SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
 número45Minería popular y estrategias de supervivencia: Pirquineros y pallacos en el Norte Chico, Chile, 1780-1950La publicidad para la salud infantil en la prensa chilena (1860-1920) índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

Links relacionados

  • Em processo de indexaçãoCitado por Google
  • Não possue artigos similaresSimilares em SciELO
  • Em processo de indexaçãoSimilares em Google

Compartilhar


Cuadernos de historia (Santiago)

versão On-line ISSN 0719-1243

Cuadernos de Historia  no.45 Santiago dez. 2016

http://dx.doi.org/10.4067/S0719-12432016000200003 

ESTUDIOS

Política, instituciones y relaciones internacionales. La experiencia de San Juan a partir del comercio terrestre con Chile ("Confederación Argentina"), 1852-1862

Politics, institutions and international relations. The experience of San Juan from the overland trade with Chile ("Argentine Confederation"), 1852-1862 

 

Ana Laura Lanteri*

 * Investigadora Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET, Argentina) con lugar de trabajo en el Centro de Estudios Históricos (CEHis) de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina). Este artículo se enmarca también en los resultados del PICT (2013-2015) “Los vínculos entre las provincias y el poder central en la conformación del sistema político de la `Confederación´ (1852-1862)”, que me fue otorgado como Investigadora Responsable por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (FONCyT, Argentina) y de la Beca “Research Grants - Short-Term Grants, 2015” de estadía de investigación en el Instituto de Historia Ibérica y Latinoamericana de la Universidad de Colonia (Alemania), otorgada por el Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD, Alemania). Correo electrónico: analauralanteri@gmail.com


Resumen

El propósito de este trabajo es enriquecer el conocimiento sobre el proceso de edificación del sistema político de la “Confederación” argentina en la década de 1850, desde las especificidades de la provincia de San Juan. Examinamos para ello las variantes de su integración política y económica en el escenario nacional y transcordillerano. Revelamos que los intentos de las autoridades sanjuaninas de (re)articularse en una actividad de larga data como el comercio terrestre con Chile, aunque no siempre exitosos, fueron importantes tanto para definir tensiones políticas provinciales como la gravitación de la provincia en la trama político-institucional federal que se fue tejiendo en la “Confederación”. Así, abordamos matices provinciales, regionales e internacionales de dicho proceso, atendiendo a la multiplicidad de actores, recursos, ideas y prácticas que lo dinamizaron.

Palabras clave: “Confederación” argentina (1852-1862), San Juan, Chile, comercio terrestre-Relaciones de negociación y conflicto.


Abstract

The purpose of this paper is to enrich the analytical record of the process of formation of the political system of the Argentine “Confederation” in the 1850s, from the specificities of San Juan province. We considered variations of San Juan political and economic integration in the national and “transcordillerano” stage. We reveal that the attempts of San Juan authorities to (re)articulated in a long-standing activity as overland trade with Chile, though not always successful, were important both to define provincial political tensions and the gravitation of the province in the political and institutional frame of the “Confederation”. So, we analyzed provincial, regional and international aspects of this process, taking into account the multiplicity of actors, resources, ideas and practices that were involved.

Key words: Argentine “Confederation” (1852-1862), San Juan, Chile, Overland trade, Negotiation and conflict relations.


 

Introducción 

El propósito de este trabajo es enriquecer el conocimiento sobre el proceso de conformación del sistema político de la “Confederación” argentina en la década de 18501. El enfoque que asumimos es tributario del replanteo historiográfico que en los últimos años ha propuesto una lectura del período 1852-1880, centrada en el análisis de las múltiples formas y resoluciones que rigieron los vínculos entre los poderes provinciales y el poder central2.

En efecto, durante la “Confederación”, las provincias que la integraron vivieron la primera experiencia de articulación en un proyecto político orgánico, cuyas bases jurídicas se establecieron en la Constitución de 1853. Debieron adecuarse a un Estado nacional, reconociendo una soberanía mayor a las suyas particulares, luego de haber actuado por más de treinta años como Estados independientes que solo habían delegado las funciones relacionadas con el ejercicio de la representación externa en la provincia de Buenos Aires. Ante la negativa de esta última de encolumnarse en el nuevo sistema político, la “Confederación” y Buenos Aires coexistieron hasta 1862 como Estados en lucha por consolidar sus estructuras económicas y político-institucionales y por obtener la unidad y supremacía nacional3.

En este marco, pretendemos continuar ampliando el registro analítico sobre las dinámicas y modalidades particulares que asumió la construcción estatal en las diferentes provincias que constituyeron la Confederación4. Lo haremos desde el caso de San Juan, cuya situación política es distintiva, ya que tuvo una influencia decisiva en la redefinición de alianzas y tensiones al interior de la Confederación, y entre ésta y el estado porteño. En otro artículo nos hemos centrado en esta temática, a partir del impacto que tuvo una institución estatal: la “Circunscripción Militar del Oeste”5. El análisis reveló confluencias y divergencias ilustrativas del pragmatismo y metamorfosis política del período en estudio.

Por lo tanto, en estas páginas proponemos integrar aspectos generales de dicho examen, con el estudio de la política económica relativa al comercio terrestre entre San Juan y Chile. Diversos autores han dado un cuadro histórico general6 e interesantes claves analíticas que recuperamos, entre los que se destacan Pablo Buchbinder y Agustina Rayes, por su abordaje de la conformación de las esferas económicas institucionales de la Confederación y de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Chile en la segunda mitad del siglo XIX respectivamente7.

Ponemos en relieve entonces aspectos poco conocidos sobre el caso provincial, a partir de la articulación en el análisis de escalas espaciales y clivajes coyunturales, que ilustran sobre las variantes de integración política y económica de San Juan en el escenario nacional y transcordillerano. El artículo se estructura en el análisis de momentos clave del accionar e interacción de las autoridades sanjuaninas, el poder ejecutivo nacional, las distintas provincias en el Congreso que sesionó en Paraná –ciudad capital– y la gestión de Carlos Lamarca en tanto intermediario de las relaciones exteriores con el Estado chileno –con algunas proyecciones también al tratamiento del tema en el recinto legislativo de Chile–.

En este devenir, los intentos de las autoridades sanjuaninas de (re)articularse en una actividad de larga data como lo era el comercio terrestre con Chile, aunque no siempre exitosos, fueron de todas maneras importantes. Tanto para definir tensiones políticas provinciales, como para la gravitación de la provincia en la trama político-institucional federal que se fue tejiendo en la Confederación8. Así, revelamos matices provinciales, regionales e internacionales de dicho proceso, atendiendo a la multiplicidad de actores, recursos, ideas y prácticas que lo dinamizaron.

1854-1858: un período de experimentación

Antes de asumir la presidencia de la Confederación en 1854, Justo José de Urquiza comenzó a materializar diversas medidas tendientes a la organización estatal. Entre ellas, para contrarrestar el peso económico de Buenos Aires y legitimar al nuevo Estado, designó a Carlos Lamarca Encargado de Negocios de la Confederación en Chile en diciembre de 1853. Para el nombramiento fue central la mediación del por entonces Ministro de Relaciones Exteriores Juan María Gutiérrez, quien mantenía una relación con Lamarca desde la década de 1840, cuando se habían exiliado en Chile por su oposición a Juan Manuel de Rosas. Lamarca era una figura atrayente para Urquiza, no solo porque era un importante minero en Valparaíso, sino porque había actuado en 1852 como secretario del “Club Constitucional” que lo apoyó decididamente en sus planes contra Rosas9.

Pronto inició sus negociaciones para responder a la principal instrucción dada desde Paraná: formalizar un tratado de comercio. Finalmente, en septiembre de 1855 el Congreso de la Confederación aprobó por unanimidad el “Tratado de amistad, comercio y navegación” con Chile. Según los legisladores, se legitimaba una situación que existía “de hecho” hacía muchísimo tiempo y se instituía una “verdadera reciprocidad”10. Se dio así comienzo a un período de experimentación que, según advertiremos, redundó en 1858 en algunos ajustes y modificaciones que afectaron los intereses de San Juan.

Una de las primeras cuestiones fue la definición por parte del gobierno de Chile de los agentes diplomáticos que mediarían las operaciones comerciales. El Congreso fue el ámbito donde diversas posturas revelaron las impresiones que se tenían sobre esta etapa inicial11. Los puntos salientes del debate refirieron a la dotación e idoneidad en las funciones. A mediados de 1857, el ministro de Hacienda fue llamado para informar sobre el tema. Dijo que el poco tiempo desde el Tratado y la falta de normalidad que aún presentaba el comercio, impedía al gobierno nacional hacerse una idea de cuál debería ser el sueldo de los cónsules en la Confederación, pero era imperioso establecerlos por los compromisos asumidos y dado que el contrabando estaba afectando al fisco. También, sostuvo que irían a provincias donde todos los funcionarios, incluidos los gobernadores, gozaban de sueldos mucho menores a los que se habían propuesto.

