SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.18 número1¿LAS NORMAS DEROGADAS PUEDEN SER DECLARADAS INAPLICABLES POR INCONSTITUCIONALIDAD? COMENTARIO DEL FALLO ROL 1399-09 Y 1469-09 DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONALNÚÑEZ POBLETE, MANUEL (dir.) (2010). NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Articulo

Indicadores

  • No hay articulos citadosCitado por SciELO

Links relacionados

  • No hay articulos similaresSimilares en SciELO

Revista de derecho (Coquimbo)

versión On-line ISSN 0718-9753

RDUCN vol.18 no.1 Coquimbo  2011

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-97532011000100014 

Revista de Derecho Universidad Católica del Norte, Año 18 - N° 1, 2011 pp. 307-315

COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA

LA DEROGACIÓN TÁCITA POR INCONSTITUCIONALIDAD. COMENTARIO A LA SENTENCIA DE CASACIÓN DICTADA POR LA CORTE SUPREMA, SOCIEDAD ESTABLECIMIENTO COMERCIAL COMARRICO LTDA. CON HÉCTOR ENRIQUE ALVEAR VILLALOBOS, DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010, ROL 1018-09.

 

Luis Alejandro Silva Irarrázaval*

*Abogado. Doctor en Derecho. Profesor de la Universidad de los Andes (Chile). Correo electrónico: lsilva@uandes.cl


 

INTRODUCCIÓN

La sentencia que vamos a comentar está cargada de contenidos atractivos para el jurista y, especialmente, para los que nos dedicamos al Derecho Constitucional. Aunque se trata de un juicio ordinario civil -de reivindicación de un bien raíz-, resulta interesante porque la sentencia de casación que acogió el recurso y anuló la sentencia de primera instancia se fundó en la Constitución y no en la ley.

Que un juez ordinario funde sus decisiones en la Constitución y no en la ley es siempre motivo de curiosidad en nuestro país, en primer lugar porque no estamos acostumbrados. Pero, además, porque normalmente supondrá una serie de variados argumentos y consecuencias, que invitan a reflexionar sobre el significado práctico y teórico de la supremacía constitucional.

En este caso, la Corte Suprema declaró tácitamente derogados los artículos 15 y 16 del D.L. 2.695, por ser contrarios y anteriores a la Constitución. Los fundamentos de la decisión fueron varios y con distintos niveles de desarrollo. Para justiicar su decisión, el tribunal debió demostrar la incompatibilidad de las normas legales con la Constitución, la posibilidad de la derogación tácita en nuestro ordenamiento y la competencia de los tribunales ordinarios para declarar tácitamente derogadas normas legales contrarias a la Constitución. Este último punto comprende a los anteriores y por eso será el que abordaremos en este comentario.

1) LOS HECHOS

La Sociedad Comarrico Ltda. demandó ante el Segundo Juzgado de Letras de Concepción la reivindicación de un inmueble ubicado en la ciudad de Los Ángeles. El título de dominio que invocó fue adquirido originalmente por dos mujeres en virtud del D.L. 2.695 en 1987, y le fue transferido por cesión de derechos hereditarios en 1991. Lo que se demandó fue la cancelación de la inscripción de dominio del inmueble a nombre del demandado hecha en 1999, y la restitución del inmueble.

El demandado alegó en el juicio ser dueño de la propiedad, por inscripción de escritura de compraventa del inmueble a sus anteriores dueños en 1999. Exhibió, además, en defensa suya los documentos que acreditaban la historia ininterrumpida de propietarios poseedores del bien raíz desde 1919 a 1999.

La discusión se trenzó en torno a la titularidad del derecho de dominio sobre el inmueble. Ambos tenían título para alegar el dominio, pero a favor del demandante jugaba el artículo 16 del D.L. 2.695, que dispone la cancelación de todas las inscripciones anteriores por el solo ministerio de la ley. Esto significaba que la cadena posesoria alegada por el demandado se había interrumpido.

En primera instancia se acogió la demanda. Se recurrió de casación en la forma y apelación, pero la Corte de Apelaciones rechazó la nulidad y confirmó el fallo. Se interpuso entonces recurso de casación en la forma y en el fondo. La Corte Suprema acogió el recurso por razones de fondo, anuló la sentencia de primera instancia y dictó sentencia de reemplazo rechazando en todas sus partes la demanda de reivindicación.

