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Diálogo andino

versión On-line ISSN 0719-2681

Diálogo Andino  no.48 Arica set. 2015

http://dx.doi.org/10.4067/S0719-26812015000300003 

ARTÍCULO

NORMATIVA ELECTORAL, ACTORES SUBALTERNOS Y VIOLENCIA POLÍTICA EN LOS COMICIOS CONGRESALES DE 1877-1878

ELECTORAL REGULATIONS, SUBALTERN ACTORS AND POLITICAL VIOLENCEIN CONGRESSIONAL ELECTIONS OF1877-1878

José Chaupis Torres* y Ricardo Aguilar Saavedra*

* Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Correos electrónicos: jotache5@hotmail.com; r.aguilar.saavedra@gmail.com


En el presente artículo se buscará indagar, por un lado, los aspectos jurídicos, para ello se analizará a partir de la normativa electoral cuáles fueron los artículos de la Constitución, la ley electoral y las enmiendas que sirvieron como apoyo legal para la realización de las elecciones parlamentarias de 1877. Por otro lado se estudiarán las prácticas electorales y la dinámica política implementada por los actores involucrados durante este proceso electoral -principalmente los subalternos-, cuyas estrategias, conflictos y alianzas no estuvieron desligadas de la normativa electoral vigente. Aunque como ocurrió en la elección de 1877 esta pudo ser manipulada, incluso distorsionada por los grupos políticos en contienda en pos de alcanzar el triunfo electoral.

El comicio electoral elegido tiene dos motivaciones. Primero, fue una de las contiendas electorales más complejas, difíciles y violentas de la historia republicana, debido a la dura batalla que entablaron el Partido Nacional y el Partido Civil. Segundo, dicho escenario de lucha electoral nos permitirá comprender cómo las elecciones de alta trascendencia política impactan en la dinámica política de los regímenes desde una perspectiva institucional y en las carreras políticas de los perdedores y ganadores, lo que provocó el estallido de la guerra del Pacífico.

Palabras claves: Parlamento, sistema electoral, lucha política, civilismo, pradismo.


This article will investígate, first the legal aspects, for it will be analyzed from the electoral rules, as the articles of the constitution, the electoral law and the amendments that served as legal support for conducting parliamentary elections 1877. On the other hand, this article will study the electoralpractices andpolitical dynamics implemented by stakeholders during the electoral process -mainly of subaltern actors-, whose strategies, conflicts and alliances were not detached from the existing electoral legislation. Although as we will see in the election of1877 everything could be manipulated by political groups in contention towards achieving electoral victory. The electoral process chosen has two motivations. First, it was one of the most complexes, difficult and violent electoral contests of republican history, due to the tough battle who brought the National Party and the Civil Party. Second, this scene of electoral struggle allow us to understand how elections of high political significance impact on the political dynamics of the systems from an institutional perspective and aspirations of losers and winners, prompting the outbreak of the Pacific War.

Key words: Parliament, electoral system, political struggle, civilism, pradismo.


Introducción

En los últimos años se han visto incrementados, de manera bastante significativa, los estudios en torno a la guerra del Pacífico, siendo investigadas las más diversas temáticas (Chaupis Torres y Rosario 2007, 1). A pesar de ello la coyuntura política previa al desarrollo de dicha guerra es un tema que aún falta investigar, en especial la vinculada a los aspectos de carácter político institucional. A pesar de los avances realizados, todavía hay una importante ausencia historiográfica en relación con el protagonismo del Estado (Mücke 2005), y no solo del aparato de gobierno, en cuanto a la administración -ámbito nacional como regional y local-; el sistema jurídico y la práctica judicial, también de la institución que nos interesa investigar: el Congreso.

Paralelamente al estudio del Parlamento, el tema de los procesos eleccionarios es un campo que está tomando gran importancia (Aljovín y Núñez 2006), en la medida en que al ser un espacio de reunión que unía las instituciones políticas estatales con el espacio político de lo no estatal, nos permite indagar, como bien han señalado Cristóbal Aljovín y Sinesio López (2005: 10), respecto de temas tan importantes como los de la ciudadanía política, la naturaleza inclusiva o excluyente de la participación política eleccionaria, las nociones de corrupción paralelas a las luchas electorales, las reglas de juego en cada proceso realizado:

En el presente artículo se buscará indagar, por un lado, los aspectos jurídicos, es decir, las reglas de juego reguladoras que establecía el sistema normativo legal electoral. Para ello se analizará a partir de la normativa electoral cuáles fueron los artículos de la Constitución, la ley electoral y las enmiendas que sirvieron como apoyo legal para la realización de las elecciones parlamentarias de 1877. Por otro lado se estudiarán las prácticas electorales y la dinámica política implementada por los actores derrotados -tanto dirigentes como los subalternos- e involucrados durante este proceso electoral, cuyas estrategias, conflictos y alianzas no estuvieron desligados de la normativa electoral vigente. Aunque esta pudo ser manipulada, incluso distorsionada por los grupos derrotados, desconociendo el triunfo de los vencedores y provocando inestabilidad política.

Los comicios electorales elegidos para el presente estudio tienen dos motivaciones históricas que es necesario justificar. La primera se debe a la importancia que tuvo esta idea que es señalada por diversos investigadores, quienes los califican de haber sido una de las contiendas electorales más complejas, difíciles y violentas de la historia republicana, esto debido a la dura batalla que entablaron el Partido Nacional y el Partido Civil (McEvoy 1997; Miró-Quesada Laos 1961). Segundo, dicho escenario de lucha electoral nos permitirá comprender cómo las elecciones de alta trascendencia política impactan en la dinámica política de los regímenes "tanto desde una perspectiva institucional como en las subsecuentes carreras políticas de los perdedores y los ganadores. En este sentido, podemos evaluar el cambio institucional y la trayectoria política de los actores políticos" (Tovar Mendoza y Gastañón 2012: 865).