Diversos legisladores no acordaron con tomar resoluciones en función de la situación argentina, porque los cónsules harían las veces de “interventores y jueces” y la mayoría de los chilenos residentes cuyo número alcanzaba “los 6000”, eran “de poca clase” y “en tránsito”, por lo que seguramente serían muchos los pleitos a resolver. Otros opinaron que los sueldos no debían subirse demasiado, ya que había perspectivas de crecimiento y por cada “visto bueno” ganarían 1 peso que sería un buen complemento. Sin embargo, otros consideraron infructuoso establecer cónsules, porque los gobernadores o encargados de Aduana de la Confederación podían efectuar sus funciones. Finalmente, el proyecto fue aprobado y se establecieron cónsules en las provincias de Salta, Mendoza, La Rioja y Catamarca. San Juan no fue entonces considerada un espacio neurálgico que ameritara personal, aunque, como señalaremos, fue un punto de tránsito.

Por su parte, la Confederación había designado con anterioridad a algunos agentes en Chile que actuaron en conjunto con Lamarca. Los destinos prioritarios fueron Valparaíso y Copiapó, por ser los centros económicos más dinámicos. Junto a Lamarca, se habían nombrado cónsules en ambas ciudades respectivamente a Gregorio Beeche y Manuel de Carril, también exiliados y participantes activos en la campaña presidencial de Urquiza12.

La diplomacia se constituía entonces en una actividad funcional para reafirmar la autoridad de Urquiza por fuera de los límites de la Confederación. Al igual que en el caso de otros funcionarios nacionales, sus nombramientos no se apoyaron exclusivamente en requisitos de saber sino que también fueron cruciales sus redes de relaciones personales y sus lealtades políticas13. En el caso de los exiliados, contaban además con un importante capital simbólico por el “martirio político” que habían sufrido con Rosas14.

Como ha señalado Brezzo, la falta de recursos hizo que tanto el poder ejecutivo como el legislativo nacional acordasen en un diseño que les permitiera economizar. Por ello, se evitó la instalación de legaciones permanentes en el exterior. Con todo, Chile ocupó un lugar central en el esquema, ya que solo fueron tres dichas legaciones y fueron también ocupadas por emigrados. La de Lamarca, la de Juan Bautista Alberdi ante Francia, Inglaterra y España –centrada particularmente en el reconocimiento de la calidad de estado por parte de las potencias europeas– y la Francisco Pico a Montevideo, otra de las ciudades clave en la articulación limítrofe de la Confederación15. A este tipo de representación, se sumó una densa red de consulados encargados fundamentalmente de propiciar relaciones económicas y de publicar las actividades gubernamentales en la prensa extranjera16.

En este marco, San Juan se hizo eco de las formulaciones diplomáticas, tanto para intentar beneficiar su economía, como para dirimir conflictos y solidaridades que modularon la política provincial. Como ha afirmado Rayes, al igual que otras provincias, San Juan no fue una simple receptora de las medidas centralizadoras del gobierno nacional en materia de relaciones exteriores, sino que tomó decisiones propias17. Esta situación, se replicó en el funcionamiento de diversas esferas estatales, como la justicia federal, el Congreso nacional y los principales organismos administrativos. Las provincias y sus representantes fueron así protagonistas activos del proceso de edificación de la Confederación. En relación con el tema que nos ocupa, hubo una incesante ida y vuelta entre el poder central y la provincia así como entre esta última y Chile.

El Tratado había perfilado a San Juan como una provincia de tránsito en el circuito comercial trasandino con Chile que, como anticipamos, era de muy larga data18. Durante la Confederación, dicho circuito adquirió un nuevo dinamismo. No solo estuvo regulado por el Tratado y las decisiones del gobierno de Chile, sino que también San Juan se articuló con las restantes provincias en un Estado nacional cuyas autoridades configuraron cartografías que provocaron diversos recelos, negociaciones y disputas.

El gobierno nacional puso en marcha medidas para dotarse de una base material que pudiera revertir la precaria situación financiera. La ciudad de Rosario de la provincia de Santa Fe fue convertida en el principal puerto y nudo de comunicación territorial, al tiempo que el Litoral resultó la región más atendida19. Para San Juan resultó imperioso integrarse a los circuitos de la Confederación, a la vez que mantener el comercio con Chile. La supresión de los derechos de tránsito en todo el territorio y la nacionalización de las aduanas traían complicaciones al erario provincial20. Igualmente, necesitaba reducir los altos costos de transacción y modernizar su sistema productivo, para aprovechar y hacer frente a los desafíos del auge aurífero de California21.

A la par, en una coyuntura de expansión económica internacional, Chile fue incrementando su contacto comercial con el exterior y afrontó diversos desafíos políticos internos. Ello puso a las autoridades en la necesidad de aumentar la presencia y el control estatal en el territorio, aunque, como se ha destacado en diversa bibliografía, su formación estatal fue menos dificultosa que la Argentina. Si bien sus exportaciones más importantes no incluyeron a esta última, la interacción comercial se mantuvo, e incluso el comercio con San Juan y las restantes provincias cuyanas fue disputado entre Rosario y Chile22.

San Juan se valió en beneficio propio de las posibilidades que presentaba este entramado comercial y diplomático a ambos lados de la Cordillera. Por ejemplo, mantuvo el cobro de derechos de exportación a ganados destinados a Chile, lo que implicó una contravención al Tratado y a la propia Constitución nacional, que disponía que ninguna provincia podía establecer derechos de ese tipo. Ambos gobiernos reclamaron por ello a las autoridades sanjuaninas a fines de 1856. Desde Paraná se le advirtió al gobernador Francisco Díaz que Lamarca había dado noticias de una reunión con el presidente de Chile en la que se manifestó muy disgustado. Aunque se reconocía que aún no se habían dictado otras leyes de referencia, se le solicitó un informe para dar cuenta del “grave asunto”23.

La situación económica de San Juan también se tensionaba por el accionar de los Administradores de Rentas y Aduanas. Al igual como sucedía en otros espacios como Corrientes, los conflictos no se vincularon únicamente a las decisiones del gobierno nacional sino también a las de los funcionarios nacionales en la provincia. Existieron denuncias del gobernador a estos últimos por la superposición de funciones en la recaudación impositiva, que golpeaba al erario24.Como observaremos, se sumaron otros focos de tensión, que culminaron en la solicitud de San Juan de un cónsul chileno.

En paralelo, la provincia transitaba una compleja situación política. Tras algunas desavenencias, a inicios de 1855, Nazario Benavides había renunciado como gobernador y fue sucedido por Francisco Díaz. Sin embargo, Benavides continuó como la principal figura política sanjuanina –y de la región– en tanto intermediario del gobierno nacional, por su nombramiento de Jefe de la “Circunscripción Militar del Oeste”, que tenía cabecera en San Juan.

Las tensiones entre la Confederación y Buenos Aires se hicieron presentes. Inicialmente, Benavides apoyó al gobernador pero pronto cambió en su actitud. Incidió en ello, por una parte, la relación familiar de Díaz con sectores liberales, que actuaban cada vez en mayor connivencia con el estado porteño. En Buenos Aires residía por ejemplo Domingo Faustino Sarmiento, férreo opositor a Benavides y a la política de Urquiza. Por otra, fue definitorio un conflicto de Díaz con el provisor de la Diócesis de Cuyo, quien era uno de los principales apoyos de Benavides. En marzo de 1857 este último produjo una revuelta en contra de Díaz en la que hizo uso de su investidura de jefe militar nacional25.

El gobierno nacional vio con buenos ojos lo sucedido, una acción militar que si bien “autónoma” se alineaba con su política, ya que el acercamiento de Díaz con los liberales la comprometía, y decidió la intervención federal de la provincia. La situación reclamaba su rápida pacificación. En efecto, las relaciones con Buenos Aires habían llegado a un nuevo punto de tensión por las “leyes de derechos diferenciales al comercio” y por la elección del gobernador. Valentín Alsina, poco propenso a las vinculaciones con la Confederación, fue electo en mayo de 1857 y se debilitó así la estrategia de Urquiza de que Tomás Guido ocupase dicho cargo26. Guido era uno de sus firmes puntales y, si bien ajeno a la política de San Juan, actuó por su recomendación como senador durante todos los períodos legislativos, lo que resulta nuevamente indicativo del interés por contar con personas adeptas en el territorio provincial.

Entre las instrucciones secretas dadas al Interventor Federal, estaba el favorecer la elección de Benavides como gobernador. Sin embargo, sus bases locales de poder estaban debilitadas por sus decisiones de reemplazar militares y políticos tras la revuelta. Finalmente, en elecciones de septiembre de 1857 resultó gobernador Manuel Gómez Rufino, quien también mantenía vínculos con el estado de Buenos Aires. Benavides permaneció como Jefe de la Circunscripción y sus adeptos lograron algunos puestos en la Legislatura27.

Desde entonces, la conflictividad política sanjuanina fue in crescendo, y fue entretejiéndose también por fuera de los límites nacionales. Rayes ha enfatizado el importante peso dinamizador del pasado de integración económica y cultural en las articulaciones entre Argentina y Chile. Hubo una circulación de información y de relaciones, como advertimos, gestadas en experiencias previas como el exilio rosista28.

Igualmente, algunos actores de San Juan se valieron de los agentes consulares que había nombrado la Confederación en territorio chileno para intentar debilitarla y, a la vez, fortalecer el mandato de Gómez Rufino. Para ello instigaron el encarcelamiento del cónsul y del vice cónsul argentino en Copiapó29. Según éstos, se les inició una causa criminal por una denuncia falsa de hurto en negocios mineros, sin considerar procedimientos acordes a su condición de diplomáticos y vulnerando el Tratado de 1856. Carlos Lamarca se pronunció en el mismo sentido. Afirmó que opositores a Benavides y a Urquiza y adeptos al estado porteño como el sanjuanino Antonino Aberastain, se encontraban entre los principales instigadores de “intrigas, malas pasiones y odios políticos” con la intención de vulnerar “en las personas de los agentes consulares a la autoridad nacional”.

Igualmente, Lamarca denunció que el propio gobernador Gómez Rufino compró armamento para alterar el orden interno y poner en jaque a Benavides. Antonino Aberastain era amigo de Domingo Faustino Sarmiento y uno de los baluartes de Gómez Rufino en Chile, donde actuaba como asesor político en Copiapó desde los 40 (según advertiremos, luego regresó a San Juan y asumió la gobernación en 1861)30. Por ende, Lamarca solicitó al gobierno chileno su aval para que no se vendieran más mercaderías de guerra sin su visado, ya que la situación sanjuanina era “excepcional” porque el ataque era “directo” contra las autoridades nacionales. Finalmente, pese a esgrimir que el Tratado admitía el libre comercio, el gobierno chileno brindó su apoyo31.

 1858: un año de (re)ajustes

Entretanto los sucesos políticos se agudizaban en el transcurso de 1858, las autoridades sanjuaninas continuaron sus intentos por encauzar su economía32. Según anticipamos, una de sus principales estrategias se orientó a que Chile estableciera un Cónsul en la provincia. Motivó la solicitud un cambio en el Tratado, que San Juan percibió como gravemente lesivo. A comienzos de 1858, el gobierno chileno había decidido mediante una ordenanza conducir sus importaciones trasandinas por la provincia de Mendoza –con quien mantenía un comercio más fluido–, y no directamente hacia San Juan. Varios comerciantes y el gobernador reclamaron ante las autoridades nacionales y reconocieron al Congreso como un ámbito donde dirimir el conflicto.

Como en Chile, el recinto fue un sitio de encuentro e integración de las esferas de poder33. De la misma manera que en la sanción de otros conjuntos normativos que hemos analizado en otros trabajos, los ideales e injerencia del ejecutivo nacional se conjugaron con el pragmatismo político y los intereses de las elites provinciales y de los legisladores, y con las disposiciones tomadas por éstos a raíz del debate parlamentario. Si bien el vínculo entre el poder legislativo y el ejecutivo plasmó la armonía alberdiana de un sistema federal con un ejecutivo fuerte, ello no implicó que las provincias resignasen su poder.

En septiembre de 1858, se discutió y formalizó como ley que “el ejecutivo tome medidas para que las ordenanzas de Chile no perjudiquen al comercio de San Juan”34. En el debate, el representante mendocino Martín Zapata afirmó que ello resultaba tardío por la “inactividad e imprevisión”, ya que la ordenanza de Chile había sido dictada “el 1º de enero y comunicada a los pocos días al gobierno de la Confederación”. Pero, había permanecido por muchos meses sin que diese “el menor paso sobre ese asunto” hasta que no “vino a sacarla de allí la interpelación” que él mismo había motorizado. Por su parte, Tomás Guido, el único senador por San Juan presente, también fue uno de los defensores de la ley. Sin embargo, recordemos que era uno de los puntales más firmes de Urquiza en el recinto, por lo que se mostró mucho más moderado en sus expresiones.

De hecho, en junio de 1858, Zapata había solicitado a sus pares la interpelación de los ministros de Hacienda y Relaciones Exteriores, quienes no habían incluido en sus Memorias anuales información sobre el asunto. Éstos adujeron que no contaban “con la aceptación de Urquiza” para ampliar el punto, aunque no habían querido mantener al Congreso “desinformado”. Si bien algunos legisladores se mostraron disgustados, finalmente acordaron levantar la interpelación y obtener un informe.

A la vez, se hicieron reclamos por el desconocimiento de otras medidas que había tomado el propio ejecutivo nacional, que también afectaban las interacciones de San Juan con Chile. Por numerosos fraudes realizados al comercio desde 1856, se había decidido por una circular del Ministerio de Hacienda gravar con derechos a las primeras materias extranjeras de los productos fabricados en Chile. Ello estaba prohibido por el artículo XI del Tratado que declaraba libres de derechos de internación los artículos fabricados en el otro.

Lamarca se mostró especialmente “sorprendido” por tener que enterarse por comerciantes y por la prensa de decisiones cruciales como dicho gravamen35. Y más aún tolerar los “justos reclamos” del gobierno chileno, cuando le hicieron notar que en su Memoria, el ministro de Hacienda afirmó que había puesto en comunicación la medida a las autoridades respectivas, y ello no era así. De igual manera, Lamarca se manifestó en disconformidad con la “censura” sufrida por la nota que había adjuntado al reglamento provisorio del comercio que había sancionado Chile, junto a reformas como la variante en lo respectivo a que los comerciantes de San Juan presentasen sus mercancías en la Aduana de Mendoza.

El Ministro de Hacienda lo declaró sin “autorización ni competencia” para elevar el documento al gobierno nacional, ya que Lamarca había traslimitado reglas de “cortesía”, al referirse al sistema comercial como “imperfecto”. Por su parte, Lamarca respondió que solo intentaba advertir, como ya lo había realizado en numerosas notas oficiales que nunca le fueron contestadas, sobre las órdenes contradictorias que recibían los Administradores desde 1856. Además, sostuvo que con acciones de este tipo, el ministro pretendía “reducir demasiado” su puesto de representante del gobierno nacional en Chile. Si así era pensado el “rol de la diplomacia” era imposible toda “buena inteligencia para ampliar las relaciones y cultivar los intereses internacionales”.

Por lo tanto, las demoras que los legisladores reclamaron al poder ejecutivo nacional también cristalizaron desacuerdos entre Lamarca y el ministro de Hacienda por el ejercicio de sus atribuciones y la marcha de las negociaciones. Este episodio se replicó en reiteradas ocasiones durante la década. Lamarca se mostró desencantado con el accionar de las autoridades nacionales tanto en su correspondencia oficial como privada, por ejemplo, con Juan María Gutiérrez, quien recordemos había gestionado su designación. No le brindaban pautas ni documentación precisa, a lo que se sumaba la poca remuneración que percibía y el descuido de cuestiones formales, como el uso de banderas y uniformes36.

El Congreso chileno se hizo eco nuevamente de lo discutido en la Confederación. Se dio cuenta de la interpelación iniciada por Zapata. Este último mantenía estrechos vínculos comerciales en Chile y en los recesos del Congreso solía radicarse allí con su familia, por lo que se convirtió en nexo de información37. En efecto, las referencias cruzadas sobre la actividad y experiencia parlamentaria fueron frecuentes. Y en el caso de la Confederación, ello no solo fue así respecto de Chile sino de otros países limítrofes como Brasil, que generalmente servía como contraejemplo por su régimen monárquico.

Tanto los reclamos de Lamarca como este tipo de situaciones ponen en relieve que la producción y circulación de información era significativa para estructurar la institucionalidad estatal y para la edificación de dirigencia nacional38. De igual forma, se constituyen en un nuevo ejemplo de la manera en que la construcción estatal de la Confederación corría paralela a sus vinculaciones con los países vecinos, tanto en lo económico como en las interacciones políticas e institucionales39.

Meses después de la interpelación, el tema de San Juan continuó en la agenda legislativa de la Confederación. Por entonces, además de recalcarse la demora, se insistió en que el nudo problemático era la inexistencia de un cónsul chileno en San Juan. Por el contrario, el gobierno de Chile decidió que se aduanara en Mendoza, por lo que los comerciantes no podían dirigirse en consulta a San Juan ni sujetar a derecho las importaciones por allí realizadas. Zapata, quien a la par defendía sus intereses ya que como señalamos pertenecía a una familia de comerciantes y hacendados, enfatizaba por ejemplo que los fardos debían ser manipulados varias veces. Pese al potencial incremento del erario de Mendoza, surgían también complicaciones en las transacciones40.

A lo esgrimido en el debate legislativo, se sumaron los reclamos del gobernador Gómez Rufino, quien leyó la situación en torno al concepto y ejercicio de la soberanía. La Confederación había señalado como Aduanas todos los puestos terrestres fronterizos de Chile, mientras que este último se tomó la atribución de suprimir el sanjuanino41. Ello implicaba un ataque directo a la soberanía nacional. Por una parte, se desconocían las decisiones estatales de la Confederación. Por otra, aunque San Juan no contaba con el mismo potencial comercial, mantenía por los mandatos constitucionales los mismos derechos y atribuciones que las restantes provincias. Así, el gobierno nacional no debía haber prolongado el tratamiento del problema como se exaltaba en el Congreso.

Una situación que despertó argumentos similares se produjo respecto de los transportes y correos, aspectos cruciales para el desarrollo comercial y también minero, que en seguida referiremos. Urquiza se mostró en este caso dispuesto a apoyar iniciativas privadas para comunicar a San Juan con Rosario, porque no importaban recursos mayores al fisco nacional. Ello evidencia una estrategia pragmática que intentaba vincular un espacio económico que exaltaba la centralidad de Rosario, pero continuaba con la integración de Chile. Esta estrategia, según ampliaremos, se mantuvo hacia finales de la década. Ante la necesidad de establecer accesos económicos ultramarinos por las urgencias que imponía el conflicto con Buenos Aires, se favoreció una política de articulación que facilitaba el acceso a los circuitos del Atlántico y el Pacífico, respectivamente.

En agosto de 1858, Urquiza presentó al Congreso un proyecto de ley que acordaba privilegios a la empresa británica Moreno Ruscheweyh y Cía. para establecer una línea de carros tirados por mulas o caballos, que condujesen mercaderías de Rosario a San Juan y viceversa42. Tomás Guido, exaltó “el impulso dado al comercio de una provincia confederada lejana y agricultora” que ponía en relación además a otras provincias, que se hallaban en el camino como San Luis y Mendoza, facilitando el intercambio de sus productos así como las mercaderías introducidas por Chile.

La discusión legislativa versó sobre varias cuestiones y finalmente el proyecto fue convertido en ley. Entre ellas, resulta importante resaltar en función de este estudio, que las restantes provincias volvieron sobre el sistema federal que integraban. Muchos de los representantes se opusieron a la ley y su argumento fue que existían otras experiencias que no habían sido “privilegiadas” por el gobierno nacional. Por ejemplo, se señaló que en el norte otras empresas habían abierto caminos –como en la exploración del Bermejo– sin solicitar ningún privilegio. Se “rompía” entonces el principio de “equidad”.

Por su parte, los ministros que fueron al recinto a dar explicaciones en nombre del poder ejecutivo lograron convencer a los legisladores. Señalaron que la comparación no era adecuada porque se presuponía que la apertura del camino era rentable, cuando ya se había mostrado con las Mensajerías Nacionales que la puesta en marcha de caminos terrestres no era un negocio que diera muchas ganancias.

En efecto, la propia San Juan era testigo de ello, porque las restricciones impuestas a las Mensajerías al mismo momento en que se estaba discutiendo la ley, no la habían beneficiado. El contrato firmado en 1858 –y vigente en 1859– había reducido sus correos mensuales hacia Chile y el Litoral por los que se pasaba “información y capitales” de dos a uno en cada caso, lo que fue en detrimento de los intereses comerciales y mineros. A diferencia, Mendoza tenía cinco correos mensuales que la privilegiaban. Ello provocó también recelos de las autoridades sanjuaninas43.

Lo narrado hasta aquí invita a pensar en los roles y los ritmos diferenciales de integración de las provincias en el orden político nacional. Evidentemente, importaban los términos del devenir político de San Juan, por la potencial influencia y amenaza del estado porteño. Por dicha circunstancia, se le había asignado la cabecera militar y religiosa de la región. Sin embargo, la situación económica y los vínculos internacionales que ésta generaba en lo respectivo al comercio con Chile, no merecieron la misma atención por parte de las autoridades de la Confederación44.

Pese a la colaboración que mantuvieron en distintas ocasiones en materia militar y política, San Juan buscó equiparar el lugar económico preeminente de Mendoza en la región, que las autoridades de Chile y de la Confederación parecían fortalecer45. A la vez que, como comenzamos a advertir, San Juan pretendió también su integración con el Litoral sin por ello intentar constituirse en un polo dinamizador autónomo.

 1859-1861: nuevas tensiones y negociaciones

Finalmente, se dieron instrucciones oficiales a fines de 1858 a Lamarca para gestionar el nombramiento de un cónsul en San Juan. Dicha tarea fue compleja, ya que 1859 se inició de una forma particularmente convulsionada tanto en Chile como en la Confederación. Y, al interior de esta última, los sucesos políticos de San Juan tuvieron una influencia decisiva.

Lamarca señalaba a finales de marzo, que se le hacía imposible avanzar en la gestión. Chile se dedicaba a ordenar su política interna, tras las revoluciones sucedidas en el norte y el sur del país, y su economía por los efectos de la crisis iniciada en 1858, que afectó la minería de plata y cobre –principal actividad– e incidió en dichos sucesos revolucionarios. Al tiempo que la perturbación en San Juan mermaba el intercambio comercial y había además actores que accionaban desde la provincia contra el orden chileno, por lo que no merecía un trato diferencial46. Por todo ello, no había al momento “urgencia” de un cónsul. Sin embargo, el gobierno de Chile deslindó responsabilidades sobre posibles perjuicios a San Juan. Con medidas “caprichosas” como el gravamen de productos que aún no había suspendido, la Confederación embarazaba la “libre acción del comercio”, que no se resolvería con la simple presencia de agentes consulares47.

Por entonces, las relaciones entre la Confederación y Buenos Aires habían llegado a otro punto álgido que permeó la política sanjuanina. En mayo de 1858 el Congreso autorizó a Urquiza a resolver la cuestión de la integridad nacional por “negociación o guerra”. En San Juan, miembros de la Legislatura y el gobernador Gómez Rufino fortalecían sus vínculos con el gobierno porteño, a la par que crecían los conflictos con Benavides por el uso de la fuerza militar. Los rumores de conspiración llevaron a que en septiembre el gobernador dispusiera su arresto. Mientras permanecía en prisión, en octubre Benavides fue asesinado por miembros de las milicias provinciales, lo que condujo a una nueva intervención federal48.

A partir de entonces, las relaciones entre San Juan y la Confederación adquirieron un dinamismo diferente. Por una parte, la intervención federal estuvo a cargo del jefe militar José Antonio Virasoro, quien fue nombrado gobernador a inicios de 1859. La intención del gobierno nacional fue asegurarse objetivos de corto plazo: vengar a Benavides y lograr la sucesión de Urquiza por Santiago Derqui en la presidencia, desplazando al sanjuanino Salvador María del Carril. Virasoro era un correntino “ajeno” a la provincia que facilitaría ambas tareas, gracias a su capital militar y a su reconocida filiación derquista. Sin embargo, pronto afloraron tensiones con las autoridades nacionales. Mientras que Virasoro tampoco logró apoyos sólidos en la provincia, ni de las facciones adeptas a Benavides ni de los sectores liberales49. Por ende, no tuvo el mismo rol de intermediario y articulador de las políticas nacionales en San Juan.

Por otro lado, el asesinato de Benavides aceleró la vía militar entre la Confederación y Buenos Aires. En la batalla de “Cepeda” de octubre de 1859, esta última resultó vencida y se procedió entonces a discutir los términos de su integración con la Confederación. Así, desde inicios de 1859 y hasta 1861 los esfuerzos del poder ejecutivo y del Congreso estuvieron orientados a la lucha con el estado porteño. Ello se hizo visible por ejemplo en la legislación. Según surge del análisis de las 292 leyes sancionadas en la década, hasta 1859 el Congreso se había dedicado en buena medida a conformar una matriz estatal institucional, mientras que desde entonces se produjo dicho deslizamiento mayor hacia las relaciones con Buenos Aires50.

En este contexto, las variantes entre la situación política y económica de San Juan se acentuaron. Los ritmos políticos locales marcaron la agenda en Paraná pero la situación económica continuó como un eje de conflicto51. Con todo, Lamarca logró que en noviembre de 1859 finalmente se estableciera un cónsul en la provincia. Para hacer frente a las dificultades que había implicado su ausencia, las autoridades sanjuaninas habían dispuesto un sistema de fianzas para las mercaderías chilenas, que se superpuso a las funciones del cónsul. Éste solicitó entonces quedar al descubierto de “cualquier responsabilidad”, ya que le estaban prohibidas ese tipo de acciones. Luego el asunto fue aclarado y el sistema de fianzas fue suspendido52.

En mayo de 1860 el gobierno nacional dispuso el fin de la misión de Lamarca como Encargado de Negocios en Chile, bajo el argumento que las relaciones entre la Confederación y Chile eran “fraternales”53. Como anticipamos, pese a que se dio lugar al reclamo del cónsul en San Juan y a que hacia 1860 los vínculos a ambos lados de la cordillera permanecían menos tensos –así lo entendía también Lamarca–, el comercio de San Juan y las restantes provincias cuyanas con Chile permaneció en disputa. En este caso, Rosario fue un actor categórico.

Ejemplo de ello es la publicación de una polémica en el periódico oficial “El Orden” de San Juan a finales de 1860 que conocemos gracias a Gnecco54. Esta serie de notas resulta por lo demás interesante para continuar advertiendo diversas posturas y alternativas entre las autoridades provinciales y nacionales, Rosario y Chile.

La polémica fue iniciada por la prensa rosarina en un editorial en el mes de mayo, cuyo título denota la tónica de su contenido: “Resultados funestos del Comercio con Chile”. Allí se sugería que era necesario “obligar por sabias medidas económicas o medios violentos” a San Juan y las demás provincias cuyanas a instalar sus negocios en los centros comerciales del Litoral. Por su parte, la respuesta de la prensa chilena en “El Araucano” no se hizo esperar. Afirmó que dichas provincias “preferían al puerto de Valparaíso antes que al de Rosario” para realizar sus operaciones y que no se podía amedrentarlas y “obligarlas a lesionar sus intereses”, porque por el Tratado podían optar por uno u otro puerto55. La competencia con Chile era vista así por Rosario como una situación problemática.

Por su parte, las autoridades de la Confederación intentaron matizar esta semblanza desde el periódico oficial “El Nacional Argentino” que se editaba en Paraná y, para ello, llamaron a escribir a un colaborador chileno. Si bien en la nota se exaltó al puerto de Rosario, a su entender las críticas no debían ser tan enfáticas, dado que para la Confederación era beneficiosa la apertura comercial. Ello se había evidenciado con la firma del Tratado en 1856 y con la publicación recíproca de varias notas sobre las potencialidades de establecer otras comunicaciones con Chile.

Lamarca coincidió en este caso con el diagnóstico de las autoridades nacionales. En una carta a Juan María Gutiérrez redactada pocos días antes de culminar sus funciones, afirmó que la prensa de Rosario había procedido con una “cínica mala fe” anteponiendo los intereses de la ciudad a los de la nación e intentando desacreditar la política de esta última. Asimismo, esbozó un breve balance estadístico sobre lo redituable que era dicho comercio para la Confederación: “la exportación de mercaderías en tránsito” de Chile para consumo se calculaba en 1.500.000 pesos y la “de artefactos o productos de cultivo y fabricación chilena” no pasaba de los 30.000 pesos anuales. Además, el contrabando se había reducido al mínimo56. Dichas cifras no eran nada desdeñables si se las compara, por ejemplo, con el presupuesto anual de la Confederación de 1860, que proyectaba un total de gastos por 4.312.227 pesos que incluían una deuda exigible de 1.800.000 pesos57.

Asimismo, como ha señalado Gnecco, con la exteriorización de las distintas posiciones, “El Orden” legitimaba la perspectiva de las autoridades de San Juan. En efecto, al hacer eco de lo dicho por la prensa de Paraná se buscaba exaltar la vía de Valparaíso que resultaba más beneficiosa a su comercio, pero no por ello dejaba de interesarse por la ruta del Litoral58. Ello se hizo visible también en el apoyo a la ley sobre el camino entre Rosario y la provincia que señalamos. San Juan se mostraba entonces como participante de una dinámica que reconocía al Litoral como un polo, aunque a la par buscaba su progreso. Y, para esta última condición, era primordial lograr el apoyo de Chile.

En efecto, Virasoro también defendía desde la prensa dicho comercio porque estaba en sus planes incentivar el desarrollo minero59. Requería para ello de la afluencia de capitales, saberes y materiales para modernizar dicha producción y la experiencia en curso de Chile era fundamental. Virasoro se sirvió así de la minería como un elemento identificatorio y distintivo. Si bien la actividad había estado en la agenda de las autoridades provinciales desde inicios de la década, adquirió preponderancia en su gobernación. Como señalamos, Virasoro mantenía conflictos con sectores en Paraná y tenía poco consenso en San Juan, y desde la minería pretendió legitimarse “hacia fuera y dentro”. En la prensa oficial vehiculizó su postura. El tono de los editoriales fue cada vez más condenatorio de las prácticas económicas del gobierno nacional, al tiempo que se enfatizaban los esfuerzos privados de Virasoro y su grupo político por fomentar la actividad minera.

En este marco, se cristalizaron (auto)representaciones sobre el rol de San Juan en la nación y se integró a Chile como espacio de referencia60. En efecto, la minería aparecía ante sus ojos como un elemento de distinción de las restantes provincias que era fundamental para el progreso nacional. San Juan se presentaba como la “única capaz de abastecer a la nación entera” y como la futura “llave de la inmigración”. Por ende, el gobierno nacional estaba en “deber de explotar minería sanjuanina no solo por razones del derecho natural sino por sus propias conveniencias”, como sucedía en Chile. La solución radicaba en que tanto los mineros chilenos como los “ricos capitalistas del litoral” que creían exagerado el potencial de la actividad, se asociaran a la misma. Al momento, se intentaban llevar a cabo empresas como la del ferrocarril Córdoba –Rosario por lo que era “absurdo que la más notable y positiva riqueza de un país que es la explotación de plata y oro fuera tratada con indiferencia”61.

Finalmente, al culminar 1860 llegaría a San Juan el inspector de minas Augusto Bravard, con instrucciones del ministerio del Interior de hacer un informe. Con todo, el impulso a la minería durante el período provino más del plano local y dentro de éste, de iniciativas particulares. De hecho, tampoco Chile se involucró en la explotación minera al nivel que se esperaba62. Pero para entonces, una nueva revuelta tuvo lugar en San Juan que culminó en el asesinato de Virasoro, aparentemente por orden de Antonino Aberastain que había regresado a la Confederación. Luego éste correría la misma suerte a inicios de 1861. Ello fue un importante catalizador de la batalla final de “Pavón” entre Buenos Aires y la Confederación. En 1862, Bartolomé Mitre asumió la presidencia, dando inicio a una nueva etapa de conformación estatal bajo la hegemonía porteña.

 Consideraciones finales

En este trabajo analizamos las variantes de integración política y económica de San Juan en los escenarios nacional de la Confederación y transcordillerano. Dimos cuenta de la manera en que el comercio terrestre con Chile incidió tanto en la definición de tensiones políticas provinciales como en la gravitación de San Juan en la trama político-institucional federal de la Confederación. En efecto, los espacios nacional/es y provincial/es estaban en conformación y sus diversas situaciones internas y múltiples interacciones modularon en gran medida dichos procesos.

A partir de la articulación en el análisis de estas escalas espaciales y de clivajes coyunturales, revelamos entonces aspectos poco conocidos sobre el caso de San Juan. En efecto, las vinculaciones comerciales se fueron ajustando por cuestiones de diversa índole: las formulaciones diplomáticas y coyunturas políticas de la Confederación y Chile, la influencia recíproca entre las situaciones políticas de la Confederación y San Juan –donde se destacó, por ejemplo, las diferencias en las estrategias del gobernador Virasoro, quien acentuó sus reclamos al gobierno nacional y se sirvió para ello de la minería–, la interacción de San Juan con las restantes provincias en instituciones como el Congreso, la gestión de Carlos Lamarca en tanto intermediario que hizo uso de su capital relacional y económico construido en su experiencia previa como exiliado, a la vez que mantuvo desavenencias con otras autoridades nacionales como el ministro de Hacienda que dificultaron su labor, etc.

En este devenir, la situación económica provincial se fue definiendo también por dimensiones regionales como la “tensión” con Mendoza por la preeminencia en Cuyo y el peso polarizador del Litoral. La conformación y el refuerzo de las vinculaciones con el Litoral y con Chile no fueron excluyentes, sino que ambas incumbieron en la consolidación de la institucionalidad estatal de la Confederación y en el desarrollo de San Juan. Las autoridades provinciales tuvieron respuestas alternativas entre la obstaculización de las medidas emanadas de Paraná y Chile y su demanda de apoyo a ambos gobiernos. Incluso aprovecharon la trama diplomática y comercial en beneficio propio, aun cuando este último no colmara sus expectativas.

De hecho, hemos enfatizado que la situación económica de San Juan contrastó con la política. Esta última tuvo una fuerte influencia en la lucha entre la Confederación y Buenos Aires por la supremacía nacional. San Juan importaba especialmente a las autoridades de Paraná por la amenaza porteña, por lo que los ritmos políticos provinciales fueron seguidos mucho más de cerca que sus actividades comerciales. Los mandatarios sanjuaninos no permanecieron entonces indiferentes a esta situación.

Ello se hizo visible igualmente en la dinámica legislativa. San Juan y las restantes provincias hallaron en el Congreso nacional un marco institucionalizado en el que construir y ejercer su poder, que no se forjó entonces solo como producto de un gobierno central expansivo. Por el contrario, el recinto actúo como una arena de expresión y resolución de tensiones y acuerdos provinciales y nacionales que acentuaron su carácter soberano.

En definitiva, dimos cuenta de negociaciones y conflictos entre diversos actores, con sus propios intereses, redes de relaciones, estrategias y prerrogativas. El análisis resultó ilustrativo de la discusión y puesta en práctica de formas concretas de articulación, de participación y de preponderancia entre los poderes estatales y entre las esferas de poder nacional/es y provincial/es. Todo ello redundó en beneficio de un ejercicio político experimental, que realzó y fue dando sustancia al carácter federal de la formación estatal de la Confederación63. Así, hemos pretendido ampliar la comprensión sobre la manera en que fue construido y ejercido el poder y en que fue ponderado y materializado el lugar de las distintas provincias en esta década bisagra del siglo XIX argentino. Es esperable que futuros estudios comparados con otras realidades provinciales que conocemos, como con las que aún aguardan un estudio pormenorizado, sigan contribuyendo en este mismo sentido.

Notas

1 Sobre el proceso histórico nacional y provincial que estudiamos retomamos evidencia de nuestras investigaciones doctoral y posdoctoral sintetizadas recientemente en Lanteri, Ana Laura, Se hace camino al andar, Rosario, Prohistoria ediciones, 2015.         [ Links ]

2 Por la amplia producción, nos permitimos citar dos obras de síntesis: Bragoni, Beatriz y Eduardo Míguez (Coords.), Un nuevo orden político. Provincias y Estado Nacional, 1852-1880. Buenos Aires, Biblos Historia, 2010 y Mí         [ Links ]guez, Eduardo, “Gestación, auge y crisis del orden político oligárquico en la Argentina. Balance de la historiografía reciente”, PolHis, Nº 9, Mar del Plata, 2012, pp. 38-68.         [ Links ]

3 Tras los fracasos constitucionales de 1819 y 1826, el gobernador de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas (en los períodos 1829-1832 y 1835-1852) impuso su estrategia de postergación indefinida de un Congreso General Constituyente. Ello le permitió inhibir la creación de un sistema político que se situase por encima de las soberanías provinciales. Por el contrario, el “Pacto Federal” de 1831 dio base jurídica a una Confederación. La misma integró a las provincias como “estados soberanos e independientes” que solo delegaron el ejercicio de las relaciones exteriores en Buenos Aires. Rosas pudo así mantener el mínimo de unión indispensable para influir sobre el territorio rioplatense. Con todo, su poder encontró resistencias que finalmente precipitaron su derrota en la batalla de “Caseros” en febrero de 1852. La constitución sancionada en 1853 fue el marco jurídico que surgió como la materialización de la posición de las provincias. La estructura del nuevo sistema, inspirado en los postulados de Juan Bautista Alberdi, reposó en un equilibrio teórico entre un poder ejecutivo sin posibilidad de reelección, un poder legislativo bicameral y un poder judicial. A diferencia de la organización confederal, la nueva federación se amalgamaría por la delegación en el poder nacional de ciertas facultades por parte de los gobiernos provinciales. Tras diversos intentos de integración por la vía económica, diplomática y política, la situación se resolvió por la vía militar. En la batalla de “Cepeda” resultó victoriosa la “Confederación” y Buenos Aires aprobó la constitución nacional tras diversas reformas en 1860. Finalmente, en la batalla de “Pavón” de diciembre de 1861 fue Buenos Aires la que se impuso y se procedió a la disolución de los poderes nacionales de la “Confederación”. El período 1852-1862 ha sido mal denominado entonces como la “Confederación”, ya que se conformó un Estado federal. Utilizamos por ende el término encomillado hasta aquí y en adelante lo hacemos sin comillas. Sobre el tema ha llamado la atención José Carlos Chiaramonte, entre otros de sus trabajos: “El federalismo argentino en la primera mitad del siglo XIX”. En Marcello Carmagnani (Coord.), Federalismos latinoamericanos: México / Brasil/ Argentina, México, FCE, 1993, pp. 81-132.         [ Links ] Vale decir que referimos en el artículo de manera indistinta a poder/gobierno central, nacional y federal.

4 Según el enfoque propuesto por Buchbinder, quien ha focalizado en el caso de la provincia de Corrientes. Entre otros trabajos del autor, Buchbinder, Pablo, Caudillos de pluma y hombres de acción. Estado y política en Corrientes en tiempos de la organización nacional, Buenos Aires, Prometeo, 2004.         [ Links ]

5 Lanteri, Ana Laura, “(Inter) acciones para un nuevo orden nacional. La experiencia política de San Juan a partir de la Circunscripción Militar del Oeste y el Congreso durante la “Confederación” (1855-1858)”, Anuario del Instituto de Historia Argentina, N°14, La Plata, 2015, pp. 1-21.         [ Links ] Variada bibliografía sobre el período ha enfatizado la importancia de San Juan en el tejido político de la Confederación.

6 Además de nuestra investigación, nos servimos de Scobie, James, La lucha por la consolidación de la nacionalidad argentina 1852-1862, Buenos Aires, Hachette, 1964;         [ Links ] Peñaloza de Varese, Carmen y Héctor Arias, Historia de San Juan, San Juan, Spadoni, 1966;         [ Links ] Videla, Horacio, Historia de San Juan. Tomo IV: Época patria (1836-1862), Buenos Aires, Academia del Plata, 1976;         [ Links ] Instituto de Historia Regional y Argentina “Héctor Domingo Arias”, Desde San Juan hacia la historia de la región. Parte I siglos XVI-XIX, San Juan, Universidad Nacional de San Juan, 2006 y Ferrá         [ Links ] de Bartol, Margarita, Alicia Norma Sánchez Cano y Mabel Cercós de Martín, Archivo del Brigadier General Nazario Benavides, Vol. 5, San Juan, Universidad Nacional de San Juan, 2007, especialmente pp. 8-94.         [ Links ] Sobre un interesante examen del funcionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores y las legaciones en el período Brezzo, Liliana, “Intimidades de una diplomacia: el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Confederación (1854-1860)”, Todo es Historia, N° 322, Buenos Aires, 1994, pp. 76-88,         [ Links ] y sobre datos sobre la gestión de Lamarca Caillet Bois, Ricardo, “Carlos Lamarca y la misión diplomática de 1885”, Investigaciones y Ensayos, N° 12, Buenos Aires, 1972, pp. 33-45.         [ Links ]

7 Pablo Buchbinder, 2004, op. cit., y “Estado nacional y provincias bajo la Confederación Argentina: una aproximación desde la provincia de Corrientes”, Desarrollo Económico, Buenos Aires, Nº 164, 2002, pp. 643-664;         [ Links ] Rayes, Agustina, “Mas allá del conflicto. Las relaciones diplomáticas con Chile en la construcción del Estado nacional argentino”, Bicentenario. Revista de Historia de Chile y América, Vol. 9, N° 2, Santiago de Chile, 2010 a, pp. 59-85 y “         [ Links ]La relación bilateral gubernamental entre Argentina y Chile, 1862-1880. La dimensión del conflicto”, Temas de historia argentina y latinoamericana, N°17, Universidad Católica Argentina, 2010 b), pp. 200-236.         [ Links ]

8 No atendemos a las peculiaridades del estado financiero y el desarrollo productivo durante la Confederación, que pueden consultarse entre otros en Álvarez, Juan, “Guerra económica entre la Confederación y Buenos Aires (1852-1861)”. En Ricardo Levene (Comp.), Historia de la Nación Argentina, Vol. 8, Buenos Aires, El Ateneo, 1962, pp. 167-206;         [ Links ] Schmit, Roberto, Historia del capitalismo agrario V: los límites del progreso: expansión rural en los orígenes del capitalismo rioplatense, Entre Ríos 1852-1872, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008, pp. 152-160 y Garavaglia,         [ Links ] Juan Carlos, “Rentas, deuda pública y construcción estatal: la Confederación Argentina, 1852-1862”, Desarrollo Económico, Buenos Aires, Nº 198, 2010, pp. 223-248.         [ Links ] Tampoco examinamos la política económica y la situación política del período en Chile, que ha sido atendida por variada e interesante bibliografía, sino que destacamos solamente algunas cuestiones en función de nuestro estudio. Lo hacemos tomando como base los estudios de Rayes, 2010 a y b.

9 Datos biográficos sobre Juan María Gutiérrez, en Carranza, Arturo, La cuestión capital de la república 1826-1887, Buenos Aires, 1926, pp. 249-253;         [ Links ] Caillet Bois, 1972, op. cit., pp. 33-34; y sobre Lamarca, en Villalobos, Sergio, Origen y ascenso de la burguesía chilena, Chile, Editorial Universitaria, 1987, pp. 49 y 55 y Centro de Investigaciones Filoló         [ Links ]gicas “Jorge M. Furt” de la Escuela de Humanidades de la Universidad de San Martín, Cartas de José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi (1852-1884), Volumen 1, Buenos Aires, UNSAM, 2013, p. 11.         [ Links ]

10 “Cámara de Senadores, Sesión del 24/9/1855”, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia Argentina, Congreso Nacional, Cámara de Senadores. Actas de las Sesiones del año 1855, Buenos Aires, Imprenta del Orden.

11 En adelante referencias extraídas de “Cámara de Senadores/Diputados, sesiones N° 19 del 27/7/1857, N° 8 extraordinaria del 28/10/1857 y N° 10 extraordinaria del 31/10/1857”, consultadas desde: http://historiapolitica.bcn.cl/historia_legislativa.

12 Centro de Investigaciones Filológicas “Jorge M. Furt” de la Escuela de Humanidades de la Universidad de San Martín, 2013, op. cit., p. 12.

13 Hemos reflexionado sobre el punto en relación con la designación de “abogados nacionales” en Lanteri, Ana Laura y Carolina Piazzi, “Actores para un nuevo orden nacional. Los ‘abogados de la Confederación’ argentina: la idoneidad entre lo jurídico y lo político”, Nuevo Mundo. Mundos Nuevos, Francia, Débats, mis en ligne le 10 juin 2014.         [ Links ]

14 Gálvez, Víctor (Vicente Quesada), Memorias de un viejo, Buenos Aires, Solar, 1942, p. 199.         [ Links ] Según nuestro examen, de las 203 personas que ocuparon los puestos estatales nacionales más importantes, más del 20% del total debió exiliarse por su militancia antifederal en la “Liga del Interior” en 1832 y en la “Coalición del Norte” en 1841. Algunos se desempeñaron en funciones diplomáticas, mientras que muchos otros a su regreso a la Confederación formaron parte también de las elites dirigentes provinciales. Lanteri, 2015, op. cit.

15 Sobre Montevideo y las interacciones en la Cuenca del Plata, entre otros, Moniz Bandeira, Luis Alberto, La formación de los estados en la Cuenca del Plata, Buenos Aires, Grupo editorial Norma, 2006.         [ Links ] Como es sabido, Juan Bautista Alberdi fue el principal teórico de la organización constitucional argentina y Francisco Pico fue un reconocido jurisconsulto porteño que se unió a la política de la Confederación y se desempeñó además como Ministro de Relaciones Exteriores en 1860.

16 Brezzo, 1994, op. cit., pp. 80-81.

17 Rayes, 2010a, op. cit., p. 61. Esta autora ha enfatizado la importancia de la perspectiva regional para aprehender las lógicas diplomáticas entre Chile y Argentina en la segunda mitad del siglo XIX.

18 Había adquirido importancia desde la creación del Virreinato del Río de la Plata, cuando San Juan pasó de integrar la Gobernación Intendencia de Cuyo junto a San Luis y Mendoza, a conformarse en provincia autónoma. Sin embargo, desde la apertura del puerto de Buenos Aires la vía del Atlántico se convirtió en la más pujante y esta ruta declinó su accionar, que recién fue revitalizado con las guerras de independencia, ya que al verse perjudicadas las comunicaciones, las autoridades sanjuaninas decidieron darle un nuevo impulso. La principal actividad económica desde comienzos del siglo XIX era la agricultura, y la fuente de recursos más importante eran entonces los campos de pastoreo para el engorde de ganado, que era llevado en pie hacia Chile. La agricultura proveía además al consumo local –principalmente trigo y maíz– y además permitía exportar harinas, vinos, aguardientes y frutas secas a las provincias vecinas y a Chile. De allí se traían productos manufacturados de Europa, que pasaban generalmente en tránsito por Valparaíso. San Juan limita al oeste con Chile por la cordillera, con La Rioja y San Luis y en 1860 poseía alrededor de 50 000 habitantes. Datos en De Moussy, Martín, Descripción geográfica y estadística de la Confederación argentina, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 2005 (1a edición 1860), Tomo II, p. 495 y Tomo III pp. 416-418 y 530 y Ló         [ Links ]pez Daneri, María Eugenia y Dora Davire de Musir, “Las vías de circulación como factor de integración regional”. En Instituto de Historia Regional y Argentina “Hector Domingo Arias”, 2006, op. cit., pp. 229-243. Sobre los puntos de paso, Cámara de Diputados de la Nación, El Poder Legislativo de la Nación Argentina, por Carlos Alberto Silva, Buenos Aires, CDN, 1937, Tomo IV, pp. 243-246.         [ Links ]

19 Entre otros, Buchbinder, 2004, op. cit., quien también mostró variantes en el Litoral, por las formas diferenciales en que Corrientes y Entre Ríos se vieron afectadas por la política fluvial de la Confederación.

20 Sobre el punto, Álvarez, 1962, op. cit. y Buchbinder, 2004, op. cit.

21 Entre otros, Peñaloza de Varese y Arias, 1966, op. cit., y Rock, David, La construcción del estado y los movimientos políticos en la Argentina, 1860-1916, Buenos Aires, Prometeo, p. 41.         [ Links ]

22 Rayes, 2010 a), pp. 67-69. Entre los aspectos más destacados, se ha enfatizado que Chile tuvo una formación estatal más temprana que Argentina en el marco de una estructura social heredada de la época colonial que permaneció “con menos alteraciones” y también de una mayor homogeneidad regional y de un modelo de gobernabilidad más estable. Rayes, 2010a, op. cit., p. 62; Oszlak, Oscar, La formación del estado argentino, Buenos Aires, Planeta, 1997, p. 24.         [ Links ]

23 “Carta de José Miguel Galán al gobernador de San Juan, Paraná, 17/12/1856”, Archivo General de la Provincia de San Juan, Fondo Histórico, Libro 270.

24 Entre otras, “Carta del Ministro General al Administrador de Rentas en la Provincia, San Juan, 27/12/1856” y “Carta del Receptor de Rentas provinciales al Administrador de la Tesorería de la provincia, Jáchal, 17/3/1856”, Archivo General de la Provincia de San Juan, Fondo Histórico, Libro 273. Sobre Corrientes, Buchbinder, 2004, op. cit.

25 Benavides era una importante figura regional desde antes de los 50, entre otras funciones fue Brigadier General de San Juan, Salta, Tucumán y Buenos Aires también desde inicios de los 40. No nos detendremos aquí sobre su larga trayectoria pública y privada. Hemos analizado con detalle estos sucesos en Lanteri, 2015, op. cit., por lo que nos permitimos citar solo algunos puntos clave. Las facciones liberal y federal, se identificaban en buena medida con el estado de Buenos Aires y la Confederación respectivamente. Al respecto, Míguez, Eduardo, “Política y partidos en la organización nacional”. En Ana Laura Lanteri (Coord.), Actores e identidades en la construcción del estado nacional (Argentina, siglo XIX), Buenos Aires, Teseo, 2013, pp. 171-210.         [ Links ]

26 Scobie, 1964, op. cit.; Ferrá de Bartol, Sánchez Cano y Cercós de Martín, 2007, op. cit. Con el objetivo de obviar la intermediación del puerto de Buenos Aires, se sancionaron en 1856 y en 1858 dos leyes de “derechos diferenciales” que intentaron atraer el comercio exterior en forma directa a los puertos provinciales. En la provincia la opinión estuvo dividida, diversos comerciantes se alzaron en contra pero prensa provincial afín a Benavídez como el periódico “El agricultor” publicó editoriales a favor. Gnecco, María Julia, Contribución al estudio del periodismo en San Juan. ‘El agricultor’ y ‘El orden’. Trayectoria y trascendencia, Trabajo Final para el Seminario de Historia Argentina y Americana, San Juan, Universidad Nacional de San Juan, Inédito, 1977.         [ Links ] Agradezco a la autora haberme facilitado este valioso material.

27 Ferrá de Bartol, Sánchez Cano y Cercós de Martín, 2007, op. cit., p. 67.

28 Rayes, 2010a, op. cit., especialmente pp. 62, 63 y 77.

29 En adelante referencias extraídas de “Cartas de Carlos Lamarca al Ministro de Relaciones Exteriores de la Confederación, Valparaíso, 19/11/1857, 8/1/1858, 19/2/1858” y “Carta del Cónsul argentino en Copiapó al Ministro de Relaciones Exteriores de la Confederación, Copiapó, 4/2/1858”, Archivo Histórico de la Cancillería Argentina, Caja 20: Chile (I)- Legación argentina - Comunicaciones del Gobierno chileno.

30 Oro, Domingo, Papeles, Buenos Aires, Museo Mitre, Tomo III, p. 264.         [ Links ]

31 “Carta de Carlos Lamarca al Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Valparaíso, 1/1858” y “Carta del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile a Carlos Lamarca, Santiago, 2/1858”, Archivo Histórico de la Cancillería Argentina, Caja 20: Chile (I)- Legación argentina - Comunicaciones del Gobierno chileno. Situaciones de cooperación entre ambos países como la aludida se proyectaron a las siguientes décadas, al respecto, Rayes, 2010a, op. cit.

32 En los diversos mensajes de apertura de la Legislatura, el gobernador dio cuenta del precario estado financiero de la provincia. Por ejemplo, en 1857 afirmó que los recursos no alcanzarían a cubrir “ni la mitad de los gastos”. Dato en Peñaloza de Varese y Arias, 1966, op. cit., p. 285.

33 Según la propia descripción sobre la historia política legislativa realizada por la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, donde hemos consultado las actas, entre 1833 y 1891 el período se caracterizó por un fuerte presidencialismo consagrado en la constitución de 1833. Especialmente entre dicho año y la elección de José Joaquín Pérez en el poder ejecutivo nacional en 1861 la influencia del Congreso nacional fue débil. Extraído desde: http://historiapolitica.bcn.cl/historia_legislativa. Como ha sido destacado en diversa bibliografía, el sistema institucional chileno fue una de las referencias de Juan Bautista Alberdi en sus formulaciones del régimen político argentino que quedaron plasmadas en su obra “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina” escrita en 1852 en su exilio en Chile, que fue base de la constitución nacional de 1853, que rige con diversas modificaciones en la actualidad. Entre otros, Canal Feijó, Bernardo, Constitución y Revolución. Juan Bautista Alberdi, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986.         [ Links ]

34 En adelante, todas las referencias a debates extraídas de “Sesiones de la Cámara de Senadores del 12/4/1858, 11/6/1858, 10/9/1858 y 24/9/1858”, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia Argentina, Congreso Nacional, Cámara de Senadores. Actas de las Sesiones del año 1858, Buenos Aires, Imprenta del Orden.

35 En adelante referencias en “Carta de Carlos Lamarca al Ministro de Relaciones Exteriores de la Confederación, Valparaiso 23/8/1858”, Archivo Histórico de la Cancillería Argentina, Caja 20: Chile (I)- Legación argentina - Comunicaciones del Gobierno chileno.

36 Brezzo, 1994; op. cit.; Caillet Bois, 1972, op. cit. y sobre las tensiones entre diplomáticos y el poder central en el período abierto en 1862, Rayes, 2010 b), op. cit. p. 203. Según un examen propio, el Ministerio de Relaciones Exteriores fue el menos atendido por los presupuestos del período, con porcentajes que no superaron el 4% del total. Las partidas establecidas todos los años fueron dos y estuvieron perfiladas a la administración, ya que se destinaron a los gastos ministeriales de sueldo y oficina y al sostenimiento de las legaciones. En complemento con ello, 29 leyes de las 292 sancionadas en el período se orientaron a lograr apoyo en la guerra con el estado porteño y el reconocimiento diplomático de la Confederación en tanto estado independiente, así como a fomentar el desarrollo económico como en el caso del comercio con Chile que aquí examinamos. Lanteri, Ana Laura, “Acerca del aprendizaje y la conformación político-institucional nacional. Una relectura de la Confederación argentina (1852-1862)”, Secuencia. Revista de Historia y Ciencias Sociales, N° 87, México, 2013, pp. 67-94.         [ Links ]

37 “Sesión de la Cámara de Diputados 40° ordinaria, 7/9/1858”, disponible desde: http://historiapolitica.bcn.cl/historia_legislativa. Sobre el itinerario de Zapata, Bragoni, Beatriz, Los hijos de la revolución. Familia, negocios y poder en Mendoza en el siglo XIX, Buenos Aires, Taurus, 1999 y Centro de Investigaciones Filoló         [ Links ]gicas “Jorge M. Furt” de la Escuela de Humanidades de la Universidad de San Martín, 2013, op. cit., p. 54.

38 Hemos analizado la temática en Lanteri, 2013, op. cit. Lamarca también mantuvo informado al gobierno nacional de los pormenores de la labor legislativa de Chile y en particular, de las tensiones que se desarrollaban entre los poderes estatales.

39 Buchbinder, entre otros, 2004, op. cit., y Rayes, 2010a y b, op. cit.

40 Sobre el desarrollo político, económico y social de Mendoza en el período, Bragoni, 1999, op. cit.

41 Entre otros, “Carta del gobernador de San Juan al Ministro del Interior de la Confederación, San Juan 27/7/1858”, Archivo Histórico de la Cancillería Argentina, Caja 20: Chile (I)- Legación argentina - Comunicaciones del Gobierno chileno.

42 En adelante referencias extraídas de “Cámara de Diputados, sesiones del 4/8/1858, 21/8/1858 y 25/8/1858” en Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia Argentina, Congreso Nacional, Actas de las Sesiones de la Cámara de Diputados de 1858, Buenos Aires, Imprenta del orden y “Cámara de Senadores, sesión del 17/8/1858” Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia Argentina Congreso Nacional, Actas de las Sesiones de la Cámara de Senadores de 1858, Buenos Aires, Imprenta del Orden.

43 En editoriales se denunciaba por ejemplo la situación de los correos entre mediados y finales de la década. “Periódico “El Orden”, 15/9/1860 y 27/9/1860”, Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco de San Juan.

44 Entre otras, “Cartas de Carlos Lamarca al Ministro de Relaciones Exteriores de la Confederación, Valparaíso 30/1071857 y 11/11/1857”, Archivo Histórico de la Cancillería Argentina, Caja 20: Chile (I)- Legación argentina - Comunicaciones del Gobierno chileno.

45 Sobre la colaboración entre San Juan y Mendoza, ver Ferrá de Bartol, Margarita, Sánchez Cano, Alicia Norma y Cercós de Martín, 2007, op. cit., p. 67. Sobre economía mendocina, Bragoni, 1999, op. cit.

46 “Carta de Lamarca al Ministro de Relaciones Exteriores de la Confederación, Valparaíso, 30/1/1859 y 30/3/1859”, Archivo Histórico de la Cancillería Argentina, Caja 20: Chile (I)- Legación argentina - Comunicaciones del Gobierno chileno y “Sentencias a emigrados chilenos en San Juan, 21/6/1859”, Archivo General de la Provincia de San Juan, Fondo Histórico, Libro 283.

47 Caillet Bois, 1972, op. cit., p. 42 y cartas varias de Lamarca a los Ministros de Relaciones Exteriores de la Confederación y de Chile, Archivo Histórico de la Cancillería Argentina, Caja 20: Chile (I)- Legación argentina - Comunicaciones del Gobierno chileno.

48 Estos sucesos han sido reiteradamente analizados por la historiografía, por lo que obviamos referencias mayores. Entre otros, pueden consultarse Scobie, 1964, op. cit.; Videla, 1976, op. cit., y Ferrá de Bartol, Sánchez Cano y Cercós de Martín, 2007, op. cit.

49 Videla, 1976, op. cit., pp. 583-584.

50 Lanteri, 2015, op. cit., p. 101.

51 Por ejemplo, Urquiza buscó incidir en las decisiones. Le manifestó a uno de sus voceros que le explicitase: “1° cuándo se discutirá en el Congreso 2° que senadores y diputados están a favor y en contra de la acusación de los asesinos de Benavídez 3° cuáles son los flotantes”. “Carta de Urquiza a Eusebio Ocampo, San José, 18/5/1859”, Archivo General de la Nación Argentina, Sala X, Signatura Topográfica 42-8-4: Correspondencia en varios,1811-1879. Finalmente fueron sobreseídos tras la firma del Pacto “San José de Flores” con Buenos Aires.

52 Respectivamente “Carta del Cónsul de Chile al Ministro de Gobierno de San Juan, San Juan, 23/2/1860” y “Carta del Ministro de Relaciones Exteriores de la Confederación al Cónsul argentino en Valparaíso, Paraná, 9/4/1860”, Archivo General de la Provincia de San Juan, Fondo Histórico, Libro 284. Inicialmente fue designado como cónsul Juan Godoy luego Gervasio Borgoño.

53 Caillet Bois, 1972, op. cit., p. 45. En las discusiones presupuestarias del Congreso en 1860, los legisladores también habían recomendado suprimir la Legación de Lamarca porque bastaba con el tratado y los cónsules. Dato en Cámara de Diputados de la Nación, El Poder Legislativo de la Nación Argentina, por Carlos Alberto Silva, Buenos Aires, CDN, 1937, Tomo IV, pp. 619-620.         [ Links ]

54 En adelante consideramos las coordenadas analíticas y la información de Gnecco, 1977, op. cit., especialmente pp. 152-158.

55 La prensa chilena exaltaba como argumentos la cercanía geográfica –que reducía los costos de transporte–, que los comerciantes chilenos pagaban sus compras con moneda metálica (cóndores) y con mercadería europea entrada por los puertos de Valparaíso y que los comerciantes cuyanos gozaban de hasta un año para el pago de los créditos que pudieran obtener para sus empresas comerciales. A ello se sumaba el precario estado de las comunicaciones y transportes que terminaban por definir esta vía como la más conveniente. Luego de 1862, Buenos Aires intentará recuperar el comercio directo con las provincias del norte y Cuyo. Gnecco, 1977, op. cit., p. 151.

56 “Carta de Carlos Lamarca a Juan María Gutiérrez, Valparaíso, 14/5/1860”, Biblioteca del Congreso de la Nación, Archivo del Doctor Juan María Gutiérrez, Buenos Aires, BCN, 1988, p. 84.

57 Datos en Cámara de Diputados de la Nación, El Poder Legislativo de la Nación Argentina, por Carlos Alberto Silva, Buenos Aires, CDN, 1937, Tomo IV, entre pp. 544 y 545.         [ Links ]

58 Gnecco, 1977, op. cit., p. 157.

59 Ibídem, 1977, op. cit., p. 156.

60 En adelante referencias extraídas de Gnecco, 1977, Ibídem, pp. 127-128 y 143 y “El Orden, 23/1/1860, 25/8/1860, 6/9/1860 y 23/10/1860”, Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco de San Juan.

61 Incluso más, desde 1856 se había mostrado solidaria con la empresa, ya que había conseguido 50 suscriptores bajo la promesa de que las líneas ferroviarias llegasen a Cuyo. Dato en Videla, 1976, op. cit., p. 483. Sobre la concreción de este ferrocarril desde 1862, ver Ferrá de Bartol, Margarita “San Juan y el Litoral: aportes para estudiar la alternativa de una conexión”, IX Congreso Nacional y Regional de Historia Argentina, Rosario, 26-28 septiembre de 2006.         [ Links ]

62 Gnecco, 1977, op. cit. La minería llegó a equiparar a la agricultura como actividad productiva en los 60 bajo el incentivo de la gobernación de Domingo Faustino Sarmiento. Sobre el tema, ver especialmente, Clavel de Báez, Susana y Verónica Coria, “La actividad minera en Cuyo desde la colonia hasta fines del siglo XIX. Aportes para su estudio en la Historia Regional”, en Instituto de Historia Regional y Argentina “Hector Domingo Arias”, 2006, op. cit., pp. 208-229 y Peñaloza de Varese y Arias, 1966, op. cit.

63 Estas reflexiones se respaldan asimismo en el análisis de otras problemáticas sintetizadas en Lanteri, 2015, op. cit.

 


Recibido: diciembre 2015
Aceptado: julio 2016

Creative Commons License Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons