ESTUDIOS - Sección Historia del Derecho Europeo

Historia jurídica del incendio en la Edad Antigua y en el ordenamiento medieval castellano: Implicaciones urbanísticas y medioambientales*

Legal History of Fire in Ancient Times and in the Medieval Castilian Legislation: Urban and Environmental Implications

María Encarnación Gómez Rojo

Universidad de Málaga, España

Dirección para correspondencia

Exposición sucinta de la historia jurídica del incendio desde un punto de vista medioambiental y urbanístico, donde se traen a colación las principales fuentes que lo regulan en el mundo antiguo (desde el "Código de Hammurabi" hasta el Liber Iudiciorum) hasta llegar a los textos medievales castellanos (se analizan un importante número de fuentes locales y territoriales), todo ello sin olvidar los fundamentos de protección del entorno contenidos en el Antiguo Testamento y en el Corán.

Palabras clave: Medio ambiente - Incendio - Liber Iudiciorum - Fueros medievales. Gentes.

ABSTRACT

This paper will briefly set forth the legal history of fires from an environmental and urban stand point, where the main sources that regulate it in the Ancient world (from the "Hammurabi Code" to the Liber Iudiciorum) until the Castilian Medieval texts (a significant number of local and territorial sources are analyzed) are brought forward. The foregoing will be developed always keeping in mind the basis for the environment protection included in the Old Testament and in the Koran.

Keywords: Environment - Fire - Liber Iudiciorum - Medieval fueros

I. Introducción

Partiendo del presupuesto inicial de la necesidad de proteger los bienes jurídicos considerados esenciales para la convivencia, dedicaré las páginas que siguen al fenómeno del incendio[1] desde un punto de vista histórico-jurídico, como conducta socialmente causante de daños a esos bienes, y por tanto, objeto de estudio del derecho penal[2], cuyo objeto principal es la prevención de conductas que comportan menoscabo de dichos bienes jurídicos especialmente protegidos y cuyo principal medio de actuación es la pena dirigida al mantenimiento de dicha convivencia pacífica. Ello, no obstante, sin olvidar, las implicaciones del incendio desde el punto de vista urbanístico y medioambiental. Y es, en este sentido, cuando surgen las primeras dudas, ya que me enfrento con la necesidad de afrontar la delimitación del contenido del concepto de medio ambiente. Concretar el concepto jurídico de esta noción ha sido un tema recurrente en las obras y estudios monográficos sobre este tema a nivel de doctrina española en los últimos cuatro lustros[3]. Sistemáticamente la bibliografía ad hoc ha optado por limitar el estudio de los elementos que conforman el medio ambiente bien a su dimensión socio-cultural bien a su magnitud física. Para los autores defensores de la primera opción, la noción de ambiente puede alcanzar una dimensión extensible a los bienes culturales, artísticos y patrimoniales, vinculada incluso a cuestiones físicas[4], mientras que para aquellos que defienden la segunda posibilidad, es decir, una dimensión restrictiva, el concepto de medio ambiente es comprensivo de este último aspecto únicamente[5]. Dentro de este grupo que acabamos de precisar en postrer lugar hay que diferenciar los elementos vivos, entre los que se encuentran la fauna, la flora y la biosfera, de los que carecen de vida, entre los que figuran la atmósfera, la luz y el agua y el urbanismo, los monumentos y las construcciones arquitectónicas y de ingeniería civil o industrial que modifican el paisaje junto con las relaciones sociales y las manifestaciones culturales y demo-antropológicas en general[6].

La historia del perjuicio al medio ambiente por parte del Hombre va unido a su interés por dominarlo, por dirigir la Naturaleza a su antojo y buscando su exclusivo beneficio, siendo la utilización del fuego[7] el punto de inflexión que produjo el primer cambio ambiental de indudable trascendencia. A partir de ese momento, el hombre primitivo encontró una herramienta útil para atemorizar a los animales, cocinar los alimentos, protegerse del frío y producir artificialmente pastizales que favorecían la presencia de grandes animales herbívoros para poder darles caza y aprehenderlos. Desde aquel momento -sucintamente por razones de espacio y por no ser el objeto central de esta investigación- será responsable de la aparición de grandes áreas deforestadas, acelerándose el proceso natural de erosión terrestre al tiempo que se desarrollaba la noción de trascendencia para explicarse los diferentes fenómenos naturales y, en este sentido, mientras las religiones orientales buscan la armonía con la naturaleza[8], en Occidente parece mantenerse una posición diferente, basándose en una interpretación, a mi juicio equivocada, de un pasaje del Génesis[9] tratando de justificar la existencia de la Tierra con el objetivo de servir al Hombre que estaría habilitado para explotarla y destruirla despreciándose su papel de custodio y protector de la misma. En la opinión de muchos, entre los que me encuentro, existe un orden moral, una ley natural dentro de la cual los elementos de la Naturaleza forman un conjunto armónico que debe ser respetado para no alterar su equilibrio puesto que, en caso contrario, aparecerán inexorablemente -en la actualidad son más que evidentes- multitud de manifestaciones de crisis ambiental (contaminación de las aguas, destrucción de flora y fauna fluvial, lacustre y marítima, destrucción progresiva de especies, acumulación de desechos industriales no biodegradables, malos olores, basuras, ruidos, destrucción de bosques, polución de la atmósfera y degradación del suelo urbano y rural)[10] que, a la postre, incidirán de forma muy negativa en la calidad de vida del Hombre en el planeta Tierra. Ante esta realidad que no es posible ignorar, las normas fundamentales de la convivencia obligan a regular las actuaciones sobre el medio ambiente y, desde esta óptica, es posible afirmar que los diferentes ordenamientos jurídicos, históricos y actuales, han incidido e inciden cada vez con más ahínco en su defensa -en un difícil equilibrio entre la obligatoriedad de su utilización, cada vez en mayor medida para la supervivencia humana y la necesidad de su preservación para las generaciones futuras- con instrumentos preventivos (actividades inspectoras y de control por parte de las autoridades públicas, medidas de fomento de determinados recursos casi siempre por motivos económicos, etc.) y represivos, mediante la imposición de sanciones cuando la agresión sobre el medio ambiente se ha producido.

Desde el punto de vista histórico, la concentración de personas en determinados lugares inevitablemente ha provocado diversas agresiones al entorno por parte del hombre que en ellas vivía y desarrollaba sus actividades[11]. En estos casos primigenios, los mecanismos de protección a los que se recurría atendían a las estrictas normas de derecho civil, por tanto, los antecedentes más remotos del concepto de derecho medioambiental encuentran su justificación en la protección de aspectos parciales del mismo[12]. Muy sucintamente por razones de espacio, se encuentran referencias históricas que denotan una indudable preocupación por lo que hoy conocemos por protección del medio ambiente en la Edad Antigua, muy especialmente en el Corán[13]; sin embargo es en la normativa histórico-jurídica romana[14], donde es posible encontrar por primera vez un texto con una referencia directa a la contaminación[15] referida de modo concreto a las aguas[16], no siendo nuestro ordenamiento ajeno a esta preocupación por la protección del medio ambiente por lo que al igual que en los restantes países[17], es posible encontrar precedentes de normas "ambientales"[18] en nuestro ordenamiento jurídico-histórico[19], aunque no centradas en una perspectiva global sino con una visión segmentaria del tratamiento jurídico de los problemas concernientes al entorno.

III. La consideración jurídica del incendio en la Edad Antigua

Fijándome ahora en el objeto central de la investigación que da título a este artículo parece criterio poco controvertido que los actos delictivos relacionados con el incendio han tenido que ser tan viejos como el descubrimiento del fuego al que me he referido en la introducción. En las fuentes jurídicas de la antigüedad el delito de incendio es generalmente considerado como un comportamiento criminal de extrema gravedad, al que se sanciona con la máxima pena aplicada también a través del fuego[20]. Por tanto, el delito de incendio no surge como nueva forma de criminalidad auspiciada por los cambios sociales, sino que hunde sus raíces histórico-legislativas en remotos precedentes, principiando por el "Código de Hammurabi" donde si bien no hay una pena asignada al que provoca un incendio, sí se castiga con el lanzamiento al fuego a aquél que se apropiara de algún bien mueble si con ocasión de un incendio fortuito en casa de un tercero fuera a la misma con la intención primigenia de apagarlo. Es decir, el pasaje del "Código" se refiere a un delito cometido aprovechando el incendio considerado como circunstancia favorecedora del delito[21]. Es decir, para el "Código de Hammurabi" la regulación se fundamenta en varios parámetros, a saber, apropiación indebida, de un bien mueble, con ocasión de un incendio fortuito, sancionado con un castigo superior al talional habitualmente utilizado[22], a través del lanzamiento del ladrón al fuego por lo que se podría pensar que se pena con excesiva crueldad, puesto que se castiga el robo y no el incendio que, insisto, se declara de forma accidental[23]. Por tanto, el "Código de Hammurabi" tenía en cuenta a la hora de determinar la punibilidad de una acción, tanto el hecho en sí mismo considerado como el daño producido y la intencionalidad del sujeto, siendo por tanto un texto precursor de la concepción subjetiva del delito, por lo que para declarar la imputabilidad del agente causante del delito, éste debía haber actuado conscientemente, no siendo punibles el suceso casual y la fuerza mayor.

En otro orden de cosas, en el Derecho islámico la tipificación de los delitos se fundamenta en la imposición de unas u otras penas[24], no estando muy determinados los bienes jurídicos concretos protegidos, por lo que no se ha podido encontrar una reprobación nítida del delito de incendio[25], si bien parece claro que el daño producido al medio ambiente -objeto de especial protección para el musulmán como hemos visto en otro apartado de este trabajo- por el fuego se relaciona con la calamidad[26] por su carácter altamente destructor de las tierras[27]. Si se considera, como en otros ordenamientos históricos, el incendio como causante de homicidio hay que concluir en que en el derecho musulmán es aplicable el talión[28], que se recoge en varios pasajes del Corán[29]. Para poder aplicar el talión la víctima debía ser una persona protegida por la ley musulmana[30], siendo requisito esencial la intencionalidad castigándose al autor o autores y a los cómplices, si los hubiera, de la misma forma y considerando responsable del delito tanto al que ocasiona directamente la muerte como a aquel que hubiera utilizado para conseguir este objetivo un instrumento apropiado -bien podría pensarse en un incendio provocado- aunque no ocasionara la muerte directamente por su propia mano[31]. En el supuesto de homicidio, la igualdad debía ser incluso en cuanto al tipo de muerte aplicable, excepto cuando el medio que se utilizó era ilícito[32]. Los familiares del ofendido podían renunciar al talión y exigir una compensación pecuniaria o el destierro[33], siendo posible perdonar tanto el talión como la composición[34].

Por su parte, el "Código de la Alianza" incluye una ley que claramente castiga el incendio, considerado como el fuego ya declarado que provoca daños. En concreto, recoge el supuesto del incendio que estalla y se extiende a los espinos, de modo que lo que se hubiera plantado, segado o amontonado o incluso la propia tierra se destruyeran; en este caso, se ordena que el que encendió el fuego restituyera el daño causado[35]. Esta ley del Antiguo Testamento puede compararse con diversos fragmentos de obras de Paulo y Ulpiano recogidos en Mosaicorum et Romanorum legum collatio[36], compilación del siglo V d. C. de autor desconocido que tiene el mérito de manifestar las concordancias y disonancias con ciertos fragmentos jurídicos romanos que de otro modo se hubieran perdido, con el Decálogo de Moisés, tal y como líneas más adelante tendré oportunidad de poner de manifiesto.

Por otra parte, interesa señalar la significación que, en cuanto a la imposición de penas, tiene el comportamiento delictivo de incendio realizado en algún lugar de especial trascendencia para algún ordenamiento jurídico. En concreto, me refiero a la hipótesis del incendio provocado en templos -lugares destinados a la libre manifestación de sentimientos religiosos- hecho que, en la consideración del sistema del Derecho penal canónico de la Iglesia cristiana, es constitutivo de sacrilegio, modalidad autónoma de incendio, a la que en este orden legislativo se asigna una sanción jurídica consistente en penitencia de tres años y excomunión según aparece recogido en el Decretum de Graciano[37].

La constante incriminación penal del incendio se manifestó también en el Derecho penal romano[38], a través de diversas disposiciones que, junto con las relativas a la tala[39] recogen la acción más característica del daño al entorno en el mundo romano[40]. Principiando por el contenido de la Ley de las XII Tablas[41] se castigaba el incendio doloso de una casa o de un montón de trigo puesto situado junto a la vivienda con la muerte del que lo había causado a través del fuego (crematio)[42], tras ser inmovilizado con fuertes cuerdas y flagelado[43], con lo que se aplica claramente el sistema talional[44]. Según parece, el incendio doloso era incluido entre los delitos de homicidio, por el peligro que llevaba envuelto para la vida humana[45], sin embargo esto no impedía que se le pudiera considerar también en general como caso de daños -el daño puede ser causado por dolo o culpa, o bien puede resultar de caso fortuito o fuerza mayor; en el daño doloso, el autor actúa de forma maliciosa o intencional y queda obligado a resarcir el perjuicio causado además de acarrearle una sanción penal, mientras que en el causado culposamente la conducta es negligente, descuidada o no previsora y se origina un ilícito civil que únicamente origina el nacimiento de un deber de indemnizar o reparar el daño. Por su parte, nadie responde de los daños causados de forma fortuita que corren a cuenta de la víctima- lo cual desde el punto de vista crematístico resultaba más beneficioso puesto que del ejercicio de la acción de homicidio no se derivaba de forma automática ninguna indemnización a aquellos que hubiesen sido perjudicados por el incendio.

Según el contenido de la tabla VIII,10, de la que me ocupo, hay que diferenciar dos supuestos claramente determinados por Gayo. En el primero, el causante intencional del fuego de una "construcción o un depósito de grano situado junto a una casa"[46], entendiendo por "construcción" todo tipo de edificios[47], debe ser castigado con la pena de fuego; en caso contrario, la regla es que el incendiario únicamente deberá reparar del daño; ahora bien -se añade excepción- si el incendiario por caso fortuito es insolvente, se le deberá sancionar con un castigo más leve, "encerrado en prisión y azotado pero no más allá"[48]. Se observa que el castigo en este supuesto es más liviano que el que resultaba aplicable a los deudores insolventes a los frecuentemente se les penaba con la pena capital o la venta como esclavos en algún mercado[49]. En cualquier caso el precepto denota la importancia de la agricultura en la sociedad romana de la época[50].

Un progresivo avance en el orden jurídico-social vino a representar la valoración del comportamiento delictivo de incendio contenida en la lex Cornelia de sicariis et veneficis[51], al establecer de modo preciso el carácter de delito público del incendio y por tanto perseguible de oficio por la gravedad de esta conducta delictiva. Con posterioridad, otra disposición punitiva contenida en la lex Julia de vi publica[52] incriminaba a aquellos que con el objeto principal de promover trastornos de orden público quemasen y entrasen por la fuerza en propiedades ajenas o hicieran cualquier otro acto de violencia general o particular que tuviera como fin sedición o motines, ponderando de forma casuística diversas hipótesis en virtud del empleo de determinados medios concretos de comisión[53].

Otros supuestos recogidos en las conocidas como Sentencias de Paulo hacen referencia al supuesto de incendio culposo vinculado al fortuito e igualmente penado[65]; a la comisión del delito de incendio por un siervo[66], caso en el que era posible que el dueño pudiera entregar el esclavo a la víctima en reparación del daño causado[67], y al incendio producido deliberadamente[68], sin diferenciar entre edificio situado en la ciudad o en el campo, que también aparece castigado con la máxima pena[69]. En el supuesto de que el incendio se ocasionara con negligencia, mediando motín o tumulto -circunstancia que ya habían sido tenidas en cuenta en la Lex Iulia de vi publica- el causante debía ser condenado a pagar el doble de los daños causados[70].

En relación a la consideración jurídico-penal del incendio, a tenor de los diversos pasajes consultados, los jurisconsultos de la época del Imperio, siguiendo el criterio de las XII Tablas, lo formulaban y trataban de diferente modo según que la conducta incendiaria ofreciera peligro de muerte o sólo daño en la propiedad. En el primer caso, lo incluían en el horizonte de la ley sobre el homicidio y, en el segundo, lo consideraban como daño cualificado y en tal concepto lo incluían entre los delitos extraordinarios; para valorarlo del primer modo, era preciso que se hubiese realizado con dolo, mientras que para incluirlo dentro del segundo, solamente se exigía la existencia del incendio en general[71]. El Digesto[72] insiste en consignar la gravedad de la pena con que se castiga la conducta de incendio, al tiempo que consagra el carácter talional, al establecer que la sanción correspondiente al incendiario consiste en ocasionar su muerte por medio del fuego; además recoge supuestos que inciden tanto en los móviles del incendio como en el lugar de comisión, castigándose especialmente los acaecidos dentro del recinto de una población por el mayor peligro de propagación de las llamas y, como en los restante textos jurídicos romanos, castiga con más o menos severidad, según la categoría social y jurídica del sujeto que produce el acto incendiario[73].

Por lo que respecta a Ulpiano varios son los pasajes contenidos en el Digesto que inciden en la regulación del incendio y que también se pueden poner en relación con el aludido ya en varias ocasiones Ex. XXII,6. En uno de ellos, bajo el título De los náufragos e incendiarios se hace referencia a la ya mencionada lex Cornelia que disponía que a los todos los incendiarios se les prohibiera el agua y el fuego[74], si bien para el establecimiento de otros castigos debían tenerse en cuenta las circunstancias que rodearon al incendio, diferenciando el provocado intencionadamente[75] de aquel que se produce de forma no voluntaria, respecto a los cuales sus causantes "casi siempre son perdonados, a no ser que haya sido por amplia e incauta negligencia o por diversión"[76]. En otros fragmentos, Ulpiano se muestra muy minucioso al recoger varios supuestos en los cuales considera aplicable la lex Aquilia[77], que contenía tres capítulos[78] de los cuales se referían al daño injustamente causado, el primero -reprimía al que injustamente, en forma dolosa o culposa (con iniuria, significa sin derecho y no aludía al delito de iniuria) hubiera matado a un esclavo ajeno o a una res o pecus (animal cuadrúpedo gregario) ajeno, condenándolo a pagar el mayor valor que el esclavo o animal hubieran tenido en el año anterior al hecho ilícito[79]- y el tercero. En éste se refería a cualquier otro daño que pudiera causarse injustamente a un tercero, excluyéndose los casos del capítulo primero. Estarían incluidos quemar alguna cosa o romperla o matar a cualquier otro animal que no sea una res. En esos casos, se debía abonar el mayor valor que hubiera tenido dicha cosa en los treinta días anteriores al hecho dañoso[80]. En consecuencia, se consideran responsables de un delito de daños a aquellos que, con la intención de perjudicar a otros, causaran deterioro o destrucción de las cosas pertenecientes a un tercero y, por tanto, los bienes de los particulares fueron protegidos por dicha lex Aquilia que, según el derecho justinianeo, castigaba los daños producidos por la destrucción de un inmueble, por la tala[81] o el incendio de los bosques[82], la muerte causada en esclavos o animales y el perjuicio ocasionado en los pastos, con el pago del duplo[83].

Los supuestos de aplicación de la lex Aquilia incluyen, en concreto, el incendio que quema accidentalmente una casa de alquiler, o la incendia, así como el mismo caso ocurrido en arboleda o villa[84]. Igualmente se castiga al incendiario con pena capital si ha quemado casa de alquiler con dolo[85]. Por su parte, si alguien quisiera quemar una casa de alquiler, y el fuego también llegara a la casa de alquiler del vecino, quedaría obligado por la lex Aquilia en favor del vecino, siendo también responsable frente a los inquilinos por las cosas quemadas de éstos[86]. Diferente hipótesis es la constituido por la quema de paja (rastrojos) en fundo propio, propagándose el fuego al predio del vecino quemándolo[87]. La solución no puede ser en esta ocasión, según Ulpiano que recoge a Celso, la aplicación de la lex Aquilia pues "si el fuego del que incendiaba paja se escapó, ése no queda obligado por la ley Aquilia, sino que debe ser demandado por el hecho, porque no había quemado precisamente ahí, sino mientras hacía otra cosa, así el fuego avanzó"[88].

Otros supuestos recogidos en el Digesto hacen también referencia al incendio provocado o favorecido por la negligencia de los esclavos. Uno de ellos incide en el caso de que un siervo del arrendatario casualmente se hubiese dormido cerca del horno del colono provocando que la villa se hubiese quemado. En este caso Ulpiano trae a colación a Neracio quién escribió que demandado el colono debía responder por la acción de locación, si fue negligente en elegir a los sirvientes. Ahora bien si uno de los esclavos hubiese encendido el horno, y otro lo hubiese custodiado negligentemente y se hubiera producido el incendio, cabe preguntarse -y así lo hace Ulpiano- si es posible pedir responsabilidad al colono. La respuesta es negativa y en su opinión la lex Aquilia quedaría sin efecto porque el que no custodió, nada hizo y el que correctamente encendió el fuego del horno, no cometió falta. Para solucionar este asunto concluye "pienso que debe darse una acción a ejemplo de la lex Aquilia tanto contra ese que se durmió cerca del horno o custodió negligentemente, como contra el médico que cuidó negligentemente, sea que el hombre haya perecido sea que se haya debilitado. Y nadie diga, a propósito del que se quedó dormido, que sufrió una cosa humana y natural, cuando debiera o extinguir el fuego o protegerlo de tal modo que no se propagara"[89]. Tampoco se puede demandar, basándose en la lex Aquilia, a aquél que tuviera un horno junto a una pared común por este solo hecho, porque no quedaría obligado por daño injusto aún no producido; únicamente podría ejercitar una acción por el hecho si la pared se hubiera quemado, pero no antes de que se produjera el daño, por lo que si solo tuviera el fuego y el medianero temiera que se le causara el daño sería suficiente la caución de daño temido[90]. Por otro lado, se recoge el supuesto de que los esclavos de un colono, siempre que este careciera de culpa, hubieran quemado una casa de campo caso en el que Ulpiano, trayendo la opinión de Próculo, señala que el colono quedaría obligado o por la acción de locación o por la de la lex Aquilia, de tal manera que el colono pudiera entregar a los esclavos en noxa por el daño, y si la cosa hubiera sido juzgada en un juicio, no se debía demandar nuevamente en otro. Otra sería la solución si el colono tuviera esclavos peligrosos, pues en este supuesto responderá de daño injusto por haberlos tenido [91]. Curioso es el caso de las abejas propias que vuelan hacia las de otro y éste otro las hubiera quemado. Compete en este supuesto la aplicación de la lex Aquilia[92].

Otro jurista, Calístrato, en un texto situado en el Digesto en el título dedicado a las penas[93], da cuenta de que se imponían diferentes clases de sanciones para el incendiario, según se tratara del incendio ocasionado en un edificio urbano o de una edificación de carácter rústico[94]. Por lo que respecta al primer tipo de edificio, se establece concretamente que los incendiarios sufren la pena capital cuando cometieron el acto por enemistad o para robar dentro de la ciudad. Por otra parte, los que incendiaron una choza o casa de campo son castigados con penas menores. Por su parte los incendios fortuitos pero evitables, si causaron daño a un vecino a causa del descuido de aquellos en cuyas fincas empezó, dan lugar a una acción civil de suerte que el que ha sufrido la pérdida litigue con la acción de daño (aquiliana) o se castigue moderadamente.

Desde la óptica urbanística romana[95] hay que partir de la consideración de que lo que en nuestros días se entiende por normas urbanísticas fue englobado en Derecho romano bajo el concepto más amplio de limitaciones al derecho de propiedad -ya he hecho alguna referencia a esta idea anteriormente- que pueden definirse como restricciones al uso de la cosa propia, impuestas por ley, bien en interés de la coexistencia social, o bien establecidas en interés de los propietarios vecinos o limítrofes[96]. Las primeras eran limitaciones de Derecho público de carácter inderogable, mientras que las segundas suponían acotaciones de Derecho privado, susceptibles de ser derogadas mediante pacto o estipulación entre los vecinos[97]. Dentro de este contexto, para evitar el más que probable daño que pudiera producirse a través de los incendios se dictaron algunas normas reguladoras de la distancia entre los edificios. En concreto, una antigua prescripción de las XII Tablas ordenaba dejar en torno al edificio un espacio libre o franja de terreno[98], llamada ambitus[99] (que corresponde al iter limitare en los fundos rústicos o "spatium illud, quod inter vicinas aedes intercedere necesse erat"). Ese espacio libre era en total de 5 pies[100], es decir, dos pies y medio por parte de cada edificio[101]. Así lo entendía Isidoro de Sevilla, quien lo define como "el espacio de dos pies y medio que se deja entre dos edificios vecinos para permitir la circulación entre ellos"[102]. El ambitus pronto cayó en desuso y las casas fueron construidas con muros medianeros por necesidades de espacio, pues Roma y otras ciudades debían albergar una población cada vez más numerosa que habitaba tanto en las casas señoriales (domus) como en los grandes edificios por pisos, normalmente destinados al alquiler (insulae)[103]. Nerón, en el siglo I d. C., quiso poner remedio y corrección a esa situación, aprovechando las funestas y ominosas consecuencias del grandioso incendio de Roma del 64, que tuvo una duración de ocho días y que supuso la devastación y destrucción parcial de nada menos que 10 regiones augusteas (de las 14 en que Augusto había dividido la ciudad)[104] y, entre otras cosas, ordenó construir las casas alineada y separadamente sin muros medianeros, aunque se desconoce el ajuste y medición concreta en pies que estableció[105]. En cualquier caso, estas disposiciones de Nerón estaban fundamentadas sorprendentemente en la protección frente a los incendios[106], promulgando también Trajano normas en ese mismo sentido[107]. Más tarde, a partir del siglo IV, se sucedieron las normas sobre distancias, sobre todo, en relación a los edificios públicos. Una constitución de Constantino del 329, establecía una distancia mínima de 100 pies en torno a los almacenes públicos para evitar el peligro de incendios[108]. Dentro del Derecho justinianeo, y respecto a las distancias entre edificios públicos sin particular distinción entre ellos y edificios privados, Arcadio, Honorio y Teodosio II prescribieron en el 406 dejar un espacio libre de 15 pies[109] y esta constitución fue incorporada al Codex Iustinianus[110].

Para los edificios privados (tanto domus como insulae)[111], la norma general sobre distancia fue establecida en una conocida constitución del emperador de Oriente, Zenón[112], la ya mencionada en nota De aedificiis privatis[113], redactada en griego, que la doctrina ha situado a finales del siglo V[114]. La ley zenoniana publicada en origen para Constantinopla, fue extendida a todo el Imperio por obra de Justiniano, quien ordenó su aplicación general a todas las ciudades en el 531[115]. Concretamente Zenón ordenó en su norma guardar un espacio de 12 pies intermedios (respecto a lo que se pueden establecer, no obstante, ciertas matizaciones)[116] entre edificios vecinos, es decir, 3,54 metros según la equivalencia ya analizada en nota, sin posibilidad de que los propietarios pactasen otra distancia[117].

Otras disposiciones urbanísticas de Derecho público para evitar incendios reglamentando por tanto también las relaciones de vecindad fueron dictadas por el enfermo emperador Zenón[118] en atención a construcciones particulares, como las terrazas o los balcones, prohibiendo el que se llevaran a cabo en calles estrechas, así como también construir estos elementos de madera por tratarse de un material peligrosamente combustible[119].

En contraste con los criterios de caracterización de la configuración legal del incendio en el Derecho penal romano, el sistema punitivo correspondiente al Derecho penal germano aportó nuevos criterios de valoración de la conducta delictiva incendiaria, produciéndose un reconocimiento legislativo de diversos elementos de ponderación que van a incidir en la descripción de los comportamientos constitutivos de este delito. En concreto, el sistema punitivo germánico introduce la novedad de desvincular la gravedad criminal del delito de incendio del criterio objetivo y circunstancial del lugar de comisión del delito, que tiene muy en cuenta el peligro de propagación si el fuego se produce dentro de lugares habitados. Además, se pondera a la hora de la imposición de la pena, el empleo de determinados medios para ocasionar el incendio, caso del aprovechamiento o empleo de la clandestinidad, la nocturnidad, la violencia o la banda armada, lo que va a permitir conformar un tipo de incendio esencialmente caracterizado por el medio de ejecución, cuya gravedad aumentará si se produce la afectación de bienes individuales tan relevantes como la vida y la integridad personal. En cualquier caso, leyendo los textos de la época, queda patente que el ocasionar un daño a bienes materiales privados a través del incendio, permite apreciar un tipo delictivo no orientado específicamente a la defensa de bienes jurídicos personales sino, esencialmente, a la tutela correspondiente a bienes de carácter material, susceptibles de una valoración de carácter patrimonial, y es en este contexto donde podemos incardinar las controversias sobre la naturaleza jurídica de la vivienda construida con madera, temática sobre lo que algo se ha escrito[120]. La cuestión radica en que si se hace valer un antiguo principio histórico del derecho de los pueblos bárbaros, en virtud del cual todo aquello que se destruye por la acción del fuego debe ser considerado un bien mueble[121]. Parece claro que si se trata de una casa de madera, paja o hierbas, susceptible por tanto de arder fácilmente, su consideración jurídica será la de bien mueble en contraposición a aquellas otras construcciones realizadas con materiales ignífugos que son considerados bienes inmuebles[122].

Por otro lado, cabe destacar especialmente en la valoración punitiva del incendio dentro del sistema normativo del Derecho penal germano, el ámbito de relevancia de este delito en la esfera jurídica de un bien inmaterial y supraindividual, como es el de la paz pública. El reconocimiento de este bien jurídico permite apreciar un nuevo tipo de comportamiento delictivo de incendio, que es considerado como directo atentado a la paz pública, donde se valora específicamente la puesta en peligro de bienes jurídicos espirituales sobre todo en relación con la pretensión legal de respeto de las mínimas condiciones fundamentales de convivencia humana en sociedad.

Estos criterios generales caracterizadores del ordenamiento jurídico-histórico penal germano en relación al incendio podemos observarlos dentro del Edicto de Teodorico[123] texto en el que hay que destacar que frente a lo recogido en las Pauli Sententiae, la inimicitia es considerada una circunstancia constitutiva del tipo único de incendio[124]; que la pena a aplicar será diferente según la categoría social del causante del incendio -aplicándose la pena de muerte por combustión a través del fuego a aquellos de peor status, mientras que el denominado "ingenuus" debía pagar los daños ocasionados por el fuego siendo además penado con la obligación de indemnizar y pagar otra vez el valor de las cosas dañadas[125] y, en el caso de que resultara insolvente debía sufrir pena de azotes[126] y relegación perpetua- y que no se establece en el texto del Edicto diferencia entre edificio urbano y rústico en relación a la valoración de la pena por el delito de incendio, por lo que se desprecia el hecho de la posible rápida propagación del fuego en lugares densamente poblados [127]. En relación al incendio culposo, la sanción que se establece en el Edicto de Teodorico es únicamente el simple resarcimiento de los daños ocasionados[128].

En el Liber Iudiciorum[129], aplicable a visigodos e hispanorromanos[130], los criterios mencionados anteriormente procedentes del mundo germano van a verse, por este carácter territorial, modificados. En dicho texto, los casos de incendio y las sanciones para los incendiarios se normativizan fundamentalmente en el octavo de sus libros y, específicamente, en el segundo de los seis títulos de los que consta y aparece rubricado De incendiis et incensoribus, si bien alguna otra disposición, relativa también al acto delictivo incendiario, se encuentra recogida en el tercero de los títulos del mencionado libro octavo. En concreto, se regulan los incendios de los edificios haciendo hincapié en la distinción de sanciones para el autor según se cometiera en la ciudad o fuera del ámbito urbano y según el incendiario fuera de condición jurídica libre o esclavo, disponiéndose, en el primer caso, que el daño provocado por la acción del fuego de forma intencionada en una casa situada dentro de la ciudad debía castigarse, con la indemnización del daño y además con la muerte por fuego[131]. Por lo que se refiere a la indemnización de los daños ocasionados, éstos se establecerán, en virtud de los objetos y el valor de los mismos que mediante juramento diga el perjudicado que se encontraban dentro de la casa incendiada. Tal juramento, caso de mostrarse falso, tiene como consecuencia la obligación de devolver a quien había pagado la indemnización el doble del valor de lo que juró en exceso. Para el supuesto de que el fuego se extendiera y quemara otras casas además de la directamente incendiada, se prevé que sus dueños sean indemnizados en función del valor de los daños ocasionados en cada casa. Si por el contrario, el incendio se ha provocado en una casa situada fuera de la ciudad; el causante de los daños ocasionados por el incendio queda sancionado con una indemnización siguiendo el mismo esquema que acabamos de ver en cuanto a la tasación de los daños y, en caso de insolvencia, con la entrega en servidumbre[132].

Si el causante del incendio era un siervo, sería entregado al propietario de la casa quemada para ser ajusticiado, a no ser que el dueño quisiera librarlo y pagara los perjuicios ocasionados; en este caso, sería castigado con la pena de azotes sin que la normativa visigoda distinga, referidos a este supuesto, entre edificio situado en el campo o en la ciudad[133].

En relación con el incendio ocasionado en un bosque o la quema de árboles también se establecen sanciones diferenciadas según se tratara de hombre libre o esclavo. Si el autor del incendio que ha causado los daños era un hombre libre, además de sufrir una pena corporal (cien latigazos), debía indemnizar los daños causados fijándose la indemnización por medio de "ommes buenos"[134]. Si el incendiario había sido un siervo, la sanción era doble. Por un lado ciento cincuenta latigazos y, además, el amo podía optar entre pagar los daños ocasionados o la entrega del siervo, que aquí es adquirido por quien sufrió el daño[135].

En cuanto al incendio culposo, provocado por extensión involuntaria del fuego, queda castigado en el Liber con una indemnización del daño causado. Se recoge el supuesto del caminante que al encender fuego con leña -se supone que para protegerse del frío o preparar alimentos- en el lugar en que descansaba, provocara un incendio involuntario. Esta posibilidad lo haría según el Liber Iudiciorum responsable de los daños ocasionados[136]. Se trata de una regulación expresa de algunos supuestos de incendios imprudentes. En los supuestos cubiertos por esta ley, tras el intento de evitar que el fuego crezca, si no se consigue controlarlo, no habrá otra sanción que la de indemnizar "tanto cuanto valía la cosa que se quemó"[137]. Esta ley regula la imprudencia pero solo en algunos supuestos de incendio, así aunque en el texto de la misma se aluda al incendio de casas, no hay que entender que todo incendio imprudente de las mismas tenía acogida en el precepto. La norma parte de la premisa de un fuego hecho en un campo mientras se va de camino, por lo que no parece aplicable al resto de incendios cuya comisión hubiera tenido como origen el descuido.

El tercer título del libro octavo del Liber aparece dedicado especialmente a los daños ocasionados en árboles frutales, cultivos diversos y plantaciones de trigo[138] y, en este contexto, por la indudable importancia de la agricultura[139] en la sociedad goda, la vid[140] recibía una regulación de carácter protector y contenido especial puesto que, en este caso, en atención al valor de las cepas, la pena se incrementaba compeliéndose a la entrega de dos cepas del mismo valor de aquellas que habían sido cortadas, arrancadas o quemadas; si el causante de los citados daños era un siervo, habría de sufrir además una pena de carácter corporal cifrada en diez latigazos por cepa[141].

En resumen, varias son las claves para entender estas disposiciones contenidas en el Liber, algunas procedentes del "Código de Eurico", en relación a la normativa romana a la que me he referido en el epígrafe anterior. En primer lugar, se retoma la distinción entre incendio de casas en poblado por un lado, e incendio de casas fuera de poblado y de montes por otro, dicha diferenciación quizás pueda considerarse como un claro precedente de la necesidad de distinguir entre aquellos incendios que de forma ineludible pongan en peligro bienes jurídicos personales y aquellos otros cuyo peligro se centre fundamentalmente en la propagación de las llamas a otros objetos materiales. Por otro lado, se aplican diferentes penas según la condición social del incendiario; en tercer lugar, no se menciona la deportatio por lo que en caso de insolvencia el incendiario se convierte en siervo del damnificado y, por último, no aparece la inimicitia que era circunstancia constitutiva del incendio de edificio rústico en las Pauli Sententiae y circunstancia constitutiva del tipo único de incendio en el Edicto de Teodorico. Además, en relación a los bienes ambientales que se podría deducir quedan protegidos (montes, bosques, árboles, etc.) parece ser que lo son en cuanto objeto de propiedad y no en cuanto bienes cuya conservación interesa a la comunidad en función de ser componentes de su entorno.

V. El incendio en el ordenamiento medieval preferencialmente castellano

En el Derecho medieval local -rastreados un número de fueros significativo pero no exhaustivo y centrándome más en el contenido que en su exacto orden cronológico, en muchos casos difícilmente determinable por la propia idiosincrasia de cada una de las versiones del fuero de un mismo lugar[147]- y territorial, la regulación del incendio aparece generalmente recogida en las disposiciones referidas a los daños, donde también aparecen comúnmente incluidos aquellos preceptos que castigan perjuicios materiales en bienes, por regla general, pertenecientes a terceras personas[148] -animales[149], cultivos[150], con especial protección de la vid[151], perjuicios en árboles de todas clases[152], la perturbación de la paz de la casa[153] de un tercero o el allanamiento de su morada[154], regulándose en ocasiones en el mismo capítulo varios de estos daños[155]- y no tanto de daño en cosa propia[156], concepto ajeno a la mentalidad de la época, sin que quepa olvidar el poco agradable hecho de esparcir estiércol en las calles[157].

Como se observa, en la mayor parte de los supuestos, dentro de una concepción objetiva del delito, se castiga el resultado, es decir, el haber ocasionado un perjuicio, por lo que se presume la culpabilidad de los autores al tiempo que, en otro orden de cosas, hay casos en que es difícil determinar si la responsabilidad del autor es criminal o exclusivamente civil, duda que quizás quepa resolver atendiendo al criterio de la pena impuesta. Si la sanción se funda en la indemnización del daño causado, la responsabilidad será civil; si además de la indemnización se impone alguna obligación añadida, el hecho regulado cabe calificarlo de delito y, en consecuencia, de él se derivará una responsabilidad penal. Por regla general, según los textos analizados, el delito de daños es sancionado con la indemnización por el perjuicio causado más el pago del duplo como pena, tal y como ocurre en el Fuero de Cuenca, texto tipo en el que se sanciona a los que ocasionan daños intencionadamente con el pago de una multa (caloña) y con la indemnización correspondiente, si bien, por otro lado, no exime al que por descuido o involuntariamente ocasiona perjuicios en propiedad ajena hasta el punto de que si tales daños se producen de noche, el perjuicio ocasionado y la multa deberían pagarse doblados[158], y se repite en otros textos medievales[159].

Centrándome ahora en la circunstancia específica de la regulación de los daños producidos por incendio, el Fuero de Cuenca preceptuaba que su autor debería jurar con dos vecinos que fue sin intención, y si esto no pudiera probarlo quedaba obligado a pagar una elevada multa. Igualmente, el que quemando rastrojos en su propiedad ocasionara, daños en otras próximas, debería sufragar los causados, de la misma forma que si su ganado entrara en la era ajena, su propietario estará obligado a pagar los perjuicios ocasionados[160]. En relación a los daños, hurtos o pérdidas en los bienes del señor causados por sus vasallos a sueldo, el Fuero de Cuenca establecía que debían ser pagados por éstos ante la acusación jurada realizada por aquél. Se entendía que la carga de la prueba de tales daños pertenecía a los acusados que, para salir indemnes de la acusación, debían demostrar mediante testigos su inocencia[161]. Por otro lado, en la consideración del Fuero de Soria, la concepción del delito de daños como destrucción de una cosa ajena realizada con el ánimo de perjudicar a un tercero, aparece recogida al castigarse al que quema la casa de otro a sabiendas (dolosamente) con el pago del doble del perjuicio causado[162].

En el Fuero de Béjar[163] se castigaba al que incendiara molino ajeno con una multa de trescientos sueldos y el daño por duplicado[164], mientras que si el incendio se produjo casualmente, también es sancionado el que utiliza el molino y, en este supuesto, quedaba únicamente obligado al resarcimiento del daño causado; si se dudara de su buena fe debería pedir el testimonio de doce vecinos[165].

Se recoge también el incendio de mies ajena en campo o en era, castigando al incendiario que lo provoca intencionadamente con trescientos sueldos[166]. Si por el contrario este tipo de incendio en mies ajena fuera causado de modo fortuito y el que lo ocasionó confesara que no tenía intención de causarlo si jurara con dos vecinos quedaría libre de pena; en caso contrario, sería castigado con trescientos sueldos[167]. Por su parte el que incendiara rastrojos propios debería pagar el daño que un tercero jurara le hubiera causado[168]. Del mismo modo el que encendiere rastrojo ajeno o cogiera paja de otro debería pagar al dueño el daño que hubiera producido incluso en el ganado[169].

En relación al incendio de casa ajena, el Fuero de Béjar ordenaba que el incendiario pagara quinientos sueldos; de lo contrario debía responder por riepto[170]. Si se produjera la muerte de un hombre dentro de la casa a consecuencia del incendio, debería pagar cuatrocientos maravedís siendo declarado enemigo. Y esto mismo se disponía respecto al hombre que incendiara monte[171].

Mayor penalidad se imponía en el fuero de Usagre y en el de Cáceres para aquel que quemara monte o campo desde el mes de mayo hasta el día de San Martín (11 de noviembre), pues en este supuesto debería pagar diez maravedís y el daño causado a sus dueño por duplicado; pero si por diversas circunstancias fuera insolvente y no pudiera pagar, debería ser atado de pies y manos y echado al fuego[172]. Por su parte, aquel que produjera la quema de prado, viña, huerto, trigo ajeno, colmena, acequia o molino sería también castigado con la pena pecuniaria de diez maravedís, los cuales serían repartidos por igual entre el alcalde y los que hubieran sufrido el daño[173], mientras que la multa establecida para el que quemara rastrojo ajeno era de tres maravedís y si fuera mies la cifra llegaba a los cuarenta maravedís[174], mientras que por quemar intencionadamente casa ajena el incendiario debía indemnizar al dueño el daño causado y hacer frente a una multa de cuatro maravedís[175]. Mucho más grave era el incendio o la tala de viña ajena pues en este caso el incendiario sería castigado como el homicida[176].

En el Fuero de Zamora se castigaba al que provocara fuego en casa ajena o talara árboles y viñas el que lo demandara debía jurar primero que no lo hacía por enemistad sino por sufrir daños; si no pudiera probar el perjuicio debía morir salvo que contara con el testimonio de doce hombres buenos entonces escaparía. Si se pudiera probar el daño debía pagarlo doblado al perjudicado[177].

En el Fuero de Fuentes de la Alcarria quien diere fuego a mies en era o campo sería castigado con al pago del daño por duplicado y 20 "mençales" al dueño de la mies quedando obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el fuero antes del día de San Miguel[183].

Sobre la labor legislativa de Alfonso X el Sabio bastante -aunque probablemente no todo- se ha escrito[184]. Dentro de la misma, considerado el incendio dentro del cuarto de los libros del Fuero Real bajo el título De las fuerzas e de los dannos, cabe señalar que el que fuera demandado ante la autoridad judicial por daños, debería pagar según lo establecido en dicho cuerpo legal. Si el demandado se opusiera en el pleito y el demandante probara la causa de su petición, el que hubiera ocasionado el daño debería hacer frente a las costas y además estaría obligado a pagar el doble de la indemnización que marca la ley[185]. El texto precisa asimismo las cantidades que deben pagarse por los daños causados en el ganado ajeno,[186] en los árboles frutales o no[187], o en otros bienes como las vides[188], las bestias[189] o los molinos[190]. El delito de daños es apreciable igualmente cuando su autor comete una imprudencia que debería haber evitado; en este supuesto el Fuero Real establece que el infractor debería pagar el daño causado o su enmienda; ahora bien, si a resultas de la imprudencia cometida, sobreviniera lesión o muerte de un hombre libre, debería pagar la caloña de la muerte o del daño según lo dispuesto[191]. En relación específica al incendio, este texto alfonsino prescribe para todo tipo de actuación dolosa que cause incendio tanto de sembrados como de casas o montes la misma pena consistente en aplicar al incendiario la pena de morir por fuego debiendo además pagar todo el daño que hubiera ocasionado voluntariamente[192]. En el caso de que el fuego surgiera "por ocasión" únicamente debía pagar el daño según la valoración de "omes buenos" designados por el alcalde[193].

Sobre los ordenamientos y otra documentación de las Cortes celebradas durante el reinado de Alfonso X[194], a los efectos de esta colaboración merecen ser destacados por orden cronológico: el Ordenamiento sobre comestibles y artefactos de 27 de febrero de 1256 al parecer fruto de unas Cortes celebradas en Segovia y que, entre otras cuestiones, mandaba que "que no pongan fuego a los montes so pena de echarlo dentro"[195], prohibiendo además cortar árboles ajenos[196]. Por su parte, en las Cortes de Castilla y León reunidas en Valladolid el 18 de enero de 1258 se reiteraba la prohibición de quemar los montes bajo pena de que "al que lo haga se le eche al fuego", en caso de que no pudieran prender al incendiario deberían serle confiscados todos sus bienes[197], volviendo a insistir el monarca en este mismo castigo del incendio en montes diez años más tarde en el Ordenamiento de la reunión de Jerez celebrada el 30 de julio de 1268[198].

Centrándome ahora en la regulación del incendio en las Siete Partidas hay que diferenciar la naturaleza jurídica del incendio según se incluya dentro de la consideración jurídica de daños o de fuerzas. En primer caso, las Partidas definen por exclusión los daños diferenciándolos de otras infracciones criminales consideradas más graves por la envergadura del perjuicio que producían[199]. Cuando el menoscabo se produce por culpa de otro, éste incurre en el delito de daños que se produce de tres posibles maneras: "quando se empeora", "quando se mengua" o cuando "se pierde ó se destruye la cosa del todo"[200]. Gregorio López, siguiendo a Bartolo señala que se llama daño cualquier disminución de nuestro patrimonio, no entendiéndose como tal la pérdida de las ganancias que no hubiésemos realmente adquirido y no quedasen en nuestro poder[201]. De este delito es responsable su autor pero no sus herederos, que no deberán indemnizar al perjudicado salvo que se hubieran beneficiado de su comisión o el pleito hubiera comenzado en vida del causante[202] y la pena a aplicar, siguiendo el criterio antedicho del Fuero Real, sería que el demandado por daños que se opusiera a la demanda y ésta le fuera probada, debería pagar el perjuicio doblado[203].

En el segundo de los casos, es decir, si se considera el incendio dentro del delito de fuerza, la solución será otra muy distinta según el texto alfonsino que considera que fuerza es "cosa hecha a otro torticeramente, de la que no se puede amparar el que la recibe"[204], se trataría de una acción realizada injustamente a quien no puede defenderse de ella, siendo necesario que haya ímpetu o empuje de otro, diferenciándose entre actos hechos con fuerza o con violencia[205] y distinguiéndose entre dos clases de fuerza, la hecha con armas y la realizada sin ellas. La fuerza con armas es la más grave y se corresponde con lo que los romanos llamaban fuerza pública[206], mientras que la fuerza sin armas es castigada con menor severidad y se correspondía con la llamada por los romanos fuerza privada[207].

Dentro de los supuestos más graves, los de fuerza ejercitada con armas hay varias referencias a los incendios en las Partidas. Uno de ellos regula el supuesto de aquel que "allegando gente armada, quema o atenta a quemar o robar algún lugar, nave, cosa u otro edificio habitado, o en que estén guardadas mercaderías u otras cosas necesarias al uso de la vida", llegándose a equiparar el hecho consumado del incendio a la mera tentativa del mismo[208], recogiéndose también la hipótesis que hace referencia a estorbar la extinción del incendio o el desalojo de los enseres de la casa incendiada[209], siendo también el incendio el elemento central del primer supuesto que contempla dicha ley que hace que se le califique de fuerza armada y que se produce "cuando alguno hurta o roba algo de una casa incendiada, a menos que lo haga con intención de guardarlo para su dueño o que lo que se lleve sea madera porque ésta puede favorecer el mantenimiento del incendio"[210].

La pena correspondiente a estas conductas, así como a casi todas las incluidas bajo el concepto de fuerza armada, consiste en la deportación a una isla y en la pérdida de los bienes a favor del rey en defecto de ascendientes o descendientes hasta el tercer grado; no obstante, si como consecuencia de alguna de las modalidades de fuerza armada resultara alguien muerto, el jefe de la banda, si lo hubiere, sería condenado a pena capital[211]. Se establece también una distinción que tiene en cuenta, siempre que el que ejerciera la fuerza con armas fuera de condición servil, si hubiera actuado sin mandato y con desconocimiento de su señor o cumpliendo una orden del mismo. En el primer caso, el siervo, debería ser castigado con la muerte, mientras que en el segundo no se le castigaría con la muerte sino que debía ser "dado a las labores del rey"[212] Además de esto el señor debería perder su oficio siendo tenido por siempre como infame. Pero si el señor fuese persona vil o malhechora que mandara a los hombres a su servicio a actuar de este modo debía ser desterrada como si él mismo hubiera ejercido la fuerza armada[213].

En el caso de que la fuerza hubiera sido hecha sin armas, el que la hubiera ejercido sería castigado con la pérdida de la tierra y de la tercera parte de sus bienes que irían a la Cámara del rey, además si fuera oficial del rey, también perdería su oficio[214].

Siguiendo con el análisis de la fuerza armada en relación a los incendios -además de los dos supuestos ya mencionados-, cabe destacar uno específico en atención a la gravedad de los perjuicios que acarrean para la comunidad. En concreto, las Partidas sancionan a los que con armas se coaligasen con otros hombres armados para incendiar casas o plantaciones ajenas, a pagar los daños ocasionados y al destierro a perpetuidad, si el autor fuese hidalgo u hombre honrado y, a ser quemado, si fuese de inferior condición llegando al extremo de mandar que se le arroje a las llamas del incendio que provocó en el caso de ser encontrado antes de que el mismo se hubiera extinguido[215].

En relación a los incendios involuntarios o no dolosos, dos leyes específicas se refieren a ellos en Partidas que también recogen algunos otros casos que podemos considerar muy relacionados. Entre estos últimos, cabe destacar el supuesto de que por culpa del que cuida un horno, el fuego produzca daños[218]. Otros casos se refieren a la necesidad de derribar casas para impedir la propagación del fuego[219].

En cuanto a las leyes que específicamente se refieren a los incendios imprudentes, una de ellas está recogida en el título dedicado a las fuerzas y la otra en el dedicado a los daños. En la primera se regulaban, además de la fuerza armada en el incendio de plantaciones o edificios, dos supuestos más; uno, referido a los incendios ocasionales y el otro a los imprudentes. Respecto a los primeros, no aparece recogida ninguna consecuencia de carácter penal ni indemnizatorio; en cambio, si se tratase de un incendio culposo, sin haber tampoco sanción alguna, sí que se establece la obligación de resarcir todo el daño ocasionado por la acción de las llamas. Se hace referencia expresa al supuesto en que la culpa viene integrada por haberse encendido el fuego en un lugar donde soplara fuertemente el viento[220]. Esta hipótesis se repite en la segunda ley de Partidas específicamente referida a los incendios imprudentes antes anunciada que hace alusión al que incendiara de rastrojos instando al que lo llevara a cabo a que no lo hiciera si hacía "viento grande ni cerca de paja, ni de madera ni de olivar", para evitar hacer daño a terceros[221]. Se produce la reiteración del supuesto de incendio imprudente que aparece regulado tanto en el título de Partidas relativo a la fuerzas como en el que trata de los daños. Ambas leyes preveían la indemnización del daño ocasionado[222] cuya valoración se debería efectuar tomando en cuenta el mayor valor que la cosa incendiada hubiera tenido en los últimos treinta días, o en el último año si se tratara de animales, con lo que se plasman criterios procedentes del ordenamiento romano, a los que ya se ha aludido en otro apartado.

A nivel urbanístico, en relación a la protección frente a los incendios, hay que tener en cuenta las diferentes tipologías coexistentes en la España medieval: la que se desarrollaba en la ciudad musulmana, la que tenía lugar en la ciudad cristiana y, junto a ellas, existía un tercer tipo formado por la transformación de las musulmanas al ser habitadas por los cristianos, las ciudades mudéjares[223]. Las más importantes ciudades hispanomusulmanas estaban formadas por un núcleo central rodeado de muros, llamado medina, en el que se hallaban la mezquita mayor, la alcaicería (mercado cerrado de los productos más valiosos), numerosas alhóndigas (depósitos de mercancías foráneas que en ellas se vendían a la par que posadas), varios baños, y zocos, y por una serie de arrabales exteriores a la medina, en los cuales se agrupaba la población en función de sus actividades económicas. El islamismo urbano[224] supone una realidad subsistente en muchas villas y ciudades de la España actual[225], si bien la mayoría de las ciudades y villas pobladas por los monarcas cristianos en los últimos años del siglo XI y primera mitad del XII lo fueron por núcleos de gentes de distinta procedencia atraídos por fueros y concesiones especiales, predominando en la etapa bajomedieval la iniciativa pública en el proceso urbanizador. En muchos de estos textos medievales se incluyen disposiciones concretas referentes a la urbanización de los nuevos núcleos de población que pretendían evitar los incendios; en concreto, se regulaba la superficie de las parcelas, el trazado y anchura de las calles, las características de la plaza mayor y de las fortificaciones y, en este sentido, alrededor de la plaza o zona central, se distribuían la Iglesia o catedral, el mercado, el palacio o ayuntamiento y las casas de los nobles más significados[226]. Esta tradición de plano regular queda recogida en Partidas[227] que, al explicar como debía ser aposentada la hueste, con excelente sentido urbanístico, determina que el campo militar había de establecerse según la conformación del lugar, la tienda del señor en medio, si fuera rectangular, debía dejarse una calle en medio toda derecha y, si fuera cuadrado, lo conveniente sería que se dejasen dos o cuatro calles unas rectas y otras perpendiculares. Las Partidas[228] establecen que los muros, castillos, fortalezas, calzadas, fuentes, puentes, cárceles, la casa consistorial, edificios de la administración de justicia y otras construcciones públicas de los pueblos se construyan a cuenta de los bienes de propios de las poblaciones. Para la construcción de tales edificios no era necesaria la licencia del rey, ni del Consejo real. Sobre la licencia prima la idea del bienestar y utilidad del Estado, y bastaba con el consentimiento del pueblo o del ayuntamiento[229].

Notas

[1] Conviene dejar claro desde el principio el significado concreto de la voz "incendio" que transcribo literalmente "del latín ). 1. Fuego grande que destruye lo que no debería quemarse. 2. Pasión vehemente, impeturosa, como el amor, la ira, etc." [Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española (22ª edición, Madrid, 2001), consulta ]. Parece claro que por las características de este trabajo de investigación debo centrarme en el primero de estos significados. Aclara muchas dudas sobre el particular el trabajo de Fossereau, Joële, La notion d'incendie (Paris, R. Pichon et R. Durnad-Auzias, 1963).

[2] Véase entre otros: Polaino Navarrete, Miguel, Delitos de incendio en el ordenamiento penal español (Barcelona, Bosch, 1982); de la Cruz Aguilar, Emilio, La destrucción de montes (claves histórico-jurídicas) (Madrid, Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense, 1994); Pérez Martos, José, Legislación sobre incendios forestales (anotada, concordada y comentada) (Granada, Comares, 1995); Serrano González de Murillo, José Luis, Los delitos de incendio. Técnicas de tipificación del peligro en el nuevo Código Penal (Madrid-Barcelona, Marcial Pons, 2000); José Eduardo Sáinz Cantero Caparrós, Los delitos de incendio (Granada, Comares, 2000); de Madariaga y Apellániz, Juan Ignacio, La protección del medio ambiente frente al delito de incendios forestales: problemática jurídica y criminológica (Madrid, Dykinson, 2001) y La protección penal frente a los incendios forestales en España (adaptado a la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y a la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, modificadora de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal) (Madrid, Dykinson, 2004); y Trapero Barreales, María Anunciación, Los delitos de incendio, estragos y daños tras la reforma de la LO7/2000 y la LO 15/2003 (Valencia, Tirant lo Blanch, 2006).

