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Diálogo andino

versión On-line ISSN 0719-2681

Diálogo Andino  no.49 Arica mar. 2016

http://dx.doi.org/10.4067/S0719-26812016000100038 

ARTÍCULO

EL DETRIMENTO DE LA REAL HACIENDA, IRREGULARIDADES EN SU FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN. LA VISITA A LA CAXA REAL DE ARICA EN 1653*

THE DETRMENT OF THE ROYAL TREASURY, IRREGULARITIES IN ITS OPERATION AND MANAGEMENT. A VISIT TO LA CAXA REAL OF ARICA IN 1653

Carlos Choque Mariño y Alberto Díaz Araya**

* Publicación producida en el marco del proyecto FONDECYT 11130024 y Convenio de Desempeño en Educación Superior Regional UTA 1401, financiado por el Ministerio de Educación y la Universidad de Tarapacá.

** Universidad de Tarapacá, Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas. Arica, Chile. Correos electrónicos: cochoquem@uta.cl ; albertodiaz@uta.cl


Resumen: El presente artículo analiza el funcionamiento, los conflictos e irregularidades que afectaron a las Cajas Reales de Arica entre 1653 y 1654. Se busca con ello la identificación y análisis de los problemas administrativos y financieros que emergieron en la Real Hacienda de la ciudad, como también la caracterización de las anomalías detectadas por las autoridades limeñas. El resultado de la visita de Miguel Ruiz del Valle buscó la normalización del flujo tributario a la capital virreinal y una mejor gestión financiera de la mencionada caja en el corto y mediano plazo.

Palabras claves: Arica, real hacienda, tributos, cajas reales, corrupción colonial, norte de Chile.


Abstract: This article analyzes the conflicts and irregularities affecting the Royal Treasury of Arica between 1653 and 1654. Wanted thereby the identification and analysis of administrative and financialproblems that emerged in the Royal Treasury the city, as well as the characterization of the anomalies detected by the authorities in Lima. The result of the visit of Miguel del Valle Ruiz, seeking norma-lization of tributary inflow to the viceregal capital and improved financial management of that cash in the short and medium term.

Key words: Arica, royal property, taxes, royal treasury, colonial corruption, northern Chile.


Introducción

A inicios de la década de 1540 las autoridades españolas organizaron los territorios conquistados en el Perú, situación que generó las fundaciones de la Villa Hermosa de Nuestra Señora de la Asunta de Arequipa y más tarde de la ciudad de San Marcos de Arica1. No obstante, las disputas por las encomiendas, los intentos de regulación de los tributos indios y las rebeliones de Almagro El Mozo y más tarde de Gonzalo Pizarro y la muerte del virrey Blasco Núñez de Vela (Trelles, 1995; Barrios, 2004; Angeli, 2011), terminaron por retrasar los intentos de la Corona española por normalizar la administración de sus posesiones americanas2. Solo con la llegada del virrey Francisco de Toledo, en la década de 1570, generó un periodo de estabilidad política, centralización administrativa y tributaria en el Perú.

Una de las medidas que benefició a la ciudad de Arica fue la determinación del virrey Toledo en convertir al puerto en un lugar privilegiado del desembarco y trajín de azogue desde Huancavelica o Almadén, cuyo destino fue la villa real de Potosí (Figura 1)3. Consecuencia inmediata de las reformas toledanas fueron la creación de las Cajas Reales de Arica en 15874. Años más tarde, por estas cajas y aduanas de la ciudad, circularon una gran variedad de mercancías, productos y bienes con destino a la Audiencia de Charcas, como también en tránsito a la Capitanía General de Chile (Dagnino, 1909; Larrain, 1974; Casassas, 1974)5.

Figura 1. Partido de Arica en 1791. Archivo General de Indias, Mapa Perú-Chile, N° 122.

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Diversos estudios han revelado el funcionamiento de la economía colonial, la tributación indígena y las instituciones fiscales en el virreinato del Perú (Assadourian, 1982, 1989, 1994; Tandeter, 1983, 1987, 1995; Malagón, 2004; Salazar-Soler, 2009; Bonilla, 2011; Hidalgo, 1985; 1993, 2003), evidenciando las numerosas complejidades económicas y políticas de la época (Hidalgo, 1985, 1993 y 2003). En el contexto regional, la tributación indígena, la minería y fiscalidad han sido abordadas desde distintos enfoques analíticos, que han permitido la develación de aspectos desconocidos acerca del funcionamiento de la economía y comercio colonial que circuló por Arica y sus caminos reales entre el siglo XVI y XVIII (Araya, 2003; Hidalgo, 2004; Noejovich 2002 y 2009; Salles y Noejovich 2008; Gavira, 2007). En tales circunstancias, la identificación de los problemas tributarios derivados de las irregularidades administrativas y la negligencia de las autoridades locales incrementaron los conflictos entre los oficiales reales de Arica y las autoridades limeñas, incurriéndose, por ello, en varios juicios de residencias e investigaciones en las Caxas Reales. En consecuencia, el virrey del Perú se vio obligado a intervenir, designando al visitador Miguel Ruiz del Valle en 1653 (Figura 2). Si bien en Arica ya se había practicado una visita en 1643, realizada por Diego de Baños, esta solo tuvo relación con las Composiciones de Tierras legales e ilegales6 que realizaban los españoles en las tierras indígenas en la ciudad y sus anexos (Hidalgo et al., 1990).

Figura 2. Arica en 1565. Paolo Forlani, "Le desscrittioni di tutto il Peru, en 1565". Original pertenece a Colección Juan y Peggy Rada.
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En consecuencia, las faltas administrativas, la negligencia y el dolo se convirtieron en prácticas cotidianas de los funcionarios coloniales de la ciudad, ya que por dichas aduanas circulaban mercancías y tributos originados en el corregimiento y derivados de las transacciones con las ciudades y minas de la Audiencia de Charcas7. Entonces, ¿cuáles fueron los roles y funciones de los Oficiales Reales de Arica?, ¿cuáles fueron los resultados de la visita particular practicada a la Caja Real de Arica en 1653? y ¿cómo funcionó la administración de la Real Hacienda en Arica según la visita practicada por Miguel Ruiz del Valle?

