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vol.18 número2"REGULACIÓN REGLAMENTARIA V/S REGULACIÓN LEGISLATIVA": COMENTARIO A SENTENCIA ROL 1849-2010, DE 12 DE MAYO DE 2011, SOBRE REQUERIMIENTO PARLAMENTARIO DE INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL DECRETO SUPREMO N° 264, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES , QUE "FIJA NORMAS COMPLEMENTARIAS AL DECRETO N° 136 DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009 (SOBRE TELEVISIÓN DIGITAL)"SOBRE LA (IN)CONSTITUCIONALIDAD DEL AUTO ACORDADO QUE REGULA LA TRAMITACIÓN Y FALLO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN: UN COMENTARIO A LA SENTENCIA ROL 1557 DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
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Revista de derecho (Coquimbo)

versión On-line ISSN 0718-9753

RDUCN vol.18 no.2 Coquimbo  2011

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-97532011000200015 

Revista de Derecho Universidad Católica del Norte, Año 18 - N° 2, 2011 pp. 399-415

Comentarios de Jurisprudencia

 

DECLARACIONES DE INADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE NULIDAD LABORAL COMO RESTRICCIÓN INDEBIDA AL DERECHO AL RECURSO : JURISPRUDENCIA CORRECTIVA DE LA E. CORTE SUPREMA

 

Diego Palomo Vélez*

Williams Valenzuela Villalobos**

* Profesor de Derecho procesal en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca (Chile); Doctor en Derecho Universidad Complutense de Madrid, España. Correo electrónico: dpalomo@utalca.cl

** Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca (Chile); cursa actualmente Programa de Magister en Derecho Constitucional de la misma Universidad. Correo electrónico: willysva@hotmail.com.


1) UN PUNTO DE PARTIDA

Las sentencias de la E. Corte Suprema roles 873-2010, 2141-2010, 1211-2011 y 3617-2011 representan una buena excusa para referirse a determinadas materias que trascienden el Derecho del Trabajo y la posibilidad de impugnar las resoluciones judiciales por medio de los arbitrios que señala la ley, dado que manifiestan y hacen palpable todo el sistema procesal laboral establecido por las leyes N° 20.087 y 20.260. Con ellas se estructuró un nuevo procedimiento laboral con características bien difundidas: oral, concentrado, con publicidad e inmediación judicial efectiva, además de la introducción de una judicatura especializada, tal como venía exigiéndolo la dogmática laboral, que fuera capaz de resolver las diversas particularidades técnicas que presentan los conflictos laborales.

En dicha línea y en la idea de desarrollar un modelo procesal mejor, más moderno, ágil y eficaz, que fuere capaz asimismo de dar respuestas en un plazo más breve al justiciable, es que se apuesta (otra vez) por la fórmula oral del proceso por audiencias que, asociada a una mayor celeridad en la respuesta jurisdiccional, brinda protagonismo al juicio oral como la vía que "ineludiblemente" satisface los variados requerimientos de mejora en el sistema. En la perspectiva esbozada y con el afán de estructurar un nuevo sistema procesal del todo "coherente" y "compatible" con el modelo de enjuiciamiento introducido, para la reforma laboral nuestro legislador ha concretado el establecimiento de un procedimiento de única instancia con posibilidades muy restringidas de revisión de lo resuelto, fundamentalmente circunscribiéndose esta a las cuestiones jurídicas, suprimiéndose así la apelación y la doble instancia, las que fueron consideradas "incoherentes" e "incompatibles" con los objetivos y características de un nuevo modelo sustentado en la oralidad y la inmediación judicial1. La determinación del factum del pleito quedó de este modo entregado -en exclusiva- al juez, sin perjuicio de las eventuales "rendijas" que ofrecería la regulación del recurso de nulidad laboral a partir de una causal en particular2.

Un sistema recursivo absolutamente limitado, como el recogido a propósito de la reforma al juicio laboral, puede que sea un ejercicio "impecable" desde la perspectiva de las marcas o consecuencias que a juicio de algunos deben acompañar siempre la apuesta por la oralidad, pero bien vistas las cosas en juego desde una perspectiva garantista representa una reforma que regulando a la baja una garantía procesal opera en perjuicio de los justiciables haciendo primar antiguas premisas donde los arbitrios procesales eran considerados meros controles jerárquicos, y no como una real y efectiva garantía del justiciable frente a la arbitrariedad y errores que pueda cometer el juez. Si sumamos a lo anterior la comprensión restringida por parte de nuestras Cortes de las causales de admisibilidad se termina implantando un modelo que hace prácticamente ilusoria la revisión y el derecho de impugnación de parte agraviada. Así de graves son los hechos denunciados en los fallos citados y que sirven de excusa a este comentario; por ello la E. Corte Suprema, sea acogiendo o denegando el recurso de queja, ordena a la respectiva Corte de Apelaciones el conocimiento del recurso de nulidad laboral.

Concretamente, a partir del examen de dichos fallos revisaremos el modelo recursivo que se impuso con la reforma laboral así como las corrientes jurisprudenciales que se instauraron en nuestras Cortes a la hora de decidir la admisibilidad del recurso de nulidad laboral, las que resultan ampliamente superadas por la vía del reclamo extraordinario que se ejerció a través de recursos de queja frente a declaratorias de inadmisibilidad que atentaban no solo contra la normativa nacional sino también contra los compromisos adquiridos válidamente por el Estado de Chile en materia de derechos fundamentales, vulnerándose en especial el debido proceso en el dimensión que se indicará.

2) LAS MARCAS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA PROCESAL LABORAL REFORMADO : LA INMEDIACIÓN JUDICIAL EFECTIVA COMO FÓRMULA INFALIBLE

En la idea de huir de los males que se suelen asociar a los sistemas procesales escritos, se introdujo en el ámbito del proceso laboral un sistema oral con inmediación judicial efectiva que permitiera una relación directa, sin intermediarios, entre el juez las partes y su material probatorio. Se busca reforzar este contacto en aras de renovar y dar un nuevo "rostro" a la Justicia, prescindiéndose de nuestro viejo modelo con un juez oculto e indisponible para las partes, donde la delegación de funciones, entre ellas la recepción de las pruebas, fue la regla más que general. Se buscó así humanizar el proceso al permitir a las partes "ver la cara del juez", a quien han confiado la resolución del asunto3. Se impone que el juicio y la práctica de las pruebas deben transcurrir ante la presencia del juez, sin posibilidad de delegación en terceros y que sea también él el que pronuncie, en mérito de esa información que ingresa al juicio, la sentencia.

A pesar de las evidentes buenas noticias que deben anotarse a propósito del establecimiento de un procedimiento oral, concentrado y, especialmente, con inmediación judicial efectiva, que pueden resumirse en el hecho que el juez ya no está presente solo al final del trayecto procesal sino que desde una fase temprana del proceso, al momento de la evaluación de la reforma procesal no podemos pasar por alto algunas confusiones que por poco observadas se han incrustado y extendido entre nosotros. En efecto, a partir de entender la oralidad, la concentración y la inmediación judicial como principios del proceso y en un afán de darles un reforzado impulso diferenciador respecto de la situación del modelo escriturado, se ha llevado simples reglas formales hasta las últimas consecuencias, extremos que junto con no venir impuestos por ninguna experiencia comparada exitosa, no resultan razonables, menos aún cuando los criterios de oportunidad y conveniencia que gobiernan a estas reglas chocan con un criterio de permanencia que, a diferencia de lo que ocurre con las reglas formales, ya no se encuentra a la libre disposición del legislador4.

Pues bien, entre los excesos que pueden identificarse están los que vinculan la recepción de la regla de la inmediación judicial con las limitaciones que se imponen al modelo recursivo, siendo prácticamente una voz entre los laboralistas el señalar que el destierro del recurso de apelación y la doble instancia del nuevo proceso laboral es el resultado de la coherencia que se busca consagrar entre el diseño procesal oral por el cual se opta (entendiéndose oralidad más inmediación judicial) y el sistema de recursos que se recoge. Básicamente se ha dicho y se sigue repitiendo entre la doctrina laboralista y los fallos de nuestras Cortes, que en un esquema procedimental como el actual no son posibles ni la apelación ni la doble instancia, dado que el juez a quo percibió en forma directa y en una posición privilegiada la práctica probatoria; así la única posibilidad de apelación o doble examen integral estaría dado por la repetición del juicio completo ante el órgano ad quem.

Se ha caído entonces en el error (común y ya advertido por la mejor doctrina) de idealizar la inmediación judicial, asumiendo que todo lo que a ella se refiere son fortalezas. Es que una cosa es destacar la importancia del juicio presencial, otra distinta es que a partir de esto comience a reproducirse la idea (luego transformada en norma jurídica) de que no resulta posible revisar la valoración de la prueba llevada a cabo por el juez de la instancia, porque el que conoce a través del recurso no ha escuchado con sus oídos ni visto con sus ojos la prueba testifical. Salvo que la sentencia haya sido dictada con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica (art. 478 b CT), vale decir, razonamientos absurdos o ilógicos (groseros), la valoración de las pruebas realizada por el juez de la instancia se debe respetar impidiéndose una nueva valoración del material de las pruebas por el tribunal superior, que está limitado para estos efectos.

Una regla técnica procesal, como la inmediación judicial, termina siendo convertida en una suerte de blindaje del juicio que no pocas veces ha servido a nuestros jueces para esquivar o evitar una motivación mucho más consistente y exhaustiva que dé efectivamente cuenta de la racionalidad de la decisión adoptada, consagrándose una peligrosa concepción puramente subjetivista de la prueba que termina vinculándola con la creencia del juez, desconociendo las exigencias propias de un sistema de valoración conforme a las reglas de la sana crítica5 mutando en una valoración gobernada por la arbitrariedad, por lo tanto irracional, que hace complejo el cumplimiento de un estándar de motivación realmente exigente, todavía más cuando los tribunales superiores (nuestras Cortes) se han mostrado muy poco interesadas en revisar la valoración probatoria a través de la única posibilidad que el legislador ha dejado contrariando los requerimientos del derecho de defensa y derecho al recurso6.

Claramente el anterior no puede considerarse como un buen camino a seguir recorriendo, al menos desde la perspectiva del estándar de exigencia que impone el derecho fundamental al debido proceso, con todas sus manifestaciones. La concepción racionalista de la decisión judicial impone entonces sacar la valoración probatoria del terreno de lo inmotivable, de la convicción íntima "nunca explicada" verdaderamente y, desde luego, de una concepción desbordada de la inmediación judicial que termina blindando el juicio, poniendo obstáculos a la revisión de la resolución7. A menos que nuestros jueces laborales estén recepcionando la tendencia que considera la obligación de motivar como un factor de "ineficiencia" de la justicia, pensando que malgastan su tiempo escribiendo las motivaciones de las sentencias y por ello limitan o restringen su aplicación8. Sea cual fuere la razón que está detrás de este mal proceder, se debe reconocer que apareja consecuencias que resultan dañosas para el sistema en general9.

