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Revista de derecho (Coquimbo)

versión On-line ISSN 0718-9753

RDUCN vol.19 no.1 Coquimbo  2012

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-97532012000100019 

Revista de Derecho Universidad Católica del Norte, Año 19 -N° 1, 2012 pp. 505-507

RECENSIONES

 

GÓMEZ-FERRER RINCÓN, Jaime (2010). La prevención del blanqueo de capitales en las entidades aseguradoras, las gestoras y los corredores de seguros, Madrid: Fundación Mapfre, 308 pp.

 

La globalización ha contribuido eficazmente a la interconexión de las personas. Las posibilidades de comunicación en cualquier lugar de la tierra son hoy una realidad. El intercambio de conocimientos e información constituye un avance significativo en la mayoría de las oportunidades en que esta se verifica.

Sin embargo, hay ocasiones en que se utilizan los canales de comunicación para actos contrarios a las personas, o a la sociedad como en los casos de terrorismo o su financiamiento1. En otras oportunidades las instituciones existentes en la sociedad son empleadas con fines diversos de las que les dieron origen como en los casos de dumping, las defraudaciones internacionales y el lavado de dinero.

Este libro de Gómez-Ferrer busca exponer los aspectos más relevantes de ley española 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en lo que respecta a las entidades aseguradoras y los intermediarios de seguros como los agentes y corredores de seguros. La normativa aludida corresponde a la transposición para el Derecho español de diversas Directivas de la Unión Europea entre las que destacan la Directiva 2005/60/CE desarrollada por la Directiva 2006/70/ CE.

Se trata de un tema que deslinda tópicos de derecho mercantil y de derecho penal y constituye a su vez una materia de lo que hoy se ha denominado "Derecho Penal Económico" cuya extensión de conductas delictivas lamentablemente es cada día mayor. La publicación contiene abundantes citas y referencias normativas que en ocasiones dificulta la lectura del texto. En esas referencias bibliográficas se alude tanto leyes de la Unión Europea como a las internas de España. Las fuentes jurisprudenciales resultan selectas debido al poco tiempo de la vigencia de la norma.

A nuestro parecer el libro se encuentra bien focalizado ya que Gómez-Ferrer es amplio conocedor de la materia debido a que es Inspector de Seguros del Estado. Por ello es fácilmente reconocible el afán de exponer gráficamente los contenidos que el autor busca destacar. De hecho el libro contiene múltiples gráficos y figuras explicativas que buscan explicitar aún más los contenidos expuestos. En ocasiones el texto resulta demasiado esquemático y carente de conceptos que sirvan de vínculos o puentes entre las ideas expuestas pero en general aunque resulta ardua su lectura esta reporta beneficios en una materia compleja.

El libro se divide en catorce capítulos y una sección de diez anexos. El primer capítulo busca delimitar el concepto de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El segundo trata de los sujetos obligados y específicamente de las entidades aseguradoras, las gestoras de fondos de pensiones y los corredores de seguros. El siguiente capítulo se refiere al control interno y a la propuesta de nombrar un representante ante el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC). A continuación el apartado se refiere a la identificación de clientes y demás obligaciones que plantea la ley. El capítulo cinco se centra en el reporting sistemático y comunicación de operaciones por indicios. El capítulo sexto se refiere al informe del experto externo. El séptimo examina las cesiones de cartera y el cambio de gestión de pólizas entre sujetos obligados.

Continúa la publicación con la responsabilidad del corredor de seguros: supervisión, régimen de infracciones y sanciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para sujetos obligados. En este capítulo se realiza una interesante mención de la tarea del abogado y el conflicto de interés que se puede presentar en su representación. El capítulo siguiente se refiere a la formación de los sujetos obligados y su personal. El décimo aborda el tema del operador de Bancaseguros. El siguiente capítulo enfrenta la organización institucional: el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales. El capítulo doce se centra en las entidades gestoras de fondos de pensiones. El penúltimo capítulo aborda el manual de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. El último capítulo se refiere a la introducción al control interno del terrorismo.