El Partido Civil buscaba mantener el control del espacio congresal, apoyándose en el proceso de desmilitarización y politización por los que atravesó la sociedad y la estabilidad institucional alcanzada en la década de 1870 durante el primer civilismo (Mücke 1999). De esta manera estarían preparando el escenario propicio para las elecciones presidenciales de 1880, luego de que en las elecciones presidenciales de 1876 fuesen derrotados por el Partido Nacional1, el que buscaba también ganar para reposicionarse en el escenario político y consolidar su espacio de poder. Dicho enfrentamiento no pudo darse a raíz del estallido de la guerra del Pacífico.

Las elecciones parlamentarias y los procedimientos legales

El Congreso por su composición fue una asamblea de elites provinciales, "en lo referente al origen geográfico de sus miembros, la composición del Congreso podría considerarse nacional, pero en lo concerniente a la posición social de sus miembros, él mismo constituía una institución elitista" (Mücke 2004b: 115). En la década de 1870 las elecciones se efectuaron regularmente, siendo su electorado amplio (Mücke 2004a). Los presidentes Pardo (1872-1876) y Prado (1876-1879) fueron elegidos según lo dispuesto por la Constitución, por lo que ellos mismos respetaron algunas reglas básicas de la legalidad electoral. Esto permitió que el Congreso lograra "reunirse regularmente después de haber sido notablemente afectado por la agitación política general de la década de 1860" (Mücke 2004b: 114). La importancia que fue alcanzando el Legislativo se expresa en un decreto dado por el presidente Prado el 3 de enero de 1879 modificando el artículo 52 de la Constitución de 1860, quedando de la siguiente manera

Art. 52. El Congreso ordinario se reunirá todos los años el 28 de Julio, con decreto de convocatoria ó sin él; y el extraordinario, cuando sea convocado por el Poder Ejecutivo.

La duración del Congreso ordinario será de noventa días naturales é improrrogables; y el extraordinario terminará, llenado que sea el objeto de su convocatoria, sin que en ningún caso pueda funcionar por más de cuarenta y cinco días naturales2.

La implementación de esta modificatoria no solo reducía el tiempo de reunión del Parlamento de dos a un año, sino también reducía el tiempo entre las legislaturas de un año a seis meses. La frecuencia en las reuniones de los congresos extraordinarios impulsó esta reforma: "la enmienda de 1879 pudo haber fortalecido al Congreso, pues habrían aumentado las sesiones, por eso, la intención de aprobar dicha enmienda indica que los miembros del Parlamento pretendían jugar un papel más importante en la política nacional" (Mücke 2004b: 114).

Aunque las prácticas y usos electorales distaban bastante de lo establecido por la ley, la estructura básica de la misma era la que legalmente se había previsto en la Constitución Política de 1860 y en la Ley de Elecciones de 1861. El Parlamento debía reunirse cada dos años el 28 de julio, después de haberse llevado a cabo sesiones ordinarias por 100 días continuos se clausuraba o se podía prolongar por 15 días. El Ejecutivo podía convocar a un Congreso Extraordinario con sesiones de hasta 100 días. A su vez, el Congreso estaba dividido en cámaras de senadores y diputados.

Entre los principales acuerdos que se establecieron en la legislación electoral estuvieron el acabar con el descontrol que acarreaba el desarrollo de cada proceso electoral, en especial la violencia llevada a cabo por los sectores subalternos. Para ello la Cámara Baja volvería a hacerse cargo del desarrollo eleccionario como máxima autoridad rectora, papel que le había sido arrebatado durante la época castillista. De esta manera la Cámara de Diputados a partir de su Comisión de Poderes -cada Cámara tenía una en particular- fijaría los senderos legales necesarios para la realización de los procesos electorales. La referida Comisión de Poderes se encontraba integrada a su vez por los congresistas no salientes. Entre sus tareas se hallaba la designación del número de vacantes tanto de senadores3 como de diputados4, así como la coordinación con los órganos periféricos encargados del desarrollo de los comicios electorales. También se acordó devolver la responsabilidad de controlar las primeras etapas de las elecciones a los órganos de poder local. A la cabeza de los elementos de apoyo institucional se encontraba el Colegio Electoral Parroquial, cuyos electores de segundo grado instalarían la mesa momentánea donde se elegiría a la mesa permanente o receptora que seleccionaría a los representantes en el Colegio Electoral Provincial, es decir, a los electores de primer grado, porque el voto era indirecto. Para ello se hallaban asistidos por los prefectos, sub-prefectos y sus "comisionados" organizadores del registro cívico, esto se hizo ya que:

se necesitaba el segundo filtro -la elección indirecta- del procedimiento electoral para evitar la manipulación del voto por parte del gobierno de turno, para evitar la tiranía del número, la manipulación de las masas, el peligro del voto mayoritario indígena, el creciente mercado de los votos de los electores y la violencia política que afectaban los espacios locales y provinciales ["dualidades"] (Gamboa 2005: 222).

La elección indirecta fortaleció a los intermediarios estatales, debilitando o condicionando a los poderes locales. Las autoridades públicas intervenían en diferentes momentos apoyándose en los sectores subalternos para manipular la elección, aunque tenían límites, lo que "se expresaba en las tensiones políticas antes, durante y después de cada elección" (Del Águila 2013: 279).

Finalmente los requisitos que se establecieron para la participación del ciudadano como votante en las elecciones de 1877 fueron las ya clásicas exigencias para alcanzar la condición política de ciudadano activo, ello se obtenía después de haber cumplido los 21 años, o estuviera casado y supiera además leer y escribir, o fuese jefe de taller, o tuviera alguna propiedad raíz, o pagase contribuciones, eran requisitos propios de una ciudadanía corporativa "superpuesta" o "filtrada" en la institucionalidad republicana (Del Águila 2013). Como bien lo ha señalado Gabriella Chiaramonti (2000), se trataba básicamente de requisitos excesivamente vagos, que no podían ser cuantificados, y como tal sería inadecuado llamarlos datos censales, ya que a lo mucho se limitaba a comprobar la independencia económica del sujeto y que acababan por permitir el acceso a la votación a la mayor parte de los varones adultos, los cuales no excluían a los indígenas debido a su condición de propietarios de tierras y de contribuyentes.