Pareciera que se creyera que la fórmula de la oralidad e inmediación judicial proporcionan resultados infalibles. Peor aún, pareciera que se creyera que nuestros jueces son infalibles. Se pasa por alto el que a diferencia de la situación propia del proceso penal, en los procesos del trabajo estamos ante un tribunal unipersonal que, como agravante, está provisto de una serie de potestades oficiosas que, se viene coincidiendo en señalar desde distintos sectores, no cuentan con una regulación que contemple los necesarios "contrapoderes" para que las partes puedan hacerles frente, poniendo en cuestionamiento la fiabilidad de la prueba que se inserta al juicio y que luego sirve de sustento a la sentencia que dicta el juez. En la reforma procesal laboral, pareciera que la recuperación de la figura del juez y de la inmediación judicial efectiva -que desde luego aporta mucho para que el juicio sea mejor seguido desde un inicio- autoriza para limpiar el proceso de un puñado de elementos esenciales que le son connaturales (imparcialidad del juez, igualdad de armas, derecho de defensa, contradicción procesal, deber de motivación, derecho al recurso, etc.), sin los cuales ni siquiera podemos hablar verdaderamente de un proceso y debiéramos conformarnos con un mero simulacro de él.

3) RECURSOS PROCESALES COMO UNA GARANTÍA DEL JUSTICIABLE, "INCLUSIVE" EN EL MARCO DE UN PROCESO ORAL

La consideración por la oralidad en los juicios ha tenido en nuestro país, a diferencia de la experiencia en otros, una lectura cuyas consecuencias, tratándose del sistema recursivo que se ofrece a los justiciables, no son menores. En efecto, a partir de la reforma procesal penal se ha extendido entre nosotros la opinión que advierte de una supuesta incompatibilidad del recurso de apelación y la doble instancia con el modelo procesal oral que, como lo hemos dicho, se identifica estrechamente con la recuperación de la figura del juez y la inmediación judicial efectiva. La debida coherencia del sistema recursivo con el modelo procesal oral solo se obtendría, según esta opinión, por la vía de contemplar el legislador, en reemplazo del recurso de apelación ordinario, un recurso que, con una configuración extraordinaria, antes que todo, proteja y resguarde la inmediación judicial. No estamos de acuerdo con esta posición y así lo hemos dejado establecido a propósito de la discusión en torno a la reforma procesal civil10, debido a que en la reforma procesal laboral se ha privilegiado, en perjuicio de las garantías del justiciable, el "respeto" a una concepción idealizada de la inmediación, además de evidenciar una muy desequilibrada opción por el objetivo de la celeridad de la respuesta jurisdiccional, derechamente olvidando o postergando otro interés que la reforma también debe saber perseguir, esto es, que las sentencias que se pronuncien sean acertadas (calidad de la respuesta jurisdiccional)11.

La reforma procesal laboral, siguiendo la línea de la reforma procesal penal, nos ofrece un modelo recursivo restringido, con un recurso extraordinario como verdadero protagonista12. Se ha dicho por la doctrina, con razón, que el carácter ordinario o extraordinario del recurso incide de manera diversa sobre el acceso a la "tutela judicial efectiva" mediante el recurso. Así, cuando el sistema permite que conjuntamente con el recurso ordinario (apelación), se pueda acceder a otra instancia procesal ad quem mediante el recurso extraordinario, resulta claro que la tutela judicial será más determinante. Sin embargo, cuando el sistema impone que se pase directamente a la vía recursiva extraordinaria, sin autorizar el acceso previo a la vía recursiva ordinaria, el logro de la tutela judicial efectiva resulta menos incisiva13. De tal manera, podemos decir que nuestra reforma al suprimir la doble instancia apuesta por una mayor celeridad facilitada por una restricción del sistema recursivo, pero en buena medida deja a un lado otros "intereses" que también se debieron tener presentes a la hora de tomar esta señalada decisión, terminando por regular "a la baja" un sistema donde el justiciable y sus garantías parecen no ser lo relevante, poniendo en evidencia la ideología que está detrás de la reforma14.

A la hora de analizar este tema, dada la postura restrictiva que se ha impuesto, es necesario referirnos al derecho al recurso como verdadera "garantía" del justiciable. En efecto, los recursos procesales han superado la tradicional concepción que durante gran parte del siglo XX los entendía como meros controles jerárquicos a disposición del legislador que decide si determinado procedimiento contempla apelación o no, si contempla doble instancia o no, para pasar a ser comprendidos como una garantía del justiciable frente a los posibles errores y arbitrariedades que puede contener el fallo. Este giro se produce con el surgimiento de los Tratados internacionales de Derechos Humanos que recogen cláusulas concretas en relación con el derecho al recurso15, y la jurisprudencia generada por las instituciones ligadas, que han fijado el estándar que deben cumplir las distintas regulaciones en relación con el derecho al recurso. Especial importancia tuvo el renombrado caso Herrera Ulloa con Costa Rica16 en donde se dispuso que para satisfacer dicho estándar la regulación del recurso debe garantizar un examen integral de la decisión, con la mayor amplitud posible. Se concluye a partir de aquí que el recurso debe ser uno que permita al superior entrar en el fondo de la controversia, examinar los hechos, las defensas propuestas por los litigantes, las pruebas recibidas, su valoración, las normas invocadas y la aplicación de estas.

A estas alturas de la evolución de los derechos fundamentales es pacífico que dentro de los elementos del debido proceso encontramos, entre otros, la facultad de recurrir ante un fallo que causa agravio a la parte para su revisión por un tribunal superior. Los fallos en comento claramente señalan ello17, así a modo de ejemplo la sentencia rol N°3617-2011 señala en su apartado 4°:

"Que es un derecho asegurado por la Constitución Política de la República, el que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y la misma Carta Fundamental en el inciso quinto (hoy inciso sexto) del numeral 3° de su artículo 19, confiere al legislador, la misión de establecer siempre las garantías de un procedimiento racional y justo; en cuanto a los aspectos que comprende el derecho del debido proceso, no hay discrepancias en que, a lo menos lo conforman... de que la decisión sea razonado y la posibilidad de recurrir en su contra, siempre que la estime agraviante, de acuerdo a su contenido"18.