2) DEROGACIÓN POR INCONSTITUCIONALIDAD Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS

En Chile, la cuestión sobre la competencia de los tribunales de justicia para resolver el conflicto entre una ley anterior y la Constitución posterior está abierta: no existe ninguna norma expresa sobre la materia, ni la jurisprudencia tiene la consistencia y la fuerza para imponer una solución definitiva.

Porque la cuestión está abierta, es natural que la Corte Suprema defienda su competencia para decidir el Derecho aplicable a un caso concreto, aunque esto implique declarar derogada una ley preconstitucional: es el resultado inevitable de la determinación del Derecho vigente. Sin embargo, la circunstancia de ser la Constitución la norma de referencia tiene una serie de aristas que particularizan este supuesto, algunas de las cuales nos proponemos abordar.

Los cuatro puntos que trataremos en este comentario serán: (2.1) la naturaleza del conflicto entre la ley anterior y la Constitución posterior; (2.2) la idoneidad del recurso de casación civil en el fondo para aplicar la Constitución; (2.3) los alcances que esta sentencia implica en relación a la garantía de la supremacía constitucional, y; (2.4) la superposición de competencias de los tribunales ordinarios y el Tribunal Constitucional.

(2.1) ¿Derogación tácita o inconstitucionalidad?

La Primera Sala de la Corte Suprema entendió desde el principio que la ley daba la razón al demandante en el juicio ordinario: la literalidad del artículo 16 del D.L. 2.695 no dejaba lugar a dudas, en cuanto a la titularidad del dominio que tenía sobre la propiedad objeto del litigio. Pero cabía la posibilidad de que ese artículo u otros del Decreto Ley, o el cuerpo normativo completo, fuera inconstitucional. Y así fue.

Concluyó la Corte que los artículo 15 y 16 del D.L. 2.695 eran inconstitucionales1. ¿Y ahora qué? Puesto que el D.L. 2.695 era de 1979 y, puesto que el declarar la derogación tácita por inconstitucionalidad es una atribución indiscutida de los tribunales ordinarios2, cabía sencillamente declarar derogados los artículos 15 y 16 del D.L. 2.6953.

Sin embargo, la operación no puede justificarse tan fácilmente. La regla aplicable al caso (la ley posterior deroga a la ley anterior) adquiere un matiz peculiar cuando se trata de juzgar la incompatibilidad de una ley anterior con la Constitución posterior, porque se confunde con la función de controlar la constitucionalidad de la leyes. Y el control de constitucionalidad es una atribución de alta sensibilidad política, que se apoya en unos fundamentos diversos que la competencia de los jueces ordinarios para declarar la derogación tácita.

En la sentencia que estamos comentando, la Corte Suprema se hizo cargo de la diferencia entre el control de constitucionalidad y la derogación tácita por inconstitucionalidad, y precisamente en esa diferencia justificó su competencia para derogar una ley inconstitucional. Veremos los argumentos que desarrolló, pero antes es preciso aclarar que con este ejercicio, el Tribunal asumió que no tenía competencia para controlar la constitucionalidad de las leyes4.

El primer argumento consistió en la inexistencia de una norma que excluyera el control de las leyes preconstitucionales de la competencia de los tribunales ordinarios. Reconoció la Corte la innegable tendencia de la reforma constitucional de 2005 a concentrar el control de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional. Pero en su tramitación no hubo ninguna indicación en el sentido de quitar a los tribunales ordinarios esa atribución respecto de leyes anteriores a la Constitución, ni se aprobó norma alguna en ese sentido. Esta omisión, en opinión de la Corte, "sería suficiente para descartar todo cuestionamiento respecto de la competencia que tienen los tribunales ordinarios para decidir sobre la vigencia de una norma legal que está en contraposición con una norma constitucional posterior"5.

