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Cultura-hombre-sociedad

versão impressa ISSN 0716-1557versão On-line ISSN 0719-2789

Cult.-hombre-soc. vol.26 no.2 Temuco  2016

http://dx.doi.org/10.7770/CUHSO-V26N2-ART1137 

El Pleito de Ralco en 1919

 

JOSÉ MANUEL ZAVALA CEPEDA

Universidad Católica de Temuco, Chile


 

El documento que presentamos a continuación, posee sin lugar a dudas un valor histórico significativo para el pueblo mapuche-pewenche y en especial para las comunidades de Alto Biobío. Con fecha 21 de mayo del año 1919 el misionero franciscano, fray Ángel Saavedra, escribía desde Chillán a su correligionario editor de El Misionero Franciscano (1892-1925), publicación periódica de la Orden Franciscana, para solicitarle insertara en dicha revista un alegato presentado a la Corte de Apelaciones de Concepción por el abogado Domingo Ocampo caratulado Pleito de los indígenas de Ralco con el Sr. Martín Bunster. En dicha carta, fray Saavedra explicaba los motivos de la petición y exponía los antecedentes del caso, por lo cual solicitaba también incluir su misiva a modo de introducción al alegato. Es así como en el volumen correspondiente al año 1919, aparecía en esta revista de la orden seráfica el Pleito de los indígenas de Ralco con el Sr. Martín Bunster. Alegato presentado a la I. Corte de Concepción por el abogado Sr. Dn. Domingo Ocampo. Precedido de una carta de Fr. Angel Saavedra O. F. M.1

El lector podrá apreciar en la carta de fray Saavedra la impotencia y la tristeza que le producían los abusos que se cometían contra los pewenche de la provincia de Biobío, hechos que ya había denunciado en un artículo anterior (1917), así como su decepción por la actitud del terrateniente Martín Bunster, quien habiendo accedido en una primera instancia a llegar a un acuerdo relativamente justo con los habitantes de Ralco, fundo del cual se reivindicaba propietario, había luego presentado una oferta irrisoria con la intención, a todas luces, de hacer fracasar el convenio. La razón era —para el fraile franciscano— que Bunster había iniciado trámites judiciales en la Corte de Apelaciones de Concepción para logra el total desalojo de los pewenche de Ralco, disconforme, al parecer, con la decisión del juez de primera instancia, quien había dado lugar para expulsar solo a dos indígenas.

Llevado el asunto al terreno judicial, el misionero habría solicitado al abogado Domingo Ocampo que patrocinara a los afectados en la presentación de un alegato contra la apelación que Bunster había ingresado a la Corte de Concepción y dicho escrito constituye el cuerpo principal del documento que reproducimos aquí.

A través de las páginas de este «alegato» es posible reconstituir parte de la larga historia de despojo de la que fueron víctimas los habitantes de los valles andinos meridionales, recolectores-ganaderos más que agricultores y por lo tanto con una relación al territorio preferentemente trashumante y menos palpable, lo que posibilitaba sin duda que se esgrimieran ante los tribunales argumentos de una supuesta «extranjería» de dichas poblaciones por quienes deseaban apropiarse de sus tierras. Más aún si se considera el escenario de persecución que a ambos lados de la cordillera andina, los dos estados nacionales desataron contra las poblaciones indígenas durante la segunda mitad del siglo XIX, y que obligó a varios núcleos que practicaban una migración estacional a asentarse definitivamente en algunos puntos fijos de sus itinerarios.

En el caso específico de Ralco, el expolio comenzó tempranamente en 1881 y la historia del conflicto que se generó y que atraviesa gran parte del siglo XX ha sido detalladamente documentada por Molina y Correa.2 Un aspecto destacable de este caso es la capacidad de defensa jurídica que demostraron los pewenche de Ralco en diferentes momentos de esta historia y su resistencia por mantenerse en sus territorios, actitud que llega hasta épocas muy recientes, si se tiene en consideración el conflicto con el proyecto de represa hidroeléctrica de Endesa que entre 1997 y 2003 puso a Ralco en primera línea de los conflictos ambientales de Chile3.

Finalmente fue el Estado chileno quien logró lo que durante más de un siglo habían ambicionado latifundistas, relocalizar a gran parte de población de Ralco, ahora con el propósito de inundar sus tierras para producir energía.

El expediente que sigue ilustra parte de esa historia de abusos y de resistencias. Muestra la necesidad imperiosa de los pewenche de llevar al terreno judicial sus luchas compelidos por las leyes que se les impusieron. Pero muestra igualmente las redes de apoyo con que pudieron contar en ciertas coyunturas frente a poderosos de gran influencia.

***

Pleito de los indígenas de Ralco con el Sr. Martín Bunster

Chillán, 21 de Mayo de 1919.

R. P. Editor de El Misionero Franciscano,

Fr. Idelfonso San Martín.

Rdo. Padre:

En octubre del año pasado antepasado de 1917, V. R. tuvo a bien reproducir en su importante revista un artículo publicado en «La Unión» de Santiago, que escribí para protestar de los abusos de que son víctimas los indígenas de nuestro país, sin que las leyes nacionales les puedan prestar una protección efectiva.

En mis misiones al norte del Bío-Bío, había tenido oportunidad de recorrer, las reducciones de Callaqui, Pitril, Caiñucú, Trapa y Ralco, y especialmente esta última reducción que, según el senso levantado, comprende como quinientos individuos, los cuales se han visto constantemente molestados por don Luis Martín Búnster, quien les aseguraba haber comprado el terreno donde vivían, y les amenazaba con desalojarlos, sino se lo entregaban buenamente.

Yo, compadecido de la desamparada situación de estos indígenas, quise promover un arreglo ante el Supremo Gobierno con el señor Búnster, valiéndome también del influjo del Sr. Jefe de Colonización, don Temístocles Urrutia, quien mostraba mucha compasión por estos indígenas. Al efecto celebramos una conferencia, en la cual el señor Búnster prometió solemnemente celebrar una transacción en la cual todos los indígenas quedarían con el terreno necesario, según su número.

Sin embargo, al día siguiente, no estando el Sr. Urrutia en la Oficina de colonización, el señor Búnster retractó su convenio y lo redujo al reconocimiento a los indígenas de una lonja estéril, en que apenas habrían podido radicarse buenamente tres de las setenta familias que componen la Reducción. Estimando irrisorio este arreglo, que se habría prestado a que los desamparados indígenas que me habían encomendado su suerte, creyesen que yo también me había dejado influenciar o intimidar por el Sr. Búnster, hube de desistir, a mi pesar, de intervenir en todo arreglo amistoso, y dejar perdido el trabajo de mis desvelos y viajes en pro de ellos.

En circunstancias se me dijo que era probable que el Sr. Búnster se hubiera arrepentido de llegar a una solución más benigna en sus ataques a los indígenas, porque les había interpuesto un pleito de que ellos por su incapacidad y desamparo no habían tenido noticia, y que probablemente habría obtenido alguna victoria en ese juicio seguido sin contradictor. Efectivamente: en esos días, o poco después, llegaba ese expediente a Concepción apelado por el Sr. Búnster; y habiendo encargado su estudio al abogado Dn. Domingo Ocampo, me hizo ver que los indígenas no habían sido defendidos de ninguna manera; y como último medio de defensa presentó a la Corte el escrito que le incluyo, pidiéndole que con esta carta lo inserte en su Revista, para el completo excla-recimiento de la cuestión jurídica en la cual no me toca entrar.

El juez de primera instancia, sólo había dado lugar al lanzamiento de dos de los indígenas; y eso, sin duda, porque sólo el Sr. Búnster rindió prueba y los indígenas no lo supieron, ni aunque lo supieran habrían podido defenderse. Y como dicha sentencia le imposibilitaba para lanzar a los otros, es decir, casi a la totalidad, y equivalía a una completa derrota el Sr. Búnster apeló a la Corte de Concepción, la cual por sentencia del 18 de Marzo ppdo4. confirmó la sentencia del Juez, y prácticamente ha dejado libres por ahora a los indígenas.