Entonces, el derecho al recurso resulta ser reconocido desde la propia Constitución Política, y además presenta un reconocimiento y desarrollo mayor a propósito de lo dispuesto en los Tratados internacionales de Derechos Humanos, generando así la obligación del Estado, en la configuración legislativa de un determinado procedimiento, de establecer mecanismos de impugnación de las sentencias que satisfagan dichas exigencias19.

La mera existencia de un recurso -como ocurre con el de nulidad laboral-no representa un cumplimiento adecuado de la garantía ya que existen exigencias que se imponen desde los alcances del recurso, que debe ser un mecanismo integral de revisión, que permita someter a examen los hechos y el derecho y no solo una querella nullitatis que verse solo sobre los aspectos jurídicos de la decisión sujeta a examen.

Algunos dogmáticos muy interesados en llevar tanto la regla de la oralidad como sus reglas asociadas (la inmediación judicial entre ellas) hasta las últimas consecuencias, podrán decir que estamos abogando en favor de la "escrituración" al momento de admitir que no pueden plantearse modelos "orales" puros y que es necesario aprovechar la inmediación judicial sin caer en excesos que puedan imponer el sacrificio de otros intereses que además poseen una mayor jerarquía. No desconocemos la existencia de planteamientos similares; de hecho a lo largo de gran parte del siglo pasado muchos autores postularon a la oralidad y sus reglas en una apología que tenía muchos tintes "maniqueos" y presupuestos axiológicos absolutos. Lo que nos llama la atención es que esta clase de planteamientos ligados a la oralidad como "moda", ya superados por el fracaso de las experiencias teñidas de excesos, renazcan entre nosotros volviendo a lo mismo de siempre, esto es, que solo la oralidad, la concentración y la inmediación judicial entendidas en sus formas más puras pueden servir a la instalación de un nuevo y mejor modelo con superioridad clara, "moderno" y "progresista". Mientras acá sacrificamos elementos propios del debido proceso en aras de respetar la forma pura que de acuerdo a algunos debe cumplirse a propósito del modelo oral, en aquellos sistemas que ya nos llevan varios años de ventaja en el complejo tránsito desde un sistema escriturado a uno predominantemente oral parece ser pacíico que los procesos han de ser escritos y orales, y no orales o escritos, con todo lo que ello implica en combinación de reglas formales20.

4) SOBRE LA DECLARACIÓN DE INADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE NULIDAD LABORAL EN LA VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO, ESPECIALMENTE EL DERECHO DE DEFENSA Y DERECHO AL RECURSO

Hemos criticado hasta aquí la restricción competencial que se ha impuesto en el recurso de nulidad laboral, esto es, que salvo infracción manifiesta de las normas de apreciación de las pruebas según las reglas de la sana crítica, el recurso solo autoriza la revisión del derecho, sin poder alterar la base fáctica establecida por el juez. Rige la regla de intangibilidad de los hechos21 que, de acuerdo a lo que hemos explicado, no satisface a nuestro juicio el estándar que desde los Tratados internacionales de Derechos Humanos y la jurisprudencia emanada desde la CIDH se ha establecido.

Pues bien, frente a esta crítica siempre se ha respondido (también desde la dogmática penal) señalando fundamentalmente que el recurso de nulidad no puede ser asimilado al recurso de casación y, por el contrario, debe ser entendido como un mecanismo impugnatorio ajeno al excesivo rigor formalista propio del recurso de casación. Lamentablemente, como era bien predecible dado su carácter extraordinario, la aplicación cotidiana del recurso ha mostrado una cara bien distinta, poniendo en seria duda el cumplimiento de la garantía constitucional de acceso al recurso, como si no fuera bastante con las limitaciones propias del recurso.

Se instalaron en nuestras Cortes criterios formalistas y restringidos al momento de decidir la admisibilidad del recurso de nulidad, declarándolo expresamente o no, para preservar la "excepcionalidad" que se le reconoce22. Así lo han evidenciado los fallos que hemos traído a colación. Por eso es muy rescatable lo que ha hecho la E. Corte Suprema, señalando que desechar la admisibilidad, sin audiencia de parte, por cuestiones que claramente exceden la competencia de revisión en dicha etapa, tornan al juicio laboral en uno de única instancia, lo que a su vez atropella la garantía del art. 19 N°3 i.6 de la Constitución (Considerando octavo del fallo Rol N° 2141-2010). Estimamos acertado lo señalado por la Corte en dicho fallo y los demás transcritos, ya que impedir la revisión de lo resuelto por cuestiones que exceden la competencia de la Sala tramitadora respectiva atenta contra la única y limitada posibilidad de revisión y cuestionamiento de la sentencia, circunstancia que viene a agravar todavía más el panorama en materia recursiva laboral.

En el entendido que estamos en presencia de un mecanismo restrictivo y acordado en cuanto a sus alcances23 es de particular complejidad que se haya instaurado en nuestras Cortes de Apelaciones unos criterios formalistas y restringidos a la hora de pronunciarse respecto de la admisibilidad del recurso de nulidad laboral. El derecho a recurrir (limitado en cuanto a sus objetivos) que se consagró en el reformado procedimiento laboral no puede ser objeto de cortapisas más allá de las impuestas por la ley; podemos criticar su configuración poco adecuada como un mecanismo de cuestionamiento centrado fundamentalmente en aspectos jurídicos, pero no podemos dejar de señalar que como arbitrio procesal existente en nuestra ley y que está a disposición de las partes, no puede ser objeto de restricciones formalistas más profundas que las que vienen desde lo dispuesto por el legislador, las que han hecho evidente la concepción "casacional" que de la naturaleza del recurso tienen varios ministros de Cortes a los que poco y nada parece importar que el fallo o el procedimiento que se está impugnando provengan de un tribunal unipersonal.

