SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.13 issue1One people, two States: Mapuche participation in the StateRegionalismo y Orden Mundial: Suramérica, Europa, China. Buenos Aires: Nuevo Hacer author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Journal

Article

Indicators

Related links

Share


Si Somos Americanos

On-line version ISSN 0719-0948

Si Somos Americanos vol.13 no.1 Santiago June 2013

http://dx.doi.org/10.4067/S0719-09482013000100009 

Artículo original

POBLADORES SITIADOS ENTRE LA VIOLENCIA Y LA RE-CONFIGURACIÓN TERRITORIAL: MIGRACIÓN TRANS-FRONTERIZA COLOMBIA-ECUADOR*

Villagers besieged by violence and territorial reconfiguration: Colombia-Ecuador transborder migration


Adriana González Gil**

** Universidad de Antioquia, Instituto de Estudios Políticos, Antioquia, Colombia. Correo electrónico: agongil66@ hotmail.com


RESUMEN

Este artículo analiza el crecimiento del desplazamiento forzado de colombianos hacia Ecuador en el último decenio y la importancia que adquiere la frontera en función de la dinámica de la guerra. En este contexto, en primer lugar, cuestiona el tratamiento predominantemente militar que convierte la migración transfronteriza en un asunto de seguridad; en segundo lugar, subraya la emergencia del carácter forzado de la migración colombiana transfronteriza; y en tercer lugar, examina algunas de las implicaciones de este proceso sobre la población afectada.

PALABRAS CLAVE: Migración transfronteriza, Ecuador, Colombia.


ABSTRACT

This article analyzes the growth of forced displacement of Colombians to Ecuador in the last decade and the importance that the border has taken on, as a function of the dynamics of war. Within this context, the article firstly questions the predominantly military treatment which turns cross-border migration into a safety issue; secondly, it highlights the emergence of the forced nature of the Colombian cross-border migration, and, lastly, it examines some of the implications of this process on the affected population.

KEYWORDS: Border migration, Ecuador, Colombia.


 

I. INTRODUCCIÓN

Desde mucho tiempo atrás, actores violentos colombianos han hecho del territorio fronterizo
del Ecuador un lugar de descanso y abastecimiento. A lo largo de los 640 km de frontera que
comparten Ecuador y Colombia existe una comunicación muy fluida que no solo tiene que ver
con vínculos comerciales, sino, incluso, de orden familiar y étnico-cultural...
(Montúfar 2001)

Esta aproximación a la problemática fronteriza entre Colombia y Ecuador examina el incremento del desplazamiento forzado de colombianos en el último decenio y el consecuente proceso de reconfiguración territorial, en el marco de los desafíos que enfrenta la región en su proceso de articulación global. La percepción del gobierno de Estados Unidos respecto de la amenaza que representa el conflicto colombiano para la seguridad hemisférica y la evolución interna del conflicto armado en Colombia, determinan la importancia que adquiere la frontera en función de la dinámica de la guerra: de un espacio socialmente construido, de un lugar de interacción en el que se producen asuntos como la integración cultural, social y económica, se da paso a un reduccionismo político que la concibe como "zona de seguridad nacional", y por la vía de la internacionalización del conflicto, de seguridad hemisférica, en los términos del Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina (IRA).

En esta dirección, el artículo cuestiona el tratamiento predominantemente militar que convierte la migración transfronteriza en un asunto de seguridad, subraya la emergencia del carácter forzado de la migración colombiana transfronteriza durante el último decenio, y examina algunas de las implicaciones de este proceso sobre la población afectada.

II. LA "SECURITIZACIÓN" DE LA DINÁMICA FRONTERIZA

En el marco de internacionalización del conflicto colombiano y de la lucha contra el narcotráfico, las iniciativas del Gobierno colombiano encontraron en el Plan Colombia una nueva fase de desarrollo, esta vez con mayores recursos y asesoría del Gobierno estadounidense.1 La importancia de Colombia para la estrategia estadounidense de la guerra antinarcóticos data de tiempo atrás, pero es en el marco de la reconfiguración del nuevo orden internacional tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y el desarrollo de la cruzada mundial antiterrorista, que adquiere renovada importancia como escenario estratégico en la región andina, para el despliegue de su intervención a través del Plan Colombia y de la Iniciativa Regional Andina (IRA).2 Distintos estudios han abordado este asunto. En particular se ha planteado que el análisis de la política antinarcóticos y de la cruzada antiterrorista debe partir del contexto específico del nuevo orden mundial, caracterizado por un incremento de la injerencia de Estados Unidos sobre los países de la región,3 la que ha contado con el respaldo de una élite neoliberal que se afianza en el poder en esta región (Ahumada y Moreno 2004).

El énfasis en la erradicación de los cultivos de uso ilícito y de las economías co-caleras a través de una ayuda militar sin antecedentes en la región, contribuyó a agravar una ya difícil situación en el sur de Colombia, particularmente en el departamento del Putumayo: el conflicto armado se profundizó por el énfasis del componente militar del plan y la consiguiente respuesta de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); los lesivos efectos de las fumigaciones sobre el medioambiente, la seguridad alimentaria y la salud de los pobladores de la región; y una deficiente ejecución de programas sociales orientados a compensar las consecuencias de aquellas fumigaciones y de la acción militar, terminaron afectando la situación deteriorada de derechos humanos en la región (González, Bolívar y Vásquez 2003:181).

En este contexto, desde inicios del siglo XXI ha sido visible un significativo incremento del número de colombianos que, buscando escapar de la violencia, solicitaron refugio en los países vecinos. Si bien los reportes oficiales son altos, muchos más son los colombianos no registrados que han huido del efecto de las fumigaciones de cultivos ilícitos en el sur del país, de la exacerbación de la confrontación armada entre los distintos actores de la guerra y del deterioro creciente de sus condiciones de vida. Esta situación es el reflejo del incremento de flujos irregulares de difícil control, que se confunden con migraciones económicas en la región, en un contexto deprimido y proclive a las actividades productivas ilícitas. La respuesta de los países vecinos a la ola migratoria y a la solicitud formal de refugio, ha sido principalmente el cierre de fronteras, en el marco de la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo, orientada desde Estados Unidos. Ello ha conducido hacia una creciente militarización de la zona fronteriza, en particular con Ecuador: aumento del pie de fuerza, compra de armamento y estrategias de contención del conflicto mediante controles a las migraciones.