El móvil que me guía al escribir a V. R.5 esta carta y pedirle este servicio, es dejar constancia de que no todos miramos con indiferencia los atropellos que van acabando con la desgraciada raza indígena; y confirmar a V. R., como con toda justicia lo hizo ya notar el digno e ilustrado miembro de esta raza, don Manuel Manquilef, que los misioneros franciscanos somos casi los únicos que nos atrevemos a levantar la voz en su defensa, y arrostrar las molestias que amenazan al que hace algo por ellos.

Fr. Angel Saavedra

O. F. M

***

Alegato presentado a la I. Corte de Concepcion

J.C.

Mariano Serrano, procurador del número, con poder de los indígenas José Huaiquillán, Ignacio Maripí, Pedro Leví, Robinson Maripí, Juan Quillán, José Marihuán; Segundo Leví, Segundo Piñaleo, Antonio Manquehuel, Isidro Ili-mán y José Román Pellao, domiciliado en el fundo Ralco, de las subdelegaciones de Queuco y los Notros, del Departamento de los Angeles, delegado por don Artemio Brito, a V. S I. digo que mis mandantes, propietarios del fundo expresado, que tienen de sus mayores sin perturbación de ninguna especie, acaban de saber que se halla en apelación ante V.S.I. un expediente en el cual don Luis Martín Búnster, agricultor, domiciliado en Mulchén, pretende despojarlos de su propiedad mencionada, con disculpa de reivindicación. Digo, con disculpa, porque no se han seguido los trámites de una acción seria, y aunque el expediente se halla en trámite de apelación de un artículo sobre cumplimiento de la sentencia, está mi parte en tiempo de defenderse, por no haber sido oída antes, ni haber tenido la posibilidad de defenderse en ninguno de los trámites anteriores del juicio.

Estimo que los mismos autos, aunque formados todos por el solo Sr. Búns-ter, dan fe de su falta de derecho en el fondo y en la forma, y autorizan la petición que deduzco en la conclusión. Voy a exponerlos protestando de que la verdadera defensa de mi parte la podré solo hacer, cuando empiece el juicio por sus trámites legales. Empiezo por exponer brevemente los antecedentes, que pudieran llamarse también cuestiones de fondo.

Los antecedentes

3.    El derecho que pretende el Sr. Búnster deriva de la supuesta compra de don Rafael Anguita a los indígenas Pedro Salvo, Huentén, Parraimán, Huai-yenao, y los hijos del finado cacique Huicamán Marró, Paiyamán, Calbumán, Nautrimán, Huemeimán, Leutrimán, vecinos de Mulchén, que le vendieron el terreno que deslindan en el departamento de los Angeles, que después se llamó el fundo de Ralco. Pero estos indígenas no podían ser dueños, porque, consistiendo el dominio de los indígenas en su posesión, implica una verdadera contradicción, el que indígenas de Mulchén tuvieran dominio y pudieran vender terrenos en la Laja. Así se nota, que en esta escritura falta la aserción de ser ellos dueños de lo que vendían, y la de traspasar dominio o posesión o de adquirir una u otra cosa el supuesto comprador. A lo que se agrega por fin que no siendo conocidos del escribano los otorgantes, ni los interpretes Aílla y Manuel Aílla, para unos y otros se debieron exigir testigos de conocimiento, sin lo cual la escritura no hace fe ni de su otorgamiento ni de su fecha; por consiguiente no la hace contra mi parte, ni en la escritura ni en su inscripción, que no está arreglada a derecho; ya que no menciona inscripción anterior, ni de la fe de haberse publicado los avisos, que debían suplir este defecto.

4.    Pero no solo es evidente que mis representados no tuvieron parte en esta escritura; sino que ni aun noticia de ella. Y tanto que ni aún por ella se atrevieron ni el falso comprador ni su sucesor, ni el Sr. Búnster, en más de 30 años a molestarlos. Lo cual es tan cierto que al revender esta supuesta, propiedad, don Octavio Anguita, al actual demandante don Luis Martín Búnster, por escritura corriente a F.i Vta, con fecha 5 de Enero de 1909 estipularon que: «el vendedor no se obliga a lanzar del fundo a los indios que viven en él». Es decir, que 29 años, después de aquella supuesta compra, no se había molestado a mis representados. Pero ahora agregando a esos 29 , los 9 que van desde entonces corridos hasta hoy, tenemos treinta y ocho años; que aunque sin necesidad alguna, subsidiariamente alego desde luego como prescripción, para el caso imposible de que se dé valor a esa escritura.