En la década de 1870 se produjeron importantes debates para una reforma electoral. El gobierno de Pardo buscaba con ella enfrentar la corrupción política y el fraude electoral (Del Águila 2013). Gabriella Chiaramonti (2004) estudió el debate en la Cámara de Diputados (1874), donde se discutió acerca de la confiabilidad de los registros cívicos y las arbitrariedades locales, además se propuso restringir el acceso al voto. El gobierno de Prado nombró dos comisiones para el estudio de la ley de elecciones y la ley de municipalidades el 14 de abril de 1877. La primera terminó en el levantamiento del censo de 1876 y la segunda no produjo mayores resultados. El 12 de octubre de 1877 se dio un Reglamento de moralidad pública y policía correccional para controlar los excesos de la prensa -principalmente civilista- y mantener el orden público evitando los desmanes de la población -principalmente subalterna- que pudieran producirse durante las elecciones congresales del domingo 21 de octubre.

Art. 10. Se prohíben las reuniones en las calles de muchachos armados en bando para formar guerrillas, ó cualquier otro simulacro de guerra; y serán disipadas por los agentes de policía. Los padres, tutores, patrones amos de los muchachos serán multados con uno á cuatro soles ó uno á cuatro días de arresto, por su descuido en este punto. Art. 13 Los impresos que por inmorales, irreligiosos ó contrarios al orden, fueren prohibidos por las leyes y sin embargo se publicaren, serán embargados por la policía y puesto con el impresor á disposición del juez competente, previa la multa de diez á veinte soles5.

Una vez cumplidos los patrones electores requeridos, uno podría ser tomado en cuenta para ser incluido dentro del registro cívico, guía que determinaría a las personas aptas para concurrir a las ánforas6. Claro está que el número de inscritos debería estar acorde con las cifras arrojadas por el censo de población. Si bien su promulgación fue realizada el 25 de mayo de 18617 no se hizo ningún censo, y este pudo recién llevarse a cabo en 1876, aunque no fue utilizado en las elecciones de 18778. El motivo más importante para la elaboración del censo demográfico por parte de Pardo, además de conocer las características de nuestra población, era que su resultado serviría para la elaboración de las respectivas cartas de ciudadanía, único documento de identidad que otorgaba el derecho a votar, con lo que se daría la formalización de la ciudadanía y el proceso de construcción de la representación política para así poder luchar contra la corrupción y el fraude electoral. Gabriella Chiaramonti en su estudio relativo al censo de 1876 señala que:

si la cultura de la época consideraba el censo de importancia fundamental en relación con la acción gubernativa y con los intereses de los ciudadanos, es también cierto que las leyes en vigor lo vinculaban estrechamente con la dinámica del sistema político, siendo en muchos aspectos la bisagra de los mecanismos de construcción de la representación (Chiaramonti 2000: 17).

En las elecciones de 1877 se procedería a cambiar un tercio de los congresistas de ambas cámaras, al cumplirse los dos años que establecía el artículo 57 de la Constitución de 1860, siendo removidos los que habían cumplido por lo menos seis años de permanencia en el hemiciclo, cuyos miembros mayormente eran pertenecientes a las elites locales, debido a que los requisitos eran muy restrictivos. Para la elección de diputados, uno tenía la condición de propietario y otro la de suplente, tomándose en consideración según lo establecido por el artículo 46 de la Constitución de 1860 la cifra era uno por cada 30.000 habitantes o en caso contrario por cada fracción que pase de los 15.000 o por cada provincia no importando que su población no llegase a ese número, en este caso se le otorgaba por provincia un número de uno a cuatro representantes. Se tenían como requisitos el ser peruano, haber cumplido los 25 años, ser natural del departamento al que se postulaba o tener tres años de residencia, contar con un monto de 500 pesos o ejercer la docencia. Para los senadores la diferencia con los diputados era tener 35 años y 40.000 pesos de ahorro. Un senador podía ser candidato en simultáneo a la diputaduría9.

El Congreso estaba sujeto a un alto nivel de fluctuación, siendo un tercio de los diputados elegidos en un lapso de dos años. La reelección de senadores y diputados estaba expresamente permitida y también se practicaba, pero muy pocos parlamentarios retenían su escaño por más de seis años [...] Solo diez diputados y dos senadores pertenecieron a sus cámaras durante las seis legislaturas entre 1868 y 1878. Otros dos congresistas fueron inicialmente diputados y después pasaron a ser senadores (Mücke 2010: 187).

Las elecciones para renovar el tercio parlamentario fueron convocadas por el presidente Prado el 1 de junio de 1877, colocando en el respectivo decreto el número de senadores y diputados propietarios y suplentes10. En medio de esta coyuntura de tensión política se daría comienzo a la elección de delegados el domingo 21 de octubre. El peso de la campaña electoral se demostraba durante la elección, "una campaña electoral exitosa mejoraba las posibilidades de vencer en los violentos choques el día de las elecciones" (Mücke 2004a: 139). Los procesos electorales se iniciaban con el Tedeum de rigor, para luego proceder a reunirse las autoridades y los notables locales dentro de la municipalidad respectiva, donde se elegiría en rápida votación la conformación de la junta de la mesa momentánea o preparatoria, debiendo entregar al gobernador o al teniente de distrito, la lista de todos los aptos con derecho a sufragar, lista que debería ser colocada a su vez en la plaza central para que todos pudieran tomar conocimiento de la convocatoria, la presencia de los actores subalternos en esta fase se tornaba imprescindible.

No cabe duda de que las autoridades municipales a cargo de registrar los votantes no respetaban las leyes, sino que más bien intentaban impedir que los oponentes políticos votaran y se rehusaban a registrarlos. Así, el primer objetivo de todo partido era controlar el registro electoral (Mücke 2004a: 141).