Socorro Ramírez analiza el tránsito de una "buena vecindad" entre Ecuador y Colombia prevaleciente durante casi un siglo -gracias, entre otras cosas, a la ausencia de disputas territoriales- hacia una relación cada vez más compleja en el marco de la integración andina. Al fortalecimiento de lazos comerciales le siguió un proceso de integración fronteriza que precedió la política que en esta materia adoptó la Comunidad Andina de Naciones (CAN) con la creación de las Zonas de Integración Fronteriza (ZIF) en 2001; sin embargo, pese a los intercambios económicos, sociales y culturales que favoreció las Zonas de Integración Fronteriza, la emergencia de nuevas tensiones derivadas de las presiones internas en estos dos países, la incapacidad de los gobiernos para atenderlas y las presiones de las dinámicas hemisféricas y globales, fueron perfilando la "securitización" de las relaciones binacionales (Ramírez 2007:45).

Pese a que Ecuador ha suscrito los convenios internacionales relacionados con la atención y protección de las personas4 que huyen de la violencia, sus gobiernos han adoptado medidas tendientes a restringir el paso de colombianos hacia el sur, como parte de una estrategia de seguridad. El estudio de Marcela Ceballos (2010) recoge el marco normativo que el Estado ecuatoriano ha adoptado como referente de la respuesta institucional a las migraciones. Esta autora señala que "aunque Ecuador no es un país tradicio-nalmente receptor de migrantes, en este caso reproduce lógicas de políticas racialmente selectivas, a través de estrategias de seguridad con medidas selectivas para el ingreso de ciudadanos de origen colombiano" (Ceballos 2010:134). De hecho, Ecuador pasó de una legislación orientada a la integración de la población inmigrante de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos a la adopción de un grupo de disposiciones que se enmarcan en la regulación de flujos migratorios que surgen a raíz de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, donde prevalece la cooperación entre Estados para mantener la seguridad internacional. Específicamente, los acuerdos binacionales entre Colombia y Ecuador en materia migratoria se concentran en la regulación de flujos migratorios y en la facilitación del tránsito transfronterizo de personas, determinados por disposiciones internacionales relativas a la lucha contra el terrorismo y por la preocupación por la seguridad en la frontera compartida, ante el desbordamiento del conflicto colombiano y los impactos del Plan Colombia. La solicitud del certificado de antecedentes judiciales5 como medida impuesta para los colombianos en la frontera ecuatoriana y el cierre de caminos vecinales, se inscriben en esta tendencia.

Pero la situación en la frontera es mucho más compleja de lo que las disposiciones legales indican. La dinámica desterritorializada de la actividad económica ha incluido, del lado colombiano, el tránsito de campesinos ecuatorianos e indígenas, ocupados como jornaleros en el cultivo de la coca; y del lado ecuatoriano, la compra de tierras por parte de grupos irregulares colombianos. De igual manera, el escenario de conflicto se agudiza en la frontera, en cuanto la presencia de refugiados colombianos en pequeñas localidades de Ecuador ha generado una situación de tensión entre los pobladores ecuatorianos, con acciones que dificultan la integración social de los colombianos en las comunidades receptoras; estas últimas acusan frecuentemente a los colombianos de copar los pocos espacios laborales disponibles y de incrementar los niveles de violencia y criminalidad de la región (CODHES 2004a).

De igual modo, la puesta en práctica de políticas de apertura y ajuste económico en la región andina ha contribuido al incremento de la conflictividad social, afectando de manera directa la movilidad humana. Así, diversos factores actúan como detonantes del creciente desplazamiento de población colombiana hacia las fronteras, particularmente hacia Ecuador. Las medidas adoptadas en el marco del Plan Colombia han constituido un despliegue de la ofensiva militar en el sur del país, con la consecuente intensificación del conflicto. Factores como la creciente disputa por el control de territorios estratégicos entre los distintos grupos armados, el traslado de cultivos hacia zonas que son gradualmente controladas por estos actores, la situación de inseguridad alimentaria derivada de la fumigación de cultivos ilícitos son, entre otros, detonantes que vienen "empujando" el conflicto hacia los países vecinos y desbordando la crisis en la zona fronteriza binacional. Pero, además, los territorios de frontera del sur de Colombia han sido escenarios históricamente marginados, en los cuales la desatención por parte del Estado ha sido una constante, con las consiguientes implicaciones en materia de insatisfacción de demandas sociales de grandes sectores poblacionales, pobreza, desempleo, carencias educativas, desigualdad social e inequidad.

En estas condiciones, la frontera adquirió una importancia impuesta por la dinámica de la guerra. La pretensión de una globalidad sin límites político-administrativos que permitiera la circulación sin ninguna restricción de los bienes y los sujetos, encuentra en una realidad como esta una constatación empírica de su imposibilidad. La creciente militarización fronteriza sustentada en la Iniciativa Regional Andina desestima las dimensiones históricas del encuentro cultural e integración social entre el territorio colombiano y los espacios vecinos fronterizos de la región andina. No obstante, las circunstancias concretas que se desarrollan en las fronteras a partir de las relaciones de familiaridad cultural establecidas por la gente, superan, en ocasiones, los vínculos formales y las limitaciones de diferencias y restricciones nacionales, ampliando el ámbito de las zonas fronterizas a espacios de permanente interacción y vecindad que confrontan esa realidad impuesta por la guerra.