5.    Porque note V.S.I. como la verdad se abre paso, cuando más se creía haberla ocultado. Vendiendo don Octavio Anguita a don Luis Martin Búnster le dice, no que los indios lo han despojado, ni que se han internado, o que le hacen cualquier otra amenaza pasajera, sino: «los indios que viven», es decir, que tienen ahí esa posesión estable, que entre ellos y con solo durar un año, según la ley que citaré de 1866, constituye su dominio. De modo que el Sr. Búnster ni siquiera citó a su vendedor de evicción, y esta escritura es puramente aleatoria, y tanto más cuanto que no hay ninguna relación entre aquellos indios falsamente vendedores de Mulchén, a quienes tampoco se citó jamás de evicción, - y mis mandantes que son de los Angeles. Y no obsta, que la demanda afirme, que don Octavio Anguita venció en juicio posesorio a un Salvador Catalán, porque este sujeto no figura ni entre aquellos falsos vendedores, ni entre estos verdaderos dueños; y sobre todo porque, si esa sentencia tuviera alguna importancia para el caso, se habría apresurado el demandante a exhibirla.

6.    Pero tan cierto es, que toda ella es inexacta, que la misma demanda no ha podido señalar cuando tuvo lugar la entrada de los indígenas en el fundo, ni aún designar sus nombres. Prueba evidente de que ninguno de los compradores ha estado jamás en él, y de que mis mandantes nunca han sido molestados. Por lo demás sería un caso verdaderamente extraordinario, que los indígenas hubiesen cometido esta irregularidad, que todos sabemos que hasta ahora son los civilizados los solos que las cometen. Y esta inducción, que hago sobre el carácter moral de los indígenas y de los civilizados, se confirman por la confesión que se le ha escapado al secretario de la comisión radicadora de indígenas; a pesar de ser tan favorable como es de presumir a los Srs. Anguita y Búnster, y tan injustamente contrario a los mismos indígenas.

Dijo así, con fecha 4 de Julio de 1914, en documento corriente a f. 25: «Los indígenas de esta Reducción son 150 a 200, entre grandes y chicos. Viven en la orilla del Bío-Bío, formando a su lado Norte su cuartel general, según informaciones de Santos Berosa, capitanejo de Indígenas, que viven en la cordillera». (Luego no es que él haya estado allí). Agrega, que de una conversación, que tuvo con el cacique Ignacio Maripí, dedujo que «estos indios no trabajan en siembras... (y viven) de cosechar piñones en el otoño y el resto del año del robo de animales. en especial del Sr. Búnster que es su colindante». Que don Rafael Anguita ha estado en posesión pacífica. y con orden del juez para desalojar (los indígenas) completamente el campo. Pero nada de esto ha conseguido hasta la fecha, y como último recurso se ha presentado al Supremo Gobierno pidiendo que estos indígenas desocupen completamente el terreno. El sr. Luis Martin Búnster, colindante, también toma parte en el reclamo. y vería con agrado que el Supremo Gobierno los sacara de ahí, radicándolos en terrenos fiscales, así utilizando estos brazos».

8.    Este informe, agregado por el demandante, y redactado completamente a su petición y en su interés, es una confirmación más, de todo lo que hemos dicho sobre el derecho de los indígenas, y el ningún derecho de los Srs. Anguita y Búnster; cuyas tan maliciosas, cuanto infructuosas diligencias para despojar a los indígenas, pinta gráficamente. Desde luego resulta que se trata de una reducción perfectamente constituida, y de ésta no puede sospecharse el robo de terrenos. Por esto no pudo el Sr. Búnster señalar, lo que es esencial en esta acción, el modo y el tiempo de la supuesta entrada a los indígenas. Se ve también, que él sabía que la reducción estaba gobernada por el cacique Ignacio Maripí, a quien intencionalmente llama en su demanda el indígena Maripe; pero de esto hablaré al tratar de los defectos de su demanda. Se ve también que eran reconocidos por el Supremo Gobierno, que les había dado un capitanejo de indígenas, tan conocido, como digno de fe para el Sr. Secretario de la Comisión Radicadora de Indígenas.

9.    Pero la parcialidad de éste está clara, en dar las conversaciones y las informaciones, como conocimiento personal. No es posible que 200 personas vivan de piñones en el otoño, que exigiría una cosecha colosal; a menos, y que vivan del robo de animales en las otras tres estaciones del año; porque este robo, no tampoco detallado de ningún modo, tendría que ser de extraordinaria entidad y frecuencia; y si, sin que roben, atropellan y diezman y ahuyentan los vecinos a los indios ¿que sería si robasen? Pero el mayor mentís que este informe se da así mismo y a la demanda del Sr. Búnster es donde, a raíz de decir que el Sr. Anguita es poseedor pacífico, sale con que como último recurso se ha tenido que limitar a pedir al Supremo Gobierno, que los saque de ahí y los radique en otro terreno fiscal para aprovechar sus brazos. ¿Qué paz era ésta entonces de que gozaban? ¿Cómo tienen que humillarse hasta pedir, que se radique a los indígenas en otra parte, sino es que sabían que quitándoles su terreno había que darles otro? ¿No es esto decir, que era propio de ellos, el que quería quitárseles?

10.    Esta constitución de estos indígenas en una reducción, está confirmada por la diligencia de F.66; de la cual resulta que, queriendo un receptor lanzar a dos indígenas, se halló con ochenta de armas tomar, y a su cabeza dos caciques, y estos ochenta confirman ser doscientos, con las mujeres, viejos y niños. Lo que confirma también el Sr. Búnster en su memorial F.68, donde dice que se le opuso toda la reducción. Y aunque a F.71 trató de cortar la insoluble dificultad, alegando que los mocetones son algo así como sirvientes o allegados, a la vista está su error, pues nadie ignora la constitución legal de las reducciones. Y él mismo se contradice, pues a F.68 afirmó que uno de los caciques había sido depuesto por sus mocetones. Y no se concibe que un dueño pueda ser depuesto por sus inquilinos. Las leyes que gobiernan las reducciones se hallan expuestas en la Recopilación de Indias, reformada por las leyes patrias de io de Junio de 1823 y 4 de Diciembre de i866; leyes las dos, generales de todo el país y no restringida a la provincia de Arauco.

11.    Tan evidente es la justicia de mis representados, que el juez titular de la causa, antes de ratificar las diligencias nulas, de notificación de la demanda, se hizo subrogar por otro; y antes que fallar la causa, se declaró implicado, so pretexto de haber expresado opinión. No que mi parte esté satisfecho con esta honradez negativa, pues debió esperarla positiva; sino que esto muestra, más patentemente que muchas consideraciones, la justicia que asiste a mí parte en el fondo. Con esto paso a las cuestiones de forma, que son por ahora lo principal de este memorial.

Principales defectos de forma de la tramitación

12.    La demanda solo expone lo que pide, y no bien; pues siendo el demandante, colindante del fundo Ralco, según su petición a la Comisión Radicadora de Indígenas, según su demanda no lo es. Pero esto importa menos. Mayor y más insubsanable defecto es no haber dicho la razón porque pide, ni contra quién pide. No dice la razón porque pide, pues no explica cómo, habiéndole vendido unos indígenas, (cuyo derecho era, como hemos visto insostenible), no demanda sin embargo a sus vendedores; ni explica cómo demanda a otros indígenas, verdaderos y reales poseedores, sin pretender siquiera que haya alguna relación entre ellos. Y lo más incorrecto de todo es la designación de los demandados: «los indígenas Ignacio Maripe, Tranamán y sus mocetones, que viven con ellos».

13.    Esta designación es completamente insuficiente. El cacique primero, según el documento de F. 25, se llama Ignacio Maripí. El indígena Tranamán, que en la notificación de F. i3 se llama cacique Tranamán o Curriáo, en la de F. 36 vta. se llama el cacique Bernardo Curriao. Y en cuanto a los mocetones, que en su memorial de F. 71 llama el Sr. Búnster «sirvientes o allegados» de los caciques, este es un error craso, que él mismo desmintió anticipadamente a F. 68, diciendo, que estos habían depuesto a uno de aquellos; y sería el colmo del absurdo que sus sirvientes pudieran deponer a un propietario. Si lo depusieron son condueños, y en efectos, como condueños los dan todas las leyes; y señaladamente la citada de i866, que entre muy minuciosas reglas los faculta para pedir partición de la comunidad de la reducción.

14.    Es pues inepta esta demanda por la falta de la enunciación, que le prescriben el N° 3 y el 4 del C. de P.C.6 Y es tan evidente esta falta, que ella se repite en la notificación de la demanda, corriente a F. 13. En la cual el ministro de fe incurrió en la ridiculez de ir eligiendo por sí y ante sí, a quienes debía notificar; y entre ciento cincuenta a doscientos indígenas, de los cuales ochenta eran hombres de armas tomar, eligió a ocho, y de los ocho apenas uno solo Ignacio Maripí se asemeja al indígena Maripe que iba a notificar. Pero todavía es más substancial defecto el de que, habiendo el juez ordenado notificar la demanda por medio del juez de subdelegación, la notificación la hizo el de distrito; y habiendo notado el Sr. Búnster la nulidad, en lugar de pedir al juez la repetición del acto, le pidió la sanease por un decreto, que la declarase bastante. Un juez subrogante dictó el inconcebible decreto de F. 15, que declaró saneada la nulidad; y este solo decreto justificaría el recurso de queja, que deduciré subsidiariamente.

15.    Una tercera incorrección es la de haber notificado por el estado a personas, que bien o mal notificadas, no se habían personado al juicio. Y la cuarta es haber sido fallada por un juez incompetente. Citadas las partes, supuestas litigantes, para sentencia; el juez, por auto de F. 31 dijo que se declaraba implicado «por haber manifestado opinión y no considerarse revestido de la debida imparcialidad». Pero en primer lugar el haber manifestado opinión es prueba de ser hablador, y no de falta de imparcialidad; y esta contradicción hace dudar mi parte, de que se haya manifestado esa opinión. En efecto ¿a quién se ha manifestado? No a mi parte, indígenas desconocidos del juez, y aún del Sr. Búns-ter, que ni el fundo que reivindica conoce. Por el contrario, relacionando esta declaración de implicancia, con la mal disimulada negativa del juez a proveer la extraña petición contraria de F.15, parece que por el contrario el juez era verdaderamente imparcial, y la implicancia por él alegada, insubsistente.

16.    De lo expuesto resulta, que tanto la expresada declaración, de saneamiento de la nulidad de la nulidad de la notificación de la demanda; cuanto el auto de declaración de implicancia, son absolutamente ilegales, y no han producido contra mi parte, que no tuvo conocimiento de ellos, efecto alguno. Especialmente, contra la declaración de implicancia alego, que el juez debió haber expresado, cuándo y ante qué personas y en qué precisos términos había manifestado opinión, para que se hubieran seguido las reglas de los incidentes, como lo exige el artículo 114 del C. de P.C.; y también alego, que conforme al inciso I. del artículo 126 del mismo, la causa debió haber permanecido en estado de citación para sentencia. Especialmente objeto también, a la pretensa subrogación legal de F. 15, que la circunstancia de haberse producido un hecho causante de esa subrogación legal, no está probada, ni aún mencionada en autos; y tampoco hace fe contra mi parte por no haberse puesto de ningún modo en su conocimiento. Para fallarse debe recibirse a prueba, porque mi parte la niega en absoluto; y también ha debido hacérsele saber quien era el nuevo juez.

Principales defectos de la sentencia, para el caso de los subsidiarios recursos de queja y de apelación

17.    Según lo expuesto casi no sería necesario exponer determinadamente los vicios de la sentencia, y voy solo a enumerarlos, para el efecto de los recursos subsidiarios de queja o de apelación; salvo el vicio de contradicción, que por su importancia absoluta expondré más extensamente. Esta sentencia debe dejarse sin efecto de oficio, conforme al Inciso 1. del artículo 941 del C. de P. C., por haber sido pronunciada por un juez incompetente, sin conocimiento alguno de mi parte.- Conforme al N° 5, concordado con el artículo 193, le falta la designación de los ciento cincuenta o doscientos indios de la Reducción demandada, es decir de los caciques y mocetones que la ley declara comuneros. En tercer lugar, conforme al Número 9, se ha faltado a la notificación de la demanda, que se hizo a otros que los demandados y por funcionario incompetente, y se han hecho notificaciones por el estado, improcedentes todas por no haber designación de domicilio. Y por último en cuarto lugar, esta sentencia contiene una decisión contradictoria, imposible de cumplir.

18.    Esta causal está contemplada en el Número 7 de dicho artículo, y debo tratarla con mayo detención, por no haber tenido lugar de hablar antes de ella. Evidentemente la forma de la demanda es indivisible. Si esta es inepta, se debe rechazar en todo y no dar lugar contra uno y rechazarla contra otros de los demandados; porque siendo estos comuneros, no se podría echar fuera del fundo a unos, dejando en él a los otros. Supongamos, que se quiere cumplir la sentencia contra el cacique Ignacio Maripi, a quien llama el Sr. Búnster, según parece, el indígena Maripe; ¿qué se sacaría en primer lugar con desalojarlo, cuando si él no era comunero en la reducción los otros lo eran por él? ¿Eso solo querría decir que los comuneros, en lugar de ser 200, serían 199, y mayor era simplemente la cuota que cada comunero debería defender. Contra el ataque del Sr. Búnster.

19.    Pero en segundo lugar, ¿con qué objeto, y aún más, como materialmente se va a acumplir la orden de desalojarlo? Bastaría que otro de los miembros de la reducción dijera, como lo dice mi parte desde luego: yo no quiero que este individuo salga del fundo común, para que la sentencia del juez no se pudiera cumplir. Porque el indígena, no mandado salir del fundo, es dueño; y el dueño en virtud de su dominio arbitrario, tiene derecho a retener a esa persona, y a las demás que se quiera en su propiedad. Es pues evidente, que tratándose de un fundo poseído por una reducción, o digamos por una comunidad, es una disposición no seria, sino absurda y contradictoria, la que manda desalojar de un fundo a dos individuos, dejando en él a ciento noventa y ocho; tanto porque con uno que quede , tan ocupada como antes queda la posesión; cuánto porque, es materialmente imposible cumplir la orden de expulsar a uno, si los otros con su pleno derecho de dominio, de posesión territorial, quieren retenerlo en él.

Notas

1Nosotros reproducimos la copia que se conserva en la Biblioteca Nacional de Chile. Agradecemos a Evelyn Anavalón quien dactilografió gran parte del documento en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Temuco.

2Molina, Raúl y Martín Correa. Territorio y Comunidades Pehuenches del Alto Bío-Bío. Santiago: CONADI, 1998. En especial ver pp. 77 a 134.

3También cabe mencionar las movilizaciones persistentes por recuperar tierras en la misma zona del valle del Queuco en las comunidades de Cauñicu, Malla Malla, Trapa Trapa, Pitril o Butalelbum. Una etapa importante en este proceso fue la constitución del Consejo de Autoridades Tradicionales del Alto Biobío en la década de 1990 con el apoyo del Consejo de Todas las Tierras (Ver al respecto: Mella, Eduardo y Fabien Le Bonniec. Cartas pehuenches (2002-2005), Annales de Déclassement, 2, pp. 399-417, 2006).

4Ppdo.: próximo pasado. Nota del editor.

5V. R.: Vuestra Reverencia. Nota del editor.

6C. de P. C.: Código de Procedimiento Civil. Nota del editor.

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