Las evidencias documentales permiten identificar múltiples causas y factores que explican el surgimiento de dolo, fraude y corrupción en la administración colonial (Noejovich, 2002)8, como también los efectos de tales acciones en la población hispana e indígena de la jurisdicción. La finalidad de las medidas administrativas y judiciales de las autoridades virreinales buscó la normalización del flujo tributario hacia Lima, generando con ello la alternancia de sus oficiales reales y una fiscalización tributaria permanente, desmotivando temporalmente las prácticas de fraude y corrupción que mermaban las arcas fiscales. En este contexto, la hipótesis tiene en consideración el siguiente enunciado, la elite política de la ciudad de Arica estuvo implicada activamente en las prácticas de dolo, fraude y corrupción, generando varias estrategias económicas y administrativas que buscaban burlar el control de las autoridades limeñas, llegando a generar discursos y dramatizaciones narrativas en defensa de una honesta gestión de la Real Hacienda. Situación que colisionó con la agudeza de los visitadores del Tribunal de Cuentas de Lima, que buscaron hacer eficiente el flujo de tributos y excedentes económicos hacia la Corona española, llegando a tener un éxito temporal, que permitió cimentar las condiciones propicias para las reformas borbónicas en la Real Hacienda en el siglo siguiente. Por tal razón, nuestro objetivo es comprender cómo se gestionó la administración fiscal en las Cajas Reales de Arica, sus conflictos, las acciones legales y tributarias que fueron desarrolladas por los visitadores enviados desde Lima entre 1653 y 1654.

La organización administrativa y fiscal. Los oficiales reales de Arica

La legislación y administración indiana nacieron de los principios legales castellanos y evolucionaron adaptándose a la complejidad americana9. Debiéndose considerar además que la España de fines del siglo XV vivió un periodo de transformaciones institucionales, judiciales y tributarias a partir de las reformas impuestas por los reyes Isabel y Fernando, quienes proporcionaron el carácter de Estado Moderno a España (Sánchez-Arcilla, 2004; Martínez, 2004). Por ello, los intentos administrativos y jurídicos, que buscaron uniformidad de la institucionalidad colonial y reproducir así las formas de vida de la metrópoli, fueron proyectos que demoraron más de un siglo en afianzarse en el Nuevo Mundo10. De allí que la implementación de la Real Hacienda en las Indias Occidentales tomó un carácter público y centralizado, pues el Estado pasó a controlar todos los aspectos de la vida pública y privada de las colonias. Por tal razón, la Corona mantuvo ciertas prerrogativas, competencias y facultades en materias civiles, judiciales y económicas en sus nuevas posesiones territoriales.

En este contexto, los conflictos emergidos en Nueva España y Nueva Castilla fueron de tipo institucional y tributario, entre el poder estatal y los conquistadores que poseyeron ansias señoriales y que culminaron finalmente con las guerras civiles, la muerte del virrey Blasco Núñez de Vela y Villalba y la sucesión de cuatro virreyes entre 1546 y 155611. No obstante, la presencia estatal y tributaria en el Nuevo Mundo fue temprana, ya que cada hueste de conquista tuvo la participación de los llamados Oficiales de Entradas y Expediciones, quienes tuvieron por obligación defender los intereses del rey ante tan variopintas empresas de conquista (Mena, 1983; Martínez, 2004; Donoso, 2008). La fundación de ciudades y el desarrollo de una economía minera y agropecuaria llevó a las autoridades hispanas a cautelar el Patrimonio Regio. De esta manera, hicieron su aparición en el Perú los Oficiales Reales, quienes debieron supervigilar el cumplimiento de las bulas papales, reales cédulas y mercedes que se entregaron a los conquistadores. No obstante, la principal preocupación de estos oficiales fue la hacienda, en especial en aquellos territorios donde se descubrían e iniciaban las explotaciones mineras. Sin embargo, las políticas económicas de la Corona presentaron inconsistencias y descoordinaciones, enfrentando permanentemente a los oficiales reales con los mineros, a causa de las elevadas tasas y la deficiente distribución de la mano de obra indígena (Salazar-Soler, 2009). Todo ello, considerando que los virreyes del Perú del siglo XVII siguieron aplicando la doctrina toledana, que convirtió al Estado en el promotor del desarrollo de las colonias (Salles y Noejovich, 2008).

La creación de la Real Audiencia de Lima en 1542 dio paso a la aparición de los Oficiales Reales, que dependían administrativamente de esta institución, cuya máxima autoridad era el propio virrey12. Las obligaciones de los mencionados oficiales fue el cobro de los tributos y su administración, que debía ser informada periódicamente a la Audiencia de Lima (Romero y Contreras, 2006). Dichos oficiales fueron contadores, tesoreros, factores, veedores y pagadores; no obstante, fue común que en ciudades como Arica existiese un número menor de oficiales o que más de alguno realizase dos funciones simultáneamente. Los contadores, según Emilio Romero y Carlos Contreras, tuvieron por obligación llevar la cuenta general y calcular la hacienda, tanto en sus entradas y salidas. El rol del tesorero se limitó a la custodia de los ingresos y a realizar los pagos en las Cajas Reales, en los distritos de:

Nueftra Real Audiencia de Lima, la Caxa Real de aquella ciudad, fu termino, la del Cuzco, la de Arequipa, la de Truxillo, la de Guamanga, y Minas de Huancavelica, la de Arica, la de Cailloma, la de Bombon, la de Payta, la de Caftro Virreyna, la de Loja, y Zamora, y Minas de Zaruma, la de Guayaquil, la de Panamá, donde reside nueftra Real Audiencia, la de Santiago de Chile, y la de Concepción, que ambas fon en el distrito de nuestra Real Audiencia13.

Sin embargo, de acuerdo con el Libro VIII, Título VI, Ley VI de las Leyes de Indias; son estos oficiales los máximos responsables de la Real Hacienda, pues están mandatados a guardar las llaves de las Caxas Reales. El factor y el veedor tienen a su cargo el inventario de los bienes reales, la guarda de las armas; y el segundo, el cuidado de las provisiones, pertrechos y aparejos para el servicio real, como también de la supervisión de las fundiciones de metales14.

Con la finalidad de administrar el Patrimonio Regio y sus finanzas se crearon diversas Caxas Reales o Provincias de la Real Hacienda en cada virreinato y Audiencia del Nuevo Mundo. La instalación de las mencionadas Caxas se dio preferentemente en zonas mineras y portuarias (Sánchez Bella, 1968). En el territorio de estudio primeramente se creó el Corregimiento de Arica en 1565, bajo la administración del virrey Lope García de Castro, quien designó como primer corregidor a Francisco Rodríguez de Almeyda15. Las Caxas solo iniciaron su funcionamiento formal en 1587 y los Almacenes Reales en 1606 (Larraín, 1974: 218). Es importante señalar que tanto el Corregimiento y las Cajas Reales dependieron administrativamente de la ciudad de Arequipa16. El contador y tesorero de Arica percibieron "un salario anual de 400 pesos cada uno" (Málaga, 1975: 54). Los primeros oficiales designados por el virrey Francisco de Toledo fueron Pedro de Valencia y Juan de Arrieta, como tesorero y contador, respectivamente.