III. LA MIGRACIÓN FORZADA DE COLOMBIANOS Y LA CONFLICTIVIDAD TRANSFRONTERIZA

La dinámica del conflicto interno colombiano y su proceso gradual de internacio-nalización, han venido generando importantes cambios en relación con las modalidades que adoptó el desplazamiento forzado. En el campo más amplio de la movilidad humana, las condiciones no voluntarias que obligan a muchos a salir de su territorio, ponen de presente la realidad de este fenómeno, cuestionando, además, los criterios con los que suele ser interpretado. La decisión voluntaria que ha caracterizado a la migración, frecuentemente reducida a móviles económicos, ha sido sustituida por la inminencia de la decisión en función de la urgencia de preservar la vida. En este sentido, la migración transfronteriza forzada emerge como categoría de análisis,6 de modo que la categoría de desplazado en un contexto así considerado es sustituida por la de refugiado, con las implicaciones que ello supone en términos del régimen internacional de migración for-zada.7 Precisamente en el marco del discurso contemporáneo sobre seguridad nacional y lucha contra el terrorismo internacional, se redefine la importancia estratégica de las fronteras. La tendencia al control y militarización de las fronteras y la construcción de muros en las líneas divisorias internacionales, desde finales del siglo XX, se fundamenta en la necesidad de controlar la migración no autorizada considerada como amenaza a la seguridad. Como recurso de contención se adoptan dispositivos, en ocasiones con el apoyo de sofisticadas tecnologías, que garanticen un control de la movilidad humana. De paso, perturban la dinámica de movilidad de poblaciones que habitan los territorios fronterizos, su vida cotidiana y las relaciones establecidas en los espacios locales a lado y lado de la frontera. Pero esta mirada de la "frontera como obstáculo" contrasta con aquella que la concibe como "un espacio de oportunidades, de intercambio, como un puente y un recurso para las poblaciones" (López 2010:339).

En el caso aquí examinado, el control de las fronteras -como corredores estratégicos o lugares de protección y refugio en la evolución de la guerra- está mediado por las necesidades estratégicas de control territorial de los distintos actores en conflicto. Además, en tanto esta circunstancia detona procesos de movilidad poblacional, las fronteras devienen también zonas apropiadas por la vía de la expulsión y el desalojo masivo de la población. Este tipo de reconfiguración territorial pone nuevamente de presente la porosidad de los límites fronterizos y cuestiona la capacidad estatal para su control.

La evolución del conflicto y el desplazamiento de población en el sur de Colombia, específicamente en el departamento del Putumayo8 y la simultánea presencia de distintos actores armados, agravaron la situación de vulnerabilidad extrema de su población. La guerrilla regulaba la permanencia o impedía la salida de algunas zonas imponiendo censos de población. Los paramilitares hicieron lo mismo para evitar el flujo de información, de víveres, insumos y dinero desde las cabeceras municipales hacia las zonas rurales, con el fin de debilitar a la guerrilla y cortarle sus fuentes de abastecimiento. El Ejército, mediante estrategias de seguridad y control en las fronteras, también restringió la movilidad o la impuso, al tiempo que controló el ingreso de alimentos, víveres y dinero a las zonas rurales. Pero, además, los corredores fronterizos se constituyeron gradualmente en verdaderos campos de operaciones de los distintos actores armados y de enfrentamientos entre ellos, situación que mostró la porosidad de las fronteras, en la medida en que distintas acciones bélicas empezaron a tener lugar a lado y lado del corredor fronterizo. La gente, entre el fuego cruzado de las guerrillas, los paramilitares y la fuerza pública, tuvo pocas opciones. Muchas comunidades, sitiadas por la presión de uno o varios grupos armados que utilizaron estrategias similares de control del territorio y de las personas, fueron obligadas a adoptar medidas extremas como cruzar la frontera más próxima.

No es casual que el Putumayo se convirtiera en uno de los departamentos con mayores índices de expulsión y recepción de población en el decenio 1995-2005. No es fortuito, porque tras las movilizaciones de los cocaleros,9 el escalamiento del conflicto cobró la vida de sus líderes y la desarticulación del movimiento; el enfrentamiento guerrilla-paramilitares adoptó la forma de una guerra en la que sus víctimas fueron especialmente la población no combatiente; la estrategia de "tierra arrasada" en función de intereses económicos y geoestratégicos condujo a la expulsión de comunidades indígenas, colonos y campesinos, y, adicionalmente, la aplicación de medidas como las fumigaciones de cultivos ilícitos en el marco del Plan Colombia, obligaron a muchos campesinos a abandonar no solo la tierra dispuesta para estos cultivos, sino además las parcelas destinadas a la producción de alimentos, igualmente afectadas por las fumigaciones.

El incremento del desplazamiento forzado -de flujos intra e interdepartamentales- y la irrupción de la migración forzada transfronteriza durante el período analizado, permiten afirmar el impacto del escalamiento del conflicto armado en la región fronteriza con Ecuador, especialmente creciente a partir del año 2000. Este proceso adoptó varias modalidades: de movimientos poblacionales provisionales mientras cesaban las condiciones que las generaban -combates, fumigaciones, atentados- hasta el cruce de la frontera para solicitar refugio al Gobierno ecuatoriano o para instalarse en localidades donde se contara con algún contacto previo, sin reivindicar su condición de refugiado, evitando así el estigma en el nuevo destino. Este crecimiento sostenido de la movilidad poblacional representa una alteración significativa de las condiciones de vida en la frontera, y, con ella, nuevas dimensiones de la cuestión migratoria estarían por explorarse.

IV. LOS DESAFÍOS DE LOS POBLADORES SITIADOS POR LA VIOLENCIA

Uno de los rasgos que ha caracterizado la dinámica conflictiva en el Putumayo es el referido al arraigo de sus habitantes a la región, el cual hunde sus raíces en procesos de poblamiento y colonización en los que parece predominar la idea del habitante siempre considerado como forastero. Desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, este departamento, como parte de la Amazonía colombiana, fue escenario de procesos de colonización que pretendieron incorporar las zonas de frontera a la dinámica económica del Estado central. Los distintos procesos de colonización y expansión de la frontera definieron al departamento del Putumayo históricamente como un espacio de recepción de población desplazada del interior del país (J. González 1998).

El examen de estos procesos conduce a identificar los factores asociados a la adscripción de la población al territorio. Así, la configuración territorial por la vía de la colonización ha estado acompañada de distintos procesos de constitución de sus actores sociales: colonos, campesinos, indígenas y afrodescendientes han vivido distintas experiencias de arribo, instalación y apropiación del territorio y, en consecuencia, han planteado reivindicaciones diferenciadas respecto del tipo de necesidades no resueltas por una precaria atención institucional. También han enfrentado de modo diverso el impacto del conflicto sobre la eventual pérdida del territorio tras una salida forzosa del mismo.

La procedencia de los habitantes del Putumayo,10 los ciclos de colonización que marcaron distintos períodos de vinculación de los colonos a la región11 y las diversas experiencias de las que han hecho parte, han configurado diferentes grupos sociales, en los que es posible identificar la emergencia de "nuevos actores" o la transformación de los "viejos". En la coyuntura reciente, esta irrupción de actores colectivos y las distintas formas de acción y resistencia inauguradas están articuladas desde el punto de vista productivo, al ciclo de implantación y bonanza de los cultivos ilícitos y, por supuesto, a las medidas adoptadas por el gobierno nacional en función de la lucha contra el narcotráfico.

Una gama variada de actores asociados a la lógica de los cultivos ilícitos puso en cuestión la "identidad" de los campesinos, los colonos y los indígenas, "confundidos" entre las distintas actividades desarrolladas en este ciclo productivo: los pequeños cultivadores, los indígenas, los colonos, los chagreros, los campesinos, dueños de pequeños cultivos de coca y los raspachines, dueños de nada.12 El estigma además ha conducido a imputarles una "identidad" en la lógica militarista que sigue el conflicto en la región al situarlos como auxiliares de la guerrilla, con la consiguiente criminalización de sus acciones. Hombres, mujeres y niños vinculados al ciclo productivo de la coca conforman este contingente. La no distinción de este complejo proceso de configuración y convergencia de distintos actores, condujo a "narcotizar" los procesos sociales como el de la colonización y, en consecuencia, a los actores presentes en ellos, asunto de primer orden para analizar el ciclo del desplazamiento forzado en el Putumayo, la doble estigmatización que se cierne sobre sus afectados y las implicaciones derivadas sobre los procesos organizativos y reivindicativos de la población desplazada y/o refugiada en el país vecino.

Desde comienzos de la década de 1990, una reorganización del movimiento popular13 tuvo lugar en el Putumayo, adquiriendo su máxima expresión en el movimiento cocalero de 1996. Asimismo, comenzó en ese período un proceso de organización de grupos de defensa de los derechos humanos y distintas manifestaciones ciudadanas por el derecho a la vida, como respuesta a la vulneración de sus derechos en el marco del esca-lonamiento del conflicto que irrumpió en la región (Comisión Andina de Juristas 1993).

En su evolución, todas las expresiones de protesta, organización y movilización dieron cuenta de la persistente marginalidad de esta región y de sus gentes, y de la limitada acción del Estado central para satisfacer sus demandas. Desde la década de 1970 fue recurrente la irrupción de formas de protesta como paros cívicos y la participación campesina en los mismos, cuya experiencia contribuyó a configurar líderes importantes que llevaron a consolidar movimientos cívicos y su tránsito hacia organizaciones y movimientos políticos autónomos de los partidos tradicionales Liberal y Conservador, que buscaron una representación local y nacional.

A mediados de la década de 1990, la problemática social y económica de la región y la inconformidad con las medidas adoptadas en la lucha contra el narcotráfico, particularmente a partir de las fumigaciones de cultivos ilícitos, detonaron episodios de movilización y de protesta.14 Los paros cívicos, que se sucedieron entre 1994 y 1996, configuraron un ciclo de movilizaciones en localidades urbanas que se extendieron hacia buena parte del departamento y contaron con una masiva participación campesina. Demandas planteadas a los gobiernos locales, departamental y nacional, por agua, energía, educación, vías, regalías e inversión social, y posteriormente exigencias ambientales y contra la política de fumigaciones con glifosato, llevaron a una movilización campesina que dio lugar a un paro cívico que afectó a todo el departamento y llamó la atención de la opinión pública nacional sobre un problema desconocido hasta entonces con relación a los pequeños campesinos cultivadores de coca (Pinto 2004; Ramírez 2004). En contraste con el impacto regional del paro derivado de su organización y capacidad de convocatoria, en el nivel nacional se señaló que este había sido promovido por la guerrilla y, en consecuencia, los campesinos habían sido simplemente utilizados por esta. Tal interpretación de la movilización campesina condujo a una creciente militarización de la región y a la represión del movimiento por parte de la fuerza pública, mientras se iniciaba un proceso de negociación con el alto gobierno que terminó con la firma de un acuerdo entre las partes.

Pero los desafíos de la población en medio del conflicto tienen que ver también con la evolución de las relaciones entre los distintos actores armados, particularmente las FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en el marco de la disputa por el territorio en función de su importancia económica y geoestratégica. La hegemonía de las FARC, de algún modo respaldada por una población que se sentía protegida por el actor armado erigido en autoridad paraestatal, dio paso a formas de control y represión de sus habitantes al amparo de su lucha contra la expansión paramilitar, generando prácticas extremas de persecución de sus habitantes por supuestos vínculos con estos grupos. Una relación cíclica de afectación y estigmatización llevó a la instauración de acciones violentas de diverso tipo, generadoras de desplazamientos y confinamientos de su población. Controles a las actividades electorales, a la vida cotidiana, a los bienes y a la explotación de los recursos, así como el reclutamiento de jóvenes, fueron, entre otras, formas de expresión de tal dominación.