De la lectura de este libro puede desprenderse que el procedimiento antiblanqueo será eficaz en la medida en que corresponda a la capacidad de una empresa para focalizar las actividades en que se verifica una mayor cercanía con los riesgos de ser utilizado por los delincuentes especializados en este delito.

En este sentido es necesario distinguir tres clases de riesgos: 1. Riesgo inherente a la relación con el cliente, 2. Riesgo relacionado con las redes de distribución. 3. Riesgo relacionado con las coberturas de los seguros contratados. Se capta una comprensiva aceptación por parte de las aseguradoras de las medidas antiblanqueo. Como entidades respetuosas de la normativa aceptan colaborar en esta lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, al igual que las entidades bancarias, principales agentes del mercado financiero, su función es distinta de la persecución delictiva: no son fiscales ni policías.

La eficiencia de las empresas aseguradoras no se mide por las investigaciones que realizan respeto de los delitos de blanqueo de capitales y de financiamiento del terrorismo, sino por la productividad en la contratación de los seguros. Su labor en este sentido es de colaboración respecto de los organismos persecutorios de estos delitos. Por ello, estas aseguradoras y especialmente sus empleados, solo tienen obligaciones de medios y no de resultados. Deben facilitar la tarea de los organismos encargados de la persecución penal pero como colaboradores interesados no como responsables. Surge en esta instancia una pugna entre los imperativos competitivos, y las exigencias de las autoridades públicas. Esta es seguramente una de las principales dificultades: encontrar un justo equilibrio entre un conocimiento minucioso de la clientela propio del mercado y el cumplimiento de los procedimientos antiblanqueos.

El riesgo también puede referirse a las personas jurídicas, especialmente a determinadas estructuras jurídicas que pueden estar más expuestas que las demás por su vínculo contractual o su independencia respecto de la aseguradora. Una red de agentes o empleados de una aseguradora permite un mejor control de los riesgos, ya que el personal que la compone puede aplicar los procedimientos emitidos por la sociedad. La vinculación con el empleador resulta determinante en la aplicación de los procedimientos antiblanqueos ya que esos agentes asumirán las instrucciones que la aseguradora les imparta.

En cambio, una red de corredores puede plantear dificultades. Como el corredor es unas personas jurídicas diversas de las aseguradoras, unida a esta por un contrato de servicios ¿qué exigencias se pueden formular a estos intermediarios? A nuestro entender, el corredor tiene una responsabilidad propia, a la vez civil, disciplinaria e incluso penal, en materia de lucha contra el blanqueo. En ese sentido la prevención del blanqueo de capitales se relaciona directamente con la labor de los corredores de seguros. El corredor como profesional independiente busca que sus clientes contraten las coberturas que ofrecen las aseguradoras.

Este libro puede proporcionar un marco general y un certero equilibrio entre la autonomía de los intermediarios de seguros y la prevención del fraude del blanqueo de capitales. La apertura sin márgenes al capital puede involucrar a asegurados, corredores y compañías aseguradoras en la maraña sinfín de los dineros de origen ilícito. El libro brevemente reseñado proporciona diverso criterios y experiencias para abordar este tema que ya resulta impostergable en nuestro Derecho.

Carlos Ruiz-Tagle Vial*

 

NOTAS

1 Por "financiación del terrorismo", la Unión Europea en 2005/60/CE como en la 2006/70/ CE entiende el hecho de facilitar o reunir fondos para cometer uno de los delitos contemplados en Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo relativa a la lucha contra el terrorismo; por ejemplo, tomas de rehenes, falsificación de documentos administrativos y dirección de un grupo terrorista.


* Doctor en Derecho y profesor de Derecho Económico en la Universidad Católica del Norte (Chile), sede Antofagasta. Correo electrónico : caruiz@ucn.cl