Un segundo argumento se sustentó en el significado de la supremacía constitucional y de la aplicación directa de la Constitución. Si es que el control de la ley estuviera absolutamente concentrado en el Tribunal Constitucional, los tribunales ordinarios "se verían impedidos de interpretar y aplicar la Carta Fundamental (...) Los principios de supremacía constitucional y aplicación directa de la Constitución al caso concreto se verían seriamente resentidos de seguirse el predicamento de restringir el campo de acción de los tribunales"6. Admitió la Corte que bien podría ser así, pero siempre y cuando estuviera expresamente contemplado en el ordenamiento; nunca como resultado de una inferencia de la normas legales o constitucionales, ni con fundamento en opiniones vertidas durante la tramitación de una reforma constitucional7.

El tercer argumento de la Corte para justificar su competencia para declarar la derogación tácita de leyes inconstitucionales, fue la diferencia de "planos" entre el control de constitucionalidad y la derogación. Los tribunales ordinarios, en el control de constitucionalidad, no pueden pasar más allá de la constatación de inconstitucionalidad de una norma legal8. En cambio, la derogación corresponde al cometido propio de los tribunales que consiste en "determinar el derecho aplicable al caso". La incompatibilidad entre una ley y la Constitución se soluciona de manera distinta según si la ley es anterior o posterior a la Constitución, porque la finalidad en un caso y otro es distinta. En el primer caso se trata de establecer su validez (constitucionalidad) y en el segundo su vigencia (derogación)9.

El argumento no parece concluyente, porque el examen de validez (constitucionalidad) de una norma legal es también una condición necesaria para determinar el derecho aplicable al caso concreto. ¿Cómo podrían los tribunales ordinarios eximirse de él? La única respuesta que satisfaría este punto sería una decisión política plasmada en una norma que expresamente excluyera a los tribunales ordinarios de juzgar la constitucionalidad de las leyes. ¿Existe esta norma? La Corte estimó que sí10.

En definitiva, la determinación de la vigencia de una ley es una operación distinta de la determinación de la validez de una ley. "Queda así diferenciada la facultad que permite a todo juez considerar derogada una norma legal por ser contraria a la Constitución y la que se radica en el Tribunal Constitucional que le otorga competencia para declarar su inaplicabilidad o inconstitucionalidad"11.

Con esta conclusión, la Corte Suprema está afirmando que su actuación no debe confundirse con un control de constitucionalidad. Y le importa sentar esta distinción, porque no le compete controlar la constitucionalidad de las leyes: esta función es propia y exclusiva del Tribunal Constitucional. Luego, en Chile, el control de constitucionalidad está concentrado en un solo órgano: el Tribunal Constitucional12.

(2.2) Coordinación con el Tribunal Constitucional

La naturaleza ambigua del conflicto entre la ley anterior y la Constitución posterior explica que el Tribunal Constitucional haya resuelto ya muchos casos sin haberse planteado siquiera si tenía competencia para ello o no. Para el Tribunal Constitucional es irrelevante si se trata de un problema de vigencia o de validez de la ley; lo relevante es la existencia de una incompatibilidad entre la ley y la Constitución, que debe ser resuelto en favor de la Constitución13.

La competencia de los tribunales de justicia para decidir sobre la vigencia de una ley confrontándola con la Constitución, intersecta parcialmente la competencia del control de constitucionalidad a posteriori del Tribunal Constitucional. Hoy por hoy, la incompatibilidad de una ley anterior con la Constitución posterior puede ser resuelta indistintamente por los jueces ordinarios o por el Tribunal Constitucional14. Sin perjuicio de que, idealmente, esta superposición competencial debería dejar de existir, puede resultar provechosa, por dos motivos al menos15.

En primer lugar, puede servir para precisar la finalidad y, por lo tanto, el alcance del requerimiento de inaplicabilidad. Porque bien podría irse definiendo que la inaplicabilidad no es una vía útil para juzgar la constitucionalidad de la legislación preconstitucional16. En segundo lugar, y como un aspecto de lo anterior, puede servir para delimitar y esclarecer la participación que le cabe a los tribunales de justicia en la defensa de la supremacía de la Constitución. A nosotros nos gusta esta sentencia, porque demuestra un compromiso eficaz del Poder Judicial con el principio de supremacía constitucional, que resulta especialmente elocuente por tratarse de una casación civil en el fondo.