Los funcionarios reales debieron ser hombres con capacidad financiera para otorgar una fianza pecuniaria17, cuyo monto variaba según la provincia de la Real Hacienda. El que ejerció de Oficial Real requirió entonces de hombres letrados y de extrema confianza de las autoridades virreinales, considerando que dicha función era producto de una merced o un oficio vendible, pues los postulantes "adquirían sus cargos" (Malagón, 2004: 831). Un ejemplo de estas dinámicas coloniales fue la solicitud de Francisco Sarmiento de Sotomayor, quien pidió al virrey del Perú, el 14 de febrero de 1602, un título de Merced, que incluyese un hábito de alguna de las órdenes militares y del Corregimiento de Arica. La respuesta de las autoridades limeñas señaló lo siguiente: "Désele el corregimiento de Arica dejando la tesorería y cuando estuviere sirviendo su oficio podrá acordar allá el hábito, y si no aceptare con esto el corregimiento se me buelba la consulta de los que proponen que se pase luego a servir a la tesorería"18. Este tipo de solicitudes no solo se presentaron en el virreinato del Perú, sino también en España, donde el capitán Juan de Nava solicitó el 20 de febrero de 1619 que se le provea de "uno de los oficios de Oficial Real, de México o Cartagena, o uno de los Corregimientos de Arica, Saña, Paita o Loja"19.

En otras ocasiones la muerte del contador o tesorero obligaba a la Corona a nombrar un suplente, como Pedro Guerrero20, quien fue designado por orden del virrey Felipe de Borja y Aragón, conde de Rebolledo y príncipe de Esquilache, el 3 de mayo de 1620 por "la muerte de Cristóbal de Reynoso, vacio el officio de Tesorero de la Caxa de Arica"21. Esto último, a pesar de las reclamaciones de don Juan Bautista de Ureta, quien adujo ser el segundo de Reynoso y estar familiarizado con el cargo.

Los salarios fijados por la Corona fueron considerados como insuficientes por casi la totalidad de los oficiales reales, motivando algunas solicitudes para mejorar la condición económica, tal es el caso del capitán Gaspar de Castro, quien ejerció de contador de la Hacienda de Arica. Dicho oficial solicitó al virrey García Hurtado de Mendoza y Manríquez un incremento de sus salarios, el 28 de junio de 1594, ya que "estos son de quatro cientos pesos, acudiendo a la audiencia de los reyes para que se revisase la información de allí mismo y de la caristia de la tierra para que se le acrecentase [...] porque sirve con el mayor trabajo que tiene en aquel reyno"22. Agregando que con su sueldo debe sustentar armas, caballos y otros pertrechos de guerra y ayudar a los sesenta soldados de la ciudad. Las respuestas negativas de las autoridades limeñas a este tipo de solicitudes fueron generando un creciente descontento y odiosidades entre los funcionarios reales y sus superiores.

Las atribuciones administrativas y judiciales de los oficiales reales en materia tributaria eran amplias, pues no se limitaban solo a las cobranzas, ya que podían derivar a prisión a deudores y morosos. Dentro de las obligaciones de estos oficiales estuvo la de llevar los libros de Común y General, que fueron conocidos comúnmente como Cargo y Data (Romero, 1937). Igualmente, hubo libros de: Cédulas de Su Magestad, Deudas, Tasas, Comunidad, Libranzas, Fundiciones, Quintos, Oficios Vendibles, Minas, Huacas, Remaches y Libros de Salida de Navíos. Los egresos de la Real Hacienda debían estar previamente autorizadas por el virrey del Perú y el propio monarca. No obstante, el pago de los salarios, pensiones, justicia o mercedes, que estuviesen previamente establecidas por una Real Cédula, que señalaba además la periodicidad del pago y el tipo de metal (Romero y Contreras, 2006). Además, las obligaciones de tesoreros y contadores estuvieron establecidas en las Leyes de Indias, en el capítulo referido a los Libros Reales23. Asimismo, las mismas leyes establecieron ciertas prohibiciones, como la imposibilidad de tener propiedades o haciendas en su jurisdicción o cualquier tipo de negocios y la imposibilidad de realizar pagos o libramientos sin la autorización real (Lohmann, 1999; Bertrand, 1999). Junto al registro de las diversas partidas, los oficiales tuvieron por obligación la elaboración de informes contables y el envío de los excedentes a las Cajas Reales de Lima y más tarde, remitidas a España en abril y junio de cada año y más tarde, entre junio y septiembre en el siglo XVII.

Las visitas a las Caxas Reales de Arica en 1653 y 1654

El cobro de las rentas reales, ya sean tributos indios, alcabalas24, almojarifazgo y azogues, entre otros, tuvieron diversos grados de complejidad, pues los oficiales reales no solo tuvieron que preocuparse por el cuidado de la Real Hacienda, sino también tuvieron que procurar, junto al Corregidor, la existencia de los medios logísticos y recursos humanos para el traslado del azogue y ciertas mercancías y productos de interés real a la Audiencia de Charcas. Igualmente, dentro de sus obligaciones estuvieron la persecución de todo tipo de fraudes o ilícitos que perjudicasen las rentas de la Corona (Bertrand, 1999). No obstante, la existencia de obligaciones y prohibiciones no impidieron que dichos oficiales no cayesen en actuaciones al margen de la legalidad o fuesen directamente prácticas ilícitas según la legislación colonial.

Los actos ilícitos en la administración colonial se expresaron tempranamente en indias, por lo que se aplicaron las llamadas Visitas, cuya legitimidad se garantizó en las Bulas Alejandrinas (Malagón, 2004: 826). En virtud del Derecho Indiano fue el Consejo de Indias el que poseyó la atribución de requerir la realización de las Visitas Generales y Particulares (Herzog, 2000). No obstante, el virrey del Perú, con anuencia del consejo, también podía solicitarlas, en especial si estaban relacionadas con casos Particulares (Céspedes del Castillo, 1946.), como el comportamiento y la actuación de los funcionarios a cargo de la Real Hacienda (Gáldos, 1990)25. Además, el alcance de este tipo de visita fue limitado, ya que solo investigó "ciertas acusaciones y sospechas concretas" (Herzog, 2000: 6). Asimismo, las visitas buscaron cumplir con tres objetivos fundamentales: "limitar el poder de los funcionarios indianos, evitar los excesos y abusos de poder de las autoridades frente a los particulares, y controlar la corrupción" (Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998: 3250); con ello el Estado lograba imponer algunos ritos de control político y simbólico en las instituciones investigadas (Peytavin 1994).

Las Visitas a las Cajas Reales se iniciaban con el nombramiento de un funcionario de confianza de la Corona y que tuviese formación jurídica, hecho que le facultaba para emitir ordenanzas y dictámenes de orden judicial y administrativo, considerándose además la designación de un escribano, alguacil y contadores de cuentas (Sánchez Bella 1991). Debido a la importancia de la visita, estas fueron de carácter secreto26, pues se buscó impedir o limitar el encubrimiento de la información de la Hacienda, situación que llevaba consigo la incautación de los libros de la Caja Real27. Por lo demás, la realización de la visita no estuvo exenta a las recusaciones de parte de los oficiales, que haciendo uso de sus influencias y contactos en la capital virreinal buscaron proteger sus intereses políticos y económicos.

En 1653 el virrey del Perú, García Sarmiento de Sotomayor, segundo conde de Salvatierra y marqués de Sobrono, dictó una cédula para la aplicación de una visita a las Caxas Reales de Arica. Dicha visita se instruyó a causa de las reiteradas faltas u omisiones de los oficiales de Arica en la entrega de informes y diligencias para la mejora de la administración, ello debido a la permanente fuga de "plata piña" hacia los mercaderes extranjeros, cuyos buques recalaban en las cercanías de la bahía de Arica. Sospechándose además de la complicidad de las autoridades locales. Por tal razón, el virrey designó al Contador del Tribunal de Cuentas de Lima28, Miguel Ruiz del Valle, para la inspección y visita de la Real Hacienda en Arica29. Por ello los informes del visitador no solo fueron dirigidos al virrey, sino además al Consejo de Indias, ello según las ordenanzas del rey. Otra causa inmediata de la visita fue el creciente problema financiero que comenzó a afectar al virreinato del Perú, obligando a las autoridades a crear nuevos impuestos, aumentando la fiscalización hacia los mercaderes, terratenientes y realización de auditorías de las Cajas Reales y en especial a las Cajas Mineras como Arica (Andrien 1981).

A la llegada de Miguel Ruiz del Valle a la ciudad de Arica se impartieron varias ordenanzas, solicitándose la exhibición de los libros y en especial de las deudas existentes con las cajas reales. La orden del visitador, señala: "Mando que el contador don Luís de Ávila y el tesorero Luís Díaz de Medina jueces oficiales de la Real Caxa entreguen a mi escribano todas las escrituras, fechas y fallos"30. La respuesta de los oficiales de Arica fue contraria a los pedidos del visitador, pues solo se limitaron a entregar algunas cartas de recomendación de los Oficiales Reales de Arequipa, quienes daban fe de la buena administración de la Real Hacienda. Tras meses de indagación, Miguel Ruiz del Valle propuso al virrey el cambio de todos los Oficiales Reales y escribanos de Arica, solicitándole poderes y atribuciones para mejorar la administración de la hacienda pública31. Por ello, el 5 de noviembre de 1653 el virrey autoriza la designación de nuevos escribanos y se otorga la facultad al visitador para nombrar a don Diego Diez Quebrado como adjunto para la realización de nuevas entrevistas y pesquisas, mas no procedió con el cambio del contador y el tesorero32.

El 30 de marzo de 1654 un informe elaborado por Miguel Ruiz del Valle da cuenta de las inconsistencias existentes en los informes de los oficiales de Arica, pues no coincidieron las partidas de azogue provenientes del Callao con los ingresos a la Real Hacienda, sospechándose que Luis de Ávila y Luis Díaz de Medina estuvieron implicados en el negocio del azogue. Los argumentos del visitador para tales sospechas fueron que los mencionados oficiales desoyeron reiteradamente las instrucciones y recriminaciones del virrey Pedro Álvarez de Toledo y Leiva respecto de la administración de la hacienda, pues se identificaron 36 cartas que el visitador reconoció del excelentísimo señor marquez de Mancera33. Una de las pruebas presentadas por Ruiz del Valle fueron correspondencias y documentos aduaneros, que dan cuenta de los volúmenes de azogue embarcados en el Callao y que fueron desembarcados y registrados en Arica. Una carta emanada en Lima señala que el capitán Andrés de Aguilar sale del:

Puerto de Callao como otros bienes a cargar en Chincha quatro mill quintales de azogue que he mandado conducir al puerto para que les de mill y quinientos de ellos, hagan que se lleben a Potosí y las otras mill a la Caxa de Carangas34.

Por tanto, se evidenció que no había una correlación financiera de las salidas del Callao con lo registrado en Arica y lo recibido en las Cajas Reales de Carangas, La Paz y Potosí. Las presunciones del contador de Tribunal de Cuenta de Lima se basaban igualmente en el gran escándalo liderado por el exalcalde de Potosí, Antonio Gómez de la Rocha, quien falsificó y adulteró masivamente las Cecas de plata en la Casa de Moneda de Potosí, siendo juzgado y ejecutado en 165435.

Otras indagaciones practicadas por Ruiz del valle fueron los testimonios del Escribano en Minas de la ciudad, Alonso del Campo, quien informó que no existieron inventarios entre los papeles de la Caja Real, los Almacenes y Contadurías, siendo que por ordenanzas estos debieron estar consignados en cada uno de ellos. Evidenciándose también la ausencia de los Libros Comunes de la caja y que "faltan de ellas los comunes y manuales del tesorero Juan de León y Pardo y del contador Antonio Pérez"36. Igualmente se notó la ausencia parcial de los Libros de Cuentas de 1636 a 1640. Notándose con ello importantes vacíos de información por la falta de registros contables que dieran cuenta del estado real de la Hacienda. Dicha situación contravenía seriamente el Libro Octavo, Título VII "De los Libros Reales" y las leyes II y III, de la Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Indias, que obligaba a los Oficiales Reales a llevar el Libro Común, con páginas numeradas o foliadas, rubricadas y ordenadas por días, meses y años. Se desconoce también si los oficiales de Arica llevaron al día los Libros de Denuncias de Descaminados y Contrabandos, debido al desorden existente37.

Las conclusiones de la visita dieron cuenta que el contador y el tesorero de Arica solo enviaban una información segmentada y parcializada, hecho que originó registros incompletos. Dicha debilidad institucional y los supuestos bajos sueldos fueron aprovechados por los hombres de negocios que circularon por Arica en detrimento de la Hacienda. Por ello, las desconfianzas de la capital virreinal se produjeron porque los ingresos provenientes de la actividad minera de Potosí y Oruro, y los ingresos a la Real Hacienda de Arica, fueron disimiles. Además, el Consejo de Indias desde 1626 ya había sido advertido de la elusión de los registros contables en diversas cajas reales del Nuevo Mundo38, llegando a tolerar esta práctica sin tener en cuenta que luego sería generalizada. En consecuencia, Miguel Ruiz del Valle debió iniciar acciones judiciales urgentes para limitar estas prácticas, iniciando por ello un auto de juicio contra Luis de Ávila el 16 de junio de 165339.

Administración y funcionamiento de las Caxas Reales de Arica

Las indagaciones realizadas por Miguel Ruiz del Valle no solo encontraron graves faltas en la administración del azogue, sino también en el funcionamiento general de las Caxas Reales, pues las auditorías practicadas revelaron que había una deuda de 21.081 pesos y 70 reales, que fueron contraídos por particulares con la Real Hacienda en los años precedentes (Tabla 1). Situación que contravino las instrucciones emanadas por la ley IV, que dice relación a "que las hazienda real fe cobre de contado, pena de quarto tanto"40. Las deudas correspondieron a alcabalas, composiciones, estancos, oficios vendidos, donativos, bienes franceses, haciendas y tributos de los indios de Tarata y Putina41

Tabla 1. Informe de deudas en la Caxa Real de Arica.