Unos días después los ciudadanos hábiles se reunían en la comuna, formando la denominada mesa permanente o receptora de sufragios. Su función era dirigir la votación, cuyo desarrollo debería tener un máximo de ocho días, llegándose a obtener como mínimo las cuatro quintas partes de los votantes sufragantes en planillas. En ese espacio de tiempo, que podía prolongarse hasta por dos semanas, las elecciones no serían ni pacíficas ni legalmente correctas. Era bastante fácil caer en corruptelas y componendas, así los claros nexos entre la manipulación de la distribución de los boletos electorales con el registro cívico y el número de electores desembocó en el tradicional mecanismo de corrupción y fraude electoral. Esto acabó por generar un círculo vicioso, en el que los candidatos propuestos podían hacer uso de diferentes medios para la compra de votos, especialmente de los grupos subalternos: indígenas, mestizos, etc, "alterando y falsificando desde la raíz el proceso electoral" (Chiaramonti 2000: 20). A ello podemos agregar que la ausencia de censos poblacionales capaces de dar a conocer la cantidad real de votantes fue un factor que impulsaría la violencia política en la campaña congresal de 1877 (McEvoy 1997). En otras palabras, "un grupo político frecuentemente expulsaba a sus oponentes de la plaza antes de elegir a los miembros de la mesa electoral. La parte derrotada se mudaba a la segunda plaza de la parroquia para llevar a cabo su elección" (Mücke 2004: 142).

El último trámite a realizar era el escrutinio, que debía realizarse teniendo como observadores a los personeros de las listas competidoras y los miembros gubernativos zonales. Los partidos en competencia respetaban los resultados de quien llegaba a controlar la plaza, aunque efectuaban elecciones paralelas por medio de mesas duales (Mücke 2004a). Para el conteo de los votos se procedía ilegalmente a decir en voz alta el nombre del elector y su elección. El resultado era comunicado respectivamente a los elegidos, los cuales representaban a su comunidad, ello les daba derecho a acceder a la segunda fase, donde se elegía a las autoridades nacionales. Los miembros nombrados se reunían en la capital de provincia donde constituirían los llamados Colegios Electorales Provinciales, utilizando los mismos métodos llevados a cabo en la primera parte de la elección. Los miembros más influyentes podían conformar primero la mesa momentánea o calificadora de provincia y luego la mesa permanente o receptora, el objetivo sería dirigir los trámites para la realización del voto. Cada colegio electoral remitía un informe de sus resultados electorales a la persona que había sido elegida y al Congreso. Nada de esto su hubiera conseguido sin el apoyo de los sectores subalternos, los que si bien no hablan, el hecho de ser silenciados no significa que no existan (Spivak 2003).

Para el estudio del proceso electoral de 1877, la versión de los hechos y el actuar de los protagonistas cambiará dependiendo de los medios de prensa que se utilicen. La prensa civilista como El Nacional, El Comercio, La Opinión resaltará la actitud honesta y virtuosa del civilismo frente al uso de la fuerza represiva por parte del gobierno pradista, mientras la que apoyaba al nacionalismo como La Patria y La Sociedad se indignará ante el accionar poco cívico de los civilistas y resaltará el respeto de la ley electoral por el gobierno. La condición subalterna aparece cosificada en la prensa como "participación popular" mediante diversas acciones de violencia, convirtiéndose como dice Rocío Silva Santisteban (2006: 136), en "un significado sin significante". Una característica de la subalternidad es que "no puede expresarse por medio de sus formas de representación [...] Siempre tiene que hablar a través de lo que dicen representarlos" (Pereyra 2010: 5). A nosotros nos interesa en esta parte el argumento esgrimido por los futuros perdedores para comprender mejor sus siguientes acciones desconociendo el triunfo de los civilistas. Las actitudes de los perdedores "impactan de una forma relevante en el propio proceso democrático, en la estabilidad del nuevo gobierno, y en las sucesivas reformas institucionales que surgen a consecuencia de este tipo de procesos electorales" (Tovar Mendoza y Gastañón 2012: 851). La Patria y La Sociedad publicaron durante todo octubre sendos titulares criticando duramente el accionar del Partido Civil: fraude en la entrega de boletas electorales, compra de votos, uso de la violencia para ocupar la plaza central, levantamiento de mesas paralelas, manipulación de la información mediante su prensa partidista, etc. Al día siguiente de la primera vuelta electoral La Patria tituló "La derrota del partido Civil" (22-10-1877). En los días posteriores observamos titulares como "Sigue la farsa" (24-10-1877); "Los embustes civilistas" (25-10-1877); "La última farsa" (26-10-1877); "El escándalo de anoche" (30-10-1877). La política, como se puede observar, no recae solamente en los vencedores, los perdedores continúan la lucha desde la oposición sin reconocer su derrota haciendo uso de diversas estrategias, una fue el empleo de mesas paralelas para mantenerse en competencia, otra fue la prensa para que difundiera entre la opinión pública la legitimidad de triunfo, la búsqueda de apoyo en los grupos subalternos, que legitimará su accionar ante la población.

A pesar de las arbitrariedades denunciadas por la prensa -que nos obstaculiza la posibilidad deconstruccionista de recuperar "la prosa de la contrainsurgencia" (Guha 1999)-, se realizó la segunda ronda de las elecciones provinciales el 18 de noviembre, al igual que la primera ronda estuvo acompañada de escándalos -aunque fueron menos violentos que los de octubre-, siendo estos presentados ante la Cámara de Diputados11. La Patria durante noviembre y diciembre publicó nuevos titulares criticando a los "argolleros civilistas" como "El pudor civilista" (22-11-1877); "Las pruebas" (24-11-1877); "La vacancia" (27-11-1877); "Anomalías" (4-12-1877); "Nos defendemos" (612-1877). Podemos afirmar que las elecciones de 1877 "fueron tan caóticas como todas las anteriores. En varios distritos electorales muchos candidatos alegaban haber ganado el mismo escaño" (Mücke 2004b: 126). Tras la elección de delegados en octubre y la elección de congresistas en noviembre de 1877, le correspondía al Congreso llevar a cabo el cómputo general y calificar las actas electorales provinciales en julio de 1878, prolongándose así el conflicto político.