[3] Se pueden consultar a título de ejemplo los trabajos de Fuentes Bodelón, Fernando, Planteamientos previos a toda formulación de un Derecho ambiental, en Documentación administrativa, 190 (Madrid, 1981), pp. 113-132); Jaquenod de Zsogön, Silvia, El Derecho ambiental y sus principios rectores (Madrid, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 1989, y 2ª edición, Madrid, Dykinson, 1991); La misma, Iniciación al Derecho ambiental (Madrid, Dykinson, 1996) y Derecho ambiental (Madrid, Dykinson, 2002); Jordano Fraga, Jesús, La protección del Derecho a un medio ambiente adecuado (Barcelona, Bosch, 1995); David, Arnold, La naturaleza como problema histórico: el medio, la cultura y la expansión de Europa (trad. castellana de R. Elier, México, Fondo de Cultura Económica, 2000); Hava García, Esther, Protección jurídica de la fauna y la flora en España (Madrid, Editorial Trotta, 2000); Reyes López, María José (coordinador), Derecho ambiental español (Valencia, Tirant lo Blanch, 2001); Vicente Giménez, Teresa, Justicia ecológica y protección del medio ambiente (Madrid, Editorial Trotta, 2002); Nieto-Galán, Agustí, Cultura industrial: historia y medio ambiente (Barcelona, Rubes, 2004); Calvo Charro, María, Escritos de Derecho Ambiental (Valencia, Tirant lo Blanch, 2004); Bermejo Vera, José (director), Derecho Administrativo. Parte especial (Madrid, Civitas, 2005); Cancio Meliá, Manuel - Barreiro, Agustín Jorge (coordinadores), Estudios sobre la protección penal del medio ambiente en el ordenamiento jurídico español (Granada, Comares, 2005); Gordillo, José Luis (coordinador), La protección de los bienes comunes de la humanidad. Un desafío para la política y el Derecho del siglo XXI (Madrid, Editorial Trotta, 2006); Serrano Moreno, José Luis, Principios de Derecho ambiental y ecología jurídica (Madrid, Editorial Trotta, 2008); y Guerrero Zaplana, José, La responsabilidad medioambiental en España (Madrid, La Ley, 2010).

[4] En líneas generales puede decirse, por consiguiente, que los autores de este grupo consideran comprendidos dentro del tratamiento ambiental tanto el medio ambiente urbano: actividades clasificadas, patrimonio histórico artístico y cultural como el medio ambiente rural: espacios protegidos y los cinco recursos naturales típicos: el suelo y subsuelo, agua, aire, flora y fauna, tal es el caso de Jaquenod de Zsogön, Silvia, I, cit. (n. 3). Véase: también Fernández de Gatta Sánchez, Dionisio, La protección jurídica del medio ambiente: evolución y perspectiva general, en García Gómez-Heras, José María y Velayos Castelo, Carmen (coords)., Tomarse en serio la naturaleza: ética ambiental en perspectiva multidisciplinar (Madrid, Biblioteca Nueva, 2004), pp. 173-199.

[5]Martín Mateo, Ramón, Tratado de Derecho ambiental (Madrid, Editorial Trivium, 1991), I, descarta que el ambiente sea el territorio global objeto de ordenación y de gestión. Aunque igualmente rechaza la identificación medio ambiente-naturaleza, finalmente, reconduce la definición al conjunto de elementos naturales objeto de una protección jurídica específica, por lo que no parece estar de acuerdo con la definición de ambiente en virtud de la cual dicho concepto hace referencia a las "condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, etc. de una colectividad" (Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, 22ª edición, Madrid, 2001, consulta ) pues, en su opinión, contrapone lo físico a lo moral y hace énfasis en el continente y no en el contenido: animales, plantas, microorganismos que componen los ecosistemas, no teniendo en cuenta la interacción entre ambos (Martín Mateo, Ramón, cit., p. 25).

[7] Véase: las consideraciones bastante negativas acerca del fuego de San Isidoro (556-636), entre ellas, escribe al hablar de los hornos que "el fuego se llama ignis porque de él nada puede nacer (nihil gigni), pues es un elemento inalterable que consume todo cuanto alcanza" (Etymologiarum, XIX,6,5) [consulto la edición bilingüe de Oroz Reta, José (texto latino, versión española, nota e índices) y Marcos Casquero, Manuel A., con introducción general de Díaz y Díaz, Manuel C., vol. I. Libros I-X y vol. II, Libros XI-XX (2ª edición, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1993-1994); en concreto esta cita es de vol. II, p. 441], igualmente al hablar de las enfermedades que aparecen en la superficie del cuerpo establece un símil entre la facilidad de contagio de las mismas y el poder devastador del fuego afirmando que "[…] la piel se tiñe de un color ígneo que, como un fuego, va invadiendo las zonas próximas […]" [Etymologiarum, IV,8,4, en Oroz Reta, José (texto latino, versión española, nota e índices) y Marcos Casquero, Manuel A., cit., I, p. 495)]. A mayor abundamiento, incidiendo de nuevo en su desprecio hacia el fuego al hablar sobre los dioses de los gentiles, San Isidoro de Sevilla llega a la siguiente conclusión: "[…] pues, de una virgen, al igual que del fuego, nada nace" [Etymologiarum, VIII,11,68, en Oroz Reta, José (texto latino, versión española, nota e índices) y Marcos Casquero, Manuel A., cit., I, p. 731]. Sobre la vida y su obra de San Isidoro se obtienen algunas respuestas en de Churruca, Juan Presupuestos para el estudio de las fuentes jurídicas de Isidoro de Sevilla, en AHDE., 43 (Madrid, 1973), pp. 429-430; y Díaz y Díaz, Manuel C., Introducción general a la obra Etimologías de San Isidoro de Sevilla (Madrid, 1982), entre otros.

[8] Corán, 638. Consulto Cortés, Julio (editor), El Corán (Barcelona, Herder, 1999), p. 196. Cfr. Sadr, Bani, Le Coran et les droits de l'homme (Paris, Maissoneuve et Larose, 1989).

[9] "[…] y los bendijo Dios diciéndoles: procread y multiplicaos. Someted la tierra y dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los ganados, y sobre todo cuanto vive y se mueve sobre la Tierra" (Génesis 1,28).

[10] Sobre la contaminación sus diferentes dimensiones hay multitud de trabajos, a título de muestra, quizás sean destacables los de Détrie, Jean Pierre, La pollution atmosphérique (Paris, Dunod, 1969); Chovin, Paul, La polución atmosférica (trad. castellana de Guillem Frontera, Barcelona, Oikos-Tau, 1970); Russell Boulding, J., Description and Sampling of Contaminated Soils: A Filed Guide [Boca Raton (Florida), Lewis, 1994]; Marañón Maison, Elena, Residuos industriales y suelos contaminados (Gijón, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2000); Merrington, Graham, Agricultural Pollution: Environmental Problems and Practical Solutions (London, Spon Press, 2002); Clive Thompson, K. y Nathanail, C. Paul (editores), Chemical Analysis of Contaminated Land (Oxford, CRC Press, 2005); Mayer, Alex y Majid Hassanizadeh, S. (editores), Soil and Groundwater Contamination: Nonaqueous Phase Liquids- Priciples and Observations (Washington, American Geophysical Union, 2005); García Rodríguez, Amando, La contaminación acústica: fuentes, evaluación, efectos y control (Madrid, Sociedad Española de Acústica, 2006); Herrera del rey, Joaquín José, La defensa jurídica contra la contaminación acústica (Madrid, La Ley, 2009); y Pinedo Hay, Jorge (coordinador), El ruido en las ciudades: análisis jurídico-práctico (Barcelona, Bosch, 2009).

[11] La destrucción y degradación del entorno se manifiesta en sueños, en la mitología y en la literatura de todos los tiempos. Así, en los mitos del diluvio bíblico, del diluvio sumerio y en el diluvio de Macondo de la novela Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. Estos mitos del diluvio demuestran con claridad la relación entre la culpa del hombre y la destrucción del ambiente. Por otro lado, el diluvio como fenómeno ecológico tiene sus antecedentes en otros episodios del Génesis, 6 y 7, y en la leyenda sumeria, que también demuestra íntima relación entre la actitud negativa del hombre y la desastrosa consecuencia para el ambiente. Parece ser que hubo una terrible inundación hacia el 3000 a. C. en el valle de Mesopotamia. Para el Islam, el resultado final de la actitud desviada y de la inmoralidad, cuando llegan a ser generalizada, es la total destrucción medio ambiental y esa es la historia del Profeta Noé y la lluvia que destruyó todo excepto el Arca y sus ocupantes tanto hombres como animales. La orden que terminó con la riada muestra que las aguas obedecieron a la orden de Allah [Corán, 1144. [Cortés, Julio (editor), cit. (n. 8), p. 282]. Paralelamente otras teorías indican que esta inundación fue el efecto causado por la deforestación y la destrucción de barreras naturales en los cerros vecinos, por lo que se demostraría que el hombre ha sido el causante de los desequilibrios en los diferentes ecosistemas. Se pueden consultar sobre los diferentes aspectos relacionados con el diluvio Ryan, William, El diluvio universal: nuevos descubrimientos científicos de un acontecimiento que cambió la historia (versión castellana de Rafael Fontes, Madrid, Debate, 1999); Sequeiros, Leandro, Teología y ciencias naturales: las ideas sobre el diluvio universal y la extinción de las especies biológicas hasta el siglo XVIII, en Archivo Teológico Granadino, 6 (Granada, 2000), pp. 91-160; McCaughrean, Geraldine, No es el fin del mundo (traducción castellana a cargo de José Manuel Pallarés, Madrid, Alfaguara, 2006); Soler, Claudio y Quirón, Mónica, El arca de Noé y el diluvio universal (Madrid, Edimat, 2007); y Barquero, Guillermo, El diluvio universal (San José de Costa Rica, Perro Azul, 2009).

[12] En ocasiones se trataba de proteger aspectos relacionados con la salud, tal y como explicita Andrea di Porto, La tutela della "salubritas" fra editto e giurisprudenza (Milano, Giuffrè, 1990), circunscrito a la protección de la salud evitando la contaminación de las aguas- o con la propiedad.

[13] En el Islam la relación entre la humanidad y el medio ambiente se fundamenta en el hecho de que todo cuanto se encuentra sobre la Tierra adora a Allah. Esta adoración se traslada a las acciones y por tanto es parte de la fe del musulmán no dañar el medioambiente que es percibido como el lugar donde los signos (ríos, plantas y pájaros) señalan la existencia de Allah [Corán, 453-5. [Cortés, Julio (editor), cit. (n. 8), p. 574], por lo que cualquier destrucción que se haga sobre el medio ambiente supone destrucción de estos signos. El Corán enseña que hay una correlación entre la conducta de la gente y las condiciones del medio ambiente. La conducta recta lleva a resultados positivos según Corán, 796. [Cortés, Julio (editor), cit. (n. 8), p. 224] y 1152. [Cortés, Julio (editor), cit. (n. 8), p. 282]. Desviarse del camino recto que Allah ha dispuesto para la humanidad también lleva aparejado consecuencias negativas para el medio ambiente [Corán, 20124. Cortés, Julio (editor), cit. (n. 8), p. 380]. Además de esto hay versículos que establecen una correlación entre los desastres naturales y la conducta desviada del ser humano, la conducta inmoral, o una combinación de ambas cosas: Corán, 1313. [Cortés, Julio (editor), cit. (n. 8), p. 305] y Corán, 1768-69. [Cortés, Julio (editor), cit. (n. 8), p. 345]. El Corán está lleno de historias que reflejan la correlación entre el mal actuar y la sanción de Allah conducente a una destrucción: Corán, 1842. [Cortés, Julio (editor), cit. (n. 8), p. 355] y Corán, 6829. [Cortés, Julio (editor), cit. (n. 8), p. 665]. Como regla general, hay que decir que existe una relación directa entre la acción incorrecta y las calamidades en Corán, 4231. [Cortés, Julio (editor), cit. (n. 8), p. 558]. Además la trasgresión genera corrupción en cualquier parte [Corán, 3041. Cortés, Julio (editor), cit. (n. 8), p. 473]. La corrupción en este contexto abarca toda clase de daño ya sea material o espiritual. Por tanto, una conducta correcta, en línea con el punto de vista islámico, conduce a un mejor medio ambiente, si Allah quiere [Corán, 147. Cortés, Julio (editor), cit. (n. 8), p. 311].

[14] Con posterioridad, la Ley de las XII Tablas, en concreto, tab. X, 1 estableció que "a un hombre muerto ni se le entierre ni se le incinere dentro de la ciudad" [Consulto Riccobono, Salvatore, Fontes Iuris Romani Anteiustiniani, Pars Prima, Leges (Firenze, Barbèra, 1968), p. 66 y la especialmente relevante edición de las XII Tablas de Bruns, Karl Georg - Gradenwitz, Otto, Fontes Iuris Romani Antiqui (7ª edición, Tübingen, 1909, reedición, Scientia Verlag, Aalen, 1969), p. 35. Mas recientemente, Rascón García, César - García González, José María (estudio preliminar, traducción y observaciones), Ley de las XII Tablas (Madrid, Tecnos, 1993), pp. 30-31]. Por su parte Cicerón llegó a prohibir la instalación de un lugar de incineración de personas o una tumba nueva a menos de 60 pies de una casa ajena, contra la voluntad de su dueño [(Tab X,9. (Cicerón, de legibus, II,24,61)]. Esta norma provocada por el temor a los incendios, fundamenta la exigencia de la existencia de una distancia mínima entre el lugar de cremación y la casa ajena y responde igualmente a la finalidad de preservar la salubridad pública. [Véase: Riccobono, Salvatore, cit. pp. 67-68 así como la edición de Bruns, Karl Georg - Gradenwitz, Otto, cit., pp. 36-37. También Rascón García, César - García González, José María (estudio preliminar, traducción y observaciones), cit., pp. 32-33], terminando esta tabla X, 10 con la prohibición de "usucapir el vestíbulo del sepulcro o el lugar de incineración" [Véase: Riccobono, Salvatore, cit. pp. 68-69; Bruns, Karl Georg y Gradenwitz, Otto, cit., p. 37 y Rascón García, César y García González, José María (estudio preliminar, traducción y observaciones), cit., pp. 34-35]. No podemos dejar de señalar, San Isidoro, en Etymologiarum, XV,11,1 que se refiere a que con anterioridad los muertos eran enterrados cada cual en su casa, cosa que posteriormente fue prohibida por las leyes para que no se infectaran por el contacto los propios cuerpos o los mismos cuerpos de los vivos [Oroz Reta, José (texto latino, versión española, nota e índices) y Marcos Casquero, Manuel A., cit. (n. 7), II, p. 25]. Sobre los aspectos medioambientales en el mundo romano se puede consultar con gran provecho el volumen de Fedeli, Paolo, La natura violata. Ecologia e mondo romano (Palermo, Sellerio, 1990).

[15] Se trata del fragmento contenido en D. 47, 11, 1, 1 (PS. 5, 4, 13) atinente a los juicios criminales extraordinarios, donde se recoge que "ofende a las buenas costumbres quien echara estiércol a alguien, o le manchara con cieno o lodo, o ensuciara las aguas y contaminara las cañerías y depósitos u otra cosa en perjuicio público". Consulto Digesto a través de Mommsen, Theodor - Krueger, Paul, Corpus Iuris Civilis (13ª edición, Berlín, Apud Weidmannos, 1920), I; y Sentencias de Paulo en Baviera, Johannes (editor), Fontes Iuris Romani Antejustiniani in usum scholarum, Pars altera (Firenze, Barberà, 1968, interpretado por A. C. Ferrini y con anotaciones de J. Furlani), pp. 319-417. Cfr. Zamora Manzano, José Luis, Precedentes romanos sobre el Derecho ambiental: la contaminación de aguas, canalización de las aguas fecales y la tala ilícita forestal (Madrid, Edisofer, 2003), p. 19.

[17] Véanse, entre otros, los trabajos ya clásicos de de Malafosse, J., Le droit de l'environnement. Le droit a la nature. Aménagemente et protection (Paris, Montchrestien, 1973); Despax, M., Droit de l'environnement (Paris, Litec, 1980); Herrmann, B., Umwelt in der Geschichte: Beiträgezur Umweltgeschichte (Göttingen, Vanderhoeck & Ruprecht, 1989) y Schäfer, Herbert, Brandstifung als Wirtschaftsdelikt (Bremen, Schäfer, 1990). Más recientemente se puede consultar, Grove, R. H., Ecology, Climate and Empire: Colonialism and Global Environmental History. 1400-1940 (Cambridge, Whitehorse Press, 1997); Santa María Beneyto, M. J., Medioambiente en Europa. Retos para un desarrollo sostenible (Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2000); Benton, L. M. - Short, J. R. (edits.), Environmental Discourse and Practice (Oxford, Oxford University Press, 2000); Cornu, M. - Fromageau, J., Genése de droit de l'environnement (Paris, L'Harmattan, 2001); Warren, L. S., American Environmental History [Malden (USA), Blackwell Publishing, 2003]; Coyle, Sean - Morrow, Karen, The Philosophical Foundations of Environmental Law: Property, Rights and Nature (Oxford, Hart Publishing, 2004); Prieur, Michel, Droit de l'environnement (5ª edición, Paris, Dalloz, 2004); y Bell, Stuart - McGuillivray, Donald, Environmental Law (6ª edición, Oxford, Oxford University Press, 2006).

[18] En las primitivas etapas históricas hay una "ausencia casi generalizada del enfoque ambiental en las normas referidas a los elementos naturales, las cuales se encuadran en una esfera de protección de intereses y derechos particulares, constituyendo, en realidad, un primitivo Derecho de los recursos naturales, regulador de las relaciones de propiedad más que auténticos precedentes del Derecho ambiental" [Jordano Fraga, Jesús, cit. (n. 3), p. 25].

[19] De hecho se encuentran con relativa facilidad normas de protección de aspectos relacionados con el medio ambiente en diversos fragmentos del Fuero Juzgo, Fuero Real, Partidas, Costums de Tortosa, Usatges, etc., por mencionar algunos textos a título de ejemplo. Algunas de estas normas referenciadas de forma concreta en relación a algún recurso medioambiental, ya tuve oportunidad de citarlas en Precedentes de protección medioambiental en el Derecho Histórico español de la Edad Moderna, en Arancibia Mattar, Jaime - Martínez Estay, José Ignacio (coordinadores), La primacía de la persona. Estudios en homenaje al Profesor Eduardo Soto Kloss (Santiago de Chile, Chile, LegalPublishing, AbeledoPerrot, 2009), pp. 641-654 y otras muchas van a aparecer a lo largo de las páginas de éste y otros trabajos ya en preparación sobre temática histórica medioambiental.

[20] El comportamiento delictivo de incendio se manifiesta como un acto representativo de una de las instituciones penales más antiguas de la historia criminal de la humanidad, "al integrar una categoría de las acciones que han sido tradicionalmente consideradas como más graves conforme a los valorativos criterios jurídicos de comportamiento de la convivencia personal en sociedad" [Polaino Navarrete, Miguel, cit. (n. 2), p. 1].

[21] Esta norma tuvo su continuidad en el ordenamiento jurídico romano: "el edicto pretorio concedía una acción venal contra la persona que aprovechándose de un incendio sustrajera bienes o adquiriese los bienes sustraídos" [García Garrido, Manuel J., Diccionario de jurisprudencia romana (3ª edición, Madrid, Dykinson, 1988; 4ª reimpresión, Madrid, Dykinson, 2006), p. 168].

[22] Al Código de Hammurabi se puede acceder al completo en versión inglesa en http://www.wsu.edu/~dee/MESO/CODE.HTM; en versión francesa en http://www.micheline.ca/doc--1730-hammourabi.htm y en versión castellana en Lara Peinado, Federico (editor), Código de Hammurabi (Madrid, Editora Nacional, 1982). En concreto, citando por la edición castellana, §§ 3 y 4 (p. 91), § 196 (p. 114), § 197 (p. 114), § 200 (p. 114), § 202 (p. 114), § 219 (p. 115), § 235-237 (p. 117), § 245 (p. 118) y § 263 (p. 119). Sobre el soberano y su código se pueden encontrar respuestas en Bottéro, Jean, Le Code d'Hammurabi, en Mésopotamie, L'écriture, la raison et les dieux (Paris, Gallimard Editions, 1987), pp. 191-223; Roth, Martha T., Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor (Atlanta, Scholars Press, 1997); Charpin, D., Lettres et procès paléo-babyloniens, en Francis Joannès, Rendre la Justice en Mésopotamie, Archives judiciaires du Proche-Orient ancien (IIIe-IIe millénaire avant J.-C.) (Saint-Denis, Presses Universitaires de Vicennes, 2000), pp. 68-111; El mismo, Hammurabi de Babylone (Paris, Presses Universitaires de France, 2003); Finet, A., Le Code de Hammurabi (Paris, Les Éditions du Cerf, 2002); Westbrook, Raymond (editor), Old Babylonian Period, en A History of Ancient Near Eastern Law (Leyde, Brill, 2003), I, pp. 361-430; André-Salvini, B., Le Code de Hammurabi (Paris, Editions de la Réunion des Musées Nationaux, 2004); van de Mieroop, Marc, (Cambridge, Cambridge University Press, 2004) y Elsen-Novák, G. y Novák, M., Der 'König der Gerechtigkeit'. Zur Ikonologie und Teleologie des 'Codex' Hammurapi, en Baghdader Mitteilungen, 37 (Berlin, 2006), pp. 131-156. Sobre los documentos de la corte neosumeria es de obligada consulta el trabajo ya clásico de Falkenstein, Adam, Die neusumerischen Gerichtsurkunden I-III (München, Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1956-1957).

[23] "Código de Hammurabi", § 25 [Lara Peinado, Federico (editor), cit. (n. 22), p. 94].

[24] "Los juristas musulmanes realizaron una clasificación en tres categorías de delitos. En primer lugar, las infracciones castigadas con Talión o reparación legal, en estos casos si la víctima o sus herederos no ejercitan la acción penal, el juez puede aplicar una pena pero no el Talión./ En segundo lugar, las infracciones que ofenden a Dios contempladas en la Sharia: robo, fornicación rebelión, beber vino, injuriar, etc. En estos casos el ejercicio de la acción penal podría ejercerlos en la práctica cualquier creyente, el ofendido puede perdonar, pero el Derecho de gracia es más limitado. En tercer lugar, las infracciones con penas no determinadas en la Sharia, es el caso del Kanun, o decretos administrativos, la graduación de la pena queda al arbitrio del juez en la medida que atentan contra el orden social." [Mandirola Brieux, Pablo, Introducción al Derecho Islámico (Barcelona, 1998), pp. 101-102].

[25] Se pueden consultar, entre otros, Coulson, Noel J., Historia del Derecho islámico (traducción castellana de María Eugenia Eyras, Barcelona, Bellaterra, 1998); y Aguilera Pleguezuelo, José, Estudios de las normas e instituciones del Derecho islámico de Al-Andalus (Sevilla, Guadalquivir Ediciones, 2000).         [  ]

[26] Corán. 1011-11. [Cortés, Julio (editor), cit. (n. 8), p. 739].

[27] Corán. 1840. [Cortés, Julio (editor), cit. (n. 8), p. 355].

[28]López Ortiz, José, Derecho musulmán (Barcelona, Labor, 1932), p. 93.

[29] En concreto, Corán, 2178-179 (pp. 102-103); 2194 (p. 105); 545(p. 181); 16126 (p. 337); 1733 (p. 341) y 4240-43 (p. 559). Todas las páginas citadas corresponden a Cortés, Julio (editor), cit. (n. 8).

[30] Es decir, un musulmán, un cristiano o un judío sometidos a tributo o un extranjero que por concesión especial residiera en el territorio islámico [López Ortiz, José, cit. (n. 28), pp. 101-105].

[31] Ibíd., p. 93.

[32]Ibíd., p. 94

[33] Corán, 2178 [Cortés, Julio (editor), cit. (n. 8), p. 102] y 545 [Cortés, Julio (editor), cit. (n. 8), p. 181]. Véase: Mandirola Brieux, Pablo, cit. (n. 24), pp. 100-101.

[34]López Ortiz, José, cit. (n. 28), pp. 94-95.

[36] Consulto Bruns, Karl Georg - Gradenwitz, Otto, cit. (n. 14), en concreto, Mosaicorum et Romanorum legum collatio, que ocupa las pp. 573-577 (en adelante Coll.).

[37] C. 32, q. 8, c. 13 (http://www.mdz.bib-de/digbib/gratian/text@Generic). Aparece recogido muy posteriormente en el Código de Derecho Canónico de 1983, canon 1376 (http://www.vatican.va/-archive/ESL0020/- INDEX.HTM). Sobre el Decretum de Graciano es muy conveniente ver el contenido de los trabajos de Sohm, Rudolph, Das altkatholische kirchenrecht und dekret gratians (Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1967); Winroth, Anders, The making of Gratian's Decretum (Cambridge - New York, Cambridge University Press, 2000) y Gujer, Regula, Concordia discordantium codicum manuscriptorum?: die Textentwicklung von 18 Handschriften anhand der D. 16 des Decretum Gratiani (Köln, Bohlau, 2004).

[38] Consideran algunos autores que llama la atención el que mientras el Derecho civil de Roma ha sido, durante siglos, objeto de estudio y admiración, su Derecho criminal ha sido en comparación, descuidado. Los mismos romanos parece que no prestaron a su Derecho criminal la misma atención de ciencia jurídica que caracteriza la evolución del Derecho civil [Thomas, J. Anthony C., Desarrollo del Derecho criminal romano, en AHDE., 32 (Madrid, 1962), p. 7]. Es significativo, considera Thomas que "sólo los últimos clásicos estudian seriamente el Derecho criminal, distinguiendo entre la iurisdictio del Derecho civil y el imperium del criminal" [J Thomas, J. Anthony C., cit., p. 9]. Es conocido además que en la cognitio no hay diferencia entre el proceso civil y el criminal, pelo la justicia civil y la criminal tienen contenido e historia diferentes; la primera tiene un desarrollo jurisprudencial, mientras que la segunda tiene una base legal (Thomas, J. Anthony C., cit., p. 10).

[39] Véase: Bello Rodríguez, Silvestre, Algunas consideraciones en torno a la tala ilícita de árboles, en Calzada González, Aránzazu - Camacho de los Ríos, Fermín (coordinadores), El Derecho penal: de Roma al Derecho actual. Actas del VII Congreso Internacional y X Iberoamericano de Derecho Romano (Madrid, Edisofer, 2005), pp. 129-137.

[40]Zamora Manzano, José Luis, cit. (n. 15), p. 80.

[41] Consulto Riccobono, Salvatore, cit. (n. 14), pp. 21-75 y la especialmente relevante edición de las XII Tablas de Bruns, Karl Georg - Gradenwitz, Otto, cit. (n. 14), pp. 15-41.

[42] En relación a la pena de fuego se señala que "era justo que quien hubiera causado un daño mediante el fuego, perezca por el fuego. Una especie de talión regulado por ley" [Ortega Carrillo de Albornoz, Antonio, De los delitos y las sanciones en la Ley de las XII Tablas (Málaga, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 1988), p. 73].

[43] Véase: tab. VIII,10; D. 47,9,9 (Gai, 4 leg. XII tab.). Bruns, Karl Georg - Gradenwitz, Otto, cit. (n. 14), p. 31; y también Riccobono, Salvatore, cit. (n. 14), p. 56. En la interpretación de Ortega Carrillo de Albornoz, Antonio: "El precepto así reza: el que hubiese incendiado con mala intención y propósito deliberado una casa o el montón de grano puesto junto a ella, se manda que, atado y azotado sea quemado vivo; si el daño fue ocasionado en base a una circunstancia constitutiva de caso fortuito, que lo repare, y si no estuviese en grado de repararlo que sea castigado más levemente" [cit. (n. 42), p. 74], señalando que con esta norma se intenta obtener de una parte, una correspondencia entre el delito y la pena y, de otra "se añade como ingrediente el elemento expiatorio como purificación por el fuego" [cit. (n. 42), p. 30].

[44] "El talión es una especie de revancha por la que una persona sufre un daño "tal" cual fue el que causó. Esto está establecido así por la naturaleza y por la ley en estos términos: "Al que causó un daño impóngasele un castigo similar. De donde también aquello de la ley (Mt 5,38): "ojo por ojo, diente por diente". El talión se establece no solo para la reparación de una ofensa, sino también para la recompensa por un beneficio. Es, por lo tanto, una palabra aplicable tanto a las afrentas como a los favores" [Isidoro de Sevilla, Etymologiarum, V,27,24 [Oroz Reta, José (texto latino, versión española, nota e índices) y Marcos Casquero, Manuel A., cit. (n. 7), I, p. 535]. Para, Ortega Carrillo de Albornoz, Antonio, como es con frecuencia reiterado, "talio deriva de talis que significa igual o semejante" [cit. (n. 42), p. 29, nota 48].

[46]Rascón García, César - García González, José María (estudio preliminar, traducción y observaciones), cit. (n. 14), pp. 24-25.

[47] "Pero bajo la denominación de construcción se comprenden todo tipo de edificios". (Gai 4 ad leg. XII tab.). Véase: Rascón garcía, César - García González, José María (estudio preliminar, traducción y observaciones), que recoge Comentario de Gayo a la ley de las XII Tablas en seis libros, en concreto, cit. (n. 14), p. 57.

[48] Según supone Ortega Carrillo de Albornoz, Antonio, cit. (n. 42), p. 74.

[49] Se pueden encontrar múltiples respuestas a cuestiones relacionadas con la insolvencia desde el punto de vista histórico jurídico en dos excelentes monografías: Zambrana Moral, Patricia, Derecho concursal histórico, I: Trabajos de Investigación (Barcelona, Cometa, 2001); La misma, Iniciación histórica al Derecho concursal: planteamientos institucionales (Málaga, Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad de Málaga, 2001).

[50] "Tratan de proteger las cosechas, se da un trato especialmente severo a quienes con su actitud ponen en peligro la supervivencia de los grupos familiares robando o destruyendo las cosechas de las que dependen". Véase: Rascón García, César - García González, José María (Estudio preliminar, traducción y observaciones), que recogen Observaciones sobre la Ley de las XII Tablas y el comentario de Gayo, en cit. (n. 14), p. 87.

[51] A título de muestra, véase: Ravizza, Mariangela, Lex Cornelia de sicariis e "poena cullei", en Ivra. Rivista Internazionale di Diritto Romano e Antico, 52 (Napoli, 2001), pp. 226-240; y Luisi, Nicola Demetrio, "Lex Cornelia de sicariis et veneficis": considerazioni sul problema del rapporto di causalità, en D'Ippolito, Federico M. (coordinador), Filía. scritti per Genaro Franciosi (Napoli, Satura Editrice, 2007), III, pp. 1.517-1.556.

[52] Aparece recogida esta ley en D. 48,6 y CI. 9,12,13.

[53] En concreto, esta ley se aplicaba a aquel que "en reunión, concurso, turba o sedición" ocasionara incendio [D. 48,6,5 (Marc., 14 inst)].

[54] Cfr. Thomas, D. - Winton, D. (editores), Documents from Old Testament Times (London - New York, Harper, 1958).

[56]Baviera, Johannes (editor), cit. (n. 15), p. 406.

[57] PS. 5,20,1 [Baviera, Johannes (editor), cit. (n. 15), p. 406]. Coll. 12,4,1 [Bruns, Karl Georg - Gradenwitz, Otto, cit. (n. 14), p. 574].

[58] Véase: Baviera, Johannes (editor), cit. (n. 15), p. 406. La relegación no se podía aplicar sino en el Derecho penal público, y solamente contra los hombres libres, por cuanto los no libres carecían de la facultad de elegir libremente su domicilio. "Es relegado aquel a quien le acompañan sus bienes; deportado, aquel a quien no le acompañan" [Isidoro de Sevilla, Etymologiarum, V,27,29 ([Oroz Reta, José (texto latino, versión española, nota e índices) y Marcos Casquero, Manuel A., cit. (n. 7), I, p. 535)].

[59] Respecto al trabajo en las minas, era considerada como la más grave después de la muerte; se imponía con carácter perpetuo y llevaba como pena accesoria la de pérdida de la libertad, con las consecuencias patrimoniales y de otro tipo que de ello podían derivarse. Insiste en esta idea Isidoro de Sevilla al afirmar que "la mina es el lugar al que se deporta a los exiliados para extraer minerales o cortar el mármol en placas" [Etymologiarum, V,27,31, en Oroz Reta, José (texto latino, versión española, nota e índices) y Marcos Casquero, Manuel A., cit. (n. 7), I, p. 535)].

[60] PS. 5,20,2 [Baviera, Johannes (editor), cit. (n. 15), p. 406]; Coll. 12, 2, 1 [Bruns, Karl Georg - Gradenwitz, Otto, cit. (n. 14), p. 574].

[61] Véase: Paulo en Libro singular de las penas de los campesinos bajo el título "De los abigeos" recogido en Coll. 12,6,1 [Bruns, Karl Georg - Gradenwitz, Otto, cit. (n. 14), p. 574].

[62] Consultar específicamente, entre otros muchos, Epstein, David Frederick, "Inimicitiae" in Roman Society (Michigan, Ann Arbor, 1982); y más recientemente, centrada fundamentalmente en el Derecho penal español medieval, Zambrana Moral, Patricia, Revenja privada i revenja de la sang en el Dret penal espanyol medieval: estat de la qüestió en els inicis del 2005, en Revista del Dret Històric Català, 5 (Barcelona, 2005), pp. 99-140, especialmente, pp. 117-140.

[63] Sobre la diferencia de estas clases sociales, véanse los trabajos clásicos de Cardascia, G., L'apparition dans le droit des classes d'honestiores et d'humiliores, en Revue historique de droit français et étranger, 28 (Paris, 1950) 4, pp. 305-337 y 461-485; El mismo, La distinction entre honestiores et humiliores et le droit matrimonial, en Studi in memoria di E. Albertario (Milano, Giuffrè, 1953), II, pp. 655-667; Garnsey, Peter, Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire (Oxford, Clarendon Edition, 1970); Finley M. I. (editor), Studies in Ancient Society (London, Routledge & Kegan Paul, 1974). Más recientemente, Veyne, Paul, La sociedad romana (trad. castellana de Pilar González Rodríguez, Madrid, Mondadori España, 1990); Kurt, A. (editor), Social Struggles in Archaic Rome: New Perspectives on the Conflict of the Orders (Maiden, Blackwell, 2005); y González Fernández, Rafael, Casio Dion y los motivos (¿fiscales?) de la concesión (¿universal?) de la ciudadanía, en Calderón E. - Morales, A. - Valverde, M (editores), Koinòs Lógos. Homenaje al profesor José García López (Murcia, Universidad de Murcia, 2006), I, pp. 381-395.

[64] PS. 5,20,5 [Baviera, Johannes (editor), cit. (n. 15), p. 406] y Coll. 12,3,2 [Bruns, Karl Georg - Gradenwitz, Otto, cit. (n. 14), p. 573].

[66] PS. 5,20,4 [Baviera, Johannes (editor), cit. (n. 15), p. 406] y Coll. 12, 3, 1 [Bruns, Karl Georg - Gradenwitz, Otto, cit. (n. 14), p. 573].

[67] Se trataría de un supuesto de noxae deditio considerada como la facultad que se reconoce a la persona que tiene potestad sobre el autor de un delito para que lo abandone a la víctima, que en virtud del delito adquiere sobre él un verdadero Derecho. Se obtienen algunas respuestas en Navarro Hortelano, Carolina, Similitudes en supuestos de noxae deditio servi fructuari, en Boletín de la Facultad de Derecho de la UNED, 14 (Madrid, 1999), pp. 229-246.

[68] PS. 5,3 [Baviera, Johannes (editor), cit. (n. 15), pp. 388-389].

[69] PS. 5,3,6. La pena de muerte aparece denominada en este texto como "summo supplicio adficiuntur" [Baviera, Johannes (editor), cit. (n. 15), p. 389].

[70] PS. 5,3,6 [Baviera, Johannes (editor), cit. (n. 15), p. 389].

[71]Mommsen, Theodor, cit. (n. 45), p. 517.

[72]Mommsen, Theodor - Krueger, Paul, cit. (n. 15).

[73] Inciden en esta idea, entre otros, Guarino, Antonio, La condanna nei limiti dei possible (Napoli, Jovene, 1978); Brini, Giuseppe, Della condena nelle "legis actions" (Roma, G. Bretschneider, 1978); y Bauman, Richard A., Crime and Punishment in Ancient Rome (London-New York, Routledge, 1996).

[74] "Del mismo modo, los romanos privaban del agua y el fuego a algunos condenados, porque el aire y el agua están al alcance de todos y a todos se les dan y, en cambio, ellos no disfrutan de lo que la naturaleza concede a todo el mundo" [Isidoro de Sevilla, Etymologiarum, V,27,38 en Oroz Reta, José (texto latino, versión española, nota e índices) y Marcos Casquero, Manuel A., cit. (n. 7), I, p. 537)].

[76] D. 47,9,12 (Ulp., 8 de off. procons.); Coll. 12,5,2 [Bruns, Karl Georg Gradenwitz, Otto, cit. (n. 14), pp. 573-574].

[77] D. 9,2 (Ulp., 18 ed.). Es de todos conocido que la lex Aquilia fue en realidad un plebiscito que se votó a propuesta del tribuno Aquilio [D. 9,2,1,1 (Ulp. 18 ed.)], alrededor del siglo III a C., y que vino a llenar el vacío legal existente con respecto al daño injustamente causado, delito civil que los romanos llamaban "damnum iniuria datum", que la ley de las XII Tablas sólo contemplaba para algunos casos de daños específicos, como el que provocaba un cuadrúpedo, o la introducción de un ganado en fundo ajeno para pastoreo, o la tala de árboles, o el incendio de casas y cosechas, entre otras situaciones, a las que castigaban con diferentes sanciones, llegando en ciertos supuestos a aplicarse la pena capital [Valditara, Giuseppe, "Damnum iniuria datum", en Derecho romano de obligaciones. Homenaje al Profesor José Luis Murga Gener (Madrid, 1994), pp. 825-885]. Se aplicaban los beneficios de esta ley a otros supuestos considerados análogos por la jurisprudencia, por lo que podía exigirse responsabilidad al que emprendía un negocio sin tener conocimiento para ello o al médico que producía daños a causa de su ignorancia. Así la responsabilidad exigida por la lex Aquilia se aplicaba no solo a los daños causados intencionadamente, es decir, dolosamente sino también a los ocasionados culposamente por inadvertencia de quien debía haberlo previsto [Mommsen, Theodor, cit. (n. 45), p. 505]. Sobre la lex Aquilia, se muestran muy documentados: Schipani, Sandro, Responsabilità "ex legge aquilia", criteri di imputazioni e problema della "culpa" (Torino, G. Giappichelli, 1969); Cazzetta, Giovanni, Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico (Milano, Giuffrè, 1991); Castresana, Amelia, Nuevas lecturas de la responsabilidad aquiliana (Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2001); De Robertis, Francesco M., "Damnum iniuria datum": la responsabilità extra-contrattuale nel diritto romano, con particolare riguardo alla "lex Aquilia de damno" (Bari, Cacucci Editore, 2002); y Corbino, Alessandro, Il danno qualificato e la "lex Aquilia" (Padova, CEDAM, 2008).