De igual manera, la relación de la población putumayense con las Autodefensas Unidas de Colombia a partir de la expansión del proyecto paramilitar, especialmente después de las movilizaciones campesinas de 1996, es objeto de particular atención. La incursión y expansión paramilitar pretendió disputar el dominio territorial a las FARC y el control sobre la producción de coca, para lo cual desarrolló una ofensiva militar sin antecedentes: asesinatos selectivos, desapariciones, cercos a las poblaciones rurales, persecución a los líderes de las movilizaciones campesinas, desplazamientos masivos de población, son algunos de los rasgos que caracterizan este proceso.

De este modo, la ausencia o presencia marginal del Estado deja un vacío que entra a ser copado por los actores armados ilegales que, en procura de dominio y control de territorios y poblaciones, dinamizan un proceso de integración territorial impulsado por el desarrollo y evolución del conflicto armado: "Es la guerra la que vincula a los distintos actores sociales regionales, configura y proyecta la región e incita la participación de las instituciones del Estado en ella" (González, Bolívar y Vásquez 2003:234). Esta situación tiene importantes implicaciones sobre los procesos de reconfiguración de la región, especialmente por cuanto desde finales de los años ochenta, los campesinos colonos, a través de sus organizaciones, presentaron al Gobierno colombiano distintas propuestas como alternativa a los cultivos ilícitos, demandando además una respuesta eficaz desde el Estado a los diversos problemas socioeconómicos y políticos que enfrenta la región. Por el contrario, el Gobierno colombiano no solo desatendió estas demandas, sino que incumplió los acuerdos firmados tras las marchas cocaleras de 1996, intensificando la militarización de la región y las fumigaciones de cultivos. El resultado de esta respuesta gubernamental ha sido la intensificación del conflicto armado, los graves problemas de seguridad alimentaria que afronta su población, los efectos sobre el medioambiente y la salud (producto de las fumigaciones) y el incremento de los desplazamientos forzados de población, con la consiguiente crisis humanitaria.

En este sentido, ha tenido lugar un proceso de configuración de intereses compartidos entre los actores sociales de la región, toda vez que las acciones de protesta contra las medidas gubernamentales marcaron un rumbo a la convergencia de actores diversos, concitando además el respaldo de una comunidad internacional persuadida de la necesidad de favorecer transformaciones sustanciales de las condiciones de los habitantes de esta región y no el despliegue de acciones represivas. Pero, además, en el marco de la in-ternacionalización del conflicto colombiano y de la protesta social reinaugurada en la región por medio del rechazo a las medidas intervencionistas adoptadas por Estados Unidos -cruzada contra el terrorismo, tratados de libre comercio, neoliberalismo armado-,15 el movimiento de los campesinos cocaleros, las protestas contra las fumigaciones de cultivos ilícitos, las demandas de la población desplazada y de los refugiados colombianos que han cruzado las fronteras son, entre otros, expresión de un proceso de articulación de sectores históricamente marginados a lo que se vislumbra como una emergencia de renovadas formas de protesta social en América Latina.

En este horizonte tienen lugar distintos procesos de resistencia, organización y movilización emprendidos por las poblaciones sitiadas por la violencia, en un proceso sostenido de configuración como interlocutores ante la sociedad y el Estado. La evolución del conflicto en la región, agravado por las medidas de lucha contra el narcotráfico, llevó a sus habitantes a declinar sus aspiraciones de participación y representación. La memoria histórica de la violencia política y la irrupción de nuevas prácticas de persecución y represión de sus líderes por parte de la fuerza pública y de coacción de los actores armados enfrentados, constituyeron una estructura de restricción política (Tarrow 2004) para avanzar en la consolidación de los procesos organizativos y de movilización. Pese a estas circunstancias adversas, no podría afirmarse que las iniciativas organizativas y los liderazgos comunitarios murieron. Como en otras regiones, la paradoja del conflicto colombiano ha mostrado que, en medio de la violencia y bajo condiciones extremas, los procesos asociativos no se detienen e, incluso, nuevas experiencias emergen en medio de la guerra.16

En la evolución de la movilización social en la región, la lucha reivindicativa y la autoidentificación de sus actores como cocaleros, es decir, como campesinos, agricultores, colonos, indígenas, agrupados alrededor de la actividad productiva de la que derivan su sustento, se hizo visible el tránsito de las demandas de raíz socioeconómica -la no erradicación de los cultivos que garantizaban su sustento; la sustitución de cultivos ilícitos por alternativas productivas; el desarrollo de una infraestructura básica en las distintas localidades- hacia una lucha por su legitimidad como interlocutores frente al Estado y por el reconocimiento de sus derechos ciudadanos.

Campesinos, indígenas y colonos, enfrentados a una situación de vulnerabilidad extrema, se vieron abocados a nuevas pérdidas por efecto del incremento del desplazamiento forzado, y, en ese contexto, a nuevas formas de interacción. Las precarias condiciones enfrentadas por los habitantes situados en los márgenes de la frontera entre Colombia y Ecuador, el miedo y la incertidumbre instalados, son factores explicativos de una estrategia de actuación que va desde la irrupción de acciones inéditas hasta la resistencia o la adopción de un bajo perfil en materia de organización y movilización, con las cuales pretenden conjurar el doble estigma del que han sido portadores: el rechazo por proceder de zonas de predominio de cultivos ilícitos -asimilados como cocaleros- y el señalamiento como desplazados yIo refugiados -personajes incómodos en los espacios de recepción-, asimilados en el imaginario colectivo como bandidos, delincuentes o, en el mejor de los casos, como damnificados.

V. CONCLUSIONES

Los rasgos del proceso de colonización y reconfiguración del territorio en el caso del Putumayo, constituyen un sello distintivo de la compleja situación transfronteriza entre Colombia y Ecuador. Las asimetrías del proceso de integración nacional, las formas de articulación de las redes del poder local y regional al ámbito nacional, ponen en evidencia el impacto de la presencia diferenciada del Estado y de los actores armados sobre la población afectada por la dinámica del conflicto. A la vulnerabilidad estructural del Estado colombiano o su precaria presencia -institucional y social- en cuanto no ha logrado proporcionar protección a las poblaciones localizadas en las áreas fronterizas ni a las personas que se han visto obligadas a desplazarse hasta allí, se suma la consecuente extensión del conflicto hacia la frontera ecuatoriana. Cuestionada la capacidad gubernamental para asegurar condiciones adecuadas para la permanencia de sus habitantes, el Estado colombiano no alcanza además a prevenir los movimientos transfronterizos hacia los países de la región, con las implicaciones diplomáticas que de ahí se derivan.

En este contexto, la creciente migración transfronteriza derivada del escalamiento del conflicto armado colombiano, ha tenido un tratamiento predominantemente militar al amparo de la lucha antinarcóticos y la lucha contra el terror. Las medidas adoptadas en esta dirección han generado un clima de inestabilidad e incertidumbre para los habitantes de la región fronteriza, agravado por el arribo permanente de campesinos del interior del país que huyen hacia la frontera. El proceso de apropiación del espacio por parte de las comunidades afectadas resulta igualmente complejo: en medio de la confrontación armada y por la vía del despojo al que son sometidos los desplazados, la reivindicación de un territorio apropiado históricamente cobra nuevos sentidos, o bien para demandar su recuperación por la vía del retorno al lugar del que fueron expulsados, o bien por la vía de la inclusión en los nuevos espacios habitados.

Adicionalmente, y no menos importante, es el desafío que supone para estos pobladores la definición de sus acciones en la búsqueda del reconocimiento de sus derechos. Sin duda, buena parte de las acciones emprendidas están encaminadas a suplir necesidades básicas inmediatas, es decir, una lucha por la supervivencia las inspira. Esto no significa que se desestime el potencial que encarnan para la acción colectiva, en cuanto la población afectada por el conflicto en la región fronteriza ha puesto en funcionamiento un tipo de interacciones familiares y vecinales, base de los lazos de cooperación y solidaridad, al tiempo que ha pretendido el reconocimiento y la inclusión. Interacciones sociales en medio de la guerra han tenido lugar en este espacio transfronterizo; acciones que se traducen en experiencias de organización, participación y movilización. Examinar su contenido y proyección es parte de un recorrido apenas iniciado en el marco de las condiciones de su emergencia, pero en el cual son visibles los desafíos para vencer obstáculos como el miedo a la represión o el escepticismo en los resultados de la acción.

 

NOTAS

* Este artículo es resultado del proyecto "Acción colectiva en contextos de violencia prolongada: el caso de las organizaciones de población desplazada en Colombia, 1995-2005", Financiado por el Comité para el Desarrollo de la Investigación CODI, Universidad de Antioquia.

1 Tras nueve meses de debate en el Congreso de Estados Unidos, el 13 de julio de 2000, el presidente Clinton firmó la Ley N° 106-246, mediante la cual se aprobaron 1.300 millones de dólares de ayuda económica al Gobierno colombiano para financiar el Plan Colombia.

2 Desde 2002, la estrategia del Plan Colombia se amplió a través de la Iniciativa Regional Andina (IRA), la que también abarca a Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Venezuela y Panamá, como parte de la estrategia estadounidense de "guerra global contra el terror". Sus metas han sido definidas como: promover y apoyar la democracia y las instituciones democráticas, fomentar el desarrollo económico sostenible y la liberalización del comercio, reducir significativamente en la fuente la oferta de drogas ilícitas a Estados Unidos, reduciendo al mismo tiempo la demanda en Estados Unidos. Sin embargo, el debate sobre los alcances de la medida apuntan a señalar que, al igual que el Plan Colombia, la Iniciativa Regional Andina para el conjunto de la región, como política antinarcóticos, además de tener una intencionalidad de atacar este problema, parece priorizar una nueva política de control regional y global en momentos en que las políticas de orden y seguridad, asociadas a la Guerra Fría, han desaparecido (Vargas 2003).

3 Adrián Bonilla plantea que "la política internacional en la región andina y las agendas de política exterior de seguridad de la misma se encuentran relacionadas íntimamente con la agenda de Estados Unidos, el mayor socio político y comercial, tanto en términos colectivos como en términos bilaterales, de cada uno de los países de la región [...]. Esto no es reciente, pues la seguridad ha dominado la agenda estadounidense hacia la región andina desde principios de la década de los ochenta", a tenor de la lucha contra las drogas (Bonilla 2007:40).

4 "El marco normativo del Estado ecuatoriano es amplio y complejo, en la medida en que ha suscrito la mayoría de normas y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y migración; ha avanzado en acuerdos regionales de integración entre países que integran el Pacto Andino (Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Venezuela hasta el 2006) y el debate interno en torno a la emigración e inmigración ha estado nutrido por las propuestas y acciones de organizaciones de sociedad civil, comprometidas con la defensa de los derechos humanos de los migrantes en general, alcanzando importantes niveles de interlocución con el Estado ecuatoriano y con organismos internacionales" (Ceballos 2010:136).

5 El gobierno ecuatoriano modificó la normativa que permitía a los colombianos ingresar tan solo con la presentación de su cédula de ciudadanía, exigiendo la presentación del certificado de antecedentes judiciales legalizado; la Cancillería colombiana advirtió que esta medida contradice la Decisión 503 de la Comunidad Andina, de junio de 2001, la cual establece que los nacionales de cualquiera de los países miembros podrán ser admitidos en calidad de turistas mediante la presentación de un documento nacional de identificación vigente. "Mediante la ratificación de la Decisión 504, los países miembros de la CAN adoptaron el pasaporte andino como único requisito para la circulación dentro de los países miembros y, como medida provisional, la tarjeta andina de migración. Esta decisión no ha sido aplicada en el caso colombo-ecuatoriano debido a la relevancia que adquiere la política de seguridad y defensa en esta coyuntura específica" (Ceballos 2007:172).

6 Un análisis de este problema es abordado en la investigación dirigida por Pilar Riaño y Marta Inés Villa. Allí se explora "la diversidad de circunstancias, procesos y prácticas que acompañan la experiencia de migración forzada, enfatizando, en particular, la perspectiva de quienes han vivido estos procesos de desplazamiento y exilio" (Villa y Riaño 2008). Véase además: Vidal 2005; Ahumada y Moreno 2004; CODHES 2000a, 2000b, 2004b).

7 Van Hear (2000) define el régimen de migración forzada como "el cuerpo de instituciones, leyes, políticas y prácticas nacionales e internacionales que existe para tratar con los refugiados o la migración forzada". Citado en Villa y Riaño (2008:10).


8 El análisis de la evolución del conflicto y el desplazamiento forzado en Colombia ha permitido constatar, para el caso del Putumayo, la intensificación de las acciones bélicas por parte de los distintos actores armados, así como el aumento de los episodios de desplazamiento forzado, entre 2000 y 2005, respecto del quinquenio 1995-1999 (A. González 2010:286).

9 Los paros cívicos de 1994 y 1996, en el sur de Colombia, dieron lugar a la configuración de un ciclo de protestas, mejor conocidas como el "movimiento de los cocaleros". De acuerdo con la investigación de Clemencia Ramírez, "durante julio, agosto y septiembre de 1996, cerca de doscientos mil campesinos, incluidos colonos, mujeres, niños y población indígena, marcharon desde sus predios rurales hacia los pueblos más cercanos y hacia las capitales departamentales, para manifestarse en contra de la aplicación y el cumplimiento de las leyes que combaten los cultivos ilícitos, su principal fuente de subsistencia" (Ramírez 2001:21).

10 De acuerdo con una encuesta realizada por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), en 1991, la procedencia de los habitantes del Putumayo corresponde en su mayoría del departamento de Nariño (54,5 por ciento), seguida en su orden: Cauca (14,6 por ciento), Putumayo (8,1 por ciento, Valle del Cauca (5,7 por ciento), Tolima (4,9 por ciento), Caquetá (2,4 por ciento), Cundinamarca (2,4 por ciento), Meta (1,6 por ciento), Huila (0,8 por ciento), otros (4,9 por ciento). (Ramírez 2001:40).

11 De acuerdo con la misma encuesta, la coyuntura de llegada a la región que presenta mayor porcentaje de población coincide con el boom de la coca (37,6 por ciento entre 1978 y 1986), seguida del período de la violencia (23,2 por ciento entre 1947 y 1967) y el período marcado por la explotación petrolera (19,2 por ciento entre 1968 y 1977).

12 Los raspachines devinieron en actor de primer plano a partir de su participación en las marchas cocaleras de 1994 y 1996. Los raspachines, según la propia clasificación de los voceros de las marchas, están conformados por tres grupos: el primero, por aquellas personas con tradición campesina, que por razones diversas, especialmente el proceso de pauperización campesina, terminaron raspando hoja de coca, pero que mantienen su vocación agrícola y su voluntad de permanecer en el campo; el segundo, jornaleros agrícolas, antiguos trabajadores rurales o cosecheros de otras áreas agrícolas, aspiran a asentarse en la región como jornaleros, asalariados o campesinos; y el tercer grupo, conformado por raspachines itinerantes o "andariegos" en busca de fortuna, que aspiran a retornar a su tierra de origen (J. González 1998:27-32).

13 En los estudios de los movimientos sociales en el contexto latinoamericano se entiende el "movimiento popular" como un tipo particular de movimiento social que articula acciones y actores pertenecientes a los sectores populares (Múnera 1998).

14 Un estudio detallado de las marchas de los campesinos cocaleros es realizado por María Clemencia Ramírez (2001). Véase también: Betancourt 2004; González, Bolívar y Vásquez 2003; Ortiz 2001; Pinto 2004.

15 Varios autores han utilizado el término neoliberalismo armado para referirse a una doble tendencia en América Latina de inicios del siglo XXI: de un lado, una evolución de la crisis económica hacia la profundización de las políticas de corte neoliberal inconclusas -particularmente en lo relacionado con los tratados bilaterales de libre comercio encaminados a concretar el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y con los procesos de privatización pendientes- y, de otro lado, una tendencia gradual a penalizar las acciones de movilización ciudadana con el incremento de medidas represivas, derivadas, entre otras cosas, de la afirmación de gobiernos crecientemente autoritarios, legitimados por la cruzada antiterrorista emanada del gobierno de G.W. Bush tras el 11 de septiembre. La acentuación de este rasgo, que aparece en los años recientes como una tendencia en Latinoamérica, y muy particularmente en la región andina, con medidas específicas como el Plan Colombia y las acciones encaminadas a la erradicación del cultivo de hoja de coca en Colombia, Perú y Bolivia, ha sido denominado por algunos autores como el "neoliberalismo armado" o "neoliberalismo de guerra". Véase: P. González 2002; Seoane y Algranati 2002; Taddei 2002.

16 Varios estudios han documentado la existencia de distintas experiencias de movilización y resistencia que en medio de la guerra dan cuenta de la capacidad organizativa de la población afectada, que no logra ser inmovilizada por la vía de la acción represiva estatal o la intimidación y coacción insurgente o paramilitar. Véase: Sousa y García 2004; García 2005).

 

REFERENCIAS

1. Ahumada, Consuelo y Álvaro Moreno. 2004. "Prioridades del nuevo orden mundial y desplazamiento forzado de colombianos hacia Ecuador." Cuadernos PROLAMIUSP 3 (1):37-66.         [ Links ]

2. Betancourt, Santiago. 2004. "El movimiento de campesinos cocaleros del Putumayo en Colombia." Aportes Andinos 11:1-5.         [ Links ]

3. Bonilla, Adrián. 2007. "No se trata de una relación conflictiva, de distanciamiento o de separación." Pp. 39-44 en Colombia Ecuador. Cercanos y distantes, editado por S. Ramírez y C. Montúfar. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-Universidad Andina Simón Bolívar.         [ Links ]

4. Ceballos, Marcela. 2007. "El impacto de las migraciones de colombianos hacia Ecuador en las relaciones binacionales." Pp. 170-84 en Colombia Ecuador. Cercanos y distantes, editado por S. Ramírez y C. Montúfar. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-Universidad Andina Simón Bolívar.         [ Links ]

5.----. 2010. Impacto de las migraciones forzadas de colombianos a Ecuador en las relaciones interestatales, 1996-2006. Medellín: La Carreta-IEPRI.         [ Links ]

6. CODHES. 2000a. "Alarma en las fronteras por el Plan Colombia. Unos huyen y otros rehú-yen." Codhes Informa 34:1-27.         [ Links ]

7.----. 2000b. "Fronteras: conflicto y crisis humanitaria." Codhes Informa 29:1-23        [ Links ]

8.----. 2004a. "Tendencias del conflicto armado y de la crisis humanitaria en zonas de frontera." Codhes Informa 54:1-39.         [ Links ]

9.----. 2004b. "Conflicto y fronteras. Vecinos en el borde de la crisis." Codhes Informa 49:1-58.         [ Links ]

10. Comisión Andina de Juristas. 1993. "Putumayo. Serie Informes Regionales de Derechos Humanos." Bogotá: Comisión Andina de Juristas.         [ Links ]

11. García, Mauricio. 2005. Sociedad de emergencia: acción colectiva y violencia en Colombia. Bogotá: Defensoría del Pueblo.         [ Links ]

12. González, Adriana. 2010. "Viajeros de ausencias. Desplazamiento forzado y acción colectiva en Colombia." Tesis para optar al grado de doctor por la Universidad Complutense de Madrid, España.         [ Links ]

13. González, José. 1998. Amazonia colombiana. Espacio y sociedad. Bogotá: Cinep.         [ Links ]

14. González, Fernán, Ingrid Bolívar y Teófilo Vásquez. 2003. Violencia política en Colombia. Bogotá: Cinep.         [ Links ]

15. González, Pablo. 2002. "Democracia, liberación y socialismo: tres alternativas en una." Revista OSAL 8:175-80.         [ Links ]

16. López, Ana María. 2010. "Repensando el papel político de las fronteras en la conformación y la regulación de la movilidad internacional." Pp. 333-44 en Migraciones y fronteras. Nuevos contornos para la movilidad internacional, editado por M. E. Anguiano y A. M. López. Barcelona: CIDOB-Icaria.         [ Links ]

17. Montúfar, César. 2001. "El Ecuador: entre el Plan Colombia y la Iniciativa Andina. Del enfoque de los 'efectos' a una perspectiva de regionalización." Ponencia presentada en el XXIII Congreso de Latin American Studies Association. Washington DC, Estados Unidos.         [ Links ]

18. Múnera, Leopoldo. 1998. Rupturas y continuidades: poder y movimiento popular en Colombia 1968-1988. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-CEREC.         [ Links ]

19. Ortiz, Carlos. 2001. "Actores armados, territorios y poblaciones." Análisis Político 42:6775.         [ Links ]

20. Pinto, María Teresa. 2004. Entre la represión y la concertación: los cocaleros en el Chapare y en el Putumayo. Buenos Aires: Clacso, Programa Regional de Becas.         [ Links ]

21. Ramírez, María. 2001. Entre el Estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia/ICANH.         [ Links ]

22.----. 2004. "La política del reconocimiento y la ciudadanía en el Putumayo y la Baja Bota caucana: el caso del movimiento cocalero de 1996." Pp. 153-205 en Emancipación social y violencia en Colombia, editado por B. de Sousa Santos y M. E. García. Bogotá: Norma.         [ Links ]

23. Ramírez, Socorro. 2007. "Colombia-Ecuador: ¿relación en crisis o más compleja?" Pp. 4553 en Colombia Ecuador. Cercanos y distantes, editado por S. Ramírez y C. Montúfar. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-Universidad Andina Simón Bolívar.         [ Links ]

24. Seoane, José y Clara Algranati. 2002. "Los movimientos sociales en América Latina. Entre las convergencias sociales y el neoliberalismo armado." Revista del OSAL 8:39-44.         [ Links ]

25. Sousa, Boaventura de y Mauricio García. 2004. Emancipación social y violencia en Colombia. Bogotá: Norma.         [ Links ]

26. Taddei, Emilio. 2002. "Crisis económica, protesta social y 'neoliberalismo armado' en América Latina." Revista del OSAL 7:29-36        [ Links ]

27. Tarrow, Sidney. 2004. El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Madrid: Alianza.         [ Links ]

28. Vargas, Alejo. 2003. "El Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina: efectos posibles sobre la paz y la guerra en la Región Andina." Espacio Crítico. Consultado 12 de noviembre 2009. (http://www.espaciocritico.com/sites/all/files/artcls/a0012_av-a05.pdfLinks ]espaciocritico.com/articulos/av-a05.htm%23_ftn1">).

29. Vidal, Roberto. 2005. Derecho global y desplazamiento interno. La creación, uso y desaparición del desplazamiento forzado por la violencia en Colombia. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Rosario y Universidad Externado de Colombia.         [ Links ]

30. Villa, Marta y Pilar Riaño, eds. 2008. Poniendo tierra de por medio. Migración forzada de colombianos en Colombia, Ecuador y Canadá. Medellín: Corporación Región-The University of British Columbia.         [ Links ]

Recibido: 3 de enero de 2011. Aprobado: 19 de octubre de 2011

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License