Las calificaciones parlamentarias y las respuestas de los perdedores

Para las calificaciones parlamentarias de 1878 el Partido Civil había recuperado su unidad, preparándose desde diciembre de 1877 en pos de alcanzar el tercio congresal. Buscó el apoyo de cada uno de los congresistas y "al mismo tiempo contrarrestar los esfuerzos de intimidación por parte del gobierno. Era por ello necesario mantener las estructuras organizativas [y de] grandes sumas de dinero" (Mücke 2010: 216). Los congresistas que no habían dejado su escaño debían reunirse el 13 de julio de 1878 "para decidir la legalidad de los diversos colegios electorales y la composición del nuevo Parlamento" (Mücke 2010: 218). La cohesión interna demostrada y la coordinación de las actividades políticas repercutió en sus integrantes: "las elecciones de congresistas y las votaciones en el Congreso habían forzado al partido a adoptar medidas que convirtieron al Partido Civil, partido personalista, en un partido político" (Mücke 2004b: 128).

Esto se demostró en la sesión de votación, la que si bien se extendió por varias semanas, dio como resultado que únicamente las actas electorales que votaron por los candidatos civilistas fueron reconocidas, anulando las victorias obtenidas por los nacionalistas, siendo declaradas ilegales, acabando así con las dualidades, dándole la mayoría absoluta en ambas cámaras del reestructurado Congreso. Es de resaltar que solo uno de los congresistas opositores fue elegido, Francisco González, que estaba vinculado al pierolismo, siendo llamado por Basadre (2005 t. IX) "el primer diputado obrero del país". Esto suscitó un movimiento popular impulsado por la dirigencia perdedora como no se había visto contra el poder que detentaban las mayorías civilistas en ambas Cámaras parlamentarias. La actitud de los perdedores se expresó con la emergencia de un movimiento plebiscitario de base subalterna que demandaba anular las elecciones, quitarle al Congreso varias de sus funciones, para finalmente cerrarlo y realizar una nueva convocatoria a elecciones. El accionar de los vencidos dirigenciales y subalternos influyó en las luchas políticas posteriores, dando paso a nuevas reglas de juego postelectorales. Los desmanes surgieron como iniciativa de diversos grupos políticos dirigenciales perdedores de la contienda, opositores del civilismo, en su mayoría vinculados al nacionalismo, en pacto con las autoridades locales de diferentes partes del país apoyándose en los grupos subalternos más diversos (El Correo del Perú 4-11-1878)12.

Mediante un análisis de las "derrotas electorales y las respectivas reacciones que los perdedores tienen acerca de la legitimidad del proceso electoral" (Tovar Mendoza y Gastañón 2012: 852) podemos entender la emergencia del movimiento plebiscitario de base subalterna, el que difiere de lo sostenido por Mücke (2005) en relación con que no estaban bien organizados, careciendo de una coordinación central, siendo actos de desesperación de carácter individual y no el comienzo de un levantamiento anticongresal liderado por los enemigos del civilismo. Las elites perdedoras formarán una amplia coalición para desconocer el triunfo del Partido Civil que se inició ni bien había acabado la segunda parte de la elección (El Correo del Perú 31-01-1878; 11-071878). Esta alianza fue juzgada por el Parlamento de mayoría civilista como una amenaza para las instituciones, el orden público y principalmente para los intereses de los buenos ciudadanos13. La rebeldía de los perdedores con el consiguiente desconocimiento del resultado oficial abría una brecha en la estabilidad del sistema político que el civilismo no estaba dispuesto a permitir. Al ser la base de apoyo, los sectores subalternos tenían la oportunidad de demostrar su capacidad de agencia política expresándose por medio de sus "representantes" convirtiéndose en "protagonistas del hecho histórico, ya que pueden plantear y desarrollar su propia agencia histórica de una forma muy particular" (Pereyra 2010: 6).

El mecanismo propuesto por los dirigentes perdedores para llevar a cabo el plebiscito se realizaría con las firmas de actas por los electores de distintas provincias, para pedir expresamente el cierre del Parlamento. La recolección de firmas para llenar los planillones fue acompañada de actos violentos como la quema de ánforas y material electoral, turbas callejeras que demandaban ser escuchadas por el gobierno, entre otras medidas llevadas a cabo por los sectores subalternos que aprovecharon la oportunidad para demandar mayor apertura política y reconocimiento de derechos. Todo ello tuvo como objetivo interrumpir las reuniones de las Juntas Preparatorias e intimidar a los representantes electos del Partido Civil (El Correo del Perú 12-07-1878). Las elites perdedoras trataron de "frustrar las ventajas del ganador en su nueva posición de autoridades, en su rol de oposición crítica, con lo que buscarán incrementar sus posibilidades de triunfo para una siguiente elección" (Tovar Mendoza y Gastañón 2012: 852). Los actores políticos perdedores disponían así de una capacidad de veto importante, que podían o no usar -si sabían hacerlo- contra los vencedores. Incluso tenían la posibilidad de elegir cómo implementarla: boicot del proceso electoral, oposición leal o desleal al triunfador, etc. Por ello lo que el perdedor llevara a cabo o dejara de hacer tendría políticamente consecuencias importantes respecto de la institucionalidad del país (Tovar Mendoza y Gastañón 2012: 853).

Por las páginas de El Correo del Perú se evidencia el descontento de la población a raíz de lo que se consideró elecciones fraudulentas, por haberse infiltrado personeros "torciendo la ley, falsificando actas y corrompiendo electores, quienes deben ser juzgados por todo el peso de la justicia" (El Correo del Perú 10-07-1878). Esto desprestigiaba y deslegitimaba a un Congreso que estaba por sesionar. La prensa vinculada a los triunfadores denunciaba la complicidad de las autoridades en la violencia electoral. El Nacional dio a conocer algunas denuncias que recayeron en el perdedor de las elecciones, el Partido Nacional. Así, dijeron que autoridades de algunas provincias, como Cajamarca, habían abierto proceso al representante electo con la finalidad de inhabilitarlo, suprimir su voto en las juntas preparatorias e impedir su salida de la provincia14. Esto se volvió un problema mayor, cuando el mismo periódico puso de manifiesto que este accionar del Partido Nacional no se limita solo a la provincia de Cajamarca, sino que las autoridades de otras localidades también están pensando procesar a sus representantes elegidos.