[78]Tomulescu, C., Les trois chapitres de la "Le Aquilia", en Ivra. Rivista Internazionale de Diritto Romano e Antico, 21 (Napoli, 1970), pp. 191-196.

[79] D. 9,2,2 (Gai, 7 ed. prov.).

[80] D. 9,2,27, 6 (Ulp., 18 ad ed.).

[81] Acerca de la tala de árboles, Gayo interpretaba que principalmente aquellos que talaban árboles cometían un delito de hurto más que de daños. D. 47, 7, 2 (Gai., 1 leg. XII tab.)

[82] CI. 3,35,2-3. D. 47,7,1 (Paul., 9 Sab.).

[83] CI. 3,35,4,5-6.

[84] D. 9,2,27,7 (Ulp., 18 ed); Coll. 12,7,1 [Bruns, Karl Georg - Gradenwitz, Otto, cit. (n. 14), p. 574].

[86] D. 9,2,27,8 (Ulp., 18 ed.); Coll. 12,7,3 [Bruns, Karl Georg - Gradenwitz, Otto, cit. (n. 14), p. 574].

[87]Coll. 12,7,4 [Bruns, Karl Georg - Gradenwitz, Otto, cit. (n. 14), p. 574].

[88]Coll. 12,7,5 [Bruns, Karl Georg - Gradenwitz, Otto, cit. (n. 14), p. 574].

[89] D. 9,2,27,9 (Ulp., 18 ed.); Coll. 12,7,7 [Bruns, Karl Georg - Gradenwitz, Otto, cit. (n. 14), p. 575].

[90] D. 9,2,27,10 (Ulp., 18 ed.); Coll. 12,7,8 [Bruns, Karl Georg - Gradenwitz, Otto, cit. (n. 14), p. 575].

[91] D. 9,2,27,11 (Ulp., 18 ed.); Coll. 12,7,9 [Bruns, Karl Georg - Gradenwitz, Otto, cit. (n. 14), pp. 575-576].

[92] D. 9,2,27,12 (Ulp., 18 ed.); Coll. 12,7,10 [Bruns, Karl Georg - Gradenwitz, Otto, cit. (n. 14), p. 576].

[93] D. 48,19,28, 12 (Call., 6 cognit.).

[94] Contiene datos de interés sobre la distinción entre viviendas rústicas y urbanas y sobre la incidencia que la inclusión en uno y grupo conllevaba a efectos jurídicos, Mentxaka, R., "Praedia rustica-praedia urbana" en Rida., 22 (Liège, 1986), pp. 149-178. Más recientemente: Fernández Vega, Pedro Ángel, La casa romana (2ª edición aumentada, Madrid, Editorial Akal, 2003).

[96] Véase: Bonfante, Pietro, Las relaciones de vecindad (trad. castellana, prólogo, concordancias y apéndice de Alfonso García-Valdecasas, Madrid, Reus, 1932); Caravella, Rodolfo, Le limitazioni del dominio per ragione di vicinanza in diritto romano (Roma, L'erma di Bretschneide, 1971); y Carcopino, Jérôme, La vida cotidiana en Roma en el apogeo del Imperio (trad. castellana de Mercedes Fernández Cuesta, 4ª edición, Madrid, Temas de Hoy, 1996). Más recientemente, se obtienen numerosas aclaraciones en Jiménez Salcedo, Mª Carmen, El régimen jurídico de las relaciones de vecindad en Derecho Romano (Publicaciones de la Universidad de Córdoba y Obra Social y Cultural Cajasur, Córdoba, 1999).

[97] Sobre las limitaciones a la propiedad inmobiliaria urbana se puede consultar: De Robertis, Francesco M., La espropiazione per pubblica utilità nel diritto romano (Roma, L'Erme di Bretchneider, 1972); y De Fresquet, M., Principes de l'expropiation pour cause d'utilité publique à Rome et à Constantinople jusqu'à l'époque de Justinien. Des limitations apporté par les lois au droit de proprieté tant dans l'intêret général que dans l'intêret privé, en RHDFE., 58 (Paris, 1980), pp. 97-132.

[98] Tab. VII,1. Rascón García, César - García González, José María (Estudio preliminar, traducción y observaciones), cit (n. 14), p. 16.

[99] Precisiones muy claras sobre el concepto de ambitus pueden verse en Humbert, G., en el Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments, dirigido por Daremberg, Charles - Saglio, E. (Paris, 1877 con reedición anastática, Graz, Akademishe Druck, 1969), I (A-B), pp. 223-224. Consultar también: Berger, Adolf, Enciclopedic Dictionary of Roman Law, en Transactions of the American Philosophical Society, vol. 43, part. 2 (1953) [reedición anastática, Philadelphia, 1980], p. 361; y Hartmann, Ludwig Moritz, Ambitus, en Pauly, August von, Paulys Realencyclopädie der classischen Alterumswissenschaft (Stuttgart, Metzler, 1894), I: Alexandros bis Apollokrates, 2, cols. 1800-1803.

[100] Supera notablemente a Coli, Ugo, "Ambitus aedium", en Azara, Antonio - Eula, Ernesto (directores) Novissimo Digesto Italiano (Torino, Unione Tipografico Editrice Torinese, 1979), I, pp. 536-537, en el criterio de fijación de la medida del pie romano Malavé Osuna, cit. (n. 95), pp. 39-40, quien partiendo, por un lado, de las dificultades procedentes de la consideración de que la base de que el pie era la unidad del sistema de longitud romano y que éste tomaba en consideración tanto el duodecimal de origen itálico cuya unidad base era la uncia, y el decimal de procedencia griega, fundamentado en el digitus y, por otro lado, de la constatación de las divergencias existentes entre el pie romano oficial (monetalis) y los empleados fuera de la metrópolis, llega a la conclusión de que en lo relativo al pie oficial se puede cifrar la equivalencia en 0,296 metros.

[101] Sobre la anchura del citado espacio que para unos, la mayoría de los autores, era de cinco pies en total, dos pies y medio para cada vecino y que para otros, sin embargo, era de un total de dos pies y medio y por tanto pie y cuarto para cada vecino. Son diferentes las opiniones manifestadas por los autores. Cfr. Pelletier, André, L'urbanisme Romain sous l'Empire (Paris, Picard, 1982).

[102]Etymologiarum, XV,16,12 [Oroz Reta, José (texto latino, versión española, nota e índices) y Marcos Casquero, Manuel A., vol. II, cit. (n. 7), pp. 258-260].

[103] El término se mantenía en época moderna. Vicat, Philippe, en su Vocabularium juris utriusque ex variis ante editis, praesertim ex Alexandri Scoti, Jo[hannis] Kahl, Barn[abae] Brissonii, et Jo[hannis] Gottl[ieb] Heineccii accessionibus, I (Venezia, 1767), precisa que "insula vulgari significatu locum denotat, qui andique aquis ambitur", pero además advierte que "insula etiam dicitur domus, ab aliis separata, nec conjuncta vicinis parietibus" (p. 930). Pedro de Salas lo traduce como "isla de casas que por ningún lado está junto con otra, y por todos tiene calle" (Compendium latino-hispanicum utriusque linguae veluti lumen, Madrid, Typograhia Ibarriana, 1830, p. 354).

[104]García Bellido, Antonio, Urbanística de las grandes ciudades del mundo antiguo (3ª edicion renovada, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2009), p. 116. Véase: también: Arias Bonet, Juan Antonio, Sobre la denuncia de obra nueva en el Derecho romano clásico, en AHDE., 42 (Madrid, 1972), pp. 291-306.

[106] Parece ser que estas medidas fueron aplicadas en Hispania, específicamente en la remodelación de Itálica a la que este último Emperador concedió la categoría de colonia, corriendo él mismo con los gastos de engrandecimiento y reordenación de la misma, de forma que los arquitectos imperiales llevaron a cabo un plan urbanístico a costa del Emperador que se plasmaría en el nuevo trazado que se le dio a la ciudad en el siglo II, lo que se habría realizado siguiendo con meritoria y laudable escrupulosidad lo ordenado por Nerón en el año 64 (p. 187).

[107]García Bellido, Antonio, cit. (n. 104), p. 114.

[108] CTh. 15, 1, 4 [Consulto Krueger, Paul / Mommsen, Theodor (editores), Codex Theodosianus, Pars posterior (Hildesheim, Weidmann, 1990)].

[109] CTh. 15,1,46.

[110] CI. 8,10,9. Consultar el documentado trabajo de Simshäuser, Wilhelm, Sozialbindungen des Eigentums im römischen Bauwesen der späteren Kaiserzeit, en Giuffrè, Vicenzo (editor), Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino (Napoli, Jovene, 1984), IV, pp. 1793-1814.

[111] Merece la pena tener en cuenta el análisis que sobre estos dos conceptos realiza Malavé Osuna, Belén, cit. (n. 95), pp. 51-58 quien completa las consideraciones expuestas muchos años antes por Calza, Raissa, La preminenza dell'insula nella edilizia romana, en Monumenti Antichi, 23 (Roma, 1915-1916), pp. 541-608.

[112] Sobre la figura política de Zenón, máximo dirigente de Constantinopla entre el 474 y el 491, se puede consultar: Brooks, Frederick P., The Emperor Zenon and the Isaurians, en English Historical Review, 8 (Oxford, 1893), pp. 202-238; Lippold, Adolf, Zenon, römischer Kaiser, en Paulys Realencyclopädie der classischen Alterumswissenschaft (München, 1972), X A: Xenobia bis Zythos cols. 149-213; y Bréhier, Louis, Les institutions de l'empire byzantin (Paris, 1970), pp. 16, 22, 23, 90, 101, 112, 206, 255, 273 y 347.

[113] CI. 8,10,12. Consultar Zenonianae constitutiones en relación a CI. 8,10,12 en Berger, Adolf, cit. (n. 99), pp. 771-772.

[114] Ver sobre la Constitución de Zenón también lo que precisa Simshäuser, Wilhelm, cit. (p. 110), pp. 1803-1805.

[116] CI. 8,10,12,3.

[117] CI. 8,10,12,2.

[118]Conrad, L. I., Zeno the Epilectic Emperor: Historiography and Polemics as Source of Realia, en Byzantine and Modern Greek Studies, 24 (Birmingham, 2000), pp. 61-81.

[119]Pérez, Antonio, Praelectiones in librum octavum Codicis Iustiniani (Roma, 1828), p. 212 ad CI. 8,10,12,5, hace referencia a la conveniencia de realizarlos manteniendo ciertas distancias entre edificios construidos unos frente a otros y nunca a menos de 10 pies contados desde el suelo. Al respecto Godefroy, Denis (1549-1622), en su comentario al Corpus iuris civilis (Frankfurt am Main, 1663), ad CI. 8,10,12, precisa que en las provincias estaba permitido construir moeniana, sin embargo no ocurría lo mismo en Roma donde no siempre estaba autorizado (col. 702, ad nota c y d).

[120] Consultar: Peláez, Manuel J., Notas y precisiones sobre las posibles raíces institucionales galas del fuero de Logroño de 1095. El elemento franco en un texto iushistórico local, en Berceo, 103 (julio-diciembre, Logroño, 1982) [consulta on line en http://www.vallenajerilla.com/berceo/rioja-abierta/pelaez/-raicesgalasfuerologroño.htm]; y, sobre todo, El mismo, El elemento germánico y franco en el Fuero de Logroño de 1095, en García Turza, Francisco Javier - Martínez Navas, Isabel (coordinadores), Actas de la reunión científica "El Fuero de Logroño y su época" (Logroño, Ayuntamiento de Logroño, 1996), pp. 257-304, en especial, pp. 279-280.

[121] Dicho principio "Was die Fackel Werzehrt, is Fahrnis" aparece referenciado en García de Valdeavellano, Luis, Bienes muebles e inmuebles en el Derecho español medieval, en Cuadernos de Historia de España, 11 (Buenos Aires, 1949), p. 16; y con posterioridad en Estudios medievales de Derecho privado (Sevilla, Universidad de Sevilla, 1977), p. 13. Insisten en la consideración de la casa de madera como bien mueble las Coutumes d'Artois según la interpretación de Viollet, Paul, Histoire du Droit civil Français, accompagnée de notions de droit canonique, et d'indications bibliographiques (2ª edición, corregida y aumentada, París, L. Larose & Forcel Editeurs, 1893), p. 618. También Peláez, Manuel J., Notas, cit. (n. 120) [consulta on line en http://www.vallenajerilla.com/berceo/rioja-abierta/pelaez/-raicesgalasfuerologroño.htm]. Sobre estas Coutumes se encuentran algunas respuestas en Lecesne, Edmond, Exposé de la législation coutumière de l'Artois (Paris, A, Courtin, 1869) ; y en Hirschauer, Charles, La rédaction des coutumes d'Artois au XVIe siècle (Paris, L. Tenin, 1918).

[122] Véase: Planitz, Hans, Grundzüge des Deutschen Privatrechtes mit einem quellenbuch (2ª edición, Berlin, Springer-Verlag, 1931), p. 35 y 44. En la trad. castellana de Carlos Melón Infante de la 3ª edición alemana prologada por Alfonso García-Gallo (Barcelona, Bosch, 1957), pp. 93-94.

[123] Consulto Baviera, Johannes (editor), cit. (n. 15), que contiene el texto completo del Edictum Theodorici Regis en pp. 682-710. Sobre la procedencia ostrogoda o visigoda de este texto Alfonso García-Gallo escribió que "desde 1955, fecha del primer estudio de Vismara sobre este texto -hasta dos años antes aceptado unánimemente como el más característico del Derecho ostrogodo-, se hace indispensable tomarlo en consideración al tratar de las fuentes visigodas" [Consideración crítica de los estudios sobre la legislación y la costumbre visigodas, en AHDE., 44 (1974), p. 390]. Véase: también Rasi, Piero, Sulla paternitá del c.d. "Edictum Theodorici regís", en Archivio Giuridico "Filippo Serafini", 145 (Modena, 1953), pp. 105-162; especialmente, pp. 105-113 donde trata demostrar que el Edictum Theodorici regis no pudo ser obra del rey ostrogodo Teodorico el Grande; Vismara, Giulio, El "Edictum Theodorici", en Estudios visigóticos (Roma-Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Delegación de Roma, 1956), I, pp. 49-89, después en Scritti di Storia giuridica, I: Fonti del Diritto nel regni germanici (Milano, Giuffrè, 1987); y Saitta, Biago, La civilitas di Teodorico. Rigore amministrativo, toleranza religiosa de recupero dell'antico nell'Italia ostrogota (Roma, 1994).

[124] ETh., 97 [Baviera, Johannes (editor), cit. (n. 15), p. 701].

[126] Gráficamente describe este castigo San Isidoro: "llámanse así los azotes porque al ser blandidos, azotan el aire. En esta denominación se incluyen las trallas, rebenques y flagelos, que resuenan al caer sobre el cuerpo con chasquido y estruendo" [Etymologiarum, V,27,14, en Oroz Reta, José (texto latino, versión española, nota e índices) y Marcos Casquero, Manuel A., cit. (n. 7), I, p. 533)].

[127] "Una mayor lenidad con el incendio de edificio rústico no tenía quizá razón de ser en un ambiente rústico provincial, y por eso se puede considerar justificada la desaparición de la antigua diferencia" [d'Ors, Álvaro (editor, palingenesia e índices), cit. (n. 125), p. 154]. Véase: también sobre este particular y la pérdida de importancia del lugar de comisión del delito de incendio en el contenido de la Lex Romana Burgundionum sine forma et expositio legum Romanarum [consulto Baviera, Johannes (editor), cit. (n. 15) (pp. 711-756)]. Sobre la Lex Burgundionum, véanse: Brunner, Heinrich, Deutsche Rechtsgeschichte (Leipzig, Verlag von Ducker & Humblot, 1887), pp. 354-358; y Fehr, Hans, Deutsche Rechtsgeschichte (Berlin, Walter de Gruyter & Co., 1948), pp. 57-58.

[128] ETh. 98 [Baviera, Johannes (editor), cit. (n. 15), pp. 701-702]. Cfr. Bluhme, Frederick, Fontes Iuris Germanici Antiqui in usum scholarum ex monumentis germaniae historicis separatim editi. Edictus ceteraeque Langobardum Leges (Hannover, Impensis Bibliopolii Hahniani, 1869); y Von Schwerin, Claudius F., Fontes Iuris Germanici Antiqui in usum scholarum ex monumentis germaniae historicis separatim editi. Leges saxonum und Lex Thuringorum (Hannover-Leipzig, Hahnschebuchhandlung, 1918).

[129]Consulto el Liber Iudiciorum por la edición de Los Códigos españoles concordados y anotados (Madrid, Imprenta de la publicidad a cargo de M. Rivadeneyra, 1847), I. Sobre este texto, se encuentran respuestas, entre otros muchos, en Ureña y Smenjaud, Rafael, La legislación gótico-hispana (Leges Antiquiores - Liber ludiciorum). Estudio crítico (Madrid, Establecimiento tipográfico de Idamor Moreno, 1905); y Zeumer, Karl (editor), Fontes iuris germanici antiqui in usum scholarum ex monumentis germaniae historicis separatim editi. Leges visigothorum antiquioris (Hannover, Impensis Bibliopolii Hahniani, 1894); véase: también su Historia de la legislación visigoda (traducción castellana de Carlos Clavería, Barcelona, Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, 1944), que contiene un resumen de la historia de la legislación visigótica de Eurico a Witiza. Cfr. Iglesia Ferreirós, Aquilino, La creación del Derecho. Una historia de la formación de un Derecho estatal español (Barcelona, Signo, 1992).

[130] Ver sobre este particular los trabajos ya clásicos de García-Gallo, Alfonso, Nacionalidad y territorialidad del Derecho en la época visigoda, en AHDE., 13 (Madrid, 1936-1941), pp. 168-264; y La territorialidad de la legislación visigoda. Respuesta al Prof. Merêa, en Ahde., 14 (Madrid, 1942-1943), pp. 593-609.

[131]Liber Iudiciorum, VIII,2,1 antiquae (Fuero Juzgo, VIII,2,1). La antigua pena de muerte que el ordenamiento romano aplicaba a aquel provocaba dolosamente el incendio en casa ajena (talión simbólico) es sustituida en la legislación goda por la entrega en servidumbre en caso de insolvencia del culpable [Alvarado Planas, Javier, Lobos, enemigos y excomulgados: La venganza de la sangre en el Derecho medieval, en Baró Pazos, Juan - Serna Vallejo, Margarita (editores), El Fuero de Laredo en el Octavo Centenario de su Concesión (Santander, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 2002), p. 355].