(2.3) Casación y aplicación de la Constitución

Un punto que hace particularmente interesante esta sentencia es que se trata de una casación civil en el fondo que aplica directamente la Constitución. El recurso de casación ha sido tradicionalmente entendido como una garantía de estricta legalidad, al punto que parece descartada la posibilidad de invocar una errada aplicación o interpretación de la Constitución como error de derecho que justifique el recurso17.

Con esta sentencia, la Primera Sala de la Corte Suprema se aparta de una doctrina que apenas dejaba espacio a la Constitución como norma útil para decidir un recurso de casación. Sabemos que antes la Corte Suprema muchas veces se ha remitido a la Constitución para fundar sus sentencias de casación, pero siempre en concurrencia con la norma legal18. Esta sentencia, que aplica la Constitución contra la ley, es una rareza, aunque es la consecuencia lógica de entender el conflicto entre la ley y la Constitución como uno propio de la competencia de los jueces ordinarios19.

Sentada la competencia de los tribunales de justicia para declarar la derogación de leyes por inconstitucionalidad, no existen motivos para circunscribir esa competencia a circunstancia alguna. Luego, el recurso de casación civil en el fondo es un medio idóneo para reclamar la aplicación directa de la Constitución, como ocurrió en este caso. En todo caso, sería impropio sostener con base en esta sentencia que se han abierto las puertas de la casación para aplicar la Constitución contra la ley.

El alcance de esta decisión no puede extenderse sino a casos en que, como en el presente, haya incompatibilidad entre una ley anterior y la Constitución posterior. Sin embargo, esto no es poco: la competencia de los tribunales de justicia se amplía considerablemente.

(2.4) Alcances de la competencia de los tribunales ordinarios

La Corte Suprema no ha tenido una jurisprudencia consistente acerca de la derogación tácita por inconstitucionalidad durante la vigencia de la Constitución de 198020. Su vacilación la interpretamos como un signo de la desconianza que el Poder Judicial en general ha tenido de la eicacia de la Constitución como norma decisoria litis21. Esta desconfianza ha significado una merma a la competencia de los tribunales de justicia.

En cambio, la sentencia que estamos comentando es una contundente afirmación de la competencia de los jueces ordinarios para aplicar directamente la Constitución. Si los tribunales ordinarios no pueden decidir sobre la vigencia de una norma que pugna con la Constitución, entonces "ya no será el juez quien diga el derecho en su integridad en un caso concreto", limitándose el principio iura novit curia22. Esta limitación, además, implicaría un serio resentimiento de los principios de supremacía constitucional y aplicación directa de la Constitución y, con ello, de "las bases del sistema de pesos y contrapesos que existen al interior del Estado"23.

De llegar a sentar jurisprudencia, el fallo Comercial Comarrico Ltda. con Alvear Villalobos marcaría el inicio de una nueva relación entre la Corte Suprema y la Constitución. Esta relación se traduciría en una ampliación de sus poderes, que se extenderían tanto cuanto alcance la Constitución como norma de Derecho, condicionado eso sí a conflictos con normas legales anteriores.

CONCLUSIONES

El esfuerzo de la Corte Suprema para justificar su competencia, distinguiendo entre la derogación tácita y el control de constitucionalidad, es una prueba de que en Chile no existe el control difuso de constitucionalidad (o, al menos, de que los tribunales de justicia no creen en él). Si existiera, ¿por qué tanto afán por distinguir entre ambas formas de conflicto?

Si los jueces ordinarios pueden resolver el conflicto entre la ley anterior y la Constitución posterior, por tratarse de una materia típica de su competencia, entonces es lógico que el recurso de casación civil en el fondo sea un mecanismo idóneo para aplicar la Constitución contra la ley. Es lo que demuestra esta sentencia.

La sentencia aporta un elemento útil para precisar mejor la articulación de las competencias de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional. La competencia de la Corte Suprema para declarar la derogación tácita por inconstitucionalidad no signiica una restricción de la competencia del Tribunal Constitucional, pero abre un espacio común que puede ser aprovechado para ampliar la participación del Poder Judicial en la garantía de la supremacía constitucional.