Para apoyar su acusación, afirma "El Nacional" que al diputado de una de las provincias de Cajamarca, se le ha promovido una cuestión judicial para arraigarlo en su provincia, y que tienen noticia que hará lo mismo con los diputados de Chachapoyas y Lambayeque (El Correo del Perú 18-06-1878).

Se acusaba no solo a los nacionalistas de ser los promotores sino también a los pierolistas, a estos se les culpaba de ser la facción que inoculó en los nacionalistas las ideas de la vacancia parlamentaria y el plebiscito de base subalterna (El Correo del Perú 25-07-1878). Esto lo sostenían al hacer mención que los representantes del Partido Nacional y los pierolistas no asistieron a la sesión de apertura del Congreso, ya que se encontraban conspirando a favor de una rebelión anticongresal contando con el apoyo de los sectores subalternos.

Despechados y furiosos, nacionalistas y pierolistas, han recurrido a las asonadas para ver si de ellas nacía la revolución, o cuando menos un plebiscito; y no bien han principiado a juntarse sus secuaces en las plazas de algunas ciudades con más o menos algazara, ya declaran que "El plebiscito es un hecho". Dejémoslos soñar, que eso hace poco daño (El Correo del Perú 02-08-1878).

En referencia al papel que debía cumplir el Congreso, el diputado Gálvez señalaba lo siguiente:

El Congreso, como poder del Estado, debe en la esfera de sus atribuciones sostener el orden constitucional, y por esto está en la obligación de dirigir a los pueblos su palabra para señalarles el peligro que los amenaza si dan oído a los que quieren lanzarlo en la anarquía, halagándolo con las proclamas plebiscitarias (Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, Congreso Ordinario 1878, vol. 1: 111).

Seguidamente el diputado Gálvez define el plebiscito como "el llamamiento hecho al pueblo para que delibere por sí mismo en los asuntos públicos, para que juzgue los actos de los poderes constituidos, para que intervenga directamente en la suerte de la nación" (Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, Congreso Ordinario 1878, vol. 1: 111). Para comprender la opinión del diputado Gálvez hay que tomar en cuenta qué se pensaba por estos años respecto de la ciudadanía, qué entendían acerca del ejercicio del accionar cívico. Gálvez pensaba que no todos los ciudadanos, portadores de derechos civiles, tienen derechos políticos, pues esto es medido por el interés en dichos asuntos. Por tanto, las "masas" carentes de derechos políticos no podían decidir atinente a la nación, esto en referencia a las "turbas" que pedían el plebiscito. El estereotipo de subalterno como incivilizado, violento, miembro excluyente de la sociedad política se expresa cuando señala:

Los hombres tienen los mismos derechos civiles, sí, porque estos son inherentes a la naturaleza humana; pero no todos tienen los derechos políticos, porque no interesando estos a solo los individuos sino a la sociedad, tiene que establecer condiciones y requisitos para su ejercicio. [...] No son, pues, ciudadanos todos los que nacen en nuestro territorio, ni las masas compuestas casi siempre de individuos que carecen de derechos políticos, las que pueden decidir de la suerte de la República (Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, Congreso Ordinario 1878, vol. 1: 112).

A esto se suma la opinión del diputado Elías, quien mencionaba que el Congreso elegido en 1877 era legítimo porque "los que han juramentado lo han hecho bajo la plena conciencia de su elección" (Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, Congreso Ordinario 1878, vol. 1: 108). Sus palabras resaltan el sólido vínculo que existía entre ciudadanía virtuosa, legitimidad política y conciencia cívica. En general, el discurso con el que se apela a la acción cívica de los ciudadanos es el respeto a las instituciones políticas, la estabilidad del orden público, la buena ciudadanía y la búsqueda de la prosperidad; en oposición a la manera en que actuaban los perdedores de la contienda electoral al hacer lo contrario a la búsqueda del bien común (El Correo del Perú 11-07-1878), al utilizar en su beneficio a los grupos subalternos.

Asimismo, el Congreso fue una tribuna donde se expresaban ideas e imágenes que se tenían sobre la política y sobre el Perú. Para comprender el pensamiento político, de la elite política, los diarios de debates son una fuente fundamental porque el congreso -a diferencia de los periódicos-reunió a personas de todo el país (Mücke 2005: 283).

El clima generado por el movimiento plebiscitario no fue restringido a pocas provincias, sino que se extendió por las principales ciudades del país como Piura, Huamalíes (Huánuco), Arequipa, Puno, Lima y Callao. En el Congreso, de mayoría civilista, una vez instalado -obtuvo los cargos de presidente, vicepresidente y secretario, controlando así la mesa directiva de ambas Cámaras- se debatieron las medidas que se deberían tomar para reprimir y castigar los delitos de sedición cometidos en las distintas provincias, tanto para los actores directos de los desórdenes como para las autoridades políticas responsables de promoverlos. Resalta el caso del Callao en donde se pidió agregar a la lista de sospechosos el nombre del prefecto; o el caso de Huamalíes, en donde se vincularon los actos de violencia con el diputado saliente. En estos debates, mientras que algunos estaban en contra de combatir el movimiento plebiscitario con más violencia, al considerar que ello aumentaría el desprestigio y deslegitimación del Congreso, otros manifestaron que era necesario castigar con toda la severidad de la ley a los que pretendieron "desconocer la autoridad legal del Parlamento, trastornar el orden público y atentar contra la soberanía de la nación" (Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, Congreso Ordinario 1878, vol. 1: 22).

Complementariamente a estos debates, en el Congreso se debatió una declaración de principios democráticos el 14 de agosto de 1878 acerca del papel de los partidos políticos, su punto en discusión era si existía en el Congreso un partido que pudiera imponerse.

Los diputados no negaban la existencia de un partido dominante y tampoco describían a este partido como la expresión de la voluntad general. Más bien opinaban que la lucha entre los partidos era una de las características del régimen democrático [.] La unión que acababa de rechazarse respecto a la lucha de los partidos se volvía a reclamar respecto a los fundamentos institucionales de la República. Es decir, todos tenían que aceptar las reglas de juego. Pero cada uno de los partidos poseía el derecho a ganar y a implantar sus ideas políticas [...] No se exigía unanimidad respecto a la cuestión de quien ganó la elección en tal provincia, pero si se exigía consenso respecto a la cuestión de cómo verificar quién ganó la elección (Mücke 2005: 281-283).