[132] Para San Isidoro: "la servitus (esclavitud) deriva su nombre de "conservar", pues entre los antiguos, los prisioneros de guerra que se libraban de la muerte, se llamaban siervos. Por sí sola, ésta es la mayor de las desgracias, y resulta para el hombre libre más cruel que cualquier otros suplicio, pues cuando se pierde la libertad, al mismo tiempo se pierde todo lo demás" [Etymologiarum, V,27,32, en Oroz Reta, José (texto latino, versión española, nota e índices) y Marcos Casquero, Manuel A., cit. (n. 7), I, p. 535)].

[133]Liber Iudiciorum, VIII,2,1 antiquae (Fuero Juzgo, VIII, 2, 1).

[134]Fuero Juzgo, VIII,2,2. Sobre los conocidos como "hombres buenos" realiza una interesante sinopsis Cerdá Ruiz Funes, Joaquín, Estudios sobre instituciones jurídicas medievales de Murcia y su Reino (Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 1987), pp. 319-325 incidiendo en que se trata de una institución que en el "mundo romano se conocía como arbitrarium boni viri y Cicerón habla de los viri boni nominantur" mientras que "en las fuentes visigodas los encontramos desempeñando algunas actividades judiciales" (Cerdá Ruiz Funes, Joaquín, cit. p. 321)

[136]Liber Iudiciorum, VIII,2,3 antiquae (Fuero Juzgo, VIII,2,3).

[137] Fuero Juzgo, VIII,2,3.

[138] Cf., entre otros, Orlandis, J., Historia social y económica de la España visigoda (Madrid, Confederación Española de Cajas de Ahorro, 1975), donde se refiere a la importancia de la agricultura y la ganadería en esta etapa. Como es sabido, el producto principal de las tierras de cultivo en tiempo de los visigodos eran los cereales.

[139] Véanse las opiniones de San Isidoro de Sevilla sobre la agricultura en Etymologiarum, XVII [Oroz Reta, José (texto latino, versión española, nota e índices) y Marcos Casquero, Manuel A., cit. (n. 7), II, pp. 322-381].

[140] Específicamente sobre las vides, se puede consultar Etymologiarum, XVII,5,1-33 [Oroz Reta, José (texto latino, versión española, nota e índices) y Marcos Casquero, Manuel A., cit. (n. 7), II, pp. 330-335].

[141]Liber Iudiciorum, VIII,3,5 antiqua enmendata

[142] Consultar: Appleton, Charles, Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publicienne (Paris, Ernest Thorin, 1889), II, pp. 145-151; Karlowa, Otto, Römische Rechtsgeschichte (Leipzig, Velt & Comp., 1901), II, pp. 1.275-1.278; y Wieslaw, Litewski, Rzymskie Prawo Prywatne (4ª edición, Warszawa, 1999), pp. 139, 202, 212 y 226.

[143] Cabe mencionar el fundamental estudio de Malavé Osuna, Belén, C. Th. 15,1 y la interdicción de obra nueva, respecto a los edificios públicos, en Cuadernos Informativos de Derecho Histórico Público, Procesal y de la Navegación, 19-20 (Barcelona, diciembre, 1996), pp. 5361-5395. Malavé estructura el contenido de las constituciones imperiales contenidas en el título en cuatro apartados: 1. Las que concedían un permiso general para restaurar edificios ruinosos; 2. Las que llevaban consigo la obligatoriedad de la restauración de edificios que fueran públicos antes de emprender una obra nueva; 3. Las que obligaban a terminar las obras comenzadas antes de dar inicio al levantamiento de un nuevo edificio y 4. Las que precisaban que las construcciones nuevas que se llevaran a cabo hubieran de contar con una serie de requisitos prefijados de antemano. Godefroy, Denis (editor), señala que si Teodosio estableció que entre los edificios privados hubiera un espacio de diez pies, la Lex Burgundionum mantuvo este criterio [en su comentario al Corpus Iuris Civilis (Frankfurt am Main, 1663), ad CI. 8,10,12 en col. 702 ad nota †].

[144]Ribalta i Haro, Jaume, Les ordinacions d'en Sanctacília. Servituds, relacions de veïtnage i límits al dret de propietat en el dret (històric) català (Lleida, tesis doctoral, 2001), p. 291, parece seguir a Haenel, G., Lex Romana Visigothorum (Leipzig, B. G. Teubneri, 1848), p. 242; y Cohn, Max Conrat, Breviarium Alaricianum (Leipzig, J. C. Hinrich'sche Buchhandlung, 1903), pp. 234 y 759, al establecer las siguientes correspondencias: CTh. 15,1,9 [Constantius et Constans., a. 362]=BA. CTh. 15,1,1 mientras que CTh. 15,1,32 [Arc. et Hon., a. 395] = BA. CTh. 15,1,2. Cfr. Ribalta i Haro, Jaume, Dret urbanístic medieval de la Mediterrània (Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Institut d'Estudis Catalans, 2005).

[146]King, Paul D., cit (n. 145), p. 229.

[147] Es de obligada consulta y se encuentra alguna luz en este asunto tan controvertido acerca de las diversas redacciones de un mismo fuero, en Barrera García, Ana María - Alonso Martín, María Luz, Textos de Derecho local español en la Edad Media. Catalogo de fueros y costums municipales (Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas - Instituto de Ciencias Jurídicas, 1989); y en Wattenberg García, Eloísa - Izquierdo Bertiz, José (coordinadores) con selección y estudio documental del catálogo a cargo de González Díez, Emiliano - Martínez Llorente, Félix, Fueros y cartas pueblas de Castilla y León. El Derecho de un pueblo (Salamanca, Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, 1992).

[148]Orlandis, José, Sobre el concepto de delito en el Derecho de la Alta Edad Media, en AHDE., 16 (Madrid, 1945), pp. 112-192 y Las consecuencias del delito en el Derecho de la Alta Edad media, en AHDE., 18 (Madrid, 1947), pp. 61-165.

[149] El Fuero de Nájera de comienzos del siglo XI, sanciona con multas diversas los daños ocasionados en propiedad ajena y considera daños matar un animal, especialmente si se trata de un animal marcado que se hallase extraviado e incluso descornar a un toro, castigándose con diferente cantidad si se tratase de una hembra [Fuero de Nájera del año 1076 (Muñoz y Romero, Tomás, Colección de Fueros Municipales y Cartas Pueblas de los reinos de Castilla, León, Corona de Aragón y Navarra, coordinada y anotada (Madrid, imprenta de don José María Alonso, 1847; reedición anastática, Madrid 1972), p. 295]. Por su parte, en el Fuero de Andújar, 42 (fechado en 1228-1241, de la familia del de Cuenca) y en el Fuero extenso de Baeza, 51 (siglo XIV) [cito a través de González Díez, Emiliano (editor y transcripción), Fuero de Andujar incluyendo edición facsímil (Andújar, Fundación Lázaro Galdiano, 2006), que contiene además tabla de concordancias con fuero de Baeza en pp. 251-275, siendo destacable el trabajo de Martínez Llorente, Félix, La ciudad de Andujar y su fuero. Un estudio histórico-jurídico, contenido en las pp. 15-63 del citado volumen. Cfr. Sáinz Guerra, Juan, El Derecho penal del Fuero de Andujar (I), en Rudimentos Legales, | (Jaén, 1999), pp. 65-80], al disponer acerca del que matara bueyes o bestias del yugo, establecían que debía pagar una multa de 50 maravedís y el daño doblado [González Díez, Emiliano (editor y transcripción), cit., p. 92], mientras que si alguien hiriera o matara bestia ajena, el F. de Andújar, 563 y F. de Baeza, 771 a 773, ordenaban que en el caso de que el animal muriera debía pagar su valor (no determina quién debía hacerlo) y si únicamente lo hiere, la multa sería se cinco sueldos [González Díez, Emiliano (editor y transcripción), cit., p. 211]; en el caso de que se esquilmara ganado ajeno, el F. de Andújar, 565 que se corresponde con F. de Baeza, 779, establecía el pago del daño doblado [González Díez, Emiliano (editor y transcripción), cit., p. 212]. Ambos fueros se muestran extremadamente minuciosos a la hora de regular aquellos casos en que intencionadamente se causa la muerte a determinadas especies de animales fijándose una multa de cinco maravedís para aquel que matara podenco o can [F. de Andújar, 566 y F. de Baeza, 780-784, en González Díez, Emiliano (editor y transcripción), cit., p. 212)], mientras que la muerte de paloma que estuviera en palomar dentro o fuera de la villa era sancionada con cinco sueldos y lo mismo si se tratara de una paloma domesticada; en el caso de que la paloma fuera sustraída de palomar ajeno, la multa quedaba establecida en cuatrocientos sueldos, y la misma cantidad debía pagar aquel que incendiara o destruyera el dicho palomar ajeno si este hecho se pudiera probar por parte del dueño del mismo; por el contrario, no debía pagar nada el que gato ajeno matara en palomar propio [F. de Andújar, 569 y F. de Baeza, 51, en González Díez, Emiliano (editor y transcripción), cit., p. 213]. En relación a la utilización de redes prohibidas por los pescadores, en el F. de Andújar, 580 y F. de Baeza, 804-806 se cifraba la sanción en diez maravedís y el pago del daño doblado [González Díez, Emiliano (editor y transcripción), cit., p. 215]. En el Derecho castellano, se sanciona a aquel que con culpa matara o lisiara alguna cosa viva de "fijosdalgo" así "como canes o aves o otra cosa viva qualquier que en el mundo sea mueble", con una multa que supone el doble de su valor (Fuero Viejo de Castilla, 2, 5, 1), [Alvarado Planas, Javier y Oliva Manso, Gonzalo, Los Fueros de Castilla. Estudio y edición crítica del Libro de los Fueros de Castilla, Fuero de los fijosdalgos y las Fazañas del Fuero de Castilla, Fuero Viejo de Castilla y demás colecciones de fueros y fazañas castellanas (Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2004),         [  ] p. 553], que se corresponde con Pseudo Ordenamiento II de Nájera, 57 (Alvarado Planas, Javier y Oliva Manso, Gonzalo, cit., p. 377) y con el Fuero de los fijosdalgo y las Fazañas del Fuero de Castilla, 63 (Alvarado Planas, Javier y Oliva Manso, Gonzalo, cit., p. 437) y Pseudo Ordenamiento de León, 44 (Alvarado Planas, Javier y Oliva Manso, Gonzalo, cit., p. 465), mostrándose este texto muy meticuloso e incidiendo especialmente en la reglamentación del modo en que no se debía herir o matar a las aves de caza, imponiéndose multas que oscilan entre los trescientos sueldos por infringir la normativa de caza del halcón hasta el maravedí que debía pagarse como multa por malherir a un mochuelo (Fuero Viejo de Castilla, 2, 5, 2 en Alvarado Planas, Javier - Oliva Manso, Gonzalo, cit., pp. 553-554), que se corresponde con "Pseudo Ordenamiento II de Nájera", 58 (Alvarado Planas, Javier - Oliva Manso, Gonzalo, cit., p. 377) y con el "Fuero de los fijosdalgo" y las "Fazañas del Fuero de Castilla", 103 (Alvarado Planas, Javier - Oliva Manso, Gonzalo, cit., p. 447); Pseudo Ordenamiento de León, 70 (Alvarado Planas, Javier - Oliva Manso, Gonzalo, cit., pp. 471-472) y Fuero Antiguo de Castilla, 26 (Alvarado Planas, Javier - Oliva Manso, Gonzalo, cit., p. 481). También el fuero muestra su preocupación por el daño inferido culposamente a los canes estableciendo una gradación de penas que abarca un arco de multas que va de los 100 sueldos por matare a un sabueso a los cinco sueldos del galgo campero. Si lo mata para comer estando el perro de cara no debía pagar ningún castigo si por el contrario, lo mata por la espalda debe pagarlo. Si algún perro atado de día por mandato de su señor hiciera algún daño, el señor debía pagar el daño o entregar al perro al perjudicado si el daño lo realiza el perro de noche no debía pagar nada (Fuero Viejo de Castilla, 2, 5, 3, en Alvarado Planas, Javier y Oliva Manso, Gonzalo, cit., p. 554) que se corresponde con "Pseudo Ordenamiento II de Nájera", 59 (Alvarado Planas, Javier - Oliva Manso, Gonzalo, cit., p. 377) y con el "Fuero de los fijosdalgo" y las "Fazañas del Fuero de Castilla", 104 (Alvarado Planas, Javier - Oliva Manso, Gonzalo, cit., p. 448) y Fuero Antiguo de Castilla, 27 (Alvarado Planas, Javier - Oliva Manso, Gonzalo, cit., p. 481).

[150] En relación a los daños en cultivos, se establecen multas de diversa cuantía en los Fueros de Logroño (Fuero de Logroño dado en 1095 por el rey D. Alfonso VI (Muñoz y Romero, Tomás, cit. [n. 149], p. 337) y Miranda de Ebro para los que dañaran los huertos o las viñas [Fuero concedido a Miranda de Ebro en el año 1099 por el rey D. Alfonso VI, en Muñoz y Romero, Tomás, cit. (n. 149), p. 348].

[151] En relación al daño en las viñas, en el siglo XIII, el F. de Usagre, 100 y F. de Cáceres, 99, se disponía que aquel que causara daño en las viñas, quedaba obligado a pagar cinco sueldos por cada vid que se perdiera y una multa ascendente a diez maravedís [de Ureña y Smenjaud, Rafael - Bonilla y San Martín, Adolfo (editores), Fuero de Usagre (siglo XIII) anotado con las variantes del de Cáceres, Madrid, 1907, pp. 36-37]. Por su parte el Fuero de Andújar, 85 y el F. de Baeza, 93 y 94 ordenaba que si alguno cortara vid ajena pagara por cada sarmiento cinco sueldos [González Díez, Emiliano, cit. (n. 149), p. 100]. Caso algo distinto es el regulado por el Fuero de Cuenca, 1, 4, 6 y 7 que incide en los pagos que deberán hacer los dueños de animales (perros, cerdos) que causen daños al entrar en los sembrados de terceros, haciendo especial mención a los perjuicios que se ocasionaran en las viñas, haciendo responsables de los perjuicios a los propietarios de los animales, si bien se reconoce a los perjudicados la facultad de herir al perro, sin matarlo. Igualmente en F. de Cuenca, 2, 1, 4 se establece que cuando un particular haya sido agredido por un animal, su propietario debería probar que la agresión se produjo contra la voluntad del perjudicado debiendo además pagar las curas del médico. Sobre el Fuero de Cuenca (siglo XIII) se ha llegado a decir por algún ilustre historiador del Derecho que es el más importante de los fueros medievales españoles y el paradigma de las recopilaciones extensas de Derecho municipal. Debido a su amplio contenido se convirtió en un Fuero tipo y cabeza de una extensa familia de Fueros. Consulto de Ureña, Rafael, Fuero de Cuenca (formas primordial y sistemática: texto latino, texto castellano y adaptación del Fuero de Iznatoraf) (Madrid, 1935) [en http://www.uclm.es/area/dromano/CR/fuero1.htm]. Existe una edición anterior de Allen, G. H., Forum Conche (Cincinnati, University Studies, 1909-1910). Hay también una cuidada traducción de Valmaña, Alfredo, Fuero de Cuenca (2ª edición, Cuenca, Tormo, 1978) y una edición posterior de Villaescusa, Juan Antonio y Ruibal, Luis, Fuero de Cuenca (Cuenca, 2001).

[152] Para el caso de que se arrancara viña o árbol de fruto, en Fuero de Usagre y Cáceres se disponía el pago de cinco maravedís al dueño de la heredad por cada árbol talado, si lo arrancado fuera rama de viña o de árbol el pago alcanzaba el maravedí cuarenta mensual durante un año, salvo en verano [de Ureña y Smenjaud, Rafael - Bonilla y San Martín, Adolfo, cit. (n. 151), pp. 37-38]. La tala de árboles ajenos aparece regulada en F. de Andújar, 103 y F. de Baeza, 111 y 112 [González Díez, Emiliano, cit. (n. 149), p. 103] distinguiendo entre árboles con frutos o sin ellos en F. de Andújar, 106 y 107 y F. de Baeza, 115 y 116 [González Díez, Emiliano, cit. (n. 149), p. 103] y llegando incluso a castigarse en F. de Andújar, 104 y F. de Baeza, 113, a aquel que cortara rama de árbol [González Díez, Emiliano, cit. (n. 149), p. 103]. Por otra parte, en el Derecho territorial castellano, se castigaba al que cortara ramas de árbol ajeno que llevara fruto o lo arrancase de raíz; en el primer caso, debía pagar al dueño un sueldo por cada rama y en el segundo la caloña sería de cinco sueldos y además debía plantar otro árbol en el lugar del que cortó [Fuero Viejo de Castilla, 2,5,4. (Alvarado Planas, Javier - Oliva Manso, Gonzalo, cit. (n. 149), p. 554]; "Pseudo Ordenamiento II de Nájera", 106 [Alvarado Planas, Javier - Oliva Manso, Gonzalo, cit. (n. 149) p. 397]; "Fuero de los fijosdalgo" y "Fuero de las Fazañas del Fuero de Castilla", 72 [Alvarado Planas, Javier - Oliva Manso, Gonzalo, cit. (n. 149), p. 439]. También el Libro de los Fueros de Castilla castigaba al que talara en monte verde de día o de noche y fuera sorprendido haciéndolo aunque diferenciaba la pena a aplicar según fuera vecino de la villa o no. En éste último caso, perdería las bestias y cuanto hubiera talado debiendo pagar, en el primero de los supuestos, una multa de cinco sueldos el que talara en cualquier monte de la villa. Para el que fuera sorprendido talando los muros defensivos de la villa, la multa sería de ocho sueldos y pérdida de la leña [Libro de los Fueros de Castilla, 54 (Alvarado Planas, Javier - Oliva Manso, Gonzalo, cit. (n. 149), p. 277]. Por otro lado quien segara el monte con azada debía pagar caloña de sesenta sueldos y si utilizara sierra para talar árbol en monte debería ser apresado por ladrón; si el que talara era de fuera debía pagar multa de seis dineros por rama y si utilizara bueyes u otras bestias, cinco sueldos. Si el que talara fuera vecino debía abonar cuatro sueldos por rama y cinco sueldos por bestia. [Libro de los Fueros de Castilla, 161, en Alvarado Planas, Javier - Oliva Manso, Gonzalo, cit. (n. 149), p. 309].

[153]El Fuero de Logroño, 5, recoge el supuesto de que al intentar penetrar violentamente en una vivienda simultáneamente el sayón y el merino encontraran la muerte; caso en el cual el propietario de la casa quedaba exento del pago de la cantidad que a modo de pena le hubiera sido adjudicada por homicidio [Muñoz y Romero, Tomás, cit. (n. 149), p. 336]. Sobre la paz de la casa como institución ya conocida en el mundo germánico y franco se muestra conocedor, Peláez, Manuel J., El elemento germánico, en Francisco García Turza, Javier - Martínez Navas, Isabel (coordinadores), cit. (n. 120), pp. 280-283.