 

NOTAS

1 En el considerando 31° la enumeración de las infracciones constitucionales en que incurrió la sentencia recurrida. En realidad, en el texto de la sentencia el orden de la argumentación es el inverso: primero sienta la competencia del Tribunal para derogar tácitamente una ley inconstitucional y luego demuestra la inconstitucionalidad de la norma que se va a derogar. Nos parece que, en este caso, el orden de los factores no altera el producto.

2 Considerando 16°.

3 El fallo fue redactado por el Ministro Sergio Muñoz. El mismo ministro, cuando integraba la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, redactó el fallo Finteco S.A. (10 de febrero de 2000, rol 1639-97), que declaró la derogación tácita de los artículos 6° letra b) N° 7 y 116 del Código Tributario y 20 de la Ley Orgánica Constitucional del Servicio de Impuestos Internos. A nuestro entender, esta sentencia supuso el "comienzo del fin" del artículo 116 del Código Tributario. ¿Significará esta sentencia de casación que comentamos lo mismo respecto de los artículos 15 y 16 del D.L. 2.695?

4 En otras palabras, que no existe un sistema de control difuso de constitucionalidad de la ley en Chile.

5 Considerando 18°.

6 Considerando 19°.

7 Considerando 19°.

8 Considerando 20° párrafo primero.

9 Considerando 20°.

10 Considerando 20°. No dice la Corte cuál sea esta norma. Nosotros suponemos que se trata del artículo 93 N°s 6 y 7 de la Constitución.

11 Considerando 21°. Zapata critica esta conclusión, porque la Corte no se hace cargo de que "la derogación legal tácita por la Constitución constituye una especie suficientemente distinta como para ameritar un tratamiento ad hoc'' Este tratamiento ad hoc, Zapata lo asimila al del control de constitucionalidad, reservado exclusivamente al Tribunal Constitucional: a este órgano le corresponde juzgar la inconstitucionalidad de las leyes, incluso la sobreviniente. "Corte Suprema y control de constitucionalidad". El revés del Derecho. 1 de noviembre de 2010. Disponible en http://elpost.cl/content/corte-suprema-y-control-de-constitucionalidad [consultado el 10 de diciembre de 2010].

12 Precht también concluye que en Chile el control está concentrado, pero entiende que esto implica la inhabilitación de los jueces ordinarios para decidir la derogación tácita de la ley por inconstitucionalidad. Precht, Jorge (1999): "Derogación tácita e inaplicabilidad: análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Chile (1987-1995)". Cuadernos de Análisis Jurídico. N° 41, pp. 133-156, p. 156. Nosotros no pensamos así, porque entendemos la derogación y la inaplicabilidad como juicios de naturaleza diferente.

13 Ver Tribunal Constitucional. 30 de agosto de 2006. Rol 472. Requerimiento de inaplicabilidad deducido en contra del artículo 116 del Código Tributario. Considerando 7°. Disponible en http://productos.legalpublishing.cl/NXT/publishing.dll?f=templates&fn=default.htm&3.0&Tit=A_Juridica/CL_JTC01&vid=LNChile:209&dtaid=1905480&docID= [Consultada el 10 de diciembre de 2010].

Antes de tener atribuido el control de constitucionalidad de leyes vigentes, este problema nunca se lo planteó el Tribunal Constitucional.

14 El ejemplo español podría servirnos de algún modo, porque allí la competencia para resolver esta materia es compartida entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, porque así lo definió el propio Tribunal Constitucional en su sentencia 4/1981, de 2 de febrero.

15 Pensamos que debe dejar de existir, porque mientras ello no ocurra subsiste el peligro de sentencias contradictorias, con el consecuente debilitamiento institucional, que a nadie conviene.

16 Indirectamente, esta definición podría traer como consecuencia favorable un alivio en el número de requerimientos de inaplicabilidad que se presentan en el Tribunal Constitucional.

17 En la doctrina nacional, las posiciones en torno a la idoneidad de la Constitución para justiicar un recurso de casación civil en el fondo están divididas. Para ilustrarse, pueden confrontarse Fernández, Miguel Ángel (2005). "Constitución y casación: ¿de la falta de aplicación al monopolio constitucional?". Estudios Constitucionales. Año 3 N° 1, pp. 97118, quien está a favor, con ZÚñiga, Francisco (2006). "Control de constitucionalidad y casación". Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional. N° 10, pp. 335-380, quien está en contra. La jurisprudencia, en cambio, se inclina en contra de su idoneidad (ver la nota siguiente).

18 De hecho, la Corte Suprema estima innecesario invocar las normas constitucionales cuando encuentran su desarrollo en normas legales. Por todas, Corte Suprema. 24 de junio de 2010. Rol 5210-2008. Agrícola Polpaico S.A. con DGA, considerando 12°. Disponible en http://productos.legalpublishing.cl/NXT/publishing.dll?f=templates&fn=JOLLOL/default.htm&3.0&Tit=A_Juridica/CL_JOL01/CL_JOLL1C&vid=LNChile:209&dtaid=1905480 &docID= [consultada el 10 de diciembre de 2010].

19 Hay antecedentes de la aptitud de la inaplicabilidad y del recurso de protección para resolver el conflicto entre ley anterior y Constitución posterior; no tenemos antecedentes de la casación.

20 Para una síntesis, Precht (1999) y Precht, Jorge (1987): "Derecho material de control judicial en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Chile: derogación tácita e inaplicabilidad (1925-1987)", en Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo LXXXIV, Primera parte, pp. 87-107, citado por el fallo en el considerando 21°.

21 En el considerando 21° tercer párrafo de la sentencia que comentamos se ofrece una síntesis de la variante jurisprudencia de la Corte Suprema, con apoyo en la doctrina.

22 Considerando 19°. Se repite esta idea en el último párrafo del considerando 20°.

23 Considerando 19°. ¿Debemos entender que se descoordina el control de constitucionalidad concertado entre diversos órganos, como se podría entender a partir del considerando 18° tercer párrafo?

 

BIBLIOGRAFÍA

- FERNÁNDEZ, Miguel Ángel. (2005). "Constitución y casación: ¿de la falta de aplicación al monopolio constitucional?". Estudios Constitucionales. Año 3, N° 1, pp. 97-118.         [ Links ]

- PRECHT, Jorge. (1987). "Derecho material de control judicial en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Chile: derogación tácita e inaplicabilidad (1925-1987)". Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo LXXXIV, Primera parte, pp. 87-107.         [ Links ]

- PRECHT, Jorge. (1999). "Derogación tácita e inaplicabilidad: análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Chile (1987-1995)". Cuadernos de Análisis Jurídico. N° 41, pp. 133-156.         [ Links ]

- ZAPATA, Patricio. (2010). "Corte Suprema y control de constitucionalidad". El revés del Derecho. 1 de noviembre de 2010. Disponible en http://elpost.cl/content/corte-suprema-y-control-de-constitucionalidad [consultado el 10 de diciembre de 2010, a las 11:36 hrs.         [ Links ]].

- ZÚÑIGA, Francisco. (2006). "Control de constitucionalidad y casación". Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional. N° 10, pp. 335-380.         [ Links ]

- CORTE SUPREMA. 10 de febrero de 2000. Rol 1639-97. Finteco S.A. con Servicio de Impuestos Internos, disponible en http://productos.legalpublishing.cl/NXT/publishing.dll?f=templates&fn=JOLLOL/default.htm&3.0&Tit=A_Juridica/CL_JOL01/CL_JOLL1C&vid=LNChile:209&dtaid=1905480&docID=

- CORTE SUPREMA. 24 de junio de 2010. Rol 5210-2008. Agrícola Polpaico S.A. con DGA. Disponible en http://productos.legalpublishing.cl/NXT/publishing.dll?f=templates&fn=JOLLOL/default.htm&3.0&Tit=A_Juridica/CL_JOL01/CL_JOLL1C&vi d=LNChile:209&dtaid=1905480&docID= [consultada el 10 de diciembre de 2010].

- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CHILENO. 30 de agosto de 2006. Rol 472. Requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 116 del Código Tributario. Disponible en http://productos.legalpublishing.cl/NXT/publishing.dll?f=templates&fn=default.htm&3.0&Tit=A_ Juridica/CL_JTC01&vid=LNChile:209&dtaid=1905480&docID=

- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL. Sentencia 4/1981, de 2 de febrero. Caso "L.R.B.R.L.", disponible en http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia