatos de darle el apoyo.

Finalmente, la segunda vuelta rompió los esquemas tradicionales de las elecciones presidenciales. En tanto el candidato que salió segundo en la primera vuelta ganó la presidencia. Si bien Kast con 3,6 millones de votos casi igualó lo obtenido por Piñera cuando triunfó en la segunda vuelta de 2017, el abrumador apoyo recibido por Boric (4,6 millones de sufragios) decidió la elección en favor de este último. Esto fue posible gracias a una histórica participación que superó los 8 millones de personas (55,6% del padrón).

Pandora Papers y acusación constitucional

La AC en contra del Presidente Piñera, la segunda que enfrentaba durante su gobierno, fue gatillada por un escándalo político que involucró directamente a su familia. El caso salió a la luz gracias a los Pandora Papers a comienzos de octubre de 2021, revelación que hizo público los detalles de la venta de las acciones que los hijos de Piñera tenían en la minera Dominga a Carlos Alberto Délano, amigo del presidente desde la infancia, quien también era accionista de la minera. El cierre de la operación entre los hijos y el amigo del Piñera tomó lugar en diciembre de 2010, cuyo valor total ascendía a $138 millones de dólares, los cuales debían ser pagados en tres cuotas. Una parte de los pagos estaba condicionada a que no se aprobaran nuevas regulaciones ambientales que impidieran la realización del proyecto minero. Específicamente, Délano no estaba obligado a realizar el tercer pago por $9,9 millones de dólares a los hijos del presidente, a ser desembolsado a finales de 2011, si cualquier acción que dificultara o impidiera la implementación del proyecto minero fuera aprobada. ⁷ Esta última decisión recaía en el gobierno encabezado en ese entonces por Sebastián Piñera. Interesantemente, en agosto de 2010 cuando ya había comenzado su primer periodo en La Moneda, Piñera canceló la construcción de la termoeléctrica Barrancones, la cual se ubicaba en el mismo sector que Dominga, conocido como Punta de Choros, argumentando que era una acción para “proteger ese santuario de la naturaleza” (Garrido 2021a). Si bien en ese momento el proyecto de Dominga no se había materializado, aunque probablemente su diseño sí se encontraba en curso, el rechazo a Barrancones significó una revalorización de Dominga, lo cual se tradujo en que “los inversionistas de Minería Activa Uno Spa [entre los que se encontraban los hijos del primer mandatario] comenzaron a gestionar cobros mayores para salir de Dominga” (Garrido 2021a). A pesar de las acusaciones de conflicto de interés, un comunicado emitido el 3 de octubre de 2021 por la Dirección de Prensa de la Presidencia negó tajantemente que el primer mandatario haya tomado lugar en el trato o que haya tenido conocimiento del mismo, aclarando que la venta de Dominga ya había sido investigada por el Ministerio Público y Tribunales de Justicia en 2017, no probándose la existencia de delito.

Lo cierto es que la información revelada por los Pandora Papers motivó a la oposición a ingresar una acusación constitucional en contra del primer mandatario “por los actos de su administración que comprometieron gravemente el honor de la Nación y por haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes”. La acusación fue interpuesta por 16 diputados y diputadas el 13 de octubre de 2021.

Antes del intento de destitución contra Sebastián Piñera en 2021, solo en dos ocasiones en toda la historia de Chile se habían interpuesto acusaciones constitucionales en contra de un presidente en ejercicio: Carlos Ibáñez en 1956 y Sebastián Piñera en 2019. Interesantemente, ninguna de estas dos acusaciones llegó a ser votada en el Senado. La acusación en contra del Presidente Ibáñez del Campo fue rechazada en la Cámara de Diputados por 48 votos en contra, 30 votos a favor y 37 abstenciones ( ^{Loveman y Lira 2000}: 169). La acusación en contra del propio Piñera en 2019 no logró avanzar en la cámara baja pues fue acogida la “cuestión previa”, lo cual significa que la acusación se entiende como “no presentada”, decisión que fue apoyada por 79 votos versus 73 en contra.

El 9 de noviembre de 2021, la segunda acusación constitucional fue votada en la Cámara de Diputadas y Diputados, alcanzando los 78 votos necesarios a favor para ser aprobada, a pesar de que los diferentes grupos opositores al gobierno de Piñera poseían 83 escaños en la cámara baja. La acusación constitucional fue aprobada por 78 votos a favor, 67 en contra, tres abstenciones y la ausencia de siete congresistas. ⁸ Con ello, el juicio político en contra del presidente avanzó al Senado. Conseguir 29 votos en el Senado para encontrar culpable al Presidente Piñera por un margen de dos tercios era improbable pues los diferentes grupos opositores conjuntamente solo sumaba 24 escaños, es decir, un 55,8% de los 43 escaños. De hecho, los dos capítulos que componían la acusación se votaron por separado. El primer capítulo recibió el apoyo de 24 congresistas (18 en contra), mientras para el segundo solo 22 expresaron un voto favorable (20 en contra), con lo que la AC fue rechazada en el Senado.

¿Por qué Sebastián Piñera no fue destituido?

Si bien varios factores habían confluido para poner en riesgo la continuidad de Piñera en la presidencia, lo cierto es que varios elementos se combinaron para que continuara en su cargo. Primero, un factor clave fue la ausencia de protestas callejeras en contra del presidente en 2021. A pesar de que en octubre y noviembre un 67,6% y un 64%, respectivamente, de la ciudadanía estaba “muy de acuerdo” o “de acuerdo” con la acusación constitucional que se discutía en el Congreso, según la encuesta Pulso Ciudadano ( ^{Activa 2021} ), no hubo demostraciones anti-gobierno significativas en términos de ocurrencia e intensidad. Esto se podría explicar por la pandemia del COVID-19, que desincentivó las aglomeraciones y reuniones masivas, y por la ausencia de una crisis económica severa (a pesar de la contracción en 2020, la economía chilena creció significativamente en 2021). De hecho, ni siquiera el escándalo por la venta de la minera Dominga visibilizado por los Pandora Papers y el conflicto de interés del que se acusó a Piñera fue suficiente para hacer que la gente saliera a las calles a protestar y pedir su destitución.

Otro elemento por considerar es la cantidad de votos que las oposiciones tenían en la cámara baja y el Senado. En la primera, tal como se describió más arriba, apenas se superó el requisito de la mayoría de los diputados y diputadas en ejercicio para aprobar la AC. En el Senado, a pesar de tener mayoría, simplemente las oposiciones no contaban con los votos para alcanzar los dos tercios necesarios para aprobar la AC.

La política latinoamericana nos ha mostrado que es posible que algunos congresistas oficialistas –bajo ciertas condiciones– actúen en contra del presidente, poniendo en riesgo su estabilidad en el cargo o, incluso, facilitando su salida anticipada del poder. En 2001, líderes de la Unión Cívica Radical se negaron a formar parte del gobierno de “unidad nacional” al cual invitaba el Presidente Fernando de la Rúa, miembro del radicalismo (Schamis 2002: 85). Semanas después, De la Rúa renunció a la presidencia. Similarmente, el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina en 2015 fue despojado de su inmunidad por el Congreso con el voto positivo de todos los integrantes presentes del Partido Patriota, el mismo partido del cual Pérez Molina era miembro y su fundador ( ^{Martínez 2021}: 696).

Así y todo, que los partidos de Chile Vamos le “dieran la espalda” a Sebastián Piñera, tal como ocurrió con De la Rúa y Pérez Molina, era improbable. Esto sería resultado del nivel de institucionalización relativamente alto de los principales partidos de Chile. Por un lado, hay factores que podrían debilitar la “lealtad” hacia el presidente de los partidos oficialistas. En general, los partidos chilenos han encontrado serios obstáculos para promover la disciplina y castigar el desorden en sus filas, tal como lo sugiere el análisis de ^{Toro y Valenzuela (2020)} , mientras la derecha por su parte ha experimentado una creciente diversidad que ha quedado en evidencia producto del estallido social, manejo de la pandemia del COVID-19 y plebiscito de 2020 ( ^{Meléndez et al. 2021} ). Lo anterior ilustra los importantes desafíos que están enfrentando los partidos chilenos hoy para coordinarse internamente y con otros socios de su coalición en materias del día a día. Sin embargo, por otro lado, la “sombra de futuro” que poseen los partidos en Chile, la cual se vuelve mucho más evidente frente a temas de alta sensibilidad política, como lo es la destitución del presidente, ayudó a alinear a los diputados y senadores de la coalición gobernante de centroderecha en torno a la idea de “blindar” a Piñera de la acusación constitucional. De alguna manera, el fracaso y una potencial destitución de Piñera sería algo que no solo afectaría negativamente al presidente, sino también a los políticos de derecha en años venideros. Esto último sería un motivo fundamental para no abandonar a Piñera en la votación de la acusación constitucional. Si bien es posible que algunos senadores oficialistas hayan estado tentados a votar en contra de Piñera, lo cierto es que solo Manuel José Ossandón (Renovación Nacional) se apartó de cómo votó su sector, pues fue el único senador de centroderecha y derecha que no votó por rechazar la acusación (se abstuvo). Así y todo, la abstención de Ossandón no puso en riesgo el rechazo a la acusación constitucional en el Senado.

Por otra parte, y para suerte del presidente, la revelación de los Pandora Papers llegó en octubre de 2021, algo tarde. Esto es, a seis meses de que Piñera completara su periodo de cuatro años en La Moneda. ⁹ Esto último puede haber desalentado a algunos congresistas indecisos de votar a favor de la AC creyendo que era innecesaria la destitución del primer mandatario a tan poco tiempo del cambio de mando.