Al aprobarse la norma se legitimó el papel he-gemónico del Partido Civil por detentar la mayoría congresal. Quedaba finalmente determinar el papel que debería cumplir el Congreso para hacer frente al movimiento plebiscitario. Este rol se estableció cuando se presentó un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados el 24 de agosto de 1878, proponiendo varias medidas que debería tomar el Parlamento respecto del movimiento plebiscitario, el que fue declarado atentatorio contra el orden público y constitucional, cometiéndose el delito de rebelión y mereciendo por ello considerables sanciones. Tenía además la obligación de recompensar a aquellos ciudadanos que defendieran el ordenamiento jurídico. Los cuatro artículos señalaban lo siguiente:

Art. 1. Son reos de delito de rebelión y quedan por consiguiente a las penas establecidas en el Código Penal, todos los individuos que inicien, secunden ó protejan, sea por vías de hecho ó por medio de actas, el desconocimiento ó la resistencia al orden constitucional establecido en la República, de conformidad con su carta política y representado por la autoridad legal del Congreso, el Gobierno y el Poder Judicial de la Nación. Art. 2. El Poder ejecutivo procederá a la inmediata destitución y sometimiento á juicio de los funcionarios políticos que autoricen ó consientan las manifestaciones públicas que tiendan á la consumación de este delito. Art. 3. Serán además borrados del escalafón general del Ejército y de la Armada; los generales y oficiales que incurran en alguno de los casos del artículo 1 de esta ley; así como privados de todos sus derechos y goces los empleados políticos, judiciales y de hacienda que se hagan reos del mismo crimen. Art. 4. El Congreso y á su vez el Gobierno acordaran las recompensas á que se hagan acreedores los generales jefes y oficiales del Ejército, de la Armada y de la Guardia Nacional y los demás ciudadanos que se distingan en la defensa del régimen constitucional. (Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, Congreso Ordinario 1878, vol. 1: 124-125).

La conducta antisistémica llevada a cabo por las dirigencias perdedoras promoviendo medios contenciosos con el fin de interrumpir la continuidad del Parlamento, no implicaba un accionar únicamente golpista, en la medida en que el proceso estaba viciado desde el inicio, sino una defensa de las leyes (Tovar Mendoza y Gastañón 2012). Una carta de José de la Riva-Agüero a Manuel Pardo el 14 de mayo de 1878 es bastante ilustrativa respecto de la respuesta de los civilistas ante la posibilidad de revertir la situación por parte de los perdedores apoyados por el gobierno de Prado, quien amenazaba con establecer una dictadura.

Para el caso de disolución del Congreso podemos contar con varias gendarmerías; estoy en contacto con jefes que nos ayudarán si llega el caso [.] los opositores tienen gente para pobladas [.] nosotros tendremos la nuestra para contrarrestarlo. Ahora nos conviene estar quietos hasta que el gobierno se lance a la dictadura, si se atreve a ello, o si a ello lo arrastra los áulicos. Entonces tendremos la opinión en nuestro favor y podremos contar con el país entero [...] debemos pensar en armarnos, a fin de que cuando llegue el momento, podamos hacerlo introducir por algún lugar (McEvoy 1997: 234).

Los vencedores, para enfrentar al movimiento plebiscitario movilizaron toda la maquinaria partidaria civilista impulsando el apoyo público de las provincias a seguir leales al Congreso, lo que incluía a los mismos sectores subalternos antisistémicos. La votación era parte de una campaña electoral prolongada y costosa, que se iniciaba con meses de anticipación a la elección y culminaba muchos meses después con la calificación de las actas por parte del Congreso, siendo la base de legitimación del poder político el respaldo organizado que tuviera cada candidato tanto en su provincia como en la capital (Mücke 2004a). Encontramos casos en los cuales se prestaba juramento, expresado por una carta escrita y refrendada por los electores, contraria a las acciones violentas que no buscaban más que debilitar al país. Por ejemplo en Tarma, el 7 de agosto de 1878 la dirigencia civilista y sus bases subalternas encubiertas como "ciudadanos" suscriben un acuerdo con la finalidad de emitir un "voto de gracias" al Congreso y al Ejecutivo protestando contra las tentativas que buscaban impedir el correcto funcionamiento del cuerpo legislativo; además, se ofrecían a enviar un contingente de "ciudadanos" según lo que la ley solicita para mantener el orden público (Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, Congreso Ordinario 1878, vol. 1: 64). La subalternidad sistémica era también de utilidad para la dirigencia civilista en la defensa del orden republicano opuesto a las dictaduras y los golpes de Estado.

En Ica se reunieron, el 2 de agosto de 1878, con el mismo objetivo de protestar contra quienes se habían propuesto subvertir el orden constitucional. Se pronunciaron enérgicamente rechazando las acciones realizadas en Lima, que buscaban desconocer las juntas preparatorias, oponiéndose a toda rebelión que intentase consumar en nombre de un plebiscito o cualquier acto similar. Además brindaron apoyo al gobierno de Prado y al Congreso elegido recientemente (Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, Congreso Ordinario 1878, vol. 1: 69). También los "ciudadanos" de Huaraz, el 5 de agosto de 1878, se reunieron para condenar la protesta realizada en Lima con el fin de desconocer la nueva legislatura. Se refiere a los iniciadores de la protesta como "ciudadanos descarriados" que buscan un nuevo orden constitucional por medio de un plebiscito (Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, Congreso Ordinario 1878, vol. 1: 71).

Encontramos más casos de adhesión constitucional al Congreso con una marcada base subalterna que buscaban ganar espacios de representación y mayor reconocimiento político por los congresistas civilistas. El primero de ellos se produjo en San Marcos de Arica, en donde se reunieron "espontáneamente" los "ciudadanos" el 8 de agosto. Señalaron que era deber de un buen peruano contribuir con todas sus fuerzas al sostenimiento del orden y la constitucio-nalidad del sistema de gobierno, y que las malas pasiones políticas de algunos habían encontrado una acogida criminal en gran parte del pueblo. Frente a esto protestaron radicalmente contra la actitud del pueblo de Arequipa al buscar un plebiscito y manifestaron nuevamente su adhesión al Congreso y al Ejecutivo (Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, Congreso Ordinario 1878, vol. 1: 71). El segundo caso, realizado en la provincia de Huanta el 26 de julio donde se reunieron los "ciudadanos" para ofrecerle al Congreso y al Presidente su participación para sostener la tranquilidad pública y respetabilidad de ambos poderes, incluso "si es preciso derramando su sangre y aun el sacrificio de su vida" (Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, Congreso Ordinario 1878, vol. 1: 77).

Finalmente, en el Congreso, la ley que juzgaría al movimiento plebiscitario fue promulgada el 29 de octubre de 1878, luego de un largo debate con pocas modificaciones respecto de su versión original propuesta en el Parlamento dos meses antes15. Si bien se puso fin a las movilizaciones plebiscitarias, el accionar de los perdedores desestabilizó el escenario político, ya que a pesar del acercamiento entre el nuevo presidente del Senado y líder del Partido Civil, Manuel Pardo, y el presidente Prado, se produjeron nuevos complots que terminarían con el asesinato de Pardo en la entrada del Congreso el 16 de noviembre de 1878, siendo "el epilogo de un conflicto político nacional de una dimensión pocas veces vista en la historia del Perú" (McEvoy 2007: 302). La acción de los vencedores se hizo más dura contra los opositores. En diciembre de 1878 se suspendieron varios derechos fundamentales y a comienzos de 1879 se aprobó una ley que "suspendía todos los artículos de la Constitución que brindaban protección del arresto y del exilio arbitrarios, y que garantizaban la libertad de reunión" (Mücke 2010: 225). Esta ley polarizó más el escenario político, en la medida en que iba dirigida contra el líder de la tercera fuerza política en pugna: Piérola, quien se encontraba en Europa. Esto se agudizó cuando Chile le declaró la guerra al Perú el 5 de abril de 1879, estallando la guerra del Pacífico que duraría cuatro largos años.

Conclusiones

La elección para la renovación del tercio parlamentario aparentemente se sujetaba a lo establecido

por la ley electoral de 1861 y a las calificaciones hechas por la juntas preparatorias de las cámaras, aunque en realidad estas fueron unas elecciones bastante complejas, donde los mecanismos legales legitimaron acciones ilegales que finalmente jugaron a favor del Partido Civil, quien dominaba ambas cámaras del Congreso. Es así como las elecciones de 1877, nos demostraron claramente el dominio político de las cúpulas civilistas y su capacidad bastante pragmática de anexar en su discurso liberal republicano elementos de corte autoritario para el logro de sus objetivos: el triunfo electoral.

La respuesta de las dirigencias perdedoras se dio mediante un movimiento plebiscitario de base subalterna antisistémica, que exigía anular las elecciones congresales por fraudulentas, reduciendo sus funciones por incapaz, cerrarlo para convocar nuevas elecciones. Esto recreó las reglas de juego postelectorales, los grupos políticos dirigenciales perdedores con sus bases subalternas vinculados principalmente al pradismo desestabilizaron el sistema político. La capacidad de agencia política de estos grupos se expresó a través de diversas acciones, desde la recolección de firmas de actas exigiendo el cierre del Parlamento, hasta acciones violentas como la quema de ánforas y material electoral, que al demandar la convocatoria a plebiscito, exigían también una mayor apertura política, siendo rechazado con medidas represivas por los vencedores civilistas.

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Notas

1 Un último estudio que aborda las elecciones de 1876 es el de Julio César Loayza (2005).

2 http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1879003.pdf

3 Archivo Congreso de la República (en adelante ACR), Acta de la Cámara de Senadores (en adelante ACS), leg. 455, cdno. de debate de la sesión ordinaria 1876-1877/30-01-1877.

4ACR, Acta de la Cámara de Diputados (en adelante ACD), leg. 140, cdno. de debate de la sesión ordinaria 1876-77/03-01-1877.

5 http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1877012.pdf

6 No podían ser electores por ley emitida por el Congreso, los vocales, fiscales, jueces de primera instancia y agentes fiscales. ACR, ACD, leg. 122, cdno. de debate de la sesión ordinaria de 1871-72/19-09-1871.

7 ACR, ACD, leg. 47, cdno. de debate de la sesión ordinaria de 1861-62/25-05-1861.

8 ACR, ACD, leg. 142, cdno. de debate de la sesión ordinaria de 1876-77/01-02-1877.

9 ACR, ACD, leg. 21, cdno. de debate de la sesión ordinaria de 1878/24-07-1878, f. 2. Este documento señala que "Se dio cuenta de un oficio del señor Manuel Celestino Torres, manifestando que habiendo sido calificado senador por el departamento de Cusco dejaba a cargo de la diputación de Calca al suplente Celestino Ariguenas".

10 http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/ LeyesXIX/1877006.pdf.

11 ACR, ACD, segundajunta preparatoria de 1878/15-07-1877.

12 El Correo del Perú (1871-1878) era un semanario, literario, fundado por los hermanos Manuel Trinidad e Isidro Mariano Pérez, liberales, pedagogos (Gargurevich, 1991: 78). Tuvo una actitud de distanciamiento respecto del pradismo y pierolismo, estando más cercano al civilismo.

13 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, Congreso Ordinario, vol. 1: 20. El diario de debates es una fuente bastante importante para estudiar la cultura política de las elites, la que está comenzando a ser más consultada por los historiadores. Estudios importantes que han utilizado esta fuente son Mücke (2010) y Del Águila (2013).

14 La noticia fue reproducida por El Correo del Perú (17 y 19-06-1878). Hay que hacer la salvedad que sus editores comparten el sentir de dicha denuncia.

15 http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1878033.pdf.


Recibido: 18 de diciembre de 2014. Aceptado: 3 de abril de 2015.


 

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