La irrupción de este criterio restrictivo de admisibilidad, claramente se encuentra en tensión con una de las características más relevantes y difundidas que se predican del reformado modelo de justicia laboral: la informalidad. En efecto, a la hora de criticar el modelo pasado caracterizado por su condición escriturada, se coincidía por todos en las recriminaciones a su complicación procesal y formalismo. A su turno, lo que se destacaba del modelo formal que se pretendía instaurar era su informalidad. Hay entonces un verdadero contrasentido en la decisión del legislador por un modelo recursivo que brinda el protagonismo a un recurso extraordinario centrado en la nulidad (propio de la formalidad), más aún cuando a propósito de la aplicación de dicha regulación emergen una serie de criterios que formalizan aún más el escenario, en perjuicio del justiciable. Sea por razones "culturales" arraigadas en nuestros ministros que les hayan llevado a operar con criterios "casacionales", sea por otras razones, algunas de ellas inconfesables, la puerta de acceso al recurso de nulidad laboral se ha visto muy restringida.

Es del caso que la E. Corte Suprema, por la vía disciplinaria del recurso de queja, sentó una jurisprudencia que a nuestro juicio significó un freno a una tendencia especialmente dañosa para el derecho al recurso, más si se tenía a la vista la enorme cantidad de declaraciones de inadmisibilidad por cuestiones que excedían los controles y facultades otorgadas al tribunal ad quem de conformidad con el procedimiento de impugnación, lo que resultó prontamente acogido por las Cortes de Apelaciones, principalmente la de Santiago, las más recurrida en esta materia24.

Gracias a lo anterior podemos señalar que de conformidad con los arts. 479 y 480 del CT es claro que la prerrogativa que la ley otorga al Tribunal que debe revisar los requisitos que hacen admisible un recurso, comprende la escrituración, el plazo, los fundamentos de hecho y de derecho y las peticiones concretas25, no estando autorizado para extender su examen a otras cuestiones o consideraciones, dado que su competencia es clara, precisa y acotada por los artículos mencionados, de lo que se infiere que las Cortes deben constreñir su revisión a constatar si existen o no los fundamentos de hecho y de derecho26, así como la concurrencia de peticiones concretas27, no pudiendo ponderarlos o determinar su desacierto, ineficacia o insuficiencia28. A mayor abundamiento, en esta etapa de admisibilidad no pueden resolver cuestiones de fondo29 y menos declarar inadmisible el recurso una vez ya vista la causa por razones de forma, ya analizadas en la etapa de admisibilidad30. Por estas consideraciones, la competencia y atribuciones de la Corte de que se trate, a la hora de decidir la admisibilidad del recurso de nulidad laboral, debe circunscribir su examen a lo señalado en la ley, más si con su actuar está vulnerando el debido proceso en el ámbito del derecho a recurrir ante un fallo que se considere agraviante, como se desprende del art. 19 N°3 i.6 de la Constitución Política, como lo señalan las cuatro sentencias en estudio.

5) PROPUESTA DE REFORMA DEL SISTEMA RECURSIVO DEL PROCESO LABORAL

Como hemos señalado y ante las restringidas posibilidades de revisión que ha generado el recurso de nulidad laboral no se han hecho esperar las críticas y propuestas de reformas31, que derechamente apuestan por el restablecimiento de la apelación y la doble instancia y, en contra la resolución de la respectiva Corte de Apelaciones (que resolvería la apelación), se postula el recurso de nulidad laboral, en términos similares al procedimiento civil actual de doble instancia con posibilidades de recurrir de casación para ante la Corte Suprema.

Los fundamentos esenciales que se recogen en la propuesta de reforma al sistema recursivo dicen relación justamente con los aspectos más arriba indicados, esto es, las malas prácticas que se han producido en la admisibilidad del recurso de nulidad laboral, generando un alto número de recursos de queja, situación que habría producido una distorsión en el sistema no prevista en la propia reforma, ya que se estaría recargando de trabajo innecesariamente a la E. Corte Suprema por la vía disciplinaria, en tanto que se pensó que una de la únicas vías para acceder al máximo tribunal sería a través del recurso de unificación de jurisprudencia. Agrega la propuesta en comento, para hacer frente a quienes sostienen la incompatibilidad de la apelación y doble instancia con un procedimiento con inmediación judicial efectiva, la situación de que se contemplan en la legislación procedimientos de idénticas características formales (oralidad, concentración e inmediación), empero con un recurso de apelación que sigue siendo el eje central del sistema recursivo, como acontece con el procedimiento ante los tribunales de familia. Desde estas argumentaciones y esta constatación es que buscan el restablecimiento de la doble instancia en el procedimiento laboral, lo que desde luego no es apoyado desde la doctrina laboral mayoritaria que insiste en la visión descrita de la regla de la inmediación judicial32.

La E. Corte Suprema informó de forma favorable el restablecimiento de la doble instancia y la apelación en contra de la sentencia deinitiva laboral, pero con la salvedad de no estimar conveniente que este sea en el solo efecto devolutivo. Existe un voto de minoría que estuvo por informar en forma desfavorable toda la propuesta dado que se estaría introduciendo una regresión en la oralidad e inmediación judicial de los procedimientos. Por nuestra parte, en sintonía con el informe del máximo tribunal, no consideramos que una convivencia entre la oralidad, el recurso de apelación y la doble instancia sea imposible. En efecto, además de la necesidad de contar un recurso de mérito, es posible gracias a las posibilidades que brinda la tecnología de cara al mejor funcionamiento y eficacia del proceso. A nuestro juicio, si se evitan los purismos formales, buena parte de los problemas de supuesta "incompatibilidad" o "incoherencia" se superan o atenúan de forma importante, a través de estos mecanismos.

La efectiva utilización de estos mecanismos debe significar un salto cualitativo si se tiene a la vista la situación de la justicia del expediente propia del modelo anterior. Los miembros de las Cortes podrían, si tuvieran interés, revisar las declaraciones realizadas y contrastarlas con la motivación fáctica recogida en la sentencia. Y téngase presente que lo que se postula como la fórmula para un adecuado funcionamiento de un recurso de apelación, podría serlo, aún sin concretarse una reforma que restituya el recurso de apelación en el proceso laboral, con una correcta interpretación de las Cortes sobre las posibilidades del recurso de nulidad que permita una revisión más amplia de lo efectuado por el juez a quo, demostrándose que no se trata tanto de una cuestión de nombres, sino que de la superación de unas limitaciones muchas veces autoimpuestas por razones culturales o de otra índole. Para ello es necesario, desde luego, y como cuestión elemental, que la grabación de los juicios se utilice, ya que de lo contrario, como ocurre en la actualidad, pareciera que es hasta mejor sincerar el modelo recursivo que se ofrece en los hechos a los justiciables y, derechamente, prescindir de las grabaciones que, por las restricciones y limitaciones que se han impuesto, prácticamente no cumplen ningún papel.

6) REFLEXIONES CONCLUSIVAS

Las sentencias que han servido para estas consideraciones, así como otras tantas reseñadas, implicaron desde nuestra perspectiva un necesario y oportuno freno a la instalación de un criterio desbordadamente formalista y restrictivo en la admisión de los recursos de nulidad laboral. La E. Corte Suprema resguarda, por la vía disciplinaria, los derechos de las partes comprometidos en las erróneas declaraciones de inadmisibilidad por parte de las Cortes de Apelaciones, que habían conculcado, entre otras garantías procesales, el derecho de defensa y el derecho al recurso, en el sentido de impedir recurrir en contra de una sentencia que le produce agravio a la parte afectada.

A nuestro juicio, un adecuado manejo del control de admisibilidad por parte de las Cortes hubiera impedido la proliferación de recursos de quejas. Dicho manejo adecuado no existió debido a que no obstante lo que se pueda decir desde la doctrina diferenciando al recurso de nulidad del recurso de casación, parte de nuestra judicatura tiene absolutamente arraigada en su cultura los criterios que son operativos en sede de casación y que ahora intentan verter en la aplicación del señalado recurso de nulidad laboral, haciendo más restrictivo todavía el sistema de cuestiona-miento previsto para las sentencias laborales, vulnerándose de este modo los derechos de los justiciable y, de paso, congestionando la E. Corte Suprema, por una vía no prevista en la propia reforma procesal laboral. Con todo, esta vía del recurso de queja ha contribuido para poner de manifiesto las dañosas consecuencias que ha significado la opción por un sistema recursivo restringido fundamentalmente a cuestiones jurídicas, ya que permitió que se enmendaran un importante número de declaratorias de inadmisibilidad que comprometían el derecho de defensa y el derecho al recurso recogido de una forma u otra tanto en el plano normativo nacional como internacional.

Ahora bien, más allá de señalar el acierto en la corrección de la E. Corte Suprema, lo cierto es que consideramos que la situación planteada en las Cortes de Apelaciones demuestra el debilitamiento que se ha venido generando en nuestro país en materia de derecho al recurso y debido proceso, lo que es especialmente preocupante en un modelo procesal que brinda todo el protagonismo a uno de los intervinientes, el juez, sin contemplar la ley adecuados contrapoderes que permitan resguardar el desarrollo de un verdadero proceso respetuoso de aquellos elementos centrales que permiten identificarlo. En otras palabras, con la situación generada en las Cortes de Apelaciones se hizo explícito uno de los principales problemas de la reforma procesal laboral, no solo desde la perspectiva de cómo se estructuró el sistema recursivo, sino que desde la perspectiva de su configuración ideológica y los déficit que ha generado en relación al derecho fundamental al debido proceso. Las restricciones en exceso de los controles de las partes ante los errores y arbitrariedades que puede cometer el juez al decidir el asunto, sumadas a interpretaciones erradas o extensivas de las potestades de las salas de las Cortes de Apelaciones, han conculcado abiertamente la garantía del racional y justo procedimiento, como bien lo apuntan los fallos citados en este comentario, no siendo baladí señalar las consecuencias perniciosas que se pueden generar para los derechos del justiciable, el sistema procesal nacional y el proceso laboral en sí, que si bien representó un avance signiicativo respecto del modelo anterior, no se puede apartar y menos sobrepasar los contenidos mínimos que nos hacen estar en presencia de un verdadero proceso como instrumento que permite, de una parte, la aplicación del Derecho sustantivo, y por la otra, la resolución del conflicto intersubjetivo de relevancia jurídica.

En general, la cuestión del modelo recursivo en el proceso laboral, impone una lectura que sea diversa a la actualmente imperante, si se desea cumplir con el estándar del derecho al recurso que, según la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no hace pacífico seguir con un modelo restrictivo, menos cuando la aplicación de este modelo, ya que lo que liga con su acceso, muestra unas notas aún más restrictivas y formalistas. En materia procesal laboral se ha importado tanto el rigor formal como el criterio restrictivo que ha caracterizado al recurso de nulidad penal que, según se lee de las sentencias, estarían justificados desde el momento en que el recurso de nulidad laboral es "extraordinario", de "derecho estricto" y "excepcional", por el cual no es posible inmiscuirse en las cuestiones de hecho que han sido deinitivamente asentadas por el tribunal a quo bajo la fórmula de la inmediación judicial que se busca resguardar por sobre todas las cosas, impidiendo que un tribunal que no ha conocido o recibido la prueba emita un pronunciamiento sobre tales cuestiones, que se entienden inamovibles, pudiendo solo impugnarse la valoración que de los hechos se ha hecho en la sentencia si se estima que se ha infringido maniiestamente las reglas de la sana crítica, en una concepción desbordadamente idealizada de las ventajas de la inmediación que la doctrina más moderna ya ha dejado atrás y que, como se sabe, ya ha generado propuestas legislativas en torno a la recuperación del recurso de apelación para los procesos laborales. Lo dicho es, lo reiteramos, con una agravante que suele silenciarse o ignorarse: el órgano jurisdiccional laboral es un tribunal unipersonal.

Resultará siempre necesario y conveniente revisar las normas del CT que regulan el recurso de nulidad laboral (en especial las que deben servir a los operadores para tener una práctica menos restrictiva y formalista que salvaguarde efectivamente todos los intereses en juego, con más equilibrio), y analizarlas críticamente aprovechando lo dicho por la mejor doctrina y la jurisprudencia. No podemos sino terminar estas líneas proponiendo mirar la oralidad y sus reglas (entre ellas, la inmediación judicial) no como un principio absoluto, al recurso de nulidad laboral no tanto como un mecanismo de control jerárquico, sino como una garantía de los justiciables, y la búsqueda de la eiciencia en el proceso laboral no solo con una perspectiva de mejora de tiempos (celeridad), sino que de resguardo a la calidad y justicia de la decisión.

NOTAS

1 En la ley N° 20.087 se contemplaba el denominado "recurso de apelación laboral" que fue eliminado por medio de la ley N° 20.260 en un afán de sinceridad del legislador, ya que el mencionado arbitrio, dadas sus características y causales, era más bien un recurso de nulidad.

2 Nos referimos a la causal siguiente: cuando haya sido pronunciada (la sentencia) con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Sin embargo, tales rendijas, desde la visión idealizada y desbordada que ha caracterizado a la inmediación judicial y las consecuencias que se han asignado al carácter extraordinario que se reconoce en el recurso de nulidad, han quedado muchas veces cerradas en el marco de una realidad jurisprudencial que además de destacar la calidad extraordinaria y de derecho estricto del recurso, advierte repetidamente que a través de este mecanismo de impugnación no es posible inmiscuirse en las cuestiones de hecho establecidas por el tribunal de la instancia, impedimento que encuentra justificación (según se lee de las propias sentencias) en el hecho de que frustraría la inalidad misma para la que fue instaurada la inmediación, perdiéndose la posición privilegiada del juez del juicio oral respecto del tribunal de alzada, transformándose el recurso en cuestión en una nueva instancia.

3 PICÓ I JUNOY, J. (2008). "El principio de oralidad en el proceso civil español", en Carpi, F. y Ortells, M. (editores): Oralidad y escritura en un proceso civil eficiente. Valencia: Universidad de Valencia, Tomo I, p. 363.

4 En Chile, desde las primeras reformas procesales de fines del siglo XX y principios del siglo XXI, se ha señalado erróneamente a la inmediación judicial y a la oralidad como principio formativo del proceso, basta con citar el art. 425 del CT que señala en su inciso primero: "Los procedimientos del trabajo serán orales, públicos y concentrados. Primarán en ellos los principios de la inmediación, impulso procesal de oicio, celeridad, buena fe, bilateralidad de la audiencia y gratuidad". O bien el art. 9 de la Ley 19.968 de Tribunales de Familia que a este respecto dispone: "Principios del procedimiento. El procedimiento que aplicarán los juzgados de familia será oral, concentrado y desformalizado. En él primarán los principios de la inmediación, actuación de oicio y búsqueda de soluciones colaborativas entre partes".

5 ANDRÉS IBÁÑEZ, P. (2003). "Sobre el valor de la inmediación (una aproximación crítica", Revista Jueces para la Democracia, N° 46,         [ Links ] p. 57.

6 La efectividad de la presencia judicial en la producción de la prueba que asegura el nuevo modelo procesal oral no ha bastado para generar un verdadero cambio en la forma en que los jueces entienden valorar la prueba según las reglas de la sana crítica. Se repite en la mejor doctrina que la valoración según las reglas de la sana crítica conduce a una valoración razonada, motivada y responsable, en donde el juez debe precisar las máximas de la experiencia utilizadas y desde las que ha llegado a su conclusión probatoria, sin embargo la realidad de los fallos que se han producido tras la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral evidencia que los mayores requerimientos del sistema no se satisfacen suficientemente, y se continúa invocando la fórmula de un modo meramente retórico, lo que junto con no alcanzar el estándar exigido, sirve de excusa a las restrictivas posibilidades de control de lo resuelto por parte del tribunal superior, contrariando los requerimientos del derecho de defensa y derecho al recurso.

7 NIEVA FENOLL, J. (2010). "Oralidad e inmediación en la prueba: luces y sombras". Civil Procedure Review, Vol. I, N° 2.

8 TARUFFO, M. (2009). Páginas sobre justicia civil. Madrid: Ed. Marcial Pons, p. 530.

9 La mejor doctrina ha postulado la necesidad de buscar una respuesta equilibrada al problema. Véase: PICÓ I JUNOY, J. (2009). "Valoración de la prueba y segunda instancia civil: hacia la búsqueda del necesario equilibrio". Revista Jurídica de Catalunya, N° 3, pp. 51 y ss.

10 PALOMO VÉLEZ, D. (2010). "Apelación, doble instancia y proceso civil oral. A propósito de la reforma en trámite". Revista Estudios Constitucionales, N° 2, pp. 465-524.

11 Para una visión crítica de la moda que ha rodeado muchas veces la oralidad, véase: NIEVA FENOLL, J. (2007) “Los problemas de la oralidad”. Revista Justicia, pp. 103 y ss.

12 Véase: TAPIA GUERRERO, F. (2010). “Admisibilidad del recurso de nulidad laboral”. Revista Laboral Chilena, N° 188, pp. 60 y ss.

13 LORCA NAVARRETE , A. (2000). Tratado de Derecho Procesal Civil. Parte General: El nuevo proceso civil. Madrid: Ed. Dykinson, p. 1026.

14 En efecto, cada modificación, cada institución que se recoge en la reforma procesal laboral responde a una determinada visión de cómo se entiende el proceso en general y la judicatura en particular. Están presentes en el debate la visión que mira estos temas desde la perspectiva estatal y la otra que los mira fundamentalmente desde la perspectiva del justiciable. Desde la estatal, que es la que se impuso en la reforma procesal laboral, la apuesta por un sistema procesal restringido entronca con el propósito de propiciar el protagonismo de un juez dotado de enormes poderes y de acortar los tiempos de la respuesta jurisdiccional.

15 CADH y PIDCP en sus artículos 8.2.h y 14.5, respectivamente.

16 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, sentencia de 2 de julio de 2004.

17 Véase también el considerando décimo del fallo rol N° 873-2010; considerando octavo el fallo rol N° 2141-2010 y el punto 7) del fallo Rol N° 1211-2011.

18 El agregado es nuestro.

19 Reconocimiento expreso a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado de Chile encontramos en la prevención de la sentencia Rol N° 2141-2011 que desestima la argumentación de los jueces recurridos que fundamentaron la inadmisibilidad en base a la circunstancia que "la justicia jurisdiccional sea un recurso escaso", argumentando el prevencionista que "sin perjuicio de lo resuelto, que el carácter selectivo de las materias que debe conocer la jurisdicción referida en el informe de los recurridos de fojas 32, es facultad de esta Corte vía los recursos que la ley autoriza —en el presente caso el disciplinario de queja— y contrario a los principio y normas de Tratados y Convenciones Internacionales sobre acceso a la justicia y debido proceso, incluido en este último concepto el derecho a interponer todos los recurso que la ley vigente autoriza".

20 DE LA OLIVA SANTOS, A. (2009). Casación, oralidad y nuevo proceso civil. Santiago: Ediciones Jurídicas de Santiago,         [ Links ] p. 65.

21 Véase especialmente: GONZÁLEZ CASTRO, M. (2004). El derecho al recurso en el Pacto de San José de Costa Rica. Córdoba: Ed. Lerner,         [ Links ] p. 191.

22 Tal característica se evidencia con crudeza en las estadísticas que se han levantado, tanto en lo que refiere a las admisibilidades, como en lo que se relaciona con los recursos de nulidad acogidos en definitiva, que hacen concluir que el juicio laboral en la inmensa mayoría de los casos se reduce a lo que ocurre ante el tribunal de la instancia.

23 Así lo han señalado los tribunales en innumerables ocasiones. Una sentencia reciente señaló al respecto lo siguiente: "Segundo: que es de toda atingencia dejar previamente consignado que el recurso de nulidad laboral constituye un medio de impugnación de las sentencias definitivas, de carácter extraordinario y de derecho estricto, lo que se evidencia por la excepcionalidad de los presupuestos que configuran cada una de las causales en relación con la finalidad perseguida por ellas, situación que igualmente determina un ámbito restringido de revisión por parte de los tribunales superiores de justicia. Así se ha fallado (rol 452-2009, Corte de Apelaciones de Valparaíso)". Fallo Rol 199-2011 de la Corte de Apelaciones de Concepción.

24 Luego de una serie de fallos de la E. Corte Suprema la Corte de Apelaciones de Santiago comenzó a proveer la admisibilidad de los recursos de nulidad laboral de esta forma: "Atendida la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, al momento de revisar la admisibilidad de un recurso de nulidad interpuesto en contra de una sentencia definitiva laboral, solo corresponde examinar los requisitos aludidos en el artículo 480 del Código del Trabajo, esto es, aquellos referidos en el inciso 1° del artículo 479 del mencionado cuerpo legal, cuales son que el recurso este interpuesto por escrito, ante el tribunal que dictó la resolución recurrida y dentro de plazo; como también los referidos en el último inciso del artículo 480 del Código del Trabajo, esto es, si tiene fundamentos de hecho o de derecho o peticiones concretas, y en los casos que corresponda que este haya sido preparado, requisitos que contiene el deducido a fojas 8, razón por la cual se declara admisible el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha veinte de mayo del año en curso dictada por el Juzgado de Letras de Colina" Rol N° 730-2010.

25 Considerando sexto fallo Rol N° 2141-2010. Lo que se contempla también en los otros tres fallos en comento.

26 Puede verse al respecto los fallos Roles N° 1665, 1342, 2066, 2067, 2120, 2119, 2168, 1757, 2252, 2251, 2064 y 3528, todas de la E. Corte Suprema del año 2010.

27 Puede verse al respecto los fallos Roles N° 1727, 1578 y 2034, todas de la E. Corte Suprema del año 2010.

28 Ver mismos fallos notas 26 y 27.

29 Ver fallo Rol N° 1703-2010 de la E. Corte Suprema.

30 Ver fallos Roles N° 9064-2010 y 983-2011 de la E. Corte Suprema.

31 Ver boletín N° 6070-13 de 2 de junio de 2010 que se encuentra en primer trámite constitucional.

32 Véase: LANATA FUENZALIDA, G. (2010). "¿Puede el juez lograr el conocimiento exigido por la ley si no ha recibido la prueba". Revista Laboral Chilena, N°191, pp. 76 y ss.         [ Links ]

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