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Las pesquisas realizadas por Ruiz del Valle demostraron que las deudas de los naturales de Tarata y Putina habían sido pagadas por sus indios principales, pero no ingresadas a la Caxa por el Corregidor Luis de Esquivel Soto, quien había fallecido en 1653. No obstante, las deudas del Maestre de Campo Esquivel Soto, "Corregidor y Juez Mayor fue destacado ilustrado ya difunto, y sus bienes deven seiscientos y sessenta y dos pesos y seis reales sus deudos han dicho que son los tributos de Tarata y Putina corridos desde fin de junio de seiscientos cincuenta"42.

El 26 de junio de 1653 el visitador redactó una nueva acusación en contra del contador Luis de Ávila por el incumplimiento de las ordenadas estipuladas para el manejo de los Libros Reales acerca del cobro de la hacienda. Informando al virrey García Sarmiento de Sotomayor que no realizaron los cobros de alcabalas de tierras, composiciones y otros derechos reales, aduciéndose además que se había pagado solo una ínfima cantidad. Advirtiendo al virrey que las deudas aumentaban en la medida que continuaban las auditorías, pues a fines de junio la deuda impaga ascendió a 25.575 pesos (Tabla 2). Procediéndose a realizar una investigación en el registro del escribano de Tacna43, Alonso del Campo, debido a la adquisición de tierras de los oficiales reales en los valles de Tacna y Sama. Adicionalmente, Ruiz del Valle entrevista a los morosos de la Hacienda Real, para luego realizar la cobranza de lo adeudado.

Tabla 2. Montos adeudados a las Caxas Reales de Arica en junio de 1653.

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A comienzos de 1654 el visitador interrogó extensamente al tesorero Luis Díaz de Medina y a treinta testigos avecindados en Arica y Tacna, de estos, once lo hicieron en calidad de testigos anónimos, pues fueron pesquisas secretas44. El interrogatorio incluyó unas 50 preguntas respecto del funcionamiento y administración de las cajas, como también referidas al comportamiento de los oficiales. Igualmente se agrupó las interrogantes dependiendo del tipo cargo y ramo. Respecto de las tasas de los indios de los cacicazgos de Codpa (Choque y Pizarro 2012; Muñoz y Choque 2013.)45, Ilabaya, Tacna y Tarata, se preguntó a los testigos, "¿si saben an cobrado la tasa que deben pagar los mulatos y naturales en rason de las cédulas que están ilustradas?"46. Parte importante de los entrevistados dijo, que:

No sabe si han hecho diligencias los oficiales en el cobro de las tasas a mulatos, negros o indios"; "no sabe si cobran la tasa de mulatos, negros e indios, aunque hay algunos en esta ciudad"; "no sabe si le han cobrado a los naturales, pero si a los negros y mulatos"; "no sabe ni a llegado a saber si han hecho los cobros", o "no sabe nada de lo hecho47.

Solamente Leonardo Ortiz, Nicolás de Iriarte, Juan Fernández Corvacho y dos testigos anónimos afirmaron ver visto y oído que el corregidor y los oficiales reales cobraron las tasas.

Respecto de los otros ramos de la Real Hacienda, como alcabalas y quintos reales, las preguntas fueron:

¿Si saben si los dichos escrivanos an echo las bisitas de las naes como oficial real que decepciona la gente estando dentro de ellos y no a la legua del agua...?, ¿Si saben que los escrivanos o alguno dellos noan dado testimonios que las gentes les piden en negocios que aian tenido con la Caxa Real?; ¿Si saben an sacado plata de la Real Caxa en compañía de los oficiales reales para hacer y contratar comercios? y; Si saben la razón de los despachos de la real hacienda, bisitas de navios, fletamientos, registros y otros despachos de cargo pertenecientes a la real hacienda?48.

Otras interrogantes hicieron explícita mención al manejo del azogue de su Magestad, llegándose a descubrir que los oficiales Antonio de Aguirre, Fernando de Ulloa y Lucas Tian García participaban activamente en el tráfico de azogue y plata, hecho que coincidió con la corrupción generalizada que se produjo en Potosí a mediados del siglo XVII, pues mineros, azogueros y oficiales del rey realizaron fraudes y manejos ilícitos del azogue, afectando así las rentas reales (Noejovich, 2002). Por tanto, fue imposible que no hubiese irregularidades administrativas en el principal puerto del azogue de Potosí.

En consecuencia, la visita practicada por Miguel Ruiz del Valle vino a corroborar la existencia de una práctica generalizada de desórdenes administrativos, fraudes, ilícitos y corrupción de los oficiales reales de las Caxas de Arica, y advertida tempranamente por los virreyes Pedro Álvarez de Toledo y Leiva y García Sarmiento de Sotomayor. Por ello, la realización de la visita tuvo por objeto el retomar el control de la Real Hacienda y terminar con los ilícitos, sometiéndose a juicio a los implicados. La realización de auditorías financieras a los libros de Cargo y Data, el cruzamiento con la información de las Caxas de Carangas, La Paz y Potosí y la realización de pesquisas e interrogatorios, dio como resultado la identificación de los oficiales reales que cometían irregularidades con el trajín del azogue. Además se develó la existencia de una red de protección de los oficiales, pues se enviaron un número importante de cartas en defensa de los funcionarios de Arica y de recusaciones por el actuar del visitador desde las ciudades de Arequipa, Potosí y la misma capital virreinal.

Respecto del funcionamiento y administración de las Caxas Reales de Arica, se puede concluir que hubo una voluntad premeditada para afectar la Real Hacienda, ya que hubo participación de todos los oficiales de Arica y demás vecinos de la ciudad, pues parte importante de ellos participaron del trajín del azogue y mercancías a Potosí. El resultado de tales prácticas fue la omisión de las normas legales y morales, el debilitamiento de las instituciones indianas y la existencia de un consenso generalizado y permisividad de tales ilícitos. Situación que permitió que el contador Luis de Ávila siguiese ejerciendo sus funciones en 1660, pues la sentencia acusatoria solo se conoció en 1664. Una estrategia común de los oficiales reales implicados en negocios ilegales fue la venta o traspaso de sus haciendas y negocios a parientes con la finalidad de burlar la intervención del visitador, en este sentido, se desconoce si el contador Luis de Ávila realizó tales acciones.

La situación privilegiada de estos oficiales les permitieron beneficios adicionales, ya que sus allegados y familiares accedieron a precios ventajosos en los negocios o simplemente al cobro de dádivas y sobornos, construyendo además un complejo tejido de solidaridades y asistencias mutuas. Esto último a pesar de las limitaciones legales existentes en todo el virreinato. Siendo por ello muy complejo para el visitador descubrir a todos los integrantes de las redes ilícitas y sociales para la reconstrucción de las actividades financieras y económicas de los oficiales investigados.

Comentarios Finales

Las autoridades hispanas realizaron denodados esfuerzos administrativos, judiciales e institucionales para controlar las diversas provincias de las indias occidentales, aplicando para ello una legislación indiana que fue evolucionado según los requerimientos de la casa de Habsburgo, las nuevas concepciones de Estado moderno y las propias complejidades de la realidad americana. Así, la implementación de normas de regulación, administración y funcionamiento de la Hacienda Real en las colonias buscaron cautelar y proteger el Patrimonio Regio, pero sus resultados fueron descoordinados e inoperantes. Por ello, el nombramiento de los Oficiales de Entradas y más tarde Oficiales Reales y la creación de las Provincias de la Real Hacienda fue un intento temprano para generar un aumento de la recaudación tributaria, la limitación de la evasión y elusión fiscal y evitar de esta forma la corrupción de los funcionarios que estuvieron al servicio de la Corona.

Si bien las visitas generales y particulares tuvieron por objetivo conocer la realidad de las provincias y, por otra parte, juzgar la actuación de las autoridades coloniales, ya sea en materia administrativa, política o moral. Por tal razón, los abusos de poder, excesos, corrupción y los comportamientos inmorales fueron sancionados tal como le ocurrió un siglo después al Corregidor de Arica Miguel Salcedo, quien fue obligado a renunciar en 1770 y condenado a purgar 10 años de prisión en Ceuta, por el delito de bigamia49. El inicio de juicios en contra de los oficiales reales no implicaron la inmediata destitución, pues estos valiéndose de una extensa red de contactos y protectores lograban interponer recusaciones o pleitos en contra de los visitadores, dilatando la dictación de sentencias. Además, las visitas perdían el carácter de secreta, pues se filtraba dictación desde la propia Audiencia de Lima y, por otra parte, las visitas no eran del todo eficientes, pues en muchos casos los denunciados y los visitadores terminaban generando acuerdos personales y de beneficio mutuo.

En el caso de Miguel Ruiz del Valle, quien tuvo por misión evitar la fuga de la plata a los mercaderes extranjeros, el tráfico del azogue e imponer orden en la administración de la Hacienda Real, todo ello después que los virreyes del Perú no pudiesen imponer su autoridad sobre los funcionarios reales de Arica, que más bien respondían a los ricos comerciantes y mineros de Lima y Potosí, que impusieron sus propias agendas y proyectos económicos en la región. Los resultados de la visita a las cajas reales evidenciaron que los oficiales de la ciudad actuaron con cierta autonomía y licencia, pues también desoyeron las instrucciones iniciales del propio visitador. La realización de auditorías a los libros comunes, la aplicación de pesquisas e interrogaciones secretas y el cruzamiento de la información con otras cajas del virreinato proporcionaron los antecedentes necesarios para la realización de las acusaciones judiciales en contra del contador Luis de Ávila. En consecuencia, el contador fue acusado de negligencia y dolo en la administración de la contabilidad de la caja real, además se le imputó, junto a otros oficiales, por su participación en el tráfico del azogue, plata piña y por el descuido del cobro de otros tributos, afectando así los ingresos de la Real Hacienda. Asimismo, Miguel Ruiz del Valle logró identificar la asistencia de bienes raíces y negocios de los Oficiales Reales de Arica, situación que contravenía los instructivos de las leyes indianas. Es decir, el visitador pudo confirmar hechos delictivos y reportarlos al virrey y al Consejo de Indias. Las sanciones que se impusieron con mayor frecuencia por tales actos fueron multas y suspensiones temporales de los oficios. Excepcionalmente, el Consejo imponía suspensiones definitivas o traslados a otras jurisdicciones, después de un largo tiempo de deliberaciones.

La recaudación y declaración parcial de ciertos ramos de los tributos evidenciaron que las autoridades ariqueñas generaron ciertas estrategias administrativas con la finalidad de encubrir el dolo, los ilícitos y los beneficios personales que obtenían durante el ejercicio del cargo, y que también beneficiaron a los comerciantes, terratenientes y mineros. En este aspecto, es admisible señalar que la corrupción en Arica fue consecuencia del activo comercio del azogue, plata y una diversidad de mercancías suntuarias como espadas de Toledo, tejidos de Nápoles, pinturas y lienzos de Roma, diamantes de Arabia, loza de China y pimientas de las Molucas, entre una larga lista de productos que circularon por el puerto durante el siglo XVII. Los supuestos bajos sueldos, la ausencia de una fiscalización efectiva a las autoridades locales y la propia codicia de los oficiales fueron generando un paulatino fraude y luego corrupción, que se desarrolló en complacencia de otras autoridades civiles y religiosas de Arica, que también se vieron involucradas en las redes clandestinas del tráfico de la plata, azogue y demás actividades comerciales de ultramar, esto a pesar, que se les estaba estrictamente prohibido a ellos y a los miembros cercanos a su familia, según las normas del Derecho Indiano.

En tales circunstancias, en los años posteriores se instruyeron algunas visitas particulares que buscaron limitar las irregularidades y la corrupción, por ello, en 1660 el virrey del Perú, Luis Henríquez de Guzmán, instruyó al Corregidor de Moquegua, Andrés del Castillo Ayala50, la realización de una visita las cajas reales de Arica. Transcurridos siete años de la visita de Ruiz del Valle, la auditoría financiera practicada reveló una mayor cantidad de información y antecedentes de las transacciones que se realizaban en el puerto, evidenciándose con ello un aumento de los ingresos de la Corona. Igualmente, el corregidor de Moquegua reconoció que hubo un esfuerzo importante en el registro de los impuestos recolectados. Con similares fines en 1689 se designó al licenciado Rodrigo Navarro Mendoza para que realizara una visita secreta a los navíos de azogues que salían desde el Callao hacia Arica51. Sin embargo, la visita de Andrés del Castillo Ayala no pudo evitar que durante la segunda mitad del siglo XVII reaparecieran el fraude y el dolo, produciéndose además la devaluación de la Ceca limeña y potosina, producto de la disminución de la plata. Todos estos hechos terminaron generando una crisis financiera en el Perú, el reino de España y en todo el comercio europeo, pues los canales informales o ilegales de comercialización se masifi-caron y la evasión fiscal fue descomunal (Figura 3). Igualmente, la disminución de la población indígena de la costa peruana y Arica (Choque, 2009; Muñoz y Choque, 2013) contribuyeron al aceleramiento de la crisis económica. Por tanto, ante la existencia de finanzas negativas la Corona se vio obligada a imponer nuevos gravámenes y a veces incautaciones de plata o mercancías a los mercaderes del Perú, como ocurrió en 1656.

Figura 3. Macuquina 8 reales. Acuñación de presentación, Felipe IV, 1659 V, tipo "Estrella de Lima", marca de ceca Lima (Serie IA), rara, mejor ejemplar conocido, ex "naufragio Júpiter" de 1659. Original pertenece a Daniel Frank Sedwick LLC.

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El 30 de marzo de 1660 se aplicaron las nuevas disposiciones de la Real Cédula para el transporte de caudales a España, evitándose de esta forma el registro en el Consulado, los ingresos de los dineros particulares a la Casa de Contratación y el pago de averías52. La medida buscó disminuir el fraude en las colonias y fomentar el comercio con la metrópoli y dinamizar, con ello, la alicaída economía peninsular, que tenía serios problemas para acceder al dinero. En este contexto de apremios financieros, se vendieron a los mercaderes limeños títulos de caballeros de la Orden de Santiago, de Calatrava y de Alcántara, terminando algunos de ellos radicados finalmente en Arica.

En el siguiente siglo la situación no parece haber cambiado substancialmente, pues el virrey del Perú, Diego Ladrón de Guevara Orosco Calderón, en 1714, recriminó a los Oficiales Reales de Arica por la venta dolosa de barras de plata piña o pastas a los franceses a elevados precios, afectando a los derechos y arcas reales53. Finalmente, es importante señalar que la aplicación tácita de las normas establecidas en la legislación indiana no fue posible porque hubo cierta tolerancia con las prácticas fraudulentas. Dicha permisividad se debió en gran medida a la participación de los oficiales reales y demás autoridades coloniales en los negocios e ilícitos que afectaron la Real Hacienda. Además, los acusados podían estar relacionados parentalmente con los oidores de la Audiencia de Lima, situación que les permitió anticipar la acción del visitador. Por otra parte, la negligencia, incapacidad y falta de rectitud de los jueces en el virreinato peruano y en la Corte de Sevilla, contribuyeron a que apoderados, abogados y ministros intercedieran por los acusados por medio de sobornos y que finalmente terminaran controlando el procedimiento judicial o dilatando su veredicto. Los aspectos positivos de las visitas fueron la generación de instrumentos idóneos de fiscalización y la generación de una información más viable, que permitió las posteriores reformas administrativas y políticas en las instituciones coloniales, como el Consulado y el Tribunal de Cuentas de Lima.

Finalmente, concluir que a lo largo del siglo XVII los oficiales reales tuvieron un poder concreto en la economía regional y colonial, basándose en la extensión de sus relaciones de parentesco y círculos de allegados, que obtuvieron un marcado prestigio social y, con ello, muchas oportunidades comerciales, favoreciendo también los intereses de sus poderosos protectores y parientes. Por ello, el acceso al ejercicio de oficial de la Caxa Real de Arica fue de suma importancia, pues la ciudad estaba ubicada en una privilegiada intersección del comercio colonial y que posibilitaba importantes ganancias personales, pero en detrimento del buen funcionamiento y administración de la Real Hacienda.

Notas

1 La fundación de la Villa de San Marcos de Arica fue realizada por Lucas Martínez de Vegazo, el 25 de abril de 1541.

2 Tras la muerte de Blasco Núñez de Vela y Villalba en 1546 este fue sucedido por distintos Oidores de la Audiencia de Lima: Pedro de La Gasca (1546-1550), Andrés de Cianca (1550-1551), Antonio de Mendoza y Pacheco (1551-1552), Andrés de Cianca (1552-1553) y Melchor Bravo de Saravia y Sotomayor (1553-1556).

3 La política toledana, además, buscó el desarrollo institucional y material del virreinato, por lo que Arica se benefició de las ordenanzas para las minas de plata de Potosí y Porco.

4 José María Casassas consigna además que las Cajas Reales fueron trasladadas por los años 1717 a 1719 a Tacna, aunque el tráfico siguió haciéndose, naturalmente, por el puerto y ciudad de Arica. Por ello, por la ciudad circuló todo aquello que la plata de Potosí podía comprar.

5 Efraín Trelles, consignó en capítulo II que la ciudad de Arica y la Encomienda de Lucas Martínez de Vegazo estaban en la ruta de Chile y, por tal, la decisión de apoyar la causa del rey en 1541 era esencial para proteger sus propios intereses frente a las pretensiones de almagristas conocidos como "Los de Chile".

6 Las primeras "Composiciones de Tierras" en Arica se comenzaron a aplicar desde 1591.

7 La ciudad de Arica, dependiendo administrativamente de Arequipa durante el periodo colonial y republicano peruano. Su ubicación le permitió ser ruta obligada entre el comercio marítimo de Lima y Chile, como también fue puerto principal para el azogue de Huancavelica y plata de la Villareal de Potosí.

8 Héctor Noejovich propuso una interesante discusión acerca del fraude y corrupción colonial en el artículo "El consumo de azogue: ¿Indicador de la corrupción del sistema colonial en el virreinato del Perú? (siglos XVI-XVII)".

9 A finales de la Edad Media la monarquía española estaba en disputa con la nobleza y la Iglesia por los asuntos tributarios, pues la Corona solo tenía un rol secundario en la recolección de los impuestos y exacciones, pues el "Patrimonio Regio", en términos prácticos, era ejecutado por la nobleza, debilitando de esta manera el poder real, ello hasta el advenimiento de los reyes católicos.

10 Las Leyes de Indias fueron promulgadas mediante real cédula el 18 de mayo de 1680.

11 Estas se dividen en: La guerra entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro el Viejo (1537-1538); La guerra entre Diego de Almagro el Mozo y Cristóbal Vaca de Castro (1541-1542); Las guerras de Gonzalo Pizarro (1544-1548) y La guerra de Francisco Hernández Girón (1553-1554).

12 "... y tengan muy efpecial cuidado del buen tratamiento, conservación y aumento de los indios, y efpecialmente del buen recaudo, administración, cuenta y cobranca de nueftra Real hazienda, y en todas las cofas, cafos y negocios, que fe ofrecieron, hagan lo que pareciere y vierenque conviene...». Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Indias (1680)", Libro III, Título III, Ley II.

13 Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Indias (1680), Libro VIII. Título VI, Ley VI.

14 Los Cargos de veedor y factor fueron eliminados paulatinamente a partir de la ordenanza del emperador Carlos I, en Valladolid a 28 de marzo de 1549. De Felipe II en Aranjuez a 4 de enero de 1563 y el 1 de diciembre de 1573, hecho que tardará en materializarse en las colonias, por la resistencia de las autoridades locales y por la demora administrativa en las diversas colonias y provincias en las Indias Occidentales.

15 Un minero portugués, que trabajó las minas de Huantajaya en las cercanías de Tarapacá.

16 La Villa Hermosa del Valle de Arequipa fue fundada por Garci Manuel de Carvajal, tuvo tempranamente el funcionamiento de las Cajas Reales, que fueron fuente de disputas en las guerras civiles, pues es factible recordar que el propio Lucas Martínez de Vegazo, en calidad de corregidor y capitán general de la provincia de Arequipa, utilizó 40.000 pesos de dichas cajas para ir en auxilio de Gonzalo Pizarro en 1547.

17 Ver Leyes de Indias, Libro VIII, Título IV, Ley II. Desde un punto de vista jurídico y administrativo, estos oficiales dependieron del Consejo de Indias.

18 Archivo General de Indias (en adelante AGI), Panamá, 1. N.163, Solicitud de título de Merced que solicita Francisco Sarmiento de Sotomayor.

19 AGI, Panamá, 34A, N.32, Cartas y expedientes de oficiales reales: Panamá y Portobelo.

20 AGI, Charcas, 66, N. 30, Confirmación de Oficio: Pedro Guerrero.

21 Idem.

22 AGI, Charcas, 37, N.1, Cartas y expedientes de oficiales reales.

23 Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Indias (1680), Libro VIII, Titulo VII, Leyes I a XXXIV.

24 Las alcabalas se comenzaron a cobrar durante el gobierno de Francisco Pizarro y consistió en el 2% para el tráfico interno de mercancías y de 5% para la coca. El almojarifazgo, los derechos aduaneros de entrada y salidad, igual se aplicaron en el gobierno de Pizarro.

25 Según Guillermo Gáldos, las primeras visitas a los oficiales reales del virreinato del Perú se produjo en Arequipa por orden del presidente y oidores de la Audiencia de Lima en 1564, afectando a los oficiales Manuel de Espinar, Diego Mercado y Juan Guzmán.

26 Durante la realización de la visita los testimonios de los testigos eran tomados con sigilo, ocultándose la identidad de los declarantes. Sin embargo, en ciertas ocasiones el visitador podía revelar el nombre de los testigos, tal como lo informó Herzog al citar el caso de Juan Pío Montúfar y Fraso en Quito.

27 La incautación de los libros de la Caja Real constituyen en sí una medida cautelar.

28 El Tribunal de Cuentas de Lima fue creado por el rey Felipe II en 1605. La finalidad de este tribunal fue corregir el desorden financiero del virreinato del Perú y establecer el control sobre las Casas de Moneda de Lima y Potosí. Es importante recalcar que los oficiales reales tenían que rendir cuentas en el Tribunal y el virrey no podía tomar decisiones financieras sin la aprobación del Tribunal de Cuentas de Lima.

29 AGI, Escribanía, 568 A, Visita a las Caxas Reales Arica.

30 AGI, Escribanía, 568 A, Visita a las Caxas Reales Arica, fojas 131-139.

31 AGI, Escribanía, 568 B, Visita a las Caxas Reales Arica, fojas 1-9.

32 Idem, foja 19.

33 AGI, Escribanía, 568 A, Visita a las Caxas Reales Arica, f.159-161. En carta del marquez de Mancera, emitida en 1645, es decir, con nueve años de anterioridad, responde y recrimina a los oficiales de Arica, pues la carta dice: "en la segunda respondeis al cargo que les hice de no haber le remitido con puntualidad el año pasado los azogues que le despacharon con destino Oruro y La Paz y haviendo bisto lo que en la materia de ello resulta [...] no son puntuales y diligentes con las obligaciones".

34 AGI, Escribanía, 568 B, Visita a las Caxas Reales Arica, foja 52.

35 La ceca de plata fue una moneda que se elaboró en Lima y Potosí desde 1573 y 1575, respectivamente.

36 AGI, Escribanía 568A, Visita a las Caxas Reales Arica, foja 189.

37 Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Indias (1680), Libro Octavo, Título VII, Ley VIII "Libro de denuncias de Descaminados y Contrabandos".

38 Las denuncias de fraude y corrupción también se produjeron escandalosamente en la Audiencia de Panamá, donde los oficiales reales ganaban alrededor de 30 a 40 mil pesos, según los estudios de Margarita Suárez en el año 2009. Ver también, AGI, Panamá, N. 70, Gran escándalo de semejante resolución por dos oidores licenciados criollos de las Yndias.

39 "[.] En la ciudad de San Marcos de Arica del Perú, dies y seis días del mes de junio año de mill y seiscientos cincuenta y tres. Le notifique el auto juicio según y como en el se contiene al señor contador don Luis de Ávila juez y fiscal de la caxa al formar de esta dicha ciudad en su persona y de ello doy fé Nicolás de Pastor escribano público en la Ciudad de san Marcos de Arica". AGI, Escribanía, 568 A, Visita a las Caxas Reales Arica, foja 199.

40 Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Indias (1680), Libro VIII, Título VIII, Leyes I al XXXVII, "De la Administración de la Real Hazienda".

41 Tarata y Putina en el siglo XVII, estuvieron adscritos al Cacicazgo de Tacna.

42 AGI, Escribanía 568B, Visita a las Caxas Reales Arica, fojas 52-57.

43 La ciudad y valle de Tacna se encuentran ubicados a unos 50 kilómetros al norte de Arica.

44 AGI, Escribanía, 568 A, Visita a las Caxas Reales Arica, foja 710.

45 Rómulo Cúneo Vidal, señaló que el Cacicazgo de Codpa, se llamó inicialmente Cacicazgo de Chacalluta, Lluta y Umagata. Luego recibió el nombre de Azapa y Lluta y promediando la visita de Miguel Ruiz del Valle pasó a llamarse Cacicazgo de Codpa.

46 AGI, Escribanía, 568 A, Visita a las Caxas Reales Arica, foja 588.

47 Ídem, foja 588.

48 Ídem, fojas 619-733.

49 AGI, Lima, 652, N.180, Carta de Manuel Amat y Junyent, Virrey del Perú, a Julián de Arriaga, Secretario de India, Dicha carta comunica que Miguel Salcedo, quien fue corregidor de Arica, fue condenado por el Tribunal de la Santa Inquisición y embarcado en la fragata Liebre para el cumplimiento de su condena.

50 AGI, Escribanía, 568 B, Visita a las Caxas Reales de Arica, fojas 1-21.

51 AGI, Contaduría, 393, Visita a los navíos de azogue.

52 AGI, Escribanía de Cámara, 516 A, Sobre el indulto y la forma de la paga de averías.

53 AGI, Charcas, 490, Informe de O'Brien.

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Archivos y fuentes primarias

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Archivo General de Indias, Panamá, 34A, N.32.

Archivo General de Indias, Panamá, N. 70.

Archivo General de Indias, Charcas, 66, N. 30.

Archivo General de Indias, Charcas, 37, N.1.

Archivo General de Indias, Escribanía, 568 A.

Archivo General de Indias, Escribanía, 568 B.

Archivo General de Indias, Lima, 652, N.180.

Archivo General de Indias, Contaduría, 393.

Archivo General de Indias, Escribanía de Cámara, 516 A.

Archivo General de Indias, Charcas, 490.


Recibido: 2 de noviembre de 2014. Aceptado: 21 de marzo de 2015.

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