[155] El F. de Villavicencio tiene en cuenta a la hora de castigar los daños causados en viña, palomar o árbol el momento del día en que se produce el delito. Si el daño se comete de día se castiga con el pago de una multa de cinco sueldos; si se realiza buscando la impunidad de la noche, la pena es de muerte pues el sujeto activo es considerado como ladrón [Muñoz y Romero, Tomás, cit. (n. 149), p. 179].

[156] Es especialmente destacable que en el Fuero de Soria, 501, se tipifica como objeto de un delito de daños los perjuicios sobrevenidos después de que el propietario de una casa hubiera sido avisado del abandono en que ésta se encontraba y de los posibles peligros que pudieran acontecer, siempre que dicha advertencia hubiera sido hecha a través de los denominados hombres buenos [Sobre esta institución es conveniente consultar, entre otros, Giardina, Camillo, I "boni homines" in Italia. Contributo alla Storia delle persone e della procedura civile e al problema dell'origine del Consolato (Bologna, Nicola Zanichelli, 1932); y Carle, María del Carmen, "Boni homines" y hombres buenos, en Cuadernos de Historia de España, 39-40 (Buenos Aires, 1964), pp. 133-168. Conoce estos trabajos y los critica con fundamento aunque se centre en ámbito catalán, Font i Rius, Josep Maria, Estudis sobre el drets i institucions locals en la Catalunya medieval: col.lectanea de treballs del Professor Dr. Josep Mª Font i Rius amb motiu de la seva jubilació acadèmica (Barcelona, Universidad de Barcelona, 1988), pp. 417-430]. Si después de esta amonestación pública, el propietario hiciera caso omiso de la misma y se produjera por esta causa algún daño, éste quedaría obligado a la pena de pagarlo todo doblado. Se produce, por consiguiente, por omisión el deterioro de una cosa propia que genera dolosamente, es decir, a sabiendas del peligro existente, un perjuicio ajeno, que constituye el delito de daños. No se trata de un delito de daños en cosa propia, cuestión bien alejada de la mentalidad de la época que más tarde regulará la codificación, sino de otro de omisión culpable que ocasiona daños en cosa ajena. [Consulto el fuero extenso de Soria del siglo XIV editado por Sánchez, Galo, Fueros castellanos de Soria y Alcalá de Henares (Madrid, Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Centro de Estudios Históricos, 1919), pp. 193-194]. Fuero de Soria, 501 concuerda con Fuero Real, IV,17,7; con Ordenanzas Reales, VIII, 13, 15; con Nueva Recopilación, VIII, 23, 13 y con Novísima Recopilación, XII,21,14 [cito en esta colaboración estas cuatro últimas fuentes por la edición en doce volúmenes titulada Los Códigos españoles concordados y anotados (Madrid, Imprenta de la publicidad a cargo de M. Rivadeneyra, 1847-1851)]. También en Fuero de Soria, 500, aparecen recogidos los daños cometidos por omisión cuando uno de sus preceptos prescribe que el que corte un árbol o derribe una pared deberá avisar a los que se encuentran alrededor, ya que si la advertencia no se produjera y como consecuencia de la acción sobreviniera algún perjuicio o incluso la muerte de un tercero, el causante resultaría responsable de los efectos perniciosos (p. 193), que concuerda con Fuero Real, IV, 17, 9. Véase: la comparación de Martínez Díez, Gonzalo, El Fuero Real y el Fuero de Soria, en AHDE., 39 (1969), pp. 552-554 y, sobre todo, ofrece muchos resultados el monográfico dedicado al Fuero de Soria en el Ahde., 76 (Madrid, 2006). Cfr. Iglesia Ferreirós, Aquilino, Fuero Real y Espéculo, en AHDE., 52 (Madrid, 1982), pp. 111-191.

[157] Quien echara estiércol en la calle también aparece castigado en el F. de Usagre 163 y F. de Cáceres, 162 debiendo pagar un maravedí al concejo [de Ureña y Smenjaud, Rafael - Bonilla y San Martín, Adolfo, cit. (n. 151), p. 61] y en el de F. de Fuentes de la Alcarria, 209 y F. de Brihuega, 315 [Consulto Vázquez de Parga, Luis, Fuero de Fuentes de la Alcarria, en AHDE., 18 (Madrid, 1947), pp. 348-398, p. 50 de la separata].

[158] F. de Cuenca, 1, 3, 11 a 14 [de Ureña, Rafael, cit. (n. 151) (http://www.uclm.es/area/dromano/-CR/fuero1.htm)].

[159] En los decretos de Alfonso IX, rey de León y de Galicia, de fines del siglo XII se castiga al que invada o ataque una casa, corte viñas o árboles ajenos, obligándole a prestar una fianza ante el señor de la tierra y caso de no hacerlo será apresado según justicia. Y al referirse a la administración de ésta, determina que todo aquél que causara daños en demandas y gastos pagará el doble del perjuicio causado además de sesenta sueldos de multa. Igualmente se determina que los daños causados por el que irrumpe en casa de otro sin su consentimiento serán castigados con el pago del doble de los perjuicios ocasionados. Si los daños se hicieran al dueño de la tierra el infractor, si no presta garantía suficiente, pagará el nónuplo [Muñoz y Romero, Tomás, cit. (n. 149), p. 103 y 105]. En el Ordenamiento de Cortes de León de fecha incierta, el mismo monarca castiga este delito tanto se produzca sobre cosa mueble o inmueble, al pago del valor del perjuicio al rey e indemnizar al sujeto pasivo del delito con el doble del daño causado [Muñoz y Romero, Tomás, cit. (n. 149), p. 118].

[160] Fuero de Cuenca, 1,3,11-14 [de Ureña, Rafael, cit. (n. 151) (http://www.uclm.es/area/-dromano/CR/fuero1.htm)].

[161] Fuero de Cuenca, 4,7,6 [de Ureña, Rafael, cit. (n. 151) (http://www.uclm.es/area/dromano/-CR/fuero1.htm)].

[162] Fuero de Soria, 471 [Sánchez, Galo, cit. (n. 156), p. 180]. En el mismo sentido, Fuero de Alcalá de Henares, 8 [Sánchez, Galo, cit. (n. 156), p. 219].

[163] Consulto Gutiérrez Cuadrado, Juan, Fuero de Béjar (Salamanca, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, 1975), que en pp. 33-35 contiene concordancias con el Fuero de Sepúlveda., que se puede consultar de forma independiente en Muñoz y Romero, Tomás, cit. (n. 149), pp. 281-286.

[165] Fuero de Béjar, 198 [Gutiérrez Cuadrado, Juan, cit. (n. 163), p. 69].

[166] Fuero de Béjar, 95; y Fuero de Sepúlveda, 127 [Gutiérrez Cuadrado, Juan, cit. (n. 163), p. 57].

[167] Fuero de Béjar, 96; y Fuero de Sepúlveda, 127 [Gutiérrez Cuadrado, Juan, cit. (n. 163), p. 57].

[168] Fuero de Béjar, 98; y Fuero de Sepúlveda, 128b [Gutiérrez Cuadrado, Juan, cit (n. 163), p. 57].

[169] Fuero de Béjar, 99; y Fuero de Sepúlveda, 128a [Gutiérrez Cuadrado, Juan, cit (n. 163), p. 57].

[170] Fuero de Béjar, 150 [Gutiérrez Cuadrado, Juan, cit (n. 163), p. 63]. Sobre el riepto regulado fundamentalmente en el Fuero Viejo, I,15; Fuero Real, IV,21; Partidas, VII,3 y "Ordenamiento de Alcalá", 32, se muestra muy documentada: Zambrana Moral, Patricia, Revenja privada i revenja de la sang en el Dret penal espanyol medieval: estat de la qüestió en els inicis del 2005, en Revista del Dret Històric Català, 5 (Barcelona, 2005), pp. 135-138. Cfr., entre otros: Otero Varela, Alfonso, El "riepto" en el Derecho castellano-leonés, en Dos estudios histórico-jurídicos (Roma-Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1955); y Martínez Gijón, José, La prueba judicial en el Derecho territorial de Navarra y Aragón durante la Baja Edad Media, en AHDE., 21 (Madrid, 1961), pp. 46-51. Sobre la traición y el aleve, con carácter general, véanse: García González, J., Traición y alevosía en la Alta Edad Media, en AHDE., 32 (Madrid, 1962), pp. 323-345; e Iglesia Ferreirós, Aquilino, Historia de la Traición. La traición regia en León y Castilla (Santiago de Compostela, 1971). Sobre el duelo judicial como prueba en las costumbres francesas de los siglos XIII y XIV, se obtienen respuestas en Carbasse, Jean-Marie, Le duel judiciaire dans les coutumes méridionales, en Annales du midi, 87 (Toulouse, octubre-diciembre/1975) 124, pp. 385-403. Consultar además: Bermejo Cabrero, José Luis, Aspectos normativos sobre rieptos y desafíos a fines de la Edad Media, en En la España Medieval, 22 (Madrid, 1999), pp. 37-60.

[171] Fuero de Béjar, 151 [Gutiérrez Cuadrado, Juan, cit. (n. 163), p. 63].

[172] Así se establece, en caso de insolvencia, en el Fuero de Usagre, 3 que se corresponde con el Fuero de Cáceres, 2. de Ureña y Smenjaud, Rafael - Bonilla y San Martín, Adolfo (editores), [n. 151], pp. 2-3.

[173] F. de Usagre, 108; y F. de Cáceres, 107 [de Ureña y Smenjaud, Rafael - Bonilla y San Martín, Adolfo (editores), cit. (n. 151), p. 40].

[175] F. de Usagre, 165; y F. de Cáceres, 164 [de Ureña y Smenjaud, Rafael - Bonilla y San Martín, Adolfo (editores), cit. (n. 151), p. 62].

[176] F. de Usagre, 171; y F. de Cáceres, 170 [de Ureña y Smenjaud, Rafael - Bonilla y San Martín, Adolfo (editores), cit. (n. 151), p. 64].

[177] Fuero de Zamora, 56. Cito por Carrasco, Pilar, Estudio lingüístico del Fuero de Zamora (Málaga, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Málaga, Universidad de Salamanca y Colegio Universitario de Zamora, 1987), p. 49.

[178] F. de Andújar, 69; y F. de Baeza, 75 [González Díez, Emiliano, cit. (n. 149), p. 97].

[179] F. de Andújar, 72; y F. de Baeza, 78 [González Díez, Emiliano, cit. (n. 149), p. 97).

[180] Para el incendio de casa F. de Andújar, 111; y F. de Baeza, 120 [González Díez, Emiliano, cit. (n. 149), p. 104]; y para el de monte F. de Andújar, 112; y F. de Baeza, 121 [González Díez, Emiliano, cit. (n. 149), p. 104).

[181] F. de Andújar, 151; y F. de Baeza, 160 [González Díez, Emiliano, cit. (n. 149), p. 111].

[182] F. de Andújar, 626; y F. de Baeza, 870 [González Díez, Emiliano, cit. (n. 149), p. 227].

[183] Fuero de Fuentes de la Alcarria, 90 [Vázquez de Parga, Luis, cit. (n. 157), p. 30 de la separata].

[185]Fuero Real IV,4,5.

[186]Fuero Real, IV,4,1.

[187]Fuero Real, IV,4,2.

[188]Fuero Real, IV,4,3.

[189]Fuero Real, IV,5,13.

[190]Fuero Real, IV,5,14.

[191]Fuero Real, IV,4,19.

[192]Fuero Real, IV,5,11.

[193]Fuero Real, IV,5,11. Dentro de "ocasión" cabe entender incendio imprudente en la medida en que tal término se está contraponiendo en el conjunto de dicha ley al incendio "a sabiendas", sin embargo no queda claro que deba incluirse el incendio puramente accidental. En este sentido es más claro el contenido de Partidas VII,10,9, que cuando alude al incendio por ocasión lo matiza a continuación "[…] e no por culpa de otro […]". y a continuación distingue las consecuencias que se derivan del incendio ocasional (ninguna) y del culposo (indemnización) distinción que en Fuero Real IV,5,11 no aparece (consulto la edición de las Siete Partidas de Salamanca, Andrea de Portonariis, 1555, glosada por Gregorio López). Véase: sobre Partidas, entre otros muchos trabajos: Craddock, Jerry R., The Partidas: Bibliographical Notes, en Burns, Robert I. (editor) - Parson Scott, Samuel (traductor), Las Siete Partidas (Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2001), I, pp. xli-xlviii.

[195]Salvá, Vicente, Colección de Cortes, Leyes, Fueros, Privilegios y otros Documentos pertenecientes a la Legislación y Gobierno de España, II: Alfonso X, Real Academia de la Historia, Madrid, Signatura 9/4265, fol. 139r (Legislación Histórica de España, consulta on line). Sobre estas Cortes de Segovia de 1256, véase: Martínez Díez, Gonzalo, cit. (n. 194), pp. 139-141.

[196]Salvá, Vicente, cit. (n. 195), fol. 1160v.

[197] "A la fecunda iniciativa de Alfonso X se debe la primera ley que castiga a quien pone fuego a los montes, y también las primeras de caza y pesca. Sorprenden por su novedad la veda en razón de la caza menor desde Carnestolendas hasta San Miguel, y el precepto "que ninguno non eche yerbas nin cal en las aguas, nin otras cosas ningunas por que mueran los peces". Los merecidos elogios que no escaseamos al ordenamiento de Valladolid, no excluyen las censuras por el rigor de las penas, que algunas veces rayan en los límites de la crueldad. Castigar a quien prende fuego a un monte con echarle dentro, y a los mercaderes y menestrales que se confabulan en daño de los pueblos con la pérdida de todos sus bienes, quedando los cuerpos a merced del rey para que haga de ellos según su voluntad, y establecer penas iguales o semejantes para escarmentar a los que de otro modo quebrantasen las reglas o posturas allí contenidas, por más que las leyes hayan sido hechas con acuerdo y consejo de las Cortes, acreditan el juicio del P. Mariana al reprender en Alfonso X su inclinación a la severidad extraordinaria. Sin duda la filosofía del Derecho penal es una ciencia de cuya luz no gozaron los legisladores de la edad media; pero hay una razón natural que muestra a los hombres los caminos de la justicia" [Colmeiro, Manuel, Cortes de los antiguos Reinos de León y Castilla (Madrid, Real Academia de la Historia, 1861), I, pp. 61-64].

[198] "Las providencias dictadas por Alfonso X en aquella ocasión son conformes al espíritu del ordenamiento hecho en las Cortes de Valladolid de 1258. (...) prohibió sacar del reino ganados, seda, lana, vino y viandas, y matar bueyes sino por vejez u otra causa que los inutilizase para labor; reiteró lo mandado acerca de la caza y la quema de los montes" [Colmeiro, Manuel, cit. (n. 197), I, p. 76]

[199] "Daños se fazen los omes unos a otros en sí mesmos o en sus cosas, que non son robos, nin furtos, nin fuerzas. Mas acaescen a las vegadas por ocasion, é a las vegadas por culpa de otro" (Partidas, VII,15,1, proemio).

[200]Partidas VII, 15, 1.

[201] Gregorio López, glosa ad Partidas VII,15,1.

[202]Partidas VII, 15, 3.

[203]Partidas VII, 15, 16.

[205] Gregorio López, glosa "c" ad Partidas VII, 10, 1.

[206] Véase: n. 52 y 53.

[207] Para los romanos la fuerza (vis) era el poder a través del cual una persona podía constreñir físicamente a otra para que dejara de realizar un acto contra su propia voluntad o bien podía cohibir esa voluntad mediante la amenaza de un mal o por miedo, para impulsarla a ejecutar o no ejecutar una determinada acción [Mommsen, Theodor, cit. (n. 45), p. 410].

[208]Partidas VII,10,1.

[209]Partidas VII,10,3.

[210]Partidas VII,10,3. Se observa una regulación del robo con ocasión del incendio equiparable a la realizada por el "Código de Hammurabi" al que me he referido en ns. 22 y 23.

[211]Partidas, VII,10,8.

[212]Partidas, VII,10,8.

[213] Gregorio López, glosa "e" ad Partidas, VII,10,8.

[215]Partidas, VII,10,9.

[216] Gregorio López, glosa "e" ad Partidas, VII,10,9.

[217]Partidas VII,34,36.

[218]Partidas VII,15,11.

[219]Partidas VII,15,12.

[220]Partidas VII,10,9.

[221]Partidas, VII,15,10.

[222]Partidas VII,15,18

[223] Ideas generales contiene Gautier-Dalché, Jean, Historia urbana de Léon y Castilla en la Edad Media (siglos IX-XIII) (trad. castellana de Encarnación Pérez Sedeño, Madrid, Siglo Veintiuno, 1979).

[225] Son destacables, entre otros, los análisis sobre esta materia de Franco-Sánchez, Francisco, Estudio de los "espacios urbanos" de la ciudad de Orihuela en el periodo islámico (Alicante, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1989) y La responsabilidad de los cadíes en la reparación y mantenimiento de los espacios viales de Al-Andalus, en Anuario Jurídico y Económico Escurialense. Homenaje a Fray José López Ortiz, O. S. A. (1898-1992), 26 (Madrid, 1993), I, pp. 343-360; y en la misma sede y volumen: Moreno López, Juan Luis, Apuntes para un estudio inicial sobre el Derecho urbanístico islámico a través del paradigma de Madina Antaqira, pp. 361-380.

[226] Prescripciones que no se contienen en los textos locales medievales zamoranos según Rodríguez Fernández, Justiniano, Los Fueros locales de la provincia de Zamora (Valladolid, Consejería de Cultura y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León, 1990).

[227]Partidas II,23,20.

[228]Partidas, V,7,7 y III,28,10.

[229]Partidas, III,32,3 y 18.

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Correspondencia: Profesora titular de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. Dirección postal: Departamento de Derecho Privado Especial, Facultad de Derecho, Universidad de Málaga, Campus de Teatinos, 29071, Málaga, España. Dirección electrónica: megomez@uma.es. * Este trabajo se ha realizado en el seno de los siguientes proyectos: 1º) Proyecto de I + D, ECOSISTEMA: Espacio único de SIStemas de Información Ontológica y TEsaurus sobre el Medio Ambiente". ECOTURISMO (Nº de ref. FFI2008-06080-C03-03). 2º) Proyecto de investigación de excelencia en equipos de investigación andaluces de las Universidades públicas y Organismos de investigación de Andalucía titulado Acción urbanizadora y Derecho urbanístico romano: ordenación del territorio, urbanismo, vivienda y medio ambiente (Nº de referencia P08-SEJ-3923) y 3º) Proyecto de investigación de excelencia en equipos de investigación andaluces de las Universidades públicas y Organismos de investigación de Andalucía titulado Derecho europeo uniforme de contratos marítimos. Fundamentos históricos, implicaciones medioambientales y económicas (nº de referencia P09-SEJ-4827).

Recibido: 12 de mayo de 2011.

Aceptado: 1 de